Esencial = sustancial, principal. Es lo que leemos en el diccionario de la Real Academia Española y la definición se ajusta como un guante a lo que es el suministro de energía eléctrica: esencial, sustancial, principal, básico… para el funcionamiento de nuestra sociedad, reconocido así por las propias autoridades, que lo consideran un servicio de interés económico general y, por lo tanto, sujeto a obligaciones específicas de servicio público. A pesar de eso, la factura no deja de subir para las familias, también para las empresas, y hablamos de casi 30 millones de contratos solo en el mercado doméstico: en septiembre sumó el sexto incremento mensual consecutivo, convirtiéndose en la tercera más cara de la historia.

Desde el equipo jurídico de FACUA, Jordi Castilla echa cuentas y habla de un encarecimiento del 16% con respecto a hace doce meses y nada más y nada menos que del 90% en los últimos 15 años, lo que supone pagar casi el doble. Nos referimos a la tarifa semirregulada (PVPC), que es la recomendada por las organizaciones de consumidores, pudiendo ser, con un contrato de discriminación horaria. Y eso tomando como referencia los datos de un usuario medio, que consume 366 kWh mensuales con una potencia contratada de 4,4 kW. Y la tendencia es que siga subiendo, ya veremos el porqué.

Volviendo a que la energía servicio esencial, con un precio “desorbitado”, las organizaciones de consumidores -también algunos partidos- instan al Gobierno a poner en marcha medidas eficaces, no parches o “tomaduras de pelo” como la suspensión durante seis meses del Impuesto a la Generación Eléctrica y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (las propias compañías vienen reclamando que se supriman), que dicen supondrán un ahorro pírrico.

¿QUÉ HACER? LOS IMPUESTOS

En FACUA Consumidores en Acción llevan tiempo poniendo encima de la mesa demandas como la bajada del IVA del 21% al tipo superreducido del 4% aplicable a los servicios básicos: según sus cálculos eso nos permitiría ahorrar hasta 130 euros anuales; paralelamente defienden que se rebaje o suprima el Impuesto Especial sobre la Electricidad, otro 5%, y estas no son las únicas tasas directas que abonamos, no: está además el 1,5% a los ayuntamientos por el uso del subsuelo, de manera que más de una cuarta parte del recibo son impuestos. Y hay que tener en cuenta los tributos a los que deben hacer frente las eléctricas, que se acaban trasladando a los usuarios: la generación eléctrica y el Impuesto Especial de Hidrocarburos (ahora en suspenso durante medio año), la tasa para el desmantelamiento de las centrales nucleares a los 40 años y los derechos de emisión de CO2.

Y HAY MÁS…

A los impuestos se suman los llamados costes regulados, que suponen alrededor del 40% de la factura. ¿De qué estamos hablando? De los asociados a las redes de transporte y distribución, pero también de las primas a las renovables, de las compensaciones extrapeninsulares (lo que pagamos todos para que en las islas no se dispare el recibo), de la amortización del multimillonario déficit tarifario (y los intereses) y de los costes del servicio de interrumpibilidad, para que la gran industria pare cuando no hay suficiente generación para abastecer a toda la demanda.

FACUA apuesta por revisar algunos de estos conceptos como el déficit tarifario y, sobre todo, sus intereses; o el de la interrumpibilidad, entendiendo que no debería abonarlos el consumidor o, por lo menos, no a través del recibo de la luz. Y no es la única: hay expertos que consideran que la amortización de la deuda, las compensaciones a las islas o las primas a las renovables tendrían que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Incluso el Defensor del Pueblo ha pedido al Ejecutivo que actúe sobre las tasas y la parte regulada, sabiendo que hablamos de un bien de primera necesidad (de un servicio esencial).

Recapitulando: como hemos dicho, más del 27% son impuestos y el 40% son costes regulados, lo que nos deja claro que el consumo real es apenas un tercio de la factura, que es lo que abonamos por la energía contratada y consumida. Y también ahí se puede actuar, porque el modelo de puja en el que se fija el precio de la electricidad en el mercado mayorista “es opaco y favorece la especulación”, denuncia FACUA. Jordi Castilla destaca como una de sus principales reivindicaciones la necesidad de crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW contratados con un tope razonable de consumo en su primera vivienda. Y nos explica que, con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no entraría en contradicción con las leyes comunitarias.

