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IMPRESCINDIBLES porque sin cuidados no hay vida

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¿Quién alimenta a quienes no pueden alimentarse solas? ¿Quién te mueve cuando no puedes moverte sola? ¿Quién cuida de tu espacio privado para que tú existas socialmente? ¿Quién deja de cuidar a su familia para cuidar a la tuya? En definitiva, ¿qué valor les damos a las personas que cuidan a quienes más queremos? Son algunas de las preguntas que nos hace la oenegé Movimiento por la Paz -MPDL- en la campaña que acaba de poner en marcha con el objetivo de “que reflexionemos sobre la situación del colectivo laboral más explotado hoy en día en España, para que cada vez seamos más las personas que unamos nuestras voces a las suyas en su denuncia”. Lo dice Juan Maza, coordinador del Área de Sensibilización, que nos ha explicado que se trata de reivindicar sus derechos laborales y también de reclamar la necesaria valorización de los cuidados que realizan como indispensables para la vida en un modelo de producción y convivencia que les gustaría que fuese diferente.

Valor vs Precio

Porque “el capitalismo les ha puesto un precio a esos cuidados, un precio muy bajo que son los salarios que cobran las mujeres que los realizan, pero no los ha valorizado”, que es lo que demanda el Movimiento por la Paz: darles valor a los cuidados en consonancia con la importancia que tienen en lugar de ponerles un precio siempre a la baja. La organización -que va camino de cumplir cuatro décadas trabajando por un mundo más justo e igualitario- defiende que se prioricen los cuidados, como también el modelo de crianza, en un nuevo sistema de convivencia: “socializarlos porque de ellos depende la vida”. Y ahí señala directamente a las Administraciones.

Pero no solo el Estado, la sociedad tampoco puede olvidarse de la importancia de los cuidados y de quienes los realizan, de que unos y otras son esenciales, vitales, indispensables. De ahí que desde la oenegé nos pidan que nos paremos a pensar qué lugar ocupan en nuestras vidas esos cuidados que van más allá del trabajo doméstico y qué ganamos, qué podemos muchas veces hacer, gracias a que otras personas se ocupan de ellos: mujeres en su mayor parte -el 96% de las trabajadoras del hogar y de los cuidados lo son- “que dejan de satisfacer buena parte de sus necesidades y llegan a renunciar a sus derechos para que nosotros podamos trabajar, disfrutar del ocio y llevar la vida que queremos”, destaca Juan Maza. “Mujeres que se ven obligadas a aparcar o prácticamente olvidar parcelas de su vida que también para ellas son imprescindibles pero que tienen que dejar de lado para hacer eso mismo en nuestras casas”.

Innegociables

Sus derechos laborales deberían ser innegociables pero no lo son. Movimiento por la Paz lleva tiempo asesorando y prestando asistencia jurídica gratuita a un colectivo que sufre a diario una tremenda indefensión ante los empleadores incluso con las leyes en la mano. No hay más que recordar que son las únicas que no tienen derecho a prestación de desempleo -«algo de lo que se benefician las empresas empleadoras y el propio Estado»-, por no hablar de que más de doscientas mil ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social porque son migrantes en situación irregular. Estamos por lo tanto en muchos casos ante personas que se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, porque son migrantes y porque trabajan en un sector que no está regulado como debería. Y es algo que se está perpetuando.

El responsable del Área de Sensibilización de la oenegé asegura que ha llegado el momento de que todo el mundo sea consciente de lo que ocurre en este sector: para acabar con una forma de entender tanto el trabajo de cuidados como a las mujeres que se ocupan de ellos “que roza el incumplimiento de los Derechos Humanos”; para poner fin “a la idea extendida entre determinadas clases sociales de que contratándolas les estamos haciendo un favor, como si por el mero hecho de no tener los papeles en regla no tuviesen derechos”.

