Decenas de miles de menores (algunos de solo 5 años) trabajan en los campos de cacao de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), el mayor productor mundial. Muchos lo hacen por necesidad, para ayudar a sus padres, y otros son llevados allí desde distintos países tras engañar a sus progenitores con la falsa promesa de una escolarización, comprándoselos o incluso robándoselos. Los obligan a trabajar 100 horas a la semana o más por un plato de comida o, en el mejor de los casos, por cantidades ínfimas y, por supuesto, nada de escuela. Por increíble que parezca, esta forma de esclavitud sigue existiendo hoy en día, pese a los compromisos a los que llegaron a principios de siglo las multinacionales y el Gobierno (también el de Ghana, segundo productor) con la mediación de EE.UU, primer consumidor mundial. Se trata de una industria con unas ventas anuales de 88.000 millones de euros y una marcada tendencia al alza. Con esta realidad y esta cifra, ¿qué parte de lo que cuesta una tableta dechocolate es para el productor? Atendiendo a los datos del Barómetro del Cacao, solo entre un 6 y un 7%, mientras que el trozo más grande del pastel se lo reparten distribuidores, fabricantes, procesadores y transportistas. El trabajo en las plantaciones de caña de azúcar de Brasil y otros países latinoamericanos se considera otra de las formas de opresión moderna, con jornadas maratonianas, las más de las veces sin descanso ni acceso a agua potable, con total sumisión al patrón, jornales muy bajos y a menudo trabajo infantil para que las familias puedan salir adelante. ¿Sabemos en qué condiciones se ha producido lo que comemos, la ropa que vestimos o la artesanía que compramos y a quién va a parar lo que pagamos por ello? “La respuesta es que hay muy pocas personas que lo sepan y que queda mucho por hacer para acercarle a la gente realidades como las expuestas, contraponiéndolas con lo que representa el Comercio Justo”. Lo dice María Fernández, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (que agrupa a 27 entidades) y responsable de la cooperativa AlterNativa3, y añade que “no somos conscientes del enorme poder que tenemos como consumidores para cambiar las cosas y conseguir que se avance en el respeto a los derechos humanos y al medioambiente: consumiendo de manera responsable, justa y en función de nuestras necesidades, pero también haciendo presión”. Recuerda que ha habido empresas que han cambiado sus políticas, aunque no es fácil lograrlo.

Qué significa apostar por el Comercio Justo

Comprando Comercio Justo tenemos la garantía de que adquirimos productos realizados u obtenidos sin que haya habido explotación infantil ni trabajo forzoso, en un ambiente laboral seguro y sano, en el que la mujer tiene cada vez más presencia; se nos garantiza que el productor ha recibido un precio que él mismo considera justo, que se han seguido prácticas comerciales de respeto entre todos los actores implicados y que hay menos intermediarios; y está además garantizado que se ha respetado el medioambiente y que son productos de calidad. Así nos lo explica María Fernández, que nos cuenta además cómo se determina ese precio justo para cada producto: se fija en la Asociación del Sello de Productos del Comercio Justo, donde el 50% de la decisión depende de los propios productores y el otro 50% de importadores y distribuidoras; tiene que cubrir como mínimo los costes de producción y ser competitivo, y se mantiene varios años -con independencia de los vaivenes del comercio internacional- como parte de contratos comerciales de larga duración, lo que permite a las organizaciones recibir ingresos estables y pagar salarios dignos; es un precio mínimo garantizado y, cuando el precio en la Bolsa es superior, es ese el que se paga; además incluye el “premio social”, que es un dinero que la cooperativa invierte -según decisión democrática y buscando el bienestar de la comunidad- en educación, salud, infraestructuras o en diversificar el negocio.

Desde la Coordinadora Estatal destacan el enorme esfuerzo que hacen las cooperativas para cumplir con los estrictos criterios del Comercio Justo para después no poder vender así el 100% de su producción (algunas llegan al 80%, pero no es lo habitual): “no hay suficiente demanda y una parte de lo que producen se ven obligadas a destinarlo al comercio tradicional a un precio inferior”. Por eso insisten en la importancia de fomentar la demanda, para que ese porcentaje aumente y, consecuentemente, también sus beneficios.

