Europa tiene que entender que al Mar Menor casi no le queda tiempo

No será este año. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no va a enviar a lo largo de este 2020 una misión a Murcia para que compruebe in situ el agravamiento del deterioro sufrido por el Mar Menor en los últimos tiempos y la situación de emergencia en la que se encuentra. Los eurodiputados que la conforman han cerrado su agenda para los próximos meses y en ella no figura este ecosistema único que ha sido llevado al colapso. Y eso pese a que estamos hablando de la laguna salada más grande del continente. De ahí el sabor agridulce que ha dejado en la plataforma Pacto por el Mar Menor su paso por las instituciones comunitarias hace alrededor de quince días buscando que se impliquen más en la resolución de una crisis que roza el ecocidio si es que no lo es ya; una visita en la que también participaron representantes de otros colectivos. Nos lo ha contado el abogado Eduardo Salazar, experto en Derecho Ambiental, que se queja de la falta de una respuesta eficaz por parte de Bruselas ante el reiterado incumplimiento de la normativa europea que ha dado como resultado la degradación profunda del ecosistema. Recuerda que fue en 2016 cuando la plataforma -junto con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción, la Cofradía de Pescadores de San Pedro y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y comarca- llevó el caso ante la Comisión de Peticiones del Europarlamento pidiéndole que se protegiese la laguna. Un año después le expusieron la situación -que ha ido a peor- y empezó entonces un “tormentoso periplo” en el que aseguran que Bruselas se ha limitado a solicitar explicaciones a las administraciones central, regional y municipales, que le comunicaron que tomarían medidas. “Y eso ha sido todo”. El mes pasado volvían a comparecer ante esa misma Comisión de Peticiones para informar del agravamiento del desastre y lo que les dijeron fue que pedirían de nuevo información a las autoridades competentes y que estudiarían el envío a la zona de esa misión, que en Pacto por el Mar Menor no tienen duda de que los llevará a concluir la veracidad de las denuncias presentadas, con las correspondientes consecuencias para los gobiernos implicados “por no haber cumplido con sus responsabilidades”. Pero esa misión no va a llegar a Murcia este año y el tiempo se agota, como nos explica el propio Eduardo Salazar.

“Todo lo que ha sucedido en los últimos tres años se podría haber evitado si las distintas autoridades competentes de nuestro país y la Comisión Europea hubiesen abordado el problema, que es lo que tenían que haber hecho”. Así de simple, dice este abogado ambientalista que denuncia que, en lugar de actuar para salvar la laguna, las administraciones han dado una clara muestra de descoordinación y en lo que se han volcado es en atacarse unas a otras con eso de ‘y tú más’. Asegura que siente vergüenza ajena por el espectáculo que están dando.

“Nos vemos de nuevo en Bruselas”

Apenas unas horas después de su paso por las instituciones europeas, que además de la intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento incluyó reuniones en las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Agricultura y con diferentes eurodiputados, en Pacto por el Mar Menor se preguntaban si ¡por fin habrá llegado el momento de cambiar la historia de destrucción de la laguna!, si se verán pronto los resultados o si, por el contrario, tendrán que volver a Bruselas. Preguntas que Eduardo Salazar responde afirmando que se ven regresando a la capital comunitaria. De hecho nos ha avanzado que están pensando enviar allí durante unos meses a un representante permanente para que haga lobby, para que repita hasta la saciedad despacho a despacho, entre los parlamentarios europeos -y no solo entre ellos-, el mensaje de que hay que actuar ya porque la situación que vive la laguna es crítica: “Tenemos que conseguir que el mayor número posible de eurodiputados se preocupe por lo que está pasando en Murcia para que así obligue a Europa a implicarse en la defensa de este ecosistema único. Hay que seguir haciendo presión porque es la única forma de que se tomen medidas y en eso estamos, rearmándonos para redoblarla y lograr resultados”.

Dice que en la plataforma prefieren ser ingenuos antes que pesimistas, por eso insistirán lo que sea preciso hasta que la Comisión Europea haga su trabajo, que no es otro que el de garantizar que se cumplen las normativas comunitarias decidiendo para ello todas las actuaciones que estén a su alcance. Ya es hora de que deje de hacer dejación de funciones, más todavía teniendo en cuenta que el actual equipo al frente -que tomaba posesión en diciembre pasado- se comprometía a situar la protección del medioambiente en el centro de sus políticas. Está en juego el futuro del Mar Menor.

El TC no tiene por qué declararlas constitucionales. Y además los socios del Gobierno tienen un compromiso

A la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y de ver qué hace el Ejecutivo de coalición, la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la frontera con Marruecos sigue dando mucho que hablar; también la lectura que hizo de la misma el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Fernando Grande-Marlaska dijo que el dictamen deja claro que la violencia que ejercen los migrantes limita sus derechos fundamentales y que España cuenta con mecanismos suficientes para asistir en frontera a los solicitantes de protección internacional. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, Doctor en Derecho, no entiende “cómo es posible que un magistrado como él diga una barbaridad así”, asegurando que en un Estado de derecho los derechos fundamentales solo pueden limitarse caso por caso y por sentencia judicial: “De hecho el Estado de derecho se revela como esencial en situaciones conflictivas garantizando para resolverlas vías respetuosas con los derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, por lo que si se suprime ese papel garantista lo estamos vaciando de contenido”. José Palazón, fundador de Melilla, considera “gravísimas” y muy significativas las declaraciones del titular de Interior, “sobre todo teniendo en cuenta que la violencia ejercida por España y Marruecos en las expulsiones es tremenda”. Recuerda que saltar la valla es una infracción administrativa, no penal, y que en nuestro país también existe la presunción de inocencia para los migrantes. Sobre la existencia de vías legales para entrar en España a través de la frontera sur, uno y otro coinciden en que eso solo es cierto sobre el papel no en la práctica. Ellos mismos lo cuentan.


