Acerca de vocesautorizadas

Una periodista que sigue queriendo hacer aquello a lo que nunca renunció: servir de altavoz a toda la gente que, como yo, está dispuesta a luchar para que las cosas cambien para tod@s

“Como no votan, sus problemas son secundarios. Hacen falta ya políticas que los pongan en el centro”

Hace unos días han tenido lugar en España unos nuevos comicios generales y el próximo domingo 26 vamos a celebrar las elecciones municipales, autonómicas -en doce Comunidades- y europeas que estaban previstas para este año. Todos los partidos han incluido e incluyen de nuevo en sus programas electorales medidas dirigidas a la infancia, pero esta parte de la población y la problemática que le afecta no han estado ni están presentes en los mítines de los candidatos ni, por supuesto, tampoco en los debates electorales. Para Save the Children esto significa que “a pesar de que parece que los políticos tienen intención de que la situación cambie queda todavía mucho trabajo por concretar, mucha pedagogía que hacer para que entiendan que las niñas y los niños son importantes”; y dicen que ya es hora de que tomen conciencia de todo lo que los menores necesitan y a lo que tienen derecho, en palabras de Carmela del Moral, analista jurídica de Derechos de la Infancia de la ONG.

¿Por qué no hay prisa por resolver sus necesidades?

  La responsable del informe ‘La infancia marca’ destaca que el concepto de ‘niño’ como sujeto de derechos es algo relativamente reciente, porque durante mucho tiempo se les veía únicamente como parte de la familia; se entendía que “requerían protección pero no se les trataba como un colectivo con necesidades y derechos propios”. Asegura que “aún hay gente que los sigue viendo así”, por difícil que pueda parecer, y para ella una de las razones que lo explican -“triste pero real”- es que las niñas y los niños no votan: “no son un colectivo al que tratar de contentar desde un punto de vista electoral; existe un gran consenso político, todas las formaciones están dispuestas a actuar…, pero cuando hay que convertir esas buenas intenciones en políticas concretas cuesta mucho porque, como no votan no hay prisa por dar respuesta a los problemas que les afectan, y como todavía hay quien sigue sin verlos como ciudadanos de pleno derecho parece que las reivindicaciones que se hacen por y para ellos son secundarias”.

  Carmela del Moral denuncia que la situación de la infancia sigue estando demasiado invisibilizada, lo ha comprobado por enésima vez en el transcurso de la realización del informe, principalmente a la hora de buscar datos para poder llevarlo a cabo y mostrar cómo ha cambiado su situación en los últimos cien años, algo que ella misma explica como “un reto”. Y eso es porque “La infancia suele quedar fuera de las políticas pero también de los análisis y de los estudios, por lo que faltan muchas lagunas por llenar”. Afirma tajante que existe una gran invisibilidad de sus necesidades y pone ejemplos: “Lo que ha costado que se hable de pobreza infantil y se reconozca que en España -que es una de las potencias del euro- afecta a más de uno de cada cuatro niños (28,3%), según los datos de Eurostat, porque no hace mucho se negaba su existencia: “Esta es una realidad difícil de afrontar, cuesta aceptarla políticamente, pero hay que enfrentarse al problema e intentar solucionarlo”, en ese sentido valora que el anterior Gobierno crease la estructura del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que confía en que mantenga el próximo Ejecutivo. Menciona también determinadas formas de violencia contra menores “que en muchos casos siguen practicándose como herramienta educativa”, y se queda con el reciente compromiso del Congreso -con el apoyo de todos los partidos- de ponerse a trabajar en una Ley contra la violencia infantil.

Hay que empezar a actuar desde ya mismo

  Ese es uno de los primeros deberes que Save the Children le pone al futuro Gobierno: abordar esta lacra y aprobar cuanto antes una Ley de Protección Integral frente a cualquier forma de violencia contra la infancia; recuerda Carmela del Moral que el anterior la dejó a medidas, espera que completarla sea una de las prioridades del próximo, y que cuente después con los votos de todas las formaciones. También le reclaman que “empiece a desarrollar políticas que sitúen a las niñas y los niños en el centro” para acabar con las “alarmantes” cifras de pobreza infantil: consideran básico que se incremente la prestación por hijo a cargo para las familias más vulnerables hasta los 100 euros mensuales (150 si son ‘monomarentales’, porque son las que tienen un riesgo de exclusión muy superior). Le demandan avances en educación recordándole -y recordándonos- que aunque en España existe un acceso universal a ella y las tasas de analfabetismo se han reducido radicalmente “la educación no es equitativa, puesto que la situación socioeconómica de la familia influye notablemente en la trayectoria académica y, por tanto, los resultados no serán los mismos”, por eso consideran esenciales la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la mejora del sistema de becas.

  Otra de sus principales reivindicaciones es que el futuro Ejecutivo no desatienda el capítulo migratorio, “que no olvide que de España han salido muchas niñas y niños como emigrantes a lo largo de la historia y que afronte como es su deber la situación de la infancia migrante”. Para la ONG es imprescindible que empiece por tratar a los menores migrantes no acompañados como menores antes que como extranjeros para conseguir que se integren, y que mejore los sistemas de protección, “que no tienen unos estándares mínimos de calidad”; y llaman a los Gobiernos autonómicos a corresponsabilizarse a la hora de gestionar estos movimientos. Finalmente suman al capítulo de retos todo lo que tiene que ver con el comercio de armas “porque puede hacerse más para evitar que caigan en manos de quienes las puedan utilizar en zonas de conflicto, causando daño a la población, en especial a los más pequeños”.

“Porque la infancia determina el futuro, el del propio menor y el del país”

  Para Carmela del Moral, lo dicho hasta ahora tendría que ser suficiente para que los menores estuviesen en el centro de las políticas de los poderes públicos pero, por si no lo fuese, añade razones económicas: destaca que está demostrado que la inversión en los primeros tres años de vida (en educación, en protección social, en salud…) es la que tiene una mayor rentabilidad, porque acabarán siendo adultos más y mejor integrados y con mejores perspectivas laborales; además pone el acento en que hay estudios que concluyen que la violencia contra la infancia puede llegar a costarle al país hasta el 1% del PIB: el no tratar prevenirla hace que los posteriores costes de recuperación, las terapias, la peor situación profesional cuando sean adultos… “acabe incidiendo de forma negativa en la macroeconomía”. En Save The Children se quejan de que España invierte la mitad de lo que lo hace la media europea en políticas de infancia: “No se mira al futuro, no se tienen en cuenta los beneficios que suponen para los menores las políticas pensadas por y para ellos (lo que significa invertir en ellos, porque ese período determinará el resto de su vida); y si no lo hacen por las niñas y los niños, que es por quienes deberían hacerlo, que lo hagan por lo menos por un sentido de desarrollo económico del país”, apunta esta analista jurídica de Derechos de la Infancia.

  Para hacerles reflexionar, en paralelo al informe “La Infancia Marca”, la ONG    -tirando de imaginación- ha creado una campaña sobre cuál podría ser la realidad de los principales dirigentes políticos hoy en día si hubiesen nacido en un hogar sin recursos, y consecuentemente hubiesen tenido menos oportunidades, porque la infancia marca tanto que “alguien que nace en una familia con bajos ingresos tarda hasta cuatro generaciones, 120 años, en prosperar”: Pedro Sánchez sería mantero, Pablo Casado mecánico, Albert Rivera jornalero, Pablo Iglesias chatarrero y Santiago Abascal estaría pidiendo en la calle. Explica Carmela del Moral que “buscábamos llamar su atención, en cierto modo picarlos un poco. No teníamos claro cómo iban a reaccionar, pero al final ha sido un éxito porque se han sentido identificados; ahora esperamos que, más allá de la anécdota y de compartir la idea haya compromisos reales y la infancia esté presente en los pactos de Gobierno”. Y no solo reclaman más implicación a los políticos sino a toda la ciudadanía: “necesitamos más empuje social, que se tome conciencia de que los menores son responsabilidad de tod@s; tiene que haber una mayor conciencia social, así como una mayor conciencia política”. Nos piden que no olvidemos que las niñas y los niños no tienen la culpa de nada de lo que pasa pero lo padecen; recuerdan que “no han protagonizado los hitos del último siglo pero que, en muchos casos, sí han sufrido sus consecuencias”. Un siglo dando la batalla por la infancia y sus derechos es lo que cumple este año Save the Children y anuncian que piensan seguir con la lucha “el tiempo que haga falta”.

