“7 años negándonos la verdad. 7 años desmontando la verdad oficial”

El 24 de julio, como hoy, hace siete años el reloj se paraba a las 20.41 horas para las más de doscientas veinte personas que quedaban en el tren que había salido de Madrid con destino Ferrol unas horas antes. Prácticamente a las puertas de la estación de Santiago, en la víspera de su festividad, se producía uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España, un accidente que nos hizo temblar a todos y que segó 81 vidas, dejando 144 heridas. Para todas esas personas, para sus familias y amigos, el reloj se detuvo para siempre aquel miércoles a las 20.41 horas. Ninguna volverá a ser ya la misma. Nadie podrá olvidar ya que la víspera del Día de Galicia es una fecha para el recuerdo. 2.556 días después, quienes resultaron heridos y quienes perdieron a los suyos en esa fatídica curva de A Grandeira, en Angrois, mantienen viva la lucha por conseguir que se sepa toda la verdad de lo que pasó: por ellos pero también por el conjunto de la ciudadanía porque “No investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles se puedan volver a repetir”. Porque pueden suceder de nuevo.

  Las víctimas consideran lamentable que, con el tiempo transcurrido y a pesar de los requerimientos de la Unión Europea, no haya habido una investigación técnica independiente que para ellas imprescindible para que se puedan depurar las correspondientes responsabilidades, tanto penales como políticas: “Todos los Gobiernos que ha habido desde la tragedia nos han ignorado: los del PP, el del PSOE y ahora el de coalición entre socialistas y Unidas Podemos. Pese a nuestras reiteradas denuncias y obviando el demoledor informe en el que las autoridades comunitarias instan a las españolas a que vuelvan a realizar la investigación, puesto que la que se hizo ni era independiente ni analizaba las causas que estuvieron en la raíz del siniestro. También eso lo ignoran”. Lo denuncia por enésima vez el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, que recuerda que en su momento escribieron a Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno, como han hecho con el presidente Pedro Sánchez y con el ahora vicepresidente Pablo Iglesias, sin recibir respuesta. Aseguran que lo único que han hecho la inmensa mayoría de los políticos es generarles más dolor e impedirles pasar página “diciendo una cosa cuando les interesa para hacer otra bien distinta a la hora de la verdad”.

 

Se quejan de haber tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos ante el “ninguneo” de los gobernantes e instituciones españolas, también de aquellos que los apoyaron cuando estaban en la oposición: “Parece que cuando se está sentado en el Consejo de Ministros esa investigación técnica independiente ya no interesa y eso nos da la razón; que no la quieran llevar a cabo demuestra que las cosas no estaban bien. Por eso tiene que saberse toda la verdad, para que algo así no vuelva a suceder nunca”.

 

Responsabilidades penales y políticas

  La instrucción de la causa -que lleva el juzgado número 3 de Santiago de Compostela- tenía que haber finalizado el mes pasado, tras una nueva prórroga, pero la pandemia ha hecho que ese ya de por sí eterno plazo procesal se vuelva a extender. Hay a día de hoy dos personas investigadas -lo que antes era imputadas- por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave: el maquinista, Francisco Garzón, que tomó la curva de A Grandeira a una velocidad muy superior a la permitida tras atender una llamada telefónica del interventor, y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por un deficiente análisis de riesgos en esa curva. Pero a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 le faltan imputados. No entienden que no esté Renfe, que no actúo en consecuencia después de que diez altos cargos recibiesen el aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira, en cuyo escrito recogía “la advertencia de lo que podía suceder y acabó sucediendo”. Recuerdan que el año pasado pelearon para que se mantuviese como investigado al que fue director de Seguridad en la Circulación de la operadora ferroviaria pública Antonio Lanchares. Siguen teniendo muy presentes las imputaciones de los miembros de la cúpula de Adif de 2011 y de cinco técnicos de la empresa decididas por el primer instructor, el juez Luis Aláez. Todas revocadas por la Audiencia Provincial de A Coruña. Consideran relevante la declaración en sede judicial, hace un par de semanas, de un extécnico de Talgo ratificando que directivos de la compañía ordenaron el borrado de las averías del Alvia accidentado en Angrois inmediatamente después del siniestro (algo que los directivos negaron en el juzgado). Y no dejan de repetir que la Xunta de Galicia impuso, en su día, a dos de los tres peritos judiciales, que carecían de experiencia en la materia.

  En lo político, el presidente de la Plataforma, Jesús Domínguez, nos cuenta que esperan que se retomen los trabajos de la comisión parlamentaria que se cerró “en falso” -sin conclusiones- por la disolución de las Cortes. No las tienen todas consigo pero lo van a pelear. Al socialista José Blanco, ministro de Fomento cuando se inauguró la línea ferroviaria en la que tuvo lugar el accidente, lo acusan de engañar a toda la ciudadanía al publicitar que era de Alta Velocidad y que contaba con el sistema de frenada ERTMS cuando no era así en todo el trayecto; y lo señalan por autorizar el cambio del proyecto original, suprimiendo ese sistema de seguridad precisamente en el tramo más peligroso. A su sucesora en el cargo, la popular Ana Pastor, la acusan de ser la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas para tratar de ocultar las verdaderas causas de la tragedia que costó la vida a 81 personas y dejó a otras 144 heridas. “Hablamos de la Alta Velocidad, la joya de la Corona, con muchos contratos y miles de millones de euros en juego y España no se podía permitir que se dijese que las cosas no se estaban haciendo bien. Por eso se activó toda la maquinaria del Estado para ocultar la verdad”.

La lucha continúa

  Pero tanto a nivel político como a nivel penal, su principal objetivo es redoblar la lucha para que se lleve a cabo la investigación técnica independiente que reclama la UE “para determinar qué fallos se cometieron, por qué se homologó mal el tren, por qué no se hizo un análisis de riesgos como correspondía… Es lo que tiene que hacer el Gobierno de España; lo que marca la normativa europea. Pero está claro que no quiere”. Y dice Jesús Domínguez que no quiere porque, siete años después, su caso (que debería ser el de todo un país) “ya no está en la palestra y no perjudica en las urnas, que es lo único que les importa a nuestros gobernantes. Los muertos y las demás víctimas les damos igual”. Recuerda el “recibimiento con los antidisturbios que nos dio el presidente de la Xunta” cuando -en el primer aniversario de la tragedia- trataron de acceder al edificio donde se entregaban las Medallas de Galicia para explicarle a Alberto Núñez Feijóo su negativa a recibir una de las distinciones (al acto solo fueron invitadas ocho víctimas y familiares).

  Lo tienen claro y aun así en la Plataforma Víctimas Alvia 04155 no piensan rendirse: “Ellos juegan con el tiempo y a lo largo de estos siete años no les ha ido mal, pero nosotros estamos dispuestos a seguir hasta conseguir VERDAD y JUSTICIA, que es lo que demandamos desde el principio”. Es una lucha muy desigual, en la que saben que es clave que sus reclamaciones vuelvan al primer plano en el que estuvieron durante los meses posteriores y los primeros años que siguieron a aquel 24 de julio de 2013. Echemos la vista atrás, no olvidemos lo que pasó y exijamos para ellos la VERDAD y la JUSTICIA que estaríamos exigiendo si nosotros o algún familiar o amigo nuestro hubiésemos ido en aquel tren.

“Es el último recurso que nos queda”

Lo ha hecho. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España -AVITE- ha demandado al Estado ante la Audiencia Nacional por 400 millones de euros. No querían llegar a este extremo. Nos lo decían a principios del año pasado recién presentada la reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad, el paso previo exigido por ley para demandarlo. No querían porque, siendo conscientes de su responsabilidad, pensaban que contarían con su total apoyo teniendo en cuenta que el problema lo había generado la farmacéutica Grünenthal, pero nada más lejos de la realidad. Estaban “cansados e indignados” tras más de 14 años de lucha por algo que empezó hace más de seis décadas y porque llevaban esperando desde 2016 a que se cumpliese la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso por la que debían haber empezado a cobrar las indemnizaciones en 2018. Un incumplimiento al que se sumó el de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

  Después de casi año y medio, una y otra siguen sin cumplirse, los afectados siguen sin ver ni un euro y el cansancio y la indignación han dado paso a una “inmensa frustración, al quedarnos claro que el apoyo que en su momento nos trasladaron los partidos políticos -sobre todo los que ahora están en el Gobierno- no era más que un paripé. Ahora somos un problema porque la cuantía que exigimos es un problema”. Lo dice alto y claro, como siempre, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea.

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400 millones por incumplir la ley

  Demandan al Estado por 400 millones de euros por incumplir lo recogido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que establece la obligación del pago a los afectados de dos tipos de ayudas: una con cargo a los fondos públicos y otra que tendría que asumir Grünenthal, de la que el propio Gobierno recabaría la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas. “Viendo el absoluto desinterés por parte del actual Ejecutivo, que ni siquiera tiene un interlocutor para ocuparse de este tema y cuyo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva más de medio año dándonos largas pese a decirnos que se reuniría con nosotros”, reclaman al Ministerio de Sanidad 24.000 euros por punto porcentual de discapacidad, multiplicado por el grao de discapacidad y por los cerca de 280 socios de la asociación.

  Explica su vicepresidente que le piden al Gobierno su parte y la de la farmacéutica “y que sea él quien se la reclame a ella, como dice la ley. Yo mismo le pregunté en diciembre pasado al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, qué iban a hacer con Grünenthal teniendo a 103 personas en España reconocidas como afectadas por la talidomida. Me respondió que eso no era de su competencia. Estoy convencido de que no se han reunido ni una sola vez para exigi rle que cumpla”.

Solo 103 afectados reconocidos, algunos sin recibir el resultado

  Atendiendo a los últimos datos hechos públicos a finales de 2019, provisionales, el Comité Científico-Técnico de la Talidomida -constituido en 2017- reconoció la afectación a 103 pacientes de los 585 que presentaron la solicitud, a falta de pronunciarse todavía sobre 70 casos. A Rafael Basterrechea no le salen las cuentas, sabiendo que el fármaco se vendió en España durante más de tres décadas (de 1950 a 1985) y siendo el número de afectados inferior al de países en los solo se vendió durante seis o siete años. Empieza aclarando que más de 250 socios de AVITE tienen un informe del doctor Claus Knapp, el descubridor de los efectos nocivos de la talidomida, reconociéndolos como afectados y se pregunta cómo es posible que habiéndose basado en su trabajo quienes los han valorado ahora solo reconozcan a 103. Asegura el vicepresidente de la asociación que sabe a ciencia cierta que cerca de 300 pacientes fueron valorados como positivos por los equipos de expertos autonómicos, quedando reducidos a apenas un tercio con el dictamen definitivo del comité nacional: “Y eso que a los de Madrid, Extremadura, Aragón y Murcia los valoraron en su Comunidad Autónoma miembros del propio comité”. Y se fija en el caso murciano, de donde es su presidenta, Encarna Guillén: afirma que de allí salieron reconocidos como positivos el cien por cien de los valorados para quedar finalmente en la mitad.

  Y da más datos: la mitad de los 24 pacientes que fueron oficialmente reconocidos hace una década no han sido considerados ahora como tal. “A 12 de ellos, que han cobrado una indemnización e incluso alguno se ha jubilado como afectado por la talidomida, se les dice ahora que no lo son”. Algo “inaudito y rocambolesco” a lo que solo le encuentra una explicación: “que el Gobierno pretende adaptar el número de afectados a lo que se presupuestó en su día en ayudas sin saber a cuánta gente iba a tener que pagar; ayudas, que no indemnizaciones -lo que significa que tendrán que declararlas en el IRPF-, que además no recibirán hasta someterse a una revisión de su grado de discapacidad. Todo para que les den las cuentas, a nuestra costa y a costa de lo que haga falta”. Por no hablar de que han tardado más de dos años en remitirles el resultado de una mañana de pruebas –“algunos todavía no lo han recibido a pesar de que los expedientes salieron el mismo día del Instituto de Salud Carlos III”- y de que aseguran que no pasan de 40 los negativos cuyo informe incluye un motivo científico para descartarlos como afectados por la talidomida: en la mayoría figura “no compatible, no relacionado o una sandez parecida, sin criterio científico ni técnico y, por supuesto, sin ningún diagnóstico que explique el porqué de sus malformaciones congénitas”.

  En la demanda presentada en la Audiencia Nacional piden que se les faciliten todos los expedientes porque quieren saber lo que ha pasado a lo largo del proceso de valoración, “porque algo ha pasado”.

¿Confiar en la justicia?

  “Difícil, muy difícil confiar en la justicia conociendo los precedentes”, confiesa el vicepresidente de AVITE. Recuerda lo sucedido después de que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenase a Grünenthal a pagar a los 24 afectados reconocidos entonces por la Administración, al considerar probado que hubo una actuación negligente por su parte por no tomar las medidas necesarias para comprobar la seguridad del medicamento. Un año después la Audiencia Provincial de Madrid dejaba en nada la sentencia argumentando que el caso había prescrito incluso en la hipótesis más favorable a los demandantes. El Tribunal Supremo lo ratificaba en 2015, en contra del criterio de la Fiscalía, que defendía que el plazo para la prescripción debía empezar a contar en 2012, cuando la farmacéutica reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. Ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de la asociación.

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  Rafael Basterrechea sigue preguntándose cómo es posible que la justicia dijese hace años que el caso había prescrito cuando en pleno 2020 el Ministerio de Sanidad aún no les ha remitido el resultado de la valoración a parte de las casi seiscientas personas que se sometieron al reconocimiento. Se pregunta también qué pasa con los 91 considerados ahora afectados que hace una década no lo fueron, destacando que podrían iniciar procesos judiciales; igual que los más de cuatrocientos cincuenta que se ha determinado que no son perjudicados por la talidomida. Pero saben que para eso hace falta, además de mucho dinero, porque saben que tendrán que llegar hasta el final, una fuerza que, después de los palos recibidos, es más que probable que ya no tengan.

  El vicepresidente de AVITEestá convencido de que en su día hubo instrucciones políticas a los jueces, por presiones del sector farmacéutico, y cree que ahora las habrá de nuevo: “Aunque el juez de la Audiencia Nacional nos diese la razón, su dictamen lo acabará tumbando el Tribunal Supremo”. ¿Por qué dan entonces el paso? “Porque es lo único que nos queda. Que no se diga que no hemos agotado todos los recursos a nuestro alcance para tratar de que se haga justicia a los afectados por la talidomida en España, miles de ellos ya fallecidos”. Nadie podrá decir nunca que no han mantenido viva la lucha todo lo que han podido.