España, a la cola de Europa

Las ventas de Comercio Justo en España no han dejado de crecer y el año pasado la facturación superó los 43 millones de euros, más del doble que la década anterior, y un 8,3% más que en 2016. Pero seguimos estando a la cola del continente. Según María Fernández, hay varias razones que pueden explicarlo: una es que este movimiento (que nació en EE.UU, Reino Unido y Holanda buscando mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y, sobre todo, cambiar las injustas reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial) tardó casi 30 años en llegar aquí -no lo hizo hasta mediados de los 80- “por lo que llevamos décadas de retraso con respecto a buena parte de los países europeos”; además hay que tener en cuenta que cuando empezaba a coger fuerza nos golpeó la crisis, lo que frenó el ritmo de crecimiento, como sucedió con el comercio tradicional. Pero “también influye mucho el apoyo de las Administraciones Públicas que, en nuestro caso, prácticamente no ha existido, ni a nivel de publicidad ni tampoco de ventas” -en 2017 sus compras solo representaron el 0,39% del total- “cuando ellas son clave para que los ciudadanos sigan su ejemplo, por lo que, si apuestan por nuestros productos, ellos lo harán; de hecho lo hacen”: la presidenta de la Coordinadora Estatal nos habla del caso de Euskadi, donde fomentan la compra pública ética y la ciudadanía está más implicada, “lo que se nota en las ventas”. Tampoco el sector privado apoya lo que debería, asegura. Confía en que la situación cambie tras la entrada en vigor este año de la nueva Ley de Contratos en el sector Público, que establece para las concesionarias requisitos de consumo de productos elaborados con criterios de Comercio Justo.

El gasto medio por habitante no llega a un euro (0,93 céntimos), quince veces por debajo de la media europea. Con los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en la mano (2014), solo el 20% de los españoles compra productos de Comercio Justo y, en muchos casos, lo hace de forma esporádica, lo cual evidencia la falta de concienciación; es más, hace cuatro años uno de cada cuatro encuestados ni tan siquiera conocía este movimiento. A pesar de estas cifras, la Coordinadora pone en valor el incremento en las ventas experimentado en los últimos años: explica que la crisis económica ha hecho que sean cada vez más los que se pregunten a dónde va lo que pagamos por lo que consumimos (cómo se reparte entre los eslabones de la cadena y cómo impacta en ellos); y habla de una mayor preocupación por la salud y por comer sano (el sector de la alimentación sigue siendo el que concentra la inmensa mayoría de las ventas -94%-, con el café, el azúcar y sus derivados a la cabeza): “el 80% de los que compran nuestros productos lo hace por cuestiones de salud, porque buena parte de ellos son ecológicos y, al igual que estos, se venden cada vez más”, y añade que valoran mucho su calidad. Nos cuenta María Fernández que la calidad es algo que tienen muy presente los productores “porque se saben bien tratados y quieren ofrecernos lo mejor”.

Y la calidad nos lleva a hablar del precio.

¿Es más caro apostar por el Comercio Justo?

“No, porque hay que comparar productos de igual calidad y, cuando lo haces, compruebas que los nuestros no son más caros”. Nos dice que -en el caso de los cafés- incluso pueden ser más baratos y que -si miramos el cacao- es importante atender a los ingredientes, porque pueden parecer más caros pero son más naturales porque no se les añaden ni harinas ni saborizantes. Y eso es precisamente lo que nos piden desde la Coordinadora Estatal: que miremos, que comparemos y que nos paremos a pensar qué contiene un paquete de café que cuesta 1 euro y, si ese es el precio de venta, qué cantidad habrán cobrado las personas involucradas en su producción, descontando, además, el empaquetado, la distribución y los impuestos. Están convencidos de que, si lo hacemos, apostaremos con más fuerza por el Comercio Justo y así, al aumentar la demanda, crecerán las ventas y los precios serán incluso mejores.

Las entidades miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo gestionan 149 tiendas o puntos de venta especializados repartidos por España (http://comerciojusto.org/tiendas), que son los únicos en los que podemos encontrar toda la variedad de productos que llegan a nuestro país con ese sello de garantía y calidad, tanto de alimentación, como de textil o de artesanía. Pero no solo eso: “además realizan un importante trabajo de sensibilización para que tengamos claro como consumidores que -dependiendo de si compramos en estas tiendas o en un supermercado o gran superficie comercial- estamos favoreciendo un tipo de desarrollo u otro”. Ellas han sufrido en los últimos años una caída de las ventas, como le ha sucedido al pequeño comercio en general, justo lo contrario a la subida que han experimentado los supermercados, que están siendo el principal canal de comercialización de productos con el sello Fairtrade (Comercio Justo), con el 40% de las ventas, seguidos de hostelería y restauración, con el 36%.