Por eso le reclaman al Estado que se encargue de gestionar y de regular los cuidados. Pero hay otro paso que consideran fundamental: llevar a cabo una regularización urgente de migrantes y solicitantes de asilo, porque eso permitiría avanzar a más de un tercio de las mujeres del colectivo al convertirlas a ojos de la ley en lo que ya son, ciudadanas iguales al resto. No entienden “cómo es posible que las autoridades estén dejando escapar tantas capacidades y habilidades; cómo es posible que estén frenando el desarrollo de un país al que tanto pueden aportar” las más de seiscientas mil personas migrantes que se encuentran en situación irregular a pesar de llevar años trabajando y malviviendo en España, siendo explotadas las más de las veces. “Ellas nos necesitan y nosotros las necesitamos a ellas. No podemos seguir dándoles la espalda”.

“Seguiremos luchando. No pueden dejarnos atrás”

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A.P. es de Colombia. Escapó de su país hace tres años por las amenazas de muerte que recibía; después de que asesinaran a su padre. Eligió España como destino buscando un futuro, un buen futuro, “pero a veces nos equivocamos y cuando llegamos nos damos cuenta de que no todo es como lo pintan”. Es profesora: en su país daba clase de Geografía, Historia y Filosofía en Bachillerato; también cuenta con estudios de atención sociosanitaria, pero no tiene papeles. En noviembre pasado denegaron su petición de asilo, esa en la que tanto confiaba, y pese a llevar tres años residiendo y trabajando en Barcelona no consigue el contrato laboral por un año que le exige la legislación. Es más, desde que estalló la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus se ha quedado sin el trabajo como empleada de hogar en varias casas que le permitía salir adelante: han prescindido de ella, “quién sabe hasta cuándo o incluso si volverán a contar conmigo”. Y como está en situación administrativa irregular, se queda fuera de las ayudas públicas: del subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar que el Gobierno espera activar en los próximos días y del ingreso mínimo vital para los más vulnerables que anuncia para este mismo mes.

Ni ella ni las más de doscientas mil compañeras que según las organizaciones que reivindican los derechos del colectivo se encuentran en su misma situación podrán acceder a estas y otras prestaciones. Prestaciones de las que quedan excluidas más de ochocientas mil personas si ampliamos el horizonte.

Los derechos no pueden limitarse en función del origen nacional

Por eso varias asociaciones y grupos de trabajadoras del hogar y los cuidados de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y Madrid se han unido a la campaña que exige la regularización de todas las personas migrantes y han sumado fuerzas para denunciar la situación de “precariedad vital” a la que la Ley de Extranjería conduce a decenas de miles de compañeras, agravada todavía más por el Covid-19. Entre esas organizaciones está Sindihogar Sindillar, el Sindicato Independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados constituido en Barcelona hace más de ocho años, del que forman parte mujeres migradas de quince países como A.P.

Explica que no piden que les regalen nada pero sí que les permitan salir adelante. Que no les pongan tantas trabas para conseguir los papeles con los que poder acceder a un empleo en condiciones dignas: sin tener que trabajar más de cuarenta y ocho horas semanales cobrando menos del salario mínimo, sin días libres ni vacaciones, como hacen muchas internas esperando lograr al cabo de tres años esa oferta laboral que les abrirá la puerta a la regularización pero que nunca llega. Y nunca llega “porque los empleadores se aprovechan de la necesidad que tenemos de ese contrato y de nuestro miedo a denunciar lo que nos están haciendo pasar”.

Con la connivencia de las administraciones

Sindihogar Sindillar y las demás asociaciones que se han unido en defensa del colectivo firman un documento dirigido a Pedro Sánchez y a cinco de los ministros de su gabinete en el que denuncian que todos los gobiernos ‘están utilizando su trabajo sin derechos para atender necesidades de cuidado que de otro modo exigirían un enorme gasto social’. Aseguran que la existencia de ese mercado de empleo sumergido que se ampara en la Ley de Extranjería es conocida y concluyen que ‘mantener la irregularidad es una opción política’.

Les dicen que no pueden seguir mirando para otro lado, pidiéndoles que acaben con la ‘hipocresía’ que envuelve a la ley, y reclaman ‘regularización para todas ya; protección económica para todas las personas’. Exigen que las trabajadoras del hogar y de los cuidados sean consideradas esenciales también en la legislación, para tener derechos y poder ejercerlos; que su situación entre de una vez en la agenda política. Están cansadas de promesas incumplidas o que han quedado diluidas y quieren hechos.

No piensan rendirse. Van a seguir luchando: les sobra coraje y saben que unidas tienen más fuerza.

