Acerca de vocesautorizadas

Una periodista que sigue queriendo hacer aquello a lo que nunca renunció: servir de altavoz a toda la gente que, como yo, está dispuesta a luchar para que las cosas cambien para tod@s

El confinamiento y la desescalada en los rincones de España

¿Cómo han vivido el confinamiento en los pueblos? ¿Cómo están viviendo el levantamiento gradual de las restricciones? ¿Cómo asoma esa ‘nueva realidad’ de la que tanto se habla? ¿Cómo son esas nuevas formas de relacionarse entre los vecinos? ¿Y las nuevas formas de comunicarse, de actuar?… Son los interrogantes que esperan despejar las impulsoras de FICOP, Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España, Iratxe Quintana y Patricia de Luna: “Queremos que nos cuenten qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en esos rincones del país a los que apenas se les presta atención. Que sus gentes nos transmitan a través del cine las sensaciones y emociones que han vivido y aún viven en momentos tan excepcionales como estos, para crear un archivo audiovisual y que todos puedan compartirlo”. Así lo resume Iratxe.

Pero FICOP es mucho más: sus organizadoras, impulsoras de la Barraca de Cine, explican que es también una iniciativa con la que promover la cultura, fomentar la creatividad y la participación ciudadana; un canal para dar visibilidad al talento, al arte que tiene esa parte de la población que no vive en las ciudades sino en esa España descentralizada y muchas veces despoblada. “Gente que por lo general no protagoniza la actualidad que se nos cuenta en los medios de comunicación aunque cree proyectos muchas veces más interesantes: por su frescura y porque nacen de vivencias muy particulares, ligadas a la tradición y a la idiosincrasia de los pueblos donde viven. Eso los distingue de quienes vivimos en las urbes, les da ese plus que nosotras estamos deseando conocer, vivir y compartir”. Por eso hacen hincapié en que los participantes les saquen todo el provecho a esas tradiciones en sus cortos, que no pueden pasar de cinco minutos.

¿Cómo surgió la idea?

Mejor que lo cuente ella.

Los vecinos de Guadalix de la Sierra (Madrid), de Santomera (Murcia), de Sisante (Cuenca), de Piedralaves (Ávila) y de Villamanrique (Ciudad Real) han sido los primeros en animarse a dar el paso -lo dan los Ayuntamientos- y varias localidades más están a punto de hacerlo. Todavía queda un mes, hasta finales de junio, y las organizadoras animan sobre todo al norte -Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi- que parece que es al que más le está costando decidirse: porque el objetivo es cubrir la mayor parte sino toda la geografía española, para mostrar toda la riqueza que hay el país.

El que demuestre más creatividad y participación de los vecinos será elegido ‘Pueblo de Cine’ y tendrá un fin de semana completo de proyecciones de películas y actividades de ocio con la Barraca de Cine. Algunos de los que han presentado candidatura ya tienen experiencia en esto del séptimo arte: en Guadalix rodó Luis García Berlanga ‘Bienvenido, Mister Marshall’; Piedralaves proporcionó parte de los escenarios de ‘El Lazarillo de Tormes’, de César Fernández, o de ‘El techo de cristal’ de Eloy de la Iglesia; y en los alrededores de Sisante se rodó ‘Pozoamargo’, de Enrique Rivero.

¿Qué es lo que más valorará el jurado? Jurado que conforman los directores Helena Taberna y Fernando Colomo, los actores Celia de Molina, Emilio Linder, Vladimir Cruz, Carlos Manuel Vázquez y Carla Chiorazzo; la compositora Eva Gancedo e incluso el ¡¡¡Ratoncito Pérez!!! La creatividad: qué se quiere contar y cómo se resuelven los problemas para poder hacerlo; sin compositora ni diseñador de vestuario, tampoco editora de video o montador… “Ver cómo alguien que no es profesional salva esos obstáculos para crear una pieza con la que relatar la historia que quiere compartir”. Algo así como hacer de la necesidad virtud, sacar lo mejor que tenemos dentro en circunstancias tan desconcertantes como las que estamos atravesando.

FICOP

También en Lengua de Signos

La Constitución dice en su artículo 44.1 que ‘los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho’: todos tienen derecho, pero no todos pueden acceder a ella, se queja Iratxe Quintana, pensando en los más de dos millones de personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva que hay en España. Dice que la industria cultural en general, la del cine en particular, es consciente de su importante labor de sensibilización a la hora de hacer visibles los problemas e injusticias que se dan a diario, buscando que se solucionen o que no se produzcan. Pero añade que también tiene que ser, cuando es posible, parte de la solución. Y asegura que hablando de accesibilidad es imprescindible que facilite herramientas de acceso a todo lo que se hace, no solo pensando en la participación de las personas sordas y ciegas como espectadoras sino también como creadoras: “Necesitamos que toda la población esté representada para que la cultura sea realmente un espejo de la realidad y para que esos colectivos puedan verse reflejados en los contenidos que se crean, lo cual es clave para generar público”.