A nivel mundial, África es el continente más beneficiado por el Comercio Justo, pero en el caso de nuestro país lo son América Latina (62%) y Asia (21%): esto se explica porque compramos sobre todo café y azúcar, también té, y porque preferimos el cacao americano. En esos tres continentes están los principales protagonistas de este movimiento que son los productores y trabajadores más desfavorecidos. Por ellos van a redoblar sus esfuerzos las asociaciones integradas en la Organización Mundial de Comercio Justo -entre las que está la Coordinadora Estatal-, que acaban de refrendar sus principios y valores con una nueva Carta Internacional para poner de relieve su labor ante el aumento de la desigualdad y ante los actuales desafíos. “Porque, como decía Gandhi, la pobreza es la peor forma de violencia, seguiremos exigiendo políticas comerciales, fiscales y distributivas que pongan en el centro los derechos humanos y de las comunidades, y la preservación del medioambiente como condición fundamental para garantizar la paz y una mayor justicia global”.

P.S. En España hay dos vías para acreditar los productos de Comercio Justo:

– Garantía organización, que es la que tienen las importadoras tradicionales por el hecho de pertenecer a la Coordinadora Estatal, pertenencia condicionada alcumplimiento de criterios estrictos, empezando por el origen justo de los productos que distribuyen.

– Garantía producto, que es la que otorgan las certificadoras de Comercio Justo, Fairtrade u otros sellos validados a nivel internacional tras verificar que se han elaborado en condiciones justas. El año pasado el 80% de la facturación correspondió a artículos certificadoscon el sello Fairtrade.

P.S. En Youtube podéis encontrar el documental The dark side of chocolate (El lado oscuro del chocolate), dirigido por Miki Mistrati en 2010, que nos acerca esa realidad de trabajo infantil y tráfico de niños que se esconde tras el cacao que sale de las plantaciones de Costa de Marfil.

  Era de esperar que el plástico que los humanos producimos y desperdiciamos volviese a nosotros y ya lo ha hecho: ha llegado a nuestro intestino. Así lo constata un estudio piloto liderado por la Universidad Médica de Viena cuyos resultados se acaban de presentar: en las heces de todos los participantes -de países tan distantes como Rusia, Japón o Reino Unido- se encontraron partículas de hasta 9 tipos de plástico, sobre todo tereftalato de polietileno (PET) muy utilizado en envases de bebidas y textiles, y polipropileno (PP) usado en el envasado de alimentos y en los tapones de las botellas. Siendo cierto que la muestra es pequeña (solo 8 personas), la diversidad geográfica y la variedad de plásticos detectados llevan a los investigadores a urgir que se determine el impacto de estos materiales en nuestra salud. A expertos en medioambiente como Alistair Boxall, de la británica Universidad de York, no les sorprenden los resultados: recuerda que se han encontrado microplásticos en pescados y mariscos, en agua embotellada y del grifo, o en la cerveza. También en la sal: una investigación a nivel internacional comandada por expertos surcoreanos, con la participación de Greenpeace, ha confirmado hace poco la presencia de microplásticos en más del 90% de las marcas analizadas. Hace un año, especialistas de la Universidad de Alicante comprobaban que la sal producida en las salinas españolas contiene plástico en diferentes concentraciones. Otro estudio reciente de la Universidad de Almería demuestra que los envases de plástico pueden transferir a los alimentos sustancias químicas cuyo impacto en la salud todavía se desconoce: sustancias no autorizadas para el uso y la fabricación de envases destinados a la alimentación que se generan porque el material usado se deteriora por procesos de degradación, por interacciones entre los distintos componentes o por las impurezas de la materia prima.

  Organizaciones como Greenpeace llevan tiempo llamando a detener la contaminación por plástico desde su origen: “para el planeta y para la salud de las personas es fundamental que las empresas reduzcan su dependencia de los plásticos y eliminen los desechables de inmediato”, en palabras de Julio Barea, que reconoce que los consumidores tenemos nuestra parte de culpa y pide una mayor concienciación. Explica que ellos no tienen una campaña contra el plástico per se -que consideran imprescindible en ámbitos fundamentales como el médico- sino contra el abuso y el mal uso que se hace de él. Destacando que casi todos los plásticos (también los biodegradables) se sintetizan a partir de derivados químicos del petróleo -porque los costes son menores-, cuenta que en la última década se han producido más que en toda la historia y que en 2020 se espera que se superen los 500 millones de toneladas anuales, un 900% más que en 1980; y eso sabiendo que el sistema de gestión de residuos se ha demostrado ineficaz: según la propia patronal del plástico, en la UE (segundo productor mundial después de China) apenas se recicla un tercio de los residuos; también en España, donde casi la mitad acaba en vertederos. “Con lo que no se recupera podrían llenarse tantos camiones de basura que, colocados en fila, cubrirían la distancia entre Madrid y París”.