Para ayudar a aquellas que han perdido su fuente de ingresos en esta emergencia sanitaria y económica y a las que siguen trabajando en condiciones inseguras, reforzando al mismo tiempo las redes que las conectan, Sindihogar Sindillar ha puesto en marcha una Campaña de Resistencia para recaudar dinero: a quien aporte cinco euros o más le harán llegar una SindiRebel, una muñeca de tela confeccionada por las propias afiliadas; un pedacito de su cultura, de sus vivencias.

P.S. Además de Sindihogar Sindillar, el documento que dirigen al Gobierno lo firman la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada, ATH-ELE y SINA KOOP.ELK. TXIKIA, de Bilbao, Malen Etxea, de Zumaia, el Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, el Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compostela, la Asociación Emplead@s de Hogar y Cuidados de Navarra y SEDOAC, de Madrid.

“Tenemos miedo al coronavirus”

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Miles de inmigrantes, irregulares y también regulares, malviven en las principales zonas agrícolas de España en campamentos de chabolas levantadas con cuatro tablas y unos plásticos, sin agua, sin luz y sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias, expuestos a todo tipo de enfermedades y con el riesgo añadido de poder perder lo poco que tienen en uno de los incendios que se producen cada cierto tiempo. El último, esta misma semana en la localidad onubense de Palos de la Frontera: alrededor de setenta infraviviendas fueron pasto de las llamas; infraviviendas, sí, pero que servían de refugio a más de cien personas. El asentamiento fue desalojado y sus cerca de doscientos moradores han tenido que buscarse la vida. La Guardia Civil investiga si fue provocado.

No estamos contando nada nuevo: hace veinte años que esta dura realidad existe en esa provincia andaluza e incluso más en la de Almería. En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, se echaba las manos a la cabeza al visitar uno de los asentamientos de los temporeros de la fresa en Huelva, asegurando que viven en peores condiciones que las de los campos de refugiados. Y urgía a las Administraciones a actuar. Lo mismo que llevan reclamando desde hace años asociaciones como el Colectivo de Trabajadores Africanos, de Lepe: condiciones dignas para quienes -con o sin papeles- “son imprescindibles para recoger las cosechas de productos que acaban en buena parte de las mesas del país y que reportan grandes beneficios a los empresarios que se aprovechan de ellos, pagándoles las más de las veces por debajo del convenio y del SMI por jornadas maratonianas y semanas interminables”. Lo denuncia uno de sus miembros fundadores, Antonio Abad, que se queja de que las Administraciones -todas- han mirado siempre para otro lado, como siguen haciendo en plena emergencia sanitaria: critica que no hayan hecho nada para proporcionarles un alojamiento digno con el caldo de cultivo que las condiciones en las que malviven suponen para el coronavirus; y asegura que el Gobierno central se ha retratado con el real decreto ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, dejando más que claro quiénes le preocupan: “el empresario y los consumidores, no el inmigrante que lleva años partiéndose el pecho como temporero”. Ellos, los inmigrantes, están entre decepcionados e indignados: esperaban algo de humanidad. Nos lo ha contado Mohamed Lamine Camara.

#RegularizacionYa

Los inmigrantes esperaban más de las autoridades. También las organizaciones que luchan por sus derechos y parte de la ciudadanía. Por eso son ya novecientas las que reclaman al Gobierno una regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en España y la inmediata resolución favorable de las más de cien mil peticiones de asilo y refugio pendientes. Y se están haciendo oír en las Redes Sociales. Atendiendo a las cifras que manejan, en nuestro país hay cerca de seiscientas mil personas en situación irregular y ellas y ellos denuncian que no pueden seguir en este limbo vital y administrativo en el que los sumerge y al que los condena el racismo institucional. El Colectivo de Trabajadores Africanos es uno de los firmantes de esta demanda. Antonio Abad sabe bien de lo que habla porque lleva una década viéndolo a diario: «Una forma de esclavitud moderna, sin látigo, pero tratándolos prácticamente como esclavos». Y todo esto se mantiene exactamente igual en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Por el momento no se sabe de casos de Covid-19 en los asentamientos de temporeros. Ya hemos escuchado que tienen miedo y no es para menos.

