“Como no votan, sus problemas son secundarios. Hacen falta ya políticas que los pongan en el centro”

Hace unos días han tenido lugar en España unos nuevos comicios generales y el próximo domingo 26 vamos a celebrar las elecciones municipales, autonómicas -en doce Comunidades- y europeas que estaban previstas para este año. Todos los partidos han incluido e incluyen de nuevo en sus programas electorales medidas dirigidas a la infancia, pero esta parte de la población y la problemática que le afecta no han estado ni están presentes en los mítines de los candidatos ni, por supuesto, tampoco en los debates electorales. Para Save the Children esto significa que “a pesar de que parece que los políticos tienen intención de que la situación cambie queda todavía mucho trabajo por concretar, mucha pedagogía que hacer para que entiendan que las niñas y los niños son importantes”; y dicen que ya es hora de que tomen conciencia de todo lo que los menores necesitan y a lo que tienen derecho, en palabras de Carmela del Moral, analista jurídica de Derechos de la Infancia de la ONG.

¿Por qué no hay prisa por resolver sus necesidades?

  La responsable del informe ‘La infancia marca’ destaca que el concepto de ‘niño’ como sujeto de derechos es algo relativamente reciente, porque durante mucho tiempo se les veía únicamente como parte de la familia; se entendía que “requerían protección pero no se les trataba como un colectivo con necesidades y derechos propios”. Asegura que “aún hay gente que los sigue viendo así”, por difícil que pueda parecer, y para ella una de las razones que lo explican -“triste pero real”- es que las niñas y los niños no votan: “no son un colectivo al que tratar de contentar desde un punto de vista electoral; existe un gran consenso político, todas las formaciones están dispuestas a actuar…, pero cuando hay que convertir esas buenas intenciones en políticas concretas cuesta mucho porque, como no votan no hay prisa por dar respuesta a los problemas que les afectan, y como todavía hay quien sigue sin verlos como ciudadanos de pleno derecho parece que las reivindicaciones que se hacen por y para ellos son secundarias”.

  Carmela del Moral denuncia que la situación de la infancia sigue estando demasiado invisibilizada, lo ha comprobado por enésima vez en el transcurso de la realización del informe, principalmente a la hora de buscar datos para poder llevarlo a cabo y mostrar cómo ha cambiado su situación en los últimos cien años, algo que ella misma explica como “un reto”. Y eso es porque “La infancia suele quedar fuera de las políticas pero también de los análisis y de los estudios, por lo que faltan muchas lagunas por llenar”. Afirma tajante que existe una gran invisibilidad de sus necesidades y pone ejemplos: “Lo que ha costado que se hable de pobreza infantil y se reconozca que en España -que es una de las potencias del euro- afecta a más de uno de cada cuatro niños (28,3%), según los datos de Eurostat, porque no hace mucho se negaba su existencia: “Esta es una realidad difícil de afrontar, cuesta aceptarla políticamente, pero hay que enfrentarse al problema e intentar solucionarlo”, en ese sentido valora que el anterior Gobierno crease la estructura del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que confía en que mantenga el próximo Ejecutivo. Menciona también determinadas formas de violencia contra menores “que en muchos casos siguen practicándose como herramienta educativa”, y se queda con el reciente compromiso del Congreso -con el apoyo de todos los partidos- de ponerse a trabajar en una Ley contra la violencia infantil.

Hay que empezar a actuar desde ya mismo

  Ese es uno de los primeros deberes que Save the Children le pone al futuro Gobierno: abordar esta lacra y aprobar cuanto antes una Ley de Protección Integral frente a cualquier forma de violencia contra la infancia; recuerda Carmela del Moral que el anterior la dejó a medidas, espera que completarla sea una de las prioridades del próximo, y que cuente después con los votos de todas las formaciones. También le reclaman que “empiece a desarrollar políticas que sitúen a las niñas y los niños en el centro” para acabar con las “alarmantes” cifras de pobreza infantil: consideran básico que se incremente la prestación por hijo a cargo para las familias más vulnerables hasta los 100 euros mensuales (150 si son ‘monomarentales’, porque son las que tienen un riesgo de exclusión muy superior). Le demandan avances en educación recordándole -y recordándonos- que aunque en España existe un acceso universal a ella y las tasas de analfabetismo se han reducido radicalmente “la educación no es equitativa, puesto que la situación socioeconómica de la familia influye notablemente en la trayectoria académica y, por tanto, los resultados no serán los mismos”, por eso consideran esenciales la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la mejora del sistema de becas.

  Otra de sus principales reivindicaciones es que el futuro Ejecutivo no desatienda el capítulo migratorio, “que no olvide que de España han salido muchas niñas y niños como emigrantes a lo largo de la historia y que afronte como es su deber la situación de la infancia migrante”. Para la ONG es imprescindible que empiece por tratar a los menores migrantes no acompañados como menores antes que como extranjeros para conseguir que se integren, y que mejore los sistemas de protección, “que no tienen unos estándares mínimos de calidad”; y llaman a los Gobiernos autonómicos a corresponsabilizarse a la hora de gestionar estos movimientos. Finalmente suman al capítulo de retos todo lo que tiene que ver con el comercio de armas “porque puede hacerse más para evitar que caigan en manos de quienes las puedan utilizar en zonas de conflicto, causando daño a la población, en especial a los más pequeños”.

“Porque la infancia determina el futuro, el del propio menor y el del país”

  Para Carmela del Moral, lo dicho hasta ahora tendría que ser suficiente para que los menores estuviesen en el centro de las políticas de los poderes públicos pero, por si no lo fuese, añade razones económicas: destaca que está demostrado que la inversión en los primeros tres años de vida (en educación, en protección social, en salud…) es la que tiene una mayor rentabilidad, porque acabarán siendo adultos más y mejor integrados y con mejores perspectivas laborales; además pone el acento en que hay estudios que concluyen que la violencia contra la infancia puede llegar a costarle al país hasta el 1% del PIB: el no tratar prevenirla hace que los posteriores costes de recuperación, las terapias, la peor situación profesional cuando sean adultos… “acabe incidiendo de forma negativa en la macroeconomía”. En Save The Children se quejan de que España invierte la mitad de lo que lo hace la media europea en políticas de infancia: “No se mira al futuro, no se tienen en cuenta los beneficios que suponen para los menores las políticas pensadas por y para ellos (lo que significa invertir en ellos, porque ese período determinará el resto de su vida); y si no lo hacen por las niñas y los niños, que es por quienes deberían hacerlo, que lo hagan por lo menos por un sentido de desarrollo económico del país”, apunta esta analista jurídica de Derechos de la Infancia.

  Para hacerles reflexionar, en paralelo al informe “La Infancia Marca”, la ONG    -tirando de imaginación- ha creado una campaña sobre cuál podría ser la realidad de los principales dirigentes políticos hoy en día si hubiesen nacido en un hogar sin recursos, y consecuentemente hubiesen tenido menos oportunidades, porque la infancia marca tanto que “alguien que nace en una familia con bajos ingresos tarda hasta cuatro generaciones, 120 años, en prosperar”: Pedro Sánchez sería mantero, Pablo Casado mecánico, Albert Rivera jornalero, Pablo Iglesias chatarrero y Santiago Abascal estaría pidiendo en la calle. Explica Carmela del Moral que “buscábamos llamar su atención, en cierto modo picarlos un poco. No teníamos claro cómo iban a reaccionar, pero al final ha sido un éxito porque se han sentido identificados; ahora esperamos que, más allá de la anécdota y de compartir la idea haya compromisos reales y la infancia esté presente en los pactos de Gobierno”. Y no solo reclaman más implicación a los políticos sino a toda la ciudadanía: “necesitamos más empuje social, que se tome conciencia de que los menores son responsabilidad de tod@s; tiene que haber una mayor conciencia social, así como una mayor conciencia política”. Nos piden que no olvidemos que las niñas y los niños no tienen la culpa de nada de lo que pasa pero lo padecen; recuerdan que “no han protagonizado los hitos del último siglo pero que, en muchos casos, sí han sufrido sus consecuencias”. Un siglo dando la batalla por la infancia y sus derechos es lo que cumple este año Save the Children y anuncian que piensan seguir con la lucha “el tiempo que haga falta”.