Ella que ha trabajado en teatro con actores sordos destaca su potencial y el de la Lengua de Signos a nivel escénico, afirma que “el poder de la expresión tanto gestual como facial es brutal”, y apuesta por sacarle mucho más partido: “eso permitiría abrir el abanico de público que tiene derecho a estar ahí como espectador”. Por eso alientan a que se presenten cortometrajes en Lengua de Signos.

Cómo salir adelante

Para el cinematográfico, como para los demás sectores, la crisis provocada por el nuevo coronavirus ha supuesto un duro golpe; como el resto, todavía está aturdido, esperando ver qué pasa mientras analiza las opciones para salir de esta volcándose, por lo menos por el momento, en lo digital. Iratxe Quintana no cree que las medidas de apoyo anunciadas por las administraciones vayan a ser suficientes para paliar el destrozo, pero destaca la unión entre los profesionales, “que es la única forma de salir adelante”.

Lo suyo y lo de Patricia no es rendirse: “Siempre hemos luchado por aquello en lo que creemos, por lo que pensamos que tenemos que hacer, por llevar a cabo proyectos que aporten algo”. Lo de estar paradas tampoco está en su ADN, “siempre buscando salidas, iniciativas que nos hagan crecer como profesionales y como personas, que es de lo que al final se trata, de estar en constante aprendizaje y crecimiento, adaptando y creando cosas nuevas: esa es la esencia de los creadores”. Los tiempos de crisis suelen obligar a reinventarse y “de algo pequeño puede surgir algo grande que, en otras circunstancias, sino se hubiera planteado el problema, ni siquiera habrías podido imaginar porque no tendrías que tratar de resolverlo”. Y eso es lo que esperan que pase con FICOP, que dé lugar a algo más grande pensando a medio y largo plazo. Pero también tienen otros proyectos.

Una iniciativa diferente, pionera, para tiempos diferentes. ¿Te animas a participar? Aquí tienes toda la información del Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España.

¿6.000 niños muertos por el COVID-19 cada día?

Hasta 6.000 menores de cinco años podrían morir a diario durante los próximos seis meses como consecuencia de la situación de extrema debilidad en la que el nuevo coronavirus está dejando los ya frágiles sistemas de salud de los países más vulnerables. La alerta la lanzaba hace unos días Unicef: es el peor de los tres escenarios que prevén los investigadores de la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública (EE.UU) tras analizar 118 países de rentas medias y bajas; en el ‘menos malo’, pueden morir 1.400 niñas y niños cada día. Y no hay que olvidar que la cifra final -sea la que sea- se sumará a los 15.000 pequeños que ya pierden la vida a diario por causas evitables, prevenibles. Hablamos de un enorme retroceso en la reducción de la mortalidad infantil que, tras disminuir un 50% desde 1990, se incrementaría por vez primera en décadas. Y lo mismo sucedería con la mortalidad materna, porque en ese medio año podrían morir casi 57.000 mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. Nos lo cuenta Blanca Carazo, responsable de Programas en España del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, que nos explica por qué podemos acabar llegando a esos escenarios.

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“Es como una tormenta perfecta”

La vacunación: la emergencia sanitaria ha llevado a docenas de países en los que tener el sarampión o el tétanos puede suponer la muerte a interrumpir las campañas para concentrar los esfuerzos en responder al COVID-19; y puede llevar a otros a hacerlo. La escasez de medios, materiales y humanos: son países con poco personal sanitario y con recursos limitados, incluso con centros de salud que en ocasiones carecen de agua y luz; y cuando esos recursos ya de por sí insuficientes tienen que ponerse al servicio de los enfermos del nuevo coronavirus, “no hay posibilidad de atender a los niños, de hacer un correcto seguimiento de un embarazo, de que un parto sea atendido por personal cualificado…, ni siquiera de que los menores reciban tratamiento contra enfermedades como la neumonía o la diarrea”. Y la desnutrición, determinante en gran parte de los casos de mortalidad infantil: “Hay menos alimentos porque se ha dejado de producir y de trabajar los campos o porque apenas se produce; pero además el transporte para distribuir lo poco que hay está limitado por las restricciones de movimiento, lo que hace subir los precios, con lo que eso significa para gente que prácticamente no tiene ingresos”.