El giro copernicano del Tribunal de Estrasburgo

Tanto en la APDHA como en PRODEIN Melilla -igual que en el resto de oenegés y en organismos de la propia ONU- destacan la sorpresa que ha supuesto el giro de ciento ochenta grados que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su línea jurisprudencial al respecto: el propio TEDH condenó en primera instancia a España por este caso en el que ahora atiende el recurso y los argumentos de la Abogacía del Estado, fijando incluso indemnizaciones de cinco mil euros para cada uno de los dos demandantes -un nacional de Mali y otro de Costa de Marfil- que fueron expulsados de inmediato de territorio español en agosto de 2014 tras saltar la valla de Melilla ‘como parte de un gran grupo’ de personas. Carlos Arce afirma que “frente al discurso de criminalización de las migraciones, que sostiene que estamos sufriendo una avalancha y que hacen falta medios extraordinarios para combatirla, Estrasburgo se había erigido hasta ahora en una rara avis institucional poniendo siempre por delante los derechos humanos y la dignidad de las personas. Era un contrapeso clave y este volantazo, en especial lo rudimentario y más que discutible de su argumentación, supone la pérdida de un valioso instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los migrantes”. En una línea similar, José Palazón dice que “nos han quitado una institución imprescindible” y va más allá al denunciar que el TEDH “deja de ser una referencia en materia de derechos humanos para convertirse en un tribunal de los derechos de Gobiernos y corporaciones fascistas. Ha demostrado que le da miedo defender los derechos humanos y que se deja influir políticamente”.

La Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha reaccionado a la sentencia del tribunal europeo repitiendo que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -que participó en el proceso como tercera parte- ha puesto el acento en que la Convención de Ginebra de 1951 establece que no se debe penalizar a quien huye de un país en el que es o teme ser perseguido por haber entrado en otro de forma irregular. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explican que el principio de no devolución -recogido en el artículo 33 de esa Convención- está pensado específicamente para aquellas personas que entran irregularmente en un Estado: “Si como determina ahora el TEDH el hecho de hacerlo permite expulsar a esa persona sin que ni tan siquiera pueda hablar con un abogado, sin saber si puede ser solicitante de asilo, eso significa que el principio de no devolución no sirve para nada”. Es más, aseguran que si como da a entender Estrasburgo aquella persona que realice un acto ilegal sabiéndolo tiene que soportar todo lo que le pueda pasar “podría decirse que se podría eliminar el derecho penitenciario porque no tendría razón de ser”.

Como la práctica totalidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, alertan de que con este dictamen se facilita el camino para endurecer todavía más el control de fronteras en Europa. Hay pendientes en el TEDH otras dos demandas contra España por las devoluciones en caliente: la APDHA ve complicado que el tribunal de Estrasburgo vaya a dar “otro volantazo en sentido contrario después de haber dado este”; PRODEIN Melilla piensa que la sentencia dictada hace unos días “condicionará en gran parte lo que pueda pasar con esos dos casos” pero recuerda que en ellos se ponen encima de la mesma otros elementos además de la propia expulsión, como la violencia que se usó contra los inmigrantes, y pide esperar a ver qué pasa.

¿Y en España?

Estamos pendientes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2015 por distintos partidos, incluidos PSOE e IU, y por el Parlamento de Catalunya contra determinados artículos de la llamada ‘ley mordaza’ como su disposición final primera que permite las devoluciones en caliente. El responsable de Migracións de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere que quede claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga ni mucho menos a declararlas constitucionales: “Lo que hace Estrasburgo es fijar unos estándares mínimos de protección en materia de derechos fundamentales que vinculan a los Estados miembros del Consejo de Europa pero nada impide que en el ordenamiento jurídico de esos Estados se establezcan estándares superiores. Hay unos mínimos que hay que cumplir pero por encima el límite es el cielo”. Desde PRODEIN Melilla dicen que, “si atendemos a lo dispuesto en varias leyes, España tiene unos estándares de protección superiores, es más garantista” pero aclaran que “eso es así solo en la teoría, porque en la práctica se han estado realizando devoluciones en caliente desde hace veinte años, aunque el Gobierno de turno lo negara cuando eran ilegales”.

Nos cuenta José Palazón que espera que el Ejecutivo de coalición adecúe la práctica a la teoría existente desde hace décadas y elimine de inmediato esas expulsiones, como se comprometieron a hacer los partidos que lo conforman, convencido de que, de lo contrario, “pagarán las consecuencias a medio plazo, porque la gente que les votó espera que cumplan”. Carlos Arce no confía demasiado en que lo haga teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE en gestión de fronteras y la trayectoria personal de Fernando Grande-Marlaska que, hasta ahora, se ha limitado a repetir que su prioridad es derogar la llamada ‘ley mordaza’ y consensuar otra Ley de Seguridad Ciudadana: “No creemos que vaya a prohibir esta práctica a no ser que la sustituya por otra que lo deje todo prácticamente igual”. Los dos critican el anuncio de Interior de que se incrementará un treinta por ciento la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla dentro del plan para sustituir las concertinas por elementos que doten a la frontera de una mayor seguridad pero que no sean cruentos, en palabras del ministro: “Es hipócrita insistir en que desaparecen cuando unos metros más allá, en el lado de Marruecos, se ha levantado un muro de concertinas de tres metros -previo pago a Rabat por parte de la UE de ciento cuarenta millones de euros-, que en Melilla está ya construido desde 2016. Otra gran mentira”, dice José Palazón, que denuncia que lo más cruento para los inmigrantes que tratan de entrar en España por esa frontera sur es el ejército marroquí “que usa la violencia de una forma bestial”. Tanto él como Carlos Arce también denuncian que con una valla más alta cualquier caída puede tener consecuencias más brutales todavía. Porque saben que los inmigrantes van a seguir intentando saltarla a no ser que la posibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos, Embajadas o consulados sea real. Por el momento, dista mucho de serlo.

P. S. La fotografía que acompaña al post en las Redes Sociales es de Antonio Sempere.

“Cada día que se demora su tramitación es un día más que hay gente que sigue sufriendo”

“Porque ya va tarde: han pasado dos décadas largas desde que Ramón Sampedro pidió la eutanasia en los tribunales y le fue denegada (fue el primer español en hacerlo)”. Es lo que responde Danel Aser Lorente Tellaetxe cuando le preguntamos por la posibilidad de que España se convierta en este 2020 en el sexto país del mundo en tener una ley de muerte digna tras ser admitida a trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados la propuesta impulsada por el PSOE. Todos sabemos cómo acabó aquella historia y cómo acabaron muchas otras y él lo ha sufrido muy de cerca: es uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, que moría a los setenta y cinco años después de pasar los trece últimos enferma de alzhéimer; en su documento de voluntades anticipadas había dejado claro que no quería seguir viviendo cuando ya no tuviese autonomía, ni capacidad de amar, ni reconociese a los suyos, pero su voluntad no se respetó. Su familia empezó entonces una lucha para conseguir la despenalización de la eutanasia y que ella y muchas otras personas “pudiesen morir con dignidad, porque la vida es un derecho y no una obligación”, y la lucha continuó tras su muerte. A punto de cumplirse un año de ese fallecimiento sus familiares confían en que -como dice el dicho- a la tercera vaya la vencida, la norma se apruebe definitivamente y entre en vigor cuanto antes: en 2018 y 2019 ya se había aprobado su toma en consideración en las Cortes, pero las dos últimas convocatorias electorales impidieron que siguiese adelante. Dice que esta es la ocasión en la que más esperanzados están; aun así, confiesa que no las tienen todas con ellos.

