¡¡¡SEGUIMOS AQUÍ!!!

Las plataformas de pensionistas están volviendo a sacar sus reivindicaciones a las calles, esas que en su día les hicieron ganar músculo. Unas demandas que han mantenido muy vivas a través de las Redes Sociales desde que la pandemia les obligó a aparcar las manifestaciones multitudinarias –“porque la salud es lo primero”- y que ahora, respetando al máximo las normas higiénico-sanitarias y de distanciamiento interpersonal, vuelven a gritar con fuerza en plazas y barrios de distintos puntos del país. A cuentagotas y reuniendo a pocos participantes, buscando garantizar la seguridad de todos, pero quieren dejarles claro a las administraciones que siguen en la lucha, con sus demandas intactas, y que no piensan parar hasta conseguirlas.

Es más, a esa bandera que siempre ha sido para ellas la defensa del sistema público de pensiones le han sumado otra que siempre ha estado ahí pero que ahora quieren enarbolar bien alto junto a otros movimientos sociales, la defensa de los servicios públicos: Sanidad, Dependencia, Educación… “Tiene que primar de una vez lo público, lo que es de todos y para todos”, dice tajante José Ángel Vivanco, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que pone en valor la experiencia de nuestros mayores: “Hay quien piensa que hoy en día todo el saber está en la nube (el sistema de almacenamiento a través de Internet), que allí está registrado todo el conocimiento, pero la transmisión personal de lo vivido y el vivir con las personas mayores es fundamental”. Por eso no entiende cómo es posible que muchas veces se los deje de lado y se los abandone en lugares que en los últimos meses “han demostrado ser tanatorios. No hay derecho a eso. Ha sido y es muy duro”.

Nos explica que con el COVID-19 han descubierto dos cosas: que de nuevo son el colectivo más vulnerable a una enfermedad, y la “falta de anticipación, de prevención, la dejadez de las administraciones con todo lo público, resultado de años de privatización cuando lo que había que haber hecho era potenciarlo”. Llama precisamente a eso, a invertir más en lo público, a primarlo, en especial en lo que a los mayores se refiere, porque “de lo contrario se nos aislará cada vez más”. Y se queja porque tienen mucho que decir: “somos los vigilantes de esta playa en la que se han levantado olas muy grandes que se van a llevar por delante a mucha gente”.

“Estamos muy vivos”

Están muy vivos, nos cuenta el portavoz de la COESPE, porque “el Gobierno no descansa, sigue hablando con Bruselas, erre que erre intentando colárnoslas por todos lados: hace unos días recuperó protagonismo la mochila austriaca, parece ser que por un error, y se ha reactivado la Comisión del Pacto de Toledo”, de la que no quieren ni oír hablar por su “oscurantismo” y porque los pensionistas no están representados. Asegura que es una lucha constante contra los elementos en la que tienen que estar siempre alerta, por ellos pero sobre todo por los que vamos detrás, porque no se cansan de repetir que seremos los más afectados por las legislaciones que se están cocinando. Por eso nos piden que seamos conscientes de lo que se nos viene encima y que entendamos que hay que pelear por lo público “desde ya”.

Frente a lo que hay encima de la mesa -incluidas las continuas referencias de instituciones como el Banco de España a los planes privados de pensiones, “que ya han dejado pelado a más de uno, no hay más que mirar al Reino Unido”- dicen desde la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones que lo que hace falta es valentía por parte del Ejecutivo de coalición: para reformar la fiscalidad y que los que más tienen paguen lo que tendrían que pagar, y para redoblar la lucha contra el fraude. Ellos avisan de que el movimiento pensionista sigue muy vivo y de que no se olvida ni de las promesas electorales ni de su tabla reivindicativa. Una tabla que pasa por exigir que se garantice por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que se suban las pensiones más bajas hasta equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional -950 euros/mes en 14 pagas- para que sean dignas, que se deroguen las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, y que se constituya una mesa de diálogo con luz y taquígrafos en la que puedan plantear y argumentar todas sus demandas.

Llaman a estar muy atentos, convencidos como están de que en las próximas semanas el Gobierno intentará aprobar decretos-ley que perjudicarán al sistema público de pensiones “aplicando recortes de derechos sociales y económicos ya anunciados para este año”. Así lo advierten, al tiempo que aseguran que solo la lucha en las calles, la unidad de la COESPE y su resistencia impedirán que logren sus objetivos.

COESPEEE

Con la vista puesta en el día 29

Por eso desde la Coordinadora Estatal se ha hecho una propuesta de convocatoria de concentración ante el Congreso de los Diputados, a celebrar posiblemente el próximo día 29, miércoles, coincidiendo con el día de la semana en el que las plataformas de Madrid se concentran habitualmente en los alrededores de la Cámara Baja. Se invita principalmente a aquellas plataformas que han hecho un gran esfuerzo en la recogida de firmas durante los últimos meses pidiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución y a todas las que quieran sumarse a su entrega en el Parlamento. Una mobilización adaptada a los tiempos de pandemia que vivimos en la que participen representantes de parte de las más de trescientas plataformas que la conforman, “y que son sus neuronas”, en palabras de José Ángel Vivanco: para entregar los cientos de miles de firmas recogidas en favor de su causa, y para que al Ejecutivo y a quienes lo conforman les quede claro que ellos están donde estaban antes de la pandemia, que han vuelto a poner en marcha el contador de los 100 días de cortesía que les dieron al inicio de la Legislatura para atender sus reclamaciones y que pararon por el nuevo coronavirus. “No se trata de que le quede poco más de un mes para cumplir con los pensionistas sino de que ya ha llegado la hora de que lo hagan, de que dejen de tomar medidas en nuestra contra y en contra de los trabajadores. Queremos darles un aviso contundente”.

Y no solo eso. Apuestan por salir a la calle todos juntos para redoblar la presión: los distintos movimientos de pensionistas, la Marea Blanca por la Sanidad Pública, la Marea Verde en contra de los recortes en la Educación Pública, las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia, los movimientos en defensa de unas residencias de mayores públicas y de calidad… Todos unidos para demandar que se fortalezcan los servicios públicos, para que todas las administraciones -empezando por la estatal- entiendan que no pueden esperar más tiempo para ponerse a ello. Desde la COESPE comprometen su apoyo: “Siempre estaremos ahí, codo con codo”, afirma su portavoz, “porque estamos condenados -entre comillas- a entendernos; una condena que creo que vamos a asumir más que gustosamente porque va a ser el único camino”.