Unicef ya ha constatado un aumento de los niveles de desnutrición infantil en Mali, Somalia o Guatemala, por eso entre los objetivos de su plan de respuesta al nuevo coronavirus se incluye tratar a quienes la sufren: en solo un par de meses lo han hecho con 464.000 niños y calculan que de aquí a final de año serán 4,4 millones los que necesitarán ser tratados. “Ojalá no sean tantos. Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor”, dice Blanca Carazo. Porque aún hay más. Estamos ante una crisis mundial, “y si los países desarrollados deciden recortar la ayuda humanitaria de la que dependen millones de personas en esa otra parte del mundo, el impacto será enorme, inmenso”. Por no hablar de las dificultades para hacer llegar en estos momentos esa ayuda a muchos puntos, a pesar de que se considera un servicio esencial: “Hay brotes de sarampión y cólera en la República Democrática del Congo y llegar allí con los trabajadores humanitarios y los suministros es mucho más complicado, además de mucho más caro. Lo mismo que sucede en Siria. Es como una tormenta perfecta, con todos los elementos en contra de los más pequeños”.

Responder, Recuperar, Reimaginar

¿Qué se puede hacer ante un panorama tan duro? “Actuar para que los peores augurios no se hagan realidad, para impedir que la pandemia se convierta en una crisis a largo plazo para la infancia más vulnerable. No vamos a permitir que esta situación nos paralice”, afirma la responsable de Programas de Unicef España. De ahí la campaña que acaban de poner en marcha llamando a la acción para lograrlo, centrándose en tres pasos: Responder de forma inmediata a las necesidades más urgentes; Recuperar lo que había antes, las campañas de vacunación, la producción de alimentos, el trabajo…; y Reimaginar: “aprovechar de alguna manera esta situación tan dura en la que nos hemos dado cuenta, de golpe, de que todos dependemos de todos para pensar en cómo reconstruimos el mundo”.

Blanca Carazo no tiene dudas de que para conseguirlo es imprescindible sumar voluntades, convencida de que “ahora más que nunca, vamos a necesitar recursos e implicación: política, del sector privado y -por supuesto- de la ciudadanía”. Destaca que en estos meses se ha visto un movimiento de solidaridad, de apoyo muto, “que es el que puede sacar adelante todo lo que tenemos que hacer”, por eso llama a consolidarlo y llevarlo más allá. Y explica que esa unión de fuerzas será necesaria en cada una de las áreas que Unicef ha marcado para mejorar la situación de la infancia, “que tienen que implicarnos a todos”: atender su salud, garantizarle una correcta alimentación, facilitarle acceso a agua, asegurar que pueda estudiar y protegerla de todo tipo de violencia, en especial si vive en zonas de conflicto, son migrantes o refugiados.

“Si los niños nos han enseñado algo es su resiliencia, su capacidad de imaginar y de reinventar partiendo de cualquier situación, por dura que sea. Eso es lo que tenemos que aprender todos a poner en marcha a partir de ahora.” Reconoce que no va a ser fácil, pero explica que están decididos a hacer la apuesta porque al final la cuestión es decidir qué mundo queremos: uno en el que vivamos en el miedo, yendo cada uno a lo suyo, sin preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor, u otro muy distinto en el que nuestros niños crezcan sabiendo que existen comunidades de apoyo, que los demás nos importan, que no solo estamos pendientes de que lo que nos pasa a nosotros”. El futuro está en nuestras manos.

P. S. La fotografía que se incluye en el post es de ©UNICEF Tanzania. La que lo ilustra en Redes Sociales es de ©UNICEF/Fazel

“Nunca habíamos visto algo así”  

Como consecuencia de la anterior crisis económica los cincuenta y cuatro bancos de alimentos que hay en España llegaron a atender a un millón setecientas mil personas en los peores años, más del doble de las que atendían hasta entonces, y temen que ahora la situación acabe siendo muy parecida o incluso peor. Desde 2015 estaban viendo cómo se reducía de forma paulatina el número de ciudadanos que requerían su ayuda, hasta los alrededor de un millón cien mil que la recibieron el año pasado, “y esperábamos que la tendencia se mantuviese a la baja pero el Covid-19 ha cambiado el panorama, ha saltado todo por los aires y todo apunta a que la emergencia sanitaria derivará en una profunda crisis económica y social que, de hecho, ya ha empezado”. Quien así habla es el director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que se muestra pesimista y piensa que ese millón setecientas mil personas a las que llegaron a ayudar en la época más dura en sus casi tres décadas y media de existencia se va a quedar corto en esta ocasión. Y no lo dice por decir sino con datos en la mano: en apenas un par de meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.

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“Esta crisis tiene un componente que la hace distinta”

Nos cuenta Ángel Franco que desde que se decretó el estado de alarma está acudiendo a ellos mucha gente que nunca lo había hecho; incluso directamente: se acerca a los bancos de alimentos en busca de ayuda y desde allí la dirigen a las oenegés, comedores sociales, entidades y parroquias de distinto credo con las que colaboran, que son las que se ocupan del reparto. Explica que gran parte de esa gente había conseguido superar o estaba superando la crisis económica que estalló en 2008 desde la economía irregular, informal -que según la Organización Internacional del Trabajo emplea a algo más del 14% de la población activa en Europa Occidental-: hablamos de trabajo en el hogar, de cuidados o de otro tipo no declarado, de venta ambulante sin autorización… “Pero el confinamiento que todavía vivimos en España no solo ha prácticamente paralizado la economía sino también esa economía sumergida, dejando sin ingresos a quienes sobrevivían gracias a ella. Sin ingresos y sin ayudas públicas, a las que no tienen acceso. Y se trata de personas que, por lo general, carecen de un colchón lo suficientemente sólido como para poder aguantar así semanas, no digamos ya meses”. Recuerda además que como consecuencia de la anterior crisis fueron muchos los inmigrantes que volvieron a sus países de origen, algo que en esta ocasión tampoco es posible.

