A la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y de ver qué hace el Ejecutivo de coalición, la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la frontera con Marruecos sigue dando mucho que hablar; también la lectura que hizo de la misma el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Fernando Grande-Marlaska dijo que el dictamen deja claro que la violencia que ejercen los migrantes limita sus derechos fundamentales y que España cuenta con mecanismos suficientes para asistir en frontera a los solicitantes de protección internacional. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, Doctor en Derecho, no entiende “cómo es posible que un magistrado como él diga una barbaridad así”, asegurando que en un Estado de derecho los derechos fundamentales solo pueden limitarse caso por caso y por sentencia judicial: “De hecho el Estado de derecho se revela como esencial en situaciones conflictivas garantizando para resolverlas vías respetuosas con los derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, por lo que si se suprime ese papel garantista lo estamos vaciando de contenido”. José Palazón, fundador de Melilla, considera “gravísimas” y muy significativas las declaraciones del titular de Interior, “sobre todo teniendo en cuenta que la violencia ejercida por España y Marruecos en las expulsiones es tremenda”. Recuerda que saltar la valla es una infracción administrativa, no penal, y que en nuestro país también existe la presunción de inocencia para los migrantes. Sobre la existencia de vías legales para entrar en España a través de la frontera sur, uno y otro coinciden en que eso solo es cierto sobre el papel no en la práctica. Ellos mismos lo cuentan.

El giro copernicano del Tribunal de Estrasburgo

Tanto en la APDHA como en PRODEIN Melilla -igual que en el resto de oenegés y en organismos de la propia ONU- destacan la sorpresa que ha supuesto el giro de ciento ochenta grados que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su línea jurisprudencial al respecto: el propio TEDH condenó en primera instancia a España por este caso en el que ahora atiende el recurso y los argumentos de la Abogacía del Estado, fijando incluso indemnizaciones de cinco mil euros para cada uno de los dos demandantes -un nacional de Mali y otro de Costa de Marfil- que fueron expulsados de inmediato de territorio español en agosto de 2014 tras saltar la valla de Melilla ‘como parte de un gran grupo’ de personas. Carlos Arce afirma que “frente al discurso de criminalización de las migraciones, que sostiene que estamos sufriendo una avalancha y que hacen falta medios extraordinarios para combatirla, Estrasburgo se había erigido hasta ahora en una rara avis institucional poniendo siempre por delante los derechos humanos y la dignidad de las personas. Era un contrapeso clave y este volantazo, en especial lo rudimentario y más que discutible de su argumentación, supone la pérdida de un valioso instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los migrantes”. En una línea similar, José Palazón dice que “nos han quitado una institución imprescindible” y va más allá al denunciar que el TEDH “deja de ser una referencia en materia de derechos humanos para convertirse en un tribunal de los derechos de Gobiernos y corporaciones fascistas. Ha demostrado que le da miedo defender los derechos humanos y que se deja influir políticamente”.

La Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha reaccionado a la sentencia del tribunal europeo repitiendo que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -que participó en el proceso como tercera parte- ha puesto el acento en que la Convención de Ginebra de 1951 establece que no se debe penalizar a quien huye de un país en el que es o teme ser perseguido por haber entrado en otro de forma irregular. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explican que el principio de no devolución -recogido en el artículo 33 de esa Convención- está pensado específicamente para aquellas personas que entran irregularmente en un Estado: “Si como determina ahora el TEDH el hecho de hacerlo permite expulsar a esa persona sin que ni tan siquiera pueda hablar con un abogado, sin saber si puede ser solicitante de asilo, eso significa que el principio de no devolución no sirve para nada”. Es más, aseguran que si como da a entender Estrasburgo aquella persona que realice un acto ilegal sabiéndolo tiene que soportar todo lo que le pueda pasar “podría decirse que se podría eliminar el derecho penitenciario porque no tendría razón de ser”.

Como la práctica totalidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, alertan de que con este dictamen se facilita el camino para endurecer todavía más el control de fronteras en Europa. Hay pendientes en el TEDH otras dos demandas contra España por las devoluciones en caliente: la APDHA ve complicado que el tribunal de Estrasburgo vaya a dar “otro volantazo en sentido contrario después de haber dado este”; PRODEIN Melilla piensa que la sentencia dictada hace unos días “condicionará en gran parte lo que pueda pasar con esos dos casos” pero recuerda que en ellos se ponen encima de la mesma otros elementos además de la propia expulsión, como la violencia que se usó contra los inmigrantes, y pide esperar a ver qué pasa.

¿Y en España?

Estamos pendientes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2015 por distintos partidos, incluidos PSOE e IU, y por el Parlamento de Catalunya contra determinados artículos de la llamada ‘ley mordaza’ como su disposición final primera que permite las devoluciones en caliente. El responsable de Migracións de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere que quede claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga ni mucho menos a declararlas constitucionales: “Lo que hace Estrasburgo es fijar unos estándares mínimos de protección en materia de derechos fundamentales que vinculan a los Estados miembros del Consejo de Europa pero nada impide que en el ordenamiento jurídico de esos Estados se establezcan estándares superiores. Hay unos mínimos que hay que cumplir pero por encima el límite es el cielo”. Desde PRODEIN Melilla dicen que, “si atendemos a lo dispuesto en varias leyes, España tiene unos estándares de protección superiores, es más garantista” pero aclaran que “eso es así solo en la teoría, porque en la práctica se han estado realizando devoluciones en caliente desde hace veinte años, aunque el Gobierno de turno lo negara cuando eran ilegales”.

Nos cuenta José Palazón que espera que el Ejecutivo de coalición adecúe la práctica a la teoría existente desde hace décadas y elimine de inmediato esas expulsiones, como se comprometieron a hacer los partidos que lo conforman, convencido de que, de lo contrario, “pagarán las consecuencias a medio plazo, porque la gente que les votó espera que cumplan”. Carlos Arce no confía demasiado en que lo haga teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE en gestión de fronteras y la trayectoria personal de Fernando Grande-Marlaska que, hasta ahora, se ha limitado a repetir que su prioridad es derogar la llamada ‘ley mordaza’ y consensuar otra Ley de Seguridad Ciudadana: “No creemos que vaya a prohibir esta práctica a no ser que la sustituya por otra que lo deje todo prácticamente igual”. Los dos critican el anuncio de Interior de que se incrementará un treinta por ciento la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla dentro del plan para sustituir las concertinas por elementos que doten a la frontera de una mayor seguridad pero que no sean cruentos, en palabras del ministro: “Es hipócrita insistir en que desaparecen cuando unos metros más allá, en el lado de Marruecos, se ha levantado un muro de concertinas de tres metros -previo pago a Rabat por parte de la UE de ciento cuarenta millones de euros-, que en Melilla está ya construido desde 2016. Otra gran mentira”, dice José Palazón, que denuncia que lo más cruento para los inmigrantes que tratan de entrar en España por esa frontera sur es el ejército marroquí “que usa la violencia de una forma bestial”. Tanto él como Carlos Arce también denuncian que con una valla más alta cualquier caída puede tener consecuencias más brutales todavía. Porque saben que los inmigrantes van a seguir intentando saltarla a no ser que la posibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos, Embajadas o consulados sea real. Por el momento, dista mucho de serlo.

P. S. La fotografía que acompaña al post en las Redes Sociales es de Antonio Sempere.