“Es el último recurso que nos queda”

Lo ha hecho. La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España -AVITE- ha demandado al Estado ante la Audiencia Nacional por 400 millones de euros. No querían llegar a este extremo. Nos lo decían a principios del año pasado recién presentada la reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad, el paso previo exigido por ley para demandarlo. No querían porque, siendo conscientes de su responsabilidad, pensaban que contarían con su total apoyo teniendo en cuenta que el problema lo había generado la farmacéutica Grünenthal, pero nada más lejos de la realidad. Estaban “cansados e indignados” tras más de 14 años de lucha por algo que empezó hace más de seis décadas y porque llevaban esperando desde 2016 a que se cumpliese la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso por la que debían haber empezado a cobrar las indemnizaciones en 2018. Un incumplimiento al que se sumó el de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

  Después de casi año y medio, una y otra siguen sin cumplirse, los afectados siguen sin ver ni un euro y el cansancio y la indignación han dado paso a una “inmensa frustración, al quedarnos claro que el apoyo que en su momento nos trasladaron los partidos políticos -sobre todo los que ahora están en el Gobierno- no era más que un paripé. Ahora somos un problema porque la cuantía que exigimos es un problema”. Lo dice alto y claro, como siempre, el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea.

avite 5

400 millones por incumplir la ley

  Demandan al Estado por 400 millones de euros por incumplir lo recogido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que establece la obligación del pago a los afectados de dos tipos de ayudas: una con cargo a los fondos públicos y otra que tendría que asumir Grünenthal, de la que el propio Gobierno recabaría la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas. “Viendo el absoluto desinterés por parte del actual Ejecutivo, que ni siquiera tiene un interlocutor para ocuparse de este tema y cuyo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva más de medio año dándonos largas pese a decirnos que se reuniría con nosotros”, reclaman al Ministerio de Sanidad 24.000 euros por punto porcentual de discapacidad, multiplicado por el grao de discapacidad y por los cerca de 280 socios de la asociación.

  Explica su vicepresidente que le piden al Gobierno su parte y la de la farmacéutica “y que sea él quien se la reclame a ella, como dice la ley. Yo mismo le pregunté en diciembre pasado al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, qué iban a hacer con Grünenthal teniendo a 103 personas en España reconocidas como afectadas por la talidomida. Me respondió que eso no era de su competencia. Estoy convencido de que no se han reunido ni una sola vez para exigi rle que cumpla”.

Solo 103 afectados reconocidos, algunos sin recibir el resultado

  Atendiendo a los últimos datos hechos públicos a finales de 2019, provisionales, el Comité Científico-Técnico de la Talidomida -constituido en 2017- reconoció la afectación a 103 pacientes de los 585 que presentaron la solicitud, a falta de pronunciarse todavía sobre 70 casos. A Rafael Basterrechea no le salen las cuentas, sabiendo que el fármaco se vendió en España durante más de tres décadas (de 1950 a 1985) y siendo el número de afectados inferior al de países en los solo se vendió durante seis o siete años. Empieza aclarando que más de 250 socios de AVITE tienen un informe del doctor Claus Knapp, el descubridor de los efectos nocivos de la talidomida, reconociéndolos como afectados y se pregunta cómo es posible que habiéndose basado en su trabajo quienes los han valorado ahora solo reconozcan a 103. Asegura el vicepresidente de la asociación que sabe a ciencia cierta que cerca de 300 pacientes fueron valorados como positivos por los equipos de expertos autonómicos, quedando reducidos a apenas un tercio con el dictamen definitivo del comité nacional: “Y eso que a los de Madrid, Extremadura, Aragón y Murcia los valoraron en su Comunidad Autónoma miembros del propio comité”. Y se fija en el caso murciano, de donde es su presidenta, Encarna Guillén: afirma que de allí salieron reconocidos como positivos el cien por cien de los valorados para quedar finalmente en la mitad.

  Y da más datos: la mitad de los 24 pacientes que fueron oficialmente reconocidos hace una década no han sido considerados ahora como tal. “A 12 de ellos, que han cobrado una indemnización e incluso alguno se ha jubilado como afectado por la talidomida, se les dice ahora que no lo son”. Algo “inaudito y rocambolesco” a lo que solo le encuentra una explicación: “que el Gobierno pretende adaptar el número de afectados a lo que se presupuestó en su día en ayudas sin saber a cuánta gente iba a tener que pagar; ayudas, que no indemnizaciones -lo que significa que tendrán que declararlas en el IRPF-, que además no recibirán hasta someterse a una revisión de su grado de discapacidad. Todo para que les den las cuentas, a nuestra costa y a costa de lo que haga falta”. Por no hablar de que han tardado más de dos años en remitirles el resultado de una mañana de pruebas –“algunos todavía no lo han recibido a pesar de que los expedientes salieron el mismo día del Instituto de Salud Carlos III”- y de que aseguran que no pasan de 40 los negativos cuyo informe incluye un motivo científico para descartarlos como afectados por la talidomida: en la mayoría figura “no compatible, no relacionado o una sandez parecida, sin criterio científico ni técnico y, por supuesto, sin ningún diagnóstico que explique el porqué de sus malformaciones congénitas”.

  En la demanda presentada en la Audiencia Nacional piden que se les faciliten todos los expedientes porque quieren saber lo que ha pasado a lo largo del proceso de valoración, “porque algo ha pasado”.

¿Confiar en la justicia?

  “Difícil, muy difícil confiar en la justicia conociendo los precedentes”, confiesa el vicepresidente de AVITE. Recuerda lo sucedido después de que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenase a Grünenthal a pagar a los 24 afectados reconocidos entonces por la Administración, al considerar probado que hubo una actuación negligente por su parte por no tomar las medidas necesarias para comprobar la seguridad del medicamento. Un año después la Audiencia Provincial de Madrid dejaba en nada la sentencia argumentando que el caso había prescrito incluso en la hipótesis más favorable a los demandantes. El Tribunal Supremo lo ratificaba en 2015, en contra del criterio de la Fiscalía, que defendía que el plazo para la prescripción debía empezar a contar en 2012, cuando la farmacéutica reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. Ni el Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitieron a trámite los recursos de la asociación.

avite 1

  Rafael Basterrechea sigue preguntándose cómo es posible que la justicia dijese hace años que el caso había prescrito cuando en pleno 2020 el Ministerio de Sanidad aún no les ha remitido el resultado de la valoración a parte de las casi seiscientas personas que se sometieron al reconocimiento. Se pregunta también qué pasa con los 91 considerados ahora afectados que hace una década no lo fueron, destacando que podrían iniciar procesos judiciales; igual que los más de cuatrocientos cincuenta que se ha determinado que no son perjudicados por la talidomida. Pero saben que para eso hace falta, además de mucho dinero, porque saben que tendrán que llegar hasta el final, una fuerza que, después de los palos recibidos, es más que probable que ya no tengan.

  El vicepresidente de AVITEestá convencido de que en su día hubo instrucciones políticas a los jueces, por presiones del sector farmacéutico, y cree que ahora las habrá de nuevo: “Aunque el juez de la Audiencia Nacional nos diese la razón, su dictamen lo acabará tumbando el Tribunal Supremo”. ¿Por qué dan entonces el paso? “Porque es lo único que nos queda. Que no se diga que no hemos agotado todos los recursos a nuestro alcance para tratar de que se haga justicia a los afectados por la talidomida en España, miles de ellos ya fallecidos”. Nadie podrá decir nunca que no han mantenido viva la lucha todo lo que han podido.

“El día que te levantas mal, no hay vida”

Como una buenísima noticia y como una nueva oportunidad que puede suponer un gran avance para la medicina y para la sociedad que ayudará a mejorar la calidad de vida de muchas personas que sufren en la sombra. Así han recibido las asociaciones de afectados la luz verde del Parlamento Europeo a la resolución que reclama más financiación para la investigación biomédica de la Encefalomielitis Miálgica, también conocida como Síndrome de Fatiga Crónica, y para darla a conocer: una iniciativa firmada por más de 14.000 pacientes y sus familias, con el aval de 115 científicos, que ha sido aprobada esta semana por 676 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones. Se calcula que la padecen más de 2 millones de europeos, más de 100.000 de ellos españoles -podrían ser casi el doble-, pero a pesar de ello es una enfermedad desconocida: es tremendamente compleja y se sabe muy poco de los mecanismos que la desencadenan.

Lo que sí se sabe es que es sistémica y crónica, que provoca un agotamiento extremo -físico y mental- que no remite de forma significativa con el reposo y que empeora con el más mínimo esfuerzo -físico y mental-, lo que se traduce en una reducción de entre el 50% y el 80% de la actividad diaria de quien la padece, mujeres en su inmensa mayoría. A eso se le suman dolores musculares y/o articulares, importantes trastornos de concentración y de memoria, alteración del sueño, sensación febril… sin olvidar que el 30% también sufre Fibromialgia y un alto porcentaje Sensibilidad Química Múltiple. ¿Cómo se vive con Encefalomielitis Miálgica? Isabel Calvo, presidenta de la Asociación Síndrome de Fatiga Crónica de la Comunidad Valenciana -que lucha con ella desde hace quince años- es contundente: “Solo se vive a medias”.

sfc

“La investigación es tan imprescindible como respirar”

No deja de repetir una y otra vez que ella es de las afectadas que están bien, de las que trabajan -es profesora de FP, Licenciada en Químicas- porque las hay que no pueden salir de casa para nada: una de cada cuatro vive confinada en su hogar -confinada sí, pero de por vida, no durante unas semanas- y muchas están postradas en cama. Su enfermedad no tiene cura y conseguir el diagnóstico es todo un periplo, “un viacrucis de médicos, de especialistas, hasta que logras que uno lo ponga por escrito”: en su caso tuvieron que pasar ocho años. Los científicos marcan como prioridad clave desarrollar una prueba diagnóstica y como uno de los grandes retos de la medicina moderna encontrar un tratamiento eficaz: “Tenemos muy poco a lo que agarrarnos, apenas hay estudios, los conocimientos sobre la patología son escasos, por eso la única forma de ver una luz es pisar el acelerador en investigación. De ahí la trascendencia de la resolución de la Eurocámara, que tiene que marcar un punto de inflexión”.

Isabel Calvo lo defiende como una inversión de futuro, no solo para las personas afectadas sino para la sociedad en su conjunto. Explica que son muchas las que queriendo trabajar, estando dispuestas a pagar por tener la fuerza suficiente para trabajar, no pueden hacerlo, “cuando con avances en investigación que mejorasen nuestra salud estaríamos todas ahí, al pie del cañón, poniendo nuestra parte”. Denuncia las carencias de la sanidad pública, “que ni siquiera nos considera, dejándonos como único camino -¡y menos mal!- los especialistas puntuales que existen en la privada”. Pero se queja del desembolso económico que eso implica y al que no todo el mundo puede hacer frente. Exige que esa situación cambie, que la sanidad pública -que es la de todos- las atienda como debería, y que se creen Unidades de Referencia: “Existen muchas trabas que nadie tiene interés en quitar. Hay cosas que se hubiesen podido llevar a cabo prácticamente sin inversión y la burocracia ha podido con ellas. No han salido adelante por falta de voluntad y de acuerdo. Es muy triste”.

Reconoce que se ha mejorado con respecto a hace quince o veinte años, pero dice que todavía queda mucho que pelear. La Encefalomielitis Miálgica no se considera una enfermedad rara porque son muchos los que la sufren, pero la presidenta de la Asociación Síndrome de Fatiga Crónica de la Comunidad Valenciana afirma que sí lo es, “porque no tenemos investigación, porque no tenemos tratamiento… Se supone que somos muchos, pero estamos exactamente igual de olvidados que los que son pocos. Y eso tiene que cambiar”. Lo mismo afirman desde la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad, CONFESQ, que se unió a la European ME Coalition en el impulso a la iniciativa aprobada en el Parlamento Europeo: confía en que estemos ante el comienzo de una larga trayectoria en la investigación de esta patología.

Esperemos que el paso dado vaya en esa dirección. Los europarlamentarios les han dicho a quienes la padecen que no están solos: ha llegado la hora de demostrarlo, pasando de las palabras a los hechos. La holandesa Evelien Van den Brink fue muy clara cuando defendió ante ellos la resolución, pidiéndoles que no mirasen hacia otro lado: “No podemos dejar que otra generación sufra esta terrible enfermedad”.

Non aprendemos nada

Cando os medios de comunicación nos bombardeaban coas noticias da aparición de casos dun novo coronavirus na China parecíanos que Asia quedaba moi lonxe, pensabamos que non ía con nós, coma se doutra galaxia se tratase. Pero nun mundo coma este no que nos tocou vivir, no que manda a globalización, as galaxias son pouco máis ca o concello do lado. E pasou o que semellaba imposible, o que case ninguén víu vir fíxose realidade nun abrir e pechar de ollos. Primeiro foi Italia e pouco despois España: un turista, un grupo de turistas… e a partir de aí todo o que levamos vivido nestes máis de tres meses, confinamento incluído. Quen nolo ía dicir! Obrigados a estar na casa, os que a teñen, porque non podemos esquecer que polo menos 33.000 persoas no país non teñen un fogar no que poder quedar. Podiamos ter pensado nelas pero -ai, o egoísmo!- a maioría só pensamos en nós e, como moito, nos nosos. Que tortura ter que quedar na casa quince días -que acabaron sendo algo máis dun mes e medio para unha parte importante da poboación- podendo saír só para o esencial!

Tampouco era tanto pedir, non?

Non pretendían que nos alistásemos para ir á guerra, nin que vivísemos durante un tempo en pleno deserto sen auga ou á intemperie no Polo Norte a case 50 baixo cero. Tratábase de quedar na casa buscando así minimizar as consecuencias da pandemia, especialmente entre os máis vulnerables, protexéndonos e protexendo ós nosos maiores: eses que si tiveron que ir á guerra, que viviron décadas de ditadura e que levantaron un país que estaba desfeito. A eles que tanto fixeron por nós, que menos que devolverlles unha pequena parte quedando na casa para evitar que o COVID-19 campase ás súas anchas! Pero o caso, coma sempre, era queixarse. E non me refiro precisamente ós milleiros de maiores que se viron atrapados en residencias ou nos seus fogares coa recomendación de non seren derivados ó hospital ou ás súas familias, que tiñan -e teñen- todo o dereito do mundo a queixarse. Nin ós centos de milleiros de persoas que perderon o traballo ou entraron nun ERTE, que tamén tiñan e seguen tendo moito que dicir. Tampouco ós estudantes que por non teren ordenador ou careceren de acceso á Internet para poder seguir as clases telemáticas viron como deixaba de cumplirse o seu dereito á educación. Enténdese que se queixen. Como as empregadas e os empregados dos supermercados que durante semanas tiveron que facer fronte a unha especie de histeria colectiva ou o persoal de limpeza e tantos outros traballadores que seguiron ó pé do canón porque os que prestan son considerados servizos esenciais, aínda que cobrando o que cobran moitos deles ninguén o diría. E os sanitarios, enfrontándose á enfermidade practicamente a peito descuberto. Por suposto que todas e todos eles teñen razóns para se queixar, pero os que máis nos queixamos fomos e somos aqueles que unicamente tiñamos que quedar na casa: con medo, si, pero a salvo.

Recoñezo que fun demasiado optimista

E aprendemos algo? Nada ou case nada, na miña humilde opinión. E iso que hai tres meses, cando o COVID-19 se empezou a esparexer polo mundo adiante, eu era das optimistas: contaba con que arredor dun 5% de nós captariamos a mensaxe, o aviso. En multitude de conversas telefónicas con familia e amigos defendín a capa e espada que era unha porcentaxe que ben se podía acadar: que cinco de cada cen persoas entenderiamos -por fin!- que cada día nos xogamos o futuro do planeta, o único que temos. Que cinco de cada cen persoas nos decatariamos da necesidade de poñer freo ó consumismo desaforado e a un ritmo de vida que nos leva a pasar por ela no canto de a gozar de cada minuto. Que valorariamos o realmente importante, esas pequenas cousas e eses pequenos xestos que fan que un día mereza a pena. Que quitariamos a venda dos ollos para poder ver a todas esas persoas que nos fan mellores, facendo que a nosa existencia signifique algo máis que simplemente estar.

Todos me dicían que era demasiado optimista, que confiaba de máis nos seres humanos, pero por moito que o repetisen a min un 5% parecíame ben pouco. Estaba equivocada. Os demais levaban razón. Que rápido esquecemos! Tan rápido que aínda estamos en plena crise -e o que nos queda!- e xa pasamos páxina. Quizais por un momento, durante o confinamento, moitos nos paramos a pensar en tódalas cousas que debiamos mudar no noso día a día. Poida que unha parte mesmo chegásemos a estar decididos a dar o paso. Pero foi un espellismo que durou apenas un microsegundo.

Pasou o confinamento, chegaron as saídas por franxas horarias e tódolos bos propósitos quedaron atrás; como sucede cos de cada aninovo. E así imos avanzando cara a esa nova normalidade que nos queren vender… Parvadas! Historias para lles contar ás xeracións que poidan vir, sempre sen perder de vista unha cousa: que non, non aprendemos nada! E iso que as cifras de mortos e de enfermos eran -e son- duras abondo como para que captásemos a mensaxe, fixésemos caso da advertencia e aprendésemos dos erros para non os volver cometer. E iso que se volveu demostrar -ninguén debería ter xa dúbidas- que a investigación é imprescindible e que investir nela significa investir na vida. O mesmo que apostar polos servizos públicos, que son os de todos e deberían estar máis que blindados. Pero non puido ser, non pode ser, porque somos máis de queixarnos que de tentar cambiar as cousas. Ou aínda é posible? Podo volver ser optimista? Podemos ser optimistas?

El confinamiento y la desescalada en los rincones de España

¿Cómo han vivido el confinamiento en los pueblos? ¿Cómo están viviendo el levantamiento gradual de las restricciones? ¿Cómo asoma esa ‘nueva realidad’ de la que tanto se habla? ¿Cómo son esas nuevas formas de relacionarse entre los vecinos? ¿Y las nuevas formas de comunicarse, de actuar?… Son los interrogantes que esperan despejar las impulsoras de FICOP, Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España, Iratxe Quintana y Patricia de Luna: “Queremos que nos cuenten qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en esos rincones del país a los que apenas se les presta atención. Que sus gentes nos transmitan a través del cine las sensaciones y emociones que han vivido y aún viven en momentos tan excepcionales como estos, para crear un archivo audiovisual y que todos puedan compartirlo”. Así lo resume Iratxe.

Pero FICOP es mucho más: sus organizadoras, impulsoras de la Barraca de Cine, explican que es también una iniciativa con la que promover la cultura, fomentar la creatividad y la participación ciudadana; un canal para dar visibilidad al talento, al arte que tiene esa parte de la población que no vive en las ciudades sino en esa España descentralizada y muchas veces despoblada. “Gente que por lo general no protagoniza la actualidad que se nos cuenta en los medios de comunicación aunque cree proyectos muchas veces más interesantes: por su frescura y porque nacen de vivencias muy particulares, ligadas a la tradición y a la idiosincrasia de los pueblos donde viven. Eso los distingue de quienes vivimos en las urbes, les da ese plus que nosotras estamos deseando conocer, vivir y compartir”. Por eso hacen hincapié en que los participantes les saquen todo el provecho a esas tradiciones en sus cortos, que no pueden pasar de cinco minutos.

¿Cómo surgió la idea?

Mejor que lo cuente ella.

Los vecinos de Guadalix de la Sierra (Madrid), de Santomera (Murcia), de Sisante (Cuenca), de Piedralaves (Ávila) y de Villamanrique (Ciudad Real) han sido los primeros en animarse a dar el paso -lo dan los Ayuntamientos- y varias localidades más están a punto de hacerlo. Todavía queda un mes, hasta finales de junio, y las organizadoras animan sobre todo al norte -Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi- que parece que es al que más le está costando decidirse: porque el objetivo es cubrir la mayor parte sino toda la geografía española, para mostrar toda la riqueza que hay el país.

El que demuestre más creatividad y participación de los vecinos será elegido ‘Pueblo de Cine’ y tendrá un fin de semana completo de proyecciones de películas y actividades de ocio con la Barraca de Cine. Algunos de los que han presentado candidatura ya tienen experiencia en esto del séptimo arte: en Guadalix rodó Luis García Berlanga ‘Bienvenido, Mister Marshall’; Piedralaves proporcionó parte de los escenarios de ‘El Lazarillo de Tormes’, de César Fernández, o de ‘El techo de cristal’ de Eloy de la Iglesia; y en los alrededores de Sisante se rodó ‘Pozoamargo’, de Enrique Rivero.

¿Qué es lo que más valorará el jurado? Jurado que conforman los directores Helena Taberna y Fernando Colomo, los actores Celia de Molina, Emilio Linder, Vladimir Cruz, Carlos Manuel Vázquez y Carla Chiorazzo; la compositora Eva Gancedo e incluso el ¡¡¡Ratoncito Pérez!!! La creatividad: qué se quiere contar y cómo se resuelven los problemas para poder hacerlo; sin compositora ni diseñador de vestuario, tampoco editora de video o montador… “Ver cómo alguien que no es profesional salva esos obstáculos para crear una pieza con la que relatar la historia que quiere compartir”. Algo así como hacer de la necesidad virtud, sacar lo mejor que tenemos dentro en circunstancias tan desconcertantes como las que estamos atravesando.

FICOP

También en Lengua de Signos

La Constitución dice en su artículo 44.1 que ‘los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho’: todos tienen derecho, pero no todos pueden acceder a ella, se queja Iratxe Quintana, pensando en los más de dos millones de personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva que hay en España. Dice que la industria cultural en general, la del cine en particular, es consciente de su importante labor de sensibilización a la hora de hacer visibles los problemas e injusticias que se dan a diario, buscando que se solucionen o que no se produzcan. Pero añade que también tiene que ser, cuando es posible, parte de la solución. Y asegura que hablando de accesibilidad es imprescindible que facilite herramientas de acceso a todo lo que se hace, no solo pensando en la participación de las personas sordas y ciegas como espectadoras sino también como creadoras: “Necesitamos que toda la población esté representada para que la cultura sea realmente un espejo de la realidad y para que esos colectivos puedan verse reflejados en los contenidos que se crean, lo cual es clave para generar público”.

Ella que ha trabajado en teatro con actores sordos destaca su potencial y el de la Lengua de Signos a nivel escénico, afirma que “el poder de la expresión tanto gestual como facial es brutal”, y apuesta por sacarle mucho más partido: “eso permitiría abrir el abanico de público que tiene derecho a estar ahí como espectador”. Por eso alientan a que se presenten cortometrajes en Lengua de Signos.

Cómo salir adelante

Para el cinematográfico, como para los demás sectores, la crisis provocada por el nuevo coronavirus ha supuesto un duro golpe; como el resto, todavía está aturdido, esperando ver qué pasa mientras analiza las opciones para salir de esta volcándose, por lo menos por el momento, en lo digital. Iratxe Quintana no cree que las medidas de apoyo anunciadas por las administraciones vayan a ser suficientes para paliar el destrozo, pero destaca la unión entre los profesionales, “que es la única forma de salir adelante”.

Lo suyo y lo de Patricia no es rendirse: “Siempre hemos luchado por aquello en lo que creemos, por lo que pensamos que tenemos que hacer, por llevar a cabo proyectos que aporten algo”. Lo de estar paradas tampoco está en su ADN, “siempre buscando salidas, iniciativas que nos hagan crecer como profesionales y como personas, que es de lo que al final se trata, de estar en constante aprendizaje y crecimiento, adaptando y creando cosas nuevas: esa es la esencia de los creadores”. Los tiempos de crisis suelen obligar a reinventarse y “de algo pequeño puede surgir algo grande que, en otras circunstancias, sino se hubiera planteado el problema, ni siquiera habrías podido imaginar porque no tendrías que tratar de resolverlo”. Y eso es lo que esperan que pase con FICOP, que dé lugar a algo más grande pensando a medio y largo plazo. Pero también tienen otros proyectos.

Una iniciativa diferente, pionera, para tiempos diferentes. ¿Te animas a participar? Aquí tienes toda la información del Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España.

¿6.000 niños muertos por el COVID-19 cada día?

Hasta 6.000 menores de cinco años podrían morir a diario durante los próximos seis meses como consecuencia de la situación de extrema debilidad en la que el nuevo coronavirus está dejando los ya frágiles sistemas de salud de los países más vulnerables. La alerta la lanzaba hace unos días Unicef: es el peor de los tres escenarios que prevén los investigadores de la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública (EE.UU) tras analizar 118 países de rentas medias y bajas; en el ‘menos malo’, pueden morir 1.400 niñas y niños cada día. Y no hay que olvidar que la cifra final -sea la que sea- se sumará a los 15.000 pequeños que ya pierden la vida a diario por causas evitables, prevenibles. Hablamos de un enorme retroceso en la reducción de la mortalidad infantil que, tras disminuir un 50% desde 1990, se incrementaría por vez primera en décadas. Y lo mismo sucedería con la mortalidad materna, porque en ese medio año podrían morir casi 57.000 mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. Nos lo cuenta Blanca Carazo, responsable de Programas en España del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, que nos explica por qué podemos acabar llegando a esos escenarios.

_20200522_182753380371433900683008.jpg

“Es como una tormenta perfecta”

La vacunación: la emergencia sanitaria ha llevado a docenas de países en los que tener el sarampión o el tétanos puede suponer la muerte a interrumpir las campañas para concentrar los esfuerzos en responder al COVID-19; y puede llevar a otros a hacerlo. La escasez de medios, materiales y humanos: son países con poco personal sanitario y con recursos limitados, incluso con centros de salud que en ocasiones carecen de agua y luz; y cuando esos recursos ya de por sí insuficientes tienen que ponerse al servicio de los enfermos del nuevo coronavirus, “no hay posibilidad de atender a los niños, de hacer un correcto seguimiento de un embarazo, de que un parto sea atendido por personal cualificado…, ni siquiera de que los menores reciban tratamiento contra enfermedades como la neumonía o la diarrea”. Y la desnutrición, determinante en gran parte de los casos de mortalidad infantil: “Hay menos alimentos porque se ha dejado de producir y de trabajar los campos o porque apenas se produce; pero además el transporte para distribuir lo poco que hay está limitado por las restricciones de movimiento, lo que hace subir los precios, con lo que eso significa para gente que prácticamente no tiene ingresos”.

Unicef ya ha constatado un aumento de los niveles de desnutrición infantil en Mali, Somalia o Guatemala, por eso entre los objetivos de su plan de respuesta al nuevo coronavirus se incluye tratar a quienes la sufren: en solo un par de meses lo han hecho con 464.000 niños y calculan que de aquí a final de año serán 4,4 millones los que necesitarán ser tratados. “Ojalá no sean tantos. Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor”, dice Blanca Carazo. Porque aún hay más. Estamos ante una crisis mundial, “y si los países desarrollados deciden recortar la ayuda humanitaria de la que dependen millones de personas en esa otra parte del mundo, el impacto será enorme, inmenso”. Por no hablar de las dificultades para hacer llegar en estos momentos esa ayuda a muchos puntos, a pesar de que se considera un servicio esencial: “Hay brotes de sarampión y cólera en la República Democrática del Congo y llegar allí con los trabajadores humanitarios y los suministros es mucho más complicado, además de mucho más caro. Lo mismo que sucede en Siria. Es como una tormenta perfecta, con todos los elementos en contra de los más pequeños”.

Responder, Recuperar, Reimaginar

¿Qué se puede hacer ante un panorama tan duro? “Actuar para que los peores augurios no se hagan realidad, para impedir que la pandemia se convierta en una crisis a largo plazo para la infancia más vulnerable. No vamos a permitir que esta situación nos paralice”, afirma la responsable de Programas de Unicef España. De ahí la campaña que acaban de poner en marcha llamando a la acción para lograrlo, centrándose en tres pasos: Responder de forma inmediata a las necesidades más urgentes; Recuperar lo que había antes, las campañas de vacunación, la producción de alimentos, el trabajo…; y Reimaginar: “aprovechar de alguna manera esta situación tan dura en la que nos hemos dado cuenta, de golpe, de que todos dependemos de todos para pensar en cómo reconstruimos el mundo”.