“Enfermedades ocultadas, pacientes abandonados y maltrato INSStitucional”

Imagine que un documento oficial sobre determinada o determinadas enfermedades recoge información obsoleta y desactualizada sobre ellas, arbitrariedades o falsedades y recomendaciones terapéuticas que se hubiese demostrado que van en contra del bienestar del paciente, dejándolo desamparado. Piense que se trata de patologías poco reconocidas que se están investigando y sobre las que ya existen evidencias científicas, pero que hay profesionales que las siguen considerando dolencias imaginarias y que en el escrito se incluye un trastorno relacionado con el ámbito psiquiátrico, pudiendo resultar un tanto malicioso. Suponga que en el texto se estén utilizando expresiones como ‘médicamente inexplicable’ cuando eso no es cierto o se diga que, como no tiene cura, quien la sufre debe incorporarse a su puesto. Figúrese que estamos hablando de un documento para distribuir entre los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y entre los médicos de Atención Primaria sabiendo que es lo último que hay a nivel oficial y que, además, no existen guías clínicas que las engloben a todas para orientarlos. Todo esto, cada una de las hipótesis que hemos propuesto, es lo que denuncia la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad Magnética (Confesq) sobre el contenido de la Guía publicada por el INSS el pasado mes de enero detallando estas patologías, su diagnóstico y tratamiento, así como las indicaciones sobre los plazos de incapacidad laboral -temporal y permanente- y la evaluación de las mismas. Una Guía de Actualización en la Valoración de estas dolencias en la que también aseguran que la Administración “se ha saltado” la norma extendida entre las instituciones sanitarias de poner en el centro al paciente, que debe participar en todos los procesos que le afectan, y en la que “no ha contado” con las sociedades de especialistas que lidian con ellas a diario. Lo dice la vicepresidenta de la entidad, María López Matallana, explicando que exigen su retirada inmediata “por las consecuencias que tendrá para los enfermos, no solo desde el punto de vista de los procesos de solicitud o revisión de incapacidad laboral sino también a nivel de salud”. Tienen el apoyo de más de ciento setenta asociaciones de afectados por estas y otras enfermedades, de unos setenta profesionales del ámbito médico y social, de la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (SEFIFAC), y de las casi 25.000 personas que han firmado hasta el momento su petición en la plataforma Change.org. Para mañana, jueves 9 de mayo, han convocado concentraciones ante 33 delegaciones provinciales de la Seguridad Social y avisan de que acudirán a los tribunales.

En defensa de sus derechos fundamentales

Estamos hablando de enfermedades que afectan a más de dos millones de personas en España, que van a llevar su caso ante la justicia porque entienden que la forma con la que se tratan estas dolencias en la Guía “empeora su situación social y laboral al tiempo que vulnera sus derechos fundamentales en materia de salud y atención sanitaria, así como el acceso a prestaciones y a la atención de los servicios sociales”.

Destaca la vicepresidenta de Confesq que se tarda entre dos y siete años en tener un diagnóstico desde que aparecen los primeros síntomas -en el caso de los niños pueden ser hasta 10- y añade que es fundamental conseguir un diagnóstico precoz para minimizar las repercusiones de la enfermedad; advierte que para que eso sea posible es clave contar con Unidades Multidisciplinares o, por lo menos, con personal sanitario suficientemente formado, también pediatras, y asegura que el documento del INSS busca justo lo contrario “porque no solo no les da herramientas a los médicos para que te ofrezcan salidas sino que lo que hace es negar la patología, y negándola nos niegan a quienes la sufrimos”. Explica que llevan más de veinte años peleando con las autoridades en lo que hasta ahora había sido una lucha personal, avalada por las asociaciones, sí, pero caso a caso, porque con estas dolencias “prácticamente la única forma de lograr que te reconozcan una incapacidad laboral o una discapacidad ha sido y es la vía judicial”; de hecho, recuerda que se están ganando muchos juicios, reconociéndose en los tribunales el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple como accidente laboral o admitiéndose la incapacidad permanente, incluso absoluta, a trabajadoras con fibromialgia. Y dice que ahora “por primera vez está por escrito negro sobre blanco lo que piensan en el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre nuestras dolencias, lo que nos permite llevarlos a los juzgados para rebatir todas las arbitrariedades que se recogen en la Guía, una a una, con informes médicos, con argumentos científicos y con resultados de investigaciones que hemos recopilado para elaborar un contradocumento con el que pretendemos dejarlos en evidencia”.

Recuerda María López Matallana que en los últimos meses se han reunido con responsables del Ministerio de Sanidad, del INSS y de la propia Guía, incluidos representantes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), con la que la dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social firmó el convenio para revisar la primera edición del Manual de Ayuda para la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad, cuya segunda edición estuvo lista en menos de mes y medio desde la publicación del acuerdo en el BOE; reuniones con el objetivo de trasladarles sus quejas y su demanda de retirada del texto, “a lo que se niegan minimizando su alcance, diciendo que solo es un documento interno y posponiendo cualquier cambio hasta que se publique la siguiente actualización”.

“Son enfermedades reales que están invisibilizadas”. ¿Por qué?

En Confesq denuncian que las suyas son enfermedades ocultadas, que ellos están abandonados y que ha quedado demostrado que existe un maltrato INSStitucional. ¿Por qué? Creen que puede ser por una cuestión de dinero, para evitar tener que conceder más incapacidades permanentes absolutas que permitan cobrar el 100% de la base reguladora, o totales, con el 55%; ven también una cierta indiferencia o desinterés hacia estas dolencias, “basándose muchas veces en prejuicios”; pero hay una cosa de la que están convencidos: de que “una de las razones por las que son dolencias tan contestadas, han tardado tanto en conocerse y se demora la investigación es porque afectan fundamentalmente a mujeres”, y afirman que así lo demuestra la Guía del INSS “que tiene un claro sesgo de género”.

Critican que, mientras todo el planeta va a conmemorar el próximo 12 de mayo el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, en España “se ningunee la importancia” de estas patologías, y ponen otras reivindicaciones encima de la mesa. Quieren que se invierta más en investigación y aplauden el “importante” avance logrado por un equipo de la Universidad estadounidense de Standford, que acaba de probar con éxito un método que permite diagnosticar la fatiga crónica con un análisis de sangre: una nueva prueba científica -dicen- de que la enfermedad es real, lo que les hace tener “esperanzas en que se concrete, pero sin dejar de ser realistas porque todavía queda mucho camino que andar”, según María López Matallana. Demandan avances en los tratamientos, “que no curan pero mitigan el dolor crónico, permitiéndote tener una mejor calidad de vida”. Reclaman que los médicos, “que deberían ser tus principales aliados, no te den la espalda” como sucede en demasiados casos, “porque cuando vas a la consulta acompañada de tus familiares y allí no se te da una salida o se te dice directamente que es un tema mental y te derivan a psiquiatría, no solo ellos dudan, sino que tú misma llegas a preguntarte si no lo estarás imaginando o estarás exagerando; y eso es terrible porque están negando la realidad, que es que padeces una enfermedad física crónica, como se está demostrando”. Exigen que la Administración les garantice los mismos derechos de los que gozan otros pacientes con patologías más reconocidas en los ámbitos médico, social, laboral y judicial, aclarando que se necesitan baremos actualizados en base a las últimas evidencias científicas para asignar los grados de discapacidad e incapacidad laboral. Y apuestan por redoblar la presión para que se elaboren Guías de Práctica Clínica, con recomendaciones que ayuden a profesionales y pacientes en la toma de decisiones informadas sobre la atención sanitaria más apropiada: ese es, según la vicepresidenta de Confesq, uno de los grandes problemas, “que no existe ninguna que las englobe a todas -ni del Ministerio de Sanidad ni de ninguna de las diecisiete Consejerías- por lo que si el facultativo de Atención Primaria o el inspector de la Seguridad Social no sabe nada o sabe muy poco sobre estas patologías y existe un documento oficial reciente, va a acudir a él y se va a fiar de lo que dice, pudiendo hacernos un enorme daño”. Por eso este año su principal reclamación es que se retire la Guía del INSS y van a dar la batalla hasta conseguirlo.

