Hoy se cumplen dos semanas del último de los dos incendios que, en apenas cuatro días, se llevaron por delante varias docenas de chabolas en dos asentamientos de temporeros en la localidad onubense de Lepe. Por suerte ninguna vida… en esta ocasión. Muchos lo han perdido todo, las pertenencias que tenían, incluidos sus pasaportes, permisos de residencia o la documentación necesaria para tratar de regularizar su situación. Y se han quedado sin sus viviendas, esos habitáculos de plástico, cartón y madera a los que nadie debería tener que llamar casa. Algunos se han buscado la vida con amigos o se han ido a otros pueblos pero alrededor de doscientos siguen reclamándoles a las administraciones una solución digna.

No alcanzan a entender cómo es posible que hayan pasado ya medio mes en la calle, en un país desarrollado en pleno siglo XXI, sin que nadie les haya dado “una respuesta responsable y coherente” que ponga fin a su desesperación. Nos lo explica Haya Fofana, miembro de ASNUCI, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad.

“La mentira tiene las patas muy cortas”

Son muchos -demasiados- los días y las noches que llevan a las puertas de la casa consistorial de Lepe esperando que se les ofrezca una alternativa habitacional digna. Desde el equipo de gobierno dicen que han estado trabajando en la búsqueda de soluciones provisionales para estos trabajadores inmigrantes pero aseguran que ASNUCI las ha rechazado porque únicamente busca la presión política. De hecho, han presentado una demanda contra su presidenta, Ana María Mateos, por desórdenes públicos, amenazas y coacciones.

En la asociación responden que, con más de doce años de lucha a sus espaldas, no van a conseguir intimidarlos. Afirman que lo único que se pretende es desviar el foco de atención mintiendo y tergiversando la realidad: “Dicen que nos han ofrecido soluciones pero que no las aceptamos, cuando hace mucho tiempo que este Ayuntamiento no busca soluciones a nuestros problemas. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Si fuese cierto que han puesto encima de la mesa varias localizaciones para instalar un campamento de emergencia y que las hemos tirado todas abajo seríamos nosotros los que estaríamos impidiendo encontrar una salida a esta situación. Pero hicieron una única propuesta, una parcela en un polígono industrial sin tiendas cerca en las que abastecerse de lo imprescindible y que está a siete kilómetros del núcleo urbano. No la aceptamos porque carece de las condiciones para vivir y porque se crearía un gueto, pero el caso es que tampoco la acepta el Ejército, que es quien lo levantaría. Con independencia de que estemos o no de acuerdo han sido los militares quienes la han descartado”. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha confirmado que la ubicación indicada por las autoridades locales ‘no es viable porque no reúne las condiciones de salubridad necesarias’, añadiendo que no se pueden instalar tiendas donde hay 50 ºC a la sombra. Ayer se celebró una reunión entre la Subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento para hablar de posibles alternativas… pero no hubo avances.

Haya Fofana lleva trece años en España y nos cuenta que, cuando supo que desde el Ayuntamiento solo les ofrecían esa opción, le pasaron muchas cosas por la cabeza: “Pensé que quizás nos vean como un problema para el pueblo, porque sino no se entiende que nos quieran alejar. Y sentirte un obstáculo es algo muy duro”.

‘Por una vivienda digna’

Ante la falta de una respuesta mínimamente aceptable, la plataforma Solución Asentamientos, de la que forma parte ASNUCI junto con otras organizaciones de personas migrantes y pro migrantes de la provincia onubense, ha convocado una manifestación en Lepe para el próximo miércoles, 5 de agosto. El lema ‘Por una vivienda digna’. “Porque si se quiere se puede y aquí lo que hace falta es querer. Lo sabemos todos, también las autoridades”. Recuerda que ellos fueron de los trabajadores considerados esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia y se queja de que los hayan abandonado a su suerte.

Casi doscientas personas siguen esperando que les den una salida. Dicen que las administraciones -también parte de la sociedad- “no pueden estar siempre mirando para otro lado, no pueden seguir haciendo la vista gorda; ha llegado la hora de que actúen, de que intervengan, para que las cosas se hagan bien”. Tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. En la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad tienen claro que para resolver el problema del chabolismo de los temporeros en España -como muchos otros- solo hace falta voluntad política: “Que las autoridades competentes se aseguren de que los empresarios nos pagan lo que corresponde y que se sienten con ellos para que nos faciliten alojamientos dignos, como hacen con el resto de los trabajadores. Que lleven adelante una regularización extraordinaria que nos garantice los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos que viven en este país”. Porque si alguien malvive en una chabola no es por gusto, porque quiera, sino porque es la única opción que le dejan. Ellos lo saben bien, pero ¿y nosotros? Tratemos de ponernos por un momento en su piel.

P.S. No todo son malas noticias: la recaudación de fondos para el primer albergue para trabajadores temporeros sin hogar que ASNUCI quiere poner en marcha va bien y ya tienen la licencia de obra.