“Cada uno que se retrate en este periplo de la vergüenza”

Por fin el Aita Mari y su tripulación han llegado a su ‘destino forzoso’ -las islas griegas de Lesbos y Quíos-, pues su pretensión inicial era, y sigue siendo, la de ayudar a salvar vidas en el Mediterráneo Central, en la teórica área de búsqueda y rescate de Libia, un país más centrado en el caos de una guerra que parece no tener fin que en socorrer a quien está en apuros. De un tiempo a esta parte ha quedado claro que ni a la UE ni a los Estados miembros les interesa permitir que haya observadores independientes en esa zona “por mucho que ahora, que estamos a las puertas de los comicios de mayo, lancen mensajes de ‘Europa acoge’ o ‘Europa refugio’: yo invito a los publicistas que idean esas campañas a que vayan a las islas del Egeo para conocer de primera mano las condiciones en las que malviven las 15.000 personas que esperan allí a que se resuelvan sus solicitudes de asilo y para que comprueben in situ cómo se les está citando para 2023 para realizar la entrevista”, relata Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG propietaria del barco. Traslada la invitación a los publicistas porque tiene claro que quienes pagan esas campañas, los partidos y sus dirigentes, “conocen la situación al detalle; como también saben cuántas embarcaciones se hacen a la mar cargadas de migrantes que buscan salvar la vida, el número de personas que se quedan por el camino y las penurias que sufren los que están retenidos en los campos libios de detención ilegal”.

La ayuda ya ha sido descargada

Después de una travesía marítima de 6 días, los tripulantes del Aita Mari descargaban entre ayer y hoy la ayuda humanitaria que han llevado a Lesbos y a Quíos, donde trabajan sobre el terreno desde hace más de 3 años: material médico básico -vendas, antisépticos, permetrina para combatir los piojos y la sarna- absolutamente necesario porque empieza a escasear, ya que el programa del Gobierno heleno para la acogida de refugiados se ha agotado y el próximo está tramitándose todavía; también complementos alimenticios para los más pequeños, y productos higiénicos como pañales o compresas para los que allí hay una demanda constante; con ellos llevaron además un cargamento de ropa nueva que les entregaron en Palma de Mallorca, su última parada obligada antes de partir rumbo al Egeo. Así nos lo cuenta Íñigo Mijangos.

Esperan recibir lo antes posible la autorización de las autoridades griegas para que su buque pueda operar como barco-hospital, porque está dotado con el equipamiento necesario para serlo: explica que en los campos de refugiados de la zona llevan tiempo prestando cuidados de Atención Primaria, centrándose en la salud bucodental “de la que no se ocupa nadie”; lo hacen con la colaboración de dentistas locales pero eso les supone un alto coste y, lo más importante, casi no tienen voluntarios de la zona para ocuparse de esa labor “por la intimidación de la comunidad a quienes ayudan a los refugiados en una isla en la que el rechazo a los migrantes es prácticamente total, la solidaridad apenas se deja ver y los que la practican están sometidos a una continua presión”. Lo sabe bien el presidente de SMH porque, como el resto de voluntarios de la ONG, lo ha experimentado desde el primer día: “La criminalización que sufrimos aquí nos parece un chiste comparada con la que tenemos que padecer en Quíos, donde a mí me han hecho de todo”.

“Ha habido una intervención política para retrasar nuestra partida”

Criminalización, sí, que vienen sufriendo por parte de las autoridades europeas las organizaciones humanitarias que han realizado o pretenden realizar rescates en el Mediterráneo de los que se deberían ocupar sus servicios de salvamento: “pero ya hemos llegado a un punto en el que no solo se nos considera criminales por actos que según ellas sostienen contribuyen a generar un efecto llamada cuando no es así -asegura Íñigo Mijangos-, sino que nos criminalizan por la actividad que ellas creen que pretendemos llevar a cabo, e intentan explicarte que ‘como vas a hacer algo distinto a lo que estás diciendo te bloquean preventivamente’. Es una criminalización en base a algo que ellas sospechan no sé por qué porque nosotros en ningún momento les hemos dado pie para que crean que vamos a cometer un acto de desobediencia civil”, y aclara que nunca han desobedecido ninguna de las órdenes que han recibido desde que trabajan en Grecia, aún cuando reconoce que ha habido ocasiones en las que no les gustaban las que estaban dando. Por eso no entiende que ahora la Administración española presuponga que van a hacer algo distinto a lo que han declarado en los documentos viendo que les sería imposible rescatar vidas, como era su intención.

Denuncia que desde finales de octubre de 2018 hasta la semana pasada todo fueron obstáculos por parte del Gobierno para impedirles dirigirse al Mediterráneo Central y el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario añade que “probablemente también le molesta que estemos en el Egeo porque, aunque la situación allí es menos sangrante, metemos en dedo en la llaga”, pero apunta que “no le ha quedado más remedio que aceptar” por la presión de la sociedad civil. Recuerda que todo empezó con el retraso en la expedición de los certificados de navegabilidad del barco, al que siguieron problemas en las inspecciones en teoría rutinarias; después la Capitanía Marítima de Pasaia les negó el despacho para partir alegando que no cumplían los requisitos para transportar a mucha gente -pensando en los rescates-; así las cosas, y para agilizar la partida, en febrero decidían cambiar su labor de socorro por la de ayuda sanitaria y el mes pasado partían hacia A Coruña; hace un par de semanas pusieron rumbo a Lisboa y el Gobierno portugués los autorizó a salir con destino a Quíos y Lesbos; cuando se encontraban en el Estrecho de Gibraltar, la Autoridad Marítima española los obligaba a dirigirse al puerto de Palma de Mallorca para darles un nuevo despacho “cuando ya disponíamos de esa autorización”. Íñigo Mijangos afirma que el despacho que se les dio “es una joya, con más de la mitad de la documentación llena de avisos y advertencias de lo que puede pasarnos si la incumplimos, con sanciones que pueden llegar a los novecientos mil euros”.

En su opinión, ha quedado patente que ha habido una intervención política para retrasarlo todo: “Cada uno que se retrate en este periplo de la vergüenza, con un esfuerzo permanente de las autoridades por frenar el Aita Mari bajo la premisa de que nosotros a lo que vamos es a causar problemas, cuando lo que pretendemos es resolverlos”. Y le parece cuando menos curioso que se les criminalice a ellos que no tienen ningún proceso abierto en los tribunales “cuando la Administración sí que lo tiene”.

“No nos rendimos, queremos poder realizar labores de salvamento”

Hablando con él no quedan dudas de que su intención “sigue siendo la de poder trabajar sin ninguna restricción, no solo quedarnos en el Egeo, porque entendemos que la negativa a darnos la autorización responde a una decisión política tomada escudándose en unos supuestos argumentos técnicos que no se sostienen”. Por eso la han recurrido por vía administrativa y también por vía judicial, al entender que se están conculcando derechos fundamentales, y estudian denunciar el último episodio de parada obligada en Palma cuando “teníamos todos los papeles en regla. Es como si cada vez que sales de casa tienes que firmar antes una declaración jurada garantizando que no vas a delinquir”. Íñigo Mijangos destaca además como “surrealista” lo que vivieron en Mallorca, teniendo que trasladar la ayuda humanitaria que habían recogido en tierra en lancha a unas tres millas de la costa, donde habían tenido que fondear porque en el puerto comercial “español y pagado con los impuestos de los españoles” no podía entrar “un barco de bandera española” ya que estaba allí atracado el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, “militar y extranjero”, con unos 6.000 efectivos a bordo.

Están dispuestos a luchar lo que haga falta para conseguir su objetivo de poder prestar ayuda en la zona más mortífera del Mediterráneo Central, en la que desde principios de enero y hasta mediados de este mes de abril se contabilizaron por los menos 250 muertes, y saben que para eso son fundamentales los voluntarios que sostienen sus misiones: médic@s, enfermer@s y otros profesionales sanitarios; personal de logística, tripulación para el barco y rescatadores para cuando les sea posible llevar a cabo los trabajos de socorro; y “como por cada persona que trabaja sobre el terreno se necesitan cinco aquí” -aclara-, también personal administrativ@ y gente para recaudar fondos, ocuparse de la gestión de eventos y centrarse en esa labor de sensibilización tan importante para ellos como la asistencial; y, por eso, porque tod@s somos necesari@s, abren los brazos “a cualquiera que tenga algo que aportar”. No quiere olvidarse de los socios, sin los cuales sería imposible alcanzar los entre 700.000 y 800.000 euros anuales que necesitan para mantener el proyecto, que cubren gracias a la aportación que reciben del Gobierno vasco y, sobre todo, de donaciones particulares, de pequeños ayuntamientos y también de empresas: “Es un esfuerzo muy grande que hay que sostener en el tiempo y todo ayuda; ya sabes eso que dicen de que un grano no hace granero pero ayuda al compañero”, concluye el presidente de Salvamento Marítimo Internacional.

P.S. Todo lo que queráis saber de Salvamento Marítimo Humanitario lo tenéis en la web https://www.smh.eus, en la que también os indican los pasos para colaborar con la organización, como voluntari@s o como soci@s.

P.S. En este 23 de abril, Día del Libro, aprovecho para dejaros una interesante propuesta: “Libya Close up”, una visión de la guerra civil libia construida a partir de 84 imágenes de Ricardo García Vilanova, que cubrió durante medio año el conflicto, complementada por textos del periodista Félix Flores. Una obra publicada para que el fotoperiodista freelance, que estuvo secuestrado por los rebeldes en Siria con el también informador Javier Espinosa, pudiese cubrir los gastos a los que no pudo hacer frente durante sus 194 días de cautiverio.