Lo que hay detrás de una histórica condena a España

Sandra estaba embarazada de casi cuarenta semanas cuando acudió al hospital, pero ni por un momento pensó que iba a dar a luz. Tenía claro que aún no había entrado en la fase de parto pero el personal médico de ese centro hospitalario público decidió inducírselo sometiéndola para ello a una serie de intervenciones para las que no le pidieron consentimiento: le administraron oxitocina para acelerarlo, le practicaron más de diez tactos vaginales, la mayoría injustificados, le realizaron una episiotomía y utilizaron la ventosa para sacar a la bebé, todo sin tenerla en cuenta y sin explicarle nada de lo que estaba sucediendo; ni siquiera cuando se llevaron a la niña, de la que tuvo que estar varios días separada por una infección que conoció a posteriori. Lo recuerda ‘como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje donde todo el mundo hace cosas de forma mecánica y la mujer no hace nada pero sale de allí con un bebé (…), cuando está física y psicológicamente preparada para parir, no para que la paran’. Asegura que se sintió desautorizada y sin autoestima. Era 2011. Presentó una reclamación por vía administrativa y acabó reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales que, uno detrás de otro, fueron tumbando su caso; lejos de tirar la toalla, lo llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que hace unos días, nueve años después de comenzar su periplo, dictaba una histórica condena a España: concluye que Sandra -nombre ficticio para salvaguardar su identidad- fue víctima de violencia obstétrica no de una negligencia médica, porque no se trata de un caso individual sino de una cuestión estructural; una cuestión que parte de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, su rol sexual pasivo y su papel en la sociedad, por lo que también es una forma de violencia de género. Y responsabiliza al Estado por no actuar de manera diligente para garantizar sus derechos y los de su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia.

Nos lo explican Paloma Torres López y Lucía Maravillas Martínez Losas, dos de las abogadas que han presentado el caso ante Naciones Unidas junto con Marina Morla González, Teresa Fernández Paredes y Francisca Fernández Guillén, directora jurídica del Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo llevó en sus diferentes etapas en España. “Juntas ideamos una estrategia que entonces parecía utópica pero que, al final, ha dado resultado”. Y tanto: no solo es la primera vez que un organismo internacional reconoce en una sentencia la violencia obstétrica como tal sino que, además, la reconoce como una forma de violencia de género.

“Un nuevo estándar de Derechos Humanos”

  Como Sandra, sus letradas destacan que “la mujer está preparada para el parto no para que la paran”. Recuerdan que el personal sanitario tiene el deber de contarle en todo momento lo que está pasando y de pedirle consentimiento. Pero denuncian que precisamente por esos estereotipos de género, tan pronto entra en el hospital pasa a ser un simple recipiente, su cuerpo y lo que ella decida da igual; es más, se considera que por estar en un determinado momento emocional no tiene capacidad decisoria. Y es por eso por lo que el equipo legal incluyó la violencia de género, porque no se trata de una negligencia de determinados profesionales sanitarios o del propio sistema sino de una discriminación por razón de género, porque solo puede afectar a las personas con útero: “A diferencia de otros pacientes, la mujer está ahí única y exclusivamente para parir y lo que importa es el bebé que lleva dentro; ni lo que ella quiera, ni su cuerpo, ni el impacto que pueden suponerle las actuaciones médicas que se lleven a cabo. Eso no importa”. Y este no es un caso aislado: con datos de 2016 del Observatorio de Violencia Obstétrica recogidos de casi dos mil testimonios, en dos tercios de los partos no se respetaron los planes presentados y en la mitad se actuó sin el consentimiento de la madre (inducción, episiotomía, Kristeller…). Más de un tercio de esas mujeres necesitó ayuda psicológica para superar las secuelas o los malos recuerdos de dar a luz.

  Paloma Torres nos cuenta que la resolución de Naciones Unidas va mucho más allá de Sandra y de las otras dos denunciantes que están pendientes de un pronunciamiento, que sus abogadas confían en que vaya en la misma dirección. Y es que este ha sido un litigio estratégico de Derechos Humanos: “Hemos puesto de manifiesto en el ámbito internacional una práctica habitual, sistemática y gracias a eso se ha sentado jurisprudencia que es vinculante no solo para España sino para todos los países que, como el nuestro, han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso significa que se ha generado un nuevo estándar de Derechos Humanos, un cambio que esperamos pueda tener efectos a largo plazo en distintos frentes”. Lo explica ella misma destacando que, por eso, todas -abogadas y denunciantes- están muy satisfechas.

Solo ha habido otra condena del CEDAW a España

  Paloma Torres y Lucía Martínez ponen el acento en el hecho de que España solo había sido condenada hasta ahora en una ocasión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en 2014, por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija de siete años fue asesinada por su expareja cuando la tenía con él a pesar de que ella había reclamado en múltiples ocasiones que le suspendieran el régimen de visitas por las amenazas recibidas. Incluso habiéndole dado Naciones Unidas la razón reconociendo la responsabilidad del Estado tuvo que volver a reclamar en los tribunales españoles para que este cumpliese, hasta que Supremo dictaminó que las recomendaciones del CEDAW son vinculantes y deben ser acatadas y aplicadas para que los derechos y libertades estipulados en los tratados internacionales firmados por nuestro país sean reales y concretos aquí.

  Tanto entonces como ahora se peleó duro para que la ONU fuese más allá de la indemnización a la víctima y le recomendase al Estado medidas de carácter general. Y se consiguió. El Comité conmina al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la realidad de la violencia obstétrica en España, de la que solo dan datos las asociaciones que llevan años trabajando para que se reconozca su existencia; también lo llama a “brindarles a los profesionales sanitarios y a los de la judicatura una capacitación adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva” para que dejen de aplicar estereotipos de género, porque la mujer no pierde ni su autonomía ni su capacidad decisoria porque vaya a dar a luz. “El CEDAW deja claro que en los casos de violencia obstétrica el personal sanitario no es el único que le causa daños físicos y psicológicos a la mujer abusando de la medicación y del intervencionismo médico, no pidiéndole consentimiento y no teniéndola en cuenta para nada: también lo hacen los jueces cuando niegan esa violencia resolución tras resolución, cuando determinan que los daños psicológicos alegados por la denunciante son una percepción suya, cuando afirman que está exagerando (hay sentencias que siguen hablando de histeria)… Esos son estereotipos de género que hacen que el daño psicológico sea todavía mayor porque pueden llevar a que la víctima acabe dudando de ella misma y piense si no será cierto que la culpa es suya”. Así lo señala Lucía Maravillas Martínez, aclarando que el hecho de que por fin le hayan dado la razón a Sandra -después de casi una década- no borra de golpe todo lo que ha sufrido, “eso no se lo quita nadie”. Para lo que sí tiene que servir -dice este equipo de abogadas independientes- es para que situaciones como la que vivió ella dejen de repetirse, por eso consideran determinante que se sepa que no son casos aislados.

  Es imprescindible que el Gobierno reconozca la violencia obstétrica como tal y como una forma de violencia de género para reorientar así las políticas públicas: para que respondan a las necesidades de las víctimas pero, sobre todo, para evitar que las mujeres sigan sufriéndola, que es de lo que al final se trata, de prevenir. Lucía Maravillas Martínez Losas y Paloma Torres López recuerdan que desde el Ejecutivo aseguran que trabajan para adaptar la legislación española a las convenciones internacionales que en su día se firmaron, que presentan una concepción mucho más amplia de lo que tiene que considerarse violencia de género; pero también se quejan de que no acaben de “atreverse” a confirmar que tipificarán la violencia obstétrica y que tendrá esa consideración, que es lo que les dice la ONU. Porque si no dan el paso nunca se podrá erradicar. Piensan que van a ser reacios a cumplir las recomendaciones, pero confían en que lo acabarán haciendo cuando se conozcan los dos dictámenes pendientes: “Deberían traducir esta resolución internacional en ley lo antes posible. Al final, tendrán que hacerlo”.

El TC no tiene por qué declararlas constitucionales. Y además los socios del Gobierno tienen un compromiso

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y de ver qué hace el Ejecutivo de coalición, la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la frontera con Marruecos sigue dando mucho que hablar; también la lectura que hizo de la misma el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Fernando Grande-Marlaska dijo que el dictamen deja claro que la violencia que ejercen los migrantes limita sus derechos fundamentales y que España cuenta con mecanismos suficientes para asistir en frontera a los solicitantes de protección internacional. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, Doctor en Derecho, no entiende “cómo es posible que un magistrado como él diga una barbaridad así”, asegurando que en un Estado de derecho los derechos fundamentales solo pueden limitarse caso por caso y por sentencia judicial: “De hecho el Estado de derecho se revela como esencial en situaciones conflictivas garantizando para resolverlas vías respetuosas con los derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, por lo que si se suprime ese papel garantista lo estamos vaciando de contenido”. José Palazón, fundador de Melilla, considera “gravísimas” y muy significativas las declaraciones del titular de Interior, “sobre todo teniendo en cuenta que la violencia ejercida por España y Marruecos en las expulsiones es tremenda”. Recuerda que saltar la valla es una infracción administrativa, no penal, y que en nuestro país también existe la presunción de inocencia para los migrantes. Sobre la existencia de vías legales para entrar en España a través de la frontera sur, uno y otro coinciden en que eso solo es cierto sobre el papel no en la práctica. Ellos mismos lo cuentan.


El giro copernicano del Tribunal de Estrasburgo

Tanto en la APDHA como en PRODEIN Melilla -igual que en el resto de oenegés y en organismos de la propia ONU- destacan la sorpresa que ha supuesto el giro de ciento ochenta grados que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su línea jurisprudencial al respecto: el propio TEDH condenó en primera instancia a España por este caso en el que ahora atiende el recurso y los argumentos de la Abogacía del Estado, fijando incluso indemnizaciones de cinco mil euros para cada uno de los dos demandantes -un nacional de Mali y otro de Costa de Marfil- que fueron expulsados de inmediato de territorio español en agosto de 2014 tras saltar la valla de Melilla ‘como parte de un gran grupo’ de personas. Carlos Arce afirma que “frente al discurso de criminalización de las migraciones, que sostiene que estamos sufriendo una avalancha y que hacen falta medios extraordinarios para combatirla, Estrasburgo se había erigido hasta ahora en una rara avis institucional poniendo siempre por delante los derechos humanos y la dignidad de las personas. Era un contrapeso clave y este volantazo, en especial lo rudimentario y más que discutible de su argumentación, supone la pérdida de un valioso instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los migrantes”. En una línea similar, José Palazón dice que “nos han quitado una institución imprescindible” y va más allá al denunciar que el TEDH “deja de ser una referencia en materia de derechos humanos para convertirse en un tribunal de los derechos de Gobiernos y corporaciones fascistas. Ha demostrado que le da miedo defender los derechos humanos y que se deja influir políticamente”.

La Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha reaccionado a la sentencia del tribunal europeo repitiendo que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -que participó en el proceso como tercera parte- ha puesto el acento en que la Convención de Ginebra de 1951 establece que no se debe penalizar a quien huye de un país en el que es o teme ser perseguido por haber entrado en otro de forma irregular. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explican que el principio de no devolución -recogido en el artículo 33 de esa Convención- está pensado específicamente para aquellas personas que entran irregularmente en un Estado: “Si como determina ahora el TEDH el hecho de hacerlo permite expulsar a esa persona sin que ni tan siquiera pueda hablar con un abogado, sin saber si puede ser solicitante de asilo, eso significa que el principio de no devolución no sirve para nada”. Es más, aseguran que si como da a entender Estrasburgo aquella persona que realice un acto ilegal sabiéndolo tiene que soportar todo lo que le pueda pasar “podría decirse que se podría eliminar el derecho penitenciario porque no tendría razón de ser”.

Como la práctica totalidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, alertan de que con este dictamen se facilita el camino para endurecer todavía más el control de fronteras en Europa. Hay pendientes en el TEDH otras dos demandas contra España por las devoluciones en caliente: la APDHA ve complicado que el tribunal de Estrasburgo vaya a dar “otro volantazo en sentido contrario después de haber dado este”; PRODEIN Melilla piensa que la sentencia dictada hace unos días “condicionará en gran parte lo que pueda pasar con esos dos casos” pero recuerda que en ellos se ponen encima de la mesma otros elementos además de la propia expulsión, como la violencia que se usó contra los inmigrantes, y pide esperar a ver qué pasa.

¿Y en España?

Estamos pendientes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2015 por distintos partidos, incluidos PSOE e IU, y por el Parlamento de Catalunya contra determinados artículos de la llamada ‘ley mordaza’ como su disposición final primera que permite las devoluciones en caliente. El responsable de Migracións de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere que quede claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga ni mucho menos a declararlas constitucionales: “Lo que hace Estrasburgo es fijar unos estándares mínimos de protección en materia de derechos fundamentales que vinculan a los Estados miembros del Consejo de Europa pero nada impide que en el ordenamiento jurídico de esos Estados se establezcan estándares superiores. Hay unos mínimos que hay que cumplir pero por encima el límite es el cielo”. Desde PRODEIN Melilla dicen que, “si atendemos a lo dispuesto en varias leyes, España tiene unos estándares de protección superiores, es más garantista” pero aclaran que “eso es así solo en la teoría, porque en la práctica se han estado realizando devoluciones en caliente desde hace veinte años, aunque el Gobierno de turno lo negara cuando eran ilegales”.

Nos cuenta José Palazón que espera que el Ejecutivo de coalición adecúe la práctica a la teoría existente desde hace décadas y elimine de inmediato esas expulsiones, como se comprometieron a hacer los partidos que lo conforman, convencido de que, de lo contrario, “pagarán las consecuencias a medio plazo, porque la gente que les votó espera que cumplan”. Carlos Arce no confía demasiado en que lo haga teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE en gestión de fronteras y la trayectoria personal de Fernando Grande-Marlaska que, hasta ahora, se ha limitado a repetir que su prioridad es derogar la llamada ‘ley mordaza’ y consensuar otra Ley de Seguridad Ciudadana: “No creemos que vaya a prohibir esta práctica a no ser que la sustituya por otra que lo deje todo prácticamente igual”. Los dos critican el anuncio de Interior de que se incrementará un treinta por ciento la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla dentro del plan para sustituir las concertinas por elementos que doten a la frontera de una mayor seguridad pero que no sean cruentos, en palabras del ministro: “Es hipócrita insistir en que desaparecen cuando unos metros más allá, en el lado de Marruecos, se ha levantado un muro de concertinas de tres metros -previo pago a Rabat por parte de la UE de ciento cuarenta millones de euros-, que en Melilla está ya construido desde 2016. Otra gran mentira”, dice José Palazón, que denuncia que lo más cruento para los inmigrantes que tratan de entrar en España por esa frontera sur es el ejército marroquí “que usa la violencia de una forma bestial”. Tanto él como Carlos Arce también denuncian que con una valla más alta cualquier caída puede tener consecuencias más brutales todavía. Porque saben que los inmigrantes van a seguir intentando saltarla a no ser que la posibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos, Embajadas o consulados sea real. Por el momento, dista mucho de serlo.

P. S. La fotografía que acompaña al post en las Redes Sociales es de Antonio Sempere.

“Cada día que se demora su tramitación es un día más que hay gente que sigue sufriendo”

“Porque ya va tarde: han pasado dos décadas largas desde que Ramón Sampedro pidió la eutanasia en los tribunales y le fue denegada (fue el primer español en hacerlo)”. Es lo que responde Danel Aser Lorente Tellaetxe cuando le preguntamos por la posibilidad de que España se convierta en este 2020 en el sexto país del mundo en tener una ley de muerte digna tras ser admitida a trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados la propuesta impulsada por el PSOE. Todos sabemos cómo acabó aquella historia y cómo acabaron muchas otras y él lo ha sufrido muy de cerca: es uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, que moría a los setenta y cinco años después de pasar los trece últimos enferma de alzhéimer; en su documento de voluntades anticipadas había dejado claro que no quería seguir viviendo cuando ya no tuviese autonomía, ni capacidad de amar, ni reconociese a los suyos, pero su voluntad no se respetó. Su familia empezó entonces una lucha para conseguir la despenalización de la eutanasia y que ella y muchas otras personas “pudiesen morir con dignidad, porque la vida es un derecho y no una obligación”, y la lucha continuó tras su muerte. A punto de cumplirse un año de ese fallecimiento sus familiares confían en que -como dice el dicho- a la tercera vaya la vencida, la norma se apruebe definitivamente y entre en vigor cuanto antes: en 2018 y 2019 ya se había aprobado su toma en consideración en las Cortes, pero las dos últimas convocatorias electorales impidieron que siguiese adelante. Dice que esta es la ocasión en la que más esperanzados están; aun así, confiesa que no las tienen todas con ellos.

Nadie va a acabar con la vida de nadie

El Congreso dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia de los socialistas por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, siendo los que se opusieron parlamentarios del PP, de VOX, de UPN y de Foro Asturias. Danel Aser Lorente Tellaetxe se muestra muy crítico con las intervenciones de dos de los diputados en ese debate: el popular José Ignacio Echániz, que llegó a hablar de ‘solución final’, y Lourdes Méndez, de la formación de ultraderecha, que sostuvo que se convertirá al Estado en una ‘máquina de matar’. Los tilda de “irresponsables e inhumanos” y los acusa de mentir, quejándose además de que “sus únicos argumentos están basados en las creencias y en la fe, en la religión católica, cuando -en teoría- vivimos en un Estado aconfesional”. Así nos lo ha contado.

Tanto el PP como VOX proponen una ley de cuidados paliativos, que los populares vetaron en varias ocasiones cuando la presentó el PSOE. Argumentan en el Partido Popular que ‘entre el dolor y la eutanasia están los cuidados paliativos’, pero el hijo de Maribel Tellaetxe afirma que son necesidades diferentes para momentos diferentes de la vida: considera que los cuidados paliativos son “absolutamente necesarios y deberían estar armonizados en todo el territorio español”, cuenta que su madre los recibió en sus últimos meses y que, de alguna manera, mitigaron su dolor físico; pero aclara que estos cuidados no le van a devolver a una persona enferma de alzhéimer sus recuerdos, su capacidad de amar y su autonomía, ni su movilidad a una persona tetrapléjica. “Yo tendré que poder decidir si quiero vivir toda la vida postrado en una cama o sin recuerdos o si no quiero hacerlo; está muy bien que haya quien decida que sí, pero también quien diga que no”. Recuerda que el instinto de supervivencia es innato en el ser humano y se pregunta cuándo desaparece, para añadir que “mucho tienes que estar sufriendo para decidir que ya no quieres seguir adelante con la vida”.

‘La Promesa’

‘La Promesa’ es el documental que el propio Danel Lorente Tellaetxe rodó para que la gente viese y entendiese cómo era un día en los últimos meses de la vida de su ama, desde que la levantaban hasta que ayudaban a meterla en la cama; la pieza más dura con la que se ha comprometido en sus dos décadas en el mundo del cine. Nos explica que la familia dio el paso de hacer públicos su mayor intimidad y su máximo dolor única y exclusivamente con un carácter reivindicativo, partiendo de la base de que una imagen vale más que mil palabras.

Ha sido seleccionado para participar en numerosos festivales y premiado en lugares que jamás hubiesen imaginado, como en Utah (EE.UU), donde fue elegido mejor documental extranjero en el Festival Internacional de Documentales, o en el de la ciudad china de Guangzhou, donde quedó tercero entre los más de tres mil setecientos presentados. Su conclusión es que “la historia de amatxu es la de millones de amatxus en todo el mundo y que las enfermedades, el respeto a las voluntades individuales y el cariño no entienden de fronteras, ni de clases sociales, ni de razas, tampoco de religiones; no entienden”. Eso sí, destaca que el premio que más están recibiendo es el del público, que es el que más le emociona “porque, al final, cuentas una historia para llegar a un público”; y han sido muchos los espectadores que le han demostrado personalmente que su historia les ha llegado, haciendo cola una vez finalizada la proyección para hablar con él, darle ánimos e incluso darle las gracias. Asegura que “eso es lo único gratificante que ha salido de este documental, saber que está ayudando a mucha más gente de la que esperábamos”. Un documental que, como siempre repite, “nunca se debió rodar en un Estado social y democrático de derecho; jamás se habría tenido que rodar si en España se respetasen los derechos humanos y las libertades individuales”.

P. S. La imagen que acompaña al post en las Redes Sociales corresponde a un fotograma del documental ‘La Promesa’.

“Seis años después, seguimos repitiendo que esas muertes no pueden quedar impunes”

Armand, Blaise, Daouda, Jeannot, Keita, Larios, Luc, Oumarou, Ousmane, Roger Chimie, Samba, Youssouf, Yves y un compañero cuyo nombre se desconoce morían el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí del Tarajal bordeando el dique fronterizo con Marruecos. Por lo menos catorce personas muertas tras utilizar los guardias civiles desplegados en la zona material antidisturbios para tratar de disuadirlas: lanzaron ciento cincuenta y cinco pelotas de goma y cinco botes de humo y dispararon trescientas cincuenta y cinco salvas de fogueo, según una de las organizaciones pro derechos humanos que ejerce la acusación popular, Coordinadora de Barrios (las otras son CEAR, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos, Comité René Cassin y Observatori de Drets Humans). “Cuando te disparan te bloqueas. Te paralizas, no te puedes mover. Te hundes”, contó en su día una de los dos supervivientes que prestaron declaración ante la instructora del caso. Seis años después el periplo judicial continúa, moviéndose hasta el momento entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la Ciudad Autónoma, que ya ordenó reabrirlo en dos ocasiones argumentando que no se había agotado la investigación, llegando incluso a afirmar que se había decretado el archivo “sin realizar el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”.

En septiembre del año pasado, la titular de ese Juzgado número 6 acordaba procesar por los delitos de homicidio imprudente con resultado de muerte y denegación de auxilio a los mandos y agentes de la Guardia Civil investigados, dieciséis en total: en el auto decía que su actuación “pudo contribuir” a las muertes por ahogamiento, que pudo haber “falta de proporcionalidad” y que había indicios de que no socorrieron a las personas que se encontraban en el mar “con riesgo vital”. La Fiscalía pidió de nuevo el archivo y apenas un mes después la misma jueza decretaba el sobreseimiento de la causa por tercera vez: explicaba que lo hacía “exclusivamente” en aplicación de la llamada doctrina Botín que indica que, en casos como este, no puede abrirse juicio oral si no acusan ni el Ministerio Público ni la acusación particular, aunque sí lo haga la popular. Las asociaciones que ejercen esa acusación popular recuerdan que en este caso no hay acusación particular pese a que familiares de seis de las víctimas han tratado varias veces de personarse en la causa, siendo su solicitud rechazada: la primera instructora alegó que no habían aportado los originales de los certificados de nacimiento de los fallecidos sino fotocopias y cuando lo hicieron no recibieron respuesta; el año pasado volvieron a intentarlo pero la nueva jueza determinó que el tema ya se había resuelto en su día. La acusación popular recurrió -también lo hicieron la Fiscalía y las defensas, pidiendo que se entre en el fondo de la cuestión y se deje claro que los investigados no cometieron delito alguno, como ellas sostienen- y se está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie.

Siguen reclamando verdad, justicia y reparación

Estos días Ceuta, Madrid, Jerez, Logroño, Pamplona, Durango o Frankfurt acogen actos en memoria de los por lo menos catorce muertos. Actos convocados y apoyados por numerosos colectivos, entidades y particulares que quieren enviar un mensaje: que van a seguir exigiendo justicia, que no piensan desistir y que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que no haya impunidad”. Así nos lo ha contado Laura Ganado, del equipo organizador de la VII Marcha por la Dignidad que -secundada por alrededor de ciento cincuenta asociaciones- recorrerá este sábado día 8 la Ciudad Autónoma para reclamar una vez más “verdad, justicia y reparación”.

El lema de este año es ‘Frente a vuestros muros creamos puentes’ y ella misma nos lo explica: “Muros físicos, porque se ha estado hablando mucho de las concertinas, de quitarlas del lado ceutí mientras las refuerzan en el lado marroquí; pero también muros mentales, porque se ha multiplicado el discurso de odio, xenófobo y racista. Y puentes porque, como respuesta, no nos cansaremos de tenderlos y de crear lazos de unión con los inmigrantes, dándoles una acogida digna y uniendo nuestras voces en marchas como esta con un objetivo común, que no es otro que defender los Derechos Humanos”. Quieren que el sábado se visibilice en Ceuta que “somos miles las personas que seguimos defendiendo la justicia, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la convivencia, el respeto y la dignidad de quienes tratan de escapar de la miseria y de las guerras”.

Dice Laura Ganado que las políticas migratorias españolas y europeas han estado marcadas en los últimos años por la externalización/subcontratación del control de fronteras, dejando a su suerte a las decenas de miles de personas que se han echado -y seguirán echándose- al mar para sobrevivir. Pero también tiene claro que una parte de la sociedad civil, en la que se incluyen voluntarias y voluntarios -como ella- de numerosas organizaciones, asociaciones y colectivos, así como otros muchos miles de ciudadanos, va a continuar con la lucha para reclamar un cambio radical que permita que esa cifra de la vergüenza que es la de los muertos en el Mediterráneo deje de incrementarse: desde 2014 hasta el 31 de diciembre pasado la Organización Internacional de las Migraciones contabiliza por lo menos 19.164 fallecidos, 1.283 de ellos el año pasado. Y eso sin contar a los desaparecidos cuyas muertes no se han podido ni se podrán nunca verificar: 413 solo en 2019.

“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

57 Voces des-autorizadas

Hace un año se ponía en marcha esta bitácora como altavoz y caja de resonancia para todas esas Voces que están más que autorizadas para hacerse oír, con la pretensión de ayudar a acercar sus denuncias, sus reivindicaciones y su trabajo por y para cambiar y mejorar la realidad a todas aquellas personas dispuestas a escuchar. Voces como la de Ana Balboa, presidenta de la Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca (AMICO), censurando los muchos obstáculos que tienen que superar día a día los discapacitados en pleno s.XXI; las de Mónica Pastoriza, su madre Elvira Blanco y Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, dejándonos claro que el Síndrome de Down es simplemente tener un cromosoma extra; y la de Óscar Moral, asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), recordándonos que la sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población, como sucede a diario.

Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), nos contaba que están hartos de que sus reclamaciones por algo que comenzó hace más de seis décadas sigan sin ser atendidas, como si el Estado estuviese esperando a que se rindan o a que vayan muriendo; lo mismo que Rosa Hernanz, impulsora de la plataforma Niñ@s de la Polio y Síndrome Post Polio, que nos adelantaba que llevarían a la justicia argentina sus demandas por lo que empezó también hace más de sesenta años, porque ya no están para llamar de puerta en puerta. Fide Mirón, vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y de la Asociación Española de Porfiria, dejaba testimonio de la dureza de vivir luchando contra los números y contra el reloj; María López Matallana, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) denunciaba enfermedades ocultadas, pacientes abandonados y maltrato INSStitucional por la guía publicada en enero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social; Íñigo Lasa, director general de Anesvad, ponía encima de la mesa la existencia de más de mil millones de enfermos olvidados en el mundo hoy en día; y María del Carmen Martínez, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (FAGAL) y cuidadora, Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) y Nina Gramunt, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragall, nos decían que debemos tener muy presente que nadie está libre de sufrir Alzheimer; mientras la doctora Ana Casas, especialista en cáncer de mama y cuidados de soporte oncológico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos contaba que tener cáncer la ha hecho mejor oncóloga; y Damián Caballero, portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Medicamentos a un precio justo’, instaba a las autoridades a no confundirse porque somos pacientes, no clientes.

Voces todas ellas más que autorizadas, pese a quien pese, porque saben de lo que hablan como la de Gema Castilla, responsable de Comunicación de la Fundación RAIS Hogar SÍ, pidiéndonos que no olvidemos que el sinhogarismo es una realidad para 31.000 personas y que podemos acabar con él; y la de Ángel Franco, director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), llamándonos a tener en cuenta que siguen entregando comida a un millón y medio de ciudadanos, lo que demuestra que por mucho que nos intenten convencer de lo contrario la crisis sigue ahí. ¡Qué decir de David Lorente, uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió esperando que se despenalizase la eutanasia, una cuenta todavía pendiente en nuestro país; y de Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación Infancia Robada, quejándose de que las víctimas de pederastia están limpiando de porquería la Iglesia cuando es ella la que debe liderar esa lucha; de Carmela del Moral, analista jurídico de Derechos de la Infancia de Save the Children, reclamando que se pongan en marcha políticas que sitúen a los menores en el centro porque, como no votan, sus problemas son secundarios; y de Marga Rivas, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), denunciando que cuando alguien se mata porque no puede pagar su casa no se trata de un suicidio sino de un asesinato por la falta de implicación de las instituciones. David Aragonés, uno de los portavoces de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE, nos explicó que pese a los pasos del Gobierno para dar mayor tranquilidad a los clientes la batalla judicial por los gastos hipotecarios seguía en pie; y Jordi Castilla, del equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, nos aseguró que se puede parar la escalada del recibo de la luz.

Voces a las que hay que sumar la de María Jesús Vega, coordinadora de Comunicación en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, censurando que, ocho años después, la guerra en Siria seguía matando con bombas o con falta de medicinas y de ropa para afrontar el invierno; la de Julia López, coordinadora de Comunicación de Plan Internacional, avisando de que cuando solo falta una década para cumplir el objetivo fijado de erradicar la mutilación genital femenina tres millones de niñas siguen sufriéndola cada año; y la de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, destacando que los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos en manos de los Gobiernos. También la de Guillermo Cañardo, coordinador médico y jefe de misión de Proactiva Open Arms, hablándonos de los migrantes que se lanzan a cruzar el Mediterráneo amontonados en embarcaciones precarias como héroes, convencido de que él no sobreviviría a esa travesía; la de Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, denunciando lo que está sucediendo en ese mar convertido en un inmenso cementerio y diciendo que cada uno se retrate en ese periplo de la vergüenza; la de Margarita Moreno, estudiante de Medicina y voluntaria por segundo año en la isla griega de Lesbos, criticando las condiciones infrahumanas de los refugiados en el “campo de concentración” de Moria y afirmando que aquí y ahora debería darnos vergüenza; y la de Carlos Arce, responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), protestando porque cualquier otra política que causase miles de muertos como esta generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen.

Voces como la de Isabel Taboada, trabajadora por cuenta propia que se quejaba del maltrato al colectivo de autónomos a pesar de su importante papel en el crecimiento económico; la de Ángela Muñoz, portavoz de asociación Las Kellys, censurando que haya camareras de piso que tienen que comprarse incluso la fregona; las de Enrique Muñoz y Paco Juárez, de las plataformas ciudadanas Soria ¡YA! y Teruel Existe, reivindicando la capacidad de resistencia de la España vaciada y advirtiendo al resto del país de que también habrá consecuencias; y las de Caty Gálvez y Juan Antonio Suárez, matrimonio de 79 y 85 años, reclamando que acaben de una vez la Autovía del Duero, aprobada hace 26 años. La Voz de Carlos Requena, gerente de Payasos Sin Fronteras, ponía en valor la importancia de la risa en l@s niñ@s -y no tan nin@s- que han vivido una guerra, como prueba la evidencia científica; y la de Verónica Macedo, fundadora de Saniclown-Payasos de Hospital, nos demostraba que los payasos de hospital tienen efectos secundarios para tod@s. María Fernández, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, nos explicaba que puede haber garantías de que la esclavitud infantil y los abusos a los productores no estén detrás de lo que consumimos; Julio Barea, uno de los responsables de campaña de Greenpeace, nos decía que después de invadir medio planeta los plásticos están en nuestro organismo; Javier Andaluz, responsable de Clima de Ecologistas en Acción, nos alertaba de que el tiempo se agota y son ya muchas las oportunidades perdidas para tratar de evitar que el mundo llegue al umbral de no retorno; Jordi Richart, portavoz de Fridays For Future Alicante, nos contaba que han llegado para quedarse el tiempo que haga falta porque es su futuro lo que está en juego; y el activista Manuel Bruscas, autor de ‘Los tomates de verdad son feos’, nos recordaba que podemos hacer mucho para acabar con el desperdicio de comida.

Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, nos dieron su visión sobre si los nuevos límites de velocidad que entraron en vigor en enero traerán o no una reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico; Juan José Lamas, fundador y director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), nos advirtió de que los ludópatas son cada vez más jóvenes, destacando que el Estado es el que principal beneficiado de los juegos de azar; y Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, nos habló de la lucha de los mayores para que sus hijos y nietos puedan recibir una prestación, haciendo un llamamiento a los jóvenes a que se impliquen más porque, de lo contrario, no la tendrán. Rafael Permuy, uno de los tíos de José Couso, no instaba a velar por la libertad de prensa y porque el nombre del cámara ferrolano asesinado en Irak por miembros del Ejército de EE.UU sea abanderado en esto; y Koldo Pla, de la asociación Txinparta para recuperar la memoria de los represaliados en el Fuerte de San Cristóbal, aseguraba que ocho décadas después el mejor homenaje que se les puede hacer sigue siendo continuar con la lucha para que aflore lo allí enterrado y perdure en la memoria

Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio, reivindicó a las mujeres desplazadas y a las activistas que luchan por sus derechos siendo torturadas e incluso asesinadas por ello como heroínas que deberían ser modelos a seguir; Rosa Fontaíña, coordinadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, criticó que a las mujeres que denuncian delitos contra la libertad sexual se les aplique la presunción de la mentira; el ex.teniente Luis Gonzalo Segura, autor de ‘En la guarida de la bestia’, afirmó que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales; Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), exigió que se ponga el foco en los puteros como cómplices de la trata; y Ángeles Álvarez, miembro de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y de No Somos Vasijas, denunció que en el tema del alquiler de vientres hay connivencia institucional; mientras Carlota Coronado, una de las promotoras del documental ‘¿Por qué tan pocas? Tecnólogas y científicas a la luz’, nos dejaba claro que son muchas pero no las conocemos porque no son sus historias las que se cuentan.

Desde la asociación Grandes Amigos nos acercaron a los mayores que viven solos, haciéndonos ver que la soledad es una y nosotr@s somos más; y Modesto Rodríguez, presidente de la Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (ASFEGA), hizo lo propio con las personas que padecen estas enfermedades, por las que Manolo Varela luchó durante años hasta su muerte estando al frente de la asociación. Voces todas ellas que relatan historias que debían y deben ser contadas. Gracias por dejarme hacerlo, aportando así mi granito de arena para trasladarlas al mayor número posible de personas preocupadas, como ellas y como yo, por conseguir que este mundo sea mejor para tod@s. Y Gracias a quienes leéis y escucháis esas historias a través de mí. Seguiré en ello.

“Tenemos que velar por la libertad de prensa y porque, por justicia, el nombre de José Couso sea abanderado en esto”

Dieciséis años ya se han cumplido este mes de abril del asesinato de José Couso en Bagdad, en los primeros días de la invasión estadounidense de Irak que acabó con la caída de Sadam Hussein, y su familia no ceja en el empeño de conseguir ‘justicia, verdad y reparación’, derechos que viene reclamando desde entonces en cada aniversario, en cada acto de homenaje y en cada foro en el que les han dado voz en España y en otros países. ¿Qué es lo que les da fuerza para seguir luchando después de tanto tiempo? “Lo que nos mueve es el deseo de que se haga justicia, porque creemos en ella igual que en la verdad y en la libertad de información, valores que es necesario defender: sin prensa libre no hay democracia y nosotros creemos en la libertad y en la democracia, por lo tanto vamos a mantener la batalla mientras nos quede un soplo de vida”, responde Rafael Permuy López, uno de los tíos del cámara nacido en Ferrol que lo recuerda con orgullo como “un gran periodista, fiel cumplidor de su deber de informar, que fue asesinado en el acto de servicio propio de todo buen reportero que es dar fe de lo que está ocurriendo”, porque eso era lo que hacía en la capital iraquí, como ya había hecho antes en otras zonas de conflicto como Kosovo o Macedonia: “José no estaba en un balcón viendo la guerra, como un día me sugirió un antiguo coronel al que le dije que mi sobrino estaba allí transmitiendo lo que pasaba para que él y todos los demás se enterasen, nos enterásemos, y por esa razón lo mataron”. El día antes del crimen un ataque iraquí mataba al periodista español Julio Anguita Parrado, la prensa española se reunió entonces para ver qué hacer, y quienes lo vivieron destacan que José Couso fue de los que defendió quedarse sosteniendo que tenían que contar la historia completa, pues sin testigos nadie le contaría a la gente la suerte que corría la población iraquí. “Lo asesinaron porque, como el resto de la prensa, era una mirada incómoda”, afirma su tío; pero también lo dejó por escrito en uno de sus autos el juez Pedraz, que hizo todo lo posible para que los responsables fuesen juzgados: ‘Hubo un plan de EEUU para evitar que los numerosos medios de comunicación con enviados especiales en Bagdad informasen sobre las operaciones en curso en la toma de la ciudad’.

El recorrido judicial de un ‘crimen de guerra’

Aquel 8 de abril de 2003 las tropas estadounidenses dispararon contra la sede del canal de televisión Al Jazeera, contra la de Abu Dhabi TV y contra la planta 15 del Hotel Palestine, donde era por todos sabido que se alojaba la prensa internacional, por recomendación del propio Pentágono. Hubo 3 muertos: el jordano Tarek Ayub, en el ataque a la oficina de Al Jazeera, y en el ataque al hotel el cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y José Couso que, mientras pudo, repitió que habían sido los americanos. Ellos no lo negaron pero descartaron cualquier responsabilidad penal de sus soldados explicando que actuaron en respuesta a un posible ataque, algo que desmontó el magistrado de la Audiencia Nacional: “El proyectil que mató a mi sobrino fue disparado por un carro de combate desde el que prácticamente se podía ver el blanco de sus ojos”, asegura Permuy, y lo sabe muy bien, ya que fue comandante del Ejército. Y sus palabras cuentan con el aval de Santiago Pedraz que pudo comprobar in situ, ocho años después, que desde el puente sobre el río Tigris -donde el tanque permaneció horas apostado- se veía perfectamente el Palestine, y con el de los peritos que confirmaron que quienes allí estuvieron apuntando al establecimiento durante por lo menos diez minutos, según los informadores en la zona, ‘podían apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en las ventanas y balcones y los objetos que portaban’, como recoge el auto judicial. Que sabían a quién disparaban también lo demuestran las declaraciones de la entonces sargento de Inteligencia Militar Adrienne Kinne quien, tras ver una lista de posibles objetivos militares que incluía el Hotel Palestine, le recordó a su oficial superior que allí había periodistas alojados que pensaban que estaban a salvo; él le respondió que su trabajo era recopilar la información, no analizarla. “El juez pidió que viniese a declarar a España y por conducto no regular, le comunicaron que estaba aterrorizada porque había recibido presiones y graves amenazas”, relata Rafael Permuy.

Hasta en tres ocasiones procesó el magistrado a los tres militares que dieron la orden de disparar, la transmitieron y efectuaron el disparo -el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson-, llegando a imputar a dos oficiales superiores como supuestos ejecutores de esa táctica para silenciar a la prensa; la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, archivó en dos ocasiones el caso como ‘un acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado’, pero el Tribunal Supremo ordenó reabrirlo otras tantas veces hasta que, en 2014, el PP aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se reformó la jurisdicción universal, “lo que vino muy bien a los intereses económicos de España al aplacar a las autoridades chinas, muy molestas por la imputación de varios dirigentes por el genocidio del Tíbet”, apunta el tío del cámara de Telecinco. Santiago Pedraz se negó a archivar el caso al entender que los tratados internacionales firmados por España obligan a perseguir a los criminales de guerra allí donde estén, y la Audiencia Nacional le permitió seguir investigando hasta que se pronunció el Tribunal Supremo, dejando claro que los magistrados españoles solo tienen competencia para investigar y enjuiciar delitos cometidos en el extranjero si el procedimiento se dirige contra un ciudadano español o contra un extranjero residente habitual en España. La familia Couso Permuy se queja de que los convenios internacionales ratificados por el Estado, el derecho internacional, “son ahora papel mojado, y eso es muy triste y duro para nosotros”; añade Rafael Permuy López que “hay un principio jurídico fundamental con respecto a la entrega de nacionales a otros países que dice que ‘o juzgas o entregas’, y en el caso de José ni se juzgó a los presuntos asesinos en su país ni se los entregó a España; no hubo colaboración con la justicia española” a pesar de que existe un convenio de asistencia jurídica mutua: “EEUU no se somete al derecho internacional humanitario, al derecho de la guerra, quiere la impunidad para sus tropas y se ha demostrado lo que yo le dije en su día al entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy: que somos sus súbditos no sus aliados, que cumplimos sus deseos y mandatos”. Es más, recuerda haberle dicho que estaba convencido de que si hubiese sido él el oficial que hubiese dado la orden de matar a un informador estadounidense, su cabeza estaría en bandeja de plata en la mesa del Despacho Oval de la Casa Blanca.

Hace cuatro años, el juez Pedraz se veía obligado a proponer el cierre del caso y así lo señalaba en su auto: a pesar de que ‘existen suficientes indicios racionales contra los tres militares procesados, este crimen de guerra va a quedar impune’. Los familiares recurrieron al Supremo, que confirmó el sobreseimiento en 2016; acudieron entonces al Tribunal Constitucional por indicios de inconstitucionalidad en la reforma de la jurisdicción universal, al no haber una tutela efectiva y no ser todos iguales ante la ley y al ignorar la Convención de Ginebra, que en su artículo 146 apunta: ‘los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones consideradas graves y hacerlas comparecer ante sus tribunales sea cual fuere su nacionalidad’. Llevan dos años esperando su decisión y repiten que “La esperanza es lo último que pierde”, argumentando que “el hecho de que no se le haga justicia a un ciudadano español dejando un crimen impune echa por tierra la reforma de la justicia universal”, por eso consideran posible que el Constitucional “se decida a defender” los derechos fundamentales de un nacional. En caso contrario, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Todos los partidos se comprometieron a revisar la reforma”

La familia Couso Permuy no tiene dudas de que si se ha llegado a esta situación es por intereses económico-comerciales y por falta de voluntad política: afirman que los papeles que filtró en su día Wikileaks (de nuevo de actualidad por la “preocupante” detención de su fundador, Julian Assange) les dieron la razón al demostrar que los Gobiernos españoles -de un color o de otro- no solo les dieron la espalda, no exigiendo a EEUU una investigación independiente y no condenando el asesinato de José, “sino que maniobraron para impedir que se hiciera justicia, y eso dice muy poco de ellos”. Rafael Permuy tiene dos frases clavadas que no olvida: la pronunciada por la entonces ministra de Exteriores -Ana Palacio- afirmando que el asesinato del informador ferrolano no tenía entidad, y la que pronunció la que en aquel momento era vicepresidenta -María Teresa Fernández de la Vega- asegurando que los intereses de Estado estaban por encima del crimen.

Con la vista puesta en el futuro, les recuerda a los partidos políticos que en las reuniones que mantuvieron con los grupos parlamentarios a finales del año pasado todos, también el PP, se comprometieron a desbloquear la revisión de la reforma de la justicia universal (ERC presentó en 2016 una proposición de ley en ese sentido pero no hubo avances a lo largo de la Legislatura, ya finalizada): “Tenemos esperanzas pero somos realistas porque cuando las formaciones que prometen lo que es de justicia llegan al Ejecutivo, los principios políticos quedan eclipsados por todo tipo de intereses”. Eso sí, el verbo rendirse no aparece en su vocabulario, llevan dieciséis años luchando y van a continuar haciéndolo hasta lograr ‘justicia, verdad y reparación’: “A José lo asesinaron por mostrarnos la realidad de aquella invasión ilegal -el Consejo de Seguridad de la ONU nunca autorizó el uso de la fuerza en Irak-; su objetivo en aquel momento era apagar la información y la prensa libre y por eso nuestro deber es también seguir reivindicando esa libertad de información”.

Para eso se creó el Premio José Couso, que conceden el Club de Prensa de Ferrol y el Colexio de Xornalistas de Galicia, que en esta décimo quinta edición ha recaído en el colectivo DefendeAGalega, trabajadoras y trabajadores de la Corporación Radio e Televisión de Galicia que reivindican unos medios públicos libres de manipulación y realmente independientes, “símbolo de una pelea pacífica y tenaz que desborda los límites de la televisión y la radio públicas y que ha involucrado no solo a toda la profesión sino al conjunto de la sociedad gallega’, según se recoge en el acta de concesión del galardón. Esta semana cumplen 50 Venres Negros de protestas, y precisamente es el próximo viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando se les hace entrega del galardón. “Un merecido reconocimiento”, en palabras de Rafael Permuy que, como veterano periodista que es, no se cansa de repetir que “Tenemos que velar por la libertad de información y porque el nombre de José sea abanderado en esto”, como ya lo era antes de que lo asesinasen en su forma de informar y de entender su profesión.