A estos miles de personas hay que sumarles las que se han quedado en paro o están en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibiendo una prestación que en muchos casos no les da ni para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. “Y aunque les dé o puedan tirar de ahorros durante un tiempo unas y otros acabarán agotándose, quizás en cuestión de unos meses. Eso significa que a no ser que recuperen y puedan mantener su empleo o que encuentren uno acabarán pidiendo ayuda”. Estamos viendo las negras perspectivas que pintan instituciones y organismos nacionales e internacionales para el mercado laboral en nuestro país por lo menos para este año y el próximo. Sin olvidar que incluso aunque vuelvan a trabajar pueden tener que recurrir a los bancos de alimentos: según los últimos datos del indicador europeo AROPE, que mide los niveles de pobreza y exclusión social, en España había en 2018 un 14% de trabajadores pobres. Hace dos años.

“Por el momento estamos en disposición de atender la demanda”

El nuevo coronavirus ha paralizado por un tiempo indeterminado las operaciones de recogida de alimentos en los supermercados, un importante golpe para FESBAL porque los miles de voluntarios que participan en ellas hacen que el resultado final se multiplique por cincuenta o más según su director de Comunicación, que destaca el salto cuantitativo experimentado con respecto a las primeras que se realizaron, sin que nadie animase entonces a la gente a colaborar. ¿Cuándo se podrán retomar y cuál será la respuesta? “Habrá que ver cómo va evolucionando la situación, a qué ritmo, y en qué medida la gente recupera capacidad económica para poder ayudar; porque lo primero para muchos está siendo tener que apretarse el cinturón”, dice Ángel Franco. Pero no solo las operaciones kilo se han visto afectadas, también los propios voluntarios, imprescindibles para el día a día de los bancos de alimentos -igual que para muchas de las entidades con las que colaboran-, que en su inmensa mayoría son personas mayores y, por lo tanto, población de riesgo: el 95% son jubilados.

 

Han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias y parece que lo han logrado: mucha gente joven y no tan joven -alguna ahora en paro- ha decidido aportar su grano de arena trabajando en los bancos de alimentos, mientras empresas y particulares han respondido con donaciones y lo han hecho “con nota”. Él mismo nos pone algunos ejemplos.

También han colaborado con la Federación Española de Bancos de Alimentos desde las principales cadenas de alimentación y compañías como CEPSA, AVIS o Redexis, hasta los empleados de Telefónica, pasando por actores, deportistas y cantantes como Hugo Silva, Carla Suárez o Mikel Izal, los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Comillas, con su campaña en Redes Sociales #JuntosEsPosible, o decenas de miembros de la comunidad de escalada con su iniciativa #YoPorteo. Ya hemos escuchado que -en vista de la respuesta- confían en no tener problemas para ir reponiendo los alimentos que en muchos casos ni siquiera les da tiempo a colocar en sus estanterías. Pero son pesimistas ante una “bola de nieve” que va creciendo cada vez más y que va cogiendo más velocidad a medida que baja por la pendiente de la montaña.

IMPRESCINDIBLES porque sin cuidados no hay vida

¿Quién alimenta a quienes no pueden alimentarse solas? ¿Quién te mueve cuando no puedes moverte sola? ¿Quién cuida de tu espacio privado para que tú existas socialmente? ¿Quién deja de cuidar a su familia para cuidar a la tuya? En definitiva, ¿qué valor les damos a las personas que cuidan a quienes más queremos? Son algunas de las preguntas que nos hace la oenegé Movimiento por la Paz -MPDL- en la campaña que acaba de poner en marcha con el objetivo de “que reflexionemos sobre la situación del colectivo laboral más explotado hoy en día en España, para que cada vez seamos más las personas que unamos nuestras voces a las suyas en su denuncia”. Lo dice Juan Maza, coordinador del Área de Sensibilización, que nos ha explicado que se trata de reivindicar sus derechos laborales y también de reclamar la necesaria valorización de los cuidados que realizan como indispensables para la vida en un modelo de producción y convivencia que les gustaría que fuese diferente.