Nadie va a acabar con la vida de nadie

El Congreso dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia de los socialistas por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, siendo los que se opusieron parlamentarios del PP, de VOX, de UPN y de Foro Asturias. Danel Aser Lorente Tellaetxe se muestra muy crítico con las intervenciones de dos de los diputados en ese debate: el popular José Ignacio Echániz, que llegó a hablar de ‘solución final’, y Lourdes Méndez, de la formación de ultraderecha, que sostuvo que se convertirá al Estado en una ‘máquina de matar’. Los tilda de “irresponsables e inhumanos” y los acusa de mentir, quejándose además de que “sus únicos argumentos están basados en las creencias y en la fe, en la religión católica, cuando -en teoría- vivimos en un Estado aconfesional”. Así nos lo ha contado.

Tanto el PP como VOX proponen una ley de cuidados paliativos, que los populares vetaron en varias ocasiones cuando la presentó el PSOE. Argumentan en el Partido Popular que ‘entre el dolor y la eutanasia están los cuidados paliativos’, pero el hijo de Maribel Tellaetxe afirma que son necesidades diferentes para momentos diferentes de la vida: considera que los cuidados paliativos son “absolutamente necesarios y deberían estar armonizados en todo el territorio español”, cuenta que su madre los recibió en sus últimos meses y que, de alguna manera, mitigaron su dolor físico; pero aclara que estos cuidados no le van a devolver a una persona enferma de alzhéimer sus recuerdos, su capacidad de amar y su autonomía, ni su movilidad a una persona tetrapléjica. “Yo tendré que poder decidir si quiero vivir toda la vida postrado en una cama o sin recuerdos o si no quiero hacerlo; está muy bien que haya quien decida que sí, pero también quien diga que no”. Recuerda que el instinto de supervivencia es innato en el ser humano y se pregunta cuándo desaparece, para añadir que “mucho tienes que estar sufriendo para decidir que ya no quieres seguir adelante con la vida”.

‘La Promesa’

‘La Promesa’ es el documental que el propio Danel Lorente Tellaetxe rodó para que la gente viese y entendiese cómo era un día en los últimos meses de la vida de su ama, desde que la levantaban hasta que ayudaban a meterla en la cama; la pieza más dura con la que se ha comprometido en sus dos décadas en el mundo del cine. Nos explica que la familia dio el paso de hacer públicos su mayor intimidad y su máximo dolor única y exclusivamente con un carácter reivindicativo, partiendo de la base de que una imagen vale más que mil palabras.

Ha sido seleccionado para participar en numerosos festivales y premiado en lugares que jamás hubiesen imaginado, como en Utah (EE.UU), donde fue elegido mejor documental extranjero en el Festival Internacional de Documentales, o en el de la ciudad china de Guangzhou, donde quedó tercero entre los más de tres mil setecientos presentados. Su conclusión es que “la historia de amatxu es la de millones de amatxus en todo el mundo y que las enfermedades, el respeto a las voluntades individuales y el cariño no entienden de fronteras, ni de clases sociales, ni de razas, tampoco de religiones; no entienden”. Eso sí, destaca que el premio que más están recibiendo es el del público, que es el que más le emociona “porque, al final, cuentas una historia para llegar a un público”; y han sido muchos los espectadores que le han demostrado personalmente que su historia les ha llegado, haciendo cola una vez finalizada la proyección para hablar con él, darle ánimos e incluso darle las gracias. Asegura que “eso es lo único gratificante que ha salido de este documental, saber que está ayudando a mucha más gente de la que esperábamos”. Un documental que, como siempre repite, “nunca se debió rodar en un Estado social y democrático de derecho; jamás se habría tenido que rodar si en España se respetasen los derechos humanos y las libertades individuales”.

P. S. La imagen que acompaña al post en las Redes Sociales corresponde a un fotograma del documental ‘La Promesa’.

Ayudar haciendo lo que te apasiona

“Si se quiere se puede”. Esta es una frase que, seguro, muchos de nosotros habremos escuchado y/o pronunciado en más de una ocasión, pero quizás no con la convicción de Guillermo Martínez, un ingeniero de 24 años a quien un viaje a Kenia en 2017 para desconectar de la universidad le sirvió para darse cuenta de que con las aficiones con las que pasaba buena parte de su tiempo podía mejorar la vida de gente que no lo tenía tan fácil como él. Y a ello se puso. Disfrutaba con el diseño y la impresión 3D y, partiendo de prototipos de acceso libre a los que realizó distintas modificaciones, fabricó sus primeras trésdesis, brazos impresos en tres dimensiones que mejorarían el día a día de algunas de las personas que iba a conocer en esa visita a Kabarnet, en el valle del Rift, a través de Bamba Project, una asociación que trabaja fundamentalmente con niños y jóvenes sin recursos. Así nació la oenegé Ayúdame 3D: “Quería que lo que sabía y me gustaba hacer sirviera para algo, revertirlo de alguna manera a la sociedad. Y eso está al alcance de cualquiera, solo tienes que coger aquello que te apasiona hacer y con lo que puedes ayudar a alguien que lo necesita pero que no puede o no podría pagarlo y ofrecerlo desinteresadamente mientras disfrutas haciéndolo”. Puede parecer difícil pero asegura que no lo es, todo lo contrario; dice que “simplemente hay que encontrar el momento o que el momento te encuentre a ti. A mí me ocurrió con 22 años y puede suceder cuando menos te lo esperas”.