HAY QUE ACTUAR YA

  Por eso es necesario actuar. Y es algo que han comprendido incluso los miembros del Parlamento Europeo, que la semana pasada aprobaban por amplísima mayoría un proyecto de directiva comunitaria que apuesta por prohibir en 2021 los productos plásticos de usar y tirar más utilizados (que suponen casi la mitad de la basura marina que aparece en las playas) para los que existen alternativas, como los platos y los cubiertos, las pajitas y los removedores, o los bastoncillos para los oídos. Obliga a los Estados a tomar medidas para reducir un 25% el consumo de envases de alimentos (hamburguesas, frutas, etc.) y de vasos; fija objetivos de recuperación y reciclaje de aparejos de pesca y llama a recoger por separado el 90% de los envases de bebidas, así como a garantizar que se produzcan con un tercio de material reciclado para 2025. También insta al productor a asumir el coste de la gestión de los residuos y de las iniciativas de sensibilización, avalando además los sistemas de depósito y retorno de envases, con la idea de que propicien el uso de materiales de calidad y perdurables. “Esto ahora mismo no sucede”, según Julio Barea, “porque, al estar todo mezclado, lo reciclado es de tan escasa calidad que aquí prácticamente no tiene salida, y una parte importante acaba en países del Tercer Mundo sin que a nadie le importe su destino final”. Y añade que “ni mucho menos se puede reciclar infinitamente”.

  Greenpeace, como otros colectivos ambientales y sociales, consideran histórico el paso dado por la Eurocámara ya que incluye la práctica totalidad de sus reclamaciones; pero avisan de que van a estar vigilantes para que no haya rebajas en la negociación a tres bandas (Gobiernos, Parlamento Europeo y CE) de la futura ley, que debería estar lista antes de las elecciones comunitarias del próximo mes de mayo, pues denuncian presiones a los Ejecutivos de los grandes grupos productores y consumidores de plástico. Para estos grupos, el proyecto de directiva aprobado los responsabiliza en exclusiva por conductas inapropiadas que -dicen- van mas allá de su control. La industria -que destaca que crea en la Unión Europea más de 1,5 millones de empleos directos y genera un volumen de negocio que, en 2016, se acercó a los 350.000 millones de euros- defiende los avances en su compromiso con el medioambiente y sostiene que los materiales plásticos ahorran muchos más recursos de los que se usan para su producción, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Pide que los esfuerzos se centren en fomentar el consumo responsable y en concienciar para evitar el abandono de estos productos, así como en mejorar los sistemas de recogida y gestión.

LA REUTILIZACIÓN Y REDUCIR EL CONSUMO, LAS CLAVES

  Asegura Julio Barea que es de justicia que los que obtienen beneficios económicos de ellos se hagan cargo de todos esos envases que están causando un enorme problema a nivel planetario: “se socializa la contaminación, pero los beneficios son particulares”. Afirma que es de justicia y de ley: recuerda que ya la Ley de Envases de 1997 los instaba a poner en marcha un sistema de depósito y retorno, ofreciéndoles la posibilidad de no hacerlo si participaban en un sistema integrado de gestión cuyos costes debían asumir, y explica que fue esto último lo que hicieron “al ser lo que les salía más barato”, más todavía teniendo en cuenta que al final son las Administraciones (es decir, nosotros con nuestros impuestos) las que acaban corriendo con buena parte de los gastos.

  En Greenpeace -como los europarlamentarios- apuestan por volver a ese sistema de retorno de envases que existió hace varias décadas en España y que existe hoy en día en varios países. Están convencidos de que premiando a quienes lo hacen bien se conseguiría recuperar, reutilizar y poner de nuevo en el mercado ese 90% de los envases de bebidas que marca el proyecto de directiva aprobado, envases que son los más consumidos fuera del hogar y por tanto los que más se abandonan. Y destacan que esa opción la recogen ya normas autonómicas como la aprobada en Navarra y la que se va a aprobar en Baleares. Dan una cifra: cada día se ponen a la venta en España 50 millones de envases de este tipo de los que solo se recuperan (que no todos se reciclan) 20, “lo que significa que tienes 30 millones contaminando. Un dato demoledor”.

  Y es que la reutilización es para Greenpeace la clave en la gestión de residuos, porque reciclar -por lo que hemos dicho- no es suficiente: “hay que reciclar, sí, pero sobre todo reutilizar y reducir lo que consumimos, porque consumimos demasiado, y no estamos hablando solo de plástico”. Cuenta Julio Barea que llevamos décadas consumiendo materiales plásticos “muy alegremente, sin preocuparnos por nada” y explica que “ahora todas las alarmas se han encendido” porque incluso el mar, que ocupa tres cuartas partes de la superficie del planeta, se está viendo colmado por estos residuos: cada año acaban en él hasta 12 millones de toneladas, el equivalente a un camión de la basura lleno de plásticos por minuto. “Y esos residuos no se pueden limpiar”. Se calcula que el hilo de pesca tarda unos 600 años en descomponerse, una botella de plástico alrededor de 500, un mechero 100 y una bolsa 55. Tengámoslo muy en cuenta.

