“Nunca habíamos visto algo así”  

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Como consecuencia de la anterior crisis económica los cincuenta y cuatro bancos de alimentos que hay en España llegaron a atender a un millón setecientas mil personas en los peores años, más del doble de las que atendían hasta entonces, y temen que ahora la situación acabe siendo muy parecida o incluso peor. Desde 2015 estaban viendo cómo se reducía de forma paulatina el número de ciudadanos que requerían su ayuda, hasta los alrededor de un millón cien mil que la recibieron el año pasado, “y esperábamos que la tendencia se mantuviese a la baja pero el Covid-19 ha cambiado el panorama, ha saltado todo por los aires y todo apunta a que la emergencia sanitaria derivará en una profunda crisis económica y social que, de hecho, ya ha empezado”. Quien así habla es el director de Comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que se muestra pesimista y piensa que ese millón setecientas mil personas a las que llegaron a ayudar en la época más dura en sus casi tres décadas y media de existencia se va a quedar corto en esta ocasión. Y no lo dice por decir sino con datos en la mano: en apenas un par de meses la demanda de alimentos se ha disparado un 30%.

BANCOS ALIMENTOS COVID (2)

“Esta crisis tiene un componente que la hace distinta”

Nos cuenta Ángel Franco que desde que se decretó el estado de alarma está acudiendo a ellos mucha gente que nunca lo había hecho; incluso directamente: se acerca a los bancos de alimentos en busca de ayuda y desde allí la dirigen a las oenegés, comedores sociales, entidades y parroquias de distinto credo con las que colaboran, que son las que se ocupan del reparto. Explica que gran parte de esa gente había conseguido superar o estaba superando la crisis económica que estalló en 2008 desde la economía irregular, informal -que según la Organización Internacional del Trabajo emplea a algo más del 14% de la población activa en Europa Occidental-: hablamos de trabajo en el hogar, de cuidados o de otro tipo no declarado, de venta ambulante sin autorización… “Pero el confinamiento que todavía vivimos en España no solo ha prácticamente paralizado la economía sino también esa economía sumergida, dejando sin ingresos a quienes sobrevivían gracias a ella. Sin ingresos y sin ayudas públicas, a las que no tienen acceso. Y se trata de personas que, por lo general, carecen de un colchón lo suficientemente sólido como para poder aguantar así semanas, no digamos ya meses”. Recuerda además que como consecuencia de la anterior crisis fueron muchos los inmigrantes que volvieron a sus países de origen, algo que en esta ocasión tampoco es posible.

A estos miles de personas hay que sumarles las que se han quedado en paro o están en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibiendo una prestación que en muchos casos no les da ni para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. “Y aunque les dé o puedan tirar de ahorros durante un tiempo unas y otros acabarán agotándose, quizás en cuestión de unos meses. Eso significa que a no ser que recuperen y puedan mantener su empleo o que encuentren uno acabarán pidiendo ayuda”. Estamos viendo las negras perspectivas que pintan instituciones y organismos nacionales e internacionales para el mercado laboral en nuestro país por lo menos para este año y el próximo. Sin olvidar que incluso aunque vuelvan a trabajar pueden tener que recurrir a los bancos de alimentos: según los últimos datos del indicador europeo AROPE, que mide los niveles de pobreza y exclusión social, en España había en 2018 un 14% de trabajadores pobres. Hace dos años.

“Por el momento estamos en disposición de atender la demanda”

El nuevo coronavirus ha paralizado por un tiempo indeterminado las operaciones de recogida de alimentos en los supermercados, un importante golpe para FESBAL porque los miles de voluntarios que participan en ellas hacen que el resultado final se multiplique por cincuenta o más según su director de Comunicación, que destaca el salto cuantitativo experimentado con respecto a las primeras que se realizaron, sin que nadie animase entonces a la gente a colaborar. ¿Cuándo se podrán retomar y cuál será la respuesta? “Habrá que ver cómo va evolucionando la situación, a qué ritmo, y en qué medida la gente recupera capacidad económica para poder ayudar; porque lo primero para muchos está siendo tener que apretarse el cinturón”, dice Ángel Franco. Pero no solo las operaciones kilo se han visto afectadas, también los propios voluntarios, imprescindibles para el día a día de los bancos de alimentos -igual que para muchas de las entidades con las que colaboran-, que en su inmensa mayoría son personas mayores y, por lo tanto, población de riesgo: el 95% son jubilados.

 

Han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias y parece que lo han logrado: mucha gente joven y no tan joven -alguna ahora en paro- ha decidido aportar su grano de arena trabajando en los bancos de alimentos, mientras empresas y particulares han respondido con donaciones y lo han hecho “con nota”. Él mismo nos pone algunos ejemplos.

También han colaborado con la Federación Española de Bancos de Alimentos desde las principales cadenas de alimentación y compañías como CEPSA, AVIS o Redexis, hasta los empleados de Telefónica, pasando por actores, deportistas y cantantes como Hugo Silva, Carla Suárez o Mikel Izal, los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Comillas, con su campaña en Redes Sociales #JuntosEsPosible, o decenas de miembros de la comunidad de escalada con su iniciativa #YoPorteo. Ya hemos escuchado que -en vista de la respuesta- confían en no tener problemas para ir reponiendo los alimentos que en muchos casos ni siquiera les da tiempo a colocar en sus estanterías. Pero son pesimistas ante una “bola de nieve” que va creciendo cada vez más y que va cogiendo más velocidad a medida que baja por la pendiente de la montaña.

IMPRESCINDIBLES porque sin cuidados no hay vida

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¿Quién alimenta a quienes no pueden alimentarse solas? ¿Quién te mueve cuando no puedes moverte sola? ¿Quién cuida de tu espacio privado para que tú existas socialmente? ¿Quién deja de cuidar a su familia para cuidar a la tuya? En definitiva, ¿qué valor les damos a las personas que cuidan a quienes más queremos? Son algunas de las preguntas que nos hace la oenegé Movimiento por la Paz -MPDL- en la campaña que acaba de poner en marcha con el objetivo de “que reflexionemos sobre la situación del colectivo laboral más explotado hoy en día en España, para que cada vez seamos más las personas que unamos nuestras voces a las suyas en su denuncia”. Lo dice Juan Maza, coordinador del Área de Sensibilización, que nos ha explicado que se trata de reivindicar sus derechos laborales y también de reclamar la necesaria valorización de los cuidados que realizan como indispensables para la vida en un modelo de producción y convivencia que les gustaría que fuese diferente.

Valor vs Precio

Porque “el capitalismo les ha puesto un precio a esos cuidados, un precio muy bajo que son los salarios que cobran las mujeres que los realizan, pero no los ha valorizado”, que es lo que demanda el Movimiento por la Paz: darles valor a los cuidados en consonancia con la importancia que tienen en lugar de ponerles un precio siempre a la baja. La organización -que va camino de cumplir cuatro décadas trabajando por un mundo más justo e igualitario- defiende que se prioricen los cuidados, como también el modelo de crianza, en un nuevo sistema de convivencia: “socializarlos porque de ellos depende la vida”. Y ahí señala directamente a las Administraciones.

Pero no solo el Estado, la sociedad tampoco puede olvidarse de la importancia de los cuidados y de quienes los realizan, de que unos y otras son esenciales, vitales, indispensables. De ahí que desde la oenegé nos pidan que nos paremos a pensar qué lugar ocupan en nuestras vidas esos cuidados que van más allá del trabajo doméstico y qué ganamos, qué podemos muchas veces hacer, gracias a que otras personas se ocupan de ellos: mujeres en su mayor parte -el 96% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados lo son- “que dejan de satisfacer buena parte de sus necesidades y llegan a renunciar a sus derechos para que nosotros podamos trabajar, disfrutar del ocio y llevar la vida que queremos”, destaca Juan Maza. “Mujeres que se ven obligadas a aparcar o prácticamente olvidar parcelas de su vida que también para ellas son imprescindibles pero que tienen que dejar de lado para hacer eso mismo en nuestras casas”.

Innegociables

Sus derechos laborales deberían ser innegociables pero no lo son. Movimiento por la Paz lleva tiempo asesorando y prestando asistencia jurídica gratuita a un colectivo que sufre a diario una tremenda indefensión ante los empleadores incluso con las leyes en la mano. No hay más que recordar que son las únicas que no tienen derecho a prestación de desempleo -«algo de lo que se benefician las empresas empleadoras y el propio Estado»-, por no hablar de que más de doscientas mil ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social porque son migrantes en situación irregular. Estamos por lo tanto en muchos casos ante personas que se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, porque son migrantes y porque trabajan en un sector que no está regulado como debería. Y es algo que se está perpetuando.

El responsable del Área de Sensibilización de la oenegé asegura que ha llegado el momento de que todo el mundo sea consciente de lo que ocurre en este sector: para acabar con una forma de entender tanto el trabajo de cuidados como a las mujeres que se ocupan de ellos “que roza el incumplimiento de los Derechos Humanos”; para poner fin “a la idea extendida entre determinadas clases sociales de que contratándolas les estamos haciendo un favor, como si por el mero hecho de no tener los papeles en regla no tuviesen derechos”.

Por eso le reclaman al Estado que se encargue de gestionar y de regular los cuidados. Pero hay otro paso que consideran fundamental: llevar a cabo una regularización urgente de migrantes y solicitantes de asilo, porque eso permitiría avanzar a más de un tercio de las mujeres del colectivo al convertirlas a ojos de la ley en lo que ya son, ciudadanas iguales al resto. No entienden “cómo es posible que las autoridades estén dejando escapar tantas capacidades y habilidades; cómo es posible que estén frenando el desarrollo de un país al que tanto pueden aportar” las más de seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación irregular a pesar de llevar años trabajando y malviviendo en España, siendo explotadas las más de las veces. “Ellas nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. No podemos seguir dándoles la espalda”.

“Seguiremos luchando. No pueden dejarnos atrás”

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A.P. es de Colombia. Escapó de su país hace tres años por las amenazas de muerte que recibía; después de que asesinaran a su padre. Eligió España como destino buscando un futuro, un buen futuro, “pero a veces nos equivocamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que no todo es como lo pintan”. Es profesora: en su país daba clase de Geografía, Historia y Filosofía en Bachillerato; también cuenta con estudios de atención sociosanitaria, pero no tiene papeles. En noviembre pasado denegaron su petición de asilo, esa en la que tanto confiaba, y pese a llevar tres años residiendo y trabajando en Barcelona no consigue el contrato laboral por un año que le exige la legislación. Es más, desde que estalló la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se ha quedado sin el trabajo como empleada de hogar en varias casas que le permitía salir adelante: han prescindido de ella, “quién sabe hasta cuándo o incluso si volverán a contar conmigo”. Y como está en situación administrativa irregular, se queda fuera de las ayudas públicas: del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que el Gobierno espera activar en los próximos días y del ingreso mínimo vital para los más vulnerables que anuncia para este mismo mes.

Ni ella ni las más de doscientas mil compañeras que según las organizaciones que reivindican los derechos del colectivo se encuentran en su misma situación podrán acceder a estas y otras prestaciones. Prestaciones de las que quedan excluidas más de ochocientas mil personas si ampliamos el horizonte.

Los derechos no pueden limitarse en función del origen nacional

Por eso varias asociaciones y grupos de trabajadoras del hogar y los cuidados de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Madrid se han unido a la campaña que exige la regularización de todas las personas migrantes y han sumado fuerzas para denunciar la situación de “precariedad vital” a la que la Ley de Extranjería conduce a decenas de miles de compañeras, agravada todavía más por el Covid-19. Entre esas organizaciones está Sindihogar Sindillar, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados constituido en Barcelona hace más de ocho años, del que forman parte mujeres migradas de quince países como A.P.

Explica que no piden que les regalen nada pero sí que les permitan salir adelante. Que no les pongan tantas trabas para conseguir los papeles con los que poder acceder a un empleo en condiciones dignas: sin tener que trabajar más de cuarenta y ocho horas semanales cobrando menos del salario mínimo, sin días libres ni vacaciones, como hacen muchas internas esperando lograr al cabo de tres años esa oferta laboral que les abrirá la puerta a la regularización pero que nunca llega. Y nunca llega “porque los empleadores se aprovechan de la necesidad que tenemos de ese contrato y de nuestro miedo a denunciar lo que nos están haciendo pasar”.

Con la connivencia de las administraciones

Sindihogar Sindillar y las demás asociaciones que se han unido en defensa del colectivo firman un documento dirigido a Pedro Sánchez y a cinco de los ministros de su gabinete en el que denuncian que todos los gobiernos ‘están utilizando su trabajo sin derechos para atender necesidades de cuidado que de otro modo exigirían un enorme gasto social’. Aseguran que la existencia de ese mercado de empleo sumergido que se ampara en la Ley de Extranjería es conocida y concluyen que ‘mantener la irregularidad es una opción política’.

Les dicen que no pueden seguir mirando para otro lado, pidiéndoles que acaben con la ‘hipocresía’ que envuelve a la ley, y reclaman ‘regularización para todas ya; protección económica para todas las personas’. Exigen que las trabajadoras del hogar y de los cuidados sean consideradas esenciales también en la legislación, para tener derechos y poder ejercerlos; que su situación entre de una vez en la agenda política. Están cansadas de promesas incumplidas o que han quedado diluidas y quieren hechos.

No piensan rendirse. Van a seguir luchando: les sobra coraje y saben que unidas tienen más fuerza.

Para ayudar a aquellas que han perdido su fuente de ingresos en esta emergencia sanitaria y económica y a las que siguen trabajando en condiciones inseguras, reforzando al mismo tiempo las redes que las conectan, Sindihogar Sindillar ha puesto en marcha una Campaña de Resistencia para recaudar dinero: a quien aporte cinco euros o más le harán llegar una SindiRebel, una muñeca de tela confeccionada por las propias afiliadas; un pedacito de su cultura, de sus vivencias.

P.S. Además de Sindihogar Sindillar, el documento que dirigen al Gobierno lo firman la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada, ATH-ELE y SINA KOOP.ELK. TXIKIA, de Bilbao, Malen Etxea, de Zumaia, el Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, el Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compostela, la Asociación Emplead@s de Hogar y Cuidados de Navarra y SEDOAC, de Madrid.

“El nuevo coronavirus no puede ser excusa para retrasar la acción climática”

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Al contrario. Tiene que servir para que quien todavía no lo ha entendido -tanto Gobiernos como ciudadanía- se dé cuenta de que es imprescindible acelerar la lucha contra el cambio climático o ya no habrá vuelta atrás y crisis a escala mundial como la que estamos atravesando serán cada vez más comunes. Porque detrás de esta pandemia está en buena medida la destrucción de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad, como ponen de manifiesto informes elaborados por la comunidad científica. Así lo destacan asociaciones como Amigos de la Tierra. Y no es que no nos hubiesen avisado, porque son muchos los expertos -sobre todo a través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC)- que llevan décadas urgiendo a actuar para frenar el calentamiento global y evitar una realidad dramática e irreversible de la que el Covid-19 nos alerta que estamos cada vez más cerca. La emergencia climática está causando una pérdida de biodiversidad sin precedentes hasta el punto de que un millón de especies afrontan el peligro de desaparecer, según Naciones Unidas; y ahí están el aumento de las pandemias -la anterior fue la de gripe porcina en 2009-, la vuelta de enfermedades ya pasadas, la multiplicación de la pobreza y de la desigualdad: “Consecuencias derivadas de las ingentes emisiones de dióxido de carbono y de óxidos nitrosos, así como de la gran problemática mundial con los residuos, fruto de un sistema económico basado en el incremento continuo del consumo de recursos materiales planetarios considerándolos infinitos cuando no lo son, como demuestran la crisis energética y de materiales y la crisis ecosocial que todo ello conlleva”. Lo dice Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática y Energía de la oenegé que lleva tiempo reclamando que se cambie el modelo de producción y consumo, “el mismo que ha causado el Covid-19”.

Para reivindicar que se pongan en el centro el medio ambiente y las personas, la asociación ecologista -como parte de la Alianza por el Clima-, junto a Fridays For Future y 2020 Rebelión por el Clima, convoca a la ciudadanía a sumarse este 24 de abril a una nueva acción global por el clima: a partir de las 22h, con la proyección de sombras y sonidos desde los balcones; y llevando durante todo el día las demandas a las Redes Sociales. Tratando de concienciar en una situación excepcional.

“Poner el planeta y las personas en el centro”

Defienden que hay que avanzar hacia un sistema económico que ponga en el centro la satisfacción de las necesidades de las personas, de todas, para que puedan tener una vida digna y que eso debe hacerse en equilibrio con los ecosistemas y siendo conscientes de los límites planetarios: “La justicia social tiene que ir de la mano de la reducción de emisiones. Hacen falta políticas que apliquen el principio de que quien contamina, paga en lugar de socializar las pérdidas de las grandes corporaciones, que suelen ser las más contaminantes. Hacen falta medidas ambiciosas con objetivos vinculantes enfocadas a una transformación profunda de los sistemas agroalimentario y energético y de la gestión de suelos. Siempre garantizando la protección de las personas trabajadoras y de las comunidades”.

La responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra nos cuenta que la salida de esta emergencia sanitaria, que dará paso a otra económica, tiene que llevarse a cabo de forma justa y sostenible y les pide a los Gobiernos que reflexionen y aprendan de los errores del pasado: “No se pueden repetir los patrones de crisis como la de 2008, en la que las medidas fueron dirigidas a incentivar y proteger a las grandes corporaciones que la habían desatado, recortando los derechos de la población y precarizando todavía más sus vidas. Nadie puede quedar atrás; el planeta tampoco”. Nos explica que esta emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto lo dañina que puede ser una crisis cuando no se está preparado para afrontarla, cuando no se tienen planes de actuación y no se atienden las recomendaciones que nos marca la ciencia, dando lugar a la desprotección y al riesgo que estamos viviendo. Por eso pide a las autoridades que les sirva de aprendizaje para planificar acciones y medidas para transitar la crisis climática. Medidas señaladas por la comunidad científica como la reducción de las emisiones de CO2 del 23% actual al 55% para 2030 respecto a 1990, la descarbonización total de la economía para 2040, la transformación del modelo de movilidad o el replanteamiento de las políticas comerciales.

“Insignificantes. Un espejismo”

Lo hemos escuchado. Eso es lo que son las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de estas últimas semanas en el cómputo global, lo que suponen para la calidad del aire o del agua en términos de contaminación. Cristina Alonso quiere dejar claro que el reto es seguir reduciéndolas de una forma constante a lo largo de este y de los próximos años. Atendiendo a los datos de los expertos, se necesita una reducción media de emisiones del 7% anual, “lo que requiere esfuerzos y un compromiso permanente a nivel mundial”. Avisa de que no se debe caer en la tentación en la que han caído países como la República Checa, que apuesta por aparcar las leyes ambientales para poder superar la actual situación: dice que “este coronavirus no puede ser una excusa -la excusa- para frenar la lucha contra el cambio climático. No solo no podemos permitirnos dar pasos atrás sino que hay que acelerar el avance hacia ese nuevo sistema económico. Necesitamos políticas valientes que no sucumban al lobby de las grandes corporaciones más contaminantes”.

A pesar de lo visto en las últimas décadas, de la esquilmación de los recursos naturales, de la destrucción de la naturaleza y del auge del consumismo descontrolado, en Amigos de la Tierra no creen los humanos seamos el virus, el enemigo: “En todo caso, el virus es el modelo hegemónico de producción y consumo imperante en Occidente, impuesto a nivel mundial por la globalización y por procesos de neocolonización como los tratados de comercio”. Destacan que existe una gran diferencia entre las poblaciones del Norte y las del Sur del planeta, siendo estas últimas -junto con las comunidades más rurales del Norte- las que menos influyen en el cambio climático; sin embargo, son ellas las que reciben los peores impactos de la crisis climática.

Porque estamos en un momento decisivo, porque las medidas que se tomen ahora marcarán nuestro futuro y porque no podemos esperar más para que los políticos asuman la gravedad de la situación, la asociación ecologista llama a la ciudadanía a movilizarse esta noche: “Está en juego la vida del planeta tal como lo conocemos y, por ende, la de las personas que lo habitamos”. Como dice su responsable de Justicia Climática, este coronavirus ha demostrado que cuando se quiere se puede. Aún estamos a tiempo.

P. S. El informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU al que hace referencia Cristina Alonso en el audio se publicó en 2018, no en 2008 como dice por error.

“Tenemos miedo al coronavirus”

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Miles de inmigrantes, irregulares y también regulares, malviven en las principales zonas agrícolas de España en campamentos de chabolas levantadas con cuatro tablas y unos plásticos, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, expuestos a todo tipo de enfermedades y con el riesgo añadido de poder perder lo poco que tienen en uno de los incendios que se producen cada cierto tiempo. El último, esta misma semana en la localidad onubense de Palos de la Frontera: alrededor de setenta infraviviendas fueron pasto de las llamas; infraviviendas, sí, pero que servían de refugio a más de cien personas. El asentamiento fue desalojado y sus cerca de doscientos moradores han tenido que buscarse la vida. La Guardia Civil investiga si fue provocado.

No estamos contando nada nuevo: hace veinte años que esta dura realidad existe en esa provincia andaluza e incluso más en la de Almería. En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, se echaba las manos a la cabeza al visitar uno de los asentamientos de los temporeros de la fresa en Huelva, asegurando que viven en peores condiciones que las de los campos de refugiados. Y urgía a las Administraciones a actuar. Lo mismo que llevan reclamando desde hace años asociaciones como el Colectivo de Trabajadores Africanos, de Lepe: condiciones dignas para quienes -con o sin papeles- “son imprescindibles para recoger las cosechas de productos que acaban en buena parte de las mesas del país y que reportan grandes beneficios a los empresarios que se aprovechan de ellos, pagándoles las más de las veces por debajo del convenio y del SMI por jornadas maratonianas y semanas interminables”. Lo denuncia uno de sus miembros fundadores, Antonio Abad, que se queja de que las Administraciones -todas- han mirado siempre para otro lado, como siguen haciendo en plena emergencia sanitaria: critica que no hayan hecho nada para proporcionarles un alojamiento digno con el caldo de cultivo que las condiciones en las que malviven suponen para el coronavirus; y asegura que el Gobierno central se ha retratado con el real decreto ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, dejando más que claro quiénes le preocupan: “el empresario y los consumidores, no el inmigrante que lleva años partiéndose el pecho como temporero”. Ellos, los inmigrantes, están entre decepcionados e indignados: esperaban algo de humanidad. Nos lo ha contado Mohamed Lamine Camara.

#RegularizacionYa

Los inmigrantes esperaban más de las autoridades. También las organizaciones que luchan por sus derechos y parte de la ciudadanía. Por eso son ya novecientas las que reclaman al Gobierno una regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en España y la inmediata resolución favorable de las más de cien mil peticiones de asilo y refugio pendientes. Y se están haciendo oír en las Redes Sociales. Atendiendo a las cifras que manejan, en nuestro país hay cerca de seiscientas mil personas en situación irregular y ellas y ellos denuncian que no pueden seguir en este limbo vital y administrativo en el que los sumerge y al que los condena el racismo institucional. El Colectivo de Trabajadores Africanos es uno de los firmantes de esta demanda. Antonio Abad sabe bien de lo que habla porque lleva una década viéndolo a diario: «Una forma de esclavitud moderna, sin látigo, pero tratándolos prácticamente como esclavos». Y todo esto se mantiene exactamente igual en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Por el momento no se sabe de casos de Covid-19 en los asentamientos de temporeros. Ya hemos escuchado que tienen miedo y no es para menos.

Denuncia que se han sobrepasado todos los límites, que unos y otros se han aprovechado -con la connivencia de las distintas autoridades- de la situación de vulnerabilidad y de la desesperación de miles de seres humanos a los que se les ha dado y se les está dando un trato que debería avergonzarnos a todos, “algo impropio de un Estado que se considera de Derecho”. Reclama que se actúe de una vez pero no es muy optimista, más bien al contrario, “porque lo primero para resolver un problema es reconocer que existe” y duda de que las Administraciones acaben admitiendo que han tenido a cientos de miles de personas malviviendo durante años en condiciones que ni los animales: “Estoy seguro de que se les pone la cara colorada solo de pensarlo cuando se les tendría que poner roja de vergüenza por no haber hecho nada para cambiar esta penosa realidad”.

La charla con Antonio y Mohamed tuvo lugar el pasado lunes; un par de días después, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley con dos millones doscientos mil euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería cubran las necesidades de agua potable, limpieza y recogida de basura de los asentamientos de inmigrantes, además de la compra de alimentos y productos de higiene personal. ¿Un objetivo cumplido? Son bastante escépticos: se preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que se vea, si es que se llega a ver, alguna mejora sobre el terreno, teniendo en cuenta que el anuncio llega varias décadas tarde y que llevamos más de un mes en estado de alarma por la emergencia sanitaria. Por no hablar de que la Junta ha hecho los cálculos económicos partiendo de que en los asentamientos de esas dos provincias hay alrededor de cuatro mil cuatrocientos inmigrantes: el Colectivo de Trabajadores Africanos afirma que solo en los de la onubense, unos cincuenta, ya se supera esa cifra. Asentamientos que, por supuesto, no tendrían que existir.

P. S. Las fotografías que aparecen en el post son de asentamientos de Lepe y Palos de la Frontera y han sido sacadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos.

¿Es la muerte de las personas mayores un mal menor?

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¡Por supuesto que no! Ni puede ni debe verse así porque la vida vale exactamente lo mismo se tenga una edad u otra. El derecho a la vida, a un trato digno e igualitario y a la asistencia sanitaria no tienen fecha de caducidad, no hay una edad a partir de la cual dejan de reconocerse: se reconocen desde que se nace hasta que se muere, con independencia de los años. Así lo proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución española promulgada tres décadas después. ¿Por qué entonces se ha llegado a hablar en plena emergencia sanitaria de acudir a criterios como la edad del paciente a la hora de acceder a determinados recursos asistenciales en una situación de falta generalizada de los mismos? Porque la crisis que atravesamos ha puesto de manifiesto con toda su crudeza una percepción muy asentada y generalizada en la sociedad desde hace mucho –demasiado– tiempo: que los derechos y la vida de las personas mayores no valen lo mismo que los del resto, valen menos. Es lo que denuncia Grandes Amigos, que lleva más de dieciséis años trabajando por su bienestar, su dignidad y sus derechos.

“La falta de medios no puede ser la excusa”

Dicen en esta oenegé que escudarse en la falta de medios para afrontar la situación que ha generado el Covid-19 no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de una importante parte de la población. “Ha sido el detonante que ha sacado a relucir el verdadero problema, una realidad muy grave” de la que hablamos con su responsable de Comunicación, José Ángel Palacios: la discriminación por razón de edad, “que lleva mucho tiempo ahí”.

Asegura que se transluce en la visión asistencialista y paternalista con la que tratamos a los mayores, asumiendo que tenemos que ayudarles, guiarlos y decidir por ellos porque solos no pueden, en lugar de buscar su participación activa tanto en las decisiones que les afectan más directamente -como puede ser ingresarlos en una residencia- como en la vida de la comunidad y en la sociedad en general: “Hay que hacer una sociedad por y para los mayores contando con ellos, porque tienen mucho que aportar, empezando por su experiencia”. Y esa es otra, resulta que la experiencia en los tiempos que corren no vale nada: el valor de la persona, atendiendo a la visión mercantilista que manda hoy en día, lo marca su productividad; “eso quiere decir que cuando te jubilas pierdes todo tu valor, ya no cuentas”. Metiéndolos además a todos en el mismo saco: “a nueve millones de personas que no valen nada porque así se ha decidido, sin atender a las especificidades de cada una de ellas”. Y para que les quede claro que no son más que una carga, repetimos hasta la saciedad que las pensiones son un problema cada vez mayor, “obviando con toda la intención que lo que en realidad son es un derecho adquirido”. Sin olvidarnos de la discriminación pura y dura por razón de edad e imagen cuando renegamos de todos los signos naturales de la vejez: se imponen los productos antiarrugas, para tapar las canas, rejuvenecedores… “y eso actúa como una gota china que hace que acabemos rechazando, aunque sea inconscientemente, no solo la vejez sino a quien atraviesa esa etapa de la vida”. Personas a las que, además, tendemos a infantilizar por el mero hecho de que tengan cierto deterioro cognitivo o algo tan común como incontinencia urinaria, lo que no implica que debamos decidir por ellas, aislarlas o esconderlas… ¡Al contrario! “Son muchos factores, a veces invisibles de lo interiorizados que los tenemos, que hacen que infravaloremos a los mayores. Y eso no es nuevo”. Por eso desde Grandes Amigos llaman a cambiar radicalmente la visión que tenemos de los mayores.

Las carencias de las residencias, al desnudo

A la vista está que la emergencia sanitaria ha dejado al desnudo las carencias que tenían muchas residencias de mayores del país, que han quedado completamente desprotegidas. Y en la oenegé apuestan por darle una vuelta al actual modelo en cuanto pase todo esto. Para ellos existe un error de concepto al considerarlas centros sociosanitarios o sanitarios cuando lo que deberían ser son hogares en los que, llegado un determinado momento, algunas personas deciden continuar su proyecto de vida; con los cuidados necesarios pero sin confundirlas con hospitales: “Ese es el camino, un modelo de atención que ponga a la persona en el centro, y para conseguirlo hay que dotarlas de medios suficientes”. José Ángel Palacios nos dice que ya existen ejemplos de cómo deben ser, lo que hace falta es que se multipliquen “para lo que es fundamental contar con la voluntad de los poderes públicos y de la iniciativa privada y con recursos suficientes”. A la espera de que eso suceda, en un momento de homenajes como el actual, considera imprescindible que se haga un reconocimiento a los profesionales que trabajan en estas residencias, “que se están dejando la piel, exponiendo su salud, para atender a la población más vulnerable a esta enfermedad”.

A esa parte de la población que, “siendo la más amenazada por un eventual contagio, está siendo la más perjudicada; justo lo contrario de lo que tendría que suceder”. Por eso esta organización ha sido una de las que ha pedido un pronunciamiento del Defensor del Pueblo y la intervención de la Fiscalía General del Estado. Están convencidos de que si ha tenido que pasar un tiempo para que se tomara en serio la situación ha sido porque en un principio se pensó que la enfermedad solo afectaba a las personas mayores. Así de duro.

Asegura José Ángel Palacios que hay un poso muy asentado desde hace mucho tiempo que nos lleva a considerar la muerte de los mayores un mal menor. Una afirmación para reflexionar, más todavía teniendo en cuenta que si no cambiamos esa visión nosotros también la sufriremos cuando lleguemos a esa edad. “De ahí lo absurdo de la discriminación por razón de edad, que es también tirar piedras contra nuestro propio tejado”.

“Hay mayores muy preocupados, con miedo”

Desde Grandes Amigos lanzan otro aviso partiendo de lo que han constatado en las últimas semanas. Lo hacen tras destacar que, en general, las personas mayores llevan el confinamiento mucho mejor que el resto: explican que muchas sufrieron la guerra o la postguerra y tuvieron que sacarse las castañas del fuego para salir adelante y reconstruir el país, lo que las dotó de una gran fortaleza y les enseñó a relativizar; también es cierto que el aislamiento no es nuevo para algunas que, por problemas de salud o de movilidad, ya antes de este coronavirus prácticamente no salían de casa o directamente no salían. Alertan de que a una parte de ellas les está afectando el continuo bombardeo, veinticuatro horas del día, con mensajes negativos sobre su esperanza de vida: “Hay que pensar en el impacto emocional, afectivo y psicológico que esa sobredosis de información dramática está teniendo en este segmento de la población, la más vulnerable -insiste- porque nos estamos encontrando con mayores realmente preocupados”. Para tratar de contrarrestarlo, la oenegé ha reforzado el contacto telefónico que mantiene ahora con ellas con equipos de voluntarios que las llaman para tranquilizarlas y, sobre todo, para distraerlas hablando de otras cosas que no son el coronavirus. Y lo hace en colaboración con voluntarios del Colegio de Psicólogos de Madrid, que ayudan telefónicamente a quienes atraviesan situaciones anímicas más complejas.

Ya están analizando todas estas derivadas para amortiguar cuanto antes y en la medida de lo posible el golpe psicológico que supondrá para muchos mayores el levantamiento del confinamiento; pensando también en cómo ha podido afectar a su forma física, porque puede que su escasa movilidad se haya reducido a cero. Todo eso tendrán que trabajarlo. Lo que tienen claro es que, una vez se supere la emergencia sanitaria, mantendrán el nuevo proyecto de acompañamiento telefónico, que “ha llegado para quedarse como complemento a las visitas”. Lo mismo esperan que suceda con el renacer del apoyo vecinal y comunitario que ellos vienen impulsando desde hace años. El Covid-19 les ha traído una ola de solidaridad inmensa y están intentando canalizarla para que se mantenga en el tiempo.

¿Lo entiendes?

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En esta situación de excepcionalidad en la que vivimos parece que hay quien se ha dado cuenta de que muchas más personas de las que pensaba desempeñan un trabajo fundamental para la ciudadanía. Cierto es que algunos todavía no se han enterado, o quizás debería decir que no han querido enterarse. Si antes de esta emergencia sanitaria hubiésemos peguntado por profesionales esenciales, en muchas de las respuestas habrían aparecido el personal sanitario, los efectivos de los servicios de emergencias, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pocos más. Pero, mira tú por donde, resulta que hay que comer y eso convierte en esenciales a todos los trabajadores que conforman la cadena alimentaria: desde las ganaderas, los agricultores y los que recogen las cosechas o los pescadores, hasta los transportistas, pasando por reponedores, charcuteras, pescaderas, carniceros, panaderas, fruteras, cajeras…Mileuristas en muchos casos o ni siquiera -ya sabemos que se lleva mucho eso de contratar a media jornada para acabar estirándola hasta casi una completa por la mitad de sueldo- con los que parte de la población no ha tenido nunca ninguna consideración. Tampoco ahora con la que está cayendo.

Nos gustaría poder quedarnos en casa

  Hablemos de los supermercados. Se supone que cuando trabajas de cara al público tienes que ser amable y atenta con los clientes; poner buena cara, aunque no tengas un buen día. Pero ¿cómo poner buena cara cuando te faltan al respeto? ¿Cómo ser amable cuando pretenden que hagas más de lo que te corresponde echándote en cara a cada momento que para eso te pagan, aunque no sea así? ¿O es que te pagan para soportar desprecios e incluso insultos de los clientes? ¿Te pagan para tener que escuchar que les gustaría haberse encontrado contigo hace cincuenta años a ver si les sacabas o no la compra del carro y se la ponías en la cinta para pasársela por caja cuando ellos pueden hacerlo perfectamente? ¿Te pagan para aguantar quejas que no tienen nada que ver contigo porque al cliente sí se le puede notar que tiene un mal día? (A ti no, recuerda). ¿Te pagan para salir tarde o muy tarde cada día porque siempre los hay que llegan a cinco minutos del cierre? ¿De verdad la gente cree que todo eso va incluido en los mil euros o menos que cobras al mes trabajando seis días a la semana? Contando entre ellos muchos festivos porque – ¡claro! – no se puede cerrar dos días seguidos, ¿no ves que la gente tiene que comer? (Nochebuena, Fin de Año y la víspera del Día de Reyes merecerían un capítulo aparte).

  Pero todo lo que habías vivido hasta ahora se queda corto comparado con lo que has tenido y, en muchos casos, tienes que seguir soportando en esta emergencia sanitaria por el Covid-19. Porque se supone -no dejan de repetirlo expertos y autoridades- que lo fundamental es ¡¡¡¡¡¡QUEDARSE EN CASA!!!!! Y, si hay que salir, respetar ¡¡¡¡¡SIEMPRE!!!!! la distancia mínima de seguridad de un metro y medio. Eso es lo que se supone. Hace justo hoy tres semanas, cuando la posibilidad de que se decretase el estado de alarma empezó a tomar cuerpo, deberían haber saltado todas las alarmas teniendo en cuenta lo que vivimos en supermercados y tiendas de todo el país. Nuestras alarmas -las de cada una y cada uno de nosotros- tendrían que habernos advertido que así no íbamos bien: gente apelotonada como si estuviese esperando a que abriesen las puertas del recinto de uno de los grandes festivales del verano o las de los principales centros comerciales hace años minutos antes de empezar las rebajas; como si estuviesen a punto de dar la salida de un multitudinario maratón. Ni separación de metro y medio ni las más elementales medidas de protección, no digamos ya un mínimo de educación y respeto a trabajadores que en la inmensa mayoría de los casos teníamos únicamente unos guantes para hacer frente a las marabuntas. Habrá quien diga, ¡es que iban a declarar el estado de alarma! Sí, lo declararon, y lo cierto es que las cosas han cambiado, pero no todo lo que tendrían que haberlo hecho.

Seguimos ahí

  Resultó que, siendo servicios esenciales, ahí seguimos atendiendo a los clientes, también a los que pensaban que se acercaba el fin del mundo y no iban a tener qué comer ni con qué limpiarse (Viendo las aglomeraciones y los carros hasta los topes, digo yo que pensarían eso, ¿no?). Ofrecemos el mismo servicio que antes porque, aunque en algunos casos se ha reducido el horario, hay gente – ¡cómo no! – que espera hasta última hora para venir… ¡a cinco minutos del cierre! Y eso que ahora son muchos más los establecimientos con servicio de compra online o incluso por teléfono. Pero hay quien no quiere entenderlo. Hay quien, desoyendo lo decretado, ha decidido que no se trata de hacer la compra, no: ES LA EXCUSA PERFECTA PARA PODER SALIR DE CASA. Y es así como el súper se convirtió en ese parque temático al que poder ir toda la familia -TODA- a pasar la mañana o la tarde, porque ¡ya se sabe lo difícil que es tener a los niños tantos días encerrados! Ese parque en el que muchos abuelos podían pasear. Esos abuelos todavía vienen a pasear y ahora, en lugar de tantas familias, vemos más parejas que vienen a hacer que compran (porque llevar un par de productos no es hacer la compra) prácticamente a diario, incluso dos o tres veces al día; como si esto no fuera con ellas.

  En el suelo se han puesto marcas que delimitan la distancia de seguridad, sí, pero eso no quita que te pases el turno repitiendo hasta doscientas veces o más eso de ¡POR FAVOR, DETRÁS DE LA LINEA! O que incluso te veas obligada a cruzar un carro entre los clientes y tú para que no se te acerquen a centímetros. Se supone que hay que controlar la entrada de gente para que no haya mucha dentro… a no ser que tengas una encargada que ha decidido que, justo ahora, quiere que la elijan encargada del mes y se empeñe en dejar entrar a cuantos más mejor. Se toman medidas de protección pero, como hay quien ni siquiera con las cifras tan tremendas que está dejando esta crisis atiende a razones, el miedo sigue ahí: miedo a contagiarnos nosotras y nosotros pero, sobre todo, a contagiar a nuestras familias, a unos padres ya mayores que sí hacen lo que hay que hacer, quedarse en casa. A NOSOTROS NOS GUSTARÍA QUEDARNOS EN CASA PERO NO PODEMOS. ¿Lo entiendes?

  Solo un dato: la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) -que representa dos tercios de la superficie de venta de alimentación del país- asegura que en sus más de diecinueve mil establecimientos trabajan alrededor de doscientas sesenta mil personas.

Lo que hay detrás de una histórica condena a España

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Sandra estaba embarazada de casi cuarenta semanas cuando acudió al hospital, pero ni por un momento pensó que iba a dar a luz. Tenía claro que aún no había entrado en la fase de parto pero el personal médico de ese centro hospitalario público decidió inducírselo sometiéndola para ello a una serie de intervenciones para las que no le pidieron consentimiento: le administraron oxitocina para acelerarlo, le practicaron más de diez tactos vaginales, la mayoría injustificados, le realizaron una episiotomía y utilizaron la ventosa para sacar a la bebé, todo sin tenerla en cuenta y sin explicarle nada de lo que estaba sucediendo; ni siquiera cuando se llevaron a la niña, de la que tuvo que estar varios días separada por una infección que conoció a posteriori. Lo recuerda ‘como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje donde todo el mundo hace cosas de forma mecánica y la mujer no hace nada pero sale de allí con un bebé (…), cuando está física y psicológicamente preparada para parir, no para que la paran’. Asegura que se sintió desautorizada y sin autoestima. Era 2011. Presentó una reclamación por vía administrativa y acabó reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales que, uno detrás de otro, fueron tumbando su caso; lejos de tirar la toalla, lo llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que hace unos días, nueve años después de comenzar su periplo, dictaba una histórica condena a España: concluye que Sandra -nombre ficticio para salvaguardar su identidad- fue víctima de violencia obstétrica no de una negligencia médica, porque no se trata de un caso individual sino de una cuestión estructural; una cuestión que parte de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, su rol sexual pasivo y su papel en la sociedad, por lo que también es una forma de violencia de género. Y responsabiliza al Estado por no actuar de manera diligente para garantizar sus derechos y los de su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia.

Nos lo explican Paloma Torres López y Lucía Maravillas Martínez Losas, dos de las abogadas que han presentado el caso ante Naciones Unidas junto con Marina Morla González, Teresa Fernández Paredes y Francisca Fernández Guillén, directora jurídica del Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo llevó en sus diferentes etapas en España. “Juntas ideamos una estrategia que entonces parecía utópica pero que, al final, ha dado resultado”. Y tanto: no solo es la primera vez que un organismo internacional reconoce en una sentencia la violencia obstétrica como tal sino que, además, la reconoce como una forma de violencia de género.

“Un nuevo estándar de Derechos Humanos”

  Como Sandra, sus letradas destacan que “la mujer está preparada para el parto no para que la paran”. Recuerdan que el personal sanitario tiene el deber de contarle en todo momento lo que está pasando y de pedirle consentimiento. Pero denuncian que precisamente por esos estereotipos de género, tan pronto entra en el hospital pasa a ser un simple recipiente, su cuerpo y lo que ella decida da igual; es más, se considera que por estar en un determinado momento emocional no tiene capacidad decisoria. Y es por eso por lo que el equipo legal incluyó la violencia de género, porque no se trata de una negligencia de determinados profesionales sanitarios o del propio sistema sino de una discriminación por razón de género, porque solo puede afectar a las personas con útero: “A diferencia de otros pacientes, la mujer está ahí única y exclusivamente para parir y lo que importa es el bebé que lleva dentro; ni lo que ella quiera, ni su cuerpo, ni el impacto que pueden suponerle las actuaciones médicas que se lleven a cabo. Eso no importa”. Y este no es un caso aislado: con datos de 2016 del Observatorio de Violencia Obstétrica recogidos de casi dos mil testimonios, en dos tercios de los partos no se respetaron los planes presentados y en la mitad se actuó sin el consentimiento de la madre (inducción, episiotomía, Kristeller…). Más de un tercio de esas mujeres necesitó ayuda psicológica para superar las secuelas o los malos recuerdos de dar a luz.

  Paloma Torres nos cuenta que la resolución de Naciones Unidas va mucho más allá de Sandra y de las otras dos denunciantes que están pendientes de un pronunciamiento, que sus abogadas confían en que vaya en la misma dirección. Y es que este ha sido un litigio estratégico de Derechos Humanos: “Hemos puesto de manifiesto en el ámbito internacional una práctica habitual, sistemática y gracias a eso se ha sentado jurisprudencia que es vinculante no solo para España sino para todos los países que, como el nuestro, han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso significa que se ha generado un nuevo estándar de Derechos Humanos, un cambio que esperamos pueda tener efectos a largo plazo en distintos frentes”. Lo explica ella misma destacando que, por eso, todas -abogadas y denunciantes- están muy satisfechas.

Solo ha habido otra condena del CEDAW a España

  Paloma Torres y Lucía Martínez ponen el acento en el hecho de que España solo había sido condenada hasta ahora en una ocasión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en 2014, por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija de siete años fue asesinada por su expareja cuando la tenía con él a pesar de que ella había reclamado en múltiples ocasiones que le suspendieran el régimen de visitas por las amenazas recibidas. Incluso habiéndole dado Naciones Unidas la razón reconociendo la responsabilidad del Estado tuvo que volver a reclamar en los tribunales españoles para que este cumpliese, hasta que Supremo dictaminó que las recomendaciones del CEDAW son vinculantes y deben ser acatadas y aplicadas para que los derechos y libertades estipulados en los tratados internacionales firmados por nuestro país sean reales y concretos aquí.

  Tanto entonces como ahora se peleó duro para que la ONU fuese más allá de la indemnización a la víctima y le recomendase al Estado medidas de carácter general. Y se consiguió. El Comité conmina al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la realidad de la violencia obstétrica en España, de la que solo dan datos las asociaciones que llevan años trabajando para que se reconozca su existencia; también lo llama a “brindarles a los profesionales sanitarios y a los de la judicatura una capacitación adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva” para que dejen de aplicar estereotipos de género, porque la mujer no pierde ni su autonomía ni su capacidad decisoria porque vaya a dar a luz. “El CEDAW deja claro que en los casos de violencia obstétrica el personal sanitario no es el único que le causa daños físicos y psicológicos a la mujer abusando de la medicación y del intervencionismo médico, no pidiéndole consentimiento y no teniéndola en cuenta para nada: también lo hacen los jueces cuando niegan esa violencia resolución tras resolución, cuando determinan que los daños psicológicos alegados por la denunciante son una percepción suya, cuando afirman que está exagerando (hay sentencias que siguen hablando de histeria)… Esos son estereotipos de género que hacen que el daño psicológico sea todavía mayor porque pueden llevar a que la víctima acabe dudando de ella misma y piense si no será cierto que la culpa es suya”. Así lo señala Lucía Maravillas Martínez, aclarando que el hecho de que por fin le hayan dado la razón a Sandra -después de casi una década- no borra de golpe todo lo que ha sufrido, “eso no se lo quita nadie”. Para lo que sí tiene que servir -dice este equipo de abogadas independientes- es para que situaciones como la que vivió ella dejen de repetirse, por eso consideran determinante que se sepa que no son casos aislados.

  Es imprescindible que el Gobierno reconozca la violencia obstétrica como tal y como una forma de violencia de género para reorientar así las políticas públicas: para que respondan a las necesidades de las víctimas pero, sobre todo, para evitar que las mujeres sigan sufriéndola, que es de lo que al final se trata, de prevenir. Lucía Maravillas Martínez Losas y Paloma Torres López recuerdan que desde el Ejecutivo aseguran que trabajan para adaptar la legislación española a las convenciones internacionales que en su día se firmaron, que presentan una concepción mucho más amplia de lo que tiene que considerarse violencia de género; pero también se quejan de que no acaben de “atreverse” a confirmar que tipificarán la violencia obstétrica y que tendrá esa consideración, que es lo que les dice la ONU. Porque si no dan el paso nunca se podrá erradicar. Piensan que van a ser reacios a cumplir las recomendaciones, pero confían en que lo acabarán haciendo cuando se conozcan los dos dictámenes pendientes: “Deberían traducir esta resolución internacional en ley lo antes posible. Al final, tendrán que hacerlo”.

“Una cosa es que tu vida esté en stand-by, otra muy distinta es tenerla parada para siempre”

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Fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva (pérdidas de memoria, falta de concentración…), ansiedad, sensibilidad visual y/o auditiva… y un largo etcétera de síntomas que pueden ser invalidantes y que merman en gran medida la calidad de vida de quien la padece, hasta en un ochenta por ciento. Son síntomas que acompañan a la Sensibilidad Química Múltiple, que con frecuencia cursa con otras enfermedades que los agravan todavía más como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, y que puede derivar en otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Pone tu vida patas arriba, de repente, pudiendo obligar y obligando al confinamiento en casos severos. ¡¡¡Sí, a quedarse en casa, pero no durante unos días o unas semanas: PARA SIEMPRE!!! Se trata de una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a numerosas sustancias químicas en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general: presentes en el aire, en el agua, en los alimentos, en medicamentos, en productos de higiene personal o de limpieza, en colonias, en pinturas, en el asfalto… La lista es interminable. Contarlo es una cosa, pero ¿cómo es vivirlo? Lo sabe bien Vanessa Basurto.

  Solo si tratamos de identificarnos con ellas, de ponernos en su piel, podremos hacernos una idea de lo que supone vivir con Sensibilidad Química Múltiple y actuar en consecuencia: que la mascarilla -esas de las que muchos han hecho acopio estos días sin necesitarlas por puro egoísmo- te acompañe allí donde vas, cada día; que necesites esa mascarilla incluso cuando estás en casa porque tu vecina ha colgado ropa lavada en el balcón y ni siquiera es suficiente con cerrar las ventanas, o porque han fregado las escaleras del edificio en el que resides con lejía; tener que recluirte en una habitación esperando a que tu pareja o tus hijos, que han vuelto de trabajar, del colegio o de dar una vuelta, se laven a fondo para poder compartir con ellos el espacio de tu hogar, para poder abrazarlos; quedarte sin trabajo porque tus jefes o tus compañeros se niegan a llevar a cabo pequeños cambios para que puedas continuar en tu entorno laboral… Son solo algunos ejemplos de lo que sufren las personas con esta patología, a los que hay que sumar el tener que aislarte en casa durante un tiempo porque has sufrido otra crisis y, en los casos más graves, el NO PODER VOLVER A SALIR A LA CALLE.

  Con un poco de empatía podemos acabar descubriendo que hay productos que estamos utilizando que, en realidad, a nosotros tampoco nos sientan bien. Quienes tienen Sensibilidad Química Múltiple lo descubren a la fuerza. Por eso para ellas -la mayoría son mujeres- son muy importantes iniciativas que intentan sensibilizar a la sociedad como el cortometraje ‘Es el progreso, estúpida’, dirigido por Patricia de Luna y estrenado en Madrid hace un par de semanas, del que os hablé en mi anterior post. Vanessa Basurto estuvo en el estreno y se emocionó, hasta el punto de que no podía hablar: “Me afloraron muchos sentimientos por todo lo que he vivido desde que me diagnosticaron. Me sentí plenamente identificada y eso me encantó, porque significa que la gente que no tiene ni idea de esta enfermedad podrá ver un testimonio veraz de lo que es y lo que supone. Ayudará a hacerla visible, a hacernos visibles, y nos ayudará a reclamar nuestros derechos”.

  Muchas afectadas han tenido que esperar hasta una década para ponerle nombre a lo que les pasaba, siendo derivadas a Psiquiatría cuando tenían claro que lo suyo era un problema físico, como nos explicaba Vanessa. Por eso reclaman a las autoridades que formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento, que extiendan a todos los hospitales del país y a todos los niveles de la atención sanitaria el protocolo puesto en marcha hace un par de años en los de Comunidades como la madrileña para atender a estas pacientes cuando llegan a Urgencias: priorizarlas y mantenerlas en un espacio saludable para ellas mientras esperan. También les demandan que creen Unidades de Referencia, que financien la investigación necesaria para conseguir tratamientos adecuados y que la Seguridad Social asuma los que ya están dando buenos resultados, que los hay, como demuestra su propia experiencia: asegura que gracias a esos tratamientos y a la empatía de sus compañeros ha podido reincorporarse a la vida laboral. Les piden además que se reconozca la enfermedad como incapacitante, facilitando así el reconocimiento de la incapacidad laboral sin tener que pelearla en los tribunales. Y, sobre todo, consideran imprescindible que la Organización Mundial de la Salud reconozca oficialmente la Sensibilidad Química Múltiple como una enfermedad: a pesar de que puede afectar a entre el 4-5% de la población, no le dedica un epígrafe específico en su clasificación internacional, incluyéndola en el grupo de las alergias no específicas. Desde la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Eletrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple avanzan que redoblarán los esfuerzos para tratar de conseguirlo, uniéndose a otras asociaciones europeas para tener más fuerza y hacer más presión. En España, hace solo seis años que es reconocida como enfermedad, pero quienes la sufren hace mucho más tiempo que saben que están enfermas.

‘Es el progreso, estúpida’

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Progreso viene del latín progressus, que es la ‘acción de ir hacia adelante’. Así lo recoge la Real Academia Española, que añade otra acepción de esta palabra: ‘avance, adelanto, perfeccionamiento’. Perfeccionar es ‘mejorar’, luego tiene que ser bueno para todos… ¿o no? Esa es la reflexión que nos anima a hacer el cortometraje “Es el progreso, estúpida”, estrenado hace una semana en Madrid como inicio de un viaje que lo llevará por distintos puntos de España, también a festivales de cine. Un trabajo con el que se quiere dar visibilidad, concienciar a la sociedad -a todos-, sobre una dura enfermedad desconocida para muchos, la Sensibilidad Química Múltiple, buscando que empaticemos con quienes la padecen. Nos lo cuenta su directora, Patricia de Luna, que lo resume así: “Se trata de crear conciencia a nivel de vecindario: si una de tus vecinas (la enfermedad afecta sobre todo a mujeres) tiene un problema tan importante como este y tú intentas comprenderla, es probable que ella lo lleve mejor; y tú también puedes sentirte mejor”. Habla, además, de la gente que tiene miedo a aquellos que son diferentes y de la que, en lugar de cerrarse en banda, les tiende la mano.

La Sensibilidad Química Múltiple

Es una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a sustancias químicas presentes en el aire -como las emanaciones de los motores diésel y gasolina o el humo de las fábricas-, en el agua -aditivos-, en alimentos -edulcorantes, colorantes artificiales-, en medicamentos, productos de higiene personal, cosméticos, perfumes, pinturas…, casi siempre en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general. Una patología con síntomas de lo más variado -fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva…- que pueden ser invalidantes y reducir hasta en un ochenta por ciento la calidad de vida de quien la sufre, pudiendo obligar al confinamiento en casos severos, lo que implica un aislamiento del entorno social, laboral e incluso familiar. Con frecuencia cursa con enfermedades que pueden agravar esos síntomas como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia e incrementa el riesgo de desarrollar otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Los especialistas calculan que puede afectar a entorno al cuatro/cinco por ciento de la población. En España no fue oficialmente reconocida hasta 2014 y hace solo un par de años que existe un protocolo para que los hospitales sepan cómo tratar a los afectados. La Organización Mundial de la Salud todavía la incluye en el grupo de alergias no específicas.

Asociaciones de pacientes como la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad -que está detrás de “Es el progreso, estúpida”- luchan desde hace años para que sea reconocida a nivel mundial y, en el caso de España, para que las autoridades formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento -en muchas ocasiones se sigue derivando a las afectadas directamente a psiquiatría-, para que inviertan en investigación y para que aborden los problemas laborales a los que estas personas se enfrentan.

Una cuestión de empatía

El diagnóstico puede tardar hasta una década, viviendo durante todo ese tiempo lo que les sucede sin poder ponerle nombre y teniendo que lidiar con la incomprensión de muchas de las personas que las rodean. Esa es la tesitura en la que nos coloca el cortometraje: la de tener cerca a alguien que sufre esta patología y necesita de nuestra empatía, que pongamos de nuestra parte para echarle una mano en lugar de verla como un bicho raro. Cuenta en apenas catorce minutos un momento en la vida de una afectada que entra en crisis por la dolencia y deja su vida y su familia para irse al campo, donde tiene como vecinos a unos abuelos a los que intenta explicarles lo que le pasa, para que entiendan que cambiando pequeñas cosas pueden ayudarla y al mismo tiempo mejorar su propia vida. “Porque a veces no te encuentras bien físicamente sin saber el motivo y resulta que lo que hay detrás de ese malestar es algo que estás utilizando en tu vida cotidiana”. Lo dice Patricia de Luna, que destaca cómo uno de los personajes -la abuela- pone en tela de juicio la veracidad de la enfermedad de la protagonista: “Así funciona la sociedad, siempre hay quien no cree al otro, más todavía en este caso en el que estamos hablando del progreso, que tiene que ser bueno para todos. Pero es posible que en realidad no lo sea, que parte de ese progreso no te siente bien a ti tampoco. Y ahí están las personas con sensibilidades químicas múltiples, que son como centinelas de la vida que nos alertan de peligros para la salud derivados de cierto tipo de progreso que quizás no sea tan bueno”.

La directora y guionista tiene claro que eso debería llevarnos a replantearnos ciertas cosas: “A veces es tan fácil como dejar de usar determinados productos de limpieza o de higiene personal que pueden ser tóxicos. Al final es cuestión de empatía y si nos ayudamos un poco unos a otros puede irnos un poco mejor…a todos”. También a quienes no tenemos esta patología. Escuchad a Patricia de Luna.

‘Es el progreso, estúpida’

Querían un título transgresor que llamase la atención sobre una enfermedad que no llama la atención y echaron la vista atrás casi tres décadas para recuperar, adaptar y hacer suya una frase que dio la vuelta al mundo: ‘Es la economía, estúpido’. La acuñó uno de los asesores de Bill Clinton en la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 1992, fue el eslogan no oficial que los analistas consideran decisivo para su triunfo sobre George H. W. Bush que, impulsado por lo hecho en política exterior, era el favorito para volver a ganar las elecciones. Fue entonces cuando surgió la figura del estratega James Carville para señalar que la forma de contrarrestar esa ventaja era centrarse en temas que afectasen a la vida diaria de los ciudadanos, como la economía: ‘Es la economía, estúpido’.

De ahí el equipo del cortometraje pasó a ‘Es el progreso, estúpida’ para, tirando de ironía, intentar que la sociedad entienda -que todos entendamos- que en el progreso no vale todo, que tiene que haber límites éticos porque no a todo el mundo le sienta bien. Quizás tampoco a ti, que no padeces esta patología. Una cosa es contarlo, otra muy distinta sufrirlo cada día.

P. S. En el Facebook de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad https://m.facebook.com/ConfederacionNacionaldeFMySFC/?locale2=es_ES han abierto un grupo público en el que se facilitará toda la información sobre localidades y fechas para poder ver el cortometraje.

P. S. La directora del corto, Patricia de Luna, está ya metida en el guión de su próximo trabajo, ‘Las piedras de Luna’, un largometraje de ficción con algo de autobiográfico dedicado a su hija. También tiene en marcha un proyecto de cine itinerante, ‘La Barraca de cine’, para levar a las zonas más despobladas de España esas películas que no entran en los circuitos comerciales. Es además actriz, guionista y produtora. https://m.facebook.com/bocanegraproducciones/