“Cualquier otra política que, como esta, causase miles de muertos generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen”

  Casi setecientos migrantes han muerto en lo que va de año mientras trataban de alcanzar las costas europeas, más de cuatrocientos en la ruta del Mediterráneo Central, que se mantiene como una de las más mortíferas del mundo: entre 2014 y 2018 fueron cerca de quince mil las personas que se dejaron la vida en ella, con datos de la Organización Internacional de las Migraciones. En este mismo período han sido unos treinta mil los que han logrado llegar -un 36% menos que en los mismos meses del año anterior- algo más de un tercio de ellos a España. Un número indeterminado permanecen retenidos en Libia, un país donde se violan a diario los Derechos Humanos, que libra además una guerra civil en la que hace unos días morían más de cincuenta migrantes en el bombardeo del centro de detención en el que estaban recluidos en condiciones infrahumanas. Y pese a todo siguen siendo miles los que, aun sabiendo lo que les espera, preparan su huida de conflictos armados, de persecuciones por razón de género, etnia o religión, del hambre… rumbo al viejo continente, previo pago de cantidades astronómicas a las mafias a las que lo único que les preocupa es hacer caja a costa de su desesperación. “Ellos son los principales afectados por las políticas de gestión de flujos migratorios de la Unión Europea, los que sufren violaciones de DD.HH en todas las etapas de su viaje hasta el punto de morir en el intento. Y eso no debemos perderlo nunca de vista”. Lo dice el responsable de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, en un momento en el que la atención mediática se centra en activistas como Carola Rackete, capitana del barco de la organización no gubernamental alemana Sea Watch, o Tommaso Stella, capitán del velero de la italiana Mediterranea, que en los últimos días han llevado a más de ochenta personas al puerto de Lampedusa desafiando al ministro de Interior de Italia y sus leyes siendo conscientes de que pueden enfrentarse a penas de prisión. “El revuelo social y mediático que han generado estos casos nos parece especialmente positivo porque demuestra que existe otro discurso sobre las migraciones en la sociedad europea radicalmente opuesto al que promueve su criminalización y la de quienes los ayudan, el rechazo frontal…; también nos parecen muy valiosos gestos como estos a título individual, pero no nos cansamos de insistir en que el foco debe seguir puesto sobre los migrantes, que son los que arriesgan su vida”. Lo resume perfectamente una frase pronunciada por el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, tras tomar la decisión de retomar los rescates frente a las costas libias: ‘De la cárcel se sale, del fondo del mar no’. Teniendo esto siempre presente, es más necesario que nunca repetir alto y claro que los gobernantes europeos “son responsables directos de decenas de miles de muertes ya en la última década”.

Dolo Eventual, sin olvidar la responsabilidad de la sociedad civil

  Porque “cuando uno es consciente de que sus acciones van a conllevar un resultado de forma prácticamente segura sino segura, aunque defienda que el objetivo principal de las mismas no es ese resultado, la responsabilidad de las consecuencias es directa porque las asume como si fueran queridas”, explica Carlos Arce, que es doctor en Derecho; es lo que se llama dolo eventual: “Decenas de miles de muertos después, damos por demostrado que las políticas comunitarias de control de fronteras están suponiendo un enorme coste, tanto en vidas humanas como en violación de DD.HH; si los ciudadanos sabemos que esto es así, entendemos que los responsables políticos de la UE y de los Estados miembros no pueden desconocer que las políticas que están aplicando llevan sine qua non a los trágicos resultados que llevamos años viendo, lo que implica que se les debe considerar responsables directos de los mismos”.