“Tenemos que velar por la libertad de prensa y porque, por justicia, el nombre de José Couso sea abanderado en esto”

Dieciséis años ya se han cumplido este mes de abril del asesinato de José Couso en Bagdad, en los primeros días de la invasión estadounidense de Irak que acabó con la caída de Sadam Hussein, y su familia no ceja en el empeño de conseguir ‘justicia, verdad y reparación’, derechos que viene reclamando desde entonces en cada aniversario, en cada acto de homenaje y en cada foro en el que les han dado voz en España y en otros países. ¿Qué es lo que les da fuerza para seguir luchando después de tanto tiempo? “Lo que nos mueve es el deseo de que se haga justicia, porque creemos en ella igual que en la verdad y en la libertad de información, valores que es necesario defender: sin prensa libre no hay democracia y nosotros creemos en la libertad y en la democracia, por lo tanto vamos a mantener la batalla mientras nos quede un soplo de vida”, responde Rafael Permuy López, uno de los tíos del cámara nacido en Ferrol que lo recuerda con orgullo como “un gran periodista, fiel cumplidor de su deber de informar, que fue asesinado en el acto de servicio propio de todo buen reportero que es dar fe de lo que está ocurriendo”, porque eso era lo que hacía en la capital iraquí, como ya había hecho antes en otras zonas de conflicto como Kosovo o Macedonia: “José no estaba en un balcón viendo la guerra, como un día me sugirió un antiguo coronel al que le dije que mi sobrino estaba allí transmitiendo lo que pasaba para que él y todos los demás se enterasen, nos enterásemos, y por esa razón lo mataron”. El día antes del crimen un ataque iraquí mataba al periodista español Julio Anguita Parrado, la prensa española se reunió entonces para ver qué hacer, y quienes lo vivieron destacan que José Couso fue de los que defendió quedarse sosteniendo que tenían que contar la historia completa, pues sin testigos nadie le contaría a la gente la suerte que corría la población iraquí. “Lo asesinaron porque, como el resto de la prensa, era una mirada incómoda”, afirma su tío; pero también lo dejó por escrito en uno de sus autos el juez Pedraz, que hizo todo lo posible para que los responsables fuesen juzgados: ‘Hubo un plan de EEUU para evitar que los numerosos medios de comunicación con enviados especiales en Bagdad informasen sobre las operaciones en curso en la toma de la ciudad’.

El recorrido judicial de un ‘crimen de guerra’

Aquel 8 de abril de 2003 las tropas estadounidenses dispararon contra la sede del canal de televisión Al Jazeera, contra la de Abu Dhabi TV y contra la planta 15 del Hotel Palestine, donde era por todos sabido que se alojaba la prensa internacional, por recomendación del propio Pentágono. Hubo 3 muertos: el jordano Tarek Ayub, en el ataque a la oficina de Al Jazeera, y en el ataque al hotel el cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y José Couso que, mientras pudo, repitió que habían sido los americanos. Ellos no lo negaron pero descartaron cualquier responsabilidad penal de sus soldados explicando que actuaron en respuesta a un posible ataque, algo que desmontó el magistrado de la Audiencia Nacional: “El proyectil que mató a mi sobrino fue disparado por un carro de combate desde el que prácticamente se podía ver el blanco de sus ojos”, asegura Permuy, y lo sabe muy bien, ya que fue comandante del Ejército. Y sus palabras cuentan con el aval de Santiago Pedraz que pudo comprobar in situ, ocho años después, que desde el puente sobre el río Tigris -donde el tanque permaneció horas apostado- se veía perfectamente el Palestine, y con el de los peritos que confirmaron que quienes allí estuvieron apuntando al establecimiento durante por lo menos diez minutos, según los informadores en la zona, ‘podían apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en las ventanas y balcones y los objetos que portaban’, como recoge el auto judicial. Que sabían a quién disparaban también lo demuestran las declaraciones de la entonces sargento de Inteligencia Militar Adrienne Kinne quien, tras ver una lista de posibles objetivos militares que incluía el Hotel Palestine, le recordó a su oficial superior que allí había periodistas alojados que pensaban que estaban a salvo; él le respondió que su trabajo era recopilar la información, no analizarla. “El juez pidió que viniese a declarar a España y por conducto no regular, le comunicaron que estaba aterrorizada porque había recibido presiones y graves amenazas”, relata Rafael Permuy.

Hasta en tres ocasiones procesó el magistrado a los tres militares que dieron la orden de disparar, la transmitieron y efectuaron el disparo -el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson-, llegando a imputar a dos oficiales superiores como supuestos ejecutores de esa táctica para silenciar a la prensa; la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, archivó en dos ocasiones el caso como ‘un acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado’, pero el Tribunal Supremo ordenó reabrirlo otras tantas veces hasta que, en 2014, el PP aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se reformó la jurisdicción universal, “lo que vino muy bien a los intereses económicos de España al aplacar a las autoridades chinas, muy molestas por la imputación de varios dirigentes por el genocidio del Tíbet”, apunta el tío del cámara de Telecinco. Santiago Pedraz se negó a archivar el caso al entender que los tratados internacionales firmados por España obligan a perseguir a los criminales de guerra allí donde estén, y la Audiencia Nacional le permitió seguir investigando hasta que se pronunció el Tribunal Supremo, dejando claro que los magistrados españoles solo tienen competencia para investigar y enjuiciar delitos cometidos en el extranjero si el procedimiento se dirige contra un ciudadano español o contra un extranjero residente habitual en España. La familia Couso Permuy se queja de que los convenios internacionales ratificados por el Estado, el derecho internacional, “son ahora papel mojado, y eso es muy triste y duro para nosotros”; añade Rafael Permuy López que “hay un principio jurídico fundamental con respecto a la entrega de nacionales a otros países que dice que ‘o juzgas o entregas’, y en el caso de José ni se juzgó a los presuntos asesinos en su país ni se los entregó a España; no hubo colaboración con la justicia española” a pesar de que existe un convenio de asistencia jurídica mutua: “EEUU no se somete al derecho internacional humanitario, al derecho de la guerra, quiere la impunidad para sus tropas y se ha demostrado lo que yo le dije en su día al entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy: que somos sus súbditos no sus aliados, que cumplimos sus deseos y mandatos”. Es más, recuerda haberle dicho que estaba convencido de que si hubiese sido él el oficial que hubiese dado la orden de matar a un informador estadounidense, su cabeza estaría en bandeja de plata en la mesa del Despacho Oval de la Casa Blanca.

Hace cuatro años, el juez Pedraz se veía obligado a proponer el cierre del caso y así lo señalaba en su auto: a pesar de que ‘existen suficientes indicios racionales contra los tres militares procesados, este crimen de guerra va a quedar impune’. Los familiares recurrieron al Supremo, que confirmó el sobreseimiento en 2016; acudieron entonces al Tribunal Constitucional por indicios de inconstitucionalidad en la reforma de la jurisdicción universal, al no haber una tutela efectiva y no ser todos iguales ante la ley y al ignorar la Convención de Ginebra, que en su artículo 146 apunta: ‘los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones consideradas graves y hacerlas comparecer ante sus tribunales sea cual fuere su nacionalidad’. Llevan dos años esperando su decisión y repiten que “La esperanza es lo último que pierde”, argumentando que “el hecho de que no se le haga justicia a un ciudadano español dejando un crimen impune echa por tierra la reforma de la justicia universal”, por eso consideran posible que el Constitucional “se decida a defender” los derechos fundamentales de un nacional. En caso contrario, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Todos los partidos se comprometieron a revisar la reforma”

La familia Couso Permuy no tiene dudas de que si se ha llegado a esta situación es por intereses económico-comerciales y por falta de voluntad política: afirman que los papeles que filtró en su día Wikileaks (de nuevo de actualidad por la “preocupante” detención de su fundador, Julian Assange) les dieron la razón al demostrar que los Gobiernos españoles -de un color o de otro- no solo les dieron la espalda, no exigiendo a EEUU una investigación independiente y no condenando el asesinato de José, “sino que maniobraron para impedir que se hiciera justicia, y eso dice muy poco de ellos”. Rafael Permuy tiene dos frases clavadas que no olvida: la pronunciada por la entonces ministra de Exteriores -Ana Palacio- afirmando que el asesinato del informador ferrolano no tenía entidad, y la que pronunció la que en aquel momento era vicepresidenta -María Teresa Fernández de la Vega- asegurando que los intereses de Estado estaban por encima del crimen.

