Acerca de vocesautorizadas

Una periodista que sigue queriendo hacer aquello a lo que nunca renunció: servir de altavoz a toda la gente que, como yo, está dispuesta a luchar para que las cosas cambien para tod@s

“Esto sí debería contagiarse”

Hoy echa a andar, con movilizaciones en medio mundo, la Semana de Acción que culminará el próximo viernes 27 de septiembre con la Huelga Mundial por el Clima, convocada en España por las plataformas Juventud por el Clima-Fridays for Future, 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima y apoyada por más de trescientas organizaciones, para exigirles a los Gobiernos medidas efectivas ante la emergencia climática; una semana reivindicativa sin precedentes que coincide con la celebración de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, el lunes día 23 en Nueva York, y con la publicación, el miércoles día 25, del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático acerca del impacto del calentamiento global en los océanos y en las zonas heladas. Y es que la crisis climática que vivimos es el mayor desafío de nuestro tiempo y estamos en un momento decisivo para actuar porque, pese a lo mal que pinta, todavía podemos hacerle frente: los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia, los glaciares se derriten a un ritmo alarmante, el nivel del mar sigue subiendo, el cambio climático está llevando a muchas especies al límite y estamos viendo el impacto fatal que tiene en la salud…, pero la ONU asegura que si nos movemos ahora podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a doce años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2°C, o incluso a 1,5°C, por encima de los niveles preindustriales. Por eso su secretario general, Antonio Guterres, insta a todos los líderes a que acudan a Nueva York con planes concretos y realistas para mejorar sus contribuciones a nivel nacional para el año que viene, siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% en la próxima década y a 0 para 2050. Allí van a estar gobiernos, autoridades locales, sector privado, organizaciones internacionales y sociedad civil. Una sociedad civil que ha ido redoblando la presión para que quienes tienen el verdadero poder de decisión se muevan en la dirección correcta, sobre todo desde el nacimiento -la pasada primavera- de movimientos como Teachers for Future (en España también Profes por el Futuro), docentes preocupados por la situación que quieren cambiar las cosas, como ellos mismos dicen, movidos únicamente por su compromiso con el planeta y sus habitantes. También ellos -hablamos de setecientos ya- se suman a las acciones reivindicativas de esta semana y animan a todos los centros escolares del país a hacerlo: guardando un minuto de silencio por la Tierra, llevando una camiseta verde al colegio, proyectando documentales y cortometrajes sobre medio ambiente, preparando carteles por el clima y sacándolos al patio el día 27…, propuestas para visibilizar desde las aulas la importancia de la acción elaboradas conjuntamente con Madres por el Clima y Families for Future Barcelona “porque toda la comunidad educativa es necesaria” y porque creen firmemente en el poder de las familias, como nos cuenta una de las integrantes del grupo coordinador, Conxi Arlandis: “su contribución es fundamental, es imprescindible contar con ellas y con su compromiso, debemos complementarnos para conseguir resultados y que estos perduren”.

“Promover y seguir concienciando para sumar”

Acaba de arrancar un nuevo curso escolar y los profesores que forman parte de este movimiento que realiza acciones concretas para desarrollar una educación ambiental, favorecer el contacto del alumnado con la naturaleza y cambiar la gestión de los colegios lo han empezado con fuerza lanzando la campaña ‘28.000 por el Clima’, a la que pretenden sumar al mayor número de centros del país, públicos, privados y concertados, de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP: que en su programación anual tengan objetivos relacionados con la protección y defensa del medio ambiente y de la sostenibilidad y que lleven a cabo actuaciones de concienciación y acción a lo largo del curso, como algunos ya están haciendo. Desde poner en marcha programas como Recreos Residuos Cero, motivando al alumnado para que en sus desayunos y meriendas no haya residuos o sean los mínimos posibles usando envases reutilizables o retornables, o como Colecaminos, para reducir los nieles de concentración de CO2 en los entornos escolares apostando por ir al colegio andando o en bicicleta; hasta incorporar el huerto escolar y hacer salidas que fomenten el contacto con la naturaleza; pasando por realizar un par de veces al mes actividades que reflejen el peligro que corre el planeta, por fomentar el debate sobre la emergencia climática proyectando documentales como ‘Before the flood’ (Antes que sea tarde) -coproducido, protagonizado y narrado por Leonardo DiCaprio- o por contar en cada centro con un responsable de sostenibilidad…“Queremos promover la preocupación por preservar el planeta para que se generalice, teniendo claro que la práctica y el contacto con la naturaleza son clave y sabiendo que hay que predicar con el ejemplo, a nivel individual y también como colegio incorporando los principios de sostenibilidad en la gestión: eficiencia energética, reutilización de materiales, uso de proveedores locales y comida de temporada en el comedor… No queremos imponer sino avanzar en la labor de concienciación que llevan haciendo desde hace décadas las asociaciones ecologistas para sumar, uniendo nuestra fuerza y nuetras voces a las suyas y a las de otros colectivos nacidos, como nosotros, la pasada primavera climática”, explica Conxi Arlandis.

Una educación ambiental transversal

Es lo que reclaman desde Teachers for Future, no solo que la educación ambiental forme parte del currículo sino que sea transversal “que pase por todas sus áreas, porque afecta a todos los aspectos de la vida, por eso tiene que ser algo más que unos temas o una asignatura y debe abordarse en todas las materias; los alumnos tienen que reflexionar y saber del impacto de sus acciones en el medio ambiente”, apunta, para añadir que “se trata, en definitiva, de inculcar el cuidado del entorno y del planeta como un valor, como lo es el respeto a los demás”. En el colectivo son conscientes de la importancia de su implicación en esta lucha para que dé resultados, sabiendo que parte de ella pasa por “presionar a quienes toman las decisiones, a las administraciones, para que actúen de una vez”; y señalan no solo a departamentos como Educación o Transición Ecológica sino también a otros como Urbanismo: “Acabamos de ver cómo ha quedado la Vega Baja del Segura con el paso de la gota fría por haber llenado de cemento el cauce de los ríos”, dice esta integrante del grupo coordinador. Recuerda que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU creado hace tres décadas ha estado advirtiendo desde entonces que los fenómenos meteorológicos serían cada vez más extremos, “lo que significa que esto dista mucho de ser algo nuevo”, y se queja de que hayamos llegado a este punto por “no haber actuado antes”, avisando de que “por eso urge hacerlo o será tarde”.

La carrera contrarreloj para frenar el cambio climático está en marcha y Naciones Unidas asegura que podemos y debemos ganarla. Para eso es imprescindible que nos impliquemos tod@s porque hablamos de nuestra casa, la casa de tod@s y cada un@ de nosotr@s: “La lucha por el Clima sí que se debería contagiar”, afirma Conxi Arlandis. Está en nuestras manos conseguirlo.