La España vaciada existe, resiste y avisa al resto de que también habrá consecuencias

“Es como la masa negra de la nada que lo va destruyendo todo en La Historia Interminable: el mundo rural está desapareciendo y poco a poco esa mancha negra, ese vacío, está llegando a las ciudades”. La comparación es de Enrique Muñoz, uno de los portavoces de Soria YA, que asegura que el fenómeno de la despoblación está azotando fuerte a capitales provinciales como la suya y avisa de que “es lo que les queda a otras muchas ciudades pequeñas y medianas si los legisladores no le ponen solución cuanto antes”. La misma advertencia la hace Paco Juárez, uno de los portavoces de Teruel Existe, cuando afirma que “con esa segunda oleada de despoblación en marcha, si los políticos no actúan, saldrá perdiendo el país en su conjunto”.

La España que se desangra dice ¡Basta Ya!

Más de media España se vacía: 26 provincias de 8 Comunidades Autónomas (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura y Andalucía) pierden habitantes según los últimos datos del Padrón Municipal publicados por el INE a principios de este año; y las estadísticas constatan que cada vez son más las capitales de comarca y de provincia que están siendo golpeadas por este fenómeno. Soria es la provincia menos poblada con 88.600 vecinos, y una de las más envejecidas, seguida de Teruel, con 134.500; ambas, junto con Cuenca, conforman la zona más despoblada de la Europa del Sur. Se han cansado de que el hecho de tener menos vecinos los “penalice” y les “reste derechos, cuando no debería ser así”, y por eso el 31M Soria YA y Teruel Existe lideraron a casi un centenar de plataformas y colectivos de 24 provincias que llevaron su protesta hasta Madrid, hasta el centro del país, para hacerla resonar en las cuatro esquinas. Según sus cálculos, cien mil personas participaron en una movilización “histórica” con la que aseguran que han iniciado la [re]vuelta de esa España vaciada y, en cierto modo, silenciada…hasta ahora. Y están muy satisfechos.

“Satisfechos porque hemos conseguido movilizar a toda esa gente tras casi veinte años luchando, prácticamente en solitario, las dos plataformas para que tanto el Estado como la Unión Europea reconozcan la pérdida de población como un grave problema y atiendan nuestras reclamaciones, ante las que uno y otra siempre han hecho oídos sordos”, explica Paco Juárez de Teruel Existe, que afirma que “estamos creando una España en la que todos tendremos peor calidad de vida: la evidente de los territorios vaciados, que cada día van perdiendo servicios, pero también la silenciosa, la que ataca a las grandes ciudades, cada vez más superpobladas y más afectadas por una contaminación galopante”. Lo mismo piensa Enrique Muñoz, de Soria YA, que considera imprescindible potenciar esa parte del territorio que se está vaciando para que recupere a los que se han ido y pueda atraer gente nueva; “esa España en la que se lleva otro ritmo de vida y gracias a la cual se gestiona el medio natural, porque el futuro del planeta también pasa por nosotros”.

Sin apenas avances dos décadas después

Poco ha cambiado la realidad de estas dos provincias desde que Teruel Existe y Soria YA dieron sus primeros pasos hacia finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000. Paco Juárez le contaba estos días a una periodista belga que muchos ayuntamientos de pequeños pueblos tienen que habilitar sistemas para ir a buscar las medicinas de sus mayores porque no disponen de farmacia y tampoco tienen transporte público regular; que hay muchas localidades cuyos vecinos reciben en furgonetas no solo el pan sino también la fruta, las verduras y otros alimentos de primera necesidad; zonas en las que no existe servicio de telefonía móvil o en las que hay que ir de loma en loma buscando cobertura, por no hablar de que en muchos centros de salud carecen de pediatra “¿Qué pasa, que los niños de la zona rural no tienen derecho a tener pediatra?”, se queja. La vida en estos territorios se vuelve más y más complicada y tampoco es fácil en la capital: recuerda que hace un par de meses más de un tercio de la población de Teruel salía a la calle para protestar por la falta de especialistas en el Hospital Obispo Polanco, “hasta el punto de que llegaron a cerrar por completo los servicios de Reumatología y Otorrinolaringología, y a eso hay que sumarle además la carencia de anestesistas”.

Una situación muy parecida se vive en Soria, como relata Enrique Muñoz, donde “incluso para realizar determinadas pruebas médicas específicas o para someterse a radioterapia y quimioterapia te desvían a Burgos -lo que supone un viaje de ida y vuelta de 300 kilómetros- o a Valladolid, lo que significa 500 kilómetros por una carretera nacional que soporta un intenso tráfico”. Los dos denuncian que se trata de “un agravio comparativo con el resto del país, de una discriminación pura y dura”; critican que no haya especialistas que elijan esos destinos e instan a la Administración a actuar, pero sobre todo la llaman a analizar los motivos por los cuales estos profesionales no quieren trabajar en ciudades pequeñas como las suyas para poder buscar así soluciones, porque ellos lo tienen claro: “son pocos, por lo que están sobrecargados con las consultas y deben hacer numerosas guardias; disponen de escasas posibilidades para continuar con su formación y crecer profesionalmente, y la falta de infraestructuras o el estado de las existentes los echa para atrás a la hora de pensar en desplazarse hasta aquí a diario residiendo en ciudades más grandes”. Paco Juárez destaca que Teruel está a solo 200 kilómetros de Madrid pero carece de conexión directa por ferrocarril, AVE o autovía; de hecho, solo está conectada por vía rápida con Zaragoza y Valencia, dos de las seis provincias con las que limita. Se queja Enrique Muñoz de que “son muchas las carencias que nos impiden competir en igualdad de condiciones: pagamos nuestros impuestos pero no disponemos de los mismos servicios, y a medida que somos menos más caro resulta prestar esos servicios…, pero eso no es culpa nuestra”, concluye. Y se queda con el hecho de que parece que son ya decenas de miles los vecinos “que se han dado cuenta de que todos estos problemas tendrían fácil solución si hubiese voluntad política, si se hiciese política con mayúsculas”.

Pacto de Estado por la España vaciada

“La realidad es que cuantos menos somos menor representación parlamentaria nos corresponde – 2 diputados en el caso de Soria, 3 en el caso de Teruel-, y eso significa que no tienes peso ni fuerza suficientes para hacer oír tu voz y que se atiendan tus reclamaciones”, se lamenta el portavoz de Soria YA, que destaca que con la protesta de hace diez días se han conseguido poner en primer plano problemas comunes a los residentes en un territorio que se traduce en cien escaños o, lo que es lo mismo, casi un tercio del arco parlamentario en un escenario político tan fragmentado como el actual, y a solo unas semanas de las elecciones generales: “Esto les está obligando a replantearse la situación, ven que no les queda otra que empezar a proponer medidas que es lo que, por primera vez, están haciendo”; pero “estamos cansados de retrasos y de promesas incumplidas y exigimos que cada iniciativa vaya acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria”, avisa Paco Juárez.

Esas docenas de miles de vecinos exigen un Pacto de Estado avalado por una amplia mayoría parlamentaria, un acuerdo que incluya “medidas de justicia” que se lleven a cabo con independencia de quien gobierne y que pasan por una fiscalidad que haga competitivo el territorio, por garantizar la cohesión social y territorial con infraestructuras viarias y ferroviarias adecuadas al siglo en el que vivimos y, por supuesto, una sanidad digna y de calidad; al tiempo, reclaman soluciones urgentes relacionadas con las oportunidades laborales que se abrirían al disponer de banda ancha en todas estas zonas, fundamental para poder deslocalizar el trabajo, y que los fondos europeos lleguen a donde tienen que llegar, que es a los territorios necesitados. Para Paco Juárez, de Teruel Existe, no es de recibo que el suyo haya sido considerado por la UE un territorio rico porque su PIB por habitante era y es superior al 75% de la media europea, sin tener en cuenta que una pérdida constante de habitantes como la que experimenta desde hace años “genera una convergencia económica aparente que no es real”; recuerda que un informe comunitario de hace un cuarto de siglo instaba a realizar cambios para corregir la situación y que eso no se hizo, por lo que “la provincia ha sufrido una triple discriminación: de las instituciones comunitarias, de las españolas y también de las aragonesas que -critica- han concentrado y concentran buena parte de las inversiones en la capital autonómica”, y pone un ejemplo: en 26 años de existencia del llamado FITE -(Fondo de Inversión de Teruel) creado para compensar la exclusión de las zonas Objetivo 1 de los Fondos Europeos y del Fondo de Cooperación Interterritorial- la inversión es “irrisoria” comparada con lo que se gastó en solo tres años en la Exposición Universal de Zaragoza de 2008. También en Soria YA se quejan de que gran parte de las inversiones se quedan en la capital autonómica.

