“La soledad es una. Nosotros somos más”

El hecho de que nadie se percate de la muerte de una persona, de que ni sus familiares, ni sus amigos, tampoco sus vecinos, la echen en falta hasta que el olor nauseabundo que sale de su domicilio lo impregna todo, o hasta transcurrido un tiempo impensable, dice mucho de nosotros… como personas y como sociedad, que vamos a lo nuestro, que no nos preocupamos por los demás; también de las administraciones, que no hacen lo suficiente para ayudar o atender a una parte de la ciudadanía o no responden como deberían a sus necesidades. Porque no se trata de casos aislados sino de un patrón que se repite semana tras semana a lo largo y ancho del país, sobre todo en entornos urbanos; en la España rural que aún resiste a la despoblación la gente mira por aquellos que tiene cerca. Más de dos millones de personas mayores viven solas en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, siendo prácticamente tres de cada cuatro mujeres, y el 59%, atendiendo a las cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, siente soledad: no es una opción que haya elegido, no le ha quedado otra. Y esto sucede con una población en la que uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años y sabiendo que antes de medio siglo se calcula que serán ya uno de cada tres, sin perder de vista que estamos en el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Las muertes de mayores que, sin haberlo querido así, viven solos “son la punta del iceberg” de una realidad que tod@s debemos afrontar y que tod@s deberíamos intentar cambiar porque no va a desaparecer, más bien al contrario. Hay que actuar y hay que hacerlo cuanto antes, por no decir que ya tendríamos que haberlo hecho. Organizaciones como Grandes Amigos llevan dieciséis años en ello.

Envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de sus derechos

Esta ONG proporciona compañía, afecto y amistad a esos mayores que sienten soledad no deseada y a los propios voluntarios, porque es algo recíproco con lo que las dos partes salen ganando, con el intercambio de conocimientos, de experiencias, de historias vividas… Explican que sus objetivos son mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, permitirles envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de todos sus derechos, promover su participación en el día a día de su entorno, barrio y ciudad y, por supuesto, derribar los estereotipos de edad y defender su valía trasladando una visión empoderada y realista de quienes siguen teniendo mucho que aportar para que la sociedad continúe enriqueciéndose con su contribución: “Somos una herramienta de participación ciudadana en la que todos ganamos porque sirve para mejorar la vida de los mayores, para dignificar el envejecimiento y para construir entre todos una sociedad más inclusiva, siendo además una forma saludable y enriquecedora de prevenir nuestra propia soledad y de aprender a mirar el envejecimiento como una etapa de continuidad en el proyecto de vida personal, no como el declive”, aseguran. Una labor fundamental la de ayudarles a combatir esa soledad impuesta/obligada teniendo en cuenta que los especialistas advierten que es un factor de riesgo para la pérdida de autoestima, la depresión, el deterioro cognitivo, la demencia, los problemas de movilidad, la debilitación del sistema inmunológico, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares e incluso la mortalidad temprana.

Grandes Amigos está presente en siete localidades de tres Comunidades Autónomas (Galicia, Madrid y Euskadi) en las que acompaña a más de ochocientos cincuenta mayores. Cuenta con más de novecientas personas voluntarias y con trescientos cuarenta voluntarios corporativos de empresas, y tiene más de mil quinientos socios y donantes. Su máxima es que la soledad no deseada “no se arregla pagando a alguien para que te haga compañía sino con amistad voluntaria, recíproca y sin contraprestaciones” y ahí entran ell@s en juego: la persona voluntaria queda por lo menos un par de horas a la semana con el mayor que está solo para charlar, para pasear, para realizar visitas culturales o talleres, para participar en meriendas en el barrio, en fiestas…, también durante las vacaciones de verano, porque la sensación de soledad aumenta en verano. Por eso han puesto en marcha -hasta principios del mes que viene- una campaña con la que apelan a la colaboración para poder llevar unos días de vacaciones a unos cincuenta mayores, para que conozcan y convivan con otros mayores y voluntarios. Como Tecla, su protagonista, que a sus 82 años y siendo una gran luchadora “tiene la maleta preparada para hacer realidad su sueño a la espera de que tú la ayudes a conseguirlo”.

Grandes Vecinos o la importancia de las redes vecinales

Otro de sus proyectos destacados es Grandes Vecinos, en el que participan casi un tercio de los mayores que están en Grandes Amigos: redes formadas por tres o cuatro vecinos de la persona mayor que empieza a sentirse sola de manera que cada uno de ellos está pendiente, queda con ella para compartir distintas actividades en el barrio, quedando también en grupo con otras redes vecinales del vecindario: “Recuperando las relaciones vecinales prevenimos situaciones de soledad o aislamiento social y promovemos la contribución de esos mayores a la vida del barrio, al tiempo que fomentamos los encuentros intergeneracionales y el apoyo mutuo. Conseguimos beneficios para todos, no solo para los mayores, porque esas relaciones también hacen crecer y enriquecen a las personas voluntarias además de ayudarles a aprender a gestionar la soledad por la que todos pasaremos en algún momento”.

El número de personas que viven solas va en aumento y cuando no es algo buscado, se convierte en un fenómeno que puede acabar afectando a la calidad de vida, a la dignidad e incluso a la salud de los mayores, “muchos de los cuales envejecen sin quererlo sin lazos familiares, de amistad o de vecindad, que les permitan mantener un contacto frecuente con alguien próximo, lo que hace que se multipliquen las posibilidades de que sientan esa soledad no deseada que los lleva al aislamiento y a sufrir y morir solos pudiendo pasar semanas, meses e incluso años hasta que alguien se dé cuenta. Como Amanda, una mujer de 83 años cuyo cadáver fue encontrado hace unos meses momificado en su casa del distrito madrileño de Salamanca, o como María Amparo, cuyo cuerpo se localizaba también momificado en 2018 en su vivienda del barrio valenciano del Cabanyal. Personas que, alertan los expertos, acaban muriendo de soledad.

Por eso urge una mayor implicación de las administraciones, de la sociedad y de los ciudadanos y ciudadanas que la conformamos: “Prevenir la soledad y paliar sus efectos es un reto de tod@s y cada un@ de nosotr@s que, con pequeñas acciones individuales, podemos cambiar la vida de los mayores que viven en nuestro entorno”, dicen en Grandes Amigos. Podemos y tenemos que cambiar el futuro.

P.S. En www.grandesamigos.org tenéis toda la información sobre quiénes son, qué hacen y cómo colaborar con Grandes Amigos. También los encontraréis en Facebook y Twitter.

“La sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población y está sucediendo a diario”

“No parece razonable que casi cuatro millones de personas, cerca del 9% de la población del país -a las que habría que sumar sus familias-, sean excluidas de las políticas públicas y de los derechos que tienen el resto de los españoles pero, lamentablemente, eso está sucediendo cada día, lo que demuestra la dificultad de ser ciudadanas y ciudadanos como los demás…en pleno siglo XXI”. Hablamos de las personas con discapacidad y quién así se pronuncia es Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de ocho mil asociaciones y entidades.