57 Voces des-autorizadas

Hace un año se ponía en marcha esta bitácora como altavoz y caja de resonancia para todas esas Voces que están más que autorizadas para hacerse oír, con la pretensión de ayudar a acercar sus denuncias, sus reivindicaciones y su trabajo por y para cambiar y mejorar la realidad a todas aquellas personas dispuestas a escuchar. Voces como la de Ana Balboa, presidenta de la Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca (AMICO), censurando los muchos obstáculos que tienen que superar día a día los discapacitados en pleno s.XXI; las de Mónica Pastoriza, su madre Elvira Blanco y Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, dejándonos claro que el Síndrome de Down es simplemente tener un cromosoma extra; y la de Óscar Moral, asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), recordándonos que la sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población, como sucede a diario.

Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), nos contaba que están hartos de que sus reclamaciones por algo que comenzó hace más de seis décadas sigan sin ser atendidas, como si el Estado estuviese esperando a que se rindan o a que vayan muriendo; lo mismo que Rosa Hernanz, impulsora de la plataforma Niñ@s de la Polio y Síndrome Post Polio, que nos adelantaba que llevarían a la justicia argentina sus demandas por lo que empezó también hace más de sesenta años, porque ya no están para llamar de puerta en puerta. Fide Mirón, vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y de la Asociación Española de Porfiria, dejaba testimonio de la dureza de vivir luchando contra los números y contra el reloj; María López Matallana, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) denunciaba enfermedades ocultadas, pacientes abandonados y maltrato INSStitucional por la guía publicada en enero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Íñigo Lasa, director general de Anesvad, ponía encima de la mesa la existencia de más de mil millones de enfermos olvidados en el mundo hoy en día; y María del Carmen Martínez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (FAGAL) y cuidadora, Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y Nina Gramunt, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragall, nos decían que debemos tener muy presente que nadie está libre de sufrir Alzheimer; mientras la doctora Ana Casas, especialista en cáncer de mama y cuidados de soporte oncológico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos contaba que tener cáncer la ha hecho mejor oncóloga; y Damián Caballero, portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Medicamentos a un precio justo’, instaba a las autoridades a no confundirse porque somos pacientes, no clientes.

Voces todas ellas más que autorizadas, pese a quien pese, porque saben de lo que hablan como la de Gema Castilla, responsable de Comunicación de la Fundación RAIS Hogar SÍ, pidiéndonos que no olvidemos que el sinhogarismo es una realidad para 31.000 personas y que podemos acabar con él; y la de Ángel Franco, director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), llamándonos a tener en cuenta que siguen entregando comida a un millón y medio de ciudadanos, lo que demuestra que por mucho que nos intenten convencer de lo contrario la crisis sigue ahí. ¡Qué decir de David Lorente, uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió esperando que se despenalizase la eutanasia, una cuenta todavía pendiente en nuestro país; y de Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación Infancia Robada, quejándose de que las víctimas de pederastia están limpiando de porquería la Iglesia cuando es ella la que debe liderar esa lucha; de Carmela del Moral, analista jurídico de Derechos de la Infancia de Save the Children, reclamando que se pongan en marcha políticas que sitúen a los menores en el centro porque, como no votan, sus problemas son secundarios; y de Marga Rivas, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), denunciando que cuando alguien se mata porque no puede pagar su casa no se trata de un suicidio sino de un asesinato por la falta de implicación de las instituciones. David Aragonés, uno de los portavoces de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE, nos explicó que pese a los pasos del Gobierno para dar mayor tranquilidad a los clientes la batalla judicial por los gastos hipotecarios seguía en pie; y Jordi Castilla, del equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, nos aseguró que se puede parar la escalada del recibo de la luz.

Voces a las que hay que sumar la de María Jesús Vega, coordinadora de Comunicación en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, censurando que, ocho años después, la guerra en Siria seguía matando con bombas o con falta de medicinas y de ropa para afrontar el invierno; la de Julia López, coordinadora de Comunicación de Plan Internacional, avisando de que cuando solo falta una década para cumplir el objetivo fijado de erradicar la mutilación genital femenina tres millones de niñas siguen sufriéndola cada año; y la de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, destacando que los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los Gobiernos. También la de Guillermo Cañardo, coordinador médico y jefe de misión de Proactiva Open Arms, hablándonos de los migrantes que se lanzan a cruzar el Mediterráneo amontonados en embarcaciones precarias como héroes, convencido de que él no sobreviviría a esa travesía; la de Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, denunciando lo que está sucediendo en ese mar convertido en un inmenso cementerio y diciendo que cada uno se retrate en ese periplo de la vergüenza; la de Margarita Moreno, estudiante de Medicina y voluntaria por segundo año en la isla griega de Lesbos, criticando las condiciones infrahumanas de los refugiados en el “campo de concentración” de Moria y afirmando que aquí y ahora debería darnos vergüenza; y la de Carlos Arce, responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), protestando porque cualquier otra política que causase miles de muertos como esta generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen.

Voces como la de Isabel Taboada, trabajadora por cuenta propia que se quejaba del maltrato al colectivo de autónomos a pesar de su importante papel en el crecimiento económico; la de Ángela Muñoz, portavoz de asociación Las Kellys, censurando que haya camareras de piso que tienen que comprarse incluso la fregona; las de Enrique Muñoz y Paco Juárez, de las plataformas ciudadanas Soria ¡YA! y Teruel Existe, reivindicando la capacidad de resistencia de la España vaciada y advirtiendo al resto del país de que también habrá consecuencias; y las de Caty Gálvez y Juan Antonio Suárez, matrimonio de 79 y 85 años, reclamando que acaben de una vez la Autovía del Duero, aprobada hace 26 años. La Voz de Carlos Requena, gerente de Payasos Sin Fronteras, ponía en valor la importancia de la risa en l@s niñ@s -y no tan nin@s- que han vivido una guerra, como prueba la evidencia científica; y la de Verónica Macedo, fundadora de Saniclown-Payasos de Hospital, nos demostraba que los payasos de hospital tienen efectos secundarios para tod@s. María Fernández, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, nos explicaba que puede haber garantías de que la esclavitud infantil y los abusos a los productores no estén detrás de lo que consumimos; Julio Barea, uno de los responsables de campaña de Greenpeace, nos decía que después de invadir medio planeta los plásticos están en nuestro organismo; Javier Andaluz, responsable de Clima de Ecologistas en Acción, nos alertaba de que el tiempo se agota y son ya muchas las oportunidades perdidas para tratar de evitar que el mundo llegue al umbral de no retorno; Jordi Richart, portavoz de Fridays For Future Alicante, nos contaba que han llegado para quedarse el tiempo que haga falta porque es su futuro lo que está en juego; y el activista Manuel Bruscas, autor de ‘Los tomates de verdad son feos’, nos recordaba que podemos hacer mucho para acabar con el desperdicio de comida.

Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, nos dieron su visión sobre si los nuevos límites de velocidad que entraron en vigor en enero traerán o no una reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico; Juan José Lamas, fundador y director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), nos advirtió de que los ludópatas son cada vez más jóvenes, destacando que el Estado es el que principal beneficiado de los juegos de azar; y Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, nos habló de la lucha de los mayores para que sus hijos y nietos puedan recibir una prestación, haciendo un llamamiento a los jóvenes a que se impliquen más porque, de lo contrario, no la tendrán. Rafael Permuy, uno de los tíos de José Couso, no instaba a velar por la libertad de prensa y porque el nombre del cámara ferrolano asesinado en Irak por miembros del Ejército de EE.UU sea abanderado en esto; y Koldo Pla, de la asociación Txinparta para recuperar la memoria de los represaliados en el Fuerte de San Cristóbal, aseguraba que ocho décadas después el mejor homenaje que se les puede hacer sigue siendo continuar con la lucha para que aflore lo allí enterrado y perdure en la memoria

Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, reivindicó a las mujeres desplazadas y a las activistas que luchan por sus derechos siendo torturadas e incluso asesinadas por ello como heroínas que deberían ser modelos a seguir; Rosa Fontaíña, coordinadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, criticó que a las mujeres que denuncian delitos contra la libertad sexual se les aplique la presunción de la mentira; el ex.teniente Luis Gonzalo Segura, autor de ‘En la guarida de la bestia’, afirmó que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales; Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), exigió que se ponga el foco en los puteros como cómplices de la trata; y Ángeles Álvarez, miembro de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y de No Somos Vasijas, denunció que en el tema del alquiler de vientres hay connivencia institucional; mientras Carlota Coronado, una de las promotoras del documental ‘¿Por qué tan pocas? Tecnólogas y científicas a la luz’, nos dejaba claro que son muchas pero no las conocemos porque no son sus historias las que se cuentan.

Desde la asociación Grandes Amigos nos acercaron a los mayores que viven solos, haciéndonos ver que la soledad es una y nosotr@s somos más; y Modesto Rodríguez, presidente de la Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (ASFEGA), hizo lo propio con las personas que padecen estas enfermedades, por las que Manolo Varela luchó durante años hasta su muerte estando al frente de la asociación. Voces todas ellas que relatan historias que debían y deben ser contadas. Gracias por dejarme hacerlo, aportando así mi granito de arena para trasladarlas al mayor número posible de personas preocupadas, como ellas y como yo, por conseguir que este mundo sea mejor para tod@s. Y Gracias a quienes leéis y escucháis esas historias a través de mí. Seguiré en ello.

¡Que acaben ya la autovía de la vergüenza!

Caty Gálvez y Juan Antonio Suárez -79 y 85 años, matrimonio, de Ceuta ella, soriano él- saltaron a los medios de comunicación cuando se decidieron a hacer lo que más les gusta, andar, pero en esta ocasión con una motivación reivindicativa, para sumar su grano de arena a una causa que “bien lo merece”: 115 kilómetros recorridos a pie en cuatro etapas entre Soria y la localidad burgalesa de Aranda de Duero para exigir “que se acabe de una vez” la A11, la Autovía del Duero que debe conectar Soria con la frontera portuguesa cruzando Valladolid, Burgos y Zamora, cuyo proyecto se aprobó hace la friolera de 26 años y que a día de hoy ni siquiera tiene en servicio la mitad de los kilómetros previstos, menos todavía en la provincia de Soria: “Son miles de kilómetros andados los que tenemos a nuestras espaldas y cuando nos enteramos por los medios de la Marcha Lenta para reclamar algo que es de justicia supimos que teníamos que estar ahí”, dicen. Una Marcha Lenta en coche por la N122 desde Soria y desde la localidad vallisoletana de Peñafiel hasta Aranda, avanzando exactamente al mismo ritmo que lo han hecho las obras en todo este tiempo, como explicaron los convocantes, las plataformas Soria ¡YA!, A11 Pasos, de Peñafiel, y Aranda de Duero por las Infraestructuras; pero Caty y Juan Antonio no tienen coche -no lo echan en falta, convencidos de que si lo tuviesen se habrían perdido muchas de las cosas que han hecho-: ¿Cómo lo vamos a hacer?, preguntó entonces él, y la respuesta de ella fue muy clara: pues como siempre lo hacemos, a pie. Empezaron entonces con los preparativos de una experiencia “fuera de serie, muy emocionante y que no olvidaremos nunca” por su significado, explican, y por el apoyo de la gente desde el minuto cero hasta la llegada a destino, esa Plaza Mayor de Aranda de Duero en la que al día siguiente unieron sus voces a las de las más de dos mil personas que dejaron patente su “hastío por la falta de seriedad de los distintos Gobiernos -del PP y del PSOE- a la hora de afrontar la construcción de una infraestructura trascendental para el futuro de todos los castellanoleoneses, corredor estratégico entre Portugal, la mitad norte de España y Francia”.

“Los políticos no lo quieren ver, está claro”