Valor vs Precio

Porque “el capitalismo les ha puesto un precio a esos cuidados, un precio muy bajo que son los salarios que cobran las mujeres que los realizan, pero no los ha valorizado”, que es lo que demanda el Movimiento por la Paz: darles valor a los cuidados en consonancia con la importancia que tienen en lugar de ponerles un precio siempre a la baja. La organización -que va camino de cumplir cuatro décadas trabajando por un mundo más justo e igualitario- defiende que se prioricen los cuidados, como también el modelo de crianza, en un nuevo sistema de convivencia: “socializarlos porque de ellos depende la vida”. Y ahí señala directamente a las Administraciones.

Pero no solo el Estado, la sociedad tampoco puede olvidarse de la importancia de los cuidados y de quienes los realizan, de que unos y otras son esenciales, vitales, indispensables. De ahí que desde la oenegé nos pidan que nos paremos a pensar qué lugar ocupan en nuestras vidas esos cuidados que van más allá del trabajo doméstico y qué ganamos, qué podemos muchas veces hacer, gracias a que otras personas se ocupan de ellos: mujeres en su mayor parte -el 96% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados lo son- “que dejan de satisfacer buena parte de sus necesidades y llegan a renunciar a sus derechos para que nosotros podamos trabajar, disfrutar del ocio y llevar la vida que queremos”, destaca Juan Maza. “Mujeres que se ven obligadas a aparcar o prácticamente olvidar parcelas de su vida que también para ellas son imprescindibles pero que tienen que dejar de lado para hacer eso mismo en nuestras casas”.

Innegociables

Sus derechos laborales deberían ser innegociables pero no lo son. Movimiento por la Paz lleva tiempo asesorando y prestando asistencia jurídica gratuita a un colectivo que sufre a diario una tremenda indefensión ante los empleadores incluso con las leyes en la mano. No hay más que recordar que son las únicas que no tienen derecho a prestación de desempleo -“algo de lo que se benefician las empresas empleadoras y el propio Estado”-, por no hablar de que más de doscientas mil ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social porque son migrantes en situación irregular. Estamos por lo tanto en muchos casos ante personas que se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, porque son migrantes y porque trabajan en un sector que no está regulado como debería. Y es algo que se está perpetuando.

El responsable del Área de Sensibilización de la oenegé asegura que ha llegado el momento de que todo el mundo sea consciente de lo que ocurre en este sector: para acabar con una forma de entender tanto el trabajo de cuidados como a las mujeres que se ocupan de ellos “que roza el incumplimiento de los Derechos Humanos”; para poner fin “a la idea extendida entre determinadas clases sociales de que contratándolas les estamos haciendo un favor, como si por el mero hecho de no tener los papeles en regla no tuviesen derechos”.

Por eso le reclaman al Estado que se encargue de gestionar y de regular los cuidados. Pero hay otro paso que consideran fundamental: llevar a cabo una regularización urgente de migrantes y solicitantes de asilo, porque eso permitiría avanzar a más de un tercio de las mujeres del colectivo al convertirlas a ojos de la ley en lo que ya son, ciudadanas iguales al resto. No entienden “cómo es posible que las autoridades estén dejando escapar tantas capacidades y habilidades; cómo es posible que estén frenando el desarrollo de un país al que tanto pueden aportar” las más de seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación irregular a pesar de llevar años trabajando y malviviendo en España, siendo explotadas las más de las veces. “Ellas nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. No podemos seguir dándoles la espalda”.

“Seguiremos luchando. No pueden dejarnos atrás”

A.P. es de Colombia. Escapó de su país hace tres años por las amenazas de muerte que recibía; después de que asesinaran a su padre. Eligió España como destino buscando un futuro, un buen futuro, “pero a veces nos equivocamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que no todo es como lo pintan”. Es profesora: en su país daba clase de Geografía, Historia y Filosofía en Bachillerato; también cuenta con estudios de atención sociosanitaria, pero no tiene papeles. En noviembre pasado denegaron su petición de asilo, esa en la que tanto confiaba, y pese a llevar tres años residiendo y trabajando en Barcelona no consigue el contrato laboral por un año que le exige la legislación. Es más, desde que estalló la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se ha quedado sin el trabajo como empleada de hogar en varias casas que le permitía salir adelante: han prescindido de ella, “quién sabe hasta cuándo o incluso si volverán a contar conmigo”. Y como está en situación administrativa irregular, se queda fuera de las ayudas públicas: del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que el Gobierno espera activar en los próximos días y del ingreso mínimo vital para los más vulnerables que anuncia para este mismo mes.

Ni ella ni las más de doscientas mil compañeras que según las organizaciones que reivindican los derechos del colectivo se encuentran en su misma situación podrán acceder a estas y otras prestaciones. Prestaciones de las que quedan excluidas más de ochocientas mil personas si ampliamos el horizonte.