Un proyecto que no deja de crecer

Echando la vista atrás, recordando que estuvo más de un año trabajando él solo en el proyecto, le parece casi una locura, pero cuenta que el apoyo recibido desde el principio, tanto en forma de aportaciones económicas como de informaciones compartidas en las Redes Sociales, era “impresionante”. Y dice que lo fue todavía más cuando decidió abrir una convocatoria para quienes tuvieran una impresora 3D y quisiesen colaborar: “Fue increíble la cantidad de gente que se anotó”. No han pasado ni tres años desde entonces y el equipo de Ayúdame 3D lo forman ya cuatro personas, a las que se suman más de cincuenta helpers3d, voluntarios en impresión en tres dimensiones, que han hecho posible que la oenegé entregase el año pasado completamente gratis ciento cincuenta trésdesis en casi cuarenta países, cifra que espera superar en este 2020: gracias a las alianzas estratégicas que mantiene con entidades sociales de distintos territorios a cuyos responsables forma para encontrar potenciales beneficiarios de las prótesis que diseña y fabrica; gracias a los premios que recibe, a las subvenciones, al patrocinio de empresas y a las aportaciones -mensuales o puntuales- de particulares, así como a la venta de productos solidarios que está poniendo en marcha. Todo esto le permite seguir adelante y llegar a casi cualquier parte del mundo. “De una u otra forma, si se quiere se puede colaborar”, afirma tajante.

Este ingeniero que antes diseñaba juguetes pone especialmente en valor el trabajo de los voluntarios, “que hacen esto en su tiempo libre, dándolo todo para que personas sin recursos a las que les faltan uno o los dos brazos puedan tener sus trésdesis”. Le parece “alucinante” pensar que este proyecto pionero se ha convertido en lo que hoy es “porque confiamos en que habría gente dispuesta a usar sus impresoras 3D para algo más que hacer objetos decorativos. Y al final te das cuenta de que estás gestionando una acción de voluntariado novedosa, un voluntariado tecnológico que mejora la vida de la gente”. Nos explica que tratan de adaptar la oferta -el número de helpers3d– a la demanda -el número de prótesis que fabrican- para que todos puedan aportar su granito de arena y no haya nadie que quiera colaborar que esté de brazos cruzados, por eso tienen cerrada de momento la convocatoria para nuevos voluntarios. Eso sí, aclara rápidamente que “todo aquel que esté interesado puede cubrir el formulario que hay en la web para irse poniendo a la cola”.

Dando un paso más

En Ayúdame 3D están a punto de dar un salto, de abrir un nuevo camino de futuro: estos días viajan a Kenia para llevar a Bamba Project impresoras 3D y durante un mes formarán a personas de la zona para que ellas mismas puedan fabricar trésdesis para quien las necesite. “Se trata de que se autogestionen, pudiendo incluso crear alguna empresa basada en la impresión en tres dimensiones”, nos dice tras asegurarnos que ven mucho potencial en la alianza que tienen: “Nosotros contamos con la tecnología y ellos con una ubicación que les permite localizar a mucha gente que puede beneficiarse de nuestras prótesis para brazos. Ahora queremos enseñarles a usar esa tecnología para que puedan ampliar su radio de acción”.

A la espera de ver cómo funciona, su idea es ir haciendo lo mismo con otras asociaciones con las que colaboran en distintos puntos del planeta. Para mejorar así la calidad de vida de todos los que participan en el proyecto, sobre todo de quienes no pueden pagar los 30.000 euros que cuestan las prótesis que hay en el mercado, que distan mucho de las que ellos diseñan y fabrican, como nos cuenta el propio Guillermo Martínez.

Esta oenegé nació para ayudar a los que peor lo tienen y quienes forman parte de ella saben lo importante que es que todos entendamos que “eso es algo demasiado fácil como para no hacerlo”, en especial los más jóvenes. Por eso dan charlas en universidades y en colegios, para que los niños desarrollen cuanto antes esa mentalidad social: “Me habría gustado que me hubiesen dado charlas como estas cuando era pequeño, por eso lo hacemos: elaboramos programas sencillos de diseño e impresión en tres dimensiones para que los chavales puedan fabricar una mano y después montamos una especie de mercadillo solidario para que esas manos lleguen a quien las necesita. Así se dan cuenta de lo sencillo que es ayudar, utilizando las nuevas tecnologías o valiéndote de otras muchas cosas que te guste hacer. Siempre le puedes dar una vuelta a aquello que te apasiona y con lo que te entretienes para ayudar a los demás”. Ayúdame 3D demuestra que si se quiere se puede.

P.S. Tenéis toda la información sobre Ayúdame3D –lo que hacen, cómo podéis colaborar…- en su página web, https://ayudame3d.org

“Seis años después, seguimos repitiendo que esas muertes no pueden quedar impunes”

Armand, Blaise, Daouda, Jeannot, Keita, Larios, Luc, Oumarou, Ousmane, Roger Chimie, Samba, Youssouf, Yves y un compañero cuyo nombre se desconoce morían el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí del Tarajal bordeando el dique fronterizo con Marruecos. Por lo menos catorce personas muertas tras utilizar los guardias civiles desplegados en la zona material antidisturbios para tratar de disuadirlas: lanzaron ciento cincuenta y cinco pelotas de goma y cinco botes de humo y dispararon trescientas cincuenta y cinco salvas de fogueo, según una de las organizaciones pro derechos humanos que ejerce la acusación popular, Coordinadora de Barrios (las otras son CEAR, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos, Comité René Cassin y Observatori de Drets Humans). “Cuando te disparan te bloqueas. Te paralizas, no te puedes mover. Te hundes”, contó en su día una de los dos supervivientes que prestaron declaración ante la instructora del caso. Seis años después el periplo judicial continúa, moviéndose hasta el momento entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la Ciudad Autónoma, que ya ordenó reabrirlo en dos ocasiones argumentando que no se había agotado la investigación, llegando incluso a afirmar que se había decretado el archivo “sin realizar el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”.

En septiembre del año pasado, la titular de ese Juzgado número 6 acordaba procesar por los delitos de homicidio imprudente con resultado de muerte y denegación de auxilio a los mandos y agentes de la Guardia Civil investigados, dieciséis en total: en el auto decía que su actuación “pudo contribuir” a las muertes por ahogamiento, que pudo haber “falta de proporcionalidad” y que había indicios de que no socorrieron a las personas que se encontraban en el mar “con riesgo vital”. La Fiscalía pidió de nuevo el archivo y apenas un mes después la misma jueza decretaba el sobreseimiento de la causa por tercera vez: explicaba que lo hacía “exclusivamente” en aplicación de la llamada doctrina Botín que indica que, en casos como este, no puede abrirse juicio oral si no acusan ni el Ministerio Público ni la acusación particular, aunque sí lo haga la popular. Las asociaciones que ejercen esa acusación popular recuerdan que en este caso no hay acusación particular pese a que familiares de seis de las víctimas han tratado varias veces de personarse en la causa, siendo su solicitud rechazada: la primera instructora alegó que no habían aportado los originales de los certificados de nacimiento de los fallecidos sino fotocopias y cuando lo hicieron no recibieron respuesta; el año pasado volvieron a intentarlo pero la nueva jueza determinó que el tema ya se había resuelto en su día. La acusación popular recurrió -también lo hicieron la Fiscalía y las defensas, pidiendo que se entre en el fondo de la cuestión y se deje claro que los investigados no cometieron delito alguno, como ellas sostienen- y se está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie.

Siguen reclamando verdad, justicia y reparación

Estos días Ceuta, Madrid, Jerez, Logroño, Pamplona, Durango o Frankfurt acogen actos en memoria de los por lo menos catorce muertos. Actos convocados y apoyados por numerosos colectivos, entidades y particulares que quieren enviar un mensaje: que van a seguir exigiendo justicia, que no piensan desistir y que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que no haya impunidad”. Así nos lo ha contado Laura Ganado, del equipo organizador de la VII Marcha por la Dignidad que -secundada por alrededor de ciento cincuenta asociaciones- recorrerá este sábado día 8 la Ciudad Autónoma para reclamar una vez más “verdad, justicia y reparación”.

El lema de este año es ‘Frente a vuestros muros creamos puentes’ y ella misma nos lo explica: “Muros físicos, porque se ha estado hablando mucho de las concertinas, de quitarlas del lado ceutí mientras las refuerzan en el lado marroquí; pero también muros mentales, porque se ha multiplicado el discurso de odio, xenófobo y racista. Y puentes porque, como respuesta, no nos cansaremos de tenderlos y de crear lazos de unión con los inmigrantes, dándoles una acogida digna y uniendo nuestras voces en marchas como esta con un objetivo común, que no es otro que defender los Derechos Humanos”. Quieren que el sábado se visibilice en Ceuta que “somos miles las personas que seguimos defendiendo la justicia, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la convivencia, el respeto y la dignidad de quienes tratan de escapar de la miseria y de las guerras”.

Dice Laura Ganado que las políticas migratorias españolas y europeas han estado marcadas en los últimos años por la externalización/subcontratación del control de fronteras, dejando a su suerte a las decenas de miles de personas que se han echado -y seguirán echándose- al mar para sobrevivir. Pero también tiene claro que una parte de la sociedad civil, en la que se incluyen voluntarias y voluntarios -como ella- de numerosas organizaciones, asociaciones y colectivos, así como otros muchos miles de ciudadanos, va a continuar con la lucha para reclamar un cambio radical que permita que esa cifra de la vergüenza que es la de los muertos en el Mediterráneo deje de incrementarse: desde 2014 hasta el 31 de diciembre pasado la Organización Internacional de las Migraciones contabiliza por lo menos 19.164 fallecidos, 1.283 de ellos el año pasado. Y eso sin contar a los desaparecidos cuyas muertes no se han podido ni se podrán nunca verificar: 413 solo en 2019.

“Nos hace sentir mucho más útiles en este mundo sin sentido”

Contentos y emocionados por haber podido compartir tantas risas y alegrías, satisfechos, pero también agotados, física y mentalmente, teniendo claro -eso sí- que en cuanto puedan volverán a compartir su trabajo con aquellos que más lo necesitan. Como acaban de hacer en Líbano, de donde los artistas voluntarios de Payasos Sin Fronteras han vuelto “con el corazón lleno” después de una gira en la que han actuado para casi cuatro mil personas, la mayoría niñ@s refugiados sirios, con un total de quince espectáculos. Hablamos de un país de algo más de cuatro millones de habitantes que es el que acoge más refugiados per cápita del mundo -más de un millón cuatrocientos mil entre sirios y palestinos, según la ONU, casi un millón ochocientos mil, según las autoridades locales- que atraviesa una dura crisis económica, a la que desde hace más de tres meses se suma una crisis social y política sin precedentes, a la espera de que el Parlamento ratifique un nuevo Gobierno que no tiene el apoyo del pueblo, como demuestran las movilizaciones que siguen tomando las calles.

Protestas contra la corrupción que les obligaron a cancelar la primera actuación que tenían prevista al suspenderse aquel día las clases, aunque rápidamente buscaron una alternativa, porque estaban allí para llevar la risa a la mayor cantidad de gente posible. La mayoría había estado antes en Líbano y Luara Mateu Trías nos ha contado que ahora “todo parece menos estable y, con los tanques en pleno centro de la capital, hay menos sensación de seguridad que entonces”. También encontraron más deteriorados los campos de refugiados y las pocas actuaciones que pudieron hacer en ellos -casi todas fueron en escuelas- les resultaron muy chocantes: en uno había dos palmos de lodo, les costó actuar y acabaron de barro hasta las rodillas porque ni siquiera había palés con los que acondicionar una zona, algo con lo que antes sí contaban las organizaciones que trabajaban allí; en otro tuvieron que actuar en un centro social porque no era posible hacerlo fuera. Luara Mateu nos explica que el grupo salió del país con la sensación de que “no solo la situación no ha mejorado con el paso de los años ni se han encontrado soluciones sino que cada vez hay más gente con las mismas carencias. Nosotros hemos hecho lo que habíamos ido a hacer, pero esas personas necesitan otro tipo de ayuda que no les está llegando”.

De lo que han hecho allí, de cómo lo han vivido, hemos hablado: de sentimientos, de sensaciones encontradas y de lo gratificantes que son experiencias como esta “que no se pagan con dinero porque nos hacen sentir mucho más necesarios y útiles en este mundo sin sentido en el que estamos, en el que la risa es imprescindible para sobrevivir”.

Aclara que el espectáculo no solo lo conforman ellos, los payasos, sino también los espectadores, “sin los cuales no somos nada” y, recordando una actuación en la que la meteorología les jugó una mala pasada y acabaron calados hasta los huesos, destaca esta frase escrita en el cuaderno de bitácora de Payasos Sin Fronteras: “Lo que el alma vive en aquel momento, los aplausos de aquellos niños, no se secan tan rápido como el agua ni se olvidan tan rápido como el frío”.