P.S. Greenpeace nos recuerda que podemos mudar hábitos para que los plásticos dejen de inundar nuestra vida. Ahí van algunos ejemplos:

.  Cambiar las bolsas de plástico por otras reutilizables, por carros o por cestas.

.  Sustituir vasos, platos y cubiertos de plástico por nuestros utensilios de cocina habituales, y llevar la olla cuando compremos comida para llevar.

.  Apostar por recipientes de acero inoxidable o vidrio en lugar de por tápers.

.  Evitar el exceso de envoltorio cuando compramos alimentos.

.  Elegir bebidas en envases de vidrio.

.  Beber agua del grifo mejor que embotellada en plástico.

.  Dejar las maquinillas de afeitar desechables y apostar por la máquina eléctrica.

.  Evitar los productos cosméticos que tengan microesferas de plástico en su composición. Es el caso de muchos exfoliantes, pero los hay que las sustituyen por componentes naturales como arcilla o cáscaras de frutos secos.

.  Buscar juguetes de madera, de tela, o de látex y caucho natural.

Cuatro de cada cinco familias españolas tiran comida en un país en el que, atendiendo a los últimos datos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos, el año pasado había 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Cada hogar desperdicia casi 1,5 kilos de alimentos a la semana, unos 76 kilos al año, con lo que nos acercamos al millón y medio de toneladas anuales. A esto hay que sumarle lo que se tira en los supermercados, en los restaurantes, en los comedores escolares o en los hospitales, lo que se desecha en el proceso productivo y lo que directamente se queda en los campos de cultivo porque presenta algún golpe, no tiene el tamaño adecuado o simplemente es ‘feo’. La suma total, que debería sonrojarnos, supone alrededor de ocho millones de toneladas de comida desperdiciada cada año en España, que es el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira: el conjunto de los socios comunitarios desaprovecha 90 millones de toneladas anuales.

Las cifras hablan por sí solas y deberían llevarnos a la reflexión pero, por si no son suficientes para que nos decidamos a hacer algo que cambie esta realidad, ahí están activistas como Manuel Bruscas, un consultor social empeñado desde hace siete años en darles la vuelta a las cosas, “porque es una cuestión de corresponsabilidad: todos en nuestro día a día podemos aportar nuestro grano de arena que, sumados, son muchos; y quienes nos gobiernan están obligados a cumplir también con la parte que les toca”.

Porque no se trata únicamente de saber que desperdiciamos tanta cantidad de comida -se calculan 1.300 millones de toneladas en todo el mundo– que con apenas una cuarta parte se podría acabar con la hambruna que, según la ONU, golpea a 820 millones de personas; ni de tomar conciencia de que 600.000 españoles viven en nuestro país sin saber si van a comer algo hoy, con lo que eso significa y con el riesgo que supone cuando hablamos de niños que, con una alimentación deficitaria (en cantidad y en calidad), crecen con todos los números para sufrir enfermedades que afectarán a su evolución cognitiva y, en consecuencia, a su inserción laboral futura. “Hay que pensar además en el impacto que tienen en el planeta todos esos alimentos desperdiciados”.

Todo lo que supone tirar comida a la basura

Pensemos en la huella de carbono; porque si la comida que se tira fuese un país, sería el tercero en emisión de gases de efecto invernadero, después de China y EE.UU., ahí es nada. Prestemos atención por ejemplo a lo que supone el transporte de la fruta exótica o de la que ya no está en temporada, procedente muchas veces de países que se encuentran a miles de kilómetros, y en las toneladas que se desperdician; o tengamos en cuenta el pequeño porcentaje de restos de comida que se composta, acabando la mayor parte en vertederos, cuyas emisiones de metano son una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero del sector de los residuos. Pensemos en la deforestación, en los árboles talados y en los bosques que han desaparecido para dar paso a tierras de cultivo que permiten subsistir a millones de personas: si esos campos producen alimentos que se desperdician no sirven para nada, y eso es lo que pasa con casi un tercio de la superficie agrícola mundial.

Y pensemos en la huella hídrica, en la cantidad de agua dulce -cada vez más escasa- que necesitan esas inmensas extensiones de cultivos. Dice la FAO que el volumen de agua utilizado cada año para producir los alimentos que se pierden o se desperdician equivale al caudal del Volga, el río más largo de Europa; solo en España equivale a unos 130 litros por persona y día. Valoremos también el impacto en la biodiversidad y las consecuencias económicas directas del desperdicio y del despilfarro de alimentos: 250 euros perdidos anualmente por cada español. “Cifras y datos escalofriantes” en palabras de Bruscas, como le llaman los que le conocen.