Los derechos no pueden limitarse en función del origen nacional

Por eso varias asociaciones y grupos de trabajadoras del hogar y los cuidados de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Madrid se han unido a la campaña que exige la regularización de todas las personas migrantes y han sumado fuerzas para denunciar la situación de “precariedad vital” a la que la Ley de Extranjería conduce a decenas de miles de compañeras, agravada todavía más por el Covid-19. Entre esas organizaciones está Sindihogar Sindillar, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados constituido en Barcelona hace más de ocho años, del que forman parte mujeres migradas de quince países como A.P.

Explica que no piden que les regalen nada pero sí que les permitan salir adelante. Que no les pongan tantas trabas para conseguir los papeles con los que poder acceder a un empleo en condiciones dignas: sin tener que trabajar más de cuarenta y ocho horas semanales cobrando menos del salario mínimo, sin días libres ni vacaciones, como hacen muchas internas esperando lograr al cabo de tres años esa oferta laboral que les abrirá la puerta a la regularización pero que nunca llega. Y nunca llega “porque los empleadores se aprovechan de la necesidad que tenemos de ese contrato y de nuestro miedo a denunciar lo que nos están haciendo pasar”.

Con la connivencia de las administraciones

Sindihogar Sindillar y las demás asociaciones que se han unido en defensa del colectivo firman un documento dirigido a Pedro Sánchez y a cinco de los ministros de su gabinete en el que denuncian que todos los gobiernos ‘están utilizando su trabajo sin derechos para atender necesidades de cuidado que de otro modo exigirían un enorme gasto social’. Aseguran que la existencia de ese mercado de empleo sumergido que se ampara en la Ley de Extranjería es conocida y concluyen que ‘mantener la irregularidad es una opción política’.

Les dicen que no pueden seguir mirando para otro lado, pidiéndoles que acaben con la ‘hipocresía’ que envuelve a la ley, y reclaman ‘regularización para todas ya; protección económica para todas las personas’. Exigen que las trabajadoras del hogar y de los cuidados sean consideradas esenciales también en la legislación, para tener derechos y poder ejercerlos; que su situación entre de una vez en la agenda política. Están cansadas de promesas incumplidas o que han quedado diluidas y quieren hechos.

No piensan rendirse. Van a seguir luchando: les sobra coraje y saben que unidas tienen más fuerza.

Para ayudar a aquellas que han perdido su fuente de ingresos en esta emergencia sanitaria y económica y a las que siguen trabajando en condiciones inseguras, reforzando al mismo tiempo las redes que las conectan, Sindihogar Sindillar ha puesto en marcha una Campaña de Resistencia para recaudar dinero: a quien aporte cinco euros o más le harán llegar una SindiRebel, una muñeca de tela confeccionada por las propias afiliadas; un pedacito de su cultura, de sus vivencias.

P.S. Además de Sindihogar Sindillar, el documento que dirigen al Gobierno lo firman la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada, ATH-ELE y SINA KOOP.ELK. TXIKIA, de Bilbao, Malen Etxea, de Zumaia, el Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, el Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compostela, la Asociación Emplead@s de Hogar y Cuidados de Navarra y SEDOAC, de Madrid.

“El nuevo coronavirus no puede ser excusa para retrasar la acción climática”

Al contrario. Tiene que servir para que quien todavía no lo ha entendido -tanto Gobiernos como ciudadanía- se dé cuenta de que es imprescindible acelerar la lucha contra el cambio climático o ya no habrá vuelta atrás y crisis a escala mundial como la que estamos atravesando serán cada vez más comunes. Porque detrás de esta pandemia está en buena medida la destrucción de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad, como ponen de manifiesto informes elaborados por la comunidad científica. Así lo destacan asociaciones como Amigos de la Tierra. Y no es que no nos hubiesen avisado, porque son muchos los expertos -sobre todo a través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC)- que llevan décadas urgiendo a actuar para frenar el calentamiento global y evitar una realidad dramática e irreversible de la que el Covid-19 nos alerta que estamos cada vez más cerca. La emergencia climática está causando una pérdida de biodiversidad sin precedentes hasta el punto de que un millón de especies afrontan el peligro de desaparecer, según Naciones Unidas; y ahí están el aumento de las pandemias -la anterior fue la de gripe porcina en 2009-, la vuelta de enfermedades ya pasadas, la multiplicación de la pobreza y de la desigualdad: “Consecuencias derivadas de las ingentes emisiones de dióxido de carbono y de óxidos nitrosos, así como de la gran problemática mundial con los residuos, fruto de un sistema económico basado en el incremento continuo del consumo de recursos materiales planetarios considerándolos infinitos cuando no lo son, como demuestran la crisis energética y de materiales y la crisis ecosocial que todo ello conlleva”. Lo dice Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática y Energía de la oenegé que lleva tiempo reclamando que se cambie el modelo de producción y consumo, “el mismo que ha causado el Covid-19”.