Ya en casa, acatarrada, nos cuenta que la sensación al regresar es la de que te bajan todas las defensas y nos explica que se necesita un tiempo para adaptarse: “Nosotros llegamos un día y al siguiente tuvimos un bolo; para mí fue tremendo porque es como si estuviese medio grogui y sé que no es solo una cuestión física sino, sobre todo, mental”. Aun así, asegura que todos los que participan en alguna de las expediciones quieren repetir, “porque nunca te has sentido tan realizada como cuando actúas para gente que vive realidades tan difíciles”. Más todavía sabiendo que la risa reduce la sintomatología del estrés postraumático en niñ@s que han sufrido una guerra: hace mucho que ellas y ellos lo sabían -“solo tienes que verles la cara”- pero desde hace un tiempo existe la evidencia científica de que eso es así, constatado por la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Luara Mateu será una de las que participe en la próxima expedición, a Etiopía, el mes que viene. A Líbano ha ido con su padre, Tortell Poltrona, con quien para ella es mágico trabajar “porque en el lenguaje de payaso se crean unas sinergias que, después, puedes extrapolar a tu vida personal”, aunque también reconoce que ese vínculo familiar “hace que sea más duro vivir situaciones que, a veces, te superan”. Se queda con lo positivo y dice que aprenden mucho el uno del otro: “Él, que es gato viejo, siempre tiene cosas que enseñarme, pero también yo lo sorprendo con una visión más fresca al ir sin armadura cuando él va más que concienciado de no crear vínculos”. De familia de payasos, está orgullosa de pertenecer a un mundo, el del circo, en el que no se trata de competir sino de luchar por un objetivo común: hacer reír. En Líbano, en Etiopía, en Burkina Faso, En Ucrania, en Colombia…y también, ¡claro!, aquí en España.

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P.S. Con Luara Mateu y Tortell Poltrona, en Líbano han estado Diana Pla, Marina Benites y Dani Foncubierta, además del fotógrafo Àlex Carmona, autor de las fotografías que ilustran el post. Toda la información sobre Payasos Sin Fronteras, sus proyectos, cómo podéis colaborar…, la tenéis en su web www.clowns.org

¿Podemos hacer algo por mi país?

Fue lo que le preguntó una amiga a otra en abril de 2015 al poco de estallar una guerra en la tierra de la primera, de la que la segunda está enamorada, y de esa pregunta acabó naciendo una oenegé española que proporciona ayuda humanitaria a unas diez mil personas al mes, gracias a sus casi cuatro mil colaboradores y socios y a sus tres fundadoras, Faten Al Osimi, Eva Erill y Noèlia Ruiz: Solidarios Sin Fronteras, la única oenegé española con presencia en Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, que a finales de marzo cumplirá cinco años de guerra. Cinco años que dejan cifras que ponen los pelos de punta, más todavía cuando se sabe que son aproximadas y que las reales son incluso peores: en informes encargados por la ONU se calcula que se han superado los doscientos mil muertos y las instituciones yemeníes hablan ya de doscientos cincuenta mil, teniendo además en cuenta que se trata de un país musulmán, en el que los fallecidos se entierran de inmediato, con muchas zonas de difícil acceso, lo que significa que muchas víctimas no se contabilizan ni se contabilizarán nunca. Ocho de cada diez yemeníes carecen de agua, comida y acceso a medicamentos, están viviendo la peor epidemia de cólera de la historia, el dengue les golpea duro y ahora también la fiebre porcina; hay más de tres millones y medio de desplazados internos, cuatro millones de niños sin escolarizar…y podríamos seguir. Para Naciones Unidas estamos ante la mayor hambruna en cien años y ante la mayor emergencia humanitaria del planeta provocada por la acción del hombre. Y a pesar de todo ello apenas vemos, escuchamos o leemos sobre ella en los medios de comunicación. ¿Por qué?

Una guerra silenciada

  Eva Erill asegura contundente que esta es una guerra “silenciada y/o ignorada por intereses políticos y económicos: geoestratégicos -por el Golfo de Adén, a través del paso de Bab al Mandeb, salen a diario en dirección a Occidente cinco millones de barriles de crudo de Arabia Saudí y otros productores del Golfo Pérsico, por eso es importante para ellos hacerse con el control del territorio yemení- y, sobre todo, derivados del comercio de armas”. Está convencida de que el silencio de la inmensa mayoría de los Gobiernos occidentales se debe “al increíble negocio que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y también España, entre otros, están haciendo con la venta de armamento al reino saudí, que lidera la coalición internacional que lucha contra los hutíes en Yemen”.

  Entre 2015 y mediados de 2018, Madrid exportó armas a Riad por valor de más de mil cien millones de euros, datos de Amnistía Internacional: “Por eso no les interesa que se hable del conflicto, que se sepa lo que está causando”. En Solidarios Sin Fronteras tienen claro que esa venta de armas va a continuar con el nuevo Ejecutivo. Se apoyan en varios datos: en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos no se hace ni una sola referencia al comercio de armas ni a la guerra de Yemen, “y eso que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha sido uno de los que más ha denunciado este tema en el Congreso de los Diputados”; barcos de la naviera pública saudí siguen haciendo escala en puertos españoles, la última en Motril la semana pasada; y está además el visado de tránsito que desde comienzos de este año se les exige a los yemeníes que quieran pedir asilo político en un aeropuerto español si su vuelo hace escala aquí, cuando son de las nacionalidades con mayor reconocimiento de protección internacional en España: “El año pasado solicitaron ese asilo en Barajas ciento sesenta y seis ciudadanos de Yemen y parece que hubiese habido una avalancha, siendo la realidad que casi nadie puede salir de allí porque no tienen dinero para pagarles a las mafias. Ahora el Gobierno les impide pedirlo en nuestro país a los pocos que pueden escapar de la guerra”.

El bloqueo está matando más que las bombas

  Denuncia Eva Erill que los yemeníes no tienen recursos ni mucho menos suficientes para subsistir: cuenta que ya antes de la guerra dependían en un noventa por ciento de productos externos y de la ayuda humanitaria y dice que el conflicto no ha hecho más que empeorar la situación, con el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre al que Arabia Saudí, Estados Unidos y los demás miembros de la coalición internacional llevan sometiendo a la población desde hace ya casi cinco años. Un bloqueo que, “cuando les interesa, levantan durante unas horas para que sus productos puedan entrar en el país, haciendo -de nuevo- negocio”. Lo cuenta ella misma.

  Explica que esa ayuda de Solidarios Sin Fronteras se ha traducido en una importante mejora de las cifras de escolarización en los dos colegios con los que colaboran repartiendo mil doscientos desayunos diarios, cinco días por semana: en el primero que les pidió ayuda pasaron de faltar a clase ciento veinte niñas a estar “a tope“ en solo un par de meses y en el segundo les han pedido este año que hagan dos turnos para poder atender a más niños. Asegura que se trata de un “acto revolucionario” con el que están consiguiendo que a esas niñas no las casen y que a esos niños no los rapten mientras piden en la calle para obligarlos a luchar en el conflicto.