  “Es una lástima que las obras de una infraestructura tan importante para una provincia tan abandonada como la soriana vayan a un ritmo tan lento que apenas se ven avances. No se entiende que los políticos no se pongan las pilas, a no ser que tengan tapones en los oídos y gafas de sol con cristales opacos para no escuchar el clamor ciudadano y para no ver la realidad”, se queja Juan Antonio Suárez, que en su día emigró con su mujer a Cerdanyola del Vallés “porque nos obligaron a salir de nuestra tierra para poder tener una vida digna”; una tierra a la que vuelven siempre que pueden para pasar largas temporadas. Tienen claro que con infraestructuras es más fácil que las industrias se asienten en un territorio, creando puestos de trabajo que no solo ayuden a frenar la sangría de gente joven, y no tan joven, que escapa de esa España vaciada a ciudades más grandes y con mejores servicios, sino que faciliten el retorno de muchos de los que se han ido y atraigan a ciudadanos de otros puntos del país: “¿cómo es posible que los responsables políticos no lo vean?”, se pregunta, respondiéndose a sí mismo que “está claro que no lo quieren ver porque, con el intenso tráfico de transportistas portugueses que soporta la N122, conectar el Atlántico y el Mediterráneo desde Portugal hasta Barcelona en gran parte a través de la A11 supondría un enorme salto cuantitativo y cualitativo para la industria que repercutiría, y mucho, en la economía; por no hablar de la tranquilidad que les daría a los vecinos de los municipios que atraviesa esa Nacional, que Soria ¡YA! denuncia que tiene unos índices de peligrosidad hasta cuatrocientas veces superiores a los de la media española. Destacan los organizadores de la Marcha Lenta de hace unos días que estamos hablando de más de medio millón de personas, una quinta parte del total de habitantes de Castilla y León, y de una obra declarada estratégica ya en 1993 por la propia Junta, de un eje vertebrador entre el este y el oeste de la Península, e incluso así, habiendo escuchado promesas una y otra vez, siguen sin verse avances sustanciales en su ejecución: “planificaciones fallidas, cambios de trazado, reducciones presupuestarias…, en definitiva, mentiras y promesas incumplidas”, como leían en el manifiesto conjunto en Aranda las tres organizaciones promotoras de la protesta. La autovía de la vergüenza, la llaman, cuya finalización en la provincia soriana se ha pospuesto por enésima vez, ahora hasta 2021.

“Hace falta más implicación ciudadana, sobre todo de los jóvenes”

  Caty Gálvez y Juan Antonio Suárez saben que la movilización ciudadana es imprescindible para que los políticos, que se echan unos a otras la culpa de los retrasos, pisen el acelerador: “Los territorios que no tienen muchos habitantes solo les interesan cuando se celebran elecciones, para conseguir esos ‘pocos’ votos que pueden ser importantes para ellos, como refleja perfectamente la película El disputado voto del Sr. Cayo”, de Antonio Giménez-Rico, basada en la novela homónima de Miguel Delibes; pero recuerdan que quienes viven allí pagan sus impuestos igual que los que residen en grandes urbes y se quejan de que por ser pocos no pueden quedar abandonados por las autoridades. Para hacérselo ver -dicen- hay que hacer presión, por eso, conscientes del eco que ha tenido su iniciativa, no lo dudan ni un solo instante, “nos volveremos a sumar a cualquier acto reivindicativo con los ojos cerrados”. La propia Caty comentaba en Aranda de Duero que regresaría a Soria a pie si le firmaban que no se pararán las obras y que las máquinas estarán trabajando a tope: “¡cómo si tengo que irme al fin del mundo, allá que me voy”, asegura con contundencia.

  Más que reivindicativos, a sus 79 y 85 años, esta pareja echa en falta una mayor implicación de la ciudadanía, no entiende cómo puede ser que haya vecinos que digan que a ellos no les interesa la A11 porque no pasa por su localidad “cuando va a repercutir positivamente en todas las provincias que atraviesa”; y el tirón de orejas se lo dan sobre todo a la juventud. Al ritmo que llevan las obras, Juan Antonio considera que será difícil que la vea terminada por completo: ¡ojalá, porque eso significaría o bien que se han puesto a trabajar con muchas ganas o que voy a vivir muchos años más”. Dice que “los que plantamos ahora el árbol no nos vamos a beneficiar de la sombra que dé; serán los jóvenes quienes lo hagan, pudiendo incluso recoger sus frutos. Por eso, en esto como en todo, es fundamental que la juventud esté ahí, levantando la voz y haciendo piña porque es de su futuro de los que estamos hablando”.

P.S. La fotografía que ilustra el artículo ha sido facilitada por la plataforma Soria ¡YA!

“Hay connivencia institucional, no tengas ninguna duda”

La Fiscalía General del Estado anunciaba hace un par de semanas la apertura de una investigación a la filial española de una empresa ucraniana que ofrece servicios de gestación subrogada. Lo hacía después de que el Ministerio de Justicia comunicase que había puesto en su conocimiento la existencia de indicios de delito en la actividad de determinadas agencias que operan aquí, desde tráfico de menores hasta organización criminal, blanqueo de capitales y/o falsedad documental. Tras el anuncio del Ministerio Público, desde el departamento que dirige en funciones Dolores Delgado insistían en que el proceso que solicitaron va más allá de una única agencia. Colectivos como la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y No Somos Vasijas, que llevan años reclamándoles a las autoridades que actúen, se alegran por el paso dado pero dicen que no puede limitarse a una filial cuya matriz está siendo ya analizada con lupa en Ucrania, uno de los destinos preferidos para contratar un vientre de alquiler, marcado por la miseria y por la corrupción: “Hay que ir a la raíz del problema y eso tiene que ver con cómo es posible que siendo una práctica prohibida por la legislación española consintamos que haya personas que se estén lucrando con el fomento de la explotación de mujeres en otros países”. Palabras de Ángeles Álvarez, miembro de estas dos plataformas y exdiputada del PSOE, para quien está claro que aunque se realice en territorios donde es legal “el primer contrato que firman quienes alquilan el cuerpo de una mujer para llevar a cabo esta práctica se rubrica en España; pueden llamarlo contrato de información, de asesoramiento o como quieran, pero esos despachos de abogados o agencias de intermediación -que se dan de alta en el Registro Mercantil bajo los epígrafes más variados- lo que tienen montado son negocios a costa de derivar clientes a clínicas que están en esos terceros países”.

“Ya no vale con pronunciarse en contra, las autoridades tienen que actuar”

  Explica Ángeles Álvarez que han detectado tres elementos que fomentan la maternidad subrogada: la presencia de agencias intermediarias en España, la publicidad con la que difunden su actividad y, sobre todo, la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se permite inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos por gestación subrogada, que consideran el “caballo de Troya” contra la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida que prohíbe esta práctica “abriendo la puerta a que se produzca esa explotación de la mujer por parte de ciudadanos españoles en terceros países”. Dan un dato, facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una pregunta parlamentaria, que dicen que lo demuestra sin lugar a dudas: entre 2008 y octubre de 2010 se tramitaron en el Registro Civil del Consulado de España en Los Ángeles 8 solicitudes de inscripción de niños nacidos de vientres de alquiler, siendo todas denegadas; desde que se publicó la instrucción hasta 2017 se inscribieron 406 bebés. Aseguran que esto prueba que la instrucción fomenta la práctica porque la facilita, y eso teniendo un rango inferior a la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que en su artículo 10 dice que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero: “Es un despropósito que lo que es una orden en la que se dan pautas a los funcionarios para que resuelvan cómo actuar esté puenteando a la propia ley, porque si algo es nulo de pleno derecho significa que no tiene reconocimiento oficial y las autoridades se lo están dando a través de ese caballo de Troya, algo contradictorio e intolerable”.