  Desde la APDHA vienen denunciando desde hace tiempo la externalización del control de fronteras que ha llevado a cabo la Unión Europea, encargándoselo -previo pago- a países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos… que no son seguros para los migrantes porque no garantizan el más mínimo respecto a los Derechos Humanos; destacan que no son solo Italia y Malta  “quienes tomaron y toman decisiones contrarias a los principios básicos de respeto a las leyes internacionales y comunitarias” sino también Hungría, Austria, Polonia, Dinamarca, Francia, España…. Se quejan de que hayan decidido seguir por ese camino en lugar de apostar por soluciones que están ahí, empezando por mejorar la situación en los países de los que escapan los migrantes, estableciendo con ellos relaciones económicas, comerciales y políticas justas para que existan unas condiciones de vida que no los acaben expulsando, pero también teniendo claro que hay que asumir que las migraciones tienen su propia lógica interna natural: “Las personas van de un sitio donde hay peores condiciones de vida a otro donde son mejores, lo que significa que la idea que se nos ha intentado vender desde el inicio de la crisis económica de un flujo migratorio incontrolado dirigiéndose a países del sur de Europa como España e Italia -muy castigados por esa crisis- no se corresponde con la realidad; y no se corresponde porque aquí han venido flujos migratorios internacionales cuando la situación económica generaba una importante demanda de mano de obra en determinados sectores que (con todos los peros y los casos de explotación laboral que muchas veces se daban) permitía tener una vida mejor; al deteriorarse la situación, los flujos migratorios han pasado a ser de salida, la gente se ha ido motu proprio a sus países de origen o a otros con mejores perspectivas”.

  Dice Carlos Arce que la decisión que tiene que tomar la Unión Europea es si quiere que esa lógica natural se canalice por vías legales y seguras que no causen más dolor y más muerte o si persiste en la actual gestión, con el altísimo coste que implica. Y ahí es determinante la presión social. No se olvida este doctor en Derecho de ese porcentaje de la ciudadanía -española y europea- que es también en parte responsable de la situación: “Ya sea por omisión, por no darle a esta crisis migratoria la relevancia que tiene cuando hablamos de mil sesenta y cuatro muertos el año pasado mientras intentaban llegar a las costas españolas, porque con cualquier política que provocase este número de muertes al año se generaría una contestación social insoportable para el responsable político de turno; o bien por acción, porque a la hora de votar hay quienes están comprando ese discurso xenófobo, alarmista y criminalizador de las migraciones -no solo de la extrema derecha sino ahora también de formaciones políticas tradicionales e incluso de determinados medios de comunicación- avalando así políticas que vulneran los DD.HH”.

El giro en la política migratoria de Pedro Sánchez

  A la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no le ha sorprendido el giro de 180 grados en la política migratoria de Pedro Sánchez, que se estrenó abriendo los puertos españoles a los más de seiscientos socorridos por el Aquarius y continuó comprometiéndose a quitar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla para acabar manteniéndolas –“a la espera de que Marruecos tenga listas las de la valla que ha levantado después de recibir fondos europeos”- y advirtiendo a organizaciones no gubernamentales como Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario que les impondrá multas de hasta 900.000 euros si realizan rescates en la zona SAR de un país sin que medie petición de ayuda de su Gobierno: “No nos ha defraudado porque tampoco esperábamos mucho de él teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha demostrado que apenas existen diferencias entre las políticas migratorias del PP y del PSOE”. Ponen el acento en los cambios en la política de Salvamento Marítimo, con la creación del Mando único Operativo que ostenta el general de división de la Guardia Civil Félix Blázquez: destacan que este era un servicio único a nivel europeo porque era íntegramente civil -ahora los propios trabajadores denuncian su militarización- “con un nivel de eficacia y de éxito a la hora de salvar vidas reconocido no solo a nivel español sino internacional; desgraciadamente en los últimos meses ha habido un viraje político en el que se ha obligado a sus profesionales a abandonar la prioridad del rescate y ponerse al servicio del control de fronteras y la lucha contra las mafias, lo que ya está traduciéndose en un aumento del número de muertes en la frontera sur”.

  Desde la APDHA llaman al Gobierno a tener esto en cuenta, como también exigen a las distintas administraciones públicas que cumplan con los menores extranjeros no acompañados: “en primer lugar y por encima de todo deben considerarlos niños, como dicen las normas internacionales, con independencia de su nacionalidad o de su situación administrativa, y tienen que tomar las decisiones que les afecten teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Mientras no lo hagan así, las políticas de protección seguirán sin ser efectivas y la imagen que la sociedad tiene de ellos continuará deteriorándose”. Y hacen extensivas las críticas al sistema de acogida en general, llegando a preguntarse si existe realmente un sistema de acogida en España, “donde se imponen dos lógicas: la de la seguridad -control de fronteras, lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo- y la economicista de medir las migraciones en función de su aportación al mercado laboral y al sistema de pensiones; atendiendo a esto, tanto la idea de acogida en sí como sus principios básicos brillan por su ausencia”. Y se explican: no están diciendo que no haya que valorar estos factores sino que lo prioritario es no olvidar nunca que hablamos de seres humanos.

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