Blanca Carazo no tiene dudas de que para conseguirlo es imprescindible sumar voluntades, convencida de que “ahora más que nunca, vamos a necesitar recursos e implicación: política, del sector privado y -por supuesto- de la ciudadanía”. Destaca que en estos meses se ha visto un movimiento de solidaridad, de apoyo muto, “que es el que puede sacar adelante todo lo que tenemos que hacer”, por eso llama a consolidarlo y llevarlo más allá. Y explica que esa unión de fuerzas será necesaria en cada una de las áreas que Unicef ha marcado para mejorar la situación de la infancia, “que tienen que implicarnos a todos”: atender su salud, garantizarle una correcta alimentación, facilitarle acceso a agua, asegurar que pueda estudiar y protegerla de todo tipo de violencia, en especial si vive en zonas de conflicto, son migrantes o refugiados.

“Si los niños nos han enseñado algo es su resiliencia, su capacidad de imaginar y de reinventar partiendo de cualquier situación, por dura que sea. Eso es lo que tenemos que aprender todos a poner en marcha a partir de ahora.” Reconoce que no va a ser fácil, pero explica que están decididos a hacer la apuesta porque al final la cuestión es decidir qué mundo queremos: uno en el que vivamos en el miedo, yendo cada uno a lo suyo, sin preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor, u otro muy distinto en el que nuestros niños crezcan sabiendo que existen comunidades de apoyo, que los demás nos importan, que no solo estamos pendientes de que lo que nos pasa a nosotros”. El futuro está en nuestras manos.

P. S. La fotografía que se incluye en el post es de ©UNICEF Tanzania. La que lo ilustra en Redes Sociales es de ©UNICEF/Fazel

“Nunca habíamos visto algo así”  

Como consecuencia de la anterior crisis económica los cincuenta y cuatro bancos de alimentos que hay en España llegaron a atender a un millón setecientas mil personas en los peores años, más del doble de las que atendían hasta entonces, y temen que ahora la situación acabe siendo muy parecida o incluso peor. Desde 2015 estaban viendo cómo se reducía de forma paulatina el número de ciudadanos que requerían su ayuda, hasta los alrededor de un millón cien mil que la recibieron el año pasado, “y esperábamos que la tendencia se mantuviese a la baja pero el Covid-19 ha cambiado el panorama, ha saltado todo por los aires y todo apunta a que la emergencia sanitaria derivará en una profunda crisis económica y social que, de hecho, ya ha empezado”. Quien así habla es el director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que se muestra pesimista y piensa que ese millón setecientas mil personas a las que llegaron a ayudar en la época más dura en sus casi tres décadas y media de existencia se va a quedar corto en esta ocasión. Y no lo dice por decir sino con datos en la mano: en apenas un par de meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.

BANCOS ALIMENTOS COVID (2)

“Esta crisis tiene un componente que la hace distinta”

Nos cuenta Ángel Franco que desde que se decretó el estado de alarma está acudiendo a ellos mucha gente que nunca lo había hecho; incluso directamente: se acerca a los bancos de alimentos en busca de ayuda y desde allí la dirigen a las oenegés, comedores sociales, entidades y parroquias de distinto credo con las que colaboran, que son las que se ocupan del reparto. Explica que gran parte de esa gente había conseguido superar o estaba superando la crisis económica que estalló en 2008 desde la economía irregular, informal -que según la Organización Internacional del Trabajo emplea a algo más del 14% de la población activa en Europa Occidental-: hablamos de trabajo en el hogar, de cuidados o de otro tipo no declarado, de venta ambulante sin autorización… “Pero el confinamiento que todavía vivimos en España no solo ha prácticamente paralizado la economía sino también esa economía sumergida, dejando sin ingresos a quienes sobrevivían gracias a ella. Sin ingresos y sin ayudas públicas, a las que no tienen acceso. Y se trata de personas que, por lo general, carecen de un colchón lo suficientemente sólido como para poder aguantar así semanas, no digamos ya meses”. Recuerda además que como consecuencia de la anterior crisis fueron muchos los inmigrantes que volvieron a sus países de origen, algo que en esta ocasión tampoco es posible.

A estos miles de personas hay que sumarles las que se han quedado en paro o están en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibiendo una prestación que en muchos casos no les da ni para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. “Y aunque les dé o puedan tirar de ahorros durante un tiempo unas y otros acabarán agotándose, quizás en cuestión de unos meses. Eso significa que a no ser que recuperen y puedan mantener su empleo o que encuentren uno acabarán pidiendo ayuda”. Estamos viendo las negras perspectivas que pintan instituciones y organismos nacionales e internacionales para el mercado laboral en nuestro país por lo menos para este año y el próximo. Sin olvidar que incluso aunque vuelvan a trabajar pueden tener que recurrir a los bancos de alimentos: según los últimos datos del indicador europeo AROPE, que mide los niveles de pobreza y exclusión social, en España había en 2018 un 14% de trabajadores pobres. Hace dos años.

“Por el momento estamos en disposición de atender la demanda”

El nuevo coronavirus ha paralizado por un tiempo indeterminado las operaciones de recogida de alimentos en los supermercados, un importante golpe para FESBAL porque los miles de voluntarios que participan en ellas hacen que el resultado final se multiplique por cincuenta o más según su director de Comunicación, que destaca el salto cuantitativo experimentado con respecto a las primeras que se realizaron, sin que nadie animase entonces a la gente a colaborar. ¿Cuándo se podrán retomar y cuál será la respuesta? “Habrá que ver cómo va evolucionando la situación, a qué ritmo, y en qué medida la gente recupera capacidad económica para poder ayudar; porque lo primero para muchos está siendo tener que apretarse el cinturón”, dice Ángel Franco. Pero no solo las operaciones kilo se han visto afectadas, también los propios voluntarios, imprescindibles para el día a día de los bancos de alimentos -igual que para muchas de las entidades con las que colaboran-, que en su inmensa mayoría son personas mayores y, por lo tanto, población de riesgo: el 95% son jubilados.

 

Han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias y parece que lo han logrado: mucha gente joven y no tan joven -alguna ahora en paro- ha decidido aportar su grano de arena trabajando en los bancos de alimentos, mientras empresas y particulares han respondido con donaciones y lo han hecho “con nota”. Él mismo nos pone algunos ejemplos.

También han colaborado con la Federación Española de Bancos de Alimentos desde las principales cadenas de alimentación y compañías como CEPSA, AVIS o Redexis, hasta los empleados de Telefónica, pasando por actores, deportistas y cantantes como Hugo Silva, Carla Suárez o Mikel Izal, los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Comillas, con su campaña en Redes Sociales #JuntosEsPosible, o decenas de miembros de la comunidad de escalada con su iniciativa #YoPorteo. Ya hemos escuchado que -en vista de la respuesta- confían en no tener problemas para ir reponiendo los alimentos que en muchos casos ni siquiera les da tiempo a colocar en sus estanterías. Pero son pesimistas ante una “bola de nieve” que va creciendo cada vez más y que va cogiendo más velocidad a medida que baja por la pendiente de la montaña.