¿Qué puedo hacer yo?

Repite este activista que cada uno de nosotros podemos poner mucho de nuestra parte para revertir la situación. Podemos empezar haciendo una lista antes de ir a la compra, comprando productos frescos de temporada, eligiendo aquellas piezas de fruta o verdura que son ‘feas’, teniendo siempre claro que fecha de caducidad no es lo mismo que fecha de consumo preferente, haciendo cocina de aprovechamiento (dándoles una segunda vida a las sobras), usando apps como yonodesperdicio.org que nos permiten compartir alimentos, llevándonos la comida que no hemos acabado cuando vamos a un restaurante… “Son pequeños cambios, no revoluciones, pero contribuyen a frenar el desperdicio de alimentos y con ellos también estamos ayudando a combatir el cambio climático”.

Como ciudadanos -explica- tenemos que demostrar que los valores importan, por eso debemos reclamar transparencia a supermercados y grandes cadenas de alimentación para saber cuánta comida tiran: que den a conocer sus cifras como hizo voluntariamente TESCO en el Reino Unido. No es lo habitual. Hace tres años, Manuel Bruscas y activistas de otros países comunitarios decidieron poner en marcha una campaña para exigir que la Comisión Europea les obligue a donar esa comida que les sobra. La semana pasada se reunían con la directora de Seguridad Alimentaria, a la que entregaban más de un millón doscientas mil firmas de apoyo y, tras una cierta presión, las autoridades comunitarias se han comprometido a darles una respuesta en un mes. “Las sensaciones son un poco encontradas, porque te dicen que tienen el tema presente pero también que es muy complicado poner de acuerdo a 28 países”, y esto teniendo en cuenta además que el año que viene habrá elecciones. “Hay que seguir dando la batalla a nivel europeo, pero también a nivel nacional”, sentencia.

Francia e Italia aprobaron hace poco leyes que van en esta dirección: la legislación gala obliga a los supermercados de más de 400 metros cuadrados a donar la comida que les sobra y la italiana les da incentivos para hacerlo. Bruscas se queda con la francesa, porque lanza un mensaje inequívoco que a su entender se ha demostrado eficaz en distintos ámbitos -si no cambias la forma de actuar habrá sanción-, al tiempo que genera un debate en la opinión pública que lleva a la gente a preguntarse si es verdad que un supermercado se niega a donar los alimentos que le sobran y porqué es esto así; pero lo que más le gustaría es que los grandes grupos de alimentación estuviesen obligados a informar de la cantidad de comida que tiran, convencido como está de que al día siguiente la presión ciudadana les haría cambiar: “la presión es una de las claves”.

La situación en España

La situación en España es para él “decepcionante”, por resumirla en una palabra, porque aquí “todavía estamos debatiendo, discutiendo, y no se ha dado ningún paso”. Decepcionante es el resultado de los trabajos de la comisión creada el año pasado en el Senado para estudiar el tema, siendo lo más desalentador que aparentemente haya un consenso, pues su informe -aprobado recientemente- salió adelante por unanimidad. La pregunta es clara: si existe consenso ¿por qué no se avanza? Y ahí aparece para muchos la alargada sombra de los lobbies.

Los senadores apuestan -entre otras recomendaciones- por crear un Observatorio del Desperdicio Alimentario, por poner en marcha campañas de concienciación y por aprobar rebajas fiscales para comercializar productos frescos menos atractivos a la vista pero con las mismas propiedades nutricionales. “Hay muchos productos que ni siquiera llegan a los supermercados porque no son perfectos según los estándares marcados por los grupos de alimentación que, a su vez, se rigen por los estándares que como consumidores les pedimos. ¿O es al revés?”. Como el huevo y la gallina, no se sabe que fue primero, pero el caso es que cuando vamos a la compra es prácticamente imposible encontrar frutas o verduras feas y, si las hay, es porque nadie las quiere. Por eso Bruscas insiste en la corresponsabilidad.

Los tomates de verdad son feos

Y es que Los tomates de verdad son feos, como leemos en el título del libro que ha escrito -“porque lo que no se comunica no existe”- ilustrado por Alejandra Zúñiga, en el que nos cuenta todo esto y mucho más. Porque está convencido de que cambiar esta realidad es posible. Explica que empezó con esta lucha porque le parece “una causa noble y justa, con la que es prácticamente imposible no estar de acuerdo”, y dice que sigue en ella porque piensa que lo que hace está teniendo impacto: “estoy contribuyendo y quiero seguir contribuyendo”. Se siente satisfecho de que la gente le diga que va cambiando sus hábitos de consumo porque eso le demuestra que su lucha tiene sentido. Y sabe que la educación es otra de las claves: “cuando tú, desde pequeño, interiorizas un valor, se acaba convirtiendo en parte de ti”.

Cuenta que tiene claro “que esto es una maratón, una carrera de fondo en la que es importante es la tendencia”, y le compensa porque cada día se habla más de este tema, por eso no piensa rendirse. Dice el director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva, que lograr el objetivo del Hambre 0 en 2030, marcado hace unos años, todavía es posible si trabajan todos los países juntos. ¡Ojalá! Pero debemos ser conscientes de que “cada uno de nosotros podemos hacer mucho para frenar el desperdicio de alimentos, más allá de buscar grandes enemigos externos a los que combatir -que también-, siempre sin dejar de presionar a nuestros Gobiernos para que actúen”. Ya lo decía Nelson Mandela: todo parece imposible hasta que se hace.

Esencial = sustancial, principal. Es lo que leemos en el diccionario de la Real Academia Española y la definición se ajusta como un guante a lo que es el suministro de energía eléctrica: esencial, sustancial, principal, básico… para el funcionamiento de nuestra sociedad, reconocido así por las propias autoridades, que lo consideran un servicio de interés económico general y, por lo tanto, sujeto a obligaciones específicas de servicio público. A pesar de eso, la factura no deja de subir para las familias, también para las empresas, y hablamos de casi 30 millones de contratos solo en el mercado doméstico: en septiembre sumó el sexto incremento mensual consecutivo, convirtiéndose en la tercera más cara de la historia.

Desde el equipo jurídico de FACUA, Jordi Castilla echa cuentas y habla de un encarecimiento del 16% con respecto a hace doce meses y nada más y nada menos que del 90% en los últimos 15 años, lo que supone pagar casi el doble. Nos referimos a la tarifa semirregulada (PVPC), que es la recomendada por las organizaciones de consumidores, pudiendo ser, con un contrato de discriminación horaria. Y eso tomando como referencia los datos de un usuario medio, que consume 366 kWh mensuales con una potencia contratada de 4,4 kW. Y la tendencia es que siga subiendo, ya veremos el porqué.

Volviendo a que la energía servicio esencial, con un precio “desorbitado”, las organizaciones de consumidores -también algunos partidos- instan al Gobierno a poner en marcha medidas eficaces, no parches o “tomaduras de pelo” como la suspensión durante seis meses del Impuesto a la Generación Eléctrica y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (las propias compañías vienen reclamando que se supriman), que dicen supondrán un ahorro pírrico.

¿QUÉ HACER? LOS IMPUESTOS

En FACUA Consumidores en Acción llevan tiempo poniendo encima de la mesa demandas como la bajada del IVA del 21% al tipo superreducido del 4% aplicable a los servicios básicos: según sus cálculos eso nos permitiría ahorrar hasta 130 euros anuales; paralelamente defienden que se rebaje o suprima el Impuesto Especial sobre la Electricidad, otro 5%, y estas no son las únicas tasas directas que abonamos, no: está además el 1,5% a los ayuntamientos por el uso del subsuelo, de manera que más de una cuarta parte del recibo son impuestos. Y hay que tener en cuenta los tributos a los que deben hacer frente las eléctricas, que se acaban trasladando a los usuarios: la generación eléctrica y el Impuesto Especial de Hidrocarburos (ahora en suspenso durante medio año), la tasa para el desmantelamiento de las centrales nucleares a los 40 años y los derechos de emisión de CO2.

Y HAY MÁS…

A los impuestos se suman los llamados costes regulados, que suponen alrededor del 40% de la factura. ¿De qué estamos hablando? De los asociados a las redes de transporte y distribución, pero también de las primas a las renovables, de las compensaciones extrapeninsulares (lo que pagamos todos para que en las islas no se dispare el recibo), de la amortización del multimillonario déficit tarifario (y los intereses) y de los costes del servicio de interrumpibilidad, para que la gran industria pare cuando no hay suficiente generación para abastecer a toda la demanda.

FACUA apuesta por revisar algunos de estos conceptos como el déficit tarifario y, sobre todo, sus intereses; o el de la interrumpibilidad, entendiendo que no debería abonarlos el consumidor o, por lo menos, no a través del recibo de la luz. Y no es la única: hay expertos que consideran que la amortización de la deuda, las compensaciones a las islas o las primas a las renovables tendrían que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Incluso el Defensor del Pueblo ha pedido al Ejecutivo que actúe sobre las tasas y la parte regulada, sabiendo que hablamos de un bien de primera necesidad (de un servicio esencial).