Para reivindicar que se pongan en el centro el medio ambiente y las personas, la asociación ecologista -como parte de la Alianza por el Clima-, junto a Fridays For Future y 2020 Rebelión por el Clima, convoca a la ciudadanía a sumarse este 24 de abril a una nueva acción global por el clima: a partir de las 22h, con la proyección de sombras y sonidos desde los balcones; y llevando durante todo el día las demandas a las Redes Sociales. Tratando de concienciar en una situación excepcional.

“Poner el planeta y las personas en el centro”

Defienden que hay que avanzar hacia un sistema económico que ponga en el centro la satisfacción de las necesidades de las personas, de todas, para que puedan tener una vida digna y que eso debe hacerse en equilibrio con los ecosistemas y siendo conscientes de los límites planetarios: “La justicia social tiene que ir de la mano de la reducción de emisiones. Hacen falta políticas que apliquen el principio de que quien contamina, paga en lugar de socializar las pérdidas de las grandes corporaciones, que suelen ser las más contaminantes. Hacen falta medidas ambiciosas con objetivos vinculantes enfocadas a una transformación profunda de los sistemas agroalimentario y energético y de la gestión de suelos. Siempre garantizando la protección de las personas trabajadoras y de las comunidades”.

La responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra nos cuenta que la salida de esta emergencia sanitaria, que dará paso a otra económica, tiene que llevarse a cabo de forma justa y sostenible y les pide a los Gobiernos que reflexionen y aprendan de los errores del pasado: “No se pueden repetir los patrones de crisis como la de 2008, en la que las medidas fueron dirigidas a incentivar y proteger a las grandes corporaciones que la habían desatado, recortando los derechos de la población y precarizando todavía más sus vidas. Nadie puede quedar atrás; el planeta tampoco”. Nos explica que esta emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto lo dañina que puede ser una crisis cuando no se está preparado para afrontarla, cuando no se tienen planes de actuación y no se atienden las recomendaciones que nos marca la ciencia, dando lugar a la desprotección y al riesgo que estamos viviendo. Por eso pide a las autoridades que les sirva de aprendizaje para planificar acciones y medidas para transitar la crisis climática. Medidas señaladas por la comunidad científica como la reducción de las emisiones de CO2 del 23% actual al 55% para 2030 respecto a 1990, la descarbonización total de la economía para 2040, la transformación del modelo de movilidad o el replanteamiento de las políticas comerciales.

“Insignificantes. Un espejismo”

Lo hemos escuchado. Eso es lo que son las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de estas últimas semanas en el cómputo global, lo que suponen para la calidad del aire o del agua en términos de contaminación. Cristina Alonso quiere dejar claro que el reto es seguir reduciéndolas de una forma constante a lo largo de este y de los próximos años. Atendiendo a los datos de los expertos, se necesita una reducción media de emisiones del 7% anual, “lo que requiere esfuerzos y un compromiso permanente a nivel mundial”. Avisa de que no se debe caer en la tentación en la que han caído países como la República Checa, que apuesta por aparcar las leyes ambientales para poder superar la actual situación: dice que “este coronavirus no puede ser una excusa -la excusa- para frenar la lucha contra el cambio climático. No solo no podemos permitirnos dar pasos atrás sino que hay que acelerar el avance hacia ese nuevo sistema económico. Necesitamos políticas valientes que no sucumban al lobby de las grandes corporaciones más contaminantes”.

A pesar de lo visto en las últimas décadas, de la esquilmación de los recursos naturales, de la destrucción de la naturaleza y del auge del consumismo descontrolado, en Amigos de la Tierra no creen los humanos seamos el virus, el enemigo: “En todo caso, el virus es el modelo hegemónico de producción y consumo imperante en Occidente, impuesto a nivel mundial por la globalización y por procesos de neocolonización como los tratados de comercio”. Destacan que existe una gran diferencia entre las poblaciones del Norte y las del Sur del planeta, siendo estas últimas -junto con las comunidades más rurales del Norte- las que menos influyen en el cambio climático; sin embargo, son ellas las que reciben los peores impactos de la crisis climática.

Porque estamos en un momento decisivo, porque las medidas que se tomen ahora marcarán nuestro futuro y porque no podemos esperar más para que los políticos asuman la gravedad de la situación, la asociación ecologista llama a la ciudadanía a movilizarse esta noche: “Está en juego la vida del planeta tal como lo conocemos y, por ende, la de las personas que lo habitamos”. Como dice su responsable de Justicia Climática, este coronavirus ha demostrado que cuando se quiere se puede. Aún estamos a tiempo.

P. S. El informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU al que hace referencia Cristina Alonso en el audio se publicó en 2018, no en 2008 como dice por error.