Nos explica que sucede cuando se promueve la esterilización de mujeres discapacitadas, supuestamente para protegerlas de embarazos no deseados, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Y cuando en lugar de garantizarles igualdad en la capacidad jurídica con la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones se permite que sean incapacitados legalmente, en contra de lo exigido por la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o cuando no se garantiza el derecho a la inclusión educativa que marca la propia Convención de la ONU. Lo mismo pasa al mantenerse aún hoy en día en la norma marco de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 49 de la Constitución referido a los derechos del colectivo, el término ‘disminuidos’ para referirse a ellos (el Consejo de Ministros sacó adelante el anteproyecto de reforma que lo modifica tanto desde el punto de vista del lenguaje como del contenido, pero no llegó a aprobarse en las Cortes antes de que acabase la Legislatura). ¡Qué decir cuando tienen dificultades o directamente no pueden ni siquiera salir de su vivienda o realizar determinados trámites porque se incumplen los mandatos legales en materia de accesibilidad universal!; también, por ejemplo, en el caso del transporte ferroviario, que todavía no tienen asegurado al cien por cien. Se les excluye al impedir a niños y jóvenes discapacitados participar en igualdad de condiciones con los demás en campamentos de verano, limitando su derecho a disfrutar de actividades recreativas de esparcimiento… Y podríamos seguir. “Elementos trascendentales, aspectos substanciales y de gran envergadura en el día a día de las personas en los que España, a pesar de haberse dotado de normativa para ello, suspende o necesita mejorar mucho”, según Óscar Moral. Tareas pendientes para el Parlamento y para el futuro Gobierno que deberían estar resueltas hace tiempo -apuntan desde CERMI– a las que hay que sumar la necesidad de impulsar una modificación de la Ley de Subvenciones para que no puedan concederse ayudas públicas a aquellas empresas que no cumplen con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2% para las que tienen más de cincuenta trabajadores, “porque da la sensación de que incumplir sale gratis”. Por no hablar de que para algunas cuestiones básicas la localidad o la Comunidad Autónoma en la que se viva resulta determinante: “Eso no se puede permitir y nos demuestra que nos queda todavía mucho por avanzar”.

Miles de personas sin acceso al servicio de emergencias

Hace solo unos días la Comisión Europea le sacaba los colores a España al abrirle un procedimiento de infracción por la falta de accesibilidad del servicio de emergencias 112 para aquellas personas con discapacidad sensorial, sordas y sordociegas. A la pregunta de si están satisfechos, en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad responden que lo estarían si el teléfono que se puso en marcha hace ya veintidós años fuese plenamente accesible, como vienen reclamándoles desde hace tiempo a las administraciones: “Lo que nos gustaría es que se nos hubiese tomado en serio, porque creo que en ocasiones no ha sido así, y que se hubiesen implementado las medidas necesarias para que el 112 fuese accesible para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso no sucede por la diversidad de protocolos, porque en algunos casos no hay respuesta, porque en otros la que se da no es satisfactoria y porque cuando se cambia de Comunidad Autónoma hay respuestas que no sirven. Y aunque competencialmente es una cuestión que depende de los Ejecutivos autonómicos, el responsable último es el Gobierno central”.

Aplauden el hecho de que Bruselas haya tomado cartas en el asunto y esperan que las autoridades se apliquen para solucionar este tema a la mayor brevedad posible, “porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, lo que significa que lo único que se necesita es voluntad política”. Esperan que lo resuelvan antes de que se produzca un caso fatal y antes de que la Comisión Europea le imponga sanciones a España “que es algo que no queremos”, dice su asesor jurídico. “Lo que queremos es que una herramienta que facilita asistencia en una situación de riesgo personal o colectivo pueda ser utilizada por todos los ciudadanos, puedan o no oír e independientemente de dónde residan. Hay que tener además en cuenta que nos movemos por todo el país -y por el resto de Europa, donde también existe el 112- que viajamos, que nos visitan personas procedentes de otros Estados comunitarios…, y las personas sordas y sordociegas no pueden echar mano en condiciones de igualdad, con seguridad y garantías de un servicio de emergencias que el resto sí tenemos a nuestro alcance, lo cual es muy grave”.

En defensa propia

CERMI recibe cada año entre cuatrocientas y cuatrocientas cincuenta consultas y/o denuncias por vulneración de derechos: la gran mayoría se refieren a temas de accesibilidad universal pero también a cuestiones relativas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, o al acceso al mercado laboral, sobre todo de la mujer; últimamente han registrado un aumento de las que tienen que ver con delitos de odio: destacan que, atendiendo a los datos del Ministerio de Interior, son el colectivo que ha experimentado un mayor incremento en el número de denuncias presentadas y avisan de que “el problema es mucho más grave porque la mayoría de las víctimas no denuncian”.

Óscar Moral nos cuenta que muchos de los casos de discriminación que se producen son fácilmente subsanables por aquellos a quienes corresponde: “Situaciones que entendemos que no son fruto del quebrantamiento de una norma con dolo, con deseo de saltársela, sino por desconocimiento, que podrían resolverse sin necesidad de que el afectado tenga que emprender acciones legales, porque son muy pocos los que pueden llevar a los tribunales vulneraciones de derechos”. Para facilitar la denuncia y agilizar la resolución de estos casos ponen en marcha una nueva aplicación para dispositivos móviles, En defensa propia: explican que ofrece a cualquier persona conocedora o que sufra algún tipo de discriminación información sobre cómo empoderarse para poder denunciarlas, además de darle la posibilidad de hacerlo. “Evidentemente sus principales destinatarias son las personas discapacitadas pero pueden descargarla familiares, amigos y todo aquel que entienda que una determinada situación perjudica o puede perjudicar a alguien con discapacidad”. Así lo señala su asesor jurídico, que insiste en que de lo que se trata es de “que aquellas cuestiones que pueden generarles grandes dificultades en su día a día pero que son fácilmente subsanables puedan solucionarse cuanto antes, pero también de que aquellas de mayor envergadura sean perseguidas y sancionadas cuando sea el caso”. En CERMI dicen que esta app, que sustituye a una primera iniciativa que veía la luz hace siete años, “incluye mejoras técnicas, en el propio diseño y en los contenidos, con más información y una mayor facilidad para interaccionar con ella, al tiempo que amplía el espectro a todas las personas con discapacidad al contar con versión en Lengua de Signos y en lectura fácil”. Porque la defensa activa de derechos es fundamental para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, y sin inclusión lo que hay es discriminación.

