“Poneos en nuestra piel”

Hoy se cumplen dos semanas del último de los dos incendios que, en apenas cuatro días, se llevaron por delante varias docenas de chabolas en dos asentamientos de temporeros en la localidad onubense de Lepe. Por suerte ninguna vida… en esta ocasión. Muchos lo han perdido todo, las pertenencias que tenían, incluidos sus pasaportes, permisos de residencia o la documentación necesaria para tratar de regularizar su situación. Y se han quedado sin sus viviendas, esos habitáculos de plástico, cartón y madera a los que nadie debería tener que llamar casa. Algunos se han buscado la vida con amigos o se han ido a otros pueblos pero alrededor de doscientos siguen reclamándoles a las administraciones una solución digna.

No alcanzan a entender cómo es posible que hayan pasado ya medio mes en la calle, en un país desarrollado en pleno siglo XXI, sin que nadie les haya dado “una respuesta responsable y coherente” que ponga fin a su desesperación. Nos lo explica Haya Fofana, miembro de ASNUCI, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad.

“La mentira tiene las patas muy cortas”

Son muchos -demasiados- los días y las noches que llevan a las puertas de la casa consistorial de Lepe esperando que se les ofrezca una alternativa habitacional digna. Desde el equipo de gobierno dicen que han estado trabajando en la búsqueda de soluciones provisionales para estos trabajadores inmigrantes pero aseguran que ASNUCI las ha rechazado porque únicamente busca la presión política. De hecho, han presentado una demanda contra su presidenta, Ana María Mateos, por desórdenes públicos, amenazas y coacciones.

En la asociación responden que, con más de doce años de lucha a sus espaldas, no van a conseguir intimidarlos. Afirman que lo único que se pretende es desviar el foco de atención mintiendo y tergiversando la realidad: “Dicen que nos han ofrecido soluciones pero que no las aceptamos, cuando hace mucho tiempo que este Ayuntamiento no busca soluciones a nuestros problemas. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Si fuese cierto que han puesto encima de la mesa varias localizaciones para instalar un campamento de emergencia y que las hemos tirado todas abajo seríamos nosotros los que estaríamos impidiendo encontrar una salida a esta situación. Pero hicieron una única propuesta, una parcela en un polígono industrial sin tiendas cerca en las que abastecerse de lo imprescindible y que está a siete kilómetros del núcleo urbano. No la aceptamos porque carece de las condiciones para vivir y porque se crearía un gueto, pero el caso es que tampoco la acepta el Ejército, que es quien lo levantaría. Con independencia de que estemos o no de acuerdo han sido los militares quienes la han descartado”. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha confirmado que la ubicación indicada por las autoridades locales ‘no es viable porque no reúne las condiciones de salubridad necesarias’, añadiendo que no se pueden instalar tiendas donde hay 50 ºC a la sombra. Ayer se celebró una reunión entre la Subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento para hablar de posibles alternativas… pero no hubo avances.

Haya Fofana lleva trece años en España y nos cuenta que, cuando supo que desde el Ayuntamiento solo les ofrecían esa opción, le pasaron muchas cosas por la cabeza: “Pensé que quizás nos vean como un problema para el pueblo, porque sino no se entiende que nos quieran alejar. Y sentirte un obstáculo es algo muy duro”.

‘Por una vivienda digna’

Ante la falta de una respuesta mínimamente aceptable, la plataforma Solución Asentamientos, de la que forma parte ASNUCI junto con otras organizaciones de personas migrantes y pro migrantes de la provincia onubense, ha convocado una manifestación en Lepe para el próximo miércoles, 5 de agosto. El lema ‘Por una vivienda digna’. “Porque si se quiere se puede y aquí lo que hace falta es querer. Lo sabemos todos, también las autoridades”. Recuerda que ellos fueron de los trabajadores considerados esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia y se queja de que los hayan abandonado a su suerte.

Casi doscientas personas siguen esperando que les den una salida. Dicen que las administraciones -también parte de la sociedad- “no pueden estar siempre mirando para otro lado, no pueden seguir haciendo la vista gorda; ha llegado la hora de que actúen, de que intervengan, para que las cosas se hagan bien”. Tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. En la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad tienen claro que para resolver el problema del chabolismo de los temporeros en España -como muchos otros- solo hace falta voluntad política: “Que las autoridades competentes se aseguren de que los empresarios nos pagan lo que corresponde y que se sienten con ellos para que nos faciliten alojamientos dignos, como hacen con el resto de los trabajadores. Que lleven adelante una regularización extraordinaria que nos garantice los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos que viven en este país”. Porque si alguien malvive en una chabola no es por gusto, porque quiera, sino porque es la única opción que le dejan. Ellos lo saben bien, pero ¿y nosotros? Tratemos de ponernos por un momento en su piel.

P.S. No todo son malas noticias: la recaudación de fondos para el primer albergue para trabajadores temporeros sin hogar que ASNUCI quiere poner en marcha va bien y ya tienen la licencia de obra.

“No pueden seguir lavándose las manos”

Repite insistentemente el Gobierno que no va a dejar a nadie atrás en la crisis que atravesamos como consecuencia del nuevo coronavirus. “Como eslogan es bueno y parece que le funciona, pero no es más que eso, un eslogan. No se puede afirmar que no se va a dejar a nadie atrás cuando ni se está teniendo en cuenta ni se menciona en los planes de recuperación a los cientos de miles de personas que se encuentran en situación irregular en España que -digan lo que digan- son más de 600.000. Sobreviviendo como pueden, siendo en muchos casos explotadas al trabajar de forma irregular -y han seguido trabajando durante el estado de alarma decretado por la pandemia- porque la propia Ley de Extranjería no les da otra opción que hacerlo para poder tener la oportunidad de regularizar su situación”. Quien así habla es Dolores Jacinto, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya que ha convocado para mañana movilizaciones en distintas ciudades -Huelva, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Murcia…-para exigir el debate urgente en el Congreso de los Diputados de la Proposición No de Ley (PNL) que ha impulsado con la Coordinadora Obrim Fronteres, que cuenta con el apoyo de más de 1.500 asociaciones, organizaciones y colectivos. Una PNL registrada hace un mes en la Cámara Baja con el aval de ocho fuerzas parlamentarias: Unidas Podemos, ERC, JxCat, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG. Reclaman que se debata y vote cuanto antes porque es imprescindible, porque necesitan soluciones ya, “porque ha llegado la hora de que nos tengan en cuenta. No pueden seguir lavándose las manos”. Se sienten abandonadas.

“No pueden insistir en cerrarnos todas las puertas”

La Proposición No de Ley exige un procedimiento de regularización urgente, de carácter permanente y sin condiciones -que incluya a todos- para las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria; el desarrollo y publicación del Reglamento de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria procurando un acceso ágil; que se atiendan de forma favorable todas las peticiones de asilo y refugio en marcha; medidas dirigidas a los menores migrantes no acompañados; el cierre de todos los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) y poner fin a las devoluciones en caliente. Sin olvidar la derogación de la Ley de Extranjería que -denuncian- las coloca en un limbo sin derechos y la modificación de su Reglamento. También demandan un cambio de paradigma de la política migratoria, que se priorice la protección y se promuevan los derechos de las personas migrantes en España, que se ponga en el centro la vida de las personas. “Porque cada vida migrante es digna y merece ser respetada. No queremos ni caridad ni regalos, tampoco premios por hacer nuestro trabajo, solo derechos; ni más ni menos. Como personas que somos y como ciudadanos españoles, porque estamos en España, trabajamos en España y para España, aunque a muchos no se nos reconozca”, señala la portavoz de Regularización Ya.

Instan a las autoridades a acabar con las violencias estructurales que las clasifican como ciudadana/inmigrante, legal/no legal, persona/no persona. Se quejan de que el Estado esté pidiendo desde que comenzó la pandemia que este virus lo paremos todos unidos cuando es obvio que ellas no pueden luchar partiendo de una posición tan desigual; y eso es lo que demandan, igualdad de condiciones. Denuncia Dolores Jacinto que no se puede concebir una nueva normalidad en la que las personas migrantes estén en la misma situación que estaban antes de la emergencia sanitaria, sin poder vivir plenamente, intentando únicamente sobrevivir, soportando a diario la discriminación, el racismo social pero también el institucional: “Para que una nueva normalidad lo sea todas tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades a la hora de afrontar un proyecto de vida, de buscar un trabajo… Se habla de reconstrucción del país pero no creemos en ella porque en ningún momento se ha pensado en nosotras. Desde que se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 no se ha tomado ni una sola medida que nos tuviese en cuenta, demostrando una vez más que se están aplicando políticas insolidarias, que nos invisibilizan, explotadoras y ciegas a la realidad que vivimos. Y eso tiene que acabar”.

“No pueden continuar negando la realidad. Necesitamos soluciones”

Se pregunta la portavoz de Regularización YA cómo es posible que en pleno siglo XXI la situación que atraviesan las personas migrantes sea más propia del siglo XIX: “Si la vida de los seres humanos no es importante, ¿qué es entonces lo importante? ¿La economía? ¿Esa que se sustenta en la economía sumergida en la que estamos gran parte de las personas migrantes?”. 600.000 personas están en situación administrativa irregular en España, según los cálculos más conservadores del colectivo, una cifra que desde el Gobierno ponen en duda. Lo atribuye al desconocimiento, a la falta de interés por abordar su situación e incluso a no querer ver la realidad del país o pretender esconderla. Pero más que en la cifra pone el acento en destacar que detrás de cada número hay una persona, con su historia de sufrimiento y de lucha diaria contra los elementos para tratar de salir adelante.

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Lo que le reclaman al Ejecutivo es que no cierre los ojos y que les ofrezca soluciones, que es lo que debería hacer. Unidas Podemos, que avaló la Proposición No de Ley impulsada por los movimientos migrantes, presentaba la semana pasada su propia propuesta de regularización y lo primero que han hecho estos es recordarle que forma parte del Gobierno: “La propuesta se queda corta, entre otras razones, porque cuando se está en disposición de aplicar las políticas comprometidas se tiene que ir mucho más allá de hacer propuestas, hay que actuar”. Pero la otra parte del Gobierno -el PSOE- no se mueve de sus posiciones. Esta misma semana el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, repetía en el Senado que cualquier reforma migratoria debe enmarcarse en un Pacto Social y en las recomendaciones de la Unión Europea, lo que se traduce en descartar una regularización masiva, limitándose a seguir estudiando caso por caso. Desde Regularización YA le recuerdan que el artículo 127 de la Ley de Extranjería permite regularizar a las personas migrantes por circunstancias excepcionales de seguridad nacional o de interés público. Dice Dolores Jacinto que “si esto no es de interés público, si no es prioritario, no sé qué puede serlo, porque estamos atravesado una pandemia dejando fuera a 600.000 personas. Portugal e Italia no lo han hecho”.

Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía, nos llaman a todas a que nos sumemos a las movilizaciones convocadas para mañana -respetando siempre las normas de distanciamiento interpersonal e higiénico-sanitarias- para demostrar que este sí es un tema de interés público al que urge darle solución. Y nos piden que sigamos demostrando nuestro apoyo más allá de esta nueva jornada reivindicativa, reclamando cada día algo que no es otra cosa que JUSTICIA SOCIAL.

¡¡¡SEGUIMOS AQUÍ!!!

Las plataformas de pensionistas están volviendo a sacar sus reivindicaciones a las calles, esas que en su día les hicieron ganar músculo. Unas demandas que han mantenido muy vivas a través de las Redes Sociales desde que la pandemia les obligó a aparcar las manifestaciones multitudinarias –“porque la salud es lo primero”- y que ahora, respetando al máximo las normas higiénico-sanitarias y de distanciamiento interpersonal, vuelven a gritar con fuerza en plazas y barrios de distintos puntos del país. A cuentagotas y reuniendo a pocos participantes, buscando garantizar la seguridad de todos, pero quieren dejarles claro a las administraciones que siguen en la lucha, con sus demandas intactas, y que no piensan parar hasta conseguirlas.

Es más, a esa bandera que siempre ha sido para ellas la defensa del sistema público de pensiones le han sumado otra que siempre ha estado ahí pero que ahora quieren enarbolar bien alto junto a otros movimientos sociales, la defensa de los servicios públicos: Sanidad, Dependencia, Educación… “Tiene que primar de una vez lo público, lo que es de todos y para todos”, dice tajante José Ángel Vivanco, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que pone en valor la experiencia de nuestros mayores: “Hay quien piensa que hoy en día todo el saber está en la nube (el sistema de almacenamiento a través de Internet), que allí está registrado todo el conocimiento, pero la transmisión personal de lo vivido y el vivir con las personas mayores es fundamental”. Por eso no entiende cómo es posible que muchas veces se los deje de lado y se los abandone en lugares que en los últimos meses “han demostrado ser tanatorios. No hay derecho a eso. Ha sido y es muy duro”.

Nos explica que con el COVID-19 han descubierto dos cosas: que de nuevo son el colectivo más vulnerable a una enfermedad, y la “falta de anticipación, de prevención, la dejadez de las administraciones con todo lo público, resultado de años de privatización cuando lo que había que haber hecho era potenciarlo”. Llama precisamente a eso, a invertir más en lo público, a primarlo, en especial en lo que a los mayores se refiere, porque “de lo contrario se nos aislará cada vez más”. Y se queja porque tienen mucho que decir: “somos los vigilantes de esta playa en la que se han levantado olas muy grandes que se van a llevar por delante a mucha gente”.

“Estamos muy vivos”

Están muy vivos, nos cuenta el portavoz de la COESPE, porque “el Gobierno no descansa, sigue hablando con Bruselas, erre que erre intentando colárnoslas por todos lados: hace unos días recuperó protagonismo la mochila austriaca, parece ser que por un error, y se ha reactivado la Comisión del Pacto de Toledo”, de la que no quieren ni oír hablar por su “oscurantismo” y porque los pensionistas no están representados. Asegura que es una lucha constante contra los elementos en la que tienen que estar siempre alerta, por ellos pero sobre todo por los que vamos detrás, porque no se cansan de repetir que seremos los más afectados por las legislaciones que se están cocinando. Por eso nos piden que seamos conscientes de lo que se nos viene encima y que entendamos que hay que pelear por lo público “desde ya”.

Frente a lo que hay encima de la mesa -incluidas las continuas referencias de instituciones como el Banco de España a los planes privados de pensiones, “que ya han dejado pelado a más de uno, no hay más que mirar al Reino Unido”- dicen desde la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones que lo que hace falta es valentía por parte del Ejecutivo de coalición: para reformar la fiscalidad y que los que más tienen paguen lo que tendrían que pagar, y para redoblar la lucha contra el fraude. Ellos avisan de que el movimiento pensionista sigue muy vivo y de que no se olvida ni de las promesas electorales ni de su tabla reivindicativa. Una tabla que pasa por exigir que se garantice por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que se suban las pensiones más bajas hasta equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional -950 euros/mes en 14 pagas- para que sean dignas, que se deroguen las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, y que se constituya una mesa de diálogo con luz y taquígrafos en la que puedan plantear y argumentar todas sus demandas.

Llaman a estar muy atentos, convencidos como están de que en las próximas semanas el Gobierno intentará aprobar decretos-ley que perjudicarán al sistema público de pensiones “aplicando recortes de derechos sociales y económicos ya anunciados para este año”. Así lo advierten, al tiempo que aseguran que solo la lucha en las calles, la unidad de la COESPE y su resistencia impedirán que logren sus objetivos.

COESPEEE

Con la vista puesta en el día 29

Por eso desde la Coordinadora Estatal se ha hecho una propuesta de convocatoria de concentración ante el Congreso de los Diputados, a celebrar posiblemente el próximo día 29, miércoles, coincidiendo con el día de la semana en el que las plataformas de Madrid se concentran habitualmente en los alrededores de la Cámara Baja. Se invita principalmente a aquellas plataformas que han hecho un gran esfuerzo en la recogida de firmas durante los últimos meses pidiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución y a todas las que quieran sumarse a su entrega en el Parlamento. Una mobilización adaptada a los tiempos de pandemia que vivimos en la que participen representantes de parte de las más de trescientas plataformas que la conforman, “y que son sus neuronas”, en palabras de José Ángel Vivanco: para entregar los cientos de miles de firmas recogidas en favor de su causa, y para que al Ejecutivo y a quienes lo conforman les quede claro que ellos están donde estaban antes de la pandemia, que han vuelto a poner en marcha el contador de los 100 días de cortesía que les dieron al inicio de la Legislatura para atender sus reclamaciones y que pararon por el nuevo coronavirus. “No se trata de que le quede poco más de un mes para cumplir con los pensionistas sino de que ya ha llegado la hora de que lo hagan, de que dejen de tomar medidas en nuestra contra y en contra de los trabajadores. Queremos darles un aviso contundente”.

Y no solo eso. Apuestan por salir a la calle todos juntos para redoblar la presión: los distintos movimientos de pensionistas, la Marea Blanca por la Sanidad Pública, la Marea Verde en contra de los recortes en la Educación Pública, las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia, los movimientos en defensa de unas residencias de mayores públicas y de calidad… Todos unidos para demandar que se fortalezcan los servicios públicos, para que todas las administraciones -empezando por la estatal- entiendan que no pueden esperar más tiempo para ponerse a ello. Desde la COESPE comprometen su apoyo: “Siempre estaremos ahí, codo con codo”, afirma su portavoz, “porque estamos condenados -entre comillas- a entendernos; una condena que creo que vamos a asumir más que gustosamente porque va a ser el único camino”.

Non aprendemos nada

Cando os medios de comunicación nos bombardeaban coas noticias da aparición de casos dun novo coronavirus na China parecíanos que Asia quedaba moi lonxe, pensabamos que non ía con nós, coma se doutra galaxia se tratase. Pero nun mundo coma este no que nos tocou vivir, no que manda a globalización, as galaxias son pouco máis ca o concello do lado. E pasou o que semellaba imposible, o que case ninguén víu vir fíxose realidade nun abrir e pechar de ollos. Primeiro foi Italia e pouco despois España: un turista, un grupo de turistas… e a partir de aí todo o que levamos vivido nestes máis de tres meses, confinamento incluído. Quen nolo ía dicir! Obrigados a estar na casa, os que a teñen, porque non podemos esquecer que polo menos 33.000 persoas no país non teñen un fogar no que poder quedar. Podiamos ter pensado nelas pero -ai, o egoísmo!- a maioría só pensamos en nós e, como moito, nos nosos. Que tortura ter que quedar na casa quince días -que acabaron sendo algo máis dun mes e medio para unha parte importante da poboación- podendo saír só para o esencial!

Tampouco era tanto pedir, non?

Non pretendían que nos alistásemos para ir á guerra, nin que vivísemos durante un tempo en pleno deserto sen auga ou á intemperie no Polo Norte a case 50 baixo cero. Tratábase de quedar na casa buscando así minimizar as consecuencias da pandemia, especialmente entre os máis vulnerables, protexéndonos e protexendo ós nosos maiores: eses que si tiveron que ir á guerra, que viviron décadas de ditadura e que levantaron un país que estaba desfeito. A eles que tanto fixeron por nós, que menos que devolverlles unha pequena parte quedando na casa para evitar que o COVID-19 campase ás súas anchas! Pero o caso, coma sempre, era queixarse. E non me refiro precisamente ós milleiros de maiores que se viron atrapados en residencias ou nos seus fogares coa recomendación de non seren derivados ó hospital ou ás súas familias, que tiñan -e teñen- todo o dereito do mundo a queixarse. Nin ós centos de milleiros de persoas que perderon o traballo ou entraron nun ERTE, que tamén tiñan e seguen tendo moito que dicir. Tampouco ós estudantes que por non teren ordenador ou careceren de acceso á Internet para poder seguir as clases telemáticas viron como deixaba de cumplirse o seu dereito á educación. Enténdese que se queixen. Como as empregadas e os empregados dos supermercados que durante semanas tiveron que facer fronte a unha especie de histeria colectiva ou o persoal de limpeza e tantos outros traballadores que seguiron ó pé do canón porque os que prestan son considerados servizos esenciais, aínda que cobrando o que cobran moitos deles ninguén o diría. E os sanitarios, enfrontándose á enfermidade practicamente a peito descuberto. Por suposto que todas e todos eles teñen razóns para se queixar, pero os que máis nos queixamos fomos e somos aqueles que unicamente tiñamos que quedar na casa: con medo, si, pero a salvo.

Recoñezo que fun demasiado optimista

E aprendemos algo? Nada ou case nada, na miña humilde opinión. E iso que hai tres meses, cando o COVID-19 se empezou a esparexer polo mundo adiante, eu era das optimistas: contaba con que arredor dun 5% de nós captariamos a mensaxe, o aviso. En multitude de conversas telefónicas con familia e amigos defendín a capa e espada que era unha porcentaxe que ben se podía acadar: que cinco de cada cen persoas entenderiamos -por fin!- que cada día nos xogamos o futuro do planeta, o único que temos. Que cinco de cada cen persoas nos decatariamos da necesidade de poñer freo ó consumismo desaforado e a un ritmo de vida que nos leva a pasar por ela no canto de a gozar de cada minuto. Que valorariamos o realmente importante, esas pequenas cousas e eses pequenos xestos que fan que un día mereza a pena. Que quitariamos a venda dos ollos para poder ver a todas esas persoas que nos fan mellores, facendo que a nosa existencia signifique algo máis que simplemente estar.

Todos me dicían que era demasiado optimista, que confiaba de máis nos seres humanos, pero por moito que o repetisen a min un 5% parecíame ben pouco. Estaba equivocada. Os demais levaban razón. Que rápido esquecemos! Tan rápido que aínda estamos en plena crise -e o que nos queda!- e xa pasamos páxina. Quizais por un momento, durante o confinamento, moitos nos paramos a pensar en tódalas cousas que debiamos mudar no noso día a día. Poida que unha parte mesmo chegásemos a estar decididos a dar o paso. Pero foi un espellismo que durou apenas un microsegundo.

Pasou o confinamento, chegaron as saídas por franxas horarias e tódolos bos propósitos quedaron atrás; como sucede cos de cada aninovo. E así imos avanzando cara a esa nova normalidade que nos queren vender… Parvadas! Historias para lles contar ás xeracións que poidan vir, sempre sen perder de vista unha cousa: que non, non aprendemos nada! E iso que as cifras de mortos e de enfermos eran -e son- duras abondo como para que captásemos a mensaxe, fixésemos caso da advertencia e aprendésemos dos erros para non os volver cometer. E iso que se volveu demostrar -ninguén debería ter xa dúbidas- que a investigación é imprescindible e que investir nela significa investir na vida. O mesmo que apostar polos servizos públicos, que son os de todos e deberían estar máis que blindados. Pero non puido ser, non pode ser, porque somos máis de queixarnos que de tentar cambiar as cousas. Ou aínda é posible? Podo volver ser optimista? Podemos ser optimistas?

El confinamiento y la desescalada en los rincones de España

¿Cómo han vivido el confinamiento en los pueblos? ¿Cómo están viviendo el levantamiento gradual de las restricciones? ¿Cómo asoma esa ‘nueva realidad’ de la que tanto se habla? ¿Cómo son esas nuevas formas de relacionarse entre los vecinos? ¿Y las nuevas formas de comunicarse, de actuar?… Son los interrogantes que esperan despejar las impulsoras de FICOP, Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España, Iratxe Quintana y Patricia de Luna: “Queremos que nos cuenten qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en esos rincones del país a los que apenas se les presta atención. Que sus gentes nos transmitan a través del cine las sensaciones y emociones que han vivido y aún viven en momentos tan excepcionales como estos, para crear un archivo audiovisual y que todos puedan compartirlo”. Así lo resume Iratxe.

Pero FICOP es mucho más: sus organizadoras, impulsoras de la Barraca de Cine, explican que es también una iniciativa con la que promover la cultura, fomentar la creatividad y la participación ciudadana; un canal para dar visibilidad al talento, al arte que tiene esa parte de la población que no vive en las ciudades sino en esa España descentralizada y muchas veces despoblada. “Gente que por lo general no protagoniza la actualidad que se nos cuenta en los medios de comunicación aunque cree proyectos muchas veces más interesantes: por su frescura y porque nacen de vivencias muy particulares, ligadas a la tradición y a la idiosincrasia de los pueblos donde viven. Eso los distingue de quienes vivimos en las urbes, les da ese plus que nosotras estamos deseando conocer, vivir y compartir”. Por eso hacen hincapié en que los participantes les saquen todo el provecho a esas tradiciones en sus cortos, que no pueden pasar de cinco minutos.

¿Cómo surgió la idea?

Mejor que lo cuente ella.

Los vecinos de Guadalix de la Sierra (Madrid), de Santomera (Murcia), de Sisante (Cuenca), de Piedralaves (Ávila) y de Villamanrique (Ciudad Real) han sido los primeros en animarse a dar el paso -lo dan los Ayuntamientos- y varias localidades más están a punto de hacerlo. Todavía queda un mes, hasta finales de junio, y las organizadoras animan sobre todo al norte -Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi- que parece que es al que más le está costando decidirse: porque el objetivo es cubrir la mayor parte sino toda la geografía española, para mostrar toda la riqueza que hay el país.

El que demuestre más creatividad y participación de los vecinos será elegido ‘Pueblo de Cine’ y tendrá un fin de semana completo de proyecciones de películas y actividades de ocio con la Barraca de Cine. Algunos de los que han presentado candidatura ya tienen experiencia en esto del séptimo arte: en Guadalix rodó Luis García Berlanga ‘Bienvenido, Mister Marshall’; Piedralaves proporcionó parte de los escenarios de ‘El Lazarillo de Tormes’, de César Fernández, o de ‘El techo de cristal’ de Eloy de la Iglesia; y en los alrededores de Sisante se rodó ‘Pozoamargo’, de Enrique Rivero.

¿Qué es lo que más valorará el jurado? Jurado que conforman los directores Helena Taberna y Fernando Colomo, los actores Celia de Molina, Emilio Linder, Vladimir Cruz, Carlos Manuel Vázquez y Carla Chiorazzo; la compositora Eva Gancedo e incluso el ¡¡¡Ratoncito Pérez!!! La creatividad: qué se quiere contar y cómo se resuelven los problemas para poder hacerlo; sin compositora ni diseñador de vestuario, tampoco editora de video o montador… “Ver cómo alguien que no es profesional salva esos obstáculos para crear una pieza con la que relatar la historia que quiere compartir”. Algo así como hacer de la necesidad virtud, sacar lo mejor que tenemos dentro en circunstancias tan desconcertantes como las que estamos atravesando.

FICOP

También en Lengua de Signos

La Constitución dice en su artículo 44.1 que ‘los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho’: todos tienen derecho, pero no todos pueden acceder a ella, se queja Iratxe Quintana, pensando en los más de dos millones de personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva que hay en España. Dice que la industria cultural en general, la del cine en particular, es consciente de su importante labor de sensibilización a la hora de hacer visibles los problemas e injusticias que se dan a diario, buscando que se solucionen o que no se produzcan. Pero añade que también tiene que ser, cuando es posible, parte de la solución. Y asegura que hablando de accesibilidad es imprescindible que facilite herramientas de acceso a todo lo que se hace, no solo pensando en la participación de las personas sordas y ciegas como espectadoras sino también como creadoras: “Necesitamos que toda la población esté representada para que la cultura sea realmente un espejo de la realidad y para que esos colectivos puedan verse reflejados en los contenidos que se crean, lo cual es clave para generar público”.

Ella que ha trabajado en teatro con actores sordos destaca su potencial y el de la Lengua de Signos a nivel escénico, afirma que “el poder de la expresión tanto gestual como facial es brutal”, y apuesta por sacarle mucho más partido: “eso permitiría abrir el abanico de público que tiene derecho a estar ahí como espectador”. Por eso alientan a que se presenten cortometrajes en Lengua de Signos.

Cómo salir adelante

Para el cinematográfico, como para los demás sectores, la crisis provocada por el nuevo coronavirus ha supuesto un duro golpe; como el resto, todavía está aturdido, esperando ver qué pasa mientras analiza las opciones para salir de esta volcándose, por lo menos por el momento, en lo digital. Iratxe Quintana no cree que las medidas de apoyo anunciadas por las administraciones vayan a ser suficientes para paliar el destrozo, pero destaca la unión entre los profesionales, “que es la única forma de salir adelante”.

Lo suyo y lo de Patricia no es rendirse: “Siempre hemos luchado por aquello en lo que creemos, por lo que pensamos que tenemos que hacer, por llevar a cabo proyectos que aporten algo”. Lo de estar paradas tampoco está en su ADN, “siempre buscando salidas, iniciativas que nos hagan crecer como profesionales y como personas, que es de lo que al final se trata, de estar en constante aprendizaje y crecimiento, adaptando y creando cosas nuevas: esa es la esencia de los creadores”. Los tiempos de crisis suelen obligar a reinventarse y “de algo pequeño puede surgir algo grande que, en otras circunstancias, sino se hubiera planteado el problema, ni siquiera habrías podido imaginar porque no tendrías que tratar de resolverlo”. Y eso es lo que esperan que pase con FICOP, que dé lugar a algo más grande pensando a medio y largo plazo. Pero también tienen otros proyectos.

Una iniciativa diferente, pionera, para tiempos diferentes. ¿Te animas a participar? Aquí tienes toda la información del Festival Itinerante de Cortos del Confinamiento de los Pueblos de España.

IMPRESCINDIBLES porque sin cuidados no hay vida

¿Quién alimenta a quienes no pueden alimentarse solas? ¿Quién te mueve cuando no puedes moverte sola? ¿Quién cuida de tu espacio privado para que tú existas socialmente? ¿Quién deja de cuidar a su familia para cuidar a la tuya? En definitiva, ¿qué valor les damos a las personas que cuidan a quienes más queremos? Son algunas de las preguntas que nos hace la oenegé Movimiento por la Paz -MPDL- en la campaña que acaba de poner en marcha con el objetivo de “que reflexionemos sobre la situación del colectivo laboral más explotado hoy en día en España, para que cada vez seamos más las personas que unamos nuestras voces a las suyas en su denuncia”. Lo dice Juan Maza, coordinador del Área de Sensibilización, que nos ha explicado que se trata de reivindicar sus derechos laborales y también de reclamar la necesaria valorización de los cuidados que realizan como indispensables para la vida en un modelo de producción y convivencia que les gustaría que fuese diferente.

Valor vs Precio

Porque “el capitalismo les ha puesto un precio a esos cuidados, un precio muy bajo que son los salarios que cobran las mujeres que los realizan, pero no los ha valorizado”, que es lo que demanda el Movimiento por la Paz: darles valor a los cuidados en consonancia con la importancia que tienen en lugar de ponerles un precio siempre a la baja. La organización -que va camino de cumplir cuatro décadas trabajando por un mundo más justo e igualitario- defiende que se prioricen los cuidados, como también el modelo de crianza, en un nuevo sistema de convivencia: “socializarlos porque de ellos depende la vida”. Y ahí señala directamente a las Administraciones.

Pero no solo el Estado, la sociedad tampoco puede olvidarse de la importancia de los cuidados y de quienes los realizan, de que unos y otras son esenciales, vitales, indispensables. De ahí que desde la oenegé nos pidan que nos paremos a pensar qué lugar ocupan en nuestras vidas esos cuidados que van más allá del trabajo doméstico y qué ganamos, qué podemos muchas veces hacer, gracias a que otras personas se ocupan de ellos: mujeres en su mayor parte -el 96% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados lo son- “que dejan de satisfacer buena parte de sus necesidades y llegan a renunciar a sus derechos para que nosotros podamos trabajar, disfrutar del ocio y llevar la vida que queremos”, destaca Juan Maza. “Mujeres que se ven obligadas a aparcar o prácticamente olvidar parcelas de su vida que también para ellas son imprescindibles pero que tienen que dejar de lado para hacer eso mismo en nuestras casas”.

Innegociables

Sus derechos laborales deberían ser innegociables pero no lo son. Movimiento por la Paz lleva tiempo asesorando y prestando asistencia jurídica gratuita a un colectivo que sufre a diario una tremenda indefensión ante los empleadores incluso con las leyes en la mano. No hay más que recordar que son las únicas que no tienen derecho a prestación de desempleo -“algo de lo que se benefician las empresas empleadoras y el propio Estado”-, por no hablar de que más de doscientas mil ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social porque son migrantes en situación irregular. Estamos por lo tanto en muchos casos ante personas que se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, porque son migrantes y porque trabajan en un sector que no está regulado como debería. Y es algo que se está perpetuando.

El responsable del Área de Sensibilización de la oenegé asegura que ha llegado el momento de que todo el mundo sea consciente de lo que ocurre en este sector: para acabar con una forma de entender tanto el trabajo de cuidados como a las mujeres que se ocupan de ellos “que roza el incumplimiento de los Derechos Humanos”; para poner fin “a la idea extendida entre determinadas clases sociales de que contratándolas les estamos haciendo un favor, como si por el mero hecho de no tener los papeles en regla no tuviesen derechos”.

Por eso le reclaman al Estado que se encargue de gestionar y de regular los cuidados. Pero hay otro paso que consideran fundamental: llevar a cabo una regularización urgente de migrantes y solicitantes de asilo, porque eso permitiría avanzar a más de un tercio de las mujeres del colectivo al convertirlas a ojos de la ley en lo que ya son, ciudadanas iguales al resto. No entienden “cómo es posible que las autoridades estén dejando escapar tantas capacidades y habilidades; cómo es posible que estén frenando el desarrollo de un país al que tanto pueden aportar” las más de seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación irregular a pesar de llevar años trabajando y malviviendo en España, siendo explotadas las más de las veces. “Ellas nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. No podemos seguir dándoles la espalda”.

“Seguiremos luchando. No pueden dejarnos atrás”

A.P. es de Colombia. Escapó de su país hace tres años por las amenazas de muerte que recibía; después de que asesinaran a su padre. Eligió España como destino buscando un futuro, un buen futuro, “pero a veces nos equivocamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que no todo es como lo pintan”. Es profesora: en su país daba clase de Geografía, Historia y Filosofía en Bachillerato; también cuenta con estudios de atención sociosanitaria, pero no tiene papeles. En noviembre pasado denegaron su petición de asilo, esa en la que tanto confiaba, y pese a llevar tres años residiendo y trabajando en Barcelona no consigue el contrato laboral por un año que le exige la legislación. Es más, desde que estalló la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se ha quedado sin el trabajo como empleada de hogar en varias casas que le permitía salir adelante: han prescindido de ella, “quién sabe hasta cuándo o incluso si volverán a contar conmigo”. Y como está en situación administrativa irregular, se queda fuera de las ayudas públicas: del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que el Gobierno espera activar en los próximos días y del ingreso mínimo vital para los más vulnerables que anuncia para este mismo mes.

Ni ella ni las más de doscientas mil compañeras que según las organizaciones que reivindican los derechos del colectivo se encuentran en su misma situación podrán acceder a estas y otras prestaciones. Prestaciones de las que quedan excluidas más de ochocientas mil personas si ampliamos el horizonte.

Los derechos no pueden limitarse en función del origen nacional

Por eso varias asociaciones y grupos de trabajadoras del hogar y los cuidados de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Madrid se han unido a la campaña que exige la regularización de todas las personas migrantes y han sumado fuerzas para denunciar la situación de “precariedad vital” a la que la Ley de Extranjería conduce a decenas de miles de compañeras, agravada todavía más por el Covid-19. Entre esas organizaciones está Sindihogar Sindillar, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados constituido en Barcelona hace más de ocho años, del que forman parte mujeres migradas de quince países como A.P.

Explica que no piden que les regalen nada pero sí que les permitan salir adelante. Que no les pongan tantas trabas para conseguir los papeles con los que poder acceder a un empleo en condiciones dignas: sin tener que trabajar más de cuarenta y ocho horas semanales cobrando menos del salario mínimo, sin días libres ni vacaciones, como hacen muchas internas esperando lograr al cabo de tres años esa oferta laboral que les abrirá la puerta a la regularización pero que nunca llega. Y nunca llega “porque los empleadores se aprovechan de la necesidad que tenemos de ese contrato y de nuestro miedo a denunciar lo que nos están haciendo pasar”.

Con la connivencia de las administraciones

Sindihogar Sindillar y las demás asociaciones que se han unido en defensa del colectivo firman un documento dirigido a Pedro Sánchez y a cinco de los ministros de su gabinete en el que denuncian que todos los gobiernos ‘están utilizando su trabajo sin derechos para atender necesidades de cuidado que de otro modo exigirían un enorme gasto social’. Aseguran que la existencia de ese mercado de empleo sumergido que se ampara en la Ley de Extranjería es conocida y concluyen que ‘mantener la irregularidad es una opción política’.

Les dicen que no pueden seguir mirando para otro lado, pidiéndoles que acaben con la ‘hipocresía’ que envuelve a la ley, y reclaman ‘regularización para todas ya; protección económica para todas las personas’. Exigen que las trabajadoras del hogar y de los cuidados sean consideradas esenciales también en la legislación, para tener derechos y poder ejercerlos; que su situación entre de una vez en la agenda política. Están cansadas de promesas incumplidas o que han quedado diluidas y quieren hechos.

No piensan rendirse. Van a seguir luchando: les sobra coraje y saben que unidas tienen más fuerza.

Para ayudar a aquellas que han perdido su fuente de ingresos en esta emergencia sanitaria y económica y a las que siguen trabajando en condiciones inseguras, reforzando al mismo tiempo las redes que las conectan, Sindihogar Sindillar ha puesto en marcha una Campaña de Resistencia para recaudar dinero: a quien aporte cinco euros o más le harán llegar una SindiRebel, una muñeca de tela confeccionada por las propias afiliadas; un pedacito de su cultura, de sus vivencias.

P.S. Además de Sindihogar Sindillar, el documento que dirigen al Gobierno lo firman la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada, ATH-ELE y SINA KOOP.ELK. TXIKIA, de Bilbao, Malen Etxea, de Zumaia, el Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, el Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compostela, la Asociación Emplead@s de Hogar y Cuidados de Navarra y SEDOAC, de Madrid.

“Tenemos miedo al coronavirus”

Miles de inmigrantes, irregulares y también regulares, malviven en las principales zonas agrícolas de España en campamentos de chabolas levantadas con cuatro tablas y unos plásticos, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, expuestos a todo tipo de enfermedades y con el riesgo añadido de poder perder lo poco que tienen en uno de los incendios que se producen cada cierto tiempo. El último, esta misma semana en la localidad onubense de Palos de la Frontera: alrededor de setenta infraviviendas fueron pasto de las llamas; infraviviendas, sí, pero que servían de refugio a más de cien personas. El asentamiento fue desalojado y sus cerca de doscientos moradores han tenido que buscarse la vida. La Guardia Civil investiga si fue provocado.

No estamos contando nada nuevo: hace veinte años que esta dura realidad existe en esa provincia andaluza e incluso más en la de Almería. En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, se echaba las manos a la cabeza al visitar uno de los asentamientos de los temporeros de la fresa en Huelva, asegurando que viven en peores condiciones que las de los campos de refugiados. Y urgía a las Administraciones a actuar. Lo mismo que llevan reclamando desde hace años asociaciones como el Colectivo de Trabajadores Africanos, de Lepe: condiciones dignas para quienes -con o sin papeles- “son imprescindibles para recoger las cosechas de productos que acaban en buena parte de las mesas del país y que reportan grandes beneficios a los empresarios que se aprovechan de ellos, pagándoles las más de las veces por debajo del convenio y del SMI por jornadas maratonianas y semanas interminables”. Lo denuncia uno de sus miembros fundadores, Antonio Abad, que se queja de que las Administraciones -todas- han mirado siempre para otro lado, como siguen haciendo en plena emergencia sanitaria: critica que no hayan hecho nada para proporcionarles un alojamiento digno con el caldo de cultivo que las condiciones en las que malviven suponen para el coronavirus; y asegura que el Gobierno central se ha retratado con el real decreto ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, dejando más que claro quiénes le preocupan: “el empresario y los consumidores, no el inmigrante que lleva años partiéndose el pecho como temporero”. Ellos, los inmigrantes, están entre decepcionados e indignados: esperaban algo de humanidad. Nos lo ha contado Mohamed Lamine Camara.