Recapitulando: como hemos dicho, más del 27% son impuestos y el 40% son costes regulados, lo que nos deja claro que el consumo real es apenas un tercio de la factura, que es lo que abonamos por la energía contratada y consumida. Y también ahí se puede actuar, porque el modelo de puja en el que se fija el precio de la electricidad en el mercado mayorista “es opaco y favorece la especulación”, denuncia FACUA. Jordi Castilla destaca como una de sus principales reivindicaciones la necesidad de crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW contratados con un tope razonable de consumo en su primera vivienda. Y nos explica que, con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no entraría en contradicción con las leyes comunitarias.

Otras posibilidades pasan por fomentar la competitividad en el sector, limitando la generación por parte de un mismo productor eléctrico al 10-12% (aquí mejor no hablamos de cuántos políticos acaban los consejos de administración de las principales eléctricas), y por apostar por las renovables. En este sentido, bueno es que el Gobierno haya eliminado el llamado impuesto al sol y las trabas al autoconsumo, mínimo en nuestro país. Como bueno es que les haya prohibido a las comercializadoras realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos mediante visitas domiciliarias, el llamado puerta a puerta.

UN BONO QUE SEA DE VERDAD SOCIAL

Mejorar el bono social eléctrico es imprescindible para FACUA Consumidores en Acción si se quiere mantener, y considera vergonzosos los cambios aprobados en el último Consejo de Ministros. Los resume, de hecho, en un ínfimo incremento en el ya de por si reducido número de kW bonificados desde el año pasado, equivalente -dice- a entre 2 y 5 horas de aire acondicionado gratis al mes. Y acusa al Gobierno de activar una campaña publicitaria engañosa al afirmar que supone un ahorro del 25% en el recibo, porque se olvida de que ese descuento solo se aplica en los primeros kW consumidos: eso significa que, para una familia media sin menores, el ahorro puede no pasar del 11%. Pone además en duda el aumento de beneficiarios, cuestionando que no se dé acceso a hogares con bajos ingresos que quedan fuera de la escasa renta marcada como tope por el anterior Ejecutivo y mantenida por este. Y critica que, sin embargo, pueda beneficiarse cualquier familia numerosa por elevados que sean sus ingresos.

Solo 700.000 familias de los 4 millones que tenían derecho al bono de 2009 han conseguido renovarlo. Porque esa es otra: desde el principio generó dudas que hubo que ir solucionando sobre la marcha, lo que retrasó su puesta en marcha efectiva, además el papeleo es interminable y se evidencian cuestiones no menos importantes, relativas al ámbito íntimo, privado o personal de los usuarios, que nada tienen que ver con la tarifa energética, así, ¿por qué tienes que facilitarle datos tan personales como el de si tienes una discapacidad a la empresa que te suministra la luz?, ¿es relevante?

“Así difícilmente se acabará con la pobreza energética”, que afecta a millones de personas en España, dice Jordi. Atendiendo a los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, que viene analizando este problema desde hace varios años, el 15% de la población sufrió en 2016 temperaturas inadecuadas en la vivienda, retrasos en el pago de recibos o ambas situaciones; y el 2% sufrió algún tipo de desconexión del suministro eléctrico. Son sobre todo hogares con sus miembros en paro, encabezados por personas que cobran una prestación, con una viuda al frente o monoparentales, en los que tenemos niños y niñas estudiando a la luz de las velas, familias que apenas se pueden permitir cocinar y se alimentan de productos ya cocidos o de lata, y nada de encender la calefacción.

HAY QUE SEGUIR PRESIONANDO

Desde FACUA tienen claro que hay que seguir presionando para que el Gobierno vaya dando pasos que se traduzcan en medidas que notemos en nuestros bolsillos para bien, porque el precio de la electricidad va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque a no ser que tengamos un otoño muy lluvioso y ventoso -los meteorólogos no se ponen de acuerdo en que vaya a ser así- habrá que continuar tirando de combustibles fósiles (carbón, petróleo) que van a seguir por las nubes; los expertos también avanzan que el precio de los derechos de emisión de CO2 mantendrá la escalada; y tampoco se espera que baje el precio en el mercado mayorista francés, del que también importamos. Así que, toca redoblar las reivindicaciones y hacer más fuerza, porque regulando la potencia contratada, la calefacción, no dejando ningún aparato en stand-by…podemos aligerar algo la factura, pero no mucho.

P.S.: para l@s que quieran saber a diario cuales son las mejores horas para poner a lavadora o pasar la aspiradora, SIEMPRE EN LA PÁGINA DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.