El 24 de julio, como hoy, hace siete años el reloj se paraba a las 20.41 horas para las más de doscientas veinte personas que quedaban en el tren que había salido de Madrid con destino Ferrol unas horas antes. Prácticamente a las puertas de la estación de Santiago, en la víspera de su festividad, se producía uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España, un accidente que nos hizo temblar a todos y que segó 81 vidas, dejando 144 heridas. Para todas esas personas, para sus familias y amigos, el reloj se detuvo para siempre aquel miércoles a las 20.41 horas. Ninguna volverá a ser ya la misma. Nadie podrá olvidar ya que la víspera del Día de Galicia es una fecha para el recuerdo. 2.556 días después, quienes resultaron heridos y quienes perdieron a los suyos en esa fatídica curva de A Grandeira, en Angrois, mantienen viva la lucha por conseguir que se sepa toda la verdad de lo que pasó: por ellos pero también por el conjunto de la ciudadanía porque “No investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles se puedan volver a repetir”. Porque pueden suceder de nuevo.

  Las víctimas consideran lamentable que, con el tiempo transcurrido y a pesar de los requerimientos de la Unión Europea, no haya habido una investigación técnica independiente que para ellas imprescindible para que se puedan depurar las correspondientes responsabilidades, tanto penales como políticas: “Todos los Gobiernos que ha habido desde la tragedia nos han ignorado: los del PP, el del PSOE y ahora el de coalición entre socialistas y Unidas Podemos. Pese a nuestras reiteradas denuncias y obviando el demoledor informe en el que las autoridades comunitarias instan a las españolas a que vuelvan a realizar la investigación, puesto que la que se hizo ni era independiente ni analizaba las causas que estuvieron en la raíz del siniestro. También eso lo ignoran”. Lo denuncia por enésima vez el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, que recuerda que en su momento escribieron a Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno, como han hecho con el presidente Pedro Sánchez y con el ahora vicepresidente Pablo Iglesias, sin recibir respuesta. Aseguran que lo único que han hecho la inmensa mayoría de los políticos es generarles más dolor e impedirles pasar página “diciendo una cosa cuando les interesa para hacer otra bien distinta a la hora de la verdad”.

Se quejan de haber tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos ante el “ninguneo” de los gobernantes e instituciones españolas, también de aquellos que los apoyaron cuando estaban en la oposición: “Parece que cuando se está sentado en el Consejo de Ministros esa investigación técnica independiente ya no interesa y eso nos da la razón; que no la quieran llevar a cabo demuestra que las cosas no estaban bien. Por eso tiene que saberse toda la verdad, para que algo así no vuelva a suceder nunca”.

Responsabilidades penales y políticas

  La instrucción de la causa -que lleva el juzgado número 3 de Santiago de Compostela- tenía que haber finalizado el mes pasado, tras una nueva prórroga, pero la pandemia ha hecho que ese ya de por sí eterno plazo procesal se vuelva a extender. Hay a día de hoy dos personas investigadas -lo que antes era imputadas- por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave: el maquinista, Francisco Garzón, que tomó la curva de A Grandeira a una velocidad muy superior a la permitida tras atender una llamada telefónica del interventor, y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por un deficiente análisis de riesgos en esa curva. Pero a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 le faltan imputados. No entienden que no esté Renfe, que no actúo en consecuencia después de que diez altos cargos recibiesen el aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira, en cuyo escrito recogía “la advertencia de lo que podía suceder y acabó sucediendo”. Recuerdan que el año pasado pelearon para que se mantuviese como investigado al que fue director de Seguridad en la Circulación de la operadora ferroviaria pública Antonio Lanchares. Siguen teniendo muy presentes las imputaciones de los miembros de la cúpula de Adif de 2011 y de cinco técnicos de la empresa decididas por el primer instructor, el juez Luis Aláez. Todas revocadas por la Audiencia Provincial de A Coruña. Consideran relevante la declaración en sede judicial, hace un par de semanas, de un extécnico de Talgo ratificando que directivos de la compañía ordenaron el borrado de las averías del Alvia accidentado en Angrois inmediatamente después del siniestro (algo que los directivos negaron en el juzgado). Y no dejan de repetir que la Xunta de Galicia impuso, en su día, a dos de los tres peritos judiciales, que carecían de experiencia en la materia.

  En lo político, el presidente de la Plataforma, Jesús Domínguez, nos cuenta que esperan que se retomen los trabajos de la comisión parlamentaria que se cerró “en falso” -sin conclusiones- por la disolución de las Cortes. No las tienen todas consigo pero lo van a pelear. Al socialista José Blanco, ministro de Fomento cuando se inauguró la línea ferroviaria en la que tuvo lugar el accidente, lo acusan de engañar a toda la ciudadanía al publicitar que era de Alta Velocidad y que contaba con el sistema de frenada ERTMS cuando no era así en todo el trayecto; y lo señalan por autorizar el cambio del proyecto original, suprimiendo ese sistema de seguridad precisamente en el tramo más peligroso. A su sucesora en el cargo, la popular Ana Pastor, la acusan de ser la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas para tratar de ocultar las verdaderas causas de la tragedia que costó la vida a 81 personas y dejó a otras 144 heridas. “Hablamos de la Alta Velocidad, la joya de la Corona, con muchos contratos y miles de millones de euros en juego y España no se podía permitir que se dijese que las cosas no se estaban haciendo bien. Por eso se activó toda la maquinaria del Estado para ocultar la verdad”.

La lucha continúa

  Pero tanto a nivel político como a nivel penal, su principal objetivo es redoblar la lucha para que se lleve a cabo la investigación técnica independiente que reclama la UE “para determinar qué fallos se cometieron, por qué se homologó mal el tren, por qué no se hizo un análisis de riesgos como correspondía… Es lo que tiene que hacer el Gobierno de España; lo que marca la normativa europea. Pero está claro que no quiere”. Y dice Jesús Domínguez que no quiere porque, siete años después, su caso (que debería ser el de todo un país) “ya no está en la palestra y no perjudica en las urnas, que es lo único que les importa a nuestros gobernantes. Los muertos y las demás víctimas les damos igual”. Recuerda el “recibimiento con los antidisturbios que nos dio el presidente de la Xunta” cuando -en el primer aniversario de la tragedia- trataron de acceder al edificio donde se entregaban las Medallas de Galicia para explicarle a Alberto Núñez Feijóo su negativa a recibir una de las distinciones (al acto solo fueron invitadas ocho víctimas y familiares).

  Lo tienen claro y aun así en la Plataforma Víctimas Alvia 04155 no piensan rendirse: “Ellos juegan con el tiempo y a lo largo de estos siete años no les ha ido mal, pero nosotros estamos dispuestos a seguir hasta conseguir VERDAD y JUSTICIA, que es lo que demandamos desde el principio”. Es una lucha muy desigual, en la que saben que es clave que sus reclamaciones vuelvan al primer plano en el que estuvieron durante los meses posteriores y los primeros años que siguieron a aquel 24 de julio de 2013. Echemos la vista atrás, no olvidemos lo que pasó y exijamos para ellos la VERDAD y la JUSTICIA que estaríamos exigiendo si nosotros o algún familiar o amigo nuestro hubiésemos ido en aquel tren.