  ¿Cómo se soluciona esto? La RECAV y No Somos Vasijas defienden que a los menores hay que registrarlos, “no podría ser de otro modo, no puedes dejarlos en el limbo”, pero ponen el ejemplo de Alemania que “prácticamente ha acabado con el alquiler de vientres al decidir que los menores nacidos por este método que cruzan la frontera con ciudadanos germanos queden bajo custodia del Estado; no se le permite a quien contrató esta práctica en otro país asumir la patria potestad. Así se le garantizan todos los derechos al niño sin dejar puertas falsas por las que colarse”. Para las dos organizaciones es la mayor sanción posible y la más efectiva. Se quejan de que la ley que prohíbe la gestación por sustitución en España no vaya acompañada de un régimen sancionador para quien la incumple; esa es una de sus principales reivindicaciones, que el alquiler de vientres sea una práctica punible, “porque la norma deja margen para la interpretación”. También demandan que se anule la orden de 2010 y que se prohíba toda actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso a esta práctica en terceros países, multando a las agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y a los profesionales independientes “que promueven algo que es ilegal”. Exigen además cambios en la Ley General de Publicidad para que cualquier “propaganda” al respecto se considere ilícita. Para ellas la pregunta que hay que hacerse es si están las autoridades españolas dispuestas a seguir dejando abierta la puerta de atrás, como sucede ahora, mientras hacen discursos contra el alquiler de vientres: “Les pedimos coherencia, que actúen, porque ya no vale con pronunciarse en contra; si se rechaza hay que llevar a cabo acciones, empezando por aquellas que acaben con los proxenetas reproductivos. Porque sin duda hay connivencia institucional, se habla pero no se actúa, y eso no es admisible”, concluye Ángeles Álvarez.

“Un negocio de los de mayor proyección de futuro si no se le pone freno”

  “Se trata de un negocio en el que se explota a mujeres para que tengan niños para terceros”; es como lo define, indignándose al escuchar a las “asociaciones de contratantes” diciendo que también ellas han denunciado casos de mala praxis y reclamándole al Gobierno que, si quiere ponerles fin, regule la práctica: “La primera mala praxis es el hecho de que demandes que una tercera persona se ponga a tu disposición para quedarse embarazada y dar a luz a un niño que le será arrebatado de inmediato, porque eso es explotación pura y dura”; lo compara con la prostitución, entendiéndolo como “dos formas distintas de explotación de la mujer (una con fines reproductivos y otra con fines sexuales) por parte de quienes consideran que su cuerpo es un bien colectivo que puede ser de uso público”.

  Las asociaciones feministas afirman que eso atenta contra los derechos de las mujeres en su conjunto al verlas como un simple elemento a disposición de cualquiera que tenga dinero para comprarlo, alquilarlo o hacer un uso temporal de alguna de sus capacidades. Denuncian que la cuestión de fondo es “el machismo puro y duro” que pretende que la mujer desaparezca del proceso de filiación, que quiere que lo único que se tenga en cuenta sea la fecundación, la única fase en la que participa el hombre, eliminando aquellas en las que ella es la protagonista (gestación y parto), convirtiéndola así en una simple vasija sin ningún derecho sobre el bebé que ha gestado y parido: “Desaparece por completo el único ser humano que participa en todo el proceso y solo cuentan los que ponen el dinero que, por cierto, se llevan los intermediarios porque las mujeres -dependiendo del país- solo reciben entre el 10% y el 20%”. En la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres y en No Somos Vasijas llaman a hacer lecturas más allá de la “mera explotación inmediata”, convencidas de que el objetivo último es “legalizar una industria que comercializa con nuestra capacidad reproductiva -y por lo tanto con nuestras vidas- en beneficio de terceras personas. Un negocio que, con una estructura montada alrededor de la reproducción asistida, se aprovecha de las mujeres; un negocio que, sabiendo que cada vez hay más población con problemas de fertilidad y que en España se realizan más de la mitad de las donaciones de óvulos de Europa, tiene una enorme proyección de futuro si no somos capaces de frenarlo”. De hecho, Ángeles Álvarez destaca que clínicas del norte de Europa se están instalando aquí para iniciar todo el proceso de comercialización de óvulos y esperma porque los intereses económicos “son brutales”.

  Ante las críticas de quienes contratan y/o apoyan esta práctica, quienes están en contra afirman que ni el suyo es un discurso de odio ni su intención es estigmatizar a los menores, y denuncian que “son ellos quienes los exponen para intentar lavar su imagen, para tratar de vendernos como algo maravilloso lo que no es más que otra forma de explotar el cuerpo de la mujer”.

“Aquí y ahora debería darnos VERGÜENZA”

‘Si aquello a lo que llaman infierno existiese no creo que fuese muy diferente de este lugar en el que faltan el espacio, la comida, la higiene y el saneamiento mínimos, la ayuda sanitaria y las oportunidades pero sobran las disputas, amenazas, violaciones, llantos y racismo (…) En Moria non hay lugar para el descanso’. Es lo que escribía hace unos días sobre el campo de refugiados en el que pueden estar hacinadas hasta siete mil personas, muy por encima del doble de su capacidad, Margarita Moreno Toledo, estudiante de Medicina en Albacete recién llegada de la isla griega de Lesbos. Estuvo allí como voluntaria por segundo año consecutivo y le dolió mucho comprobar que en doce meses la situación no había mejorado ni un ápice: “Es horrible, horrible; y es incomprensible y vergonzoso que Europa esté permitiendo que seres humanos estén en unas condiciones tan lamentables en su propio territorio; lamentables hasta el punto de que hayan tenido que levantarse carpas y tiendas fuera del recinto porque dentro era ya imposible o incluso de que haya refugiados que prefieran malvivir en el monte antes que estar en Moria”. Así de duro y así de real, a sólo unas horas de España en avión: “Aunque ya prácticamente no se hable de ello en los medios de comunicación un día tras otro, todos y cada uno, siguen arribando a Lesbos embarcaciones precarias de todo tipo repletas de mujeres, de niños, de mayores y de jóvenes en busca de una mínima oportunidad que les permita tener un futuro. Llegan en condiciones deplorables y sin ninguna pertenencia, porque las mafias a las que han tenido que pagar miles de euros por un viaje al que quizás no sobrevivan aprovechan el espacio que hay en los botes para meter a todos los que pueden, encajados como animales entre docenas o cientos de otros seres humanos en su misma situación, y tan pronto pisan Moria se encuentran con una realidad casi peor que aquella de la que tratan de huir y que parece perseguirles”. Una realidad -nos cuenta- en la que sus problemas de salud se minusvaloran porque son refugiados, en la que muchas veces las raciones de comida que reciben no cubren ni siquiera sus necesidades nutricionales básicas y en la que hay quienes prefieren hacerse sus necesidades encima antes que ir a uno de los pocos baños del campo, por el peligro que eso puede suponer.

“Una muerte en vida”

Duele, entristece, acongoja, angustia… son verbos que Margarita Moreno utiliza para relatar lo que se siente al mirar a la cara a cada una de esas personas de las que hablamos como colectivo -refugiadas- pero que tienen su propia historia detrás, sus proyectos, sus ilusiones, sus familias… “exactamente igual que nosotros pero con una gran diferencia, que ellas están atrapadas, en un stand-by permanente, sin poder avanzar, viendo cómo su vida se atasca porque ni siquiera han tenido la entrevista en la que se jugarán todo su futuro puesto que del resultado va a depender que sean aceptados como solicitantes de asilo”. Lo compara con el tribunal de una oposición ante el que “en lugar de jugarte una plaza de nada te estás jugando tener una mínima oportunidad de vivir; y es vergonzoso que quien los entrevista tenga esa vida en sus manos al final de un proceso interminable y lento, muy lento, que les hace perder años de su existencia -se están dando citas a cinco años vista-, que hace en definitiva que estén perdiendo la vida o que la estén viviendo en condiciones que no permiten darle ese nombre: “Moria era antes una cárcel, ahora lo llaman campo de refugiados cuando se parece más a un campo de concentración donde lo que encuentras son personas muertas en vida”.

Esta estudiante de Medicina que ha estado en dos ocasiones en la isla griega como voluntaria del proyecto de la ONG Acción Directa Sierra Norte para proporcionar comida digna, saludable y completa a unos cuatrocientos refugiados del campo no entiende cómo puede haber quienes promueven el discurso del odio hacia los y las que huyen de la guerra, de ser niños soldado, de ser violadas o perseguidas por ir al colegio por el simple hecho de ser mujeres, de ser mutiladas, torturadas… Cree, y no es la única, que si pasasen solo unas horas en Moria cambiaría su forma de pensar y de sentir porque “en Lesbos duele mirar directamente a los ojos de la gente, duele conocer de primera mano sus historias personales de sufrimiento y darte cuenta de que podrías ser tú la que estuviese en su piel”. Historias como la de Alí, que estudió Ingeniería en Pakistán y cruzó el Mediterráneo para luchar por conseguir sus anhelos poniendo sus ganas de trabajar por encima de todo, “como me sucede a mí con la Medicina -dice Margarita-, y que permanece allí estancado mientras yo paso de curso cada año. Ser consciente de eso te ayuda a sacarte la venda de los ojos y a relativizarlo todo, te lleva a mirar más allá de tu ombligo”. Le gustaría que aquellos que lanzan soflamas contra los migrantes y refugiados instando a quienes los apoyan a llevárselos a casa pisasen Moria para conocer cada caso: el de esa mujer que ha quedado embarazada después de ser violada; el de ese chaval que va descalzo porque ni zapatos tiene que hace que te veas cuando tenías su misma edad y disfrutabas de una infancia que nada tiene que ver con la que él está teniendo; o el de ese anciano que te lleva a pensar en tus abuelos en el pueblo, felices en la última etapa de su vida, mientras él ha pagado miles de euros arriesgándola por una oportunidad que podría quedarse en nada. “Por eso digo que si estuviesen ya no un día sino solo unas horas allí quizás entenderían de qué estamos hablando”.

“Supongo que nadie que pisa Lesbos puede irse del todo de allí”

Habla de la patria de Safo pero sabe que la reflexión puede ser válida para muchos otros sitios en los que hay gente sufriendo lo indecible, porque una vez has conocido esas historias tan tremendas te penetran de tal forma que pasan a formar parte de ti: “Es inevitable no acordarse cada dos por tres de la situación en la que están, de ese dolor, de lo que te han contado y de lo que has podido ver con tus propios ojos. Piensas que mientras tú estás rodeada de comodidades, mientras tú con tu DNI español puedes moverte a tu antojo ellos, por haber nacido en un lugar determinado, por su punto de partida, siguen atrapados y angustiados a la espera de esa ansiada oportunidad para poder demostrar lo que valen”. Han pasado diez días desde su vuelta a casa y explica que cuesta encajar cada cosa en su sitio, llevará tiempo: “Es un choque de realidad brutal que tenemos aquí al lado, pero me doy cuenta de que a mi alrededor muchos lo ignoran, bien porque nunca se han parado a pensar en ello o porque no es agradable y es más fácil obviarlo. Tod@s deberíamos ser conscientes de que esto está sucediendo no lejos de nuestros hogares, de que a la vuelta de la esquina estas personas necesitan ayuda porque ya no es que su realidad no mejore sino que empeora”.

Le dan mucha rabia la inacción de los Gobiernos europeos, la falta de solidaridad y de empatía, la indiferencia ante las muertes de miles de personas que podían haberse evitado, las políticas de externalización del control de fronteras dejándolo en manos de países en desintegración como Libia y las de cierre de puertos, el mantra que repite la extrema derecha de que ONGs como Proactiva Open Arms, Médicos Sin Fronteras o SOS Mediterranée son cómplices de las mafias por rescatar migrantes en peligro de muerte: “O los dejas morir o eres cómplice de los traficantes de personas. ¿Cómo puede pensar alguien así?” Urge a los Estados a que cambien esas políticas que están matando seres humanos y se queja de que “no están haciendo nada por evitarlo, ni por acoger a los que sobreviven, mucho menos por ofrecerles esa oportunidad para asegurarse un futuro”. Esa respuesta que no están dando supone para ella una tremenda injusticia: “No entiendo que nos avergoncemos del Holocausto pero no de lo que está pasando aquí y ahora; seguro que nos causará una profunda vergüenza cuando, dentro de unos años, lo leamos en los libros de Historia pero eso -VERGÜENZA- es lo que tendría que estar dándonos a tod@s en este presente”.

P.S. La fotografía que ilustra el artículo la ha quitado Margarita Moreno Toledo en Lesbos y el dibujo que incluye lo ha hecho uno de los muchos niños que ha conocido allí.