#RegularizacionYa

Los inmigrantes esperaban más de las autoridades. También las organizaciones que luchan por sus derechos y parte de la ciudadanía. Por eso son ya novecientas las que reclaman al Gobierno una regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en España y la inmediata resolución favorable de las más de cien mil peticiones de asilo y refugio pendientes. Y se están haciendo oír en las Redes Sociales. Atendiendo a las cifras que manejan, en nuestro país hay cerca de seiscientas mil personas en situación irregular y ellas y ellos denuncian que no pueden seguir en este limbo vital y administrativo en el que los sumerge y al que los condena el racismo institucional. El Colectivo de Trabajadores Africanos es uno de los firmantes de esta demanda. Antonio Abad sabe bien de lo que habla porque lleva una década viéndolo a diario: “Una forma de esclavitud moderna, sin látigo, pero tratándolos prácticamente como esclavos”. Y todo esto se mantiene exactamente igual en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Por el momento no se sabe de casos de Covid-19 en los asentamientos de temporeros. Ya hemos escuchado que tienen miedo y no es para menos.

Denuncia que se han sobrepasado todos los límites, que unos y otros se han aprovechado -con la connivencia de las distintas autoridades- de la situación de vulnerabilidad y de la desesperación de miles de seres humanos a los que se les ha dado y se les está dando un trato que debería avergonzarnos a todos, “algo impropio de un Estado que se considera de Derecho”. Reclama que se actúe de una vez pero no es muy optimista, más bien al contrario, “porque lo primero para resolver un problema es reconocer que existe” y duda de que las Administraciones acaben admitiendo que han tenido a cientos de miles de personas malviviendo durante años en condiciones que ni los animales: “Estoy seguro de que se les pone la cara colorada solo de pensarlo cuando se les tendría que poner roja de vergüenza por no haber hecho nada para cambiar esta penosa realidad”.

La charla con Antonio y Mohamed tuvo lugar el pasado lunes; un par de días después, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley con dos millones doscientos mil euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería cubran las necesidades de agua potable, limpieza y recogida de basura de los asentamientos de inmigrantes, además de la compra de alimentos y productos de higiene personal. ¿Un objetivo cumplido? Son bastante escépticos: se preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que se vea, si es que se llega a ver, alguna mejora sobre el terreno, teniendo en cuenta que el anuncio llega varias décadas tarde y que llevamos más de un mes en estado de alarma por la emergencia sanitaria. Por no hablar de que la Junta ha hecho los cálculos económicos partiendo de que en los asentamientos de esas dos provincias hay alrededor de cuatro mil cuatrocientos inmigrantes: el Colectivo de Trabajadores Africanos afirma que solo en los de la onubense, unos cincuenta, ya se supera esa cifra. Asentamientos que, por supuesto, no tendrían que existir.

P. S. Las fotografías que aparecen en el post son de asentamientos de Lepe y Palos de la Frontera y han sido sacadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos.

¿Lo entiendes?

En esta situación de excepcionalidad en la que vivimos parece que hay quien se ha dado cuenta de que muchas más personas de las que pensaba desempeñan un trabajo fundamental para la ciudadanía. Cierto es que algunos todavía no se han enterado, o quizás debería decir que no han querido enterarse. Si antes de esta emergencia sanitaria hubiésemos peguntado por profesionales esenciales, en muchas de las respuestas habrían aparecido el personal sanitario, los efectivos de los servicios de emergencias, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pocos más. Pero, mira tú por donde, resulta que hay que comer y eso convierte en esenciales a todos los trabajadores que conforman la cadena alimentaria: desde las ganaderas, los agricultores y los que recogen las cosechas o los pescadores, hasta los transportistas, pasando por reponedores, charcuteras, pescaderas, carniceros, panaderas, fruteras, cajeras…Mileuristas en muchos casos o ni siquiera -ya sabemos que se lleva mucho eso de contratar a media jornada para acabar estirándola hasta casi una completa por la mitad de sueldo- con los que parte de la población no ha tenido nunca ninguna consideración. Tampoco ahora con la que está cayendo.

Nos gustaría poder quedarnos en casa

  Hablemos de los supermercados. Se supone que cuando trabajas de cara al público tienes que ser amable y atenta con los clientes; poner buena cara, aunque no tengas un buen día. Pero ¿cómo poner buena cara cuando te faltan al respeto? ¿Cómo ser amable cuando pretenden que hagas más de lo que te corresponde echándote en cara a cada momento que para eso te pagan, aunque no sea así? ¿O es que te pagan para soportar desprecios e incluso insultos de los clientes? ¿Te pagan para tener que escuchar que les gustaría haberse encontrado contigo hace cincuenta años a ver si les sacabas o no la compra del carro y se la ponías en la cinta para pasársela por caja cuando ellos pueden hacerlo perfectamente? ¿Te pagan para aguantar quejas que no tienen nada que ver contigo porque al cliente sí se le puede notar que tiene un mal día? (A ti no, recuerda). ¿Te pagan para salir tarde o muy tarde cada día porque siempre los hay que llegan a cinco minutos del cierre? ¿De verdad la gente cree que todo eso va incluido en los mil euros o menos que cobras al mes trabajando seis días a la semana? Contando entre ellos muchos festivos porque – ¡claro! – no se puede cerrar dos días seguidos, ¿no ves que la gente tiene que comer? (Nochebuena, Fin de Año y la víspera del Día de Reyes merecerían un capítulo aparte).

  Pero todo lo que habías vivido hasta ahora se queda corto comparado con lo que has tenido y, en muchos casos, tienes que seguir soportando en esta emergencia sanitaria por el Covid-19. Porque se supone -no dejan de repetirlo expertos y autoridades- que lo fundamental es ¡¡¡¡¡¡QUEDARSE EN CASA!!!!! Y, si hay que salir, respetar ¡¡¡¡¡SIEMPRE!!!!! la distancia mínima de seguridad de un metro y medio. Eso es lo que se supone. Hace justo hoy tres semanas, cuando la posibilidad de que se decretase el estado de alarma empezó a tomar cuerpo, deberían haber saltado todas las alarmas teniendo en cuenta lo que vivimos en supermercados y tiendas de todo el país. Nuestras alarmas -las de cada una y cada uno de nosotros- tendrían que habernos advertido que así no íbamos bien: gente apelotonada como si estuviese esperando a que abriesen las puertas del recinto de uno de los grandes festivales del verano o las de los principales centros comerciales hace años minutos antes de empezar las rebajas; como si estuviesen a punto de dar la salida de un multitudinario maratón. Ni separación de metro y medio ni las más elementales medidas de protección, no digamos ya un mínimo de educación y respeto a trabajadores que en la inmensa mayoría de los casos teníamos únicamente unos guantes para hacer frente a las marabuntas. Habrá quien diga, ¡es que iban a declarar el estado de alarma! Sí, lo declararon, y lo cierto es que las cosas han cambiado, pero no todo lo que tendrían que haberlo hecho.

Seguimos ahí

  Resultó que, siendo servicios esenciales, ahí seguimos atendiendo a los clientes, también a los que pensaban que se acercaba el fin del mundo y no iban a tener qué comer ni con qué limpiarse (Viendo las aglomeraciones y los carros hasta los topes, digo yo que pensarían eso, ¿no?). Ofrecemos el mismo servicio que antes porque, aunque en algunos casos se ha reducido el horario, hay gente – ¡cómo no! – que espera hasta última hora para venir… ¡a cinco minutos del cierre! Y eso que ahora son muchos más los establecimientos con servicio de compra online o incluso por teléfono. Pero hay quien no quiere entenderlo. Hay quien, desoyendo lo decretado, ha decidido que no se trata de hacer la compra, no: ES LA EXCUSA PERFECTA PARA PODER SALIR DE CASA. Y es así como el súper se convirtió en ese parque temático al que poder ir toda la familia -TODA- a pasar la mañana o la tarde, porque ¡ya se sabe lo difícil que es tener a los niños tantos días encerrados! Ese parque en el que muchos abuelos podían pasear. Esos abuelos todavía vienen a pasear y ahora, en lugar de tantas familias, vemos más parejas que vienen a hacer que compran (porque llevar un par de productos no es hacer la compra) prácticamente a diario, incluso dos o tres veces al día; como si esto no fuera con ellas.

  En el suelo se han puesto marcas que delimitan la distancia de seguridad, sí, pero eso no quita que te pases el turno repitiendo hasta doscientas veces o más eso de ¡POR FAVOR, DETRÁS DE LA LINEA! O que incluso te veas obligada a cruzar un carro entre los clientes y tú para que no se te acerquen a centímetros. Se supone que hay que controlar la entrada de gente para que no haya mucha dentro… a no ser que tengas una encargada que ha decidido que, justo ahora, quiere que la elijan encargada del mes y se empeñe en dejar entrar a cuantos más mejor. Se toman medidas de protección pero, como hay quien ni siquiera con las cifras tan tremendas que está dejando esta crisis atiende a razones, el miedo sigue ahí: miedo a contagiarnos nosotras y nosotros pero, sobre todo, a contagiar a nuestras familias, a unos padres ya mayores que sí hacen lo que hay que hacer, quedarse en casa. A NOSOTROS NOS GUSTARÍA QUEDARNOS EN CASA PERO NO PODEMOS. ¿Lo entiendes?

  Solo un dato: la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) -que representa dos tercios de la superficie de venta de alimentación del país- asegura que en sus más de diecinueve mil establecimientos trabajan alrededor de doscientas sesenta mil personas.

“Despertando conciencias”

Hoy, a las 18h, llegan a la madrileña Puerta del Sol y acabarán dejando sus zapatillas delante del Congreso de los Diputados, donde mañana se van a sumar a la movilización para defender unas pensiones públicas, dignas y con garantías de futuro. Hablamos de los pensionistas que han recorrido a pie alrededor de 650 kilómetros unos, desde la localidad gaditana de Rota, y aproximadamente 450 kilómetros otros, desde Bilbao. Dos recorridos con un mismo destino, un propósito común y un mensaje único: “De norte a sur, de este a oeste, las pensiones se defienden cueste lo que cueste”. Hemos hablado con Ángel Guerra, de la Columna Sur -en plena caminata-, y con Javier Martínez, de la Columna Norte -terminada una de las etapas-; ellos nos contaban cómo se gestó la iniciativa.

Han sido más de tres semanas andando: unos, llegados de distintas localidades andaluzas, salían de Rota el 21 de septiembre; otros partían un par de días después de Bilbao. Todos han pasado por incontables pueblos, parándose en más de cuarenta en los que han hablado con los vecinos de la importancia de que “todos estemos en esta lucha porque nos toca a todos”, más a las generaciones que vamos detrás que a la suya propia, insistiéndoles en la necesidad de hacerse ver para conseguir aquello “que nos corresponde”. Más de tres semanas conviviendo, aprendiendo y animándose a diario en las que han recibido el cariño y el apoyo de mucha gente, como nos relataban emocionados: una experiencia con la que han ganado tanto o más de lo que ellos y ellas han dado.

Unos y otros denuncian que “desde los ámbitos político y, principalmente económico, llevan años torpedeando” un sistema que para ellos es modélico a nivel mundial -con las palabras y con hechos que así lo demuestran- y avisan de que se está preparando “una tormenta perfecta” para volver a recortar las pensiones, que ya se han visto mermadas, y acabar privatizando el sistema. Javier Martínez y Ángel Guerra lo tienen claro.

Por eso han recorrido cientos de kilómetros en estas últimas semanas y mañana ellos, ellas y esperan que miles de pensionistas y no pensionistas más estarán en la concentración convocada frente a la Cámara Baja por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Allí van a registrar un documento con sus principales demandas para que, por enésima vez, les lleguen al Gobierno central y a los distintos partidos. Reivindicaciones que no han variado desde que empezaron a tomar la calle hace ya casi dos años, que pasan por blindar las pensiones como derecho fundamental en la Constitución, por revalorizarlas por ley en función del IPC real, por la derogación de las dos últimas reformas laborales y otras tantas de pensiones, y por una prestación mínima que sea hoy igual al SMI, 900 euros, hasta llegar a los 1.084 euros recomendados por la Carta Social Europea; piden también que se eliminen los copagos y que haya suficientes residencias públicas para mayores accesibles y de calidad. A los líderes de los partidos les echan en cara “que no estén dando en este tema el ejemplo de unidad” que han tenido oportunidad de ver en sus compañeros de formación, sin importar las siglas, en muchos de los pueblos por los que han pasado, donde los han alentado en su marcha hacia Madrid. Y les advierten que no piensan parar hasta que se atiendan sus reivindicaciones: aclaran que no es una amenaza ni una exhibición de fuerza sino una demostración de constancia, convencidos como están de que tienen la razón, y cada vez a más gente, de su parte. “Queremos convencer, no imponer, a la ciudadanía y a la clase política”.

Insisten en que su movimiento es apartidista -su lema es “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”– por eso, mirando al próximo 10N, no piden el voto para ningún partido pero sí llaman a las y a los votantes a reflexionar, a echar la vista atrás, para que valoren lo que cada uno ha hecho y no ha hecho por el sistema público de pensiones y voten en consecuencia. Aunque tengan que ir a las urnas “a regañadientes”, aseguran, porque el dinero que se está gastando en esta nueva convocatoria electoral de la que “todos los líderes políticos son responsables” podría destinarse a iniciativas sociales encaminadas a mejorar la vida de mucha gente.