“Tenemos que poner el foco en los puteros como cómplices de la trata”

No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del S.XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, donde hallar uno o varios clubes de alterne [la Policía Nacional contabilizaba casi mil setecientos hace seis años] en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas y esclavizadas a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos mientras son violentadas para pagar hasta el billete de ida a su dignidad’. Así de claro lo ha dejado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que confirma la condena de treinta y nueve años de prisión para cada uno de los responsables de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en clubes de alterne de A Coruña, Vigo y Córdoba a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas desde Nigeria mediante engaño. Lo saben bien en APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, donde trabajan los trescientos sesenta y cinco días del año buscando potenciales víctimas para ayudarlas a salir del infierno y atienden en las seis Comunidades Autónomas en las que están presentes a una media diaria de doscientas ochenta mujeres, a las que intentan rescatar haciéndoles ver que otra vida es posible: el año pasado lo consiguieron con mil trescientas. Dice su directora, Rocío Mora, que los datos “espeluznantes” que manejan demuestran que las cifras que se barajan sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son veraces: se calcula que hay en España unas cuarenta y cinco mil mujeres que se prostituyen -cifra que algunas fuentes llegan a multiplicar por dos o incluso por cuatro- siendo hasta un 90% de ellas obligadas a hacerlo; en 2014 el Instituto Nacional de Estadística apuntaba que este negocio -cuya rentabilidad solo es equiparable al tráfico de drogas y armas- movía en España anualmente alrededor de 4.000 millones de euros, equivalentes al 0,35% del PIB, pero fuentes citadas por el Parlamento Europeo en sus informes sostienen que serían casi 23.000 millones de un total de 160.000 a nivel mundial.

  En APRAMP tienen claro que “esta es una realidad de la que hay que hablar y de la que la debemos sentirnos cercanos en lugar de verla con indiferencia, como hacemos en muchas ocasiones, como algo que no va con nosotros cuando no es así. Porque la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es la esclavitud moderna y la estamos consintiendo como sociedad; no creo que haya ningún ciudadano que pueda sentirse orgulloso de que convivamos con la esclavitud cuando estamos repitiendo que fue abolida y la tenemos en nuestras calles, en los polígonos industriales de nuestras ciudades y en miles de pisos particulares”. Por eso reclaman que “empecemos a sumar para que dejen de ser las mafias las que sumen ingentes cantidades de dinero beneficiándose diariamente de una materia prima vulnerable a la que les resulta fácil sacarle el máximo rendimiento”. Su directora recuerda que existen protocolos de actuación que indican que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una posible víctima tiene que informar a la Policía; también puede comunicárselo a organizaciones especializadas como la suya y eso es lo que nos pide, ya no que seamos proactivos como lo son en la Asociación -que lleva más de tres décadas trabajando en este campo- sino que por lo menos actuemos ante la proximidad de posibles víctimas y demos la espalda a la trata, como nos demandan en una campaña que han puesto en marcha en las Redes Sociales. Reclama además que tanto la ciudadanía como todas las instituciones que participan en el proceso de asistencia social, recuperación e investigación dejen de revictimizar a quienes son obligadas a prostituirse, apartando el foco de ellas y poniéndolo sobre el putero”.

“Cómplices y verdugos”

  En este Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebra cada 30 de julio desde 2014, APRAMP reconoce que ha habido muchos avances en los últimos quince años en la lucha contra esta flagrante violación de los Derechos Humanos pero alerta de que todavía queda muchísimo por hacer y llama a centrar la atención en quienes “son verdugos, victimarios o cómplices de que se esté captando a mujeres -en la mayoría de los casos siendo niñas- en sus países de origen y se las esté trasladando a destinos como España”, primer país europeo en demanda de prostitución, tercero del mundo solo por detrás de Tailandia y de Puerto Rico. “Es obvio que se explota sexualmente a mujeres y a menores porque hay demanda, lo que significa que los puteros son pieza clave para la existencia de la trata. Y son conscientes de lo que están haciendo”. Así lo prueba un exhaustivo estudio realizado el año pasado bajo la coordinación de Carmen Meneses, investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas, según el cual más del 70% de los hombres que pagan por tener sexo está convencido de que si una mujer se prostituye es porque la obligan, usando la fuerza o a base de amenazas. Del estudio se deduce que en 2017 alrededor del 20% de los españoles pagaron por tener sexo (según la ONU, más de un tercio lo ha hecho alguna vez).

  Rocío Mora exige que los culpables de esta actividad delictiva -puteros, mafias y proxenetas- sean señalados y que en el caso de los puteros se les sancione administrativamente, convencida de que “el bolsillo es lo que más les puede doler”. Esa es una de las medidas que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez iba a incluir en la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, una norma que figura en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que estaba siendo redactada cuando acabó la anterior Legislatura: prevé penalizar al que pague por tener sexo en cualquier circunstancia y lugar (ahora es perseguido si lo hace en zonas de tránsito público donde pueda haber menores o cuando exista un riesgo para la seguridad vial y, en algunas ciudades, se sanciona la prostitución en la vía pública multando también a las prostitutas), apuesta por perseguir a quienes facilitan pisos donde se ejerza, defiende que la víctima no sea considerada nunca culpable y en consecuencia no sea sancionada, y que la trata se considere violencia de género. La directora de APRAMP explica que tiene “fundadas esperanzas” de que salga adelante y confía en que sea cuanto antes para que exista una coordinación entre todos los actores implicados que permita avanzar con paso más firme en esta lucha y para que todas las acciones que se lleven a cabo “dejen de tener un principio y un final como hasta ahora y quede claro que el objetivo de cualquier Ejecutivo debe ser combatir la trata, hablando con una única voz en todo el país”.

El valor del testimonio de las supervivientes para quienes siguen atrapadas

Rocío Mora afirma que eso hará que sean más las mujeres explotadas sexualmente que puedan acceder a los recursos disponibles, se reconozcan como las víctimas que son e incluso den el paso de denunciar; siempre con el objetivo de recuperar su libertad y su dignidad haciendo valer sus derechos. Porque en la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida han podido constatar que si cuentan con recursos, capacidades y oportunidades luchan por otra forma de vida. Por eso consideran fundamental que se les ofrezcan alternativas reales para que puedan romper definitivamente el círculo de vulnerabilidad en el que están atrapadas, aclarando que es la Administración la que tiene que facilitarles esa salida laboral: “Sabiendo que APRAMP es un puente que ayuda y forma a las mujeres rescatadas, tienen que ser las autoridades las que les den el empujón final para que se incorporen al mercado de trabajo”. Destaca que más del sesenta por ciento de las personas que están contratadas en la organización son supervivientes, “mujeres que se juegan la vida a diario para salvar vidas estando en el punto de mira de las mafias”; asegura que eso las haceser más efectivas a la hora de llegar a víctimas que pasan por lo mismo que tuvieron que pasar ellas, que conociendo en primera persona el testimonio de quien ha podido salir ven que hay alternativas reales y que también pueden hacerlo”.

  Pone el acento en la necesidad de redoblar la formación de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que sepan detectar e identificar “a todas esas mujeres y niñas que llegan a España con claros indicadores de estar sufriendo trata”. Y lo hace dejando claro que no solo en países como Nigeria, Rumanía, Brasil, Honduras, Colombia, Venezuela… “también en España cualquiera que atraviese una situación de especial vulnerabilidad puede acabar siendo explotada sexualmente”. Sabiendo todo esto, llama a visibilizar esta realidad porque “o nos unimos tod@s o el país seguirá siendo destino prioritario de mujeres esclavizadas. Es necesario abordar con contundencia a los puteros porque es difícil que las víctimas denuncien y debemos ser la sociedad y las administraciones quienes los señalemos. Es lo que nos falta” y lo que nos hace falta para dar el paso definitivo para que esta forma de esclavitud del S.XXI pase también a ser historia.

P.S. Toda la información para contactar con APRAMP está en la web www.apramp.org, donde explican quiénes son y el trabajo que realizan en áreas que abarcan desde la social a la jurídica, pasando por la sanitaria y la psicológica, por la de formación y la laboral. Podéis encontrarla además en https://m.facebook.com/apramp, en Twitter @APRAMP y en Youtube

“Las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales”

‘Déjate violar, deja que te acosen sexualmente y no denuncies porque no te vamos a creer’. Este es el mensaje que según el exteniente Luis Gonzalo Segura está enviando el Ejército a las mujeres que sufren violencia sexual en sus filas, y lo dice apoyándose en los datos que ha recopilado para escribir su último libro, ‘En la guarida de la bestia’, que se acaba de publicar: asegura que hasta 2015 hay constancia de sesenta y dos denuncias por delitos contra la libertad sexual con el resultado de doce condenas y que solo en los últimos tres años han sido por lo menos noventa las presentadas con una única condena: “Justo cuando las militares empezaban a atreverse a denunciar, la Justicia a la que deben someterse, la militar, reduce de forma importante el número de condenas, algo escalofriante que demuestra que a la mujer no se la cree en el estamento militar, lo que les envía un claro mensaje: que no den el paso porque no les servirá de nada”.

Afirma que lo peor de estos casos no es solo que se produzcan sino las “terribles” consecuencias que han supuesto y suponen para quienes se deciden a acudir a los tribunales, “físicas y psicológicas, porque no olvidemos que además de ser agredidas o acosadas sexualmente son las más de las veces víctimas de la impunidad de sus agresores, del desprecio de sus compañeros y de un acoso laboral feroz para que renuncien, tanto si han obtenido una condena como si no. Pensemos en la mujer que denunció a un superior que no fue condenado a pesar de que la Fiscalía estaba de su lado y al reincorporarse al servicio le impusieron 31 días de arresto por denuncia falsa cuando ningún juez lo sentenció”. Y es que Luis Gonzalo Segura explica que denunciar es visto como una traición, más todavía cuando la denuncia es por violencia sexual.

“El patrón es siempre el mismo”

Este exteniente del Ejército de Tierra explica que en todos los casos documentados se repite un mismo patrón: “El agresor está en una posición de superioridad jerárquica y la mujer se queja reiteradamente a sus mandos -en ocasiones tiene que hacerlo ante el propio agresor- siendo sus quejas reiteradamente ignoradas; cuando presenta la denuncia, aparecen múltiples obstáculos y una auténtica arquitectura creada para silenciarla y, si logra que se tramite, se topa con una jurisdicción militar que también de forma repetida intenta que se anule o sea archivada; vaya o no adelante el proceso, llega el acoso laboral, que es una especie de castigo por haber dado un paso al frente, gane o pierda la batalla legal; todo para expulsar a la víctima mientras se protege al agresor que en muchos casos es condecorado o ascendido, porque evidentemente la culpable tiene que ser ella”. De hecho cuenta que solo uno de los trece militares condenados -que se sepa- por delitos contra la libertad sexual fue expulsado y lo fue porque agredió a una oficial superior, al aplicársele esa circunstancia agravante, “un auténtico disparate porque si hay una circunstancia agravante es que se agreda o abuse de alguien aprovechando que se está en una situación de poder no a la inversa, lo que demuestra la incapacidad de la Justicia militar para ocuparse de este tipo de delitos. No solo eso: 13 condenas y un único expulsado supone que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales: un capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales, un teniente coronel sentenciado por cuatro, un coronel por una, un teniente condenado por intento de violación…

Y Luis Gonzalo Segura alerta de que los 152 casos documentados “son solo la punta del iceberg porque hay muchos que no acaban en denuncia, muchas mujeres que no se ven con fuerzas para dar el paso o que en un determinado momento desisten”. Destaca que se viene repitiendo que en las FFAA hay en la actualidad unas quince mil mujeres cuando asegura que desde el Real Decreto que les abrió la puerta en 1988 han entrado veintidós mil, lo que significaría que alrededor de siete mil han causado baja por causas distintas a la jubilación, porque acaba de ascender a general una de las que entró en la primera promoción por lo que no les ha dado tiempo de jubilarse. ¿Cómo se explica entonces que una de cada tres ya no esté? Su respuesta a esta pregunta es que, por lo menos en parte, puede deberse a que muchas hayan sufrido agresiones, abusos o acoso sexual: “Podemos estar hablando de varios miles que han abandonado por esa razón. Que haya mujeres que tengan que marcharse para no seguir sufriendo abusos, que las pueda haber que sigan estando sometidas y nadie intente buscar una solución demuestra que este país no es una democracia plena”.

“El principal problema para la mujer en el Ejército, la Justicia militar”

Para el autor de ‘En la guarida de la bestia’ los fichajes y los ascensos de mujeres militares no deben ni pueden pretender utilizarse para no hablar de “un problema tan grave como este, que tiene sus raíces en el machismo que impera en el Ejército”. Dice que lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Defensa es abrir una investigación al respecto -como se hizo en Canadá en 2015 después de que se publicase un ensayo parecido al suyo- pero está convencido de que “desgraciadamente, nunca lo hará” y para él esto es aún más indignante si tenemos en cuenta que estamos hablando de un Gobierno socialista con una mujer al frente de Defensa, lo cual demuestra que “el hecho de que haya un Gobierno de izquierdas o no, o de que haya una ministra o no, no cambia nada, por lo menos en las Fuerzas Armadas”. Y eso que la solución -afirma- es obvia: “Acabar con la Justicia militar, que ya no es que sea un anacronismo heredado del franquismo -que por supuesto que lo es- sino que es una anomalía, por lo que eliminarla o restringirla a tiempos de guerra, a conflictos militares o a delitos de naturaleza exclusivamente militar nos situaría al nivel de lo que hay en buena parte de Europa”.

Defiende que una militar debería poder acudir a la Justicia ordinaria, en la que no están representados los compañeros de quien la ha agredido, y aclara que eso es lo que buscan muchas víctimas que salen de los cuarteles para denunciar, “tener por lo menos una oportunidad que no siempre consiguen porque la Justicia militar lucha con uñas y dientes para quedarse con estos casos”. Y es que asegura que un delito puede tener diferente castigo o no tenerlo dependiendo de si la mujer agredida es militar o no o de si el delito se cometió o no dentro de un cuartel, “lo cual es aberrante y va en contra de la esencia misma del Estado de Derecho”.

¿Por qué el Gobierno no se implica cómo debiera?

Para Luis Gonzalo Segura el hecho de que el PSOE ni siquiera contemple llevar a cabo esta reforma prueba hasta qué punto existe una falta de iniciativa y de interés político que explica “por la falta de interés mediático, porque los políticos solo se mueven cuando ven la posibilidad de sacar réditos electorales y para eso hace falta que el tema tenga repercusión en los medios de masas y que la sociedad se movilice”. Con esa idea escribió un libro con el que pretende que la ciudadanía tome conciencia de la magnitud del problema para que pueda suponer un punto de inflexión “y que la violencia sobre la mujer en el seno del Ejército deje de gozar de esta impunidad y las víctimas encuentren un respaldo institucional y una estructura legal que les ofrezca todas las garantías exigibles de independencia e imparcialidad”; pero no está teniendo el eco que esperaba.

Cree que esa falta de repercusión se debe al poder que sigue teniendo a día de hoy el Ejército y al hecho de que “las mujeres militares son mujeres para la derecha y militares para la izquierda, lo que las sitúa en un limbo de indiferencia que tiene consecuencias devastadoras para ellas”. Para él, como debería serlo para tod@s, es intolerable que los delitos de carácter sexual en las FFAA no generen el mismo rechazo social que si la víctima no es militar; siempre partiendo de la máxima de que el funcionamiento lógico de la Justicia no puede depender de que tu caso aparezca o no en los medios de comunicación.

Tengan más o menos eco sus denuncias en esos medios Luis Gonzalo Segura no piensa callarse y de hecho este teniente expulsado tras denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas prepara ya el que será su quinto libro cuando ha publicado el último, que va ya camino de la tercera edición, hace poco más de un mes. También seguirá con la batalla legal para recuperar los galones que, después de cinco años, mira a Europa a falta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional del que nada espera: “Continúo luchando por recuperarlos para volver porque necesitamos voces críticas en las FFAA que se opongan al actual funcionamiento del sistema para que se mejore; es muy preocupante que los críticos y demócratas estemos siendo expulsados”. Confía en que la Justicia europea le dé la razón, pero no antes de otros cinco años con lo que habrán pasado diez desde su expulsión, quince desde que emprendió su batalla por el cambio, “y estar siendo castigado durante todo ese tiempo es en sí mismo una injusticia que nadie va a poder reparar porque el daño ya está hecho”. Aun así no se arrepiente, eso nunca, porque sabía que iba a ser difícil y porque para él lo más importante es hacer lo que cree que hay que hacer, “la íntima satisfacción del deber cumplido”.

“Non pode ser que ás mulleres que denuncian delitos contra a liberdade sexual se lles aplique a presunción da mentira”

Unha rapaza menor de idade denunciaba a pasada fin de semana en Manresa que foi violada en grupo. Desde 2016 cóntanse polo menos cento vinte e cinco casos, segundo o observatorio Feminicidio.net. O ano pasado denunciáronse mil setecentas dúas agresións sexuais -entre catro e cinco cada día- o que supón un aumento do 23% con respecto a 2017 atendendo ós datos do Ministerio do Interior. As e os expertos coinciden en que o feito de que haxa máis denuncias non significa que aumenten as agresión sexuais senón que hai unha maior conciencia social, unha maior sensibilización das mulleres ante a violencia sexual e o machismo na sociedade. Pero tanto os especialistas como os colectivos que traballan coas vítimas aclaran que, malia o incremento, os casos denunciados seguen sendo unha ínfima parte dos que se producen: desde a Fiscalía de Violencia sobre a Muller afirman que entre o 70% e o 80% non se traducen en denuncia. Por que? “Porque non se dan as condicións para que unha muller denuncie, porque algo tan grave como unha agresión ou un abuso sexual, que marca para toda a vida a quen o sofre, non se valora como habería que facelo, máis ben ó contario: trabállase moito en contra de que as denuncias que se presentan vaian adiante poñendo innumerables obstáculos, e logo están a desesperante espera para o xuízo e sentenzas que en moitas ocasións son aberrantes”. Quen así fala é Rosa Fontaíña Pazos, coordinadora e voceira da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, onde levan máis de dúas décadas traballando no acompañamento a mulleres en procesos de violencia.

“No camiño só hai obstáculos”

  Explica que o primeiro é xuntar as forzas necesarias para denunciar. Conseguida no Tribunal Supremo a condena ós seus cinco agresores por violación, non por abuso sexual como sentenzaran dous órganos xudiciais, a vítima de La Manada de Pamplona chamaba a tódalas que pasen polo mesmo a contalo para non deixar que gañen eles: di Rosa Fontaíña que fala así porque ela contou co apoio do movemento feminista e dunha parte importante da sociedade que se botou á rúa para reclamar xustiza, pero asegura que non todas o teñen porque hai moitas manadas e violacións diarias sen a repercusión que tivo a súa. E tira do vivido na asociación, casos de rapazas “que nin sequera chegan a contar na casa que as violaron porque pensan que a súa familia non vai estar ó seu carón, porque cren que lles dirán que é unha vergonza, que non debían andar por aí a esas horas…”. Se xuntan folgos abondos para dar o paso, e poden facelo arroupadas polos seus, aparece entón o medo a non seren cridas por quen tería que acompañalas no duro camino que teñen por diante, “un medo fundado porque no sistema pártese da presunción da mentira, da idea de que as denunciantes menten, poñendo en cuestión todo o que din, cando non se tenta que desistan do seu empeño para tapar o sucedido”.

  A coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo ten claro que se a inmensa maioría das vítimas non denuncia é “única e exclusivamente polo que vén despois e pola falta de resultados: porque ó trauma polo ataque sufrido súmanse a perda de autoestima e a impotencia ó vérense sinaladas, porque algo farían para provocar ó agresor ou agresores, e ó teren que facer fronte a preguntas como o porqué de tardaren tanto tempo en denunciar, chegando a experimentar un forte sentimento de culpa”; e porque xa non é só que teñan que repetir o seu relato “unha e un milleiro de veces sabéndose cuestionadas, tendo que revivilo e sentíndose violadas de novo”, senón o tempo que teñen que agardar polo xuízo e pola sentenza definitiva, “que agrava a tortura que padecen; un proceso que as desgasta ata tal punto que pode acabar coa súa vida e no que en moitas ocasións nin sequera se respecta a confidencialidade dos seus datos”. Destaca casos de mulleres que foron violadas con 14 anos e denunciaron con 25 porque non foron quen de facelo antes e critica que leven ata catro ou cinco anos esperando unha resolución xudicial “que nunca chega”.

“O peor é o que vén despois”

  A vítima de La Manada de Pamplona describíu o proceso polo que tivo que pasar como ‘esgotador’, chegando a afirmar que ‘o peor non foi o vivido senón o que veu despois’, e Rosa Fontaíña asegura que son moitas as mulleres que sofren violacións, abusos sexuais ou outro tipo de maltrato que repiten iso mesmo: “Porque ás veces os ataques físicos non son os que máis doen”. Di que “dá a sensación de que se trata de mirar para outro lado e que as vítimas se apañen como poidan, e denuncia que con esa actitude de institucións e administracións pérdese moita xente polo camino”. Quéixase de que mentir dicindo que moitas mulleres denuncian en falso sae gratis, cando as cifras e as estatísticas están aí “e o que fai falta son máis denuncias”. E para conseguir que as haxa non ten ningunha dúbida de que se precisa unha maior implicación da sociedade civil na loita por cambiar as cousas “porque é sabido que a cidadanía vai por diante das leis, que acaban sendo tombadas ou melloradas a forza de presión social”. Valora o pulo que lle está dando a esta batalla o movemento feminista para que dunha vez por todas os poderes públicos respondan como deberían a delitos tan graves pero avisa de que “fai falta máis empuxada social: tamén é necesario que os cidadáns deixen de mirar para outro lado e se impoñan ó machismo; e aí inclúense por suposto os homes, que deben saír á rúa en masa condenar o que está pasando e deben facelo tamén a través dos medios de comunicación; medios de masas que son peza fundamental e que moitas veces fan de cámara de resonancia dese discurso que culpa ás mulleres de todo o que pasa, algo do que deben tomar consciencia para mudalo tanto os seus responsables como quen traballa neles”.

  Os colectivos feministas como a Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo poñen o acento na importancia de formar en perspectiva de xénero a tódolos elos da cadea: desde o persoal sanitario que lle presta unha primeira atención á vítima, pasando polos policías e gardas civís que recollen a súa denuncia, ata os propios xuíces e xuízas que “poden e deben propiciar coas súas resolución cambios sociais para avanzar na igualdade”. Rosa Fontaíña considera “imprescindible que se aplique esa perspectiva de xénero en todo o sistema e urxe a reformar o Código Penal para poñer negro sobre branco que se non hai consentimiento é sempre agresión sexual; as administración deben implicarse moito máis e actuar canto antes e non o están a facer porque esa reforma debería ser xa unha realidade hai tempo e é probable que teñamos que saír de novo á rúa para lembrárllelo; o actual Goberno en funcións comprometeuse hai meses a que estaría lista en breve pero o tempo pasa e non nos fiamos, non confiamos en ninguén porque somos conscientes dos políticos/as que temos e da sociedade machista na que vivimos”. E para mudar iso -conclúe- “a clave está na educación, comezando pola casa”.

P.S. Para saber máis da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo podedes consultar en rededemulleres.blogspot.com, onde atoparedes información de tódalas actividades e do traballo que veñen realizando desde 1998, ademais de teléfonos de contacto e da súa dirección de Facebook.

“Cualquier otra política que, como esta, causase miles de muertos generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen”

  Casi setecientos migrantes han muerto en lo que va de año mientras trataban de alcanzar las costas europeas, más de cuatrocientos en la ruta del Mediterráneo Central, que se mantiene como una de las más mortíferas del mundo: entre 2014 y 2018 fueron cerca de quince mil las personas que se dejaron la vida en ella, con datos de la Organización Internacional de las Migraciones. En este mismo período han sido unos treinta mil los que han logrado llegar -un 36% menos que en los mismos meses del año anterior- algo más de un tercio de ellos a España. Un número indeterminado permanecen retenidos en Libia, un país donde se violan a diario los Derechos Humanos, que libra además una guerra civil en la que hace unos días morían más de cincuenta migrantes en el bombardeo del centro de detención en el que estaban recluidos en condiciones infrahumanas. Y pese a todo siguen siendo miles los que, aun sabiendo lo que les espera, preparan su huida de conflictos armados, de persecuciones por razón de género, etnia o religión, del hambre… rumbo al viejo continente, previo pago de cantidades astronómicas a las mafias a las que lo único que les preocupa es hacer caja a costa de su desesperación. “Ellos son los principales afectados por las políticas de gestión de flujos migratorios de la Unión Europea, los que sufren violaciones de DD.HH en todas las etapas de su viaje hasta el punto de morir en el intento. Y eso no debemos perderlo nunca de vista”. Lo dice el responsable de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, en un momento en el que la atención mediática se centra en activistas como Carola Rackete, capitana del barco de la organización no gubernamental alemana Sea Watch, o Tommaso Stella, capitán del velero de la italiana Mediterranea, que en los últimos días han llevado a más de ochenta personas al puerto de Lampedusa desafiando al ministro de Interior de Italia y sus leyes siendo conscientes de que pueden enfrentarse a penas de prisión. “El revuelo social y mediático que han generado estos casos nos parece especialmente positivo porque demuestra que existe otro discurso sobre las migraciones en la sociedad europea radicalmente opuesto al que promueve su criminalización y la de quienes los ayudan, el rechazo frontal…; también nos parecen muy valiosos gestos como estos a título individual, pero no nos cansamos de insistir en que el foco debe seguir puesto sobre los migrantes, que son los que arriesgan su vida”. Lo resume perfectamente una frase pronunciada por el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, tras tomar la decisión de retomar los rescates frente a las costas libias: ‘De la cárcel se sale, del fondo del mar no’. Teniendo esto siempre presente, es más necesario que nunca repetir alto y claro que los gobernantes europeos “son responsables directos de decenas de miles de muertes ya en la última década”.

Dolo Eventual, sin olvidar la responsabilidad de la sociedad civil

  Porque “cuando uno es consciente de que sus acciones van a conllevar un resultado de forma prácticamente segura sino segura, aunque defienda que el objetivo principal de las mismas no es ese resultado, la responsabilidad de las consecuencias es directa porque las asume como si fueran queridas”, explica Carlos Arce, que es doctor en Derecho; es lo que se llama dolo eventual: “Decenas de miles de muertos después, damos por demostrado que las políticas comunitarias de control de fronteras están suponiendo un enorme coste, tanto en vidas humanas como en violación de DD.HH; si los ciudadanos sabemos que esto es así, entendemos que los responsables políticos de la UE y de los Estados miembros no pueden desconocer que las políticas que están aplicando llevan sine qua non a los trágicos resultados que llevamos años viendo, lo que implica que se les debe considerar responsables directos de los mismos”.

  Desde la APDHA vienen denunciando desde hace tiempo la externalización del control de fronteras que ha llevado a cabo la Unión Europea, encargándoselo -previo pago- a países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos… que no son seguros para los migrantes porque no garantizan el más mínimo respecto a los Derechos Humanos; destacan que no son solo Italia y Malta  “quienes tomaron y toman decisiones contrarias a los principios básicos de respeto a las leyes internacionales y comunitarias” sino también Hungría, Austria, Polonia, Dinamarca, Francia, España…. Se quejan de que hayan decidido seguir por ese camino en lugar de apostar por soluciones que están ahí, empezando por mejorar la situación en los países de los que escapan los migrantes, estableciendo con ellos relaciones económicas, comerciales y políticas justas para que existan unas condiciones de vida que no los acaben expulsando, pero también teniendo claro que hay que asumir que las migraciones tienen su propia lógica interna natural: “Las personas van de un sitio donde hay peores condiciones de vida a otro donde son mejores, lo que significa que la idea que se nos ha intentado vender desde el inicio de la crisis económica de un flujo migratorio incontrolado dirigiéndose a países del sur de Europa como España e Italia -muy castigados por esa crisis- no se corresponde con la realidad; y no se corresponde porque aquí han venido flujos migratorios internacionales cuando la situación económica generaba una importante demanda de mano de obra en determinados sectores que (con todos los peros y los casos de explotación laboral que muchas veces se daban) permitía tener una vida mejor; al deteriorarse la situación, los flujos migratorios han pasado a ser de salida, la gente se ha ido motu proprio a sus países de origen o a otros con mejores perspectivas”.

  Dice Carlos Arce que la decisión que tiene que tomar la Unión Europea es si quiere que esa lógica natural se canalice por vías legales y seguras que no causen más dolor y más muerte o si persiste en la actual gestión, con el altísimo coste que implica. Y ahí es determinante la presión social. No se olvida este doctor en Derecho de ese porcentaje de la ciudadanía -española y europea- que es también en parte responsable de la situación: “Ya sea por omisión, por no darle a esta crisis migratoria la relevancia que tiene cuando hablamos de mil sesenta y cuatro muertos el año pasado mientras intentaban llegar a las costas españolas, porque con cualquier política que provocase este número de muertes al año se generaría una contestación social insoportable para el responsable político de turno; o bien por acción, porque a la hora de votar hay quienes están comprando ese discurso xenófobo, alarmista y criminalizador de las migraciones -no solo de la extrema derecha sino ahora también de formaciones políticas tradicionales e incluso de determinados medios de comunicación- avalando así políticas que vulneran los DD.HH”.

El giro en la política migratoria de Pedro Sánchez

  A la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no le ha sorprendido el giro de 180 grados en la política migratoria de Pedro Sánchez, que se estrenó abriendo los puertos españoles a los más de seiscientos socorridos por el Aquarius y continuó comprometiéndose a quitar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla para acabar manteniéndolas –“a la espera de que Marruecos tenga listas las de la valla que ha levantado después de recibir fondos europeos”- y advirtiendo a organizaciones no gubernamentales como Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario que les impondrá multas de hasta 900.000 euros si realizan rescates en la zona SAR de un país sin que medie petición de ayuda de su Gobierno: “No nos ha defraudado porque tampoco esperábamos mucho de él teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha demostrado que apenas existen diferencias entre las políticas migratorias del PP y del PSOE”. Ponen el acento en los cambios en la política de Salvamento Marítimo, con la creación del Mando único Operativo que ostenta el general de división de la Guardia Civil Félix Blázquez: destacan que este era un servicio único a nivel europeo porque era íntegramente civil -ahora los propios trabajadores denuncian su militarización- “con un nivel de eficacia y de éxito a la hora de salvar vidas reconocido no solo a nivel español sino internacional; desgraciadamente en los últimos meses ha habido un viraje político en el que se ha obligado a sus profesionales a abandonar la prioridad del rescate y ponerse al servicio del control de fronteras y la lucha contra las mafias, lo que ya está traduciéndose en un aumento del número de muertes en la frontera sur”.

  Desde la APDHA llaman al Gobierno a tener esto en cuenta, como también exigen a las distintas administraciones públicas que cumplan con los menores extranjeros no acompañados: “en primer lugar y por encima de todo deben considerarlos niños, como dicen las normas internacionales, con independencia de su nacionalidad o de su situación administrativa, y tienen que tomar las decisiones que les afecten teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Mientras no lo hagan así, las políticas de protección seguirán sin ser efectivas y la imagen que la sociedad tiene de ellos continuará deteriorándose”. Y hacen extensivas las críticas al sistema de acogida en general, llegando a preguntarse si existe realmente un sistema de acogida en España, “donde se imponen dos lógicas: la de la seguridad -control de fronteras, lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo- y la economicista de medir las migraciones en función de su aportación al mercado laboral y al sistema de pensiones; atendiendo a esto, tanto la idea de acogida en sí como sus principios básicos brillan por su ausencia”. Y se explican: no están diciendo que no haya que valorar estos factores sino que lo prioritario es no olvidar nunca que hablamos de seres humanos.

“ELLAS son verdaderas heroínas y deberían ser modelos a seguir”

Las mujeres desplazadas y l@s activistas que luchan por sus derechos tendrían que ser referentes bien visibles, pero en lugar de eso son asesinadas, secuestradas, vejadas, discriminadas, despreciadas, silenciadas o acosadas judicialmente como está sucediendo por ejemplo en la Unión Europea con quienes salvan vidas en el Mediterráneo: “Si la solidaridad no solo es silenciada sino que está perseguida penalmente, ¿dónde estamos? Estamos en el infierno”, pregunta y responde con contundencia Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, una iniciativa ciudadana integrada por cerca de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, artísticos, sindicales, políticos…y por personas solidarias que colaboran individualmente con este proyecto que promueve la participación y la implicación para tratar de cambiar la realidad que viven más de setenta millones de personas desplazadas forzosas, de las que aproximadamente la mitad mujeres, acercando su cruel día a día y sus testimonios a la opinión pública, poniéndonos en antecedentes para que podamos exigir a los gobernantes que actúen. Explica que tratan de que se sepa lo que está pasando, de acercarnos toda la información y todos los datos de una manera rigurosa para que saquemos nuestras propias conclusiones, convencidos de que la unión hace la fuerza y de que cuantos más seamos, cuantos más datos tengamos, cuantas más circunstancias conozcamos “se podrá conseguir una reacción mucho más humana y solidaria de la que están teniendo Gobiernos como los europeos, que son además los que provocan lo que está sucediendo aplicando una política migratoria que mata, y no solo en el Mediterráneo, porque no sabemos cuántas muertes se producen en el camino para llegar al mar; y esto se debe a la acción de unos políticos que nosotros hemos elegido para que nos representen, por eso necesitamos toda la información para saber a quién votamos”.

Ese es el espíritu de Acampa, que pretende tejer una red de información e intercambio de ideas e iniciativas para buscar, de forma colectiva, avances en la defensa de los Derechos Humanos y -en concreto- del Derecho a Refugio, “que se transgrede en demasiadas ocasiones cuando quien busca acogerse a él procede de un país pobre -que ha tenido que abandonar huyendo de la guerra, de la persecución y de maltratos de todo tipo- porque se le cierran las puertas que sí se abren para otros”. Desde el Movimiento denuncian que la política migratoria europea “está causando un sufrimiento innecesario a cientos de miles de desplazad@s que se juegan la vida por arribar al viejo continente cuando podrían trasladarse a territorio comunitario en cuestión de horas si existiese un sistema de visados humanitarios, algo que reclamó la Eurocámara a finales del año pasado; en lugar de eso, cientos de personas se ven obligadas cada día a cruzar África realizando un trayecto incierto que pueden tardar en recorrer hasta tres años para llegar a una costa donde las alternativas son o subir a una precaria embarcación a ver si la suerte está de su lado y logran llegar a la otra orilla o saltar una valla con concertinas que pueden resultar mortales para ser expulsadas las más de las veces en el mismo día”. Unos riesgos que, tanto en Europa como en el resto del mundo, se multiplican por mil cuando hablamos de refugiadas, cuando las que huyen son mujeres y niñas.

Cuando los riesgos se multiplican por mil

La dureza añadida a cualquier proceso migratorio por cuestión de género ha sido la razón por la cual la tercera edición de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que empieza en A Coruña hoy jueves 20 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado y que hasta el sábado incluirá debates, charlas, exposiciones fotográficas, proyección de documentales y numerosas actividades paralelas, gira entorno a ELLAS, entorno a las más de treinta y dos millones de personas que han tenido que escapar de sus lugares de origen única y exclusivamente por ser mujeres “porque carecen de los derechos más básicos, porque son asesinadas, secuestradas o violadas; porque las obligan a casarse siendo niñas o les practican la ablación de clítoris, además de sufrir -como millones de hombres- persecución por razones políticas, religiosas y/o de etnia, de pasar hambre o de ser víctimas de conflictos armados”. Emprenden así un trayecto “de nuevo doblemente duro y difícil por ser mujeres”, exponiéndose a ser agredidas sexualmente o a convertirse en víctimas de redes de trata de personas que pueden obligarlas a prostituirse en el camino o en el lugar de destino, tanto ellas como sus hijas. Asegura Rubén Sánchez que el drama que sufren las migrantes “es inimaginable y queda tapado cuando se habla de los refugiados en términos genéricos”, de ahí que para el Movimiento sea importante ponerlo en primer plano; también “para que deje de ser invisible como pretenden autoridades como las europeas, responsables de su sufrimiento por no facilitarles un visado que les permitiría entrar a territorio comunitario en condiciones dignas y ‘obligarlas’ a realizar un trayecto doblemente infernal que las marcará para el resto de su vida… si es que consiguen sobrevivir”.

Y la situación no mejora para muchas de las mujeres que lo logran, que se ven sitiadas en campos de refugiados “que se parecen demasiado a los campos de concentración, donde hay quien lleva ya cuatro años esperando una respuesta a su solicitud de asilo en unas condiciones de nuevo más penosas y vulnerables que ellos”, con el riesgo de ser sometidas a violencia sexual y con los Gobiernos poniendo incluso trabas a que las organizaciones humanitarias les entreguen material de higiene básico como pueden ser las compresas. Tampoco aquellas que llegan a un lugar en teoría seguro tienen garantías de que no volverán a ser víctimas de explotación sexual, de violaciones y/o de xenofobia, “y tienen que enfrentarse a una sociedad polarizada con una opinión pública manipulada por la desinformación o por la falta de información veraz, con los socios europeos externalizando la política de fronteras a Libia, Turquía, Marruecos… para situar a las y a los desplazados fuera de nuestro campo de visión con la intención de ocultar lo que sucede, para lo que cuentan con el apoyo de muchos de los grandes medios de comunicación. ¿Cuánt@s migrantes se han quedado por el camino en su periplo por Europa? -se pregunta Rubén Sánchez-, ¿cuántos campos de refugiados que no son reconocidos como tal hay en los países del centro del continente?, ¿qué se sabe del maltrato de los propios Gobiernos a estas personas?”. Y explica que “eso es lo que pretendemos contrarrestar desde Acampa, el apagón informativo, y lo hacemos acercándole a la gente testimonios y experiencias de quienes lo han vivido y lo han sufrido; queremos que todo eso trascienda y se conozca su dura y triste realidad”.

Influir en la política migratoria europea

Son algo más de tres años los que los colectivos e individuos que conforman este Movimiento llevan trabajando para tratar de influir en esa política migratoria europea que mata gente a diario; de hecho, su portavoz nos recuerda que están trabajando para que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático teniendo en cuenta que los expertos de organizaciones internacionales como la ONU avisan de que, si no se le pone freno, en las próximas décadas al menos doscientos cincuenta millones de personas se verán forzadas a desplazarse y buscar refugio. Ya han trasladado su demanda a los grupos del Parlamento de Galicia para que aprueben una iniciativa instando al Gobierno español a que lo reconozca, y nos cuenta Rubén Sánchez que están a la espera de reunirse con los distintos grupos del Congreso recientemente constituidos para hacer lo propio con la idea de avanzar a partir de ahí hasta el Parlamento Europeo -sin descartar poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular a nivel comunitario- y hasta la ONU: “Buscamos sensibilizar no solo a los coruñeses y al resto de gallegos y españoles sino lograr que la ciudadanía presione a los dirigentes a nivel europeo y mundial. Nuestra batalla es la de la opinión pública, la del sentido común, porque sabemos que cuando la gran mayoría de la población se indigne y exija a los políticos que pongan fin a este drama, tendremos ganada la guerra a los intereses espurios”.

P.S. En Acampa A Coruña 2019 podréis acercaros a trabajos de reconocidos fotoperiodistas como Anna Surinyach, Lorena Ros, Olmo Calvo o Santi Palacios que documentan la cruda realidad de las mujeres desplazadas; podréis conocer de primera mano la lucha de activistas como Céline Bardet, una de las juristas con más experiencia en crímenes de guerra, Maya Al-Rahabi, voz del movimiento feminista Mujeres Sirias, Jineth Bedoya, impulsora de la campaña contra la violencia sexual No es hora de callar, o Caddy Adzuba, firme defensora de los derechos de la mujer en la RD Congo; asistir a la proyección de documentales de mujeres llamadas a cambiar su mundo… Tenéis toda la información sobre esta edición y sobre lo que es y lo que hace Acampa en la web www.coruna.redeacampa.org

P.S. La instantánea que ilustra el post es de ©Judith Prat/ Boko Haram, unha guerra contra elas.