IMPRESCINDIBLES porque sin cuidados no hay vida

¿Quién alimenta a quienes no pueden alimentarse solas? ¿Quién te mueve cuando no puedes moverte sola? ¿Quién cuida de tu espacio privado para que tú existas socialmente? ¿Quién deja de cuidar a su familia para cuidar a la tuya? En definitiva, ¿qué valor les damos a las personas que cuidan a quienes más queremos? Son algunas de las preguntas que nos hace la oenegé Movimiento por la Paz -MPDL- en la campaña que acaba de poner en marcha con el objetivo de “que reflexionemos sobre la situación del colectivo laboral más explotado hoy en día en España, para que cada vez seamos más las personas que unamos nuestras voces a las suyas en su denuncia”. Lo dice Juan Maza, coordinador del Área de Sensibilización, que nos ha explicado que se trata de reivindicar sus derechos laborales y también de reclamar la necesaria valorización de los cuidados que realizan como indispensables para la vida en un modelo de producción y convivencia que les gustaría que fuese diferente.

Valor vs Precio

Porque “el capitalismo les ha puesto un precio a esos cuidados, un precio muy bajo que son los salarios que cobran las mujeres que los realizan, pero no los ha valorizado”, que es lo que demanda el Movimiento por la Paz: darles valor a los cuidados en consonancia con la importancia que tienen en lugar de ponerles un precio siempre a la baja. La organización -que va camino de cumplir cuatro décadas trabajando por un mundo más justo e igualitario- defiende que se prioricen los cuidados, como también el modelo de crianza, en un nuevo sistema de convivencia: “socializarlos porque de ellos depende la vida”. Y ahí señala directamente a las Administraciones.

Pero no solo el Estado, la sociedad tampoco puede olvidarse de la importancia de los cuidados y de quienes los realizan, de que unos y otras son esenciales, vitales, indispensables. De ahí que desde la oenegé nos pidan que nos paremos a pensar qué lugar ocupan en nuestras vidas esos cuidados que van más allá del trabajo doméstico y qué ganamos, qué podemos muchas veces hacer, gracias a que otras personas se ocupan de ellos: mujeres en su mayor parte -el 96% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados lo son- “que dejan de satisfacer buena parte de sus necesidades y llegan a renunciar a sus derechos para que nosotros podamos trabajar, disfrutar del ocio y llevar la vida que queremos”, destaca Juan Maza. “Mujeres que se ven obligadas a aparcar o prácticamente olvidar parcelas de su vida que también para ellas son imprescindibles pero que tienen que dejar de lado para hacer eso mismo en nuestras casas”.

Innegociables

Sus derechos laborales deberían ser innegociables pero no lo son. Movimiento por la Paz lleva tiempo asesorando y prestando asistencia jurídica gratuita a un colectivo que sufre a diario una tremenda indefensión ante los empleadores incluso con las leyes en la mano. No hay más que recordar que son las únicas que no tienen derecho a prestación de desempleo -“algo de lo que se benefician las empresas empleadoras y el propio Estado”-, por no hablar de que más de doscientas mil ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social porque son migrantes en situación irregular. Estamos por lo tanto en muchos casos ante personas que se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, porque son migrantes y porque trabajan en un sector que no está regulado como debería. Y es algo que se está perpetuando.

El responsable del Área de Sensibilización de la oenegé asegura que ha llegado el momento de que todo el mundo sea consciente de lo que ocurre en este sector: para acabar con una forma de entender tanto el trabajo de cuidados como a las mujeres que se ocupan de ellos “que roza el incumplimiento de los Derechos Humanos”; para poner fin “a la idea extendida entre determinadas clases sociales de que contratándolas les estamos haciendo un favor, como si por el mero hecho de no tener los papeles en regla no tuviesen derechos”.

Por eso le reclaman al Estado que se encargue de gestionar y de regular los cuidados. Pero hay otro paso que consideran fundamental: llevar a cabo una regularización urgente de migrantes y solicitantes de asilo, porque eso permitiría avanzar a más de un tercio de las mujeres del colectivo al convertirlas a ojos de la ley en lo que ya son, ciudadanas iguales al resto. No entienden “cómo es posible que las autoridades estén dejando escapar tantas capacidades y habilidades; cómo es posible que estén frenando el desarrollo de un país al que tanto pueden aportar” las más de seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación irregular a pesar de llevar años trabajando y malviviendo en España, siendo explotadas las más de las veces. “Ellas nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. No podemos seguir dándoles la espalda”.

“Seguiremos luchando. No pueden dejarnos atrás”

A.P. es de Colombia. Escapó de su país hace tres años por las amenazas de muerte que recibía; después de que asesinaran a su padre. Eligió España como destino buscando un futuro, un buen futuro, “pero a veces nos equivocamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que no todo es como lo pintan”. Es profesora: en su país daba clase de Geografía, Historia y Filosofía en Bachillerato; también cuenta con estudios de atención sociosanitaria, pero no tiene papeles. En noviembre pasado denegaron su petición de asilo, esa en la que tanto confiaba, y pese a llevar tres años residiendo y trabajando en Barcelona no consigue el contrato laboral por un año que le exige la legislación. Es más, desde que estalló la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se ha quedado sin el trabajo como empleada de hogar en varias casas que le permitía salir adelante: han prescindido de ella, “quién sabe hasta cuándo o incluso si volverán a contar conmigo”. Y como está en situación administrativa irregular, se queda fuera de las ayudas públicas: del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que el Gobierno espera activar en los próximos días y del ingreso mínimo vital para los más vulnerables que anuncia para este mismo mes.

Ni ella ni las más de doscientas mil compañeras que según las organizaciones que reivindican los derechos del colectivo se encuentran en su misma situación podrán acceder a estas y otras prestaciones. Prestaciones de las que quedan excluidas más de ochocientas mil personas si ampliamos el horizonte.

Los derechos no pueden limitarse en función del origen nacional

Por eso varias asociaciones y grupos de trabajadoras del hogar y los cuidados de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Madrid se han unido a la campaña que exige la regularización de todas las personas migrantes y han sumado fuerzas para denunciar la situación de “precariedad vital” a la que la Ley de Extranjería conduce a decenas de miles de compañeras, agravada todavía más por el Covid-19. Entre esas organizaciones está Sindihogar Sindillar, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados constituido en Barcelona hace más de ocho años, del que forman parte mujeres migradas de quince países como A.P.

Explica que no piden que les regalen nada pero sí que les permitan salir adelante. Que no les pongan tantas trabas para conseguir los papeles con los que poder acceder a un empleo en condiciones dignas: sin tener que trabajar más de cuarenta y ocho horas semanales cobrando menos del salario mínimo, sin días libres ni vacaciones, como hacen muchas internas esperando lograr al cabo de tres años esa oferta laboral que les abrirá la puerta a la regularización pero que nunca llega. Y nunca llega “porque los empleadores se aprovechan de la necesidad que tenemos de ese contrato y de nuestro miedo a denunciar lo que nos están haciendo pasar”.

Con la connivencia de las administraciones

Sindihogar Sindillar y las demás asociaciones que se han unido en defensa del colectivo firman un documento dirigido a Pedro Sánchez y a cinco de los ministros de su gabinete en el que denuncian que todos los gobiernos ‘están utilizando su trabajo sin derechos para atender necesidades de cuidado que de otro modo exigirían un enorme gasto social’. Aseguran que la existencia de ese mercado de empleo sumergido que se ampara en la Ley de Extranjería es conocida y concluyen que ‘mantener la irregularidad es una opción política’.

Les dicen que no pueden seguir mirando para otro lado, pidiéndoles que acaben con la ‘hipocresía’ que envuelve a la ley, y reclaman ‘regularización para todas ya; protección económica para todas las personas’. Exigen que las trabajadoras del hogar y de los cuidados sean consideradas esenciales también en la legislación, para tener derechos y poder ejercerlos; que su situación entre de una vez en la agenda política. Están cansadas de promesas incumplidas o que han quedado diluidas y quieren hechos.

No piensan rendirse. Van a seguir luchando: les sobra coraje y saben que unidas tienen más fuerza.

Para ayudar a aquellas que han perdido su fuente de ingresos en esta emergencia sanitaria y económica y a las que siguen trabajando en condiciones inseguras, reforzando al mismo tiempo las redes que las conectan, Sindihogar Sindillar ha puesto en marcha una Campaña de Resistencia para recaudar dinero: a quien aporte cinco euros o más le harán llegar una SindiRebel, una muñeca de tela confeccionada por las propias afiliadas; un pedacito de su cultura, de sus vivencias.

P.S. Además de Sindihogar Sindillar, el documento que dirigen al Gobierno lo firman la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada, ATH-ELE y SINA KOOP.ELK. TXIKIA, de Bilbao, Malen Etxea, de Zumaia, el Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, el Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compostela, la Asociación Emplead@s de Hogar y Cuidados de Navarra y SEDOAC, de Madrid.

“Tenemos miedo al coronavirus”

Miles de inmigrantes, irregulares y también regulares, malviven en las principales zonas agrícolas de España en campamentos de chabolas levantadas con cuatro tablas y unos plásticos, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, expuestos a todo tipo de enfermedades y con el riesgo añadido de poder perder lo poco que tienen en uno de los incendios que se producen cada cierto tiempo. El último, esta misma semana en la localidad onubense de Palos de la Frontera: alrededor de setenta infraviviendas fueron pasto de las llamas; infraviviendas, sí, pero que servían de refugio a más de cien personas. El asentamiento fue desalojado y sus cerca de doscientos moradores han tenido que buscarse la vida. La Guardia Civil investiga si fue provocado.

No estamos contando nada nuevo: hace veinte años que esta dura realidad existe en esa provincia andaluza e incluso más en la de Almería. En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, se echaba las manos a la cabeza al visitar uno de los asentamientos de los temporeros de la fresa en Huelva, asegurando que viven en peores condiciones que las de los campos de refugiados. Y urgía a las Administraciones a actuar. Lo mismo que llevan reclamando desde hace años asociaciones como el Colectivo de Trabajadores Africanos, de Lepe: condiciones dignas para quienes -con o sin papeles- “son imprescindibles para recoger las cosechas de productos que acaban en buena parte de las mesas del país y que reportan grandes beneficios a los empresarios que se aprovechan de ellos, pagándoles las más de las veces por debajo del convenio y del SMI por jornadas maratonianas y semanas interminables”. Lo denuncia uno de sus miembros fundadores, Antonio Abad, que se queja de que las Administraciones -todas- han mirado siempre para otro lado, como siguen haciendo en plena emergencia sanitaria: critica que no hayan hecho nada para proporcionarles un alojamiento digno con el caldo de cultivo que las condiciones en las que malviven suponen para el coronavirus; y asegura que el Gobierno central se ha retratado con el real decreto ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, dejando más que claro quiénes le preocupan: “el empresario y los consumidores, no el inmigrante que lleva años partiéndose el pecho como temporero”. Ellos, los inmigrantes, están entre decepcionados e indignados: esperaban algo de humanidad. Nos lo ha contado Mohamed Lamine Camara.

#RegularizacionYa

Los inmigrantes esperaban más de las autoridades. También las organizaciones que luchan por sus derechos y parte de la ciudadanía. Por eso son ya novecientas las que reclaman al Gobierno una regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en España y la inmediata resolución favorable de las más de cien mil peticiones de asilo y refugio pendientes. Y se están haciendo oír en las Redes Sociales. Atendiendo a las cifras que manejan, en nuestro país hay cerca de seiscientas mil personas en situación irregular y ellas y ellos denuncian que no pueden seguir en este limbo vital y administrativo en el que los sumerge y al que los condena el racismo institucional. El Colectivo de Trabajadores Africanos es uno de los firmantes de esta demanda. Antonio Abad sabe bien de lo que habla porque lleva una década viéndolo a diario: “Una forma de esclavitud moderna, sin látigo, pero tratándolos prácticamente como esclavos”. Y todo esto se mantiene exactamente igual en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Por el momento no se sabe de casos de Covid-19 en los asentamientos de temporeros. Ya hemos escuchado que tienen miedo y no es para menos.

Denuncia que se han sobrepasado todos los límites, que unos y otros se han aprovechado -con la connivencia de las distintas autoridades- de la situación de vulnerabilidad y de la desesperación de miles de seres humanos a los que se les ha dado y se les está dando un trato que debería avergonzarnos a todos, “algo impropio de un Estado que se considera de Derecho”. Reclama que se actúe de una vez pero no es muy optimista, más bien al contrario, “porque lo primero para resolver un problema es reconocer que existe” y duda de que las Administraciones acaben admitiendo que han tenido a cientos de miles de personas malviviendo durante años en condiciones que ni los animales: “Estoy seguro de que se les pone la cara colorada solo de pensarlo cuando se les tendría que poner roja de vergüenza por no haber hecho nada para cambiar esta penosa realidad”.

La charla con Antonio y Mohamed tuvo lugar el pasado lunes; un par de días después, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley con dos millones doscientos mil euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería cubran las necesidades de agua potable, limpieza y recogida de basura de los asentamientos de inmigrantes, además de la compra de alimentos y productos de higiene personal. ¿Un objetivo cumplido? Son bastante escépticos: se preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que se vea, si es que se llega a ver, alguna mejora sobre el terreno, teniendo en cuenta que el anuncio llega varias décadas tarde y que llevamos más de un mes en estado de alarma por la emergencia sanitaria. Por no hablar de que la Junta ha hecho los cálculos económicos partiendo de que en los asentamientos de esas dos provincias hay alrededor de cuatro mil cuatrocientos inmigrantes: el Colectivo de Trabajadores Africanos afirma que solo en los de la onubense, unos cincuenta, ya se supera esa cifra. Asentamientos que, por supuesto, no tendrían que existir.

P. S. Las fotografías que aparecen en el post son de asentamientos de Lepe y Palos de la Frontera y han sido sacadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos.