“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

57 Voces des-autorizadas

Hace un año se ponía en marcha esta bitácora como altavoz y caja de resonancia para todas esas Voces que están más que autorizadas para hacerse oír, con la pretensión de ayudar a acercar sus denuncias, sus reivindicaciones y su trabajo por y para cambiar y mejorar la realidad a todas aquellas personas dispuestas a escuchar. Voces como la de Ana Balboa, presidenta de la Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca (AMICO), censurando los muchos obstáculos que tienen que superar día a día los discapacitados en pleno s.XXI; las de Mónica Pastoriza, su madre Elvira Blanco y Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, dejándonos claro que el Síndrome de Down es simplemente tener un cromosoma extra; y la de Óscar Moral, asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), recordándonos que la sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población, como sucede a diario.

Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), nos contaba que están hartos de que sus reclamaciones por algo que comenzó hace más de seis décadas sigan sin ser atendidas, como si el Estado estuviese esperando a que se rindan o a que vayan muriendo; lo mismo que Rosa Hernanz, impulsora de la plataforma Niñ@s de la Polio y Síndrome Post Polio, que nos adelantaba que llevarían a la justicia argentina sus demandas por lo que empezó también hace más de sesenta años, porque ya no están para llamar de puerta en puerta. Fide Mirón, vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y de la Asociación Española de Porfiria, dejaba testimonio de la dureza de vivir luchando contra los números y contra el reloj; María López Matallana, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) denunciaba enfermedades ocultadas, pacientes abandonados y maltrato INSStitucional por la guía publicada en enero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Íñigo Lasa, director general de Anesvad, ponía encima de la mesa la existencia de más de mil millones de enfermos olvidados en el mundo hoy en día; y María del Carmen Martínez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (FAGAL) y cuidadora, Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y Nina Gramunt, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragall, nos decían que debemos tener muy presente que nadie está libre de sufrir Alzheimer; mientras la doctora Ana Casas, especialista en cáncer de mama y cuidados de soporte oncológico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos contaba que tener cáncer la ha hecho mejor oncóloga; y Damián Caballero, portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Medicamentos a un precio justo’, instaba a las autoridades a no confundirse porque somos pacientes, no clientes.

Voces todas ellas más que autorizadas, pese a quien pese, porque saben de lo que hablan como la de Gema Castilla, responsable de Comunicación de la Fundación RAIS Hogar SÍ, pidiéndonos que no olvidemos que el sinhogarismo es una realidad para 31.000 personas y que podemos acabar con él; y la de Ángel Franco, director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), llamándonos a tener en cuenta que siguen entregando comida a un millón y medio de ciudadanos, lo que demuestra que por mucho que nos intenten convencer de lo contrario la crisis sigue ahí. ¡Qué decir de David Lorente, uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió esperando que se despenalizase la eutanasia, una cuenta todavía pendiente en nuestro país; y de Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación Infancia Robada, quejándose de que las víctimas de pederastia están limpiando de porquería la Iglesia cuando es ella la que debe liderar esa lucha; de Carmela del Moral, analista jurídico de Derechos de la Infancia de Save the Children, reclamando que se pongan en marcha políticas que sitúen a los menores en el centro porque, como no votan, sus problemas son secundarios; y de Marga Rivas, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), denunciando que cuando alguien se mata porque no puede pagar su casa no se trata de un suicidio sino de un asesinato por la falta de implicación de las instituciones. David Aragonés, uno de los portavoces de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE, nos explicó que pese a los pasos del Gobierno para dar mayor tranquilidad a los clientes la batalla judicial por los gastos hipotecarios seguía en pie; y Jordi Castilla, del equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, nos aseguró que se puede parar la escalada del recibo de la luz.

Voces a las que hay que sumar la de María Jesús Vega, coordinadora de Comunicación en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, censurando que, ocho años después, la guerra en Siria seguía matando con bombas o con falta de medicinas y de ropa para afrontar el invierno; la de Julia López, coordinadora de Comunicación de Plan Internacional, avisando de que cuando solo falta una década para cumplir el objetivo fijado de erradicar la mutilación genital femenina tres millones de niñas siguen sufriéndola cada año; y la de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, destacando que los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los Gobiernos. También la de Guillermo Cañardo, coordinador médico y jefe de misión de Proactiva Open Arms, hablándonos de los migrantes que se lanzan a cruzar el Mediterráneo amontonados en embarcaciones precarias como héroes, convencido de que él no sobreviviría a esa travesía; la de Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, denunciando lo que está sucediendo en ese mar convertido en un inmenso cementerio y diciendo que cada uno se retrate en ese periplo de la vergüenza; la de Margarita Moreno, estudiante de Medicina y voluntaria por segundo año en la isla griega de Lesbos, criticando las condiciones infrahumanas de los refugiados en el “campo de concentración” de Moria y afirmando que aquí y ahora debería darnos vergüenza; y la de Carlos Arce, responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), protestando porque cualquier otra política que causase miles de muertos como esta generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen.

Voces como la de Isabel Taboada, trabajadora por cuenta propia que se quejaba del maltrato al colectivo de autónomos a pesar de su importante papel en el crecimiento económico; la de Ángela Muñoz, portavoz de asociación Las Kellys, censurando que haya camareras de piso que tienen que comprarse incluso la fregona; las de Enrique Muñoz y Paco Juárez, de las plataformas ciudadanas Soria ¡YA! y Teruel Existe, reivindicando la capacidad de resistencia de la España vaciada y advirtiendo al resto del país de que también habrá consecuencias; y las de Caty Gálvez y Juan Antonio Suárez, matrimonio de 79 y 85 años, reclamando que acaben de una vez la Autovía del Duero, aprobada hace 26 años. La Voz de Carlos Requena, gerente de Payasos Sin Fronteras, ponía en valor la importancia de la risa en l@s niñ@s -y no tan nin@s- que han vivido una guerra, como prueba la evidencia científica; y la de Verónica Macedo, fundadora de Saniclown-Payasos de Hospital, nos demostraba que los payasos de hospital tienen efectos secundarios para tod@s. María Fernández, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, nos explicaba que puede haber garantías de que la esclavitud infantil y los abusos a los productores no estén detrás de lo que consumimos; Julio Barea, uno de los responsables de campaña de Greenpeace, nos decía que después de invadir medio planeta los plásticos están en nuestro organismo; Javier Andaluz, responsable de Clima de Ecologistas en Acción, nos alertaba de que el tiempo se agota y son ya muchas las oportunidades perdidas para tratar de evitar que el mundo llegue al umbral de no retorno; Jordi Richart, portavoz de Fridays For Future Alicante, nos contaba que han llegado para quedarse el tiempo que haga falta porque es su futuro lo que está en juego; y el activista Manuel Bruscas, autor de ‘Los tomates de verdad son feos’, nos recordaba que podemos hacer mucho para acabar con el desperdicio de comida.

Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, nos dieron su visión sobre si los nuevos límites de velocidad que entraron en vigor en enero traerán o no una reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico; Juan José Lamas, fundador y director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), nos advirtió de que los ludópatas son cada vez más jóvenes, destacando que el Estado es el que principal beneficiado de los juegos de azar; y Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, nos habló de la lucha de los mayores para que sus hijos y nietos puedan recibir una prestación, haciendo un llamamiento a los jóvenes a que se impliquen más porque, de lo contrario, no la tendrán. Rafael Permuy, uno de los tíos de José Couso, no instaba a velar por la libertad de prensa y porque el nombre del cámara ferrolano asesinado en Irak por miembros del Ejército de EE.UU sea abanderado en esto; y Koldo Pla, de la asociación Txinparta para recuperar la memoria de los represaliados en el Fuerte de San Cristóbal, aseguraba que ocho décadas después el mejor homenaje que se les puede hacer sigue siendo continuar con la lucha para que aflore lo allí enterrado y perdure en la memoria

Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, reivindicó a las mujeres desplazadas y a las activistas que luchan por sus derechos siendo torturadas e incluso asesinadas por ello como heroínas que deberían ser modelos a seguir; Rosa Fontaíña, coordinadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, criticó que a las mujeres que denuncian delitos contra la libertad sexual se les aplique la presunción de la mentira; el ex.teniente Luis Gonzalo Segura, autor de ‘En la guarida de la bestia’, afirmó que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales; Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), exigió que se ponga el foco en los puteros como cómplices de la trata; y Ángeles Álvarez, miembro de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y de No Somos Vasijas, denunció que en el tema del alquiler de vientres hay connivencia institucional; mientras Carlota Coronado, una de las promotoras del documental ‘¿Por qué tan pocas? Tecnólogas y científicas a la luz’, nos dejaba claro que son muchas pero no las conocemos porque no son sus historias las que se cuentan.

Desde la asociación Grandes Amigos nos acercaron a los mayores que viven solos, haciéndonos ver que la soledad es una y nosotr@s somos más; y Modesto Rodríguez, presidente de la Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (ASFEGA), hizo lo propio con las personas que padecen estas enfermedades, por las que Manolo Varela luchó durante años hasta su muerte estando al frente de la asociación. Voces todas ellas que relatan historias que debían y deben ser contadas. Gracias por dejarme hacerlo, aportando así mi granito de arena para trasladarlas al mayor número posible de personas preocupadas, como ellas y como yo, por conseguir que este mundo sea mejor para tod@s. Y Gracias a quienes leéis y escucháis esas historias a través de mí. Seguiré en ello.