¿Lo entiendes?

En esta situación de excepcionalidad en la que vivimos parece que hay quien se ha dado cuenta de que muchas más personas de las que pensaba desempeñan un trabajo fundamental para la ciudadanía. Cierto es que algunos todavía no se han enterado, o quizás debería decir que no han querido enterarse. Si antes de esta emergencia sanitaria hubiésemos peguntado por profesionales esenciales, en muchas de las respuestas habrían aparecido el personal sanitario, los efectivos de los servicios de emergencias, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pocos más. Pero, mira tú por donde, resulta que hay que comer y eso convierte en esenciales a todos los trabajadores que conforman la cadena alimentaria: desde las ganaderas, los agricultores y los que recogen las cosechas o los pescadores, hasta los transportistas, pasando por reponedores, charcuteras, pescaderas, carniceros, panaderas, fruteras, cajeras…Mileuristas en muchos casos o ni siquiera -ya sabemos que se lleva mucho eso de contratar a media jornada para acabar estirándola hasta casi una completa por la mitad de sueldo- con los que parte de la población no ha tenido nunca ninguna consideración. Tampoco ahora con la que está cayendo.

Nos gustaría poder quedarnos en casa

  Hablemos de los supermercados. Se supone que cuando trabajas de cara al público tienes que ser amable y atenta con los clientes; poner buena cara, aunque no tengas un buen día. Pero ¿cómo poner buena cara cuando te faltan al respeto? ¿Cómo ser amable cuando pretenden que hagas más de lo que te corresponde echándote en cara a cada momento que para eso te pagan, aunque no sea así? ¿O es que te pagan para soportar desprecios e incluso insultos de los clientes? ¿Te pagan para tener que escuchar que les gustaría haberse encontrado contigo hace cincuenta años a ver si les sacabas o no la compra del carro y se la ponías en la cinta para pasársela por caja cuando ellos pueden hacerlo perfectamente? ¿Te pagan para aguantar quejas que no tienen nada que ver contigo porque al cliente sí se le puede notar que tiene un mal día? (A ti no, recuerda). ¿Te pagan para salir tarde o muy tarde cada día porque siempre los hay que llegan a cinco minutos del cierre? ¿De verdad la gente cree que todo eso va incluido en los mil euros o menos que cobras al mes trabajando seis días a la semana? Contando entre ellos muchos festivos porque – ¡claro! – no se puede cerrar dos días seguidos, ¿no ves que la gente tiene que comer? (Nochebuena, Fin de Año y la víspera del Día de Reyes merecerían un capítulo aparte).

  Pero todo lo que habías vivido hasta ahora se queda corto comparado con lo que has tenido y, en muchos casos, tienes que seguir soportando en esta emergencia sanitaria por el Covid-19. Porque se supone -no dejan de repetirlo expertos y autoridades- que lo fundamental es ¡¡¡¡¡¡QUEDARSE EN CASA!!!!! Y, si hay que salir, respetar ¡¡¡¡¡SIEMPRE!!!!! la distancia mínima de seguridad de un metro y medio. Eso es lo que se supone. Hace justo hoy tres semanas, cuando la posibilidad de que se decretase el estado de alarma empezó a tomar cuerpo, deberían haber saltado todas las alarmas teniendo en cuenta lo que vivimos en supermercados y tiendas de todo el país. Nuestras alarmas -las de cada una y cada uno de nosotros- tendrían que habernos advertido que así no íbamos bien: gente apelotonada como si estuviese esperando a que abriesen las puertas del recinto de uno de los grandes festivales del verano o las de los principales centros comerciales hace años minutos antes de empezar las rebajas; como si estuviesen a punto de dar la salida de un multitudinario maratón. Ni separación de metro y medio ni las más elementales medidas de protección, no digamos ya un mínimo de educación y respeto a trabajadores que en la inmensa mayoría de los casos teníamos únicamente unos guantes para hacer frente a las marabuntas. Habrá quien diga, ¡es que iban a declarar el estado de alarma! Sí, lo declararon, y lo cierto es que las cosas han cambiado, pero no todo lo que tendrían que haberlo hecho.

Seguimos ahí

  Resultó que, siendo servicios esenciales, ahí seguimos atendiendo a los clientes, también a los que pensaban que se acercaba el fin del mundo y no iban a tener qué comer ni con qué limpiarse (Viendo las aglomeraciones y los carros hasta los topes, digo yo que pensarían eso, ¿no?). Ofrecemos el mismo servicio que antes porque, aunque en algunos casos se ha reducido el horario, hay gente – ¡cómo no! – que espera hasta última hora para venir… ¡a cinco minutos del cierre! Y eso que ahora son muchos más los establecimientos con servicio de compra online o incluso por teléfono. Pero hay quien no quiere entenderlo. Hay quien, desoyendo lo decretado, ha decidido que no se trata de hacer la compra, no: ES LA EXCUSA PERFECTA PARA PODER SALIR DE CASA. Y es así como el súper se convirtió en ese parque temático al que poder ir toda la familia -TODA- a pasar la mañana o la tarde, porque ¡ya se sabe lo difícil que es tener a los niños tantos días encerrados! Ese parque en el que muchos abuelos podían pasear. Esos abuelos todavía vienen a pasear y ahora, en lugar de tantas familias, vemos más parejas que vienen a hacer que compran (porque llevar un par de productos no es hacer la compra) prácticamente a diario, incluso dos o tres veces al día; como si esto no fuera con ellas.

  En el suelo se han puesto marcas que delimitan la distancia de seguridad, sí, pero eso no quita que te pases el turno repitiendo hasta doscientas veces o más eso de ¡POR FAVOR, DETRÁS DE LA LINEA! O que incluso te veas obligada a cruzar un carro entre los clientes y tú para que no se te acerquen a centímetros. Se supone que hay que controlar la entrada de gente para que no haya mucha dentro… a no ser que tengas una encargada que ha decidido que, justo ahora, quiere que la elijan encargada del mes y se empeñe en dejar entrar a cuantos más mejor. Se toman medidas de protección pero, como hay quien ni siquiera con las cifras tan tremendas que está dejando esta crisis atiende a razones, el miedo sigue ahí: miedo a contagiarnos nosotras y nosotros pero, sobre todo, a contagiar a nuestras familias, a unos padres ya mayores que sí hacen lo que hay que hacer, quedarse en casa. A NOSOTROS NOS GUSTARÍA QUEDARNOS EN CASA PERO NO PODEMOS. ¿Lo entiendes?

  Solo un dato: la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) -que representa dos tercios de la superficie de venta de alimentación del país- asegura que en sus más de diecinueve mil establecimientos trabajan alrededor de doscientas sesenta mil personas.

Lo que hay detrás de una histórica condena a España

Sandra estaba embarazada de casi cuarenta semanas cuando acudió al hospital, pero ni por un momento pensó que iba a dar a luz. Tenía claro que aún no había entrado en la fase de parto pero el personal médico de ese centro hospitalario público decidió inducírselo sometiéndola para ello a una serie de intervenciones para las que no le pidieron consentimiento: le administraron oxitocina para acelerarlo, le practicaron más de diez tactos vaginales, la mayoría injustificados, le realizaron una episiotomía y utilizaron la ventosa para sacar a la bebé, todo sin tenerla en cuenta y sin explicarle nada de lo que estaba sucediendo; ni siquiera cuando se llevaron a la niña, de la que tuvo que estar varios días separada por una infección que conoció a posteriori. Lo recuerda ‘como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje donde todo el mundo hace cosas de forma mecánica y la mujer no hace nada pero sale de allí con un bebé (…), cuando está física y psicológicamente preparada para parir, no para que la paran’. Asegura que se sintió desautorizada y sin autoestima. Era 2011. Presentó una reclamación por vía administrativa y acabó reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales que, uno detrás de otro, fueron tumbando su caso; lejos de tirar la toalla, lo llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que hace unos días, nueve años después de comenzar su periplo, dictaba una histórica condena a España: concluye que Sandra -nombre ficticio para salvaguardar su identidad- fue víctima de violencia obstétrica no de una negligencia médica, porque no se trata de un caso individual sino de una cuestión estructural; una cuestión que parte de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, su rol sexual pasivo y su papel en la sociedad, por lo que también es una forma de violencia de género. Y responsabiliza al Estado por no actuar de manera diligente para garantizar sus derechos y los de su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia.

Nos lo explican Paloma Torres López y Lucía Maravillas Martínez Losas, dos de las abogadas que han presentado el caso ante Naciones Unidas junto con Marina Morla González, Teresa Fernández Paredes y Francisca Fernández Guillén, directora jurídica del Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo llevó en sus diferentes etapas en España. “Juntas ideamos una estrategia que entonces parecía utópica pero que, al final, ha dado resultado”. Y tanto: no solo es la primera vez que un organismo internacional reconoce en una sentencia la violencia obstétrica como tal sino que, además, la reconoce como una forma de violencia de género.

“Un nuevo estándar de Derechos Humanos”

  Como Sandra, sus letradas destacan que “la mujer está preparada para el parto no para que la paran”. Recuerdan que el personal sanitario tiene el deber de contarle en todo momento lo que está pasando y de pedirle consentimiento. Pero denuncian que precisamente por esos estereotipos de género, tan pronto entra en el hospital pasa a ser un simple recipiente, su cuerpo y lo que ella decida da igual; es más, se considera que por estar en un determinado momento emocional no tiene capacidad decisoria. Y es por eso por lo que el equipo legal incluyó la violencia de género, porque no se trata de una negligencia de determinados profesionales sanitarios o del propio sistema sino de una discriminación por razón de género, porque solo puede afectar a las personas con útero: “A diferencia de otros pacientes, la mujer está ahí única y exclusivamente para parir y lo que importa es el bebé que lleva dentro; ni lo que ella quiera, ni su cuerpo, ni el impacto que pueden suponerle las actuaciones médicas que se lleven a cabo. Eso no importa”. Y este no es un caso aislado: con datos de 2016 del Observatorio de Violencia Obstétrica recogidos de casi dos mil testimonios, en dos tercios de los partos no se respetaron los planes presentados y en la mitad se actuó sin el consentimiento de la madre (inducción, episiotomía, Kristeller…). Más de un tercio de esas mujeres necesitó ayuda psicológica para superar las secuelas o los malos recuerdos de dar a luz.

  Paloma Torres nos cuenta que la resolución de Naciones Unidas va mucho más allá de Sandra y de las otras dos denunciantes que están pendientes de un pronunciamiento, que sus abogadas confían en que vaya en la misma dirección. Y es que este ha sido un litigio estratégico de Derechos Humanos: “Hemos puesto de manifiesto en el ámbito internacional una práctica habitual, sistemática y gracias a eso se ha sentado jurisprudencia que es vinculante no solo para España sino para todos los países que, como el nuestro, han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso significa que se ha generado un nuevo estándar de Derechos Humanos, un cambio que esperamos pueda tener efectos a largo plazo en distintos frentes”. Lo explica ella misma destacando que, por eso, todas -abogadas y denunciantes- están muy satisfechas.

Solo ha habido otra condena del CEDAW a España

  Paloma Torres y Lucía Martínez ponen el acento en el hecho de que España solo había sido condenada hasta ahora en una ocasión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en 2014, por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija de siete años fue asesinada por su expareja cuando la tenía con él a pesar de que ella había reclamado en múltiples ocasiones que le suspendieran el régimen de visitas por las amenazas recibidas. Incluso habiéndole dado Naciones Unidas la razón reconociendo la responsabilidad del Estado tuvo que volver a reclamar en los tribunales españoles para que este cumpliese, hasta que Supremo dictaminó que las recomendaciones del CEDAW son vinculantes y deben ser acatadas y aplicadas para que los derechos y libertades estipulados en los tratados internacionales firmados por nuestro país sean reales y concretos aquí.

  Tanto entonces como ahora se peleó duro para que la ONU fuese más allá de la indemnización a la víctima y le recomendase al Estado medidas de carácter general. Y se consiguió. El Comité conmina al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la realidad de la violencia obstétrica en España, de la que solo dan datos las asociaciones que llevan años trabajando para que se reconozca su existencia; también lo llama a “brindarles a los profesionales sanitarios y a los de la judicatura una capacitación adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva” para que dejen de aplicar estereotipos de género, porque la mujer no pierde ni su autonomía ni su capacidad decisoria porque vaya a dar a luz. “El CEDAW deja claro que en los casos de violencia obstétrica el personal sanitario no es el único que le causa daños físicos y psicológicos a la mujer abusando de la medicación y del intervencionismo médico, no pidiéndole consentimiento y no teniéndola en cuenta para nada: también lo hacen los jueces cuando niegan esa violencia resolución tras resolución, cuando determinan que los daños psicológicos alegados por la denunciante son una percepción suya, cuando afirman que está exagerando (hay sentencias que siguen hablando de histeria)… Esos son estereotipos de género que hacen que el daño psicológico sea todavía mayor porque pueden llevar a que la víctima acabe dudando de ella misma y piense si no será cierto que la culpa es suya”. Así lo señala Lucía Maravillas Martínez, aclarando que el hecho de que por fin le hayan dado la razón a Sandra -después de casi una década- no borra de golpe todo lo que ha sufrido, “eso no se lo quita nadie”. Para lo que sí tiene que servir -dice este equipo de abogadas independientes- es para que situaciones como la que vivió ella dejen de repetirse, por eso consideran determinante que se sepa que no son casos aislados.

  Es imprescindible que el Gobierno reconozca la violencia obstétrica como tal y como una forma de violencia de género para reorientar así las políticas públicas: para que respondan a las necesidades de las víctimas pero, sobre todo, para evitar que las mujeres sigan sufriéndola, que es de lo que al final se trata, de prevenir. Lucía Maravillas Martínez Losas y Paloma Torres López recuerdan que desde el Ejecutivo aseguran que trabajan para adaptar la legislación española a las convenciones internacionales que en su día se firmaron, que presentan una concepción mucho más amplia de lo que tiene que considerarse violencia de género; pero también se quejan de que no acaben de “atreverse” a confirmar que tipificarán la violencia obstétrica y que tendrá esa consideración, que es lo que les dice la ONU. Porque si no dan el paso nunca se podrá erradicar. Piensan que van a ser reacios a cumplir las recomendaciones, pero confían en que lo acabarán haciendo cuando se conozcan los dos dictámenes pendientes: “Deberían traducir esta resolución internacional en ley lo antes posible. Al final, tendrán que hacerlo”.

“Una cosa es que tu vida esté en stand-by, otra muy distinta es tenerla parada para siempre”

Fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva (pérdidas de memoria, falta de concentración…), ansiedad, sensibilidad visual y/o auditiva… y un largo etcétera de síntomas que pueden ser invalidantes y que merman en gran medida la calidad de vida de quien la padece, hasta en un ochenta por ciento. Son síntomas que acompañan a la Sensibilidad Química Múltiple, que con frecuencia cursa con otras enfermedades que los agravan todavía más como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, y que puede derivar en otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Pone tu vida patas arriba, de repente, pudiendo obligar y obligando al confinamiento en casos severos. ¡¡¡Sí, a quedarse en casa, pero no durante unos días o unas semanas: PARA SIEMPRE!!! Se trata de una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a numerosas sustancias químicas en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general: presentes en el aire, en el agua, en los alimentos, en medicamentos, en productos de higiene personal o de limpieza, en colonias, en pinturas, en el asfalto… La lista es interminable. Contarlo es una cosa, pero ¿cómo es vivirlo? Lo sabe bien Vanessa Basurto.

  Solo si tratamos de identificarnos con ellas, de ponernos en su piel, podremos hacernos una idea de lo que supone vivir con Sensibilidad Química Múltiple y actuar en consecuencia: que la mascarilla -esas de las que muchos han hecho acopio estos días sin necesitarlas por puro egoísmo- te acompañe allí donde vas, cada día; que necesites esa mascarilla incluso cuando estás en casa porque tu vecina ha colgado ropa lavada en el balcón y ni siquiera es suficiente con cerrar las ventanas, o porque han fregado las escaleras del edificio en el que resides con lejía; tener que recluirte en una habitación esperando a que tu pareja o tus hijos, que han vuelto de trabajar, del colegio o de dar una vuelta, se laven a fondo para poder compartir con ellos el espacio de tu hogar, para poder abrazarlos; quedarte sin trabajo porque tus jefes o tus compañeros se niegan a llevar a cabo pequeños cambios para que puedas continuar en tu entorno laboral… Son solo algunos ejemplos de lo que sufren las personas con esta patología, a los que hay que sumar el tener que aislarte en casa durante un tiempo porque has sufrido otra crisis y, en los casos más graves, el NO PODER VOLVER A SALIR A LA CALLE.

  Con un poco de empatía podemos acabar descubriendo que hay productos que estamos utilizando que, en realidad, a nosotros tampoco nos sientan bien. Quienes tienen Sensibilidad Química Múltiple lo descubren a la fuerza. Por eso para ellas -la mayoría son mujeres- son muy importantes iniciativas que intentan sensibilizar a la sociedad como el cortometraje ‘Es el progreso, estúpida’, dirigido por Patricia de Luna y estrenado en Madrid hace un par de semanas, del que os hablé en mi anterior post. Vanessa Basurto estuvo en el estreno y se emocionó, hasta el punto de que no podía hablar: “Me afloraron muchos sentimientos por todo lo que he vivido desde que me diagnosticaron. Me sentí plenamente identificada y eso me encantó, porque significa que la gente que no tiene ni idea de esta enfermedad podrá ver un testimonio veraz de lo que es y lo que supone. Ayudará a hacerla visible, a hacernos visibles, y nos ayudará a reclamar nuestros derechos”.

  Muchas afectadas han tenido que esperar hasta una década para ponerle nombre a lo que les pasaba, siendo derivadas a Psiquiatría cuando tenían claro que lo suyo era un problema físico, como nos explicaba Vanessa. Por eso reclaman a las autoridades que formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento, que extiendan a todos los hospitales del país y a todos los niveles de la atención sanitaria el protocolo puesto en marcha hace un par de años en los de Comunidades como la madrileña para atender a estas pacientes cuando llegan a Urgencias: priorizarlas y mantenerlas en un espacio saludable para ellas mientras esperan. También les demandan que creen Unidades de Referencia, que financien la investigación necesaria para conseguir tratamientos adecuados y que la Seguridad Social asuma los que ya están dando buenos resultados, que los hay, como demuestra su propia experiencia: asegura que gracias a esos tratamientos y a la empatía de sus compañeros ha podido reincorporarse a la vida laboral. Les piden además que se reconozca la enfermedad como incapacitante, facilitando así el reconocimiento de la incapacidad laboral sin tener que pelearla en los tribunales. Y, sobre todo, consideran imprescindible que la Organización Mundial de la Salud reconozca oficialmente la Sensibilidad Química Múltiple como una enfermedad: a pesar de que puede afectar a entre el 4-5% de la población, no le dedica un epígrafe específico en su clasificación internacional, incluyéndola en el grupo de las alergias no específicas. Desde la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Eletrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple avanzan que redoblarán los esfuerzos para tratar de conseguirlo, uniéndose a otras asociaciones europeas para tener más fuerza y hacer más presión. En España, hace solo seis años que es reconocida como enfermedad, pero quienes la sufren hace mucho más tiempo que saben que están enfermas.

‘Es el progreso, estúpida’

Progreso viene del latín progressus, que es la ‘acción de ir hacia adelante’. Así lo recoge la Real Academia Española, que añade otra acepción de esta palabra: ‘avance, adelanto, perfeccionamiento’. Perfeccionar es ‘mejorar’, luego tiene que ser bueno para todos… ¿o no? Esa es la reflexión que nos anima a hacer el cortometraje “Es el progreso, estúpida”, estrenado hace una semana en Madrid como inicio de un viaje que lo llevará por distintos puntos de España, también a festivales de cine. Un trabajo con el que se quiere dar visibilidad, concienciar a la sociedad -a todos-, sobre una dura enfermedad desconocida para muchos, la Sensibilidad Química Múltiple, buscando que empaticemos con quienes la padecen. Nos lo cuenta su directora, Patricia de Luna, que lo resume así: “Se trata de crear conciencia a nivel de vecindario: si una de tus vecinas (la enfermedad afecta sobre todo a mujeres) tiene un problema tan importante como este y tú intentas comprenderla, es probable que ella lo lleve mejor; y tú también puedes sentirte mejor”. Habla, además, de la gente que tiene miedo a aquellos que son diferentes y de la que, en lugar de cerrarse en banda, les tiende la mano.

La Sensibilidad Química Múltiple

Es una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a sustancias químicas presentes en el aire -como las emanaciones de los motores diésel y gasolina o el humo de las fábricas-, en el agua -aditivos-, en alimentos -edulcorantes, colorantes artificiales-, en medicamentos, productos de higiene personal, cosméticos, perfumes, pinturas…, casi siempre en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general. Una patología con síntomas de lo más variado -fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva…- que pueden ser invalidantes y reducir hasta en un ochenta por ciento la calidad de vida de quien la sufre, pudiendo obligar al confinamiento en casos severos, lo que implica un aislamiento del entorno social, laboral e incluso familiar. Con frecuencia cursa con enfermedades que pueden agravar esos síntomas como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia e incrementa el riesgo de desarrollar otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Los especialistas calculan que puede afectar a entorno al cuatro/cinco por ciento de la población. En España no fue oficialmente reconocida hasta 2014 y hace solo un par de años que existe un protocolo para que los hospitales sepan cómo tratar a los afectados. La Organización Mundial de la Salud todavía la incluye en el grupo de alergias no específicas.

Asociaciones de pacientes como la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad -que está detrás de “Es el progreso, estúpida”- luchan desde hace años para que sea reconocida a nivel mundial y, en el caso de España, para que las autoridades formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento -en muchas ocasiones se sigue derivando a las afectadas directamente a psiquiatría-, para que inviertan en investigación y para que aborden los problemas laborales a los que estas personas se enfrentan.

Una cuestión de empatía

El diagnóstico puede tardar hasta una década, viviendo durante todo ese tiempo lo que les sucede sin poder ponerle nombre y teniendo que lidiar con la incomprensión de muchas de las personas que las rodean. Esa es la tesitura en la que nos coloca el cortometraje: la de tener cerca a alguien que sufre esta patología y necesita de nuestra empatía, que pongamos de nuestra parte para echarle una mano en lugar de verla como un bicho raro. Cuenta en apenas catorce minutos un momento en la vida de una afectada que entra en crisis por la dolencia y deja su vida y su familia para irse al campo, donde tiene como vecinos a unos abuelos a los que intenta explicarles lo que le pasa, para que entiendan que cambiando pequeñas cosas pueden ayudarla y al mismo tiempo mejorar su propia vida. “Porque a veces no te encuentras bien físicamente sin saber el motivo y resulta que lo que hay detrás de ese malestar es algo que estás utilizando en tu vida cotidiana”. Lo dice Patricia de Luna, que destaca cómo uno de los personajes -la abuela- pone en tela de juicio la veracidad de la enfermedad de la protagonista: “Así funciona la sociedad, siempre hay quien no cree al otro, más todavía en este caso en el que estamos hablando del progreso, que tiene que ser bueno para todos. Pero es posible que en realidad no lo sea, que parte de ese progreso no te siente bien a ti tampoco. Y ahí están las personas con sensibilidades químicas múltiples, que son como centinelas de la vida que nos alertan de peligros para la salud derivados de cierto tipo de progreso que quizás no sea tan bueno”.

La directora y guionista tiene claro que eso debería llevarnos a replantearnos ciertas cosas: “A veces es tan fácil como dejar de usar determinados productos de limpieza o de higiene personal que pueden ser tóxicos. Al final es cuestión de empatía y si nos ayudamos un poco unos a otros puede irnos un poco mejor…a todos”. También a quienes no tenemos esta patología. Escuchad a Patricia de Luna.

‘Es el progreso, estúpida’

Querían un título transgresor que llamase la atención sobre una enfermedad que no llama la atención y echaron la vista atrás casi tres décadas para recuperar, adaptar y hacer suya una frase que dio la vuelta al mundo: ‘Es la economía, estúpido’. La acuñó uno de los asesores de Bill Clinton en la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 1992, fue el eslogan no oficial que los analistas consideran decisivo para su triunfo sobre George H. W. Bush que, impulsado por lo hecho en política exterior, era el favorito para volver a ganar las elecciones. Fue entonces cuando surgió la figura del estratega James Carville para señalar que la forma de contrarrestar esa ventaja era centrarse en temas que afectasen a la vida diaria de los ciudadanos, como la economía: ‘Es la economía, estúpido’.

De ahí el equipo del cortometraje pasó a ‘Es el progreso, estúpida’ para, tirando de ironía, intentar que la sociedad entienda -que todos entendamos- que en el progreso no vale todo, que tiene que haber límites éticos porque no a todo el mundo le sienta bien. Quizás tampoco a ti, que no padeces esta patología. Una cosa es contarlo, otra muy distinta sufrirlo cada día.

P. S. En el Facebook de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad https://m.facebook.com/ConfederacionNacionaldeFMySFC/?locale2=es_ES han abierto un grupo público en el que se facilitará toda la información sobre localidades y fechas para poder ver el cortometraje.

P. S. La directora del corto, Patricia de Luna, está ya metida en el guión de su próximo trabajo, ‘Las piedras de Luna’, un largometraje de ficción con algo de autobiográfico dedicado a su hija. También tiene en marcha un proyecto de cine itinerante, ‘La Barraca de cine’, para levar a las zonas más despobladas de España esas películas que no entran en los circuitos comerciales. Es además actriz, guionista y produtora. https://m.facebook.com/bocanegraproducciones/

Europa tiene que entender que al Mar Menor casi no le queda tiempo

No será este año. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no va a enviar a lo largo de este 2020 una misión a Murcia para que compruebe in situ el agravamiento del deterioro sufrido por el Mar Menor en los últimos tiempos y la situación de emergencia en la que se encuentra. Los eurodiputados que la conforman han cerrado su agenda para los próximos meses y en ella no figura este ecosistema único que ha sido llevado al colapso. Y eso pese a que estamos hablando de la laguna salada más grande del continente. De ahí el sabor agridulce que ha dejado en la plataforma Pacto por el Mar Menor su paso por las instituciones comunitarias hace alrededor de quince días buscando que se impliquen más en la resolución de una crisis que roza el ecocidio si es que no lo es ya; una visita en la que también participaron representantes de otros colectivos. Nos lo ha contado el abogado Eduardo Salazar, experto en Derecho Ambiental, que se queja de la falta de una respuesta eficaz por parte de Bruselas ante el reiterado incumplimiento de la normativa europea que ha dado como resultado la degradación profunda del ecosistema. Recuerda que fue en 2016 cuando la plataforma -junto con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción, la Cofradía de Pescadores de San Pedro y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y comarca- llevó el caso ante la Comisión de Peticiones del Europarlamento pidiéndole que se protegiese la laguna. Un año después le expusieron la situación -que ha ido a peor- y empezó entonces un “tormentoso periplo” en el que aseguran que Bruselas se ha limitado a solicitar explicaciones a las administraciones central, regional y municipales, que le comunicaron que tomarían medidas. “Y eso ha sido todo”. El mes pasado volvían a comparecer ante esa misma Comisión de Peticiones para informar del agravamiento del desastre y lo que les dijeron fue que pedirían de nuevo información a las autoridades competentes y que estudiarían el envío a la zona de esa misión, que en Pacto por el Mar Menor no tienen duda de que los llevará a concluir la veracidad de las denuncias presentadas, con las correspondientes consecuencias para los gobiernos implicados “por no haber cumplido con sus responsabilidades”. Pero esa misión no va a llegar a Murcia este año y el tiempo se agota, como nos explica el propio Eduardo Salazar.

  “Todo lo que ha sucedido en los últimos tres años se podría haber evitado si las distintas autoridades competentes de nuestro país y la Comisión Europea hubiesen abordado el problema, que es lo que tenían que haber hecho”. Así de simple, dice este abogado ambientalista que denuncia que, en lugar de actuar para salvar la laguna, las administraciones han dado una clara muestra de descoordinación y en lo que se han volcado es en atacarse unas a otras con eso de ‘y tú más’. Asegura que siente vergüenza ajena por el espectáculo que están dando.

“Nos vemos de nuevo en Bruselas”

  Apenas unas horas después de su paso por las instituciones europeas, que además de la intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento incluyó reuniones en las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Agricultura y con diferentes eurodiputados, en Pacto por el Mar Menor se preguntaban si ¡por fin habrá llegado el momento de cambiar la historia de destrucción de la laguna!, si se verán pronto los resultados o si, por el contrario, tendrán que volver a Bruselas. Preguntas que Eduardo Salazar responde afirmando que se ven regresando a la capital comunitaria. De hecho nos ha avanzado que están pensando enviar allí durante unos meses a un representante permanente para que haga lobby, para que repita hasta la saciedad despacho a despacho, entre los parlamentarios europeos -y no solo entre ellos-, el mensaje de que hay que actuar ya porque la situación que vive la laguna es crítica: “Tenemos que conseguir que el mayor número posible de eurodiputados se preocupe por lo que está pasando en Murcia para que así obligue a Europa a implicarse en la defensa de este ecosistema único. Hay que seguir haciendo presión porque es la única forma de que se tomen medidas y en eso estamos, rearmándonos para redoblarla y lograr resultados”.

  Dice que en la plataforma prefieren ser ingenuos antes que pesimistas, por eso insistirán lo que sea preciso hasta que la Comisión Europea haga su trabajo, que no es otro que el de garantizar que se cumplen las normativas comunitarias decidiendo para ello todas las actuaciones que estén a su alcance. Ya es hora de que deje de hacer dejación de funciones, más todavía teniendo en cuenta que el actual equipo al frente -que tomaba posesión en diciembre pasado- se comprometía a situar la protección del medioambiente en el centro de sus políticas. Está en juego el futuro del Mar Menor.

El TC no tiene por qué declararlas constitucionales. Y además los socios del Gobierno tienen un compromiso

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y de ver qué hace el Ejecutivo de coalición, la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la frontera con Marruecos sigue dando mucho que hablar; también la lectura que hizo de la misma el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Fernando Grande-Marlaska dijo que el dictamen deja claro que la violencia que ejercen los migrantes limita sus derechos fundamentales y que España cuenta con mecanismos suficientes para asistir en frontera a los solicitantes de protección internacional. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, Doctor en Derecho, no entiende “cómo es posible que un magistrado como él diga una barbaridad así”, asegurando que en un Estado de derecho los derechos fundamentales solo pueden limitarse caso por caso y por sentencia judicial: “De hecho el Estado de derecho se revela como esencial en situaciones conflictivas garantizando para resolverlas vías respetuosas con los derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, por lo que si se suprime ese papel garantista lo estamos vaciando de contenido”. José Palazón, fundador de PRODEIN Melilla, considera “gravísimas” y muy significativas las declaraciones del titular de Interior, “sobre todo teniendo en cuenta que la violencia ejercida por España y Marruecos en las expulsiones es tremenda”. Recuerda que saltar la valla es una infracción administrativa, no penal, y que en nuestro país también existe la presunción de inocencia para los migrantes. Sobre la existencia de vías legales para entrar en España a través de la frontera sur, uno y otro coinciden en que eso solo es cierto sobre el papel no en la práctica. Ellos mismos lo cuentan.


El giro copernicano del Tribunal de Estrasburgo

Tanto en la APDHA como en PRODEIN Melilla -igual que en el resto de oenegés y en organismos de la propia ONU- destacan la sorpresa que ha supuesto el giro de ciento ochenta grados que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su línea jurisprudencial al respecto: el propio TEDH condenó en primera instancia a España por este caso en el que ahora atiende el recurso y los argumentos de la Abogacía del Estado, fijando incluso indemnizaciones de cinco mil euros para cada uno de los dos demandantes -un nacional de Mali y otro de Costa de Marfil- que fueron expulsados de inmediato de territorio español en agosto de 2014 tras saltar la valla de Melilla ‘como parte de un gran grupo’ de personas. Carlos Arce afirma que “frente al discurso de criminalización de las migraciones, que sostiene que estamos sufriendo una avalancha y que hacen falta medios extraordinarios para combatirla, Estrasburgo se había erigido hasta ahora en una rara avis institucional poniendo siempre por delante los derechos humanos y la dignidad de las personas. Era un contrapeso clave y este volantazo, en especial lo rudimentario y más que discutible de su argumentación, supone la pérdida de un valioso instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los migrantes”. En una línea similar, José Palazón dice que “nos han quitado una institución imprescindible” y va más allá al denunciar que el TEDH “deja de ser una referencia en materia de derechos humanos para convertirse en un tribunal de los derechos de Gobiernos y corporaciones fascistas. Ha demostrado que le da miedo defender los derechos humanos y que se deja influir políticamente”.

La Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha reaccionado a la sentencia del tribunal europeo repitiendo que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -que participó en el proceso como tercera parte- ha puesto el acento en que la Convención de Ginebra de 1951 establece que no se debe penalizar a quien huye de un país en el que es o teme ser perseguido por haber entrado en otro de forma irregular. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explican que el principio de no devolución -recogido en el artículo 33 de esa Convención- está pensado específicamente para aquellas personas que entran irregularmente en un Estado: “Si como determina ahora el TEDH el hecho de hacerlo permite expulsar a esa persona sin que ni tan siquiera pueda hablar con un abogado, sin saber si puede ser solicitante de asilo, eso significa que el principio de no devolución no sirve para nada”. Es más, aseguran que si como da a entender Estrasburgo aquella persona que realice un acto ilegal sabiéndolo tiene que soportar todo lo que le pueda pasar “podría decirse que se podría eliminar el derecho penitenciario porque no tendría razón de ser”.

Como la práctica totalidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, alertan de que con este dictamen se facilita el camino para endurecer todavía más el control de fronteras en Europa. Hay pendientes en el TEDH otras dos demandas contra España por las devoluciones en caliente: la APDHA ve complicado que el tribunal de Estrasburgo vaya a dar “otro volantazo en sentido contrario después de haber dado este”; PRODEIN Melilla piensa que la sentencia dictada hace unos días “condicionará en gran parte lo que pueda pasar con esos dos casos” pero recuerda que en ellos se ponen encima de la mesma otros elementos además de la propia expulsión, como la violencia que se usó contra los inmigrantes, y pide esperar a ver qué pasa.

¿Y en España?

Estamos pendientes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2015 por distintos partidos, incluidos PSOE e IU, y por el Parlamento de Catalunya contra determinados artículos de la llamada ‘ley mordaza’ como su disposición final primera que permite las devoluciones en caliente. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere que quede claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga ni mucho menos a declararlas constitucionales: “Lo que hace Estrasburgo es fijar unos estándares mínimos de protección en materia de derechos fundamentales que vinculan a los Estados miembros del Consejo de Europa pero nada impide que en el ordenamiento jurídico de esos Estados se establezcan estándares superiores. Hay unos mínimos que hay que cumplir pero por encima el límite es el cielo”. Desde PRODEIN Melilla dicen que, “si atendemos a lo dispuesto en varias leyes, España tiene unos estándares de protección superiores, es más garantista” pero aclaran que “eso es así solo en la teoría, porque en la práctica se han estado realizando devoluciones en caliente desde hace veinte años, aunque el Gobierno de turno lo negara cuando eran ilegales”.

Nos cuenta José Palazón que espera que el Ejecutivo de coalición adecúe la práctica a la teoría existente desde hace décadas y elimine de inmediato esas expulsiones, como se comprometieron a hacer los partidos que lo conforman, convencido de que, de lo contrario, “pagarán las consecuencias a medio plazo, porque la gente que les votó espera que cumplan”. Carlos Arce no confía demasiado en que lo haga teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE en gestión de fronteras y la trayectoria personal de Fernando Grande-Marlaska que, hasta ahora, se ha limitado a repetir que su prioridad es derogar la llamada ‘ley mordaza’ y consensuar otra Ley de Seguridad Ciudadana: “No creemos que vaya a prohibir esta práctica a no ser que la sustituya por otra que lo deje todo prácticamente igual”. Los dos critican el anuncio de Interior de que se incrementará un treinta por ciento la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla dentro del plan para sustituir las concertinas por elementos que doten a la frontera de una mayor seguridad pero que no sean cruentos, en palabras del ministro: “Es hipócrita insistir en que desaparecen cuando unos metros más allá, en el lado de Marruecos, se ha levantado un muro de concertinas de tres metros -previo pago a Rabat por parte de la UE de ciento cuarenta millones de euros-, que en Melilla está ya construido desde 2016. Otra gran mentira”, dice José Palazón, que denuncia que lo más cruento para los inmigrantes que tratan de entrar en España por esa frontera sur es el ejército marroquí “que usa la violencia de una forma bestial”. Tanto él como Carlos Arce también denuncian que con una valla más alta cualquier caída puede tener consecuencias más brutales todavía. Porque saben que los inmigrantes van a seguir intentando saltarla a no ser que la posibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos, Embajadas o consulados sea real. Por el momento, dista mucho de serlo.

P. S. La fotografía que acompaña al post en las Redes Sociales es de Antonio Sempere.

“Cada día que se demora su tramitación es un día más que hay gente que sigue sufriendo”

“Porque ya va tarde: han pasado dos décadas largas desde que Ramón Sampedro pidió la eutanasia en los tribunales y le fue denegada (fue el primer español en hacerlo)”. Es lo que responde Danel Aser Lorente Tellaetxe cuando le preguntamos por la posibilidad de que España se convierta en este 2020 en el sexto país del mundo en tener una ley de muerte digna tras ser admitida a trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados la propuesta impulsada por el PSOE. Todos sabemos cómo acabó aquella historia y cómo acabaron muchas otras y él lo ha sufrido muy de cerca: es uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, que moría a los setenta y cinco años después de pasar los trece últimos enferma de alzhéimer; en su documento de voluntades anticipadas había dejado claro que no quería seguir viviendo cuando ya no tuviese autonomía, ni capacidad de amar, ni reconociese a los suyos, pero su voluntad no se respetó. Su familia empezó entonces una lucha para conseguir la despenalización de la eutanasia y que ella y muchas otras personas “pudiesen morir con dignidad, porque la vida es un derecho y no una obligación”, y la lucha continuó tras su muerte. A punto de cumplirse un año de ese fallecimiento sus familiares confían en que -como dice el dicho- a la tercera vaya la vencida, la norma se apruebe definitivamente y entre en vigor cuanto antes: en 2018 y 2019 ya se había aprobado su toma en consideración en las Cortes, pero las dos últimas convocatorias electorales impidieron que siguiese adelante. Dice que esta es la ocasión en la que más esperanzados están; aun así, confiesa que no las tienen todas con ellos.

Nadie va a acabar con la vida de nadie

El Congreso dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia de los socialistas por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, siendo los que se opusieron parlamentarios del PP, de VOX, de UPN y de Foro Asturias. Danel Aser Lorente Tellaetxe se muestra muy crítico con las intervenciones de dos de los diputados en ese debate: el popular José Ignacio Echániz, que llegó a hablar de ‘solución final’, y Lourdes Méndez, de la formación de ultraderecha, que sostuvo que se convertirá al Estado en una ‘máquina de matar’. Los tilda de “irresponsables e inhumanos” y los acusa de mentir, quejándose además de que “sus únicos argumentos están basados en las creencias y en la fe, en la religión católica, cuando -en teoría- vivimos en un Estado aconfesional”. Así nos lo ha contado.

Tanto el PP como VOX proponen una ley de cuidados paliativos, que los populares vetaron en varias ocasiones cuando la presentó el PSOE. Argumentan en el Partido Popular que ‘entre el dolor y la eutanasia están los cuidados paliativos’, pero el hijo de Maribel Tellaetxe afirma que son necesidades diferentes para momentos diferentes de la vida: considera que los cuidados paliativos son “absolutamente necesarios y deberían estar armonizados en todo el territorio español”, cuenta que su madre los recibió en sus últimos meses y que, de alguna manera, mitigaron su dolor físico; pero aclara que estos cuidados no le van a devolver a una persona enferma de alzhéimer sus recuerdos, su capacidad de amar y su autonomía, ni su movilidad a una persona tetrapléjica. “Yo tendré que poder decidir si quiero vivir toda la vida postrado en una cama o sin recuerdos o si no quiero hacerlo; está muy bien que haya quien decida que sí, pero también quien diga que no”. Recuerda que el instinto de supervivencia es innato en el ser humano y se pregunta cuándo desaparece, para añadir que “mucho tienes que estar sufriendo para decidir que ya no quieres seguir adelante con la vida”.

‘La Promesa’

‘La Promesa’ es el documental que el propio Danel Lorente Tellaetxe rodó para que la gente viese y entendiese cómo era un día en los últimos meses de la vida de su ama, desde que la levantaban hasta que ayudaban a meterla en la cama; la pieza más dura con la que se ha comprometido en sus dos décadas en el mundo del cine. Nos explica que la familia dio el paso de hacer públicos su mayor intimidad y su máximo dolor única y exclusivamente con un carácter reivindicativo, partiendo de la base de que una imagen vale más que mil palabras.

Ha sido seleccionado para participar en numerosos festivales y premiado en lugares que jamás hubiesen imaginado, como en Utah (EE.UU), donde fue elegido mejor documental extranjero en el Festival Internacional de Documentales, o en el de la ciudad china de Guangzhou, donde quedó tercero entre los más de tres mil setecientos presentados. Su conclusión es que “la historia de amatxu es la de millones de amatxus en todo el mundo y que las enfermedades, el respeto a las voluntades individuales y el cariño no entienden de fronteras, ni de clases sociales, ni de razas, tampoco de religiones; no entienden”. Eso sí, destaca que el premio que más están recibiendo es el del público, que es el que más le emociona “porque, al final, cuentas una historia para llegar a un público”; y han sido muchos los espectadores que le han demostrado personalmente que su historia les ha llegado, haciendo cola una vez finalizada la proyección para hablar con él, darle ánimos e incluso darle las gracias. Asegura que “eso es lo único gratificante que ha salido de este documental, saber que está ayudando a mucha más gente de la que esperábamos”. Un documental que, como siempre repite, “nunca se debió rodar en un Estado social y democrático de derecho; jamás se habría tenido que rodar si en España se respetasen los derechos humanos y las libertades individuales”.

P. S. La imagen que acompaña al post en las Redes Sociales corresponde a un fotograma del documental ‘La Promesa’.