Después de ocho meses de interinidad estamos a tres días de que tomen posesión los miembros del primer Gobierno de coalición de la democracia. Un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que en los últimos días del año pasado firmaban el acuerdo programático, que incluye el compromiso de garantizar unas pensiones públicas dignas, actualizarlas por ley conforme al IPC real, subir las mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género y revisar las de viudedad, reformar el Sistema de Seguridad Social o eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización previstos en la Ley23/2013. Pedro Sánchez era investido presidente el pasado martes día 7 tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados en segunda votación y el miércoles 8 a media mañana prometía el cargo en Zarzuela. Casi a la misma hora los pensionistas volvían a manifestarse a las puertas de la Cámara Baja para exigir pensiones públicas dignas y el próximo lunes saldrán de nuevo a la calle en distintos puntos de España. Lo van a seguir haciendo porque no las tienen todas consigo.

“Estamos bastante esperanzados porque se va a conformar un Gobierno progresista y confiamos en que apueste con más fuerza por las políticas sociales”, dice María Ángeles Poveda, portavoz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas y de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que reconoce que ese pacto entre los dos partidos que van a estar en el gabinete recoge parte de sus reivindicaciones: “Nos suena muy bien la música y la letra”, pero acto seguido deja claro que quieren “que todo eso se cumpla, para que empiece a mejorar la vida de la gente, empezando por la de los colectivos más vulnerables como las viudas, las personas dependientes y los jóvenes pensionistas”. Habiendo visto lo sucedido en la investidura, no creen que a socialistas y Unidas Podemos vaya a resultarles fácil que sus compromisos se traduzcan en hechos, por eso dicen que irán valorando la situación y decidiendo los pasos a dar a medida que se vaya desarrollando. Avisan de que, hasta que vean cambios reales, continuarán con las movilizaciones “porque es lo que le ha dado tanta fuerza a este movimiento” y porque -ya lo dice su lema- “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

Van a mantener la lucha en defensa de los derechos de todos los pensionistas y sobre todo del millón de jóvenes que lo son por enfermedad crónica y/o degenerativa o por accidente que, después de pelearlas con uñas y dientes, tienen prestaciones en general muy bajas que limitan su día a día todavía más que la propia enfermedad, impidiéndoles en muchos casos llevar una vida digna, como ella misma nos ha contado mientras hablábamos de sus demandas.

Además de las que ha mencionado, sus reivindicaciones incluyen la derogación de las dos reformas de las pensiones -de 2011 y 2013- y de las dos últimas reformas laborales, aprobadas por Gobiernos del PP y del PSOE; reformular la Comisión el Pacto de Toledo, que consideran un “pacto del engaño”, para abrir un diálogo que esté marcado por la transparencia y que incluya la participación del colectivo; que no haya pensiones inferiores a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea y su blindaje en la Constitución; la eliminación efectiva del copago farmacéutico que aseguran que, con las prestaciones que tienen, los hace polvo; que se considere la rehabilitación, tanto física como psicológica, parte de la terapia; terapias multidisciplinares adaptadas a sus necesidades y una ley que proteja al paciente crónico. María Ángeles Poveda explica que también les preocupan mucho las listas de espera de la dependencia: “Hay una cifra que para mí es la cifra de la vergüenza que es la muerte diaria de 80 personas mientras esperan unas ayudas que les habían sido reconocidas por ley (el dato es del Observatorio de la Dependencia); me parece algo inhumano que ningún Gobierno -en funciones o no- se puede permitir”. Asegura que pelean para que se agilicen tanto los pagos como las valoraciones pendientes.

Y, hasta donde su salud se lo permita, van a continuar peleando por todas y cada una de esas demandas, para que vayan siendo atendidas. Recuerda que la Plataforma de Jóvenes Pensionistas lleva haciéndolo desde septiembre de 2018, cuando se echaron a las calles para dar voz a un millón de personas -el 10% del colectivo de pensionistas- que se sienten excluidas en muchos aspectos de la vida, “por una parte de la sociedad y por las Administraciones”. Porque es de justicia que puedan tener una vida digna. Lo dice su portavoz que, a sus 41 años, vive con 557 euros al mes tras conseguir que los tribunales le concedieran la incapacidad laboral total por la que luchó durante nueve años con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.