“Poneos en nuestra piel”

Hoy se cumplen dos semanas del último de los dos incendios que, en apenas cuatro días, se llevaron por delante varias docenas de chabolas en dos asentamientos de temporeros en la localidad onubense de Lepe. Por suerte ninguna vida… en esta ocasión. Muchos lo han perdido todo, las pertenencias que tenían, incluidos sus pasaportes, permisos de residencia o la documentación necesaria para tratar de regularizar su situación. Y se han quedado sin sus viviendas, esos habitáculos de plástico, cartón y madera a los que nadie debería tener que llamar casa. Algunos se han buscado la vida con amigos o se han ido a otros pueblos pero alrededor de doscientos siguen reclamándoles a las administraciones una solución digna.

No alcanzan a entender cómo es posible que hayan pasado ya medio mes en la calle, en un país desarrollado en pleno siglo XXI, sin que nadie les haya dado “una respuesta responsable y coherente” que ponga fin a su desesperación. Nos lo explica Haya Fofana, miembro de ASNUCI, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad.

“La mentira tiene las patas muy cortas”

Son muchos -demasiados- los días y las noches que llevan a las puertas de la casa consistorial de Lepe esperando que se les ofrezca una alternativa habitacional digna. Desde el equipo de gobierno dicen que han estado trabajando en la búsqueda de soluciones provisionales para estos trabajadores inmigrantes pero aseguran que ASNUCI las ha rechazado porque únicamente busca la presión política. De hecho, han presentado una demanda contra su presidenta, Ana María Mateos, por desórdenes públicos, amenazas y coacciones.

En la asociación responden que, con más de doce años de lucha a sus espaldas, no van a conseguir intimidarlos. Afirman que lo único que se pretende es desviar el foco de atención mintiendo y tergiversando la realidad: “Dicen que nos han ofrecido soluciones pero que no las aceptamos, cuando hace mucho tiempo que este Ayuntamiento no busca soluciones a nuestros problemas. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Si fuese cierto que han puesto encima de la mesa varias localizaciones para instalar un campamento de emergencia y que las hemos tirado todas abajo seríamos nosotros los que estaríamos impidiendo encontrar una salida a esta situación. Pero hicieron una única propuesta, una parcela en un polígono industrial sin tiendas cerca en las que abastecerse de lo imprescindible y que está a siete kilómetros del núcleo urbano. No la aceptamos porque carece de las condiciones para vivir y porque se crearía un gueto, pero el caso es que tampoco la acepta el Ejército, que es quien lo levantaría. Con independencia de que estemos o no de acuerdo han sido los militares quienes la han descartado”. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha confirmado que la ubicación indicada por las autoridades locales ‘no es viable porque no reúne las condiciones de salubridad necesarias’, añadiendo que no se pueden instalar tiendas donde hay 50 ºC a la sombra. Ayer se celebró una reunión entre la Subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento para hablar de posibles alternativas… pero no hubo avances.

Haya Fofana lleva trece años en España y nos cuenta que, cuando supo que desde el Ayuntamiento solo les ofrecían esa opción, le pasaron muchas cosas por la cabeza: “Pensé que quizás nos vean como un problema para el pueblo, porque sino no se entiende que nos quieran alejar. Y sentirte un obstáculo es algo muy duro”.

‘Por una vivienda digna’

Ante la falta de una respuesta mínimamente aceptable, la plataforma Solución Asentamientos, de la que forma parte ASNUCI junto con otras organizaciones de personas migrantes y pro migrantes de la provincia onubense, ha convocado una manifestación en Lepe para el próximo miércoles, 5 de agosto. El lema ‘Por una vivienda digna’. “Porque si se quiere se puede y aquí lo que hace falta es querer. Lo sabemos todos, también las autoridades”. Recuerda que ellos fueron de los trabajadores considerados esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia y se queja de que los hayan abandonado a su suerte.

Casi doscientas personas siguen esperando que les den una salida. Dicen que las administraciones -también parte de la sociedad- “no pueden estar siempre mirando para otro lado, no pueden seguir haciendo la vista gorda; ha llegado la hora de que actúen, de que intervengan, para que las cosas se hagan bien”. Tendrían que haberlo hecho hace mucho tiempo. En la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad tienen claro que para resolver el problema del chabolismo de los temporeros en España -como muchos otros- solo hace falta voluntad política: “Que las autoridades competentes se aseguren de que los empresarios nos pagan lo que corresponde y que se sienten con ellos para que nos faciliten alojamientos dignos, como hacen con el resto de los trabajadores. Que lleven adelante una regularización extraordinaria que nos garantice los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos que viven en este país”. Porque si alguien malvive en una chabola no es por gusto, porque quiera, sino porque es la única opción que le dejan. Ellos lo saben bien, pero ¿y nosotros? Tratemos de ponernos por un momento en su piel.

P.S. No todo son malas noticias: la recaudación de fondos para el primer albergue para trabajadores temporeros sin hogar que ASNUCI quiere poner en marcha va bien y ya tienen la licencia de obra.

“No pueden seguir lavándose las manos”

Repite insistentemente el Gobierno que no va a dejar a nadie atrás en la crisis que atravesamos como consecuencia del nuevo coronavirus. “Como eslogan es bueno y parece que le funciona, pero no es más que eso, un eslogan. No se puede afirmar que no se va a dejar a nadie atrás cuando ni se está teniendo en cuenta ni se menciona en los planes de recuperación a los cientos de miles de personas que se encuentran en situación irregular en España que -digan lo que digan- son más de 600.000. Sobreviviendo como pueden, siendo en muchos casos explotadas al trabajar de forma irregular -y han seguido trabajando durante el estado de alarma decretado por la pandemia- porque la propia Ley de Extranjería no les da otra opción que hacerlo para poder tener la oportunidad de regularizar su situación”. Quien así habla es Dolores Jacinto, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya que ha convocado para mañana movilizaciones en distintas ciudades -Huelva, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Murcia…-para exigir el debate urgente en el Congreso de los Diputados de la Proposición No de Ley (PNL) que ha impulsado con la Coordinadora Obrim Fronteres, que cuenta con el apoyo de más de 1.500 asociaciones, organizaciones y colectivos. Una PNL registrada hace un mes en la Cámara Baja con el aval de ocho fuerzas parlamentarias: Unidas Podemos, ERC, JxCat, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG. Reclaman que se debata y vote cuanto antes porque es imprescindible, porque necesitan soluciones ya, “porque ha llegado la hora de que nos tengan en cuenta. No pueden seguir lavándose las manos”. Se sienten abandonadas.

“No pueden insistir en cerrarnos todas las puertas”

La Proposición No de Ley exige un procedimiento de regularización urgente, de carácter permanente y sin condiciones -que incluya a todos- para las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria; el desarrollo y publicación del Reglamento de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria procurando un acceso ágil; que se atiendan de forma favorable todas las peticiones de asilo y refugio en marcha; medidas dirigidas a los menores migrantes no acompañados; el cierre de todos los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) y poner fin a las devoluciones en caliente. Sin olvidar la derogación de la Ley de Extranjería que -denuncian- las coloca en un limbo sin derechos y la modificación de su Reglamento. También demandan un cambio de paradigma de la política migratoria, que se priorice la protección y se promuevan los derechos de las personas migrantes en España, que se ponga en el centro la vida de las personas. “Porque cada vida migrante es digna y merece ser respetada. No queremos ni caridad ni regalos, tampoco premios por hacer nuestro trabajo, solo derechos; ni más ni menos. Como personas que somos y como ciudadanos españoles, porque estamos en España, trabajamos en España y para España, aunque a muchos no se nos reconozca”, señala la portavoz de Regularización Ya.

Instan a las autoridades a acabar con las violencias estructurales que las clasifican como ciudadana/inmigrante, legal/no legal, persona/no persona. Se quejan de que el Estado esté pidiendo desde que comenzó la pandemia que este virus lo paremos todos unidos cuando es obvio que ellas no pueden luchar partiendo de una posición tan desigual; y eso es lo que demandan, igualdad de condiciones. Denuncia Dolores Jacinto que no se puede concebir una nueva normalidad en la que las personas migrantes estén en la misma situación que estaban antes de la emergencia sanitaria, sin poder vivir plenamente, intentando únicamente sobrevivir, soportando a diario la discriminación, el racismo social pero también el institucional: “Para que una nueva normalidad lo sea todas tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades a la hora de afrontar un proyecto de vida, de buscar un trabajo… Se habla de reconstrucción del país pero no creemos en ella porque en ningún momento se ha pensado en nosotras. Desde que se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 no se ha tomado ni una sola medida que nos tuviese en cuenta, demostrando una vez más que se están aplicando políticas insolidarias, que nos invisibilizan, explotadoras y ciegas a la realidad que vivimos. Y eso tiene que acabar”.

“No pueden continuar negando la realidad. Necesitamos soluciones”

Se pregunta la portavoz de Regularización YA cómo es posible que en pleno siglo XXI la situación que atraviesan las personas migrantes sea más propia del siglo XIX: “Si la vida de los seres humanos no es importante, ¿qué es entonces lo importante? ¿La economía? ¿Esa que se sustenta en la economía sumergida en la que estamos gran parte de las personas migrantes?”. 600.000 personas están en situación administrativa irregular en España, según los cálculos más conservadores del colectivo, una cifra que desde el Gobierno ponen en duda. Lo atribuye al desconocimiento, a la falta de interés por abordar su situación e incluso a no querer ver la realidad del país o pretender esconderla. Pero más que en la cifra pone el acento en destacar que detrás de cada número hay una persona, con su historia de sufrimiento y de lucha diaria contra los elementos para tratar de salir adelante.

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Lo que le reclaman al Ejecutivo es que no cierre los ojos y que les ofrezca soluciones, que es lo que debería hacer. Unidas Podemos, que avaló la Proposición No de Ley impulsada por los movimientos migrantes, presentaba la semana pasada su propia propuesta de regularización y lo primero que han hecho estos es recordarle que forma parte del Gobierno: “La propuesta se queda corta, entre otras razones, porque cuando se está en disposición de aplicar las políticas comprometidas se tiene que ir mucho más allá de hacer propuestas, hay que actuar”. Pero la otra parte del Gobierno -el PSOE- no se mueve de sus posiciones. Esta misma semana el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, repetía en el Senado que cualquier reforma migratoria debe enmarcarse en un Pacto Social y en las recomendaciones de la Unión Europea, lo que se traduce en descartar una regularización masiva, limitándose a seguir estudiando caso por caso. Desde Regularización YA le recuerdan que el artículo 127 de la Ley de Extranjería permite regularizar a las personas migrantes por circunstancias excepcionales de seguridad nacional o de interés público. Dice Dolores Jacinto que “si esto no es de interés público, si no es prioritario, no sé qué puede serlo, porque estamos atravesado una pandemia dejando fuera a 600.000 personas. Portugal e Italia no lo han hecho”.

Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía, nos llaman a todas a que nos sumemos a las movilizaciones convocadas para mañana -respetando siempre las normas de distanciamiento interpersonal e higiénico-sanitarias- para demostrar que este sí es un tema de interés público al que urge darle solución. Y nos piden que sigamos demostrando nuestro apoyo más allá de esta nueva jornada reivindicativa, reclamando cada día algo que no es otra cosa que JUSTICIA SOCIAL.