“La soledad es una. Nosotros somos más”

El hecho de que nadie se percate de la muerte de una persona, de que ni sus familiares, ni sus amigos, tampoco sus vecinos, la echen en falta hasta que el olor nauseabundo que sale de su domicilio lo impregna todo, o hasta transcurrido un tiempo impensable, dice mucho de nosotros… como personas y como sociedad, que vamos a lo nuestro, que no nos preocupamos por los demás; también de las administraciones, que no hacen lo suficiente para ayudar o atender a una parte de la ciudadanía o no responden como deberían a sus necesidades. Porque no se trata de casos aislados sino de un patrón que se repite semana tras semana a lo largo y ancho del país, sobre todo en entornos urbanos; en la España rural que aún resiste a la despoblación la gente mira por aquellos que tiene cerca. Más de dos millones de personas mayores viven solas en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, siendo prácticamente tres de cada cuatro mujeres, y el 59%, atendiendo a las cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, siente soledad: no es una opción que haya elegido, no le ha quedado otra. Y esto sucede con una población en la que uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años y sabiendo que antes de medio siglo se calcula que serán ya uno de cada tres, sin perder de vista que estamos en el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Las muertes de mayores que, sin haberlo querido así, viven solos “son la punta del iceberg” de una realidad que tod@s debemos afrontar y que tod@s deberíamos intentar cambiar porque no va a desaparecer, más bien al contrario. Hay que actuar y hay que hacerlo cuanto antes, por no decir que ya tendríamos que haberlo hecho. Organizaciones como Grandes Amigos llevan dieciséis años en ello.

Envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de sus derechos

Esta ONG proporciona compañía, afecto y amistad a esos mayores que sienten soledad no deseada y a los propios voluntarios, porque es algo recíproco con lo que las dos partes salen ganando, con el intercambio de conocimientos, de experiencias, de historias vividas… Explican que sus objetivos son mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, permitirles envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de todos sus derechos, promover su participación en el día a día de su entorno, barrio y ciudad y, por supuesto, derribar los estereotipos de edad y defender su valía trasladando una visión empoderada y realista de quienes siguen teniendo mucho que aportar para que la sociedad continúe enriqueciéndose con su contribución: “Somos una herramienta de participación ciudadana en la que todos ganamos porque sirve para mejorar la vida de los mayores, para dignificar el envejecimiento y para construir entre todos una sociedad más inclusiva, siendo además una forma saludable y enriquecedora de prevenir nuestra propia soledad y de aprender a mirar el envejecimiento como una etapa de continuidad en el proyecto de vida personal, no como el declive”, aseguran. Una labor fundamental la de ayudarles a combatir esa soledad impuesta/obligada teniendo en cuenta que los especialistas advierten que es un factor de riesgo para la pérdida de autoestima, la depresión, el deterioro cognitivo, la demencia, los problemas de movilidad, la debilitación del sistema inmunológico, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares e incluso la mortalidad temprana.

Grandes Amigos está presente en siete localidades de tres Comunidades Autónomas (Galicia, Madrid y Euskadi) en las que acompaña a más de ochocientos cincuenta mayores. Cuenta con más de novecientas personas voluntarias y con trescientos cuarenta voluntarios corporativos de empresas, y tiene más de mil quinientos socios y donantes. Su máxima es que la soledad no deseada “no se arregla pagando a alguien para que te haga compañía sino con amistad voluntaria, recíproca y sin contraprestaciones” y ahí entran ell@s en juego: la persona voluntaria queda por lo menos un par de horas a la semana con el mayor que está solo para charlar, para pasear, para realizar visitas culturales o talleres, para participar en meriendas en el barrio, en fiestas…, también durante las vacaciones de verano, porque la sensación de soledad aumenta en verano. Por eso han puesto en marcha -hasta principios del mes que viene- una campaña con la que apelan a la colaboración para poder llevar unos días de vacaciones a unos cincuenta mayores, para que conozcan y convivan con otros mayores y voluntarios. Como Tecla, su protagonista, que a sus 82 años y siendo una gran luchadora “tiene la maleta preparada para hacer realidad su sueño a la espera de que tú la ayudes a conseguirlo”.

Grandes Vecinos o la importancia de las redes vecinales

Otro de sus proyectos destacados es Grandes Vecinos, en el que participan casi un tercio de los mayores que están en Grandes Amigos: redes formadas por tres o cuatro vecinos de la persona mayor que empieza a sentirse sola de manera que cada uno de ellos está pendiente, queda con ella para compartir distintas actividades en el barrio, quedando también en grupo con otras redes vecinales del vecindario: “Recuperando las relaciones vecinales prevenimos situaciones de soledad o aislamiento social y promovemos la contribución de esos mayores a la vida del barrio, al tiempo que fomentamos los encuentros intergeneracionales y el apoyo mutuo. Conseguimos beneficios para todos, no solo para los mayores, porque esas relaciones también hacen crecer y enriquecen a las personas voluntarias además de ayudarles a aprender a gestionar la soledad por la que todos pasaremos en algún momento”.

El número de personas que viven solas va en aumento y cuando no es algo buscado, se convierte en un fenómeno que puede acabar afectando a la calidad de vida, a la dignidad e incluso a la salud de los mayores, “muchos de los cuales envejecen sin quererlo sin lazos familiares, de amistad o de vecindad, que les permitan mantener un contacto frecuente con alguien próximo, lo que hace que se multipliquen las posibilidades de que sientan esa soledad no deseada que los lleva al aislamiento y a sufrir y morir solos pudiendo pasar semanas, meses e incluso años hasta que alguien se dé cuenta. Como Amanda, una mujer de 83 años cuyo cadáver fue encontrado hace unos meses momificado en su casa del distrito madrileño de Salamanca, o como María Amparo, cuyo cuerpo se localizaba también momificado en 2018 en su vivienda del barrio valenciano del Cabanyal. Personas que, alertan los expertos, acaban muriendo de soledad.

Por eso urge una mayor implicación de las administraciones, de la sociedad y de los ciudadanos y ciudadanas que la conformamos: “Prevenir la soledad y paliar sus efectos es un reto de tod@s y cada un@ de nosotr@s que, con pequeñas acciones individuales, podemos cambiar la vida de los mayores que viven en nuestro entorno”, dicen en Grandes Amigos. Podemos y tenemos que cambiar el futuro.

P.S. En www.grandesamigos.org tenéis toda la información sobre quiénes son, qué hacen y cómo colaborar con Grandes Amigos. También los encontraréis en Facebook y Twitter.

“La sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población y está sucediendo a diario”

“No parece razonable que casi cuatro millones de personas, cerca del 9% de la población del país -a las que habría que sumar sus familias-, sean excluidas de las políticas públicas y de los derechos que tienen el resto de los españoles pero, lamentablemente, eso está sucediendo cada día, lo que demuestra la dificultad de ser ciudadanas y ciudadanos como los demás…en pleno siglo XXI”. Hablamos de las personas con discapacidad y quién así se pronuncia es Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de ocho mil asociaciones y entidades.

