“Queda una década para cumplir la meta de erradicar la mutilación genital femenina y 3 millones de niñas siguen sufriéndola cada año”

Hoy, 6 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas por lo menos 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, según las cifras facilitadas por la ONU, y que todavía se practica anualmente -según la Organización Mundial de la Salud- a alrededor de 3 millones de menores de 15 años en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio, en la mayoría de los cuales es endémica. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se cometa una clara violación de los derechos humanos como esta, que, además, contribuye a que se perpetúe una situación de inferioridad de la mujer? Se lo preguntamos a la coordinadora de Comunicación de Plan International, ONG que lleva décadas combatiéndola sobre el terreno, y lo primero que Julia López quiere que quede claro es que parte de tradiciones y creencias muy arraigadas en determinadas comunidades, por lo que la lucha para erradicarla “no es fácil y hay que pensarla a medio-largo plazo; por eso, mientras presionamos para que los Gobiernos aprueben leyes y tratamos de que cambie la idea preconcebida que tienen los miembros de esas comunidades, hay menores a las que se les siguen mutilando sus genitales por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas”.

Las leyes, necesarias pero insuficientes

En cinco de los países en los que se practica -Mali, Somalia, Chad, Liberia y Sudán-, la mutilación genital femenina no está criminalizada; sí está prohibida por ley en el resto, desde hace unos días también en Sierra Leona, donde en diciembre murió una niña de 10 años a la que se la habían practicado. El problema, explica Julia López, es que “es muy difícil que se cumplan esas normas si se mantiene la idea de que estamos ante una costumbre que hace a las niñas más puras, imprescindible en su preparación para el matrimonio y para el parto; del mismo modo, es complicado si no cambia la percepción de la comunidad sobre el papel de la mujer y el concepto que las propias mujeres tienen de sí mismas y de la necesidad de someterse a ella”. Hablamos de una práctica que supone importantes consecuencias físicas (provoca un intenso dolor que puede volverse crónico, graves hemorragias, quistes, infecciones y/o complicaciones durante la menstruación y en el propio parto, en el que puede provocar la muerte del bebé y de la madre) y consecuencias psicológicas de por vida, así como la pérdida del derecho de quien la sufre a gozar de una sexualidad plena y activa.

Dice la responsable de Comunicación de Plan International que las leyes contra la ablación de clítoris sientan precedente y suponen un refuerzo institucional a la labor de las organizaciones no gubernamentales para erradicarla: “Obviamente las autoridades tienen que explicitar que se oponen a ella y deben contar con herramientas para poder luchar para que deje de practicarse, y perseguirla y condenarla cuando se practica”; pero aclara que “lo verdaderamente esencial y efectivo” es la labor que se desarrolla a nivel comunitario: hay que implicar a todos los miembros de la comunidad para que sean conscientes de las graves consecuencias que conlleva para las niñas y para que entiendan que es una violación de su derecho a su integridad, a vivir libres de violencia, a su salud sexual y reproductiva; convencerlos de que no es cierto que si no están mutiladas sean impuras, vayan a volverse locas o no vayan a encontrar marido, porque la mutilación genital femenina “es, hablando claro, una forma de intentar controlar su sexualidad, asentada en una desigual relación de poder entre hombres y mujeres que fomenta la creencia de que quienes no están mutiladas serán incontrolables porque tendrán poder sobre sus derechos sexuales y reproductivos”. Solo cuando existe esa implicación de todos se pone freno a esta práctica, aseguran en la ONG, que ha conseguido que miles de comunidades se hayan declarado por consenso libres de ella: “un trabajo arduo que puede durar hasta dos años pero que tiene garantía de éxito”.

Las mujeres deben ser y son las abanderadas de esta lucha

En Plan International ponen el ejemplo de Mali, uno de los cinco países en los que la ablación de clítoris ni siquiera está prohibida y que tiene una de las tasas de prevalencia más altas (casi el 90% de las menores son mutiladas): cuentan que su presencia allí está dando sus frutos y que son numerosas las comunidades que ya se han declarado libres de esta práctica, “lo que demuestra que la labor de concienciación es fundamental; concienciación a través de un diálogo a todos los niveles”.

Lo primero -explican- es empezar por las propias niñas y adolescentes: “si tu madre, tu abuela, tus hermanas y amigas mayores han pasado por eso y te dicen que es un rito de iniciación a la vida adulta, a ti te parece de lo más normal; muchas veces ni siquiera sabes que puedes negarte y otras eres incapaz de enfrentarte sola a algo que está tan arraigado a tu alrededor”. Tan importante como trabajar con ellas es hacerlo con las mujeres, que en muchos casos son las que deciden que sus hijas pasen por lo que ellas han pasado antes, asumiendo que es lo que les toca por el mero hecho de ser mujer: “Cuando les haces ver que eso no es así y que no hay nada que las obligue, cuando se dan cuenta de que se trata de creencias infundadas o mal asentadas, son las primeras que las rechazan y las combaten”. Hablamos de una experiencia muy dura que no comparten con aquellos que tienen más cerca, mucho menos con los hombres, por lo que ellos no saben por todo lo que han pasado y por lo que todavía pasan sus esposas y sus hijas al sufrir la mutilación genital, “por eso es fundamental que se abran y lo cuenten, que se conviertan en abanderadas de la causa, porque así ellos también se sumarán”, señala Julia López.

“No se las puede enfrentar a ellas solas contra el mundo” -dice-, por eso, además de a los hombres, es necesario implicar a los niños y a los jóvenes, “a los que resulta fácil convencer porque no conciben que algo tan horrible pueda sucederle a alguien que conocen; a los profesores, a los líderes religiosos y comunitarios, y a las mujeres que la practican: “Ellas ejercen un importante rol dentro de la comunidad y, si conseguimos que se paren a pensar en el daño que han causado a tantos cientos de niñas y mujeres, también ellas acaban defendiendo que deje de practicarse la mutilación genital femenina”. Es además fundamental concienciar al personal médico, que es muchas veces el que detecta estos casos, bien en las exploraciones, bien gracias a la relación de confianza creada con la familia, “porque tampoco es algo tan obvio”. Se ha detectado una tendencia creciente a que la lleven a cabo profesionales sanitarios: desde Plan International aclaran que este es uno de los riesgos que se corre cuando únicamente se critica o se persigue porque se realiza en condiciones de insalubridad (en lugares no preparados para ello, con cuchillas oxidadas o reutilizadas para varias menores…), “por eso nuestro rechazo es total: no se trata de cómo, ni dónde, ni quién la practique, sino de que se practique”, sentencian.

También en Europa y en España hay niñas en peligro

Se practica en una treintena de países, la mayoría africanos, y aunque desde España puede parecernos que esta realidad nos queda muy lejos, la propia ONU advierte de que, con los movimientos migratorios, hace tiempo que se ha convertido en un problema global. Cálculos de distintas ONGs apuntan que en España habría 18.000 niñas en riesgo de ser víctimas de mutilación genital aquí o, sobre todo, fuera de nuestras fronteras, aprovechando algún viaje a sus países de origen. El Código Penal recoge la ablación como un delito de lesiones desde 2003, y desde 2015 existe un Protocolo Común de Actuación Sanitaria para detectarla, tratarla y, especialmente, prevenirla. Para Plan International “es muy importante” que los profesionales de la salud, así como el personal docente y todo aquel que esté en contacto con estas niñas y adolescentes, “permanezca alerta para actuar ante cualquier indicio”; valora que las autoridades la hayan considerado un problema que también hay que combatir desde España, “que estén concienciadas e implementen mecanismos de respuesta para proteger a las potenciales víctimas”, y les pide a las Administraciones estatal, autonómicas y locales que no dejen de perseguirla.

Julia López quiere pensar que, en un momento como el actual, en el que se avanza en la sensibilización sobre los derechos de las mujeres, la mutilación genital femenina se ve como lo que es, una clara violación de los derechos humanos; pero reconoce que está extendida esa idea de que no va con nosotros porque pensamos que ocurre a miles de kilómetros y no nos afecta, “cuando realmente no es así porque, hoy en día, este tipo de problemas son globales”. Aplaude los avances que se han producido, pero dice que queda mucho por hacer y poco tiempo para conseguir que se cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en 2015, el número 5, que incluye la erradicación de la mutilación genital femenina para 2030: “Nos quedan 11 años para que no acabe convertido en papel mojado, y para evitarlo es imprescindible que se active la financiación necesaria y que se pongan en marcha medidas definitivas. Ahí está el reto”. La sociedad está implicada, los Gobiernos también deben estarlo.

P.S. La fotografía que ilustra este post corresponde a uno de los proyectos de Plan International en Etiopía. En primer plano aparece Alminesh, de 16 años, presidenta del Club de Chicas contra la Mutilación Genital Femenina –del que forman parte más de 50 jóvenes-, que explica que trabajan con colegios y comunidades religiosas de distintas zonas “para aumentar la concienciación sobre las prácticas dañinas”, y que dice que esperan “acabar con estas tradiciones peligrosas en su comunidad a través de la educación”.

P.S. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege -junto a la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad- fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su lucha contra la violencia sexual. Desde hace dos décadas, en el hospital Panzi, que él mismo fundó en Bukavu, ha tratado a decenas de miles de mujeres violadas por miembros de grupos armados y sometidas a la ablación de clítoris. El propio Mukwege cuenta que decidió especializarse en Obstetricia y Ginecología conmocionado por la mutilación genital de la que eran víctimas las mujeres de su país. Sus primeras palabras al conocer la noticia fueron para decir que aceptaba el galardón por todas esas mujeres y añadir que “esto demuestra que vosotras ya habéis sido reconocidas”.

¿Habrá menos víctimas en el asfalto con los nuevos límites de velocidad?

Tres de cada cuatro muertes en accidente de tráfico en España durante el pasado 2018 se registraron en carreteras convencionales, 877 de un total de 1.180, con datos todavía provisionales del Ministerio de Interior. El 40% se produjeron en salidas de vía y otro 27% en choques frontales, siniestros en los que, según las autoridades, el exceso de velocidad fue determinante. Desde este martes, 29 de enero de 2019, el límite máximo de velocidad se ha reducido en este tipo de vías sin separación física de los dos sentidos de circulación: 90 km/h para los turismos, las motocicletas y los autocares con cinturones de seguridad y 80 km/h para los que carecen de ellos, las furgonetas y los camiones. El Gobierno explica que el principal objetivo de este cambio del artículo 48 del Reglamento General de Circulación es reducir la siniestralidad y situar la tasa de fallecidos por debajo de 37 por millón de habitantes (hace un par de años estaba en 39). También dice que se trata de reducir la diferencia de velocidad entre los vehículos de transporte de viajeros y mercancías y los turismos, esgrimiendo estudios que constatan que los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía -como los camiones con respecto a los coches y las motos- son más susceptibles de provocar un accidente, con una probabilidad hasta 6 veces mayor. Pretende, además, minimizar las consecuencias negativas de un siniestro: destaca que a menos velocidad menor es el impacto y que a más velocidad menor es el campo de visión y mayor la distancia necesaria para que el vehículo se detenga. Finalmente, busca converger con la mayoría de los países de la UE, recordando que Suecia y Holanda -a los que cita como referentes en seguridad vial- incluso tienen límites genéricos inferiores (70 km/h y 80 km/h). Estos son sus argumentos, pero ¿convencen? Sí -en general- a las asociaciones de víctimas, pero no a las de conductores.

  Stop Accidentes aplaude una medida “que no es popular pero que veníamos reclamando desde hace tiempo”, en palabras de su presidenta, Ana Novella, que perdió un hijo atropellado por un vehículo que invadió la acera debido al exceso de velocidad con el que circulaba. “Nuestra valoración es positiva porque es algo que viene de lejos -ya intentó ponerse en práctica 8 años atrás- y por fin se lleva a cabo, con la finalidad de que disminuya la siniestralidad y se salven vidas, no para fastidiar a nadie”. Dice que “está constatado que la velocidad mata” y que esa reducción de 10 kilómetros por hora “te da un mayor ángulo de visión” y “reduce la distancia de frenada”, una combinación que “ayudará a rebajar la cifra de siniestros y el número de víctimas”. La valoración es distinta para Automovilistas Europeos Asociados, cuyo presidente, Mario Arnaldo, aclara que “no estamos de acuerdo con la reducción de los límites genéricos de velocidad en lugar de analizar cada tramo de la red viaria”. Consideran que “se está desviando la atención de las verdaderas causas de los accidentes con muertos en las carreteras convencionales, fomentando la perezosa actuación de la Administración a la hora de investigarlas e intentar atajarlas”. Partiendo de que en este tipo de vías se producen casi 4 de cada 5 siniestros graves, acusan a la Dirección General de Tráfico de crear “un sofisma” y aseguran que no es cierto que la causa principal sea el exceso de velocidad: “Hay estudios científicos financiados por la propia DGT que demuestran solo lo es en un 2% de los casos, y lo que se está haciendo es confundir intencionadamente ‘velocidad excesiva’ con ‘velocidad inadecuada a las circunstancias’, que sería, por ejemplo, circular a 90 km/h con placas de hielo, con lluvia intensa o de noche por una carretera sin pintar”. También es para ellos “falaz” la aseveración de que “a menos velocidad hay menos muertos”: “Los datos de Fomento indican que la velocidad media a la que se circuló por estas vías en 2015 fue de 78,7 km/h y fallecieron 216 personas; al año siguiente, circulando a una media de 75,8 km/h se registró una veintena más de fallecidos”. En la Asociación se hacen la siguiente pregunta: si rebajar los límites genéricos de velocidad va a reducir el número de víctimas, ¿por qué los titulares de estas carreteras no lo han hecho antes? Recuerdan además que “ninguno de los países europeos con ese límite en 90 km/h presenta una tasa de muertos por millón de habitantes más baja que la de España”.

La conservación de la red viaria, clave

  En el acto de retirada de una de las últimas señales de ‘Prohibido ir a más de 100 km/h’, el director general de la DGT, Pere Navarro, animaba a los responsables de estas vías (Ministerio, Diputaciones, Gobiernos autonómicos o Ayuntamientos) a llevar a cabo mejoras y otras actuaciones en su diseño; y el director general de Carreteras, Javier Herrero, afirmaba que ya se están realizando. “No las suficientes”, afirman en Automovilistas Europeos Asociados, convencidos de que la alta siniestralidad en las carreteras convencionales tiene más que ver con el deterioro de su estado de conservación que con la velocidad: “Aquí no valen iniciativas que se lanzan con fuegos de artificio cuando lo que habría que hacer es analizar cada uno de los tramos de la red viaria para determinar en qué medida se debe a la falta de la inversión necesaria durante años”.

  Stop Accidentes coincide en que invertir en conservación es fundamental. Su presidenta recuerda que llevan “mucho tiempo” pidiendo que se solucionen las deficiencias en aquellas vías que no están en buen estado y se queja de que el problema es que las carreteras convencionales dependen de demasiadas Administraciones: “Vas circulando por un tramo que está perfecto y, en escasos kilómetros, te encuentras en otro que está hecho un desastre”, critica Ana Novella que, además de la reducción de los límites de velocidad, reclama que se articulen fórmulas para que cuando se invierta en arreglar una carretera “se arregle toda y no por tramos, en función de quién sea el titular”. En la Organización esperan que esta situación se corrija, como confían también en que “se haga realidad cuanto antes” la reforma del Código Penal que incluye el endurecimiento de las penas por imprudencias al volante o la creación de un nuevo delito por abandono del lugar del siniestro (se está tramitando en el Senado antes de remitirlo de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva). También esperan que se cumpla la previsión del Gobierno y que, a partir del verano, sea obligatorio asistir a clase un determinado número de horas para poder sacar el carnet de conducir, “porque no se aprende lo mismo repitiendo tests de forma sistemática que con las explicaciones que se dan en las autoescuelas”. Esta es una de las medidas incluidas en el borrador del Reglamento de Circulación en el que trabajan la DGT y el Ministerio de Interior, que además recoge un aumento de las multas por exceso de velocidad y cambios en el carnet por puntos, penalizando más el uso del móvil o el llevar niños sin el correspondiente sistema de retención infantil.

  Otra clave para Stop Accidentes es que la educación vial sea una asignatura obligatoria en los centros de enseñanza y que esté presente de forma transversal a lo largo de la vida educativa de los alumnos desde su escolarización, “para inculcarles valores de respeto y civismo, y para que conozcan las consecuencias de no seguir las normas”. Coincide Mario Arnaldo en la importancia de incluir la educación vial en el currículo desde la infancia, defendiendo que la apuesta por la investigación de las causas de los accidentes permitiría llegar a esa conclusión. Para él lo determinante es “investigar, planificar y contar con el presupuesto necesario para implementar medidas que frenen la siniestralidad en el asfalto”.

¿Afán recaudatorio?

  Desde la Dirección General de Tráfico dicen que ahora “lo difícil será hacer que se cumplan los nuevos límites genéricos de velocidad, por lo que van a ser necesarios más radares y más guardias civiles controlando”, en palabras de su máximo responsable. ¿Quiere esto decir que con esta iniciativa se pretende aumentar la recaudación? En Automovilistas Europeos Asociados aclaran que ellos no valoran intenciones, pero añaden que, “no sabiendo si lo que buscan es recaudar más, ese es el resultado que van a obtener”. Aseguran que el límite de 100 km/h está “muy arraigado en los conductores” y explican que, “si se pretende que los hábitos cambien de la mañana a la noche lo que va a pasar es que se van a disparar las multas”; hacen la siguiente reflexión: “Cuando el destinatario de los nuevos límites no percibe que las razones que se dan para imponerlos son creíbles no los va a respetar, por tanto, lo que se consigue no es más seguridad vial sino más recaudación”. Para Ana Novella, hablar de afán recaudatorio “es lo fácil, porque si atiendes a las normas y a los límites no te van a multar; respétalos y el Estado no recaudará, máxime cuando se publicita dónde están los radares; así de sencillo”. Stop Accidentes considera imprescindible que haya más agentes de la Guardia Civil de Tráfico patrullando las carreteras “porque eso hace que los conductores levanten el pie del acelerador, dejen el móvil, o se pongan el cinturón; es triste pero es así” -dice-, porque esas actitudes al volante siguen repitiéndose “y hay que vigilar, no ya por tu vida sino por la de los demás”.

  ¿Estamos suficientemente sensibilizados con una lacra que deja cada año un reguero de más de mil muertos y varios miles de heridos graves? Dice Mario Arnaldo que la Administración es la principal responsable de que se avance en esa sensibilización, “porque es desde ahí desde donde se debe liderar la lucha”. Ana Novella considera que todavía está muy extendida la idea de que “Eso nunca me va a pasar a mí”, lo que hace que no seamos conscientes de los riesgos que implica ponerse al volante sin pensar y sin respetar las normas: “Nueve de cada diez siniestros se producen como resultado de una mala conducción, y detrás de eso no está el vehículo sino la persona que lo lleva”. Reflexiones, todas ellas, a tener muy en cuenta.

P.S. El Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre. Puede consultarse en http://www.boe.es/eli/es/rd/2018/12/28/1514

“Parece que el Estado estuviese esperando a que nos rindamos o a que vayamos muriendo, y estamos hartos”

 ¿En cuánto valoras cada una de tus extremidades? ¿Por cuánto te las dejarías amputar? ¿Qué compensación debería recibir una persona que nació sin brazos ni piernas por culpa de un medicamento? Preguntas cuya respuesta es obvia para cualquiera de nosotros, y también para los afectados por la Talidomida, que tienen que vivir sin una mano, sin un brazo, sin las piernas, e incluso sin brazos y sin piernas: la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) habla de hasta 50.000 personas nacidas en todo el mundo con ese tipo de malformaciones, de las que seguirían vivas unas 5.000; en nuestro país se calculan hasta 3.000 y vivirían cerca de 300. La semana pasada AVITE interpuso una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad en la que solicitan indemnizaciones por importe de 390 millones de euros para sus 276 socios, una cantidad que resulta de multiplicar los 12.000 euros por punto porcentual de discapacidad que les reconoce la Ley 6/2018 -a raíz de una enmienda que sumó 255 votos en el Congreso- por el grado de discapacidad y por el número de afectados. Es el paso previo exigido por ley para demandar al Estado y lo dan “porque estamos cansados e indignados tras más de 14 años de lucha por algo que comenzó hace más de seis décadas, y porque llevamos desde noviembre de 2016 esperando a que se cumpla la proposición no de ley, aprobada entonces por unanimidad, según la cual deberíamos haber empezado a cobrar en 2018”. Habla Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE, que tiene un 82% de discapacidad, que vive con un continuo e intenso dolor y a quien le cuesta “un trabajo enorme” atarse cada día los zapatos, ducharse, vestirse y realizar otras muchas actividades de la vida cotidiana.

  Lo primero que quiere dejar claro -insiste en varias ocasiones a lo largo de la conversación- es que nunca fue intención de la Asociación demandar al Estado “porque aunque éramos conscientes de su responsabilidad, creíamos que, teniendo en cuenta que el problema lo había generado una farmacéutica alemana, contaríamos con su apoyo total, y nos hemos ido dando cuenta de que no es así”.

“La inacción de las autoridades es vergonzosa”

  Rafael y AVITE denuncian inacción por parte del actual Gobierno y del anterior. Destacan que esa proposición no de ley de hace un par de años instaba a activar un nuevo procedimiento para el reconocimiento de afectados -el único puesto en marcha hasta entonces en el país, en 2010, solo permitió reconocer como tal a 24 personas-, algo que no se llevó a cabo hasta noviembre de 2017; recuerdan que el primero que se sometió a las pruebas lo hizo 3 meses después y se quejan de que, a 23 de enero de 2019, “ni un solo afectado haya sido reconocido oficialmente”. Consecuentemente tampoco han recibido ninguna cuantía económica; en este capítulo  arremeten contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por pasar de hablar de indemnizaciones (como recoge la proposición no de ley) a hacerlo de ayudas (como figura en la Ley 6/2018), con lo que eso implica a la hora de tributar: entienden que supone un agravio comparativo que las cantidades que acaben dándoles no vayan a gozar de las exenciones fiscales de las que sí se benefician, por ejemplo, los infectados por VIH o por el Virus de la Hepatitis C, o las víctimas de negligencias médicas; dicen además que el Gobierno actual no está dispuesto a dar marcha atrás.

  Lamentan especialmente que la Administración no haya recabado de Grünenthal la colaboración económica necesaria para reparar el daño y posibilitar el incremento proporcional de las cantidades que se les reconozcan, como le insta a hacer esa Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018: les parece “vergonzoso que no haya hecho nada en este sentido sabiendo que la farmacéutica fue condenada en su día, aunque después se revocara la sentencia por prescripción del caso” y todavía más teniendo en cuenta que la facturación de la compañía en este país “corresponde en gran parte a la sanidad pública, lo que obviamente le da al Estado mucha fuerza para negociar”.

  Aseguran en la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España que son las “peor tratadas del mundo, porque ni el laboratorio ni el Estado han cumplido con ellas” y reiteran que no pretenden hacer daño a nadie “sino conseguir lo que se ha determinado atendiendo a los baremos establecidos”. Están convencidos de que ganarán la demanda, pero lamentan que en este caso no pague con su patrimonio quien tiene o ha tenido alguna responsabilidad en el daño que han sufrido y sufren sino los ciudadanos. Aclara rotundo que “no se trata de ganar dinero sino de que se nos dé de una vez aquello a lo que tenemos derecho” y añade que “la gente tiene que aprender que el ser humano vale muchísimo y que el que atenta contra él tiene que responder en consecuencia”.

“¿Cómo es posible que todavía no hayamos recibido nada?”

  Relata el vicepresidente de AVITE que “lo que más hemos escuchado de la Administración últimamente es que lo están mirando, que están trabajando, o que no depende de ellos. Pasa el tiempo y nosotros seguimos esperando”. No entiende cómo es posible que a estas alturas no haya ni un solo diagnóstico cuando son 550 personas (entre socios y no socios de la Asociación) las que han solicitado someterse al reconocimiento para determinar si son víctimas de la talidomida en un país con la infraestructura médico-sanitaria que tiene este: lo achaca a la dejadez, la desidia, el desinterés, la despreocupación o, quizás, a que mientras los tengan “en la recámara” no tienen que pagarles nada. ¿A qué se debe la tardanza? ¿Por qué Gobiernos de PSOE y PP con mayoría absoluta no han cumplido con ellos y por qué el actual Ejecutivo socialista en minoría tampoco parece tener prisa por hacerlo? A Rafael Basterrechea solo se le ocurre una teoría: “el poder de los grupos farmacéuticos sobre determinados partidos políticos”. Recuerda que, cuando empezaron los reconocimientos, desde Grünenthal advirtieron que no tenían la más mínima intención de asumir ninguna responsabilidad “se determinase lo que se determinase”, argumentando que era el Estado el que debía demostrar que fue su medicamento el que provocó graves malformaciones a miles de personas.

  En noviembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenaba a la compañía a pagar a los 24 afectados reconocidos entonces por la Administración 20.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad en virtud del Real Decreto aprobado en 2010: consideraba probado que hubo una actuación negligente por su parte por no tomar las medidas necesarias para comprobar la seguridad del medicamento. La empresa recurrió, y la sentencia era anulada un año después por la Audiencia Provincial de Madrid argumentando que el caso había prescrito incluso en la hipótesis más favorable a los afectados. El Tribunal Supremo ratificaba esa decisión en 2015 y lo hacía en contra del criterio de la Fiscalía, que entendía que el plazo para la prescripción debía empezar a contar en 2012, cuando la farmacéutica reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas aunque no indemnizó por las consecuencias de su actuación, algo que al Ministerio Público le parecía “un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”. El Tribunal Constitucional ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo de las víctimas y tampoco lo hizo en 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significó el final de la batalla judicial contra Grünenthal.

  En AVITE destacan que la Organización Médica Colegiada y el Colegio General de la Abogacía se manifestaron en su día en contra de la declaración de prescripción y hacen el siguiente razonamiento: “Si incluso a enero de 2019 la inmensa mayoría de socios no están oficialmente reconocidos como víctimas de la talidomida, ¿cómo es posible que hayan perdido su derecho a demandar a la compañía cuando el paso previo para cualquier reclamación es la constatación médica? Esa certeza es la que buscan ahora con el reconocimiento al que se han sometido los afectados, algunos como Rafael por segunda vez siendo ya positivo el resultado de los primeros exámenes que les hicieron hace ocho años: “los 24 reconocidos entonces hemos vuelto a pasar por las pruebas para demostrar que nosotros no tenemos miedo a la ciencia”; y pone el acento en que perdieron la batalla judicial porque se declaró que el tema había prescrito no porque un tribunal dijese que la empresa no cometió un delito que, según el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid sí cometió.

“El discurso de Grünenthal no se sostiene y ahora tenemos pruebas”

  El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida piensa que Grünenthal sabía desde el primer momento que el proceso judicial iba a quedar en nada; explica que, aunque su intención fue siempre la de buscar una solución por la vía del diálogo, solo mantuvieron un par de reuniones, una de ellas para “insultarnos ofreciéndonos 120.000 euros anuales para las 24 personas que en aquel momento estábamos reconocidas como afectados”.

  La farmacéutica ha mantenido siempre que solo vendió talidomida en España entre noviembre de 1960 y el mismo mes de 1961 pero estaba dispuesta a ofrecer una compensación, “pírrica” pero compensación, incluso a quien había nacido en 1965 como es el caso del propio Rafael ¿Cómo se entiende esto?, pregunta él. Entre sus argumentos también ha estado desde el principio el de que hubo otras compañías que comercializaron medicamentos con talidomida en nuestro país, siendo ella la última en desembarcar. En AVITE no niegan que varias empresas vendiesen aquí talidomida pero ven difícil de entender que Grünenthal no demandase a las demás, teniendo en cuenta que ellos sostienen que pueden probar que la única patente en España es la de la farmacéutica germana y data de 1956: “¿No será que, como pensamos nosotros, tal vez fuesen distribuidoras suyas?”, se pregunta Rafael Basterrechea, que también hace hincapié en la responsabilidad que pudiera tener la Agencia Española del Medicamento al decir no sabe nada “cuando tiene que tener la documentación y no nos la facilita deliberadamente”.

  Explican en la Asociación que tienen documentos que demostrarían que las demás empresas inscribieron en el Registro de la Propiedad medicamentos con talidomida antes de que lo hiciera la que lo patentó (“extraño, ¿no?”) y otros que probarían “que hubo negligencia en su retirada en España, ordenada en 1962, puesto que las autoridades les encargaron a las propias compañías que se hiciesen ellas con el excedente de las boticas y además renovaron hasta siete años después la licencia de un fármaco que solo tenía talidomida en su composición” (la talidomida había empezado a retirarse en todo el mundo en 1961 al descubrir dos médicos que provocaba malformaciones congénitas). Añaden que cuentan con recetas expedidas en España hasta 1978 y creen que “se siguió vendiendo sin mayores contratiempos hasta que en 1985 se incluyó entre los fármacos de especial control médico: en AVITE no tenemos ningún socio nacido a partir de ese año”, aclara su vicepresidente. Sí tienen medio centenar que nacieron antes de 1955, pese a que Grünenthal mantiene que no fue hasta un par de años después cuando empezó a comercializar la talidomida y que en nuestro país no lo hizo hasta 1960. Pero la Asociación ha descubierto documentos según los cuales las autoridades alemanas le habrían otorgado allí la patente en 1952, tras haberla pedido dos años antes: “Tenemos en nuestro poder recetas expedidas en España en 1951, cuando en teoría ni siquiera estaba patentada en Alemania”, dice Rafael, lo que ha llevado a la Administración a extender los últimos reconocimientos a personas nacidas entre 1950 y 1985 (los anteriores se habían limitado a los que nacieron entre 1960 y 1965). Tienen incluso socios nacidos en ese mismo 1951, como José Alcaraz, que asegura que un médico le regaló la medicina a su madre.

La conexión nazi de la talidomida

  Todo esto lleva a AVITE a pensar que la España de aquellos años, en especial la rural, le sirvió a la compañía -con la connivencia de la dictadura franquista- de laboratorio de pruebas para ver si la gente aceptaba la talidomida: a las embarazadas se les daba para calmar las náuseas, y eso que el representante legal de la empresa declaró en el juicio celebrado en España que no estaba indicada para ese propósito, añadiendo que no se las excluía en el prospecto porque en aquella época “no había concienciación”. Su eficacia como antídoto contra agentes nerviosos ya habría sido testada con los prisioneros de los campos de concentración del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, según aseguraron en su día la Universidad de Münster y los investigadores Carlos de Napoli y Martin Johnson que, trabajando por separado, llegaron a la misma estremecedora conclusión. ¿Cómo se hizo Grünenthal con ella? Anunció que la habían descubierto por casualidad científicos que pretendían desarrollar un antihistamínico, pero estas investigaciones sitúan detrás al químico nazi Otto Ambros -uno de los descubridores del gas sarín- que, tras ser condenado a prisión en los juicios de Nuremberg “por explotar esclavos” en Auschwitz y ser perdonado por EE.UU, llevó sus conocimientos al laboratorio, que había sido fundado por un activo miembro del partido Nazi, Hermann Wirtz. La compañía habla de teorías conspiratorias sin pruebas sólidas.

  La catástrofe de la talidomida hizo que en los 60 se modificaran a nivel mundial los procesos para evaluar la seguridad de los medicamentos: “gracias a que nosotros pagamos con nuestras malformaciones”, destaca Rafael Basterrechea. Tod@s, las autoridades las primeras, deberíamos tenerlo muy presente.

P.S. En la página web de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, www.avite.org, podéis encontrar gran parte de la documentación a la que se hace referencia en este artículo y otra mucha información de interés.

“El sinhogarismo es una realidad todo el año, no solo en invierno, y podemos acabar con él”

Sinhogarismo es, según la Fundéu, un neologismo válido que hace referencia a la condición de la persona sin hogar. “Es un fenómeno complejo que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren, por lo menos 31.000 en España y 400.000 en Europa”, según RAIS, que lleva casi 21 años trabajando para que nadie tenga que vivir en la calle, con la convicción de que se puede conseguir: “Nos encantaría poder acabar mañana mismo con el problema y dejar de existir como organización, pero somos conscientes de que no es tan fácil y nos marcamos como meta lograrlo en 2028”, nos cuenta Gema Castilla, su responsable de Comunicación, que asegura que es posible “si se unen voluntad política, eficiencia económica y compromiso social” como ha sucedido en Finlandia. Para ello es fundamental que el sinhogarismo “esté en el centro de la agenda de los políticos, entre sus prioridades, algo que a día de hoy no sucede”, y pone como ejemplo el Plan Estatal de Vivienda, en el que las personas sin hogar no figuran como colectivo preferente, “cuando la solución pasa por ofrecerles una casa”.

Desde RAIS alertan de que “Es necesario poner en marcha políticas públicas encaminadas a erradicarlo, facilitando soluciones reales y efectivas y no parches como las campañas específicas contra el frío que acaban el 23 de marzo: ¿Qué pasa, que ese día deja de haber gente viviendo en la calle? No, porque el sinhogarismo está ahí en todas las estaciones, año tras año”. Tampoco creen en el actual sistema de atención como solución: “no nos conformamos con gestionar situaciones de exclusión social, apostamos por el desarrollo de metodologías innovadoras y por la evaluación del impacto que nuestro trabajo tiene en la vida de las personas”.

¿Cómo acaba alguien viviendo en la calle?

El sinhogarismo no es una cuestión individual, es un problema estructural: en el hecho de que una persona acabe viviendo en la calle tienen más peso la pobreza, el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda y la discriminación, que las decisiones que toma a lo largo de su vida. Si bien es cierto que cada una tiene su propia historia detrás y que la práctica totalidad responde a un patrón: en un período de entre 5 y 7 años, incluso menos, han sufrido varios episodios traumáticos encadenados; la muerte de uno o varios familiares, la pérdida de los ingresos económicos, un desahucio, problemas de salud mental, una separación de pareja, etc. Eso los aboca a vivir en la calle, y eso algo que se mantiene irremediablemente en el tiempo: los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (que son de 2012, “lo que demuestra lo poco que les importa a las autoridades conocer el problema”) indican que casi la mitad lleva más de 3 años en esa situación, con todo lo que ello supone. “Vivir en la calle mata”, las condiciones de vida de las personas sin hogar hacen que su salud física y mental se vea seriamente deteriorada: la tasa de mortalidad es tres veces más alta que la del resto -más todavía si hablamos de mujeres jóvenes-, tienen 30 años menos de esperanza de vida, el 30% sufre enfermedades muy graves y el 31% ha intentado suicidarse.

Con estas cifras y porcentajes en la mano, RAIS considera urgente desarrollar proyectos que garanticen su salud y apuesta por generar espacios específicos para atenderlos: “si tienes cáncer y necesitas quimioterapia, la recuperación resulta imposible si careces de un hogar; tampoco es asumible recibir cuidados paliativos cuando padeces una dolencia crónica. Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros les ofrecemos viviendas en las que puedan ser tratados, en las que superar la convalecencia de una operación o en las que pasar los últimos meses de vida de una forma digna”, explica Gema Castilla, añadiendo que “no tratan de suplir al sistema sanitario, sino hacer de puente entre él y las personas sin hogar”, una labor en la que echan en falta más implicación de las Administraciones. Y es que para la Fundación “es importantísimo que se garantice el derecho a la salud, también a la salud mental, un capítulo en el que en España todavía queda mucho camino por recorrer”.

Hay que abordar este fenómeno con ánimo de acabar con él

“El sinhogarismo en España se está gestionando pero no se trabaja para que desaparezca; los poderes públicos optan por poner parches o incluso tratan de taparlo, olvidando que la principal diferencia entre una persona que duerme en la calle y una que no lo hace es que esta última tiene un hogar”, por eso en RAIS defienden los albergues como soluciones de emergencia para situaciones que lo son, pero destacan que no pueden eternizarse en el tiempo como una salida “porque no lo son”: y es que, después de tantos años, “ha quedado demostrado que no han servido para erradicar este fenómeno”.

¿Por qué muchas personas sin hogar dicen no a los establecimientos colectivos? Nos explican que tres de cada cuatro plazas en albergues están orientadas a estancias temporales, en la mayor parte de los casos de apenas unos días; que estas personas cuentan con un sitio propio en la calle y que, cuando se vean obligadas a volver, probablemente lo habrán perdido. Destacan que no se les permite llevar todas sus pertenencias, mucho menos las mantas y los cartones que usan para combatir el frío; que no pueden entrar con sus mascotas, esos “amigos” que les ayudan a sobrellevar la parte más dura de la vida al raso: la soledad; que tampoco se les permite dormir en pareja, si la tienen; y que si padecen alguna adicción, derivada en muchas ocasiones de la dura situación que atraviesan, no pueden hacer uso de estos establecimientos; además, los usuarios denuncian que la violencia y los robos se multiplican. “No se les están facilitando las alternativas adecuadas, afirma, porque cuando les ofreces una vivienda -individual o compartida- nunca dicen no”. Lo han comprobado con sus programas Hábitat o Housing Led, en los que el 85% de los participantes mantiene su casa. Housing Led es un programa de casa compartida temporalmente dirigido a gente más autónoma que tiene algunos ingresos, que no ha tenido por qué pasar mucho tiempo en la calle, y que está en el último paso para ser plenamente autosuficiente. Pero de lo que están “especialmente orgullosos” es de haber puesto en marcha Hábitat, basado en la metodología Housing First, que está funcionando en Finlandia y en EE.UU., donde empezó: se les facilita una vivienda individual y apoyo personal en función de sus necesidades -gracias a un equipo que hace de enlace entre los beneficiarios del programa, los servicios sociales y sanitarios, la comunidad- y se implanta con una vocación normalizadora para que creen vínculos allí donde residen y puedan tener una vida más inclusiva. RAIS es la primera organización que lo pone en marcha en España y espera que cunda el ejemplo.

En la Fundación también ponen el acento en que la vida de las personas sin hogar está muy marcada por el paro de larga duración, siendo el empleo una de las herramientas que les puede permitir ser autónomos: “no les garantiza que vayan a salir del sinhogarismo, porque los salarios precarios obligan a muchos a seguir en la calle a pesar de trabajar, pero sí aumenta sus posibilidades de superarlo”. Y esa es otra de sus líneas de actuación: ayudarles a reincorporarse o a entrar en el mercado laboral proporcionándoles la formación necesaria o actualizando la que ya tienen; echándoles una mano en cuestiones tan elementales como elaborar un currículum y enviarlo, facilitándoles una dirección y un teléfono en los que puedan contactar con ellos, etc. Porque, víctimas de la precarización y la pobreza, se han vuelto invisibles, para los suyos y para la propia sociedad. Se quejan en RAIS de que en España siempre ha existido “una visión muy asistencialista y caritativa, cuando el problema va mucho más allá de proporcionarle a las personas sin hogar una manta, un lugar donde dormir unas noches, o de darle un par de euros”, y advierten a los poderes públicos de que mantener a una persona en la calle “es mucho más caro que ofrecerle una vivienda, el doble o incluso el triple en algunas ciudades”. Por eso les exigen “un cambio de perspectiva y que centren los esfuerzos donde deberían hacerlo”.

Luchar contra la aporofobia

El 47% de las personas que vive en la calle ha sido víctima de delitos de odio: insultos, vejaciones, agresiones físicas, violencia sexual, etc., y, en ocasiones, acaban siendo asesinados. Casi 9 de cada 10 agresiones no se denuncian y en casi el 70% de los casos los testigos no hacen nada, “algo que como sociedad debería dolernos”, sentencia Gema Castilla. Relata que no denuncian porque han perdido la confianza en el sistema, porque piensan que su palabra no vale nada y que no los van a creer: “llegan a cosificarse a ellos mismos y a verse como parte del mobiliario urbano” y, en parte, tampoco dan el paso por miedo a que el agresor vuelva para rematarlos. Cuentan en RAIS que la gente los ve como potenciales agresores cuando la mayoría de las veces son las víctimas y piden ahondar en el trabajo de sensibilización de la ciudadanía, recordando que “un porcentaje muy alto de las agresiones las protagonizan jóvenes que están de fiesta”; demandan que se reforme el Código Penal para que se considere la aporofobia (el miedo al pobre y desamparado por el mero hecho de serlo, que degenera en odio) una agravante y así se incrementen las penas. Recuerdan que el Senado dio luz verde hace unos meses por unanimidad a la toma en consideración de una proposición de ley de Unidos Podemos en esa dirección que ahora se tramita en el Congreso, y reclaman además una Ley Integral contra los Delitos de Odio que tenga en cuenta al colectivo de personas sin hogar.

“Es un trabajo de toda la sociedad en el que, por supuesto, hay que incluir a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben transmitir la confianza necesaria a quien vive en la calle para que no dude en acudir a ellos cuando los necesite”. RAIS lidera el Observatorio HATEnto de delitos de odio contra las personas sin hogar y ha creado una oficina virtual para que víctimas y testigos denuncien, para visibilizar el problema. La Fundación pone también énfasis en la importancia del lenguaje que se usa “porque en el imaginario colectivo no figura persona sin hogar sino vagabundo, indigente o mendigo, a pesar de que el porcentaje de mendicidad es muy bajo. Son etiquetas que no solo no describen su realidad sino que los culpabilizan de su situación y les quitan la dignidad que todo el mundo merece”, y llama a hacer fuerza en el lenguaje hablando de sinhogarismo para dejar claro que “es un problema estructural, no individual”.

En RAIS saben que el recorrido que les queda por delante es todavía largo y que ellos solos no pueden recorrerlo, “porque acabar con este fenómeno es un esfuerzo colectivo”; de ahí que, agradeciendo el apoyo de todos los que colaboran con ellos, hagan una llamada a que se les unan cada vez más. Dicen que en 20 años su trabajo ha cambiado porque han ido logrando avances, pero consideran “una muy mala noticia” que dos décadas después haya gente que ha empezado con la Fundación y sigue teniendo vínculos con ella. Una aclaración: a quienes les preguntan si con el estallido de la crisis atienden a más personas sin hogar les responden que “la gente que vive en la calle ya estaba en crisis antes de la crisis”.

P.S. Puedes firmar ahora su petición para conseguir que nadie viva en la calle en www.raisfundacion.org/encerrados, porque por lo menos 31.000 personas viven en España “encerradas en la calle por la indiferencia, la desigualdad y el odio”.

La fotografía es de ©Jordi Vidal, y en ella aparece, la segunda por la izquierda, Macarena, que vivió más de 20 años en la calle, acompañada de una amiga y de dos compañeras de RAIS.

“Son ya muchas las oportunidades perdidas para evitar que el mundo llegue al umbral de no retorno, y el tiempo se agota”

Que los humanos vamos camino de cargarnos el planeta es un hecho cierto (como consecuencia del cambio climático los fenómenos naturales son cada vez más extremos, el Ártico que se va quedando sin hielo, sube el nivel del mar, etc), como lo es que no estamos poniendo lo suficiente de nuestra parte para impedirlo. Esta realidad es todavía más preocupante si analizamos la actitud que mantienen dirigentes como Donald Trump, el príncipe Mohamed bin Salman o Jair Bolsonaro, que no solo no ayudan a revertir esta tendencia sino que pisan el acelerador en la carrera hacia el desastre, por eso “se necesita que la comunidad internacional sea inflexible en la lucha contra el cambio climático y establezca líneas rojas que no puedan saltarse”. Lo dice Javier Andaluz, responsable de clima de Ecologistas en Acción que, al igual que los los expertos de la ONU, alerta de que se acaba el tiempo para actuar y de que la situación es más que preocupante: “al ritmo que llevamos en emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, en 11 o 12 años habremos desaprovechado la última oportunidad para evitar que la temperatura global suba 2º C, o incluso más, con respecto a los valores de la época preindustrial, lo que significa que en 2050 ya experimentaremos ese incremento”. Y la cosa no se queda ahí, porque los compromisos que los países pusieron encima de la mesa en el Acuerdo de París -firmado en 2015- y “que ya se ha visto debilitado” en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas celebrada el mes pasado en Katowice (COP24), nos condenarán a un calentamiento global de 3,5ºC hacia final de siglo, “con lo que las consecuencias podrían ser catastróficas” ; así lo advierten uno y otros.

Javier Andaluz se queja de que la gente no es consciente de lo negro que se puede volver el futuro más inmediato (y avisa de que debería serlo) porque los efectos del cambio climático hace tiempo que son palpables en nuestro país: recuerda que la temperatura ha subido 1,1ºC desde principios del siglo XX y destaca que “es evidente que vivimos olas de calor más prolongadas que dan lugar a períodos de sequía más intensa cada vez en áreas más amplias, que los incendios forestales y el número de hectáreas arrasadas se multiplican, que hay menos días de lluvia y las precipitaciones son mucho más fuertes y concentradas en Comunidades como la gallega, y un largo etcétera. Y si eso sucede con poco más de 1ºC, ¡qué no veremos con una subida de 2ºC o más!, que se traducirían en 4 a nivel local, en España”.

Un negro panorama a nivel mundial

El Grupo Internacional de Expertos de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) alerta de que esos 2ºC más marcan el umbral de no retorno. Explica el responsable de Ecologistas en Acción que los bosques, la tundra, los mares o la nieve que tenemos en la Tierra actúan como reguladores climáticos, bien porque absorben dióxido de carbono (CO2) bien porque reflejan la luz del sol; y añade que “se sabe que superado ese incremento, probablemente incluso antes, esos procesos pueden cambiar tan radicalmente que hagamos lo que hagamos sea ya imposible impedir que lleguemos a otro punto de equilibrio climático”. En ese supuesto, si la temperatura sube 3 o 4ºC, ¿qué? Con ese panorama, “la incerteza es la que manda, pero lo que está claro es que las circunstancias serán claramente peores, porque una atmósfera con más calor es una atmósfera con más energía, y esto implica que todos los fenómenos naturales se volverán todavía más extremos, lo cual representa un grave problema. Eso por no hablar de la cuestión alimentaria, porque se experimentará una importante merma o incluso la desaparición de cultivos fundamentales en la pirámide nutricional como el maíz, la cebada o el arroz”.

En su último informe, debatido en la reciente Cumbre de Polonia, el Panel de Científicos de Naciones Unidas pone sobre el papel una comparativa de las consecuencias que supone una subida de la temperatura global de 1,5 y de 2ºC: afirma que, en el primero de los escenarios, hasta el 90% de las barreras de coral estaría en riesgo de desaparecer, mientras que en el segundo desaparecerían por completo; ese medio grado centígrado a mayores implicaría que varios cientos de millones de personas más se verían expuestas a los riesgos climáticos y condenadas a la pobreza; el nivel del mar aumentaría 10 centímetros más, lo que significaría que otros diez millones de ciudadanos se verían afectados; con un incremento de 1,5ºC -que ya está ahí- ecosistemas como el Mediterráneo tendrán serios problemas porque se duplicarán las consecuencias de la sequía, el efecto imparable del cambio climático hace prever que cuando se llegue a 2ºC se triplicarán, “por lo que serán devastadores”; y si se llegase a 3-4ºC, muchas zonas que ahora son habitables dejarían de serlo, “y hablamos de una importante parte del planeta, sobre todo en las latitudes ecuatoriales e intertropicales”.

La COP24, otra oportunidad perdida

Se da por hecho que el incremento de la temperatura se situará por encima de 1,5ºC porque se necesitarían cambios inmediatos, profundos y sin precedentes para evitarlo (que no parecen estar en los planes de los principales Gobiernos): en los mecanismos de obtención de la electricidad, en el transporte, en la industria y en la agricultura. Las emisiones de CO2, dicen los expertos, tendrían que reducirse hasta un 45% para 2030 con respecto a las actuales cifras, y deberían desaparecer en 2050.

Afirma Javier Andaluz que “la COP24 ha dejado muy claro que no existe voluntad política para implantar las soluciones técnicas que permitirían que se pudiese limitar el calentamiento global”. En Ecologistas en Acción, como en el resto de organizaciones medioambientales y otras ONG, se muestran muy decepcionados no solo porque no se haya avanzado nada en la reciente Cumbre de Katowice sino porque “incluso hemos ido hacia atrás”. Los casi 200 países participantes firmaron una Declaración Final “que salva los muebles, pero lo que se recoge en ella es mucho más flojo que lo contenido en el Acuerdo de París”. Explica que no refrendaron con toda la fuerza con la que deberían haberlo hecho el informe del IPCC sobre el 1,5ºC y que apenas hay referencias a sus advertencias; que dieron una patada hacia adelante al llamado “Diálogo de Talanoa” (un proceso de debate constructivo con propuestas de Gobiernos y sociedad civil para avanzar hacia el cumplimiento de objetivos climáticos que ahora pasa a llamarse “Diálogo de la Ambición”), posponiendo para este año sus conclusiones -que deberían haberse cerrado en 2018-; que la fuerza vinculatoria del texto es prácticamente nula porque, si en París hablaban de “adoptar” o “impulsar”, aquí han optado por “tomar nota” o “apuntar”; y, concluye, tampoco se fijaron objetivos.

A pesar de todo, Javier Andaluz defiende que las Cumbres del Clima sirven para “dar pasos en la buena dirección; pasos que sin ellas no se darían porque para muchos Estados la lucha contra el cambio climático no significa nada y está lejos de sus prioridades” (no así de los pequeños países insulares, que ante la inminencia de su desaparición son los más combativos y los que llevan pidiendo más compromisos desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992). Eso sí, asegura que esos pasos “son insuficientes y están a años luz de los que se necesitan”. La cita de este 2019, la COP25, es en Chile y las perspectivas “no son buenas”.

“Imposible entender la inacción”

Para él “es difícil de entender” que haya líderes mundiales que se nieguen a actuar cuando están viendo los costes de no hacerlo: en vidas humanas perdidas, cada vez con más huracanes, tifones, inundaciones, con sequías más extremas y con incendios más voraces; y en la millonaria factura que dejan tras de sí, pues los diez peores desastres naturales del año pasado relacionados con el cambio climático han causado daños cuantificables en alrededor de 70.000 millones de euros. Asegura que esos líderes saben desde hace más de una década que, de no actuar a tiempo y como hay que hacerlo, “los costes se multiplicarían”. En 2006 se conocía el Informe Stern, encargado por el Gobierno británico al economista Nicholas Stern, que avisó de que se necesitaba una inversión anual equivalente al 2% del Producto Interior Bruto mundial para mitigar los efectos del cambio climático y advirtió que, de no hacerla, el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% de ese PIB a finales de este siglo. La advertencia era así de clara: “nuestras acciones en las décadas venideras pueden implicar el riesgo de una disrupción de la actividad económica y social durante el resto del siglo XXI y del siguiente de una escala semejante a la de las Grandes Guerras y la Gran Depresión”.

En Ecologistas en Acción insisten en que actuar pasa por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por apostar por las energías renovables: “lo lleva repitiendo la ciencia desde 1988, cuando se creó el Grupo Internacional de Expertos de la ONU sobre Cambio Climático; lo que hace falta es asumir que esto tiene una serie de consecuencias económicas y que es incompatible con el actual sistema. Se necesita voluntad política para avanzar en la transición hacia un horizonte 100% renovable y cuanto más tiempo tardemos en realizarla mayores serán los costes: porque el petróleo y los minerales se agotan y el cambio climático avanza, y la combinación de estos factores implica que si no somos capaces de realizar ese cambio se hará a la fuerza y con enormes pérdidas sociales y ambientales”.

Cómo estamos en España

Tras calificar de “nefastos” para la lucha por la defensa del planeta las políticas ambientales en los años de Gobierno de Mariano Rajoy, Javier Andaluz se queja de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “siga en las palabras, sin hechos”. Recuerda que la ministra de Transición Ecológica se ha comprometido a ser más ambiciosa en los objetivos de reducción de emisiones de CO2: primero a través de una Ley, después de un Real Decreto que estaría listo en 2018, “y ni una ni otro”; dice que el carbón lo están abandonando las empresas cuando no les salen las cuentas y que no se sabe nada del cierre de las nucleares. Y aclara que, en todo caso, las metas que marca Teresa Ribera distan mucho de las que reclaman las organizaciones medioambientales.

Desde Ecologistas en Acción reconocen que los ciudadanos tenemos nuestra parte de culpa por la falta de concienciación de un sector de la sociedad (recuerda que usar el coche y viajar en avión son las dos medidas que mayor impacto climático tienen), pero destaca que “nuestro grado de responsabilidad con respecto al que tienen las Administraciones es distinto”, ya que es de los poderes públicos de quienes depende que se reduzcan la práctica totalidad de las emisiones derivadas de la movilidad urbana. En España, el sector del transporte es el máximo emisor de gases de efecto invernadero -representa el 26%- e incluimos también al de mercancías, que se realiza mayoritariamente por carretera en lugar de en tren (como ocurre en otros países europeos); y de las Administraciones depende también cerrar las nucleares y acabar con el carbón. Javier Andaluz tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de avisar sobre el impacto que la “industrialización del campo y el abandono de los oficios tradicionales está teniendo en el avance sin control del cambio climático”. Todo esto demuestra, dice, que “el ecologismo no es solo lo que necesitamos para salvar el planeta sino una alternativa de vida digna, que además fortalece los círculos más próximos para conseguir una sociedad respetuosa con los límites planetarios, que es el único futuro posible”.

La risa influye positivamente en l@s niñ@s que han vivido una guerra. PSF ya tiene la evidencia científica

La risa es una de las mejores medicinas, sino la mejor: genera hormonas que contribuyen al bienestar físico, tiene efectos terapéuticos sobre la salud mental, es un analgésico natural, ayuda a la recuperación de los pacientes, en opinión de algunos especialistas fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades…, y ahora se ha constatado que su acción disminuye la sintomatología del estrés postraumático en niños que han vivido un conflicto bélico, no solo ayudándoles a mejorar su estado de ánimo sino también su comportamiento social. Es la conclusión a la que ha llegado la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos inscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona tras evaluar el impacto de uno de los proyectos de Payasos Sin Fronteras, una ONG que lleva un cuarto de siglo haciendo reír a pequeños -y también a mayores- que atraviesan situaciones extremadamente difíciles. Nos cuenta su gerente, Carlos Requena, que “queríamos poder dar respuesta científica a una pregunta que hemos estado arrastrando todos estos años, porque había gente que nos decía: Muy bien, vais allí, hacéis reír a la gente un rato, ¿y después qué?”. Dice que ellos siempre han tenido claro que su labor resulta muy útil desde el punto de vista emocional y psicológico: “siempre lo hemos sabido porque hemos vivido situaciones sorprendentes mucho tiempo después de haber estado en un lugar”. Y pone un par de ejemplos: en uno de sus viajes a la antigua Yugoslavia (donde empezó todo) se encontraron con una mujer que guardaba el confeti de uno de los espectáculos que había visto siendo niña; y en la presentación en la sede del FMI de Clowns Without Borders USA, una funcionaria del organismo contó que todos en su familia recordaban -todavía ahora- cada uno de los años durante los cuales Payasos Sin Fronteras había visitado los campos de refugiados de la ex Yugoslavia en los que habían estado: “Que se acuerden de ti dos décadas después, emociona; nos quedamos patitiesos”, confiesa.

Explica que ahora eso que ellos -y quienes los apoyan- ya sabían se ha visto corroborado por expertos, por eso asegura que están viviendo el segundo momento más importante de su historia después de la fundación, porque por fin tienen la evidencia científica con la que seguir luchando pacíficamente por “tratar de conquistar también los corazones de la gente más racional y más fría, que lo mira todo con estudios en la mano”. Esperan que esto les sirva para sumar adeptos a su causa. Dicen que han comprobado que su medicina tiene efectos sobre los niños, pero están convencidos de que sucede lo mismo en el caso de los adultos, “porque las emociones positivas son muy útiles para todos los que viven situaciones de este tipo tengan la edad que tengan; se refleja en sus caras cuando ven reír a los más pequeños y cuando ellos mismos se ríen”. Y es que “los niños son la prioridad, el pretexto -si tú quieres-, porque, con ellos como centro, trabajamos para todos los que están a su alrededor”. De hecho, apuestan por dirigirse a las familias buscando multiplicar el impacto de su labor.

Payasos Sin Fronteras son sus más de mil artistas

Mucha gente pensará que es fácil hacer reír, aunque a mí me parece sumamente difícil, pero ¿diríais que es fácil sacar una sonrisa a quién ha tenido que dejarlo todo atrás por la guerra, a quién ha tenido que huir para salvar la vida o a quién lo ha perdido todo por una catástrofe natural? Pues eso es lo que llevan haciendo los artistas que han formado o forman parte de Payasos Sin Fronteras desde hace ya casi 26 años, alrededor de 250 en la actualidad, más de mil a lo largo de todo este tiempo. Y, pese a lo que pueda parecer desde fuera, la respuesta es que, “no siendo fácil, porque hablamos de situaciones muy duras, resulta muy gratificante; en ocasiones, incluso más que hacer funciones en teatros o salas en España o en cualquier otro país europeo”. Explica Carlos Requena que aquí los niños “son, en general, más distantes y están aburridos con tantas posibilidades de ocio como tienen a su alcance, por lo que cuesta mucho conseguir que se metan en el espectáculo”. Cuenta que el panorama ha cambiado algo en la última década con la crisis, “una crisis que parece que tiene intención de quedarse”, y es que la ONG también tiene proyectos en España, en el ámbito de la exclusión social. “Aun así -asegura- la inmensa mayoría de los chavales sigue teniendo muchísimas más opciones que, por ejemplo, los que viven en la Franja de Gaza, donde la actividad recreativa es inexistente y donde ver un payaso es algo alucinante; lo pasan genial, se vuelven locos y eso es algo maravilloso para los artistas”.

Artistas “de una gran calidad humana -destaca- que están deseando participar en nuestras giras, hasta el punto de que en la oficina tenemos muchos problemas para organizarlo y lograr que todos estén contentos porque, por desgracia, nuestros recursos son limitados”. Son profesionales que colaboran como voluntarios y que no solo no cobran nada por su trabajo sino que además pagan. Desde hace unos años, para compensar la bajada de las ayudas por la crisis, decidieron en asamblea que cada uno pondría, a modo de aportación, el 25% del coste logístico de los proyectos en los que participa; “se dan ellos mismos e incluso contribuyen con dinero para poder seguir realizando el mayor número de viajes posible y llegar así a cuantas más personas mejor”.

“Hay que saber gestionar la energía”

Afirman en Payasos Sin Fronteras que los niños y los adultos que atraviesan situaciones tan críticas como las que han visto en la ONG valoran enormemente que los tengan presentes, que haya quien se acuerde de ellos y se desplace hasta donde están para regalarles un espectáculo con el que hacerles reír. Cuenta el gerente que los artistas van con las pilas cargadas a tope, porque lo que hacen es “traspasar esa energía positiva que ellos tienen a quienes ven la función”. Explica que, precisamente por eso, no pueden permanecer demasiado tiempo en la zona, expuestos a situaciones tan crueles, “porque se quedarían sin esa energía, el contexto se los comería y no serían capaces de hacer reír”. Estar poco tiempo allí -dice- les permite volcarse y dar todo lo que tienen dentro; “cuando la energía empieza a consumirse es el momento de volver a España”. Y regresan “muy tocados por lo que han visto; eso sí, nada comparable con lo que viven los expatriados de las organizaciones no gubernamentales.

Muchas veces les han preguntado porqué no forman a gente local como artistas, para que sigan realizando su labor cuando ellos se van, y la respuesta que dan está relacionada con todo lo anterior: “sería imposible, porque al vivir un día a día tan tremendamente duro carecen de la energía positiva necesaria para darle al público lo que espera o lo que necesita, que son funciones frescas y alegres”.

Gracias a l@s soci@s y colaborador@s

Carlos Requena tiene claro que si han llegado hasta aquí -además de por el compromiso de los artistas- es gracias a todas esas personas que los han apoyado y los siguen apoyando de forma prácticamente incondicional. Reconoce que también ellos han notado los efectos de la crisis -ya lo apuntábamos antes- pero destaca que, a pesar de todo, han mantenido gran parte de los socios y donantes, y se lo agradece “de corazón”; también a los que se han visto obligados a priorizar y han tenido que retirarles su aportación “aunque no su apoyo, un respaldo que seguimos notando”, asegura.

Los socios son un pilar fundamental, pero también reciben aportaciones de empresas, de entidades, y de Administraciones Públicas, y sostiene que el no depender de una única fuente de financiación les ha permitido -y les permite- mitigar el golpe de la crisis. Se queja de que los poderes públicos “desaparecieron del mapa durante varios años” y cree que “algunos no volverán a aparecer en escena”. En este sentido, valora la implicación del Ayuntamiento de Barcelona, “el que se ha mantenido más fiel”, y dice que “del resto no se salva nadie”. A la espera de ver lo que pasa con el actual Gobierno, critica sobre todo al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero también a la Generalitat de Catalunya, si bien admite que “parece que últimamente se está despertando”. Entiende que ahora las prioridades son otras, pero afirma que “se debe seguir apostando por la cooperación y por la ayuda humanitaria: porque es de justicia, y porque es imprescindible tanto para evitar crisis como la migratoria que estamos viviendo como para garantizar la estabilidad a nivel internacional”.

Cómo empezó todo y dónde están

Están a punto de cumplir 26 años -“que se dice pronto”- y no se cansan de repetir que todo empezó en plena Guerra de los Balcanes, gracias a los chavales de un colegio de Sarriá (Barcelona) que, junto con otras escuelas de distintos países -una de ellas de Croacia-, pensaron que a través de la risa podían ayudar a los niños que estaban siendo azotados por el conflicto y se les ocurrió trasladarle la propuesta a Tortell Poltrona, un conocido payaso muy vinculado con el barrio que recogió el guante sin pensarlo dos veces: “ni corto ni perezoso, se lanzó a intentar hacer realidad esa expedición”. Así fue cómo surgió la primera gira y, al poco tiempo, Payasos Sin Fronteras.

Son muchos los proyectos que tienen, centrados en Oriente Próximo, donde trabajan con los refugiados de Siria e Irak en Líbano, el norte de Jordania y el Kurdistán iraquí; siguen trabajando en América, sobre todo en Colombia con los desplazados internos; en África: en Etiopía, que acoge a muchos refugiados de países vecinos en guerra como Sudán, Eritrea o Somalia, y en Costa de Marfil, Burkina Faso o Angola; y en Ucrania, con los desplazados por el conflicto del Donbass. Prestan también su ayuda en España, como consecuencia de las secuelas de una situación de empobrecimiento progresivo que parece no tener fin, fundamentalmente en Barcelona y Madrid, “porque pensamos que la crisis no ha terminado, ni mucho menos”. Aclara Carlos Requena que trabajan allí donde pueden pero que, como no tienen recursos infinitos, deben priorizar y priorizan en los países que acogen un mayor número de refugiados.

Hoy en día hay organizaciones hermanas de Payasos Sin Fronteras en EE.UU, Canadá, Sudáfrica, Suecia, etc., y cada una de ellas viaja a distintas zonas, cubriendo así casi todos los lugares con mayor población refugiada y con más desplazados internos a causa de conflictos armados o catástrofes naturales. No se quejan, pero saben que con más capacidad económica podrían hacer más giras y llegar a más niños y niñas y a más familias allí donde ya están; por eso aprovechan las fechas en las que nos encontramos para hacerles su petición a SS.MM los Reyes Magos de Oriente: “Que podamos aumentar nuestra presencia en los países en los que ya tenemos proyectos, para redoblar así el alcance de nuestro impacto”. ¡Ojalá lo consigan!

P. S. La fotografía que ilustra el post es de ©Kim Manresa PSF

“Los ludópatas son cada vez más jóvenes, y el Estado es el principal beneficiado por los juegos de azar”

Tensión, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, sentimiento de culpa, deterioro de la comunicación con la familia. Mentiras constantes, disminución de la atención, de la concentración y del rendimiento, cuantiosas deudas, comisión de actos ilegales, depresión, conductas autolesivas, suicidio, etc. Estos son los síntomas y las consecuencias que acarrea la ludopatía, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, que ha sido incluida en el grupo de patologías relacionadas con los Trastornos de los hábitos y del Control de los impulsos, y que es considerada una adicción sin sustancia, aunque suele ir acompañada de alguna o de varias de ellas como el alcohol o el tabaco. Si se considera una enfermedad y una adicción, ¿cómo es posible que no se trate como tal y se permita el patrocinio de todo tipo de eventos deportivos y el bombardeo de publicidad de los operadores de juegos de azar que sufrimos a diario en televisiones y radios, que además suele estar protagonizada por personas famosas, con gran influencia en ciertos sectores de la sociedad? La respuesta nos la da Juan José Lamas, director técnico y fundador de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR): “Porque no está regulada; existe solo un código de buenas prácticas que dicta principios para la autorregulación del sector, con una mínima supervisión por parte del organismo independiente de la industria publicitaria Autocontrol, pero no tiene régimen fiscalizador ni sancionador”.

  En 2015 inició su tramitación parlamentaria el Real Decreto para desarrollar la Ley del Juego de 2011 en materia de publicidad y juego responsable, cuyo principal objetivo era garantizar un grado suficiente de protección a los consumidores, con especial atención a los menores, que tienen prohibido el acceso a los juegos de azar, por lo menos en teoría; pero, desde finales de ese año y durante más de 10 meses, el Gobierno estuvo en funciones, “por lo que lo metieron en un cajón”; recuerda que se retomó a finales de 2017, “pero volvió a quedar en un cajón, y ahí sigue”. El acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a principios de octubre incluye la aprobación de una regulación de la publicidad del juego y apuestas en línea de ámbito estatal similar a la que hay para el tabaco. Unos días después de esa rúbrica, el Congreso -con el voto a favor de todos los partidos excepto el PNV, que se abstuvo- sacaba adelante una moción instando al Gobierno a poner en marcha medidas que palíen la creciente adicción a las apuestas en línea, a limitar la instalación de locales de apuestas cerca de centros educativos, a regular la publicidad con criterios de salud pública y a realizar campañas de información sobre los riesgos, los efectos y secuelas de la ludopatía. El Ejecutivo se comprometió entonces a sacar el Real Decreto del cajón, pero todavía no lo ha hecho; el propio Juan José Lamas nos decía, cuando lo entrevistamos, que acababa de reunirse con el subdirector general de Regulación del Juego, Guillermo Olagüe, que le había reiterado que está a punto de ver la luz, pero aclaraba que lo mismo le ha estado diciendo todo el año, añadiendo que él no va a desistir.

La Administración, el mayor operador de juegos de azar

  El responsable de FEJAR lo tiene claro: “estamos ante una actividad que mueve más de 40.000 millones de euros al año -con lo que eso representa en impuestos para las arcas públicas, también para las autonómicas- y lo que la Administración central no quiere es acabar con la gallina de los huevos de oro; menos todavía teniendo en cuenta que es el mayor operador de juegos de azar, a través de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE, que gozan además de un régimen especial dentro de la publicidad y de la operativa del juego”. Y se queja de que a pesar del dinero que gana y que recauda en impuestos “apenas invierte en tratar a los que padecen esta enfermedad y tampoco lo hace en campañas de información y sensibilización”, una de las principales demandas de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados: “Ahora en la radio ya no escuchamos un partido de fútbol sino casi dos horas de anuncios de casas de apuestas deportivas, y eso a pesar de que nosotros llevamos tiempo solicitando que eso se limite o, por lo menos, que por cada 2 anuncios de ese tipo se incluya un mensaje de prevención”, explica.

  Entiende que la prohibición no es una alternativa en el caso de una actividad legal y regulada, y lo compara con el sector automovilístico: se pueden fabricar coches que superan los 200 kilómetros por hora, pero existen límites de velocidad y normas de obligado cumplimiento, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico para penalizar las infracciones e intentar que la gente no haga locuras; asegura que con el juego tendría que ser igual, “cuando lo que se hace es justo lo contrario, potenciarlo continuamente”. La cifra que da debería servir para reflexionar: afirma que el 94% de la población española participa en algún juego de azar y que, de ese porcentaje, más del 1% son adictos, con lo que estaríamos hablando de más de 400.000 personas. Pero no son solo esas -que ya serían demasiadas- sino que hay que multiplicarlas, como mínimo, por el número de miembros de la unidad familiar, los amigos, y muchas veces los compañeros de trabajo, “ya que la adicción al juego tiene un impacto devastador en todo el entorno del ludópata, y no únicamente en él”. Por eso es contundente al afirmar que las autoridades no pueden desentenderse, porque el jugador adicto “es un usuario de su propia operativa de actividad económica”. El Defensor del Pueblo ha recordado a los poderes públicos que están obligados por mandato constitucional a facilitar la adecuada utilización del ocio -artículo 43.3-, avisándolos de que la proliferación de casas de apuestas, la difusión sin control del juego y la publicidad intensa representan un peligro para los jóvenes. Y ha iniciado una actuación de oficio.

Cambio de perfil: cada vez los ludópatas son más jóvenes

  Desde FEJAR explican que en los últimos años no se ha producido un aumento significativo del número de ludópatas, otra cosa -aclaran- es el número de usuarios del juego, que sí se ha incrementado desde la legalización de las apuestas online, siendo seguro que una parte de ellos llegarán a comportar una situación patológica. Lo que les preocupa es el cambio de perfil del adicto al juego que se ha producido, que ellos han podido y pueden constatar en los 26 centros que tienen repartidos por España: “Antes se trataba de un hombre de 40-45 años, casado, que llevaba siete o más años jugando y que lo hacía casi exclusivamente a máquinas tragaperras; ahora la media de edad ha bajado a entre 26 y 35 años, pero cada vez son más los jóvenes de 18 a 20 a los que atienden, jugador de apuestas deportivas o juego online, que lleva apenas 1 o 2 años jugando, y muchos de ellos empiezan siendo menores. Nos explica el director técnico de la Federación que uno de los mayores peligros del juego online es que pasa mucho menos tiempo desde que uno empieza a jugar hasta que ya no es capaz de dejarlo, un par años como mucho, cuando en el juego presencial eran siete o más.

  ¿Qué significa todo esto? “Que se le está haciendo un gran daño a un segmento de la población que todavía no tiene estrategias para poder afrontar la situación, y es precisamente en él donde se centra la publicidad, con campañas agresivas que incluso rayan la ilegalidad, porque tienen una población diana de 16-18 años cuando es la mayoría de edad la que marca legalmente el acceso al juego”. En este punto, Juan José Lamas pone el acento en los famosos que protagonizan esas campañas, muchos de ellos reconocidos deportistas como Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué o Rafa Nadal, que pasan de ser ejemplo para los más jóvenes con el esfuerzo diario, la constancia y el entrenamiento, a transmitir el mensaje de que “el juego te va a convertir en una persona VIP, normalizando algo que no es normal e intentando reducir la ludopatía a algo marginal. A eso le suma el hecho de que los controles de acceso para impedir que jueguen menores son mínimos, por lo que se crea el caldo de cultivo ideal -dice- para que a las asociaciones lleguen chavales de 18 años que llevan ya dos jugando: “si se inician más tarde, cuando tienen herramientas para enfrentarse a ese bombardeo publicitario, el índice de prevalencia de adictos caerá”, sentencia.

“No hay que sentir vergüenza”

  Tras casi tres décadas ayudando a jugadores de azar a rehabilitarse, en FEJAR destacan que la motivación para el cambio de un chaval es muy superior a la de una persona de más edad, pero también explican que la percepción del riesgo es mucho menor, por lo que es más difícil que admita que tiene un problema: “esto ha implicado modificaciones en las estrategias de intervención, pero siempre -repiten- con el mismo enfoque y con el mismo objetivo”.

  Lo que no ha cambiado es lo que lleva a un ludópata a pedir ayuda: es su entorno el que lo empuja a dar el paso (la pareja, los hijos, los padres…), porque, por lo general, “sigue sin verse como un adicto, en gran medida por esa publicidad tan agresiva que le hace creer que si Nadal puede jugar sin que eso implique que tiene un problema, él también lo puede lograr”. Habla Juan José Lamas del estigma social que hace que muchos ludópatas sientan vergüenza, “porque el mensaje que reciben es el de que la mayoría de la gente juega sin que eso tenga mayores consecuencias; en cambio, si ellos se pasan es porque tienen vicio, porque son malos padres, malos hijos, etc., lo que les acaba creando un gran complejo de culpabilidad”; algunos llegan a tal extremo -dice- que incluso prefieren reconocer el vicio, que entienden como algo controlable, antes que la pérdida de control, porque eso les haría tener que plantearse dejar de jugar. Asegura que ese sentimiento de vergüenza queda atrás en el proceso de rehabilitación, porque lo primero que se les hace ver es que el paso que acaban de dar es lo más inteligente que han hecho: “cuando uno está enfermo va al médico, toma lo que le receta y, en muchos casos, se recupera; y esta es una enfermedad, por lo tanto nadie tiene que sentirse culpable o avergonzado, lo que tiene es que sentirse responsabilizado e intentar ponerle remedio para poder vivir”.