Con la vista puesta en el futuro, les recuerda a los partidos políticos que en las reuniones que mantuvieron con los grupos parlamentarios a finales del año pasado todos, también el PP, se comprometieron a desbloquear la revisión de la reforma de la justicia universal (ERC presentó en 2016 una proposición de ley en ese sentido pero no hubo avances a lo largo de la Legislatura, ya finalizada): “Tenemos esperanzas pero somos realistas porque cuando las formaciones que prometen lo que es de justicia llegan al Ejecutivo, los principios políticos quedan eclipsados por todo tipo de intereses”. Eso sí, el verbo rendirse no aparece en su vocabulario, llevan dieciséis años luchando y van a continuar haciéndolo hasta lograr ‘justicia, verdad y reparación’: “A José lo asesinaron por mostrarnos la realidad de aquella invasión ilegal -el Consejo de Seguridad de la ONU nunca autorizó el uso de la fuerza en Irak-; su objetivo en aquel momento era apagar la información y la prensa libre y por eso nuestro deber es también seguir reivindicando esa libertad de información”.

Para eso se creó el Premio José Couso, que conceden el Club de Prensa de Ferrol y el Colexio de Xornalistas de Galicia, que en esta décimo quinta edición ha recaído en el colectivo DefendeAGalega, trabajadoras y trabajadores de la Corporación Radio e Televisión de Galicia que reivindican unos medios públicos libres de manipulación y realmente independientes, “símbolo de una pelea pacífica y tenaz que desborda los límites de la televisión y la radio públicas y que ha involucrado no solo a toda la profesión sino al conjunto de la sociedad gallega’, según se recoge en el acta de concesión del galardón. Esta semana cumplen 50 Venres Negros de protestas, y precisamente es el próximo viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando se les hace entrega del galardón. “Un merecido reconocimiento”, en palabras de Rafael Permuy que, como veterano periodista que es, no se cansa de repetir que “Tenemos que velar por la libertad de información y porque el nombre de José sea abanderado en esto”, como ya lo era antes de que lo asesinasen en su forma de informar y de entender su profesión.

“Cada uno que se retrate en este periplo de la vergüenza”

Por fin el Aita Mari y su tripulación han llegado a su ‘destino forzoso’ -las islas griegas de Lesbos y Quíos-, pues su pretensión inicial era, y sigue siendo, la de ayudar a salvar vidas en el Mediterráneo Central, en la teórica área de búsqueda y rescate de Libia, un país más centrado en el caos de una guerra que parece no tener fin que en socorrer a quien está en apuros. De un tiempo a esta parte ha quedado claro que ni a la UE ni a los Estados miembros les interesa permitir que haya observadores independientes en esa zona “por mucho que ahora, que estamos a las puertas de los comicios de mayo, lancen mensajes de ‘Europa acoge’ o ‘Europa refugio’: yo invito a los publicistas que idean esas campañas a que vayan a las islas del Egeo para conocer de primera mano las condiciones en las que malviven las 15.000 personas que esperan allí a que se resuelvan sus solicitudes de asilo y para que comprueben in situ cómo se les está citando para 2023 para realizar la entrevista”, relata Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG propietaria del barco. Traslada la invitación a los publicistas porque tiene claro que quienes pagan esas campañas, los partidos y sus dirigentes, “conocen la situación al detalle; como también saben cuántas embarcaciones se hacen a la mar cargadas de migrantes que buscan salvar la vida, el número de personas que se quedan por el camino y las penurias que sufren los que están retenidos en los campos libios de detención ilegal”.

La ayuda ya ha sido descargada

Después de una travesía marítima de 6 días, los tripulantes del Aita Mari descargaban entre ayer y hoy la ayuda humanitaria que han llevado a Lesbos y a Quíos, donde trabajan sobre el terreno desde hace más de 3 años: material médico básico -vendas, antisépticos, permetrina para combatir los piojos y la sarna- absolutamente necesario porque empieza a escasear, ya que el programa del Gobierno heleno para la acogida de refugiados se ha agotado y el próximo está tramitándose todavía; también complementos alimenticios para los más pequeños, y productos higiénicos como pañales o compresas para los que allí hay una demanda constante; con ellos llevaron además un cargamento de ropa nueva que les entregaron en Palma de Mallorca, su última parada obligada antes de partir rumbo al Egeo. Así nos lo cuenta Íñigo Mijangos.

Esperan recibir lo antes posible la autorización de las autoridades griegas para que su buque pueda operar como barco-hospital, porque está dotado con el equipamiento necesario para serlo: explica que en los campos de refugiados de la zona llevan tiempo prestando cuidados de Atención Primaria, centrándose en la salud bucodental “de la que no se ocupa nadie”; lo hacen con la colaboración de dentistas locales pero eso les supone un alto coste y, lo más importante, casi no tienen voluntarios de la zona para ocuparse de esa labor “por la intimidación de la comunidad a quienes ayudan a los refugiados en una isla en la que el rechazo a los migrantes es prácticamente total, la solidaridad apenas se deja ver y los que la practican están sometidos a una continua presión”. Lo sabe bien el presidente de SMH porque, como el resto de voluntarios de la ONG, lo ha experimentado desde el primer día: “La criminalización que sufrimos aquí nos parece un chiste comparada con la que tenemos que padecer en Quíos, donde a mí me han hecho de todo”.

“Ha habido una intervención política para retrasar nuestra partida”

Criminalización, sí, que vienen sufriendo por parte de las autoridades europeas las organizaciones humanitarias que han realizado o pretenden realizar rescates en el Mediterráneo de los que se deberían ocupar sus servicios de salvamento: “pero ya hemos llegado a un punto en el que no solo se nos considera criminales por actos que según ellas sostienen contribuyen a generar un efecto llamada cuando no es así -asegura Íñigo Mijangos-, sino que nos criminalizan por la actividad que ellas creen que pretendemos llevar a cabo, e intentan explicarte que ‘como vas a hacer algo distinto a lo que estás diciendo te bloquean preventivamente’. Es una criminalización en base a algo que ellas sospechan no sé por qué porque nosotros en ningún momento les hemos dado pie para que crean que vamos a cometer un acto de desobediencia civil”, y aclara que nunca han desobedecido ninguna de las órdenes que han recibido desde que trabajan en Grecia, aún cuando reconoce que ha habido ocasiones en las que no les gustaban las que estaban dando. Por eso no entiende que ahora la Administración española presuponga que van a hacer algo distinto a lo que han declarado en los documentos viendo que les sería imposible rescatar vidas, como era su intención.

Denuncia que desde finales de octubre de 2018 hasta la semana pasada todo fueron obstáculos por parte del Gobierno para impedirles dirigirse al Mediterráneo Central y el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario añade que “probablemente también le molesta que estemos en el Egeo porque, aunque la situación allí es menos sangrante, metemos en dedo en la llaga”, pero apunta que “no le ha quedado más remedio que aceptar” por la presión de la sociedad civil. Recuerda que todo empezó con el retraso en la expedición de los certificados de navegabilidad del barco, al que siguieron problemas en las inspecciones en teoría rutinarias; después la Capitanía Marítima de Pasaia les negó el despacho para partir alegando que no cumplían los requisitos para transportar a mucha gente -pensando en los rescates-; así las cosas, y para agilizar la partida, en febrero decidían cambiar su labor de socorro por la de ayuda sanitaria y el mes pasado partían hacia A Coruña; hace un par de semanas pusieron rumbo a Lisboa y el Gobierno portugués los autorizó a salir con destino a Quíos y Lesbos; cuando se encontraban en el Estrecho de Gibraltar, la Autoridad Marítima española los obligaba a dirigirse al puerto de Palma de Mallorca para darles un nuevo despacho “cuando ya disponíamos de esa autorización”. Íñigo Mijangos afirma que el despacho que se les dio “es una joya, con más de la mitad de la documentación llena de avisos y advertencias de lo que puede pasarnos si la incumplimos, con sanciones que pueden llegar a los novecientos mil euros”.

En su opinión, ha quedado patente que ha habido una intervención política para retrasarlo todo: “Cada uno que se retrate en este periplo de la vergüenza, con un esfuerzo permanente de las autoridades por frenar el Aita Mari bajo la premisa de que nosotros a lo que vamos es a causar problemas, cuando lo que pretendemos es resolverlos”. Y le parece cuando menos curioso que se les criminalice a ellos que no tienen ningún proceso abierto en los tribunales “cuando la Administración sí que lo tiene”.

“No nos rendimos, queremos poder realizar labores de salvamento”

Hablando con él no quedan dudas de que su intención “sigue siendo la de poder trabajar sin ninguna restricción, no solo quedarnos en el Egeo, porque entendemos que la negativa a darnos la autorización responde a una decisión política tomada escudándose en unos supuestos argumentos técnicos que no se sostienen”. Por eso la han recurrido por vía administrativa y también por vía judicial, al entender que se están conculcando derechos fundamentales, y estudian denunciar el último episodio de parada obligada en Palma cuando “teníamos todos los papeles en regla. Es como si cada vez que sales de casa tienes que firmar antes una declaración jurada garantizando que no vas a delinquir”. Íñigo Mijangos destaca además como “surrealista” lo que vivieron en Mallorca, teniendo que trasladar la ayuda humanitaria que habían recogido en tierra en lancha a unas tres millas de la costa, donde habían tenido que fondear porque en el puerto comercial “español y pagado con los impuestos de los españoles” no podía entrar “un barco de bandera española” ya que estaba allí atracado el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, “militar y extranjero”, con unos 6.000 efectivos a bordo.

Están dispuestos a luchar lo que haga falta para conseguir su objetivo de poder prestar ayuda en la zona más mortífera del Mediterráneo Central, en la que desde principios de enero y hasta mediados de este mes de abril se contabilizaron por los menos 250 muertes, y saben que para eso son fundamentales los voluntarios que sostienen sus misiones: médic@s, enfermer@s y otros profesionales sanitarios; personal de logística, tripulación para el barco y rescatadores para cuando les sea posible llevar a cabo los trabajos de socorro; y “como por cada persona que trabaja sobre el terreno se necesitan cinco aquí” -aclara-, también personal administrativ@ y gente para recaudar fondos, ocuparse de la gestión de eventos y centrarse en esa labor de sensibilización tan importante para ellos como la asistencial; y, por eso, porque tod@s somos necesari@s, abren los brazos “a cualquiera que tenga algo que aportar”. No quiere olvidarse de los socios, sin los cuales sería imposible alcanzar los entre 700.000 y 800.000 euros anuales que necesitan para mantener el proyecto, que cubren gracias a la aportación que reciben del Gobierno vasco y, sobre todo, de donaciones particulares, de pequeños ayuntamientos y también de empresas: “Es un esfuerzo muy grande que hay que sostener en el tiempo y todo ayuda; ya sabes eso que dicen de que un grano no hace granero pero ayuda al compañero”, concluye el presidente de Salvamento Marítimo Internacional.

P.S. Todo lo que queráis saber de Salvamento Marítimo Humanitario lo tenéis en la web https://www.smh.eus, en la que también os indican los pasos para colaborar con la organización, como voluntari@s o como soci@s.

P.S. En este 23 de abril, Día del Libro, aprovecho para dejaros una interesante propuesta: “Libya Close up”, una visión de la guerra civil libia construida a partir de 84 imágenes de Ricardo García Vilanova, que cubrió durante medio año el conflicto, complementada por textos del periodista Félix Flores. Una obra publicada para que el fotoperiodista freelance, que estuvo secuestrado por los rebeldes en Siria con el también informador Javier Espinosa, pudiese cubrir los gastos a los que no pudo hacer frente durante sus 194 días de cautiverio.

“Hay camareras de piso que incluso tienen que comprarse la fregona”

Estamos en una de las épocas más fuertes del año en cuanto a turismo y se espera que esta sea otra Semana Santa de récord en España, con una ocupación media del 75% los nueve días, diez puntos más que la anterior, situándose en el 85% entre mañana jueves y el domingo, en tu línea con la de 2018, según los datos que maneja la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Y eso con muchos establecimientos colgando el cartel de “Completo”. El turismo es, desde hace años, uno de los principales motores de la economía en el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en cuyo PIB tiene un mayor peso -acercándose al 12% con los últimos porcentajes del INE en la mano-, y en el que este sector crea más de dos millones y medio de puestos de trabajo. Alrededor de 300.000 de esos empleos son de camarera de piso, según la asociación que las agrupa, Las Kellys, aunque denuncian que a un tercio las contratan como limpiadoras, peones de limpieza o auxiliares de piscina para pagarles todavía menos de los 800 euros mensuales que cobran de media las que trabajan en los hoteles en los que este departamento está externalizado, lo que ya supone casi un 40% por debajo del salario de las que sí son consideradas personal del hotel. Nos lo explica su vicepresidenta, Ángela Muñoz, que acerca a quien tenga interés en escucharla la realidad de un colectivo que se indigna cuando ve como la patronal y las autoridades no se cansan de alardear de unas cifras mareantes que distan años luz de las suyas, que rondan los dos euros por habitación teniendo en cuenta su sueldo y las 400 habitaciones que vienen haciendo al mes: “Eso cuando el hotel les paga entre 6 y 10 euros por habitación a las empresas multiservicios de las que dependemos buena parte de nosotras desde que la subcontratación campa a sus anchas a raíz de la reforma laboral aprobada en 2012, que permite que un convenio de empresa prevalezca sobre el de su sector”, aclara. Repite que ese triunfalismo las indigna, pero también dice que les ha dado coraje para seguir adelante “porque nos han llevado al límite esperando que nos tirásemos por el precipicio y nosotras nos hemos dado la vuelta y nos hemos organizado”.

“La externalización es la explotación del siglo XXI”

Las Kellys no entienden que siendo el suyo un departamento estructural y el más numeroso de los hoteles -apuntan que representa el 20% de la plantilla- sea el que muchos establecimientos han externalizado (hasta el 70% de los de Madrid lo han hecho): “Sin nosotras, ¿qué venden? Porque los hoteles se abren básicamente para vender habitaciones; el cliente puede hacer o no uso del restaurante, de la piscina, del gimnasio…, pero siempre hace uso de las habitaciones y ¿quién paga para alojarse en una que no esté limpia?”, se pregunta su vicepresidenta. Y no cree a los políticos que se echan las manos a la cabeza porque “la veda se abrió con la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y, a pesar de las promesas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho nada por ponerle coto”. Quieren dejar claro, eso sí, que la Asociación es apartidista y que rechazan a cualquier formación que pretenda utilizarlas “como baza electoral, porque después de varias campañas ya no nos fiamos de los políticos”.

Denuncian que son muchos los hoteles que han precarizado sus condiciones laborales a través de esas empresas externas, hasta el punto de que “algunas compañeras no solo tienen que pagarse el uniforme, sino incluso la fregona o fregar de rodillas”; lo dice Ángela Muñoz explicando que “las obligan a trabajar a un ritmo frenético, haciendo dieciocho o veinte habitaciones cada día -muchas veces repartidas en distintas plantas-, sin tiempo siquiera para ir al baño o para comer aunque lleven su propia comida porque se la niegan; teniendo que trabajar medicadas para mitigar los múltiples dolores que sufren -es el caso de siete de cada diez-, pero también con ansiolíticos o antidepresivos porque cuatro de cada diez padecen depresión por la carga de trabajo, según un reciente informe de CC.OO: “Cuando ves que no puedes seguir, que no llegas, que si coges una baja te van a despedir y si te pones enferma no te volverán a llamar nunca más; cuando eres consciente de que si te arriesgas a comunicar que no te encuentras bien no vas a poder llevar ningún dinero a casa…, entonces no te queda otra que medicarte para sacarlo todo adelante”. Asegura que todo esto es consecuencia de la externalización del servicio, sabiendo que el suyo es un trabajo duro en sí mismo y que deja secuelas de por vida: aplauden los pasos dados por el actual Gobierno en cuanto a reconocerles algunas enfermedades como ‘profesionales’, pero critican que hayan quedado otras fuera; y aclara que allí donde han puesto freno a la subcontratación -como sucede en Baleares o en Canarias- hay sobrecarga de trabajo, con camareras de piso “teniendo que hacer más de veinte habitaciones a diario a un ritmo desenfrenado, gran parte de ellas familiares y en establecimientos inmensos que son como pequeños barrios en los que deben recorrer kilómetros y kilómetros empujando los mismos carros de hace cuarenta años”.

Dice que no todos los hoteles son así, que los hay que cumplen con ellas garantizándoles unas condiciones de trabajo dignas y salarios de alrededor de 1.200 euros para los de cuatro y cinco estrellas. Pero la vicepresidenta de Las Kellys advierte que “como en España no se premia el buen hacer ni se atajan las malas formas sino al contrario, al permitir que uno incremente sus beneficios económicos a través de la subcontratación, lo que se está haciendo es invitar al resto a que sigan su mismo camino porque es menos rentable para ellos mantenernos como personal de plantilla. La externalización es la explotación del sigo XXI y nadie parece tener un interés real en acabar con ella -como reclamamos en la Ley Kelly que presentamos en el Congreso de los Diputados, porque lo que necesitamos es legislación-, así que les pedimos a quienes pueden hacerlo que, por lo menos, modifiquen el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para equiparar nuestras condiciones laborales a las previstas en el convenio sectorial”.

“Querían que aceptásemos ser ‘las nadies’ pero no lo han conseguido”

Ángela Muñoz se queja de que a los responsables de las empresas y de muchos establecimientos se les olvida que son personas: “A pesar de formar parte de un departamento estructural -y por lo tanto indisociable de la actividad hotelera- somos como ‘las nadies’ de las que hablaba Eduardo Galeano, somos invisibles, o por lo menos eso es lo que pretendían que fuésemos hasta que nos hemos dado cuenta de que somos importantes y tenemos fuerza; formamos la base de la pirámide, sí, pero eso lo que en realidad significa es que sin nosotras esto no funciona y que si parásemos todas habría serias consecuencias”. Se alegra de que vayan empoderándose poco a poco pero dice que cuesta, que hay camareras de piso que tienen miedo porque algunas están sufriendo las consecuencias de alzar la voz para denunciar su penosa situación “porque si abres la boca te amenazan, te acosan y te hacen la vida imposible, intentan anularte para que seas tú la que acabes pidiendo la baja voluntaria y así ellos puedan ahorrarse la liquidación, o firman sin problemas un despido sabiendo que será declarado improcedente por los tribunales y luego, amparados en el hecho mismo de la denuncia a la que te viste obligada, te vetan para volver a trabajar en sus empresas o en cualquier otra del sector; todo porque hay una legal ilegalidad que se lo permite”.

La vicepresidenta de Las Kellys quiere hacer hincapié en que “desde la patronal del sector no dejan de repetir que somos una mala influencia pero si estamos mintiendo, ¿por qué no abren las puertas de sus establecimientos hoteleros a la prensa o por qué no nos denuncian?”; ella misma responde que si no dan ese paso es porque saben perfectamente que es cierto y que pueden demostrarlo. Critica que cuando decidieron crear la asociación -que registraron en 2016- se llegase a decir que tenían detrás a determinados partidos políticos, como si ellas solas no fuesen capaces de organizarse para defender lo suyo: “Hay muchas mujeres que no pueden dejarlo porque no tienen otra cosa, porque es esto o la nada, pero eso no significa que no puedan reclamar sus derechos y que sean susceptibles de ser pisoteadas por su profesión o por su situación y tengan que callar”; afirma que “Ellos son Goliat y nosotras David pero estamos decididas, dispuestas a seguir con nuestra lucha por nosotras y por las que vienen detrás: por dignidad”, y todos sabemos cómo acabó aquella historia recogida en la Biblia.

Como clientes, podemos sumarnos a esa lucha para ayudarlas a que su fuerza sea mayor cada día que pasa y a que su voz se escuche cada vez más lejos: Ángela Muñoz cuenta que basta con fijarnos en si las camareras de piso del establecimiento en el que estamos alojados llevan el uniforme o una chapa de la cadena hotelera; si no es así, dependen de otra empresa. Los libros de reclamaciones no solo son para reivindicar nuestros derechos de alojamiento…lo son también para reclamar los de quienes trabajan para que nuestra estancia sea mejor, y lo será cuanto más digna sea la situación de quien se ocupa de que todo esté bien en el espacio en el que nos alojamos.

P.S. Podéis encontrar toda la información sobre el colectivo en https://laskellys.wordpress.com

La España vaciada existe, resiste y avisa al resto de que también habrá consecuencias

“Es como la masa negra de la nada que lo va destruyendo todo en La Historia Interminable: el mundo rural está desapareciendo y poco a poco esa mancha negra, ese vacío, está llegando a las ciudades”. La comparación es de Enrique Muñoz, uno de los portavoces de Soria YA, que asegura que el fenómeno de la despoblación está azotando fuerte a capitales provinciales como la suya y avisa de que “es lo que les queda a otras muchas ciudades pequeñas y medianas si los legisladores no le ponen solución cuanto antes”. La misma advertencia la hace Paco Juárez, uno de los portavoces de Teruel Existe, cuando afirma que “con esa segunda oleada de despoblación en marcha, si los políticos no actúan, saldrá perdiendo el país en su conjunto”.

La España que se desangra dice ¡Basta Ya!

Más de media España se vacía: 26 provincias de 8 Comunidades Autónomas (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Andalucía) pierden habitantes según los últimos datos del Padrón Municipal publicados por el INE a principios de este año; y las estadísticas constatan que cada vez son más las capitales de comarca y de provincia que están siendo golpeadas por este fenómeno. Soria es la provincia menos poblada con 88.600 vecinos, y una de las más envejecidas, seguida de Teruel, con 134.500; ambas, junto con Cuenca, conforman la zona más despoblada de la Europa del Sur. Se han cansado de que el hecho de tener menos vecinos los “penalice” y les “reste derechos, cuando no debería ser así”, y por eso el 31M Soria YA y Teruel Existe lideraron a casi un centenar de plataformas y colectivos de 24 provincias que llevaron su protesta hasta Madrid, hasta el centro del país, para hacerla resonar en las cuatro esquinas. Según sus cálculos, cien mil personas participaron en una movilización “histórica” con la que aseguran que han iniciado la [re]vuelta de esa España vaciada y, en cierto modo, silenciada…hasta ahora. Y están muy satisfechos.

“Satisfechos porque hemos conseguido movilizar a toda esa gente tras casi veinte años luchando, prácticamente en solitario, las dos plataformas para que tanto el Estado como la Unión Europea reconozcan la pérdida de población como un grave problema y atiendan nuestras reclamaciones, ante las que uno y otra siempre han hecho oídos sordos”, explica Paco Juárez de Teruel Existe, que afirma que “estamos creando una España en la que todos tendremos peor calidad de vida: la evidente de los territorios vaciados, que cada día van perdiendo servicios, pero también la silenciosa, la que ataca a las grandes ciudades, cada vez más superpobladas y más afectadas por una contaminación galopante”. Lo mismo piensa Enrique Muñoz, de Soria YA, que considera imprescindible potenciar esa parte del territorio que se está vaciando para que recupere a los que se han ido y pueda atraer gente nueva; “esa España en la que se lleva otro ritmo de vida y gracias a la cual se gestiona el medio natural, porque el futuro del planeta también pasa por nosotros”.

Sin apenas avances dos décadas después

Poco ha cambiado la realidad de estas dos provincias desde que Teruel Existe y Soria YA dieron sus primeros pasos hacia finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000. Paco Juárez le contaba estos días a una periodista belga que muchos ayuntamientos de pequeños pueblos tienen que habilitar sistemas para ir a buscar las medicinas de sus mayores porque no disponen de farmacia y tampoco tienen transporte público regular; que hay muchas localidades cuyos vecinos reciben en furgonetas no solo el pan sino también la fruta, las verduras y otros alimentos de primera necesidad; zonas en las que no existe servicio de telefonía móvil o en las que hay que ir de loma en loma buscando cobertura, por no hablar de que en muchos centros de salud carecen de pediatra “¿Qué pasa, que los niños de la zona rural no tienen derecho a tener pediatra?”, se queja. La vida en estos territorios se vuelve más y más complicada y tampoco es fácil en la capital: recuerda que hace un par de meses más de un tercio de la población de Teruel salía a la calle para protestar por la falta de especialistas en el Hospital Obispo Polanco, “hasta el punto de que llegaron a cerrar por completo los servicios de Reumatología y Otorrinolaringología, y a eso hay que sumarle además la carencia de anestesistas”.

Una situación muy parecida se vive en Soria, como relata Enrique Muñoz, donde “incluso para realizar determinadas pruebas médicas específicas o para someterse a radioterapia y quimioterapia te desvían a Burgos -lo que supone un viaje de ida y vuelta de 300 kilómetros- o a Valladolid, lo que significa 500 kilómetros por una carretera nacional que soporta un intenso tráfico”. Los dos denuncian que se trata de “un agravio comparativo con el resto del país, de una discriminación pura y dura”; critican que no haya especialistas que elijan esos destinos e instan a la Administración a actuar, pero sobre todo la llaman a analizar los motivos por los cuales estos profesionales no quieren trabajar en ciudades pequeñas como las suyas para poder buscar así soluciones, porque ellos lo tienen claro: “son pocos, por lo que están sobrecargados con las consultas y deben hacer numerosas guardias; disponen de escasas posibilidades para continuar con su formación y crecer profesionalmente, y la falta de infraestructuras o el estado de las existentes los echa para atrás a la hora de pensar en desplazarse hasta aquí a diario residiendo en ciudades más grandes”. Paco Juárez destaca que Teruel está a solo 200 kilómetros de Madrid pero carece de conexión directa por ferrocarril, AVE o autovía; de hecho, solo está conectada por vía rápida con Zaragoza y Valencia, dos de las seis provincias con las que limita. Se queja Enrique Muñoz de que “son muchas las carencias que nos impiden competir en igualdad de condiciones: pagamos nuestros impuestos pero no disponemos de los mismos servicios, y a medida que somos menos más caro resulta prestar esos servicios…, pero eso no es culpa nuestra”, concluye. Y se queda con el hecho de que parece que son ya decenas de miles los vecinos “que se han dado cuenta de que todos estos problemas tendrían fácil solución si hubiese voluntad política, si se hiciese política con mayúsculas”.

Pacto de Estado por la España vaciada

“La realidad es que cuantos menos somos menor representación parlamentaria nos corresponde – 2 diputados en el caso de Soria, 3 en el caso de Teruel-, y eso significa que no tienes peso ni fuerza suficientes para hacer oír tu voz y que se atiendan tus reclamaciones”, se lamenta el portavoz de Soria YA, que destaca que con la protesta de hace diez días se han conseguido poner en primer plano problemas comunes a los residentes en un territorio que se traduce en cien escaños o, lo que es lo mismo, casi un tercio del arco parlamentario en un escenario político tan fragmentado como el actual, y a solo unas semanas de las elecciones generales: “Esto les está obligando a replantearse la situación, ven que no les queda otra que empezar a proponer medidas que es lo que, por primera vez, están haciendo”; pero “estamos cansados de retrasos y de promesas incumplidas y exigimos que cada iniciativa vaya acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria”, avisa Paco Juárez.

Esas docenas de miles de vecinos exigen un Pacto de Estado avalado por una amplia mayoría parlamentaria, un acuerdo que incluya “medidas de justicia” que se lleven a cabo con independencia de quien gobierne y que pasan por una fiscalidad que haga competitivo el territorio, por garantizar la cohesión social y territorial con infraestructuras viarias y ferroviarias adecuadas al siglo en el que vivimos y, por supuesto, una sanidad digna y de calidad; al tiempo, reclaman soluciones urgentes relacionadas con las oportunidades laborales que se abrirían al disponer de banda ancha en todas estas zonas, fundamental para poder deslocalizar el trabajo, y que los fondos europeos lleguen a donde tienen que llegar, que es a los territorios necesitados. Para Paco Juárez, de Teruel Existe, no es de recibo que el suyo haya sido considerado por la UE un territorio rico porque su PIB por habitante era y es superior al 75% de la media europea, sin tener en cuenta que una pérdida constante de habitantes como la que experimenta desde hace años “genera una convergencia económica aparente que no es real”; recuerda que un informe comunitario de hace un cuarto de siglo instaba a realizar cambios para corregir la situación y que eso no se hizo, por lo que “la provincia ha sufrido una triple discriminación: de las instituciones comunitarias, de las españolas y también de las aragonesas que -critica- han concentrado y concentran buena parte de las inversiones en la capital autonómica”, y pone un ejemplo: en 26 años de existencia del llamado FITE -(Fondo de Inversión de Teruel) creado para compensar la exclusión de las zonas Objetivo 1 de los Fondos Europeos y del Fondo de Cooperación Interterritorial- la inversión es “irrisoria” comparada con lo que se gastó en solo tres años en la Exposición Universal de Zaragoza de 2008. También en Soria YA se quejan de que gran parte de las inversiones se quedan en la capital autonómica.

“Hay que luchar para conseguir soluciones, y la gran manifestación del día 31 en Madrid nos ha demostrado que la gente lo entiende, que está comprometida y dispuesta a seguir adelante. Las autoridades deberían saber que pensamos seguir presionando hasta que se pongan las pilas porque parece que solo responden bajo la presión de la ciudadanía”, dice Enrique Muñoz. “Tenemos que continuar y lo haremos con más fuerza”, se une Paco Juárez.

P.S Podéis encontrar toda la información sobre la plataforma ciudadana Teruel Existe, que cumple a final de este año dos décadas de andadura reclamando un trato igualitario y justo para la provincia, en www.teruelexiste.info. Y en www.soriaya.org tenéis todos los detalles sobre el movimiento ciudadano Soria Ya, que lucha desde hace 18 años contra el olvido institucional de la provincia.

La despenalización de la Eutanasia, una cuenta pendiente en nuestro país en pleno siglo XXI

“Cuando todavía estaba lúcida, mi ama quiso suicidarse, pero mi aita la convenció para que no lo hiciese porque se encontraba en una fase del Alzheimer en la que todavía disfrutaba de la vida y no quería morirse; ella prefería morir en ese momento que llegar a la situación de deterioro a la que llegó y que no la dejasen; pero con la esperanza puesta en que la enfermedad avanzase lentamente y en que entre tanto se aprobase la Ley de regulación de la Eutanasia, optó finalmente por esperar, y ahora nos queda la duda de si debimos haber dejado que se suicidase”. Fue el duro dilema al que se enfrentó en su momento Maribel Tellaetxe, la vecina de Portugalete que en sus últimos meses se convirtió en la cara más visible de la lucha para se reconozca el derecho a tener una muerte digna, contado por su hijo David, para el que no es justo que “la ley te ponga en una tesitura en la te ves obligada a tomar una decisión tan drástica como optar por una muerte voluntaria y prematura cuando todavía quieres vivir o a acabar tus días sufriendo porque ya no quieres vivir, porque vivir sin dignidad no es vivir, pero no puedes acabar con tu vida”. Por eso su familia lleva recogidas más de 300.000 firmas para que se despenalice la eutanasia -y subiendo- y por eso, aunque ahora no son directamente afectados porque su ama ha muerto -hace casi un mes-, van a continuar luchando porque no piensan desaprovechar lo que han logrado hasta ahora y seguirán “haciendo ruido” para que otros no tengan que pasar por lo que han pasado ellos. Es el legado que les dejó, el que nos dejó Maribel un poco a todos.

  Hacía mucho que se habían despedido de ella porque hacía mucho que su ama no era su ama: “No podías tener una conversación con ella, no había feedback, no te reconocía…: era como un vegetal pero peor, porque un vegetal no sufre y ella sí sufría”, explica David Lorente Tellaetxe; de ahí que a la sensación de alivio y de paz que ha supuesto su muerte (primero para ella y luego para sus familiares) se le sumen la rabia y el dolor porque “no ha podido morir como todo ser humano merece, porque no se ha respetado su voluntad y, en pleno siglo XXI, se le ha impuesto una condena amparándose en una ley que atenta contra los derechos humanos”. Porque como decía Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que puso encima de la mesa hace ya un cuarto de siglo el derecho a una muerte digna, “existe el derecho a la vida, no la obligación de vivirla a cualquier precio”; o como afirma el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, “Obligar a las personas a vivir en contra de su voluntad es aprovecharse de su vulnerabilidad cuando no pueden acabar con su vida”. Marín, que coincide plenamente con el hijo de Maribel Tellaetxe en que no tenía ningún sentido obligar a su madre a vivir cuando ella había dejado por escrito en su Documento de Voluntades Anticipadas, firmado en pleno uso de sus facultades mentales, que no quería eso.

Apoyo mayoritario de la sociedad

  Los dos destacan que todas las encuestas realizadas en la última década reflejan un apoyo mayoritario de la sociedad a que se regulen la eutanasia y la muerte asistida -desde el 73% de la del Centro de Investigaciones Sociológicas en 2009 hasta el 84%-85% de las de Metroscopia e Ipsos de los dos últimos años-, concluyen que el hecho de que este asunto “continúe sin resolver en pleno siglo XXI es una cuenta pendiente con los ciudadanos” -en palabras de David Lorente- y critican que los legisladores no hayan estado a la altura de los ciudadanos y que una parte siga sin estarlo.

  ¿Por qué no se ha aprobado todavía una Ley que despenalice la eutanasia si la inmensa mayoría de la ciudadanía está a favor? Treinta y cinco años lleva luchando para lograrlo la Asociación Derecho a Morir Dignamente, para que cada quien pueda decidir su final en libertad y con dignidad, sin tener que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad, y su vicepresidente tiene claro que si la norma no ha salido adelante todavía es “por el tabú de la muerte, porque es un tema que se esconde en lugar de hablar sobre ella, y por el peso del nacionalcatolicismo que vivimos en España, que ha hecho que los grupos de poder influenciados por él lo hayan impedido hasta ahora bajo la máxima de que la muerte voluntaria es pecado en cualquier circunstancia”. Para revertir ese tabú, Fernando Marín apuesta por “promover una cultura de la muerte digna -que es morir de acuerdo a tus preferencias, sin tener necesariamente que adelantar tu muerte pero sí eligiendo en qué circunstancias, cómo y dónde quieres que se produzca-, por tratar de que esté presente en las reuniones familiares y en las conversaciones entre amigos, de que se pueda hablar sin pudor, de que las personas mayores hagan su testamento vital sabiendo que se va a respetar y de que se vuelva algo cotidiano para, de esta manera, conseguir influir en los legisladores y asegurarnos una buena muerte”. Y recuerda lo que le dijo un representante público al que le pidió que se implicase en esto: ‘Morir bien no es un valor social porque si bien es cierto que a la gente le importa todavía no le preocupa lo suficiente, como no se habla del tema hasta que llega el momento y de lo que no se habla no se sabe, no está entre las preocupaciones de los ciudadanos …y hasta que lo esté, no pienso hacer nada’.

  David Lorente Tellaetxe habla de “una minoría fundamentalista católica que se cree con el derecho de imponer sus convicciones a los demás” y afirma que en este momento “son la Iglesia y la derecha las que no están a la altura, ya no del conjunto de la sociedad, sino ni siquiera de sus fieles o de sus votantes: atendiendo a los datos de la encuesta de Metroscopia de 2017, el 89% de los votantes de Ciudadanos y el 66% de los del PP apoyan la eutanasia, igual que el 56% de los católicos practicantes, llegando al 88% entre los no practicantes. Arremete contra el Partido Popular y contra Ciudadanos por bloquear sistemáticamente durante meses en el Congreso la proposición de ley presentada por el PSOE para regular la eutanasia pese a que existía una mayoría parlamentaria a favor, haciendo valer su mayoría en la Mesa de la Cámara; y con la vista puesta en las próximas elecciones generales anima a la gente a que reflexione sobre las consecuencias de meter esa papeleta en la urna “porque ahora mismo la solución está ahí”: cree que si sale de las urnas un Gobierno que no sea un tripartito Cs-PP-VOX, la norma será aprobada en la próxima legislatura tal y como ha prometido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Fernando Marín coincide con él en este punto, pero tiene también la esperanza de que Ciudadanos apoye la proposición de ley que presenten los socialistas aunque del próximo 28 de abril salga una mayoría de derechas.

Nadie está en contra de los cuidados paliativos, pero no son la eutanasia

  Uno y otro responden a quienes sostienen que los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia. Dice David Lorente que “no te devuelven las neuronas ni los recuerdos perdidos, ni la movilidad si eres tetrapléjico, tampoco te permiten recuperar la dignidad y ni siquiera alivian el cien por cien de los dolores de todas las enfermedades”, para añadir acto seguido que “quien quiera aferrarse a la vida a cualquier precio tiene todo el derecho a hacerlo, y lo seguirá teniendo cuando se apruebe una Ley que despenalice la eutanasia”, por eso reclama que “se nos deje, a los que queremos morir sin sufrir, hacerlo a nuestra manera”; aclara que nadie se opone a los cuidados paliativos porque, al margen de que se apoye o no la eutanasia, ¿quién no quiere que alivien su sufrimiento, o por lo menos que exista esa posibilidad?, y recuerda que, incluso en las Comunidades Autónomas que tienen ese derecho garantizado por ley, esos cuidados paliativos no llegan a toda la ciudadanía porque faltan recursos económicos. Lo mismo sostiene el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que recuerda que son una prestación del Sistema Nacional de Salud incluida en su cartera de servicios como un derecho de todos los españoles y destaca que ellos siempre se han quejado de que el enfoque es equivocado en el sentido de que se confunden los medios con los fines porque “el fin no son los cuidados paliativos, es paliar el sufrimiento y morir bien. Son dos cosas completamente distintas: queremos que nos cuiden de la mejor manera posible pero además decidir hasta cuándo queremos ser cuidados; e incluso algunos enfermos prefieren morir antes de llegar a la fase paliativa”. Igual que David Lorente, repite que no se va a obligar a nadie que no quiera a someterse a la eutanasia poniendo como ejemplo los países en los que es legal (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria) en los que debe ser una decisión personal, libre y reiterada en el tiempo; es una opción a la que puedes acogerte cuando ya no soportas la vida, una opción que se considera la menos mala, siempre de mutuo acuerdo con tu médico y supervisada por facultativos independientes, y completa su argumento aportando datos: explica que en Holanda y Bélgica un tercio de las peticiones son rechazadas la primera vez, otro tercio de los solicitantes muere antes de que se tramite su solicitud porque esperan demasiado para presentarla y el tercio restante recibe el visto bueno, lo que supone entre el 2% y el 4% del total de las muertes registradas en esos dos países.

  A los que dicen que legalizando la eutanasia se abriría la puerta a ‘peligros’ como el de su posible aplicación a gente mayor cansada de vivir pero no enferma, Fernando Marín les responde que ese es otro debate que habrá que tener después de que se despenalice porque en los países donde es legal es imprescindible que la persona que pide ayuda para morir padezca una dolencia incurable que le provoque un sufrimiento insoportable. Y destaca que en todos ellos se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos (para no obligar a nadie a actuar en contra de sus convicciones, “condenándolo a vivir con remordimientos de por vida”, en palabras de David Lorente Tellaetxe), como también se garantiza que ningún facultativo sea condenado a penas de prisión por practicarla. Recordemos el caso del doctor Marcos Ariel Hourmann, el primer y único médico condenado en España por practicar la eutanasia -a una enferma terminal de 82 años, tras la reiterada petición de la paciente y de su hija-, que cuenta en primera persona su historia en la obra “Celebraré mi muerte”, que se representa en el Teatro del Barrio de Madrid. Él, que sigue preguntándose por qué hay que obligar a alguien a vivir cuando no quiere, asegura que provocó la muerte porque cree en la vida, “porque, cuando llegas al punto de no poder hacer nada, el sufrimiento es innecesario”. La Asociación Derecho a Morir Dignamente destaca que un estudio de la OCU de hace casi dos décadas revelaba que uno de cada diez facultativos reconocía que había ayudado a morir a algún paciente.

P.S. El artículo 143 del Código Penal dice que: 1. el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años; 2. se impondrá pena de cárcel de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona; 3. será castigado con pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte; 4. el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

P.S. Podéis encontrar información sobre la eutanasia y resolver dudas en la web de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, https://derechoamorir.org, y tenéis todos los datos sobre el caso de Maribel Tellaetxe en https://sosamatxu.wordpress.com Para firmar su petición para que se despenalicen la eutanasia y el suicidio asistido, entrad en https://change.org/eutanasia