Nos explica que sucede cuando se promueve la esterilización de mujeres discapacitadas, supuestamente para protegerlas de embarazos no deseados, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Y cuando en lugar de garantizarles igualdad en la capacidad jurídica con la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones se permite que sean incapacitados legalmente, en contra de lo exigido por la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o cuando no se garantiza el derecho a la inclusión educativa que marca la propia Convención de la ONU. Lo mismo pasa al mantenerse aún hoy en día en la norma marco de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 49 de la Constitución referido a los derechos del colectivo, el término ‘disminuidos’ para referirse a ellos (el Consejo de Ministros sacó adelante el anteproyecto de reforma que lo modifica tanto desde el punto de vista del lenguaje como del contenido, pero no llegó a aprobarse en las Cortes antes de que acabase la Legislatura). ¡Qué decir cuando tienen dificultades o directamente no pueden ni siquiera salir de su vivienda o realizar determinados trámites porque se incumplen los mandatos legales en materia de accesibilidad universal!; también, por ejemplo, en el caso del transporte ferroviario, que todavía no tienen asegurado al cien por cien. Se les excluye al impedir a niños y jóvenes discapacitados participar en igualdad de condiciones con los demás en campamentos de verano, limitando su derecho a disfrutar de actividades recreativas de esparcimiento… Y podríamos seguir. “Elementos trascendentales, aspectos substanciales y de gran envergadura en el día a día de las personas en los que España, a pesar de haberse dotado de normativa para ello, suspende o necesita mejorar mucho”, según Óscar Moral. Tareas pendientes para el Parlamento y para el futuro Gobierno que deberían estar resueltas hace tiempo -apuntan desde CERMI– a las que hay que sumar la necesidad de impulsar una modificación de la Ley de Subvenciones para que no puedan concederse ayudas públicas a aquellas empresas que no cumplen con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2% para las que tienen más de cincuenta trabajadores, “porque da la sensación de que incumplir sale gratis”. Por no hablar de que para algunas cuestiones básicas la localidad o la Comunidad Autónoma en la que se viva resulta determinante: “Eso no se puede permitir y nos demuestra que nos queda todavía mucho por avanzar”.

Miles de personas sin acceso al servicio de emergencias

Hace solo unos días la Comisión Europea le sacaba los colores a España al abrirle un procedimiento de infracción por la falta de accesibilidad del servicio de emergencias 112 para aquellas personas con discapacidad sensorial, sordas y sordociegas. A la pregunta de si están satisfechos, en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad responden que lo estarían si el teléfono que se puso en marcha hace ya veintidós años fuese plenamente accesible, como vienen reclamándoles desde hace tiempo a las administraciones: “Lo que nos gustaría es que se nos hubiese tomado en serio, porque creo que en ocasiones no ha sido así, y que se hubiesen implementado las medidas necesarias para que el 112 fuese accesible para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso no sucede por la diversidad de protocolos, porque en algunos casos no hay respuesta, porque en otros la que se da no es satisfactoria y porque cuando se cambia de Comunidad Autónoma hay respuestas que no sirven. Y aunque competencialmente es una cuestión que depende de los Ejecutivos autonómicos, el responsable último es el Gobierno central”.

Aplauden el hecho de que Bruselas haya tomado cartas en el asunto y esperan que las autoridades se apliquen para solucionar este tema a la mayor brevedad posible, “porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, lo que significa que lo único que se necesita es voluntad política”. Esperan que lo resuelvan antes de que se produzca un caso fatal y antes de que la Comisión Europea le imponga sanciones a España “que es algo que no queremos”, dice su asesor jurídico. “Lo que queremos es que una herramienta que facilita asistencia en una situación de riesgo personal o colectivo pueda ser utilizada por todos los ciudadanos, puedan o no oír e independientemente de dónde residan. Hay que tener además en cuenta que nos movemos por todo el país -y por el resto de Europa, donde también existe el 112- que viajamos, que nos visitan personas procedentes de otros Estados comunitarios…, y las personas sordas y sordociegas no pueden echar mano en condiciones de igualdad, con seguridad y garantías de un servicio de emergencias que el resto sí tenemos a nuestro alcance, lo cual es muy grave”.

En defensa propia

CERMI recibe cada año entre cuatrocientas y cuatrocientas cincuenta consultas y/o denuncias por vulneración de derechos: la gran mayoría se refieren a temas de accesibilidad universal pero también a cuestiones relativas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, o al acceso al mercado laboral, sobre todo de la mujer; últimamente han registrado un aumento de las que tienen que ver con delitos de odio: destacan que, atendiendo a los datos del Ministerio de Interior, son el colectivo que ha experimentado un mayor incremento en el número de denuncias presentadas y avisan de que “el problema es mucho más grave porque la mayoría de las víctimas no denuncian”.

Óscar Moral nos cuenta que muchos de los casos de discriminación que se producen son fácilmente subsanables por aquellos a quienes corresponde: “Situaciones que entendemos que no son fruto del quebrantamiento de una norma con dolo, con deseo de saltársela, sino por desconocimiento, que podrían resolverse sin necesidad de que el afectado tenga que emprender acciones legales, porque son muy pocos los que pueden llevar a los tribunales vulneraciones de derechos”. Para facilitar la denuncia y agilizar la resolución de estos casos ponen en marcha una nueva aplicación para dispositivos móviles, En defensa propia: explican que ofrece a cualquier persona conocedora o que sufra algún tipo de discriminación información sobre cómo empoderarse para poder denunciarlas, además de darle la posibilidad de hacerlo. “Evidentemente sus principales destinatarias son las personas discapacitadas pero pueden descargarla familiares, amigos y todo aquel que entienda que una determinada situación perjudica o puede perjudicar a alguien con discapacidad”. Así lo señala su asesor jurídico, que insiste en que de lo que se trata es de “que aquellas cuestiones que pueden generarles grandes dificultades en su día a día pero que son fácilmente subsanables puedan solucionarse cuanto antes, pero también de que aquellas de mayor envergadura sean perseguidas y sancionadas cuando sea el caso”. En CERMI dicen que esta app, que sustituye a una primera iniciativa que veía la luz hace siete años, “incluye mejoras técnicas, en el propio diseño y en los contenidos, con más información y una mayor facilidad para interaccionar con ella, al tiempo que amplía el espectro a todas las personas con discapacidad al contar con versión en Lengua de Signos y en lectura fácil”. Porque la defensa activa de derechos es fundamental para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, y sin inclusión lo que hay es discriminación.