  Faten Al Osimi es la amiga yemení que le preguntó a Eva Erill, enamorada de una tierra que visitó por última vez solo unos meses antes de que estallara la guerra, si podían ayudar a su país. La idea inicial era buscar una pequeña oenegé en España y una contraparte local para ver qué se podía hacer, pero cuando Faten dijo que no confiaba en ninguna de las organizaciones que operaban allí y Eva se dio cuenta de que no había ninguna española se decidieron: “Vamos a crear la ONG en la que nos gustaría ser donantes. Cercana, transparente, en la que cada euro se destine a quienes lo necesitan y en la que la gente sepa a dónde va su dinero. Eso era fundamental para nosotras y es lo que hemos hecho”. ¿Por qué dieron el paso?

  “Éramos una hormiga y aun hoy seguimos siéndolo, pero cada vez tenemos más apoyos”, dice. Saben que no pueden bajar la guardia porque para mantener la ayuda a esas diez mil personas al mes–“¡y ojalá a más!”- necesitan que les salgan las cuentas, que no es fácil. Y en eso siguen, haciendo cuentas todos los días. “Es una decisión de vida” y están decididas a llevarla hasta el final.

P.S. Toda la información sobre Solidarios Sin Fronteras, sus proyectos en Yemen, cómo podéis colaborar para ayudar a los yemeníes (desde de un euro al mes) …la tenéis en su web solidariosinfronteras.org y en sus Redes Sociales.

“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

“No vamos a dejar las calles hasta que veamos hechos. Esto tiene que cambiar porque es de justicia”

Después de ocho meses de interinidad estamos a tres días de que tomen posesión los miembros del primer Gobierno de coalición de la democracia. Un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que en los últimos días del año pasado firmaban el acuerdo programático, que incluye el compromiso de garantizar unas pensiones públicas dignas, actualizarlas por ley conforme al IPC real, subir las mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género y revisar las de viudedad, reformar el Sistema de Seguridad Social o eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización previstos en la Ley23/2013. Pedro Sánchez era investido presidente el pasado martes día 7 tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados en segunda votación y el miércoles 8 a media mañana prometía el cargo en Zarzuela. Casi a la misma hora los pensionistas volvían a manifestarse a las puertas de la Cámara Baja para exigir pensiones públicas dignas y el próximo lunes saldrán de nuevo a la calle en distintos puntos de España. Lo van a seguir haciendo porque no las tienen todas consigo.

“Estamos bastante esperanzados porque se va a conformar un Gobierno progresista y confiamos en que apueste con más fuerza por las políticas sociales”, dice María Ángeles Poveda, portavoz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas y de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que reconoce que ese pacto entre los dos partidos que van a estar en el gabinete recoge parte de sus reivindicaciones: “Nos suena muy bien la música y la letra”, pero acto seguido deja claro que quieren “que todo eso se cumpla, para que empiece a mejorar la vida de la gente, empezando por la de los colectivos más vulnerables como las viudas, las personas dependientes y los jóvenes pensionistas”. Habiendo visto lo sucedido en la investidura, no creen que a socialistas y Unidas Podemos vaya a resultarles fácil que sus compromisos se traduzcan en hechos, por eso dicen que irán valorando la situación y decidiendo los pasos a dar a medida que se vaya desarrollando. Avisan de que, hasta que vean cambios reales, continuarán con las movilizaciones “porque es lo que le ha dado tanta fuerza a este movimiento” y porque -ya lo dice su lema- “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

Van a mantener la lucha en defensa de los derechos de todos los pensionistas y sobre todo del millón de jóvenes que lo son por enfermedad crónica y/o degenerativa o por accidente que, después de pelearlas con uñas y dientes, tienen prestaciones en general muy bajas que limitan su día a día todavía más que la propia enfermedad, impidiéndoles en muchos casos llevar una vida digna, como ella misma nos ha contado mientras hablábamos de sus demandas.

Además de las que ha mencionado, sus reivindicaciones incluyen la derogación de las dos reformas de las pensiones -de 2011 y 2013- y de las dos últimas reformas laborales, aprobadas por Gobiernos del PP y del PSOE; reformular la Comisión el Pacto de Toledo, que consideran un “pacto del engaño”, para abrir un diálogo que esté marcado por la transparencia y que incluya la participación del colectivo; que no haya pensiones inferiores a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea y su blindaje en la Constitución; la eliminación efectiva del copago farmacéutico que aseguran que, con las prestaciones que tienen, los hace polvo; que se considere la rehabilitación, tanto física como psicológica, parte de la terapia; terapias multidisciplinares adaptadas a sus necesidades y una ley que proteja al paciente crónico. María Ángeles Poveda explica que también les preocupan mucho las listas de espera de la dependencia: “Hay una cifra que para mí es la cifra de la vergüenza que es la muerte diaria de 80 personas mientras esperan unas ayudas que les habían sido reconocidas por ley (el dato es del Observatorio de la Dependencia); me parece algo inhumano que ningún Gobierno -en funciones o no- se puede permitir”. Asegura que pelean para que se agilicen tanto los pagos como las valoraciones pendientes.

Y, hasta donde su salud se lo permita, van a continuar peleando por todas y cada una de esas demandas, para que vayan siendo atendidas. Recuerda que la Plataforma de Jóvenes Pensionistas lleva haciéndolo desde septiembre de 2018, cuando se echaron a las calles para dar voz a un millón de personas -el 10% del colectivo de pensionistas- que se sienten excluidas en muchos aspectos de la vida, “por una parte de la sociedad y por las Administraciones”. Porque es de justicia que puedan tener una vida digna. Lo dice su portavoz que, a sus 41 años, vive con 557 euros al mes tras conseguir que los tribunales le concedieran la incapacidad laboral total por la que luchó durante nueve años con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De nuevo invisibilizados, vuelven al armario

“Los poderes públicos no contemplan cómo deberían la vejez en general, mucho menos todavía si hablamos de personas mayores LGTBI: las desexualizan por completo sin tener en cuenta sus afectos y su forma de relacionarse con los demás, lo que han vivido y cómo eso les ha ido llevando a confeccionar núcleos personales y/o familiares muy distintos a los de los demás”. Lo dice Loren González, secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y responsable del informe ‘Mayores LGTBI. Historia, Lucha y Memoria’, que denuncia que las instituciones ni siquiera han pensado en que esas otras realidades existen y menciona dos datos del estudio: solo el 4% de los mayores LGTBI hace uso de recursos públicos sociales que utiliza el 46% de la población mayor; casi la mitad (45%) no revela su condición en el ámbito sociosanitario, por causas como el miedo al rechazo y la vergüenza, con todo lo que puede implicar para ellas y ellos a nivel de salud. ¿Cómo es posible?

Se enfrentan a nuevos armarios, violencias y discriminaciones

El informe de la Federación pone de manifiesto que la mitad de los entrevistados fue totalmente visible en su entorno social más próximo -familia y amigos- entre los 31 y los 50 años y que casi cuatro de cada diez lo fueron también en el trabajo y en lo relativo a su participación social. Pero revela que eso cambió para muchos a partir de esa edad: solo uno de cada cuatro siguió siendo visible en su entorno familiar y laboral, el 28% si atendemos a su participación social y menos de uno de cada tres con sus amigos. Loren González explica que esto se debe fundamentalmente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: “Hablamos de personas que vivieron su infancia y/o juventud en el franquismo y en los años posteriores, algunas expulsadas de su hogar por su expresión de género, que tuvieron muy difícil el acceso al mundo laboral -sobre todo en el caso de las trans-, que sufrieron discriminación durante mucho tiempo -y aun hoy- por parte de la sociedad… que, en muchos casos, al irse haciendo mayores no han conseguido crear ese núcleo familiar y social que en general sí tienen los heterosexuales o que lo han tenido y lo han perdido porque sus allegados han fallecido”. Esa falta de apoyos, sumada al sentimiento de soledad, a la edad, a las carencias de salud, a los miedos…hace que se vuelvan inseguras, se retraigan y regresen al armario.

De hecho, casi siete de cada diez están convencidas de que tienen más dificultades como mayores por ser LGTBI, lo que también ayudaría a explicar ese paso atrás. Cuenta el responsable de la FELGTB que para muchas de ellas se trata de revivir malos recuerdos y temores porque no podemos olvidar que, “sin ser comparable lo que se vive ahora con lo vivido durante el franquismo y en los años siguientes, la sociedad sigue siendo intolerante. La homofobia, la bifobia y la transfobia son al final como una lluvia fina que te va empapando hasta que cuando llegas a cierta edad se convierte en un tsunami de discriminación”. Asegura que a muchas personas les resulta imposible quitarse ese estigma que tienen interiorizado de que son mala gente.

Las políticas públicas no los contemplan

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales denuncia que los servicios de atención sociosanitaria no los tienen en cuenta. Explica su secretario de Organización que cuando se hacen estudios sobre la población mayor no recogen la orientación ni la identidad sexual, lo que implica “desexualizar por completo a los mayores LGTBI, como si no viviesen su sexualidad de ninguna manera cuando ha sido un hecho fundamental en sus vidas porque los ha marcado en gran medida”. Dice que tendrían que incluirse para ayudar así a responder a sus necesidades específicas al respecto. Y se queja de falta de formación de los profesionales, que no tienen herramientas suficientes para saber cómo abordar la realidad del colectivo, añadiendo que “también los habrá que tengan actitudes discriminatorias, porque la LGTBIfobia está presente en todos los ámbitos, pero no disponemos de datos porque a los mayores les cuesta mucho denunciar”. Cuenta que es una de las cosas que les ha quedado clara con este estudio, y con otros anteriores, reconociendo que les ha resultado más que difícil encontrar gente que quisiese participar: solo lo han hecho 145 personas.

Otro capítulo es el de la convivencia en las residencias de mayores, que pueden no ser un espacio seguro para ellos a nivel individual y que, cuando van en pareja, Loren González afirma que eso tampoco se suele respetar. Recuerda que hace poco una de las organizaciones que forman parte de la FELGTB dio una charla en una residencia y cuando parte de los que habían acudido supieron que era para hablar de la realidad de los mayores LGTBI se marcharon muy enfadados diciendo que ‘no iban a escuchar cosas de maricones’. Todo esto ayuda a entender por qué apenas el 4% hace uso de los recursos sociosanitarios que están a disposición de la tercera edad, un porcentaje que va ligado a la ocultación de la orientación y la identidad sexual en este ámbito, donde el 45% no la revela, ni siquiera a su médico de cabecera: “La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran les impide contárselo, necesitan que se les transmita confianza para poder abrirse y eso en muchas ocasiones no sucede por falta de formación adecuada en materia de diversidad sexual y de género”. Alerta de que, sin conocer su realidad, las intervenciones que se hagan no se serán las adecuadas y pide no olvidar que casi uno de cada tres mayores tiene síntomas de depresión y/o ansiedad; tampoco los datos de infectados por el VIH.

Asegura que los mayores LGTBI son una asignatura pendiente, también para las propias asociaciones que luchan por sus derechos.

Sus demandas

Para cambiar esta realidad, la Federación considera fundamental que se incluya la diversidad LGTBI en las políticas públicas relacionadas con la vejez: revisando los protocolos y/o reglamentos; reflejándola en la oferta de recursos de atención para los mayores de modo que sientan que la prestación del servicio se realiza bajo el concepto de ‘espacio seguro’; así como formando y sensibilizando a los profesionales sociosanitarios.

También reclama que se implemente en todo el país el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de trato asociada al VIH porque estamos ante un colectivo que ha sido víctima de la pandemia del SIDA de forma atroz. Y demanda que se apruebe de una vez en el Congreso de los Diputados la Ley de Igualdad LGTBI, para blindar sus derechos en todas las Comunidades Autónomas puesto que las hay que ni siquiera tienen legislación al respecto y en algunas en las que sí existe hay una ofensiva de la ultraderecha para intentar recortarla. “Tenemos una deuda enorme con nuestros mayores en general, también con los mayores LGTBI. Esperemos que se siga avanzando y no se retroceda en derechos y libertades”, dice Loren González, que avisa de que la FELGTB seguirá actuando como dique de contención todo el tiempo que pueda.

El testimonio de Pedro Antonio Beguería

Hemos analizado los resultados del informe ‘Mayores LGTBI: Historia, Memoria y Lucha’ que, como todos, tiene dos caras: la de las personas que pasados los 50 vuelven al armario, de las que hemos estado hablando, y la de aquellas que superada esa barrera siguen siendo tan visibles como lo fueron hasta entonces. Este último es el caso de Pedro Antonio Beguería, arquitecto jubilado aragonés, y él mismo nos ha dejado claro que no tiene ni la menor intención de retraerse, además de hablarnos de cómo ve la irrupción de la ultraderecha.