“Tenemos miedo al coronavirus”

Miles de inmigrantes, irregulares y también regulares, malviven en las principales zonas agrícolas de España en campamentos de chabolas levantadas con cuatro tablas y unos plásticos, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, expuestos a todo tipo de enfermedades y con el riesgo añadido de poder perder lo poco que tienen en uno de los incendios que se producen cada cierto tiempo. El último, esta misma semana en la localidad onubense de Palos de la Frontera: alrededor de setenta infraviviendas fueron pasto de las llamas; infraviviendas, sí, pero que servían de refugio a más de cien personas. El asentamiento fue desalojado y sus cerca de doscientos moradores han tenido que buscarse la vida. La Guardia Civil investiga si fue provocado.

No estamos contando nada nuevo: hace veinte años que esta dura realidad existe en esa provincia andaluza e incluso más en la de Almería. En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, se echaba las manos a la cabeza al visitar uno de los asentamientos de los temporeros de la fresa en Huelva, asegurando que viven en peores condiciones que las de los campos de refugiados. Y urgía a las Administraciones a actuar. Lo mismo que llevan reclamando desde hace años asociaciones como el Colectivo de Trabajadores Africanos, de Lepe: condiciones dignas para quienes -con o sin papeles- “son imprescindibles para recoger las cosechas de productos que acaban en buena parte de las mesas del país y que reportan grandes beneficios a los empresarios que se aprovechan de ellos, pagándoles las más de las veces por debajo del convenio y del SMI por jornadas maratonianas y semanas interminables”. Lo denuncia uno de sus miembros fundadores, Antonio Abad, que se queja de que las Administraciones -todas- han mirado siempre para otro lado, como siguen haciendo en plena emergencia sanitaria: critica que no hayan hecho nada para proporcionarles un alojamiento digno con el caldo de cultivo que las condiciones en las que malviven suponen para el coronavirus; y asegura que el Gobierno central se ha retratado con el real decreto ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, dejando más que claro quiénes le preocupan: “el empresario y los consumidores, no el inmigrante que lleva años partiéndose el pecho como temporero”. Ellos, los inmigrantes, están entre decepcionados e indignados: esperaban algo de humanidad. Nos lo ha contado Mohamed Lamine Camara.

#RegularizacionYa

Los inmigrantes esperaban más de las autoridades. También las organizaciones que luchan por sus derechos y parte de la ciudadanía. Por eso son ya novecientas las que reclaman al Gobierno una regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en España y la inmediata resolución favorable de las más de cien mil peticiones de asilo y refugio pendientes. Y se están haciendo oír en las Redes Sociales. Atendiendo a las cifras que manejan, en nuestro país hay cerca de seiscientas mil personas en situación irregular y ellas y ellos denuncian que no pueden seguir en este limbo vital y administrativo en el que los sumerge y al que los condena el racismo institucional. El Colectivo de Trabajadores Africanos es uno de los firmantes de esta demanda. Antonio Abad sabe bien de lo que habla porque lleva una década viéndolo a diario: “Una forma de esclavitud moderna, sin látigo, pero tratándolos prácticamente como esclavos”. Y todo esto se mantiene exactamente igual en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Por el momento no se sabe de casos de Covid-19 en los asentamientos de temporeros. Ya hemos escuchado que tienen miedo y no es para menos.

Denuncia que se han sobrepasado todos los límites, que unos y otros se han aprovechado -con la connivencia de las distintas autoridades- de la situación de vulnerabilidad y de la desesperación de miles de seres humanos a los que se les ha dado y se les está dando un trato que debería avergonzarnos a todos, “algo impropio de un Estado que se considera de Derecho”. Reclama que se actúe de una vez pero no es muy optimista, más bien al contrario, “porque lo primero para resolver un problema es reconocer que existe” y duda de que las Administraciones acaben admitiendo que han tenido a cientos de miles de personas malviviendo durante años en condiciones que ni los animales: “Estoy seguro de que se les pone la cara colorada solo de pensarlo cuando se les tendría que poner roja de vergüenza por no haber hecho nada para cambiar esta penosa realidad”.

La charla con Antonio y Mohamed tuvo lugar el pasado lunes; un par de días después, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley con dos millones doscientos mil euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería cubran las necesidades de agua potable, limpieza y recogida de basura de los asentamientos de inmigrantes, además de la compra de alimentos y productos de higiene personal. ¿Un objetivo cumplido? Son bastante escépticos: se preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que se vea, si es que se llega a ver, alguna mejora sobre el terreno, teniendo en cuenta que el anuncio llega varias décadas tarde y que llevamos más de un mes en estado de alarma por la emergencia sanitaria. Por no hablar de que la Junta ha hecho los cálculos económicos partiendo de que en los asentamientos de esas dos provincias hay alrededor de cuatro mil cuatrocientos inmigrantes: el Colectivo de Trabajadores Africanos afirma que solo en los de la onubense, unos cincuenta, ya se supera esa cifra. Asentamientos que, por supuesto, no tendrían que existir.

P. S. Las fotografías que aparecen en el post son de asentamientos de Lepe y Palos de la Frontera y han sido sacadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos.