“Es el último recurso que nos queda”

Lo ha hecho. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España -AVITE- ha demandado al Estado ante la Audiencia Nacional por 400 millones de euros. No querían llegar a este extremo. Nos lo decían a principios del año pasado recién presentada la reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad, el paso previo exigido por ley para demandarlo. No querían porque, siendo conscientes de su responsabilidad, pensaban que contarían con su total apoyo teniendo en cuenta que el problema lo había generado la farmacéutica Grünenthal, pero nada más lejos de la realidad. Estaban “cansados e indignados” tras más de 14 años de lucha por algo que empezó hace más de seis décadas y porque llevaban esperando desde 2016 a que se cumpliese la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso por la que debían haber empezado a cobrar las indemnizaciones en 2018. Un incumplimiento al que se sumó el de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

  Después de casi año y medio, una y otra siguen sin cumplirse, los afectados siguen sin ver ni un euro y el cansancio y la indignación han dado paso a una “inmensa frustración, al quedarnos claro que el apoyo que en su momento nos trasladaron los partidos políticos -sobre todo los que ahora están en el Gobierno- no era más que un paripé. Ahora somos un problema porque la cuantía que exigimos es un problema”. Lo dice alto y claro, como siempre, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea.

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400 millones por incumplir la ley

  Demandan al Estado por 400 millones de euros por incumplir lo recogido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que establece la obligación del pago a los afectados de dos tipos de ayudas: una con cargo a los fondos públicos y otra que tendría que asumir Grünenthal, de la que el propio Gobierno recabaría la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas. “Viendo el absoluto desinterés por parte del actual Ejecutivo, que ni siquiera tiene un interlocutor para ocuparse de este tema y cuyo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva más de medio año dándonos largas pese a decirnos que se reuniría con nosotros”, reclaman al Ministerio de Sanidad 24.000 euros por punto porcentual de discapacidad, multiplicado por el grao de discapacidad y por los cerca de 280 socios de la asociación.

  Explica su vicepresidente que le piden al Gobierno su parte y la de la farmacéutica “y que sea él quien se la reclame a ella, como dice la ley. Yo mismo le pregunté en diciembre pasado al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, qué iban a hacer con Grünenthal teniendo a 103 personas en España reconocidas como afectadas por la talidomida. Me respondió que eso no era de su competencia. Estoy convencido de que no se han reunido ni una sola vez para exigi rle que cumpla”.

Solo 103 afectados reconocidos, algunos sin recibir el resultado

  Atendiendo a los últimos datos hechos públicos a finales de 2019, provisionales, el Comité Científico-Técnico de la Talidomida -constituido en 2017- reconoció la afectación a 103 pacientes de los 585 que presentaron la solicitud, a falta de pronunciarse todavía sobre 70 casos. A Rafael Basterrechea no le salen las cuentas, sabiendo que el fármaco se vendió en España durante más de tres décadas (de 1950 a 1985) y siendo el número de afectados inferior al de países en los solo se vendió durante seis o siete años. Empieza aclarando que más de 250 socios de AVITE tienen un informe del doctor Claus Knapp, el descubridor de los efectos nocivos de la talidomida, reconociéndolos como afectados y se pregunta cómo es posible que habiéndose basado en su trabajo quienes los han valorado ahora solo reconozcan a 103. Asegura el vicepresidente de la asociación que sabe a ciencia cierta que cerca de 300 pacientes fueron valorados como positivos por los equipos de expertos autonómicos, quedando reducidos a apenas un tercio con el dictamen definitivo del comité nacional: “Y eso que a los de Madrid, Extremadura, Aragón y Murcia los valoraron en su Comunidad Autónoma miembros del propio comité”. Y se fija en el caso murciano, de donde es su presidenta, Encarna Guillén: afirma que de allí salieron reconocidos como positivos el cien por cien de los valorados para quedar finalmente en la mitad.

  Y da más datos: la mitad de los 24 pacientes que fueron oficialmente reconocidos hace una década no han sido considerados ahora como tal. “A 12 de ellos, que han cobrado una indemnización e incluso alguno se ha jubilado como afectado por la talidomida, se les dice ahora que no lo son”. Algo “inaudito y rocambolesco” a lo que solo le encuentra una explicación: “que el Gobierno pretende adaptar el número de afectados a lo que se presupuestó en su día en ayudas sin saber a cuánta gente iba a tener que pagar; ayudas, que no indemnizaciones -lo que significa que tendrán que declararlas en el IRPF-, que además no recibirán hasta someterse a una revisión de su grado de discapacidad. Todo para que les den las cuentas, a nuestra costa y a costa de lo que haga falta”. Por no hablar de que han tardado más de dos años en remitirles el resultado de una mañana de pruebas –“algunos todavía no lo han recibido a pesar de que los expedientes salieron el mismo día del Instituto de Salud Carlos III”- y de que aseguran que no pasan de 40 los negativos cuyo informe incluye un motivo científico para descartarlos como afectados por la talidomida: en la mayoría figura “no compatible, no relacionado o una sandez parecida, sin criterio científico ni técnico y, por supuesto, sin ningún diagnóstico que explique el porqué de sus malformaciones congénitas”.

  En la demanda presentada en la Audiencia Nacional piden que se les faciliten todos los expedientes porque quieren saber lo que ha pasado a lo largo del proceso de valoración, “porque algo ha pasado”.

¿Confiar en la justicia?

  “Difícil, muy difícil confiar en la justicia conociendo los precedentes”, confiesa el vicepresidente de AVITE. Recuerda lo sucedido después de que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenase a Grünenthal a pagar a los 24 afectados reconocidos entonces por la Administración, al considerar probado que hubo una actuación negligente por su parte por no tomar las medidas necesarias para comprobar la seguridad del medicamento. Un año después la Audiencia Provincial de Madrid dejaba en nada la sentencia argumentando que el caso había prescrito incluso en la hipótesis más favorable a los demandantes. El Tribunal Supremo lo ratificaba en 2015, en contra del criterio de la Fiscalía, que defendía que el plazo para la prescripción debía empezar a contar en 2012, cuando la farmacéutica reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. Ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de la asociación.

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  Rafael Basterrechea sigue preguntándose cómo es posible que la justicia dijese hace años que el caso había prescrito cuando en pleno 2020 el Ministerio de Sanidad aún no les ha remitido el resultado de la valoración a parte de las casi seiscientas personas que se sometieron al reconocimiento. Se pregunta también qué pasa con los 91 considerados ahora afectados que hace una década no lo fueron, destacando que podrían iniciar procesos judiciales; igual que los más de cuatrocientos cincuenta que se ha determinado que no son perjudicados por la talidomida. Pero saben que para eso hace falta, además de mucho dinero, porque saben que tendrán que llegar hasta el final, una fuerza que, después de los palos recibidos, es más que probable que ya no tengan.

  El vicepresidente de AVITEestá convencido de que en su día hubo instrucciones políticas a los jueces, por presiones del sector farmacéutico, y cree que ahora las habrá de nuevo: “Aunque el juez de la Audiencia Nacional nos diese la razón, su dictamen lo acabará tumbando el Tribunal Supremo”. ¿Por qué dan entonces el paso? “Porque es lo único que nos queda. Que no se diga que no hemos agotado todos los recursos a nuestro alcance para tratar de que se haga justicia a los afectados por la talidomida en España, miles de ellos ya fallecidos”. Nadie podrá decir nunca que no han mantenido viva la lucha todo lo que han podido.

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