Denuncia que se han sobrepasado todos los límites, que unos y otros se han aprovechado -con la connivencia de las distintas autoridades- de la situación de vulnerabilidad y de la desesperación de miles de seres humanos a los que se les ha dado y se les está dando un trato que debería avergonzarnos a todos, “algo impropio de un Estado que se considera de Derecho”. Reclama que se actúe de una vez pero no es muy optimista, más bien al contrario, “porque lo primero para resolver un problema es reconocer que existe” y duda de que las Administraciones acaben admitiendo que han tenido a cientos de miles de personas malviviendo durante años en condiciones que ni los animales: “Estoy seguro de que se les pone la cara colorada solo de pensarlo cuando se les tendría que poner roja de vergüenza por no haber hecho nada para cambiar esta penosa realidad”.

La charla con Antonio y Mohamed tuvo lugar el pasado lunes; un par de días después, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto ley con dos millones doscientos mil euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería cubran las necesidades de agua potable, limpieza y recogida de basura de los asentamientos de inmigrantes, además de la compra de alimentos y productos de higiene personal. ¿Un objetivo cumplido? Son bastante escépticos: se preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que se vea, si es que se llega a ver, alguna mejora sobre el terreno, teniendo en cuenta que el anuncio llega varias décadas tarde y que llevamos más de un mes en estado de alarma por la emergencia sanitaria. Por no hablar de que la Junta ha hecho los cálculos económicos partiendo de que en los asentamientos de esas dos provincias hay alrededor de cuatro mil cuatrocientos inmigrantes: el Colectivo de Trabajadores Africanos afirma que solo en los de la onubense, unos cincuenta, ya se supera esa cifra. Asentamientos que, por supuesto, no tendrían que existir.

P. S. Las fotografías que aparecen en el post son de asentamientos de Lepe y Palos de la Frontera y han sido sacadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos.

¿Es la muerte de las personas mayores un mal menor?

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¡Por supuesto que no! Ni puede ni debe verse así porque la vida vale exactamente lo mismo se tenga una edad u otra. El derecho a la vida, a un trato digno e igualitario y a la asistencia sanitaria no tienen fecha de caducidad, no hay una edad a partir de la cual dejan de reconocerse: se reconocen desde que se nace hasta que se muere, con independencia de los años. Así lo proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución española promulgada tres décadas después. ¿Por qué entonces se ha llegado a hablar en plena emergencia sanitaria de acudir a criterios como la edad del paciente a la hora de acceder a determinados recursos asistenciales en una situación de falta generalizada de los mismos? Porque la crisis que atravesamos ha puesto de manifiesto con toda su crudeza una percepción muy asentada y generalizada en la sociedad desde hace mucho –demasiado– tiempo: que los derechos y la vida de las personas mayores no valen lo mismo que los del resto, valen menos. Es lo que denuncia Grandes Amigos, que lleva más de dieciséis años trabajando por su bienestar, su dignidad y sus derechos.

“La falta de medios no puede ser la excusa”

Dicen en esta oenegé que escudarse en la falta de medios para afrontar la situación que ha generado el Covid-19 no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de una importante parte de la población. “Ha sido el detonante que ha sacado a relucir el verdadero problema, una realidad muy grave” de la que hablamos con su responsable de Comunicación, José Ángel Palacios: la discriminación por razón de edad, “que lleva mucho tiempo ahí”.

Asegura que se transluce en la visión asistencialista y paternalista con la que tratamos a los mayores, asumiendo que tenemos que ayudarles, guiarlos y decidir por ellos porque solos no pueden, en lugar de buscar su participación activa tanto en las decisiones que les afectan más directamente -como puede ser ingresarlos en una residencia- como en la vida de la comunidad y en la sociedad en general: “Hay que hacer una sociedad por y para los mayores contando con ellos, porque tienen mucho que aportar, empezando por su experiencia”. Y esa es otra, resulta que la experiencia en los tiempos que corren no vale nada: el valor de la persona, atendiendo a la visión mercantilista que manda hoy en día, lo marca su productividad; “eso quiere decir que cuando te jubilas pierdes todo tu valor, ya no cuentas”. Metiéndolos además a todos en