Otras posibilidades pasan por fomentar la competitividad en el sector, limitando la generación por parte de un mismo productor eléctrico al 10-12% (aquí mejor no hablamos de cuántos políticos acaban los consejos de administración de las principales eléctricas), y por apostar por las renovables. En este sentido, bueno es que el Gobierno haya eliminado el llamado impuesto al sol y las trabas al autoconsumo, mínimo en nuestro país. Como bueno es que les haya prohibido a las comercializadoras realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos mediante visitas domiciliarias, el llamado puerta a puerta.

UN BONO QUE SEA DE VERDAD SOCIAL

Mejorar el bono social eléctrico es imprescindible para FACUA Consumidores en Acción si se quiere mantener, y considera vergonzosos los cambios aprobados en el último Consejo de Ministros. Los resume, de hecho, en un ínfimo incremento en el ya de por si reducido número de kW bonificados desde el año pasado, equivalente -dice- a entre 2 y 5 horas de aire acondicionado gratis al mes. Y acusa al Gobierno de activar una campaña publicitaria engañosa al afirmar que supone un ahorro del 25% en el recibo, porque se olvida de que ese descuento solo se aplica en los primeros kW consumidos: eso significa que, para una familia media sin menores, el ahorro puede no pasar del 11%. Pone además en duda el aumento de beneficiarios, cuestionando que no se dé acceso a hogares con bajos ingresos que quedan fuera de la escasa renta marcada como tope por el anterior Ejecutivo y mantenida por este. Y critica que, sin embargo, pueda beneficiarse cualquier familia numerosa por elevados que sean sus ingresos.

Solo 700.000 familias de los 4 millones que tenían derecho al bono de 2009 han conseguido renovarlo. Porque esa es otra: desde el principio generó dudas que hubo que ir solucionando sobre la marcha, lo que retrasó su puesta en marcha efectiva, además el papeleo es interminable y se evidencian cuestiones no menos importantes, relativas al ámbito íntimo, privado o personal de los usuarios, que nada tienen que ver con la tarifa energética, así, ¿por qué tienes que facilitarle datos tan personales como el de si tienes una discapacidad a la empresa que te suministra la luz?, ¿es relevante?

“Así difícilmente se acabará con la pobreza energética”, que afecta a millones de personas en España, dice Jordi. Atendiendo a los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, que viene analizando este problema desde hace varios años, el 15% de la población sufrió en 2016 temperaturas inadecuadas en la vivienda, retrasos en el pago de recibos o ambas situaciones; y el 2% sufrió algún tipo de desconexión del suministro eléctrico. Son sobre todo hogares con sus miembros en paro, encabezados por personas que cobran una prestación, con una viuda al frente o monoparentales, en los que tenemos niños y niñas estudiando a la luz de las velas, familias que apenas se pueden permitir cocinar y se alimentan de productos ya cocidos o de lata, y nada de encender la calefacción.

HAY QUE SEGUIR PRESIONANDO

Desde FACUA tienen claro que hay que seguir presionando para que el Gobierno vaya dando pasos que se traduzcan en medidas que notemos en nuestros bolsillos para bien, porque el precio de la electricidad va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque a no ser que tengamos un otoño muy lluvioso y ventoso -los meteorólogos no se ponen de acuerdo en que vaya a ser así- habrá que continuar tirando de combustibles fósiles (carbón, petróleo) que van a seguir por las nubes; los expertos también avanzan que el precio de los derechos de emisión de CO2 mantendrá la escalada; y tampoco se espera que baje el precio en el mercado mayorista francés, del que también importamos. Así que, toca redoblar las reivindicaciones y hacer más fuerza, porque regulando la potencia contratada, la calefacción, no dejando ningún aparato en stand-by…podemos aligerar algo la factura, pero no mucho.

P.S.: para l@s que quieran saber a diario cuales son las mejores horas para poner a lavadora o pasar la aspiradora, SIEMPRE EN LA PÁGINA DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.