“Hay que luchar para conseguir soluciones, y la gran manifestación del día 31 en Madrid nos ha demostrado que la gente lo entiende, que está comprometida y dispuesta a seguir adelante. Las autoridades deberían saber que pensamos seguir presionando hasta que se pongan las pilas porque parece que solo responden bajo la presión de la ciudadanía”, dice Enrique Muñoz. “Tenemos que continuar y lo haremos con más fuerza”, se une Paco Juárez.

P.S Podéis encontrar toda la información sobre la plataforma ciudadana Teruel Existe, que cumple a final de este año dos décadas de andadura reclamando un trato igualitario y justo para la provincia, en www.teruelexiste.info. Y en www.soriaya.org tenéis todos los detalles sobre el movimiento ciudadano Soria Ya, que lucha desde hace 18 años contra el olvido institucional de la provincia.

La despenalización de la Eutanasia, una cuenta pendiente en nuestro país en pleno siglo XXI

“Cuando todavía estaba lúcida, mi ama quiso suicidarse, pero mi aita la convenció para que no lo hiciese porque se encontraba en una fase del Alzheimer en la que todavía disfrutaba de la vida y no quería morirse; ella prefería morir en ese momento que llegar a la situación de deterioro a la que llegó y que no la dejasen; pero con la esperanza puesta en que la enfermedad avanzase lentamente y en que entre tanto se aprobase la Ley de regulación de la Eutanasia, optó finalmente por esperar, y ahora nos queda la duda de si debimos haber dejado que se suicidase”. Fue el duro dilema al que se enfrentó en su momento Maribel Tellaetxe, la vecina de Portugalete que en sus últimos meses se convirtió en la cara más visible de la lucha para se reconozca el derecho a tener una muerte digna, contado por su hijo David, para el que no es justo que “la ley te ponga en una tesitura en la te ves obligada a tomar una decisión tan drástica como optar por una muerte voluntaria y prematura cuando todavía quieres vivir o a acabar tus días sufriendo porque ya no quieres vivir, porque vivir sin dignidad no es vivir, pero no puedes acabar con tu vida”. Por eso su familia lleva recogidas más de 300.000 firmas para que se despenalice la eutanasia -y subiendo- y por eso, aunque ahora no son directamente afectados porque su ama ha muerto -hace casi un mes-, van a continuar luchando porque no piensan desaprovechar lo que han logrado hasta ahora y seguirán “haciendo ruido” para que otros no tengan que pasar por lo que han pasado ellos. Es el legado que les dejó, el que nos dejó Maribel un poco a todos.

  Hacía mucho que se habían despedido de ella porque hacía mucho que su ama no era su ama: “No podías tener una conversación con ella, no había feedback, no te reconocía…: era como un vegetal pero peor, porque un vegetal no sufre y ella sí sufría”, explica David Lorente Tellaetxe; de ahí que a la sensación de alivio y de paz que ha supuesto su muerte (primero para ella y luego para sus familiares) se le sumen la rabia y el dolor porque “no ha podido morir como todo ser humano merece, porque no se ha respetado su voluntad y, en pleno siglo XXI, se le ha impuesto una condena amparándose en una ley que atenta contra los derechos humanos”. Porque como decía Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que puso encima de la mesa hace ya un cuarto de siglo el derecho a una muerte digna, “existe el derecho a la vida, no la obligación de vivirla a cualquier precio”; o como afirma el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, “Obligar a las personas a vivir en contra de su voluntad es aprovecharse de su vulnerabilidad cuando no pueden acabar con su vida”. Marín, que coincide plenamente con el hijo de Maribel Tellaetxe en que no tenía ningún sentido obligar a su madre a vivir cuando ella había dejado por escrito en su Documento de Voluntades Anticipadas, firmado en pleno uso de sus facultades mentales, que no quería eso.

Apoyo mayoritario de la sociedad

  Los dos destacan que todas las encuestas realizadas en la última década reflejan un apoyo mayoritario de la sociedad a que se regulen la eutanasia y la muerte asistida -desde el 73% de la del Centro de Investigaciones Sociológicas en 2009 hasta el 84%-85% de las de Metroscopia e Ipsos de los dos últimos años-, concluyen que el hecho de que este asunto “continúe sin resolver en pleno siglo XXI es una cuenta pendiente con los ciudadanos” -en palabras de David Lorente- y critican que los legisladores no hayan estado a la altura de los ciudadanos y que una parte siga sin estarlo.

  ¿Por qué no se ha aprobado todavía una Ley que despenalice la eutanasia si la inmensa mayoría de la ciudadanía está a favor? Treinta y cinco años lleva luchando para lograrlo la Asociación Derecho a Morir Dignamente, para que cada quien pueda decidir su final en libertad y con dignidad, sin tener que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad, y su vicepresidente tiene claro que si la norma no ha salido adelante todavía es “por el tabú de la muerte, porque es un tema que se esconde en lugar de hablar sobre ella, y por el peso del nacionalcatolicismo que vivimos en España, que ha hecho que los grupos de poder influenciados por él lo hayan impedido hasta ahora bajo la máxima de que la muerte voluntaria es pecado en cualquier circunstancia”. Para revertir ese tabú, Fernando Marín apuesta por “promover una cultura de la muerte digna -que es morir de acuerdo a tus preferencias, sin tener necesariamente que adelantar tu muerte pero sí eligiendo en qué circunstancias, cómo y dónde quieres que se produzca-, por tratar de que esté presente en las reuniones familiares y en las conversaciones entre amigos, de que se pueda hablar sin pudor, de que las personas mayores hagan su testamento vital sabiendo que se va a respetar y de que se vuelva algo cotidiano para, de esta manera, conseguir influir en los legisladores y asegurarnos una buena muerte”. Y recuerda lo que le dijo un representante público al que le pidió que se implicase en esto: ‘Morir bien no es un valor social porque si bien es cierto que a la gente le importa todavía no le preocupa lo suficiente, como no se habla del tema hasta que llega el momento y de lo que no se habla no se sabe, no está entre las preocupaciones de los ciudadanos …y hasta que lo esté, no pienso hacer nada’.

  David Lorente Tellaetxe habla de “una minoría fundamentalista católica que se cree con el derecho de imponer sus convicciones a los demás” y afirma que en este momento “son la Iglesia y la derecha las que no están a la altura, ya no del conjunto de la sociedad, sino ni siquiera de sus fieles o de sus votantes: atendiendo a los datos de la encuesta de Metroscopia de 2017, el 89% de los votantes de Ciudadanos y el 66% de los del PP apoyan la eutanasia, igual que el 56% de los católicos practicantes, llegando al 88% entre los no practicantes. Arremete contra el Partido Popular y contra Ciudadanos por bloquear sistemáticamente durante meses en el Congreso la proposición de ley presentada por el PSOE para regular la eutanasia pese a que existía una mayoría parlamentaria a favor, haciendo valer su mayoría en la Mesa de la Cámara; y con la vista puesta en las próximas elecciones generales anima a la gente a que reflexione sobre las consecuencias de meter esa papeleta en la urna “porque ahora mismo la solución está ahí”: cree que si sale de las urnas un Gobierno que no sea un tripartito Cs-PP-VOX, la norma será aprobada en la próxima legislatura tal y como ha prometido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Fernando Marín coincide con él en este punto, pero tiene también la esperanza de que Ciudadanos apoye la proposición de ley que presenten los socialistas aunque del próximo 28 de abril salga una mayoría de derechas.

Nadie está en contra de los cuidados paliativos, pero no son la eutanasia

  Uno y otro responden a quienes sostienen que los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia. Dice David Lorente que “no te devuelven las neuronas ni los recuerdos perdidos, ni la movilidad si eres tetrapléjico, tampoco te permiten recuperar la dignidad y ni siquiera alivian el cien por cien de los dolores de todas las enfermedades”, para añadir acto seguido que “quien quiera aferrarse a la vida a cualquier precio tiene todo el derecho a hacerlo, y lo seguirá teniendo cuando se apruebe una Ley que despenalice la eutanasia”, por eso reclama que “se nos deje, a los que queremos morir sin sufrir, hacerlo a nuestra manera”; aclara que nadie se opone a los cuidados paliativos porque, al margen de que se apoye o no la eutanasia, ¿quién no quiere que alivien su sufrimiento, o por lo menos que exista esa posibilidad?, y recuerda que, incluso en las Comunidades Autónomas que tienen ese derecho garantizado por ley, esos cuidados paliativos no llegan a toda la ciudadanía porque faltan recursos económicos. Lo mismo sostiene el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que recuerda que son una prestación del Sistema Nacional de Salud incluida en su cartera de servicios como un derecho de todos los españoles y destaca que ellos siempre se han quejado de que el enfoque es equivocado en el sentido de que se confunden los medios con los fines porque “el fin no son los cuidados paliativos, es paliar el sufrimiento y morir bien. Son dos cosas completamente distintas: queremos que nos cuiden de la mejor manera posible pero además decidir hasta cuándo queremos ser cuidados; e incluso algunos enfermos prefieren morir antes de llegar a la fase paliativa”. Igual que David Lorente, repite que no se va a obligar a nadie que no quiera a someterse a la eutanasia poniendo como ejemplo los países en los que es legal (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria) en los que debe ser una decisión personal, libre y reiterada en el tiempo; es una opción a la que puedes acogerte cuando ya no soportas la vida, una opción que se considera la menos mala, siempre de mutuo acuerdo con tu médico y supervisada por facultativos independientes, y completa su argumento aportando datos: explica que en Holanda y Bélgica un tercio de las peticiones son rechazadas la primera vez, otro tercio de los solicitantes muere antes de que se tramite su solicitud porque esperan demasiado para presentarla y el tercio restante recibe el visto bueno, lo que supone entre el 2% y el 4% del total de las muertes registradas en esos dos países.

  A los que dicen que legalizando la eutanasia se abriría la puerta a ‘peligros’ como el de su posible aplicación a gente mayor cansada de vivir pero no enferma, Fernando Marín les responde que ese es otro debate que habrá que tener después de que se despenalice porque en los países donde es legal es imprescindible que la persona que pide ayuda para morir padezca una dolencia incurable que le provoque un sufrimiento insoportable. Y destaca que en todos ellos se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos (para no obligar a nadie a actuar en contra de sus convicciones, “condenándolo a vivir con remordimientos de por vida”, en palabras de David Lorente Tellaetxe), como también se garantiza que ningún facultativo sea condenado a penas de prisión por practicarla. Recordemos el caso del doctor Marcos Ariel Hourmann, el primer y único médico condenado en España por practicar la eutanasia -a una enferma terminal de 82 años, tras la reiterada petición de la paciente y de su hija-, que cuenta en primera persona su historia en la obra “Celebraré mi muerte”, que se representa en el Teatro del Barrio de Madrid. Él, que sigue preguntándose por qué hay que obligar a alguien a vivir cuando no quiere, asegura que provocó la muerte porque cree en la vida, “porque, cuando llegas al punto de no poder hacer nada, el sufrimiento es innecesario”. La Asociación Derecho a Morir Dignamente destaca que un estudio de la OCU de hace casi dos décadas revelaba que uno de cada diez facultativos reconocía que había ayudado a morir a algún paciente.

P.S. El artículo 143 del Código Penal dice que: 1. el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años; 2. se impondrá pena de cárcel de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona; 3. será castigado con pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte; 4. el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

P.S. Podéis encontrar información sobre la eutanasia y resolver dudas en la web de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, https://derechoamorir.org, y tenéis todos los datos sobre el caso de Maribel Tellaetxe en https://sosamatxu.wordpress.com Para firmar su petición para que se despenalicen la eutanasia y el suicidio asistido, entrad en https://change.org/eutanasia

Por qué debemos seguir peleando, ahora más que nunca

Tal día como este 8 de Marzo hace un año cientos de miles de mujeres y de hombres tomamos las calles en toda España en una movilización histórica para exigir la igualdad efectiva entre sexos, y hoy lo volvemos a hacer. Como entonces, se repite la huelga general, aunque los principales sindicatos del país -UGT y CCOO- se resistan a la convocatoria, limitándola -otra vez- a paros parciales. Las distintas Plataformas Feministas y la Comisión 8M (que agrupa a organizaciones de mujeres de todo el territorio) reivindican de nuevo que somos nosotras las que movemos el mundo porque somos las principales cuidadoras de niños, mayores, dependientes y enfermos; porque somos las que asumimos los trabajos peor pagados y menos valorados por la sociedad; porque somos mayoritariamente las compradoras de productos básicos… y porque, si paramos todas, el mundo se para. Se trata, además y sobre todo, de demostrar que somos capaces de frenar este sistema capitalista que sobreexplota y ejerce todo tipo de violencias sobre la mujer y de reclamar un sistema distinto al del actual patriarcado, un sistema basado en la igualdad y en la justicia social.

¿Por qué todavía tenemos que seguir demandando equiparación salarial en el desempeño del mismo trabajo? ¿Por qué debemos continuar luchando para acabar con esa brecha que distintas fuentes cifran en una horquilla de entre el 22% y el 30% que separa lo que nosotras cobramos de media de lo que cobran ellos, y que significa menos cotizaciones y por lo tanto pensiones más bajas? ¿Por qué hay que insistir en la urgencia de derribar ese techo de cristal que mantiene estancado en el 27% el porcentaje de puestos directivos que ocupamos cuando las aulas están llenas de alumnas, el porcentaje de licenciadas es muy superior al de licenciados y buena parte de los mejores expedientes pertenecen a mujeres? ¿Por qué no podemos dejar de exigir que tener hijos, mayores o dependientes a cargo no penalice en nuestra vida laboral y en nuestra jubilación? ¿Por qué debemos repetir bien alto que queremos que se visibilice y se reconozca el valor y la dignidad del trabajo de cuidados a terceros y del trabajo doméstico -que realizamos mayoritariamente- y que se asuma la corresponsabilidad por parte de la otra mitad de la población y del Estado? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes en la reclamación de que se consideren las violencias machistas una cuestión que atañe a toda la sociedad y no solo a una parte acabando con aquellas que muchas mujeres sufren a diario en la propia sociedad, en el trabajo, en la pareja o por parte de las instituciones? ¿Por qué hay que demandar más que nunca que la justicia deje de cuestionar porque sí la denuncia de muchas víctimas de agresiones y aplique de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas? ¿Por qué debemos seguir gritando que si no hay consentimiento es violación? ¿Por qué tenemos que continuar exigiendo acciones de las Administraciones y del conjunto de la sociedad para parar una sangría que se acerca -atendiendo a cifras oficiales- a las mil asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, y que a buen seguro serán muchas más? ¿Por qué es necesario que volvamos a reclamar nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad? ¿Por qué hay que seguir poniendo el acento en la necesidad de llevar a cabo cambios en el sistema educativo y en la exigencia de más avances en el campo normativo? Todo esto y más tenemos que reclamarlo de nuevo en la calle, y no dejar de hacerlo en nuestro entorno más próximo, porque a pesar de décadas de lucha y de que el 8M de 2018 el feminismo levantó su voz con fuerza, en este último año apenas hemos avanzado en el camino hacia la igualdad.

Tan cierto como que Roma no se construyó en un día lo es que ha pasado ya demasiado tiempo y que no podemos esperar más para que se produzcan cambios de calado, sobre todo cuando en el horizonte reaparece incluso la posibilidad de perder derechos que ha costado mucho conseguir. Nuestro futuro pasa por nosotras y, como apunta el manifiesto de la Comisión 8M para este Día Internacional de la Mujer, “defendemos una forma de convivir y queremos hacerlo unidas y fortaleciendo las alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen su política desde la mentira y desde el desprecio a las mujeres”. Si hay partidos que se empeñan en atacar al movimiento feminista -VOX ni siquiera debería serlo- es porque saben que puede conseguir que el cambio definitivo del statu quo se haga realidad más pronto que tarde. Y no olvidemos que esa transformación radical no se materializará sin que los hombres sigan uniéndose a nuestra lucha, porque ellos son casi la mitad del mundo. Tengamos en cuenta que feminista -así lo recoge el diccionario de la Real Academia Española- es toda persona que defiende el feminismo, que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

P.S. Sabiendo que yo no soy protagonista de esta bitácora, que las protagonistas son todas esas voces que habéis podido ‘leer’ y escuchar a lo largo de 25 artículos y las que se les irán sumando, no podía ni quería dejar pasar esta fecha sin pronunciarme sobre la lucha por la igualdad que se viene reivindicando en el mundo cada 8 de Marzo desde 1975, pero que las mujeres protagonizan desde mucho tiempo atrás: una lucha por conseguir derechos de los que disfrutamos con toda naturalidad, como si hubiese sido siempre así, y en la que quizás no lleguemos a ser conscientes de todo lo que tuvieron que sacrificar; hablo del derecho al voto o a la educación, del derecho a ser reconocida como trabajadora, de poder ser titular de una cuenta bancaria o propietaria de un inmueble sin el consentimiento del padre o del marido. El 24 de octubre de ese 1975 se secundó la primera huelga feminista de la historia de la que hay constancia como tal: fue en Islandia. En España lo hicimos 43 años después, lo hacemos este y deberíamos seguir repitiéndolo tantos como haga falta hasta conseguir lo que reclamamos: ni más ni menos que lo que nos corresponde.

“Cuando no es una bomba es la falta de comida o de medicinas, o no tener ropa de abrigo para el invierno: la guerra siria sigue matando 8 años después”

“Cuando no es una bomba es un obús, cuando no es un obús es que no hay alimentos o agua potable, cuando no es que falten alimentos o agua potable es la falta de medicinas, cuando no es la carencia de fármacos es que no tienen ropa de abrigo, ni calzado adecuado, ni con qué calentarse a temperaturas bajo cero, y podríamos seguir. Llueve sobre mojado para una población muy debilitada que lleva ya demasiado tiempo sobreviviendo en zonas en las que ni siquiera hay hospitales o centros de salud porque han sido bombardeados, como también lo han sido las escuelas y sus propias casas”. Este sigue siendo el día a día al que se enfrentan millones de sirios en vísperas del octavo aniversario del estallido de una guerra que no parece tener fin. Es la responsable de Comunicación de ACNUR en España, María Jesús Vega, quien nos acerca esa dura realidad para millones de ciudadanos exhaustos que ven cómo las ignominiosas cifras del conflicto -vergonzosas no solo para los responsables directos sino también para la comunidad internacional- no dejan de aumentar. El número de muertos supera los 250.000 e incluso los dobla, según fuentes que trabajan en el terreno, siendo miles de ellos menores: es el caso de los 30 niños que morían el mes pasado por hipotermia y desnutrición en el noreste del país cuando huían de los combates hacia el campamento de Al-Hol, donde actualmente se concentran más de 25.000 sirios; o como los -por lo menos- ocho pequeños que, por las mismas causas, han perdido la vida en las últimas semanas en el asentamiento improvisado de Rukban, al sureste, donde 40.000 personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.

3 millones de sirios sin apenas acceso a ayuda humanitaria

María Jesús Vega describe Rukban como “una franja desértica aislada, situada a unos 300 kilómetros de Damasco, donde las escenas que ves son dantescas, donde apenas hay servicios y donde no existe la atención médica más básica, por lo que las condiciones sanitarias son catastróficas; un lugar en el que los pocos productos que llegan tienen unos precios estratosféricos, prácticamente inalcanzables, que multiplican por cinco los de la capital y donde incluso el pan y el agua hace ya mucho que se han convertido en un lujo que casi nadie se puede permitir”. A principios de este mes de febrero, las Agencias de la ONU y la Media Luna Roja conseguían llevar hasta allí un cargamento de comida, medicinas y equipo médico; mantas térmicas, kits de nutrición y de higiene femenina…, etc.: “y no ha sido nada fácil porque necesitamos el beneplácito de muchos actores”, se queja la portavoz de ACNUR, denunciando que la población civil es utilizada como arma de guerra y que han visto morir gente porque la ayuda humanitaria no ha llegado a tiempo debido a las interminables negociaciones.

Explica que cuando trabajan en países en conflicto, con múltiples actores armados en movimiento, muchas veces es difícil saber a quién dirigirse para obtener los permisos; que otras no les permiten trasladar asistencia que es para ellos fundamental -algo tan simple como gas para cargar estufas o para cocinar- porque quien tiene que autorizarlo considera que sus enemigos pueden usarla para matarlos o para alimentar el conflicto; y que en ocasiones no los autorizan a ir a una determinada área porque se pretende que vayan a otra. “Nosotros nos regimos por los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad -dice- y se nos debería permitir llevar a cabo el mandato que Naciones Unidas y sus miembros nos han encomendado”. Y es que 3 millones de sirios de los 13 millones que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir se encuentran en lugares a los que no pueden acceder con frecuencia ni con todo el material que debieran.

Ocho de cada diez sirios viven por debajo del umbral de la pobreza

La mitad de los que necesitan asistencia humanitaria son menores y, de ellos, 3 millones no saben lo que es vivir en paz porque no han conocido otra situación distinta a la guerra: niños que llevan años viendo a diario verdaderas atrocidades y que han ido perdiendo a miembros de sus familias; niños en muchos casos con malnutrición, que nunca han ido al colegio ni han tenido los correspondientes ciclos de vacunación, menores acostumbrados a jugar en los refugios en los que se protegen de los bombardeos… La responsable de Comunicación de ACNUR recuerda el caso de un refugiado que tuvo que dejar atrás a los suyos y contaba que la primera palabra que su hijo había pronunciado, antes incluso que papá y mamá, había sido “luz”, porque se iba cada dos por tres y a lo largo del año podían disponer de electricidad como máximo un par de meses, sumando los distintos períodos.

Más de 6,5 millones de sirios se han convertido en desplazados forzosos en su propio país y superan los 5,5 millones los que son refugiados, la inmensa mayoría en la región. Son más de 13 millones las personas que necesitan asistencia humanitaria en Siria y la situación no es mucho mejor en Líbano, que acoge un sirio por cada 4 nacionales, donde más del 70% de los refugiados vive por debajo del umbral de la pobreza: “el país ha demostrado una generosidad impresionante abriéndoles las puertas pese a la presión que eso ha supuesto para sus servicios e infraestructuras sanitarias, educativas, laborales…, etc.; pero no se han recibido contribuciones económicas suficientes como para poder dar respuesta a las necesidades básicas de una población acogida que, pasados tantos años, sigue en su territorio”, destaca María Jesús Vega en referencia a la ayuda bilateral y la financiación de las operaciones de la Agencia. Personas que ya estaban destrozadas antes de llegar “por la pérdida de una madre, de un padre o de los dos; de su marido o su mujer; de alguno o varios de sus hijos, por haber asumido la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos de su hermana o hermano porque ellos ya no están, por las secuelas de los shocks sufridos, mujeres violadas y sufriendo todo tipo de abusos”; gente que “tiene que pasar toda una carrera de obstáculos para cruzar la frontera y que, por buscar una salida se convierten en víctimas de mafias que hacen negocio con el sufrimiento y la desgracia ajenas”; seres humanos que, en el país de acogida, viven muchas veces un nuevo infierno “porque carecen de un techo bajo el que cobijarse porque no pueden pagar un alquiler; mujeres a las que el casero les exige sexo a cambio de una casa para la familia, que dan a sus hijas menores en matrimonio para que el resto de familiares puedan comer con la dote que reciben a cambio; padres que no escolarizan a los chavales porque tienen que trabajar para ayudarles, o a los que no les queda otra que unirse con el resto del barrio para enviar a la escuela al que consideran más inteligente, que será el responsable de enseñar a los demás usando una puerta como pizarra.

Siria no es todavía un país seguro al que regresar

Asegura la responsable de Comunicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España que si hay algo que tienen claro es el valor inmenso de la educación: “Saben que los hará más libres y que a través de ella adquirirán los conocimientos para reconstruir su país cuando puedan regresar, que es lo que quieren, ellos y la mayoría de refugiados”; y aporta un dato: 9 de cada 10 se quedan en los países más próximos al suyo y no en los más ricos, como muchos creen, esperando volver cuanto antes y colaborar en la reconstrucción.

Pero esa vuelta a casa está todavía lejos. Explica María Jesús Vega que ACNUR no ha puesto en marcha un Plan Integral de Retorno porque el territorio sirio “no es ni mucho menos seguro” y porque es preciso que el regreso sea sostenible en el tiempo y no de ida y vuelta como ha pasado en muchos casos: debe hacerse en colaboración con el país de origen y con los de acogida, hay que asegurarse de que existen los servicios básicos y de que la población pueda regularizar y legalizar su situación (teniendo en cuenta que son miles los que han perdido su documentación o ni siquiera la tienen); las autoridades deben garantizarles que tendrán todos sus derechos como ciudadanos y que no acabarán en la cárcel en cuanto lleguen porque su nombre figura en una lista negra por el mero hecho de haber vivido en una zona controlada por un determinado grupo; es fundamental arreglar cuestiones de propiedad, de acceso a la tierra y, por supuesto, tienen que haber cesado el fuego y los ataques con bombas que siguen destrozando hogares. Aclara que eso no significa que la agencia -que defiende un regreso con carácter estrictamente voluntario- no apoye a aquellos que, a título individual, han querido y/o quieren volver, algo que han hecho unas 125.000 personas en tres años, según los datos que manejan; ni tampoco que no lleve trabajando desde 2017 con otras agencias y ONGs, con todos los Gobiernos y con los propios refugiados en el diseño de ese Plan Integral de Retorno: “otra cosa es cuándo se va a ejecutar”.

“El discurso xenófobo del miedo se apoya en datos falsos”

Aunque han callado las bombas en algunas zonas de Siria, a las partes enfrentadas en este conflicto -que se han saltado incluso las ‘normas de la guerra’- la Agencia de la ONU para los Refugiados lleva años exigiéndoles sin éxito que respeten a la población civil, que respeten los convenios internacionales, que faciliten el acceso de los trabajadores humanitarios a todas las zonas y los respeten también a ellos pero, sobre todo, que dejen de una vez las armas y colaboren en la puesta en marcha de un proceso de pacificación en el que desplazados y refugiados también tengan parte. A la comunidad internacional, en especial a Europa, le reclama que se implique más y se movilice como hizo la sociedad civil en su día, cuando las consecuencias del conflicto llegaron a sus puertas, “aunque la respuesta de los Estados fuese débil y tardía”; recuerda su portavoz en España que, mucho tiempo antes, ellos habían alertado de lo que supondría el conflicto en cuanto a pérdida de vidas humanas, en cuanto a personas forzosamente desplazadas de sus hogares en un país que acabaría destrozado y en cuanto a seguridad, afirmando que “sin duda hoy el mundo es más inseguro y más inestable por permitir que se haya prolongado tanto”.

Afirma que Siria es la constatación de un fracaso colectivo del que debemos aprender para no repetir errores, y dice que eso pasa, en buena medida, porque los países cumplan el Pacto Global de Refugiados firmado a finales del año pasado: “porque asuman que la responsabilidad de proteger a los refugiados es colectiva y tiene que ser más eficiente, y porque apoyen mucho más a los países y comunidades que acogen a un mayor número, que generalmente no son los más ricos”. Está “segura” de que, si se hubiese hecho así en este caso, si se hubiese invertido lo necesario en Líbano, en Jordania, en Irak o en Turquía en su momento, “no se habría producido el desplazamiento de refugiados hacia Europa tan importante que se vio en 2015”, y advierte de que trabajar solo en el ámbito del blindaje y de la seguridad para que estas personas no lleguen al viejo continente no resolverá la situación. Por eso considera imprescindible ese cambio de enfoque a la hora de gestionar otras crisis como esta para que las cifras de desplazamientos forzados, que superan los 68,5 millones de personas -las más altas desde la Segunda Guerra Mundial- no sigan batiendo récords como los que ha venido registrando ACNUR en los cinco últimos años.

A dos meses de unas elecciones generales y a menos de 3 de las europeas, con los partidos xenófobos en alza, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados llaman a no enarbolar el discurso del miedo y del odio, un discurso xenófobo, que -afirman- se apoya a veces en datos falsos: “Terrorismo, Yihadista y Refugiado son tres palabras que muchos usan a propósito en la misma frase para generalizar sobre determinados colectivos y provocar rechazo y desconfianza hacia quienes -no deberíamos olvidarlo- huyen en muchas ocasiones del mismo terrorismo que está detrás de atentados como los de Atocha, París o Alemania que se producen prácticamente a diario en sus países matando a decenas de personas, pero que apenas ocupan espacio en los medios occidentales”. Por eso María Jesús Vega pide que el tema se trate siempre ajustándose a la realidad, no utilizándolo de forma partidista o como arma arrojadiza. Valora la solidaridad que ha demostrado la sociedad española “dando lecciones en temas de voluntariado y acogida” y llama a preservarla como un tesoro que todos debemos cuidar. Su mensaje es directo: trata a esas personas como lo que son, seres humanos, como te gustaría que os tratasen a ti y a los tuyos si estuvieseis en su piel: “Nadie elige convertirse en refugiado y, tristemente, muchos lo son para toda la vida”. Recuerda que más de 17.000 personas han muerto en el Mediterráneo solo en los últimos cuatro años intentando buscar ese refugio en Europa, teniendo tanto derecho a vivir como cualquiera de nosotros. “Gente que, en su huida del hambre, de las guerras y de continuas violaciones de derechos humanos, se ha visto obligada a ponerse en manos de mafias para alcanzar territorios seguros porque no cuenta con vías legales para acceder”. Y destaca que habrían sido muchísimas más de no ser por la “impresionante” labor de distintos equipos de salvamento marítimo, incluidas las ONG a las que ahora se les ponen obstáculos para seguir cumpliendo con un principio que nunca hasta ahora se había puesto en cuestión: el de rescate en el mar.

P.S. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, habla de Siria como “la mayor catástrofe humanitaria y de refugiados de nuestros tiempos, una constante causa de sufrimiento para millones de personas que debería obtener el apoyo masivo de todo el mundo”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. En la actualidad cuenta con un equipo de casi 11.000 personas en alrededor de 140 países. Toda la información, en https://www.acnur.org/es-es

P. S. La fotografía que ilustra el post es de niños sirios desplazados internos en las calles de Alepo ©ACNUR/UNHCR/Bassam Diab

“Las víctimas de pederastia estamos limpiando la porquería de la Iglesia, cuando es ella la que debería liderar esa lucha”

Están hartos de que apenas se les escuche ni se les den soluciones: de que desde la Justicia les digan que su caso ha prescrito (con esa pregunta de ¿por qué no ha denunciado antes? que siempre se repite y que tanto daño les hace); de tener que contar una y mil veces durante la instrucción y el juicio todo lo que han sufrido cuando pueden denunciar y lo hacen; de que con los partidos políticos todo sean buenas palabras pero pocas o ninguna de las propuestas se concreten; de que la jerarquía eclesiástica los haya “ofendido, despreciado, humillado, maltratado…, y lo siga haciendo”; y de que incluso, en algunos casos, sus propios vecinos les den la espalda. Hablamos de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia católica en España y de sus familias, que han decidido unirse para tener más fuerza y para que sus reivindicaciones sean un clamor que haga imposible mirar hacia otro lado. Por eso han creado la Asociación Infancia Robada, presidida Juan Cuatrecasas, un padre que lleva 8 años luchando para que su hijo, que sufrió abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa, salga adelante. Él, junto con Francisco Javier, quien destapó los abusos sufridos en el Seminario Menor de La Bañeza, y Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas de abusos en el Monasterio de Montserrat, se sitúan al frente de una organización con la que también quieren arropar a otras víctimas y familias para que no se encuentren solas y desamparadas como estuvieron ellos: “Tras cuarenta años de nacionalcatolicismo la sociedad sigue viendo estos casos como tabú y eso tiene que cambiar; para conseguirlo -dice- es necesario facilitar el camino de la denuncia, para que a partir de ahí pueda haber justicia, un reconocimiento público y una reparación moral”.

“La víctima no lo cuenta cuanto quiere sino cuando puede”

Afirman en la organización que es clave la imprescriptibilidad de los delitos -reconocida en Irlanda, Holanda, Canadá, Australia, Argentina, etc- pero en nuestro país, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, considerarían un gran paso elevar de los 18 actuales a 50 años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Para la Asociación el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (que la eleva a 30 y que va a quedar paralizado por la convocatoria electoral) no es suficiente al dejar fuera a muchas víctimas: explican que la mayoría de los que han sufrido los abusos siendo niños lo cuentan cuando tienen entre 30 y 50 años y que “no es que no lo cuenten antes porque no quieran sino porque no pueden”, asegura Juan Cuatrecasas, cuyo hijo pudo hacerlo en solo unos años, permitiendo que su tutor fuese juzgado y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (condena recurrida ante el Tribunal Supremo). La pena va en la línea de lo que pedía la acusación particular, lejos de los 3 años solicitados por la Fiscalía: “Es muy triste que un representante del Ministerio Público se ponga del lado del verdugo en lugar de estar con la víctima, cuestionando su relato porque -según él- tardó mucho en denunciar, cuando nos estamos refiriendo a un chico que sufrió los abusos con 12 y 13 años, que tenía 15 la primera vez que lo contó y que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando lo denunció hará ahora cuatro años”. Reitera que “no es tan fácil como sentarse en una silla y ponerse a hablar, sino que cuesta mucho verbalizarlo”.

Destaca el presidente de la Asociación Infancia Robada que sin procedimiento judicial y sentencia condenatoria ni la víctima es reconocida como tal -pese a que el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en 2015 dice lo contrario- ni el pederasta entra en el Registro de Delincuentes Sexuales, lo que le permite seguir manteniendo un estrecho contacto con niños, que son sus principales víctimas potenciales; de ahí que defienda, además, que “elevar la edad a la que empiece a contar el plazo de prescripción es una medida para tratar de impedir casos futuros”. Cree también que, así, instituciones como la Iglesia católica se decidirán a denunciar de inmediato, “porque no es lo mismo indemnizar por 3 casos que por 30 o más”. Demanda que se apoye a los denunciantes durante el proceso en lugar de poner constantemente en cuestión su credibilidad; reclama actuaciones tendentes a reducir el alto riesgo de exclusión educativa, flexibilizando las exigencias para favorecer que sigan con sus estudios -tanto en el instituto como en la universidad- y la necesidad de incluirlas en la educación diferenciada: “Es una aberración que, en lugar de adaptar la ley a las víctimas, tenga que ser al revés”; y pide que se habiliten ayudas económicas porque “las terapias privadas para tratarlos de las secuelas psicológicas que padecen son caras e inexistentes en el ámbito público”. Aclara que no están “pidiendo limosna sino que se les permita competir en igualdad de condiciones”.

“Ni los políticos ni la sociedad están cumpliendo como deberían”

Asegura Juan Cuatrecasas que a los políticos españoles les falta valentía y que están enviando el mensaje de que la Iglesia católica está por encima de la ley. Sabe de lo que habla, porque se han reunido con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y cuenta, sin especificar cuál, que alguno llegó a decirles que lo considera ‘un tema de baja intensidad’: “Nos parece alarmante porque hablamos de niños y adolescentes a los que se les hace daño cuando su personalidad se está formando”. Añade, además, que en cierta parte de los partidos de la derecha existe “una especie de excusa” cuando se habla de la Iglesia católica: “enseguida dicen que no se puede personalizar solo en el clero, que se dan casos en otros muchos ámbitos como el deportivo o incluso en el familiar (lo cual es cierto), pero a nosotros nos ha pasado en ese y por eso nos centramos en él, más si cabe considerando que por los principios de la propia institución debería ser ella la primera en reconocer, respetar y tratar con dignidad a las víctimas; sin embargo muchos de sus miembros hacen justo lo contrario, causándoles un doble daño y haciendo más difícil que aprendan a vivir con lo que han sufrido”.

Preguntado por si esa supuesta ‘baja intensidad’ puede ser producto de la falta de implicación y de movilización de la sociedad, piensa que es posible; y explica que muchas personas que han sufrido abusos sexuales siendo menores optan por no denunciar por las consecuencias que puede acarrear, que en su caso fue ver como el ANPA y la dirección del colegio apoyaban al denunciado y en otros eran incluso los vecinos los que les torcían la cara en un acto de marginación que los posicionaba claramente del lado del agresor. Hay quien le llama padre coraje, pero su sensación en bien distinta: “Solo soy un hombre con un hijo al que le han hecho daño física y psicológicamente, y ha sido él -como las demás víctimas- el que ha demostrado valentía al dar el paso de denunciarlo teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando”. Está convencido de que, mientras se les siga considerando héroes por denunciar, significará que algo sigue fallando en el sistema y que no estamos en un verdadero Estado de Derecho, “porque cuando alguien sufre un delito lo normal es que lo denuncie, ¿no?”. Por eso insiste en la importancia de lograr que los casos de pederastia dejen de ser tabú. Admite, eso sí, que no es fácil dar un paso que -en su situación como en otras- ha supuesto “muchas trabas, presiones e incluso amenazas”.

Denuncia mala fe por parte de la jerarquía eclesiástica

El presidente de la Asociación Infancia Robada se indigna porque la Iglesia católica -no solo en España- se ha pasado décadas silenciando estos casos (la organización mundial de víctimas ECA Global calcula que por lo menos 100.000 menores han sufrido este tipo de abusos por parte de miles de sacerdotes y/o personas próximas al clero). Para él eso es lo más grave, que no solo se trata -como hay quien sostiene- de que no han sabido afrontar el tema sino que ha habido “mucha mala fe”, y pone ejemplos como el de Miguel Ángel Hurtado, “a quien el abad de Montserrat dio más de 7.000 euros en mano para comprar su silencio”, dinero que acabó devolviendo, y 3 años después decidió editar un libro ensalzando la figura de su abusador “y el de muchos otros niños” llegando a incluir una fotografía de él con su víctima; apunta también el caso del colegio salesiano de Deusto, que “teniendo constancia de denuncias desde 1989 dejo pasar el tiempo sin hacer nada”; como igual de sangrante resulta la inacción de los Obispados que no acuden a la Policía ni a la Fiscalía: “Eso es encubrimiento puro y duro y la Iglesia tiene que cortar de una vez por todas esa forma de actuar que hace tanto daño a las víctimas pero también a la propia comunidad católica; y es desde su jerarquía desde donde deben hacerlo porque las víctimas estamos limpiando su porquería, y mientras no tomen medidas no habrá solución posible”, sentencia, y aclara que eso pasa por dejar de considerar los abusos sexuales una ofensa en contra de la moral, un pecado, y pasar a considerarlos un crimen, que es lo que son”; y no solo por una mera manifestación pública, como viene haciendo últimamente el Papa, sino por cambiar la Ley de Derecho Canónico como le recomendó hace cuatro años el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “La petición de perdón no es suficiente, hay que poner urgentemente en medidas en marcha, lo demás es vivir en una realidad paralela”.

Critica Juan Cuatrecasas que la jerarquía eclesiástica lleve años “centrada en proteger el supuesto buen nombre de la institución sin darse cuenta de que lo que hacen es hundirse más en el pozo”, y dice que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para ponerle solución porque “crear una comisión antipederastia coordinada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado de encubrir al cura abusador de La Bañeza, y en la que está Silverio Nieto, responsable de la no investigación canónica del caso de nuestro hijo -al que llaman el Villarejo de la Iglesia- no es el camino; más bien lo contrario, porque esa comisión ha nacido viciada”. Tampoco son para él buenas señales declaraciones como las del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, saliendo en defensa de varios sacerdotes acusados de abusos que, según él, habían tenido ‘malos momentos’: “Es una clara ofensa a las víctimas, menores atacados con total impunidad, facilitándose la comisión del delito a través del encubrimiento; un delito muy grave teniendo en cuenta que lo cometen adultos que se ganan la confianza de menores de edad aprovechando que son sus profesores, tutores o confesores para luego atacarlos como depredadores; porque actúan como tal, eligiendo a su presa en función del perfil y aislándola de sus compañeros: entonces la tienen en sus manos, desorientada, para poder hacer con ella lo que quieran”. Explica que a su hijo el profesor llegó a sacarlo de clase hasta cuatro o cinco veces por semana por espacio de una hora, desatando los comentarios del resto de alumnos; y es que también sufrió acoso escolar. “Cuando únicamente te preocupas por salvaguardar tu imagen estás prolongando y acentuando el dolor de quienes han sufrido esa violencia”, afirma recordando las recomendaciones de que no contaran lo sucedido, de que no le diesen publicidad…Hicieron justo lo contrario, intentar que lo supiese cuanta más gente mejor contándoselo a los medios de comunicación que se pusieron en contacto con ellos (no al revés): “estábamos siendo atacados y no teníamos ningún apoyo”.

Sobre la primera Cumbre Antipederastia que arranca mañana en Roma

El Papa Francisco reúne en el Vaticano entre mañana 21 de febrero y el domingo 24 a los presidentes de 130 Conferencias Episcopales para abordar la pederastia en la Iglesia en la primera cumbre al respecto (que llega tras años de denuncias e innumerables casos de encubrimiento). El Pontífice asegura que se trata de ‘un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo’, es lo que defiende ahora.

Las víctimas exigieron participar y los organizadores parecen garantizar que estarán presentes. Un grupo de ellas se ha reunido hoy con el comité organizador y han salido decepcionadas tras el encuentro porque -cuentan- no les han dicho ninguna medida concreta que vayan a implementar. La Asociación Infancia Robada tiene claro que cualquier intento de acabar con estos crímenes pasa por darles voz y escucharlas en lugar de intentar acallarlas y por eso reclaman que toda comisión de investigación que se cree las incluya, junto a personas independientes; demanda que se amplíen los plazos de prescripción de la propia Iglesia, que consideran demasiado breves y exigen que lo primero que haga el clero sea acudir a la Fiscalía para que active las pesquisas: “no es lógico que sean ellos mismos, que son parte, los que investiguen”. Pide además que se cambien los protocolos de actuación: “Aún a día de hoy lo primero que debe hacer la persona del Obispado que reciba una denuncia es dudar de la credibilidad de la víctima, porque puede tener intereses económicos, cuando son ellos los que están preocupados por el dinero, porque temen que se conozcan cada vez más casos y se acaben multiplicando las indemnizaciones que deberán pagar; por eso han intentado tapar el escándalo”, un hecho que resulta indecente para Juan Cuatrecasas. Afirma que ese no es su problema, porque el problema de las víctimas y sus familias es intentar seguir adelante, ayudar a otras personas que pasen por la misma situación y tratar de que nadie más tenga que volver a sufrir algo parecido. Hasta dos intentos de suicido, una durísima etapa con episodios de taquicardias, alucinaciones y convulsiones, épocas de pesadillas, ansiedad e intenso nerviosismo…Es lo que ha vivido en la última década su hijo, un chico que siente una desconfianza enorme hacia los demás y al que le cuesta mucho relacionarse, que ha visto como los síntomas asociados al estrés postraumático que padece se han ido suavizando pero que sigue luchando “porque esto es así”. Sus padres se quedan con el mensaje de los médicos que lo tratan: que ha sido muy valiente, que tiene la cabeza bien amueblada y que va a salir adelante porque aprenderá a encajarlo y a vivir con ello, que es de lo que se trata. Pero tienen miedo a que pueda recaer, porque ya ha sucedido varias veces.

P.S. La Asociación Infancia Robada cuenta con psicólogos y abogados para atender consultas. Podéis contactar con ella a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/AllSurvivorspain/

P. S. El post lo ilustra el logo de la Asociación, diseñado por el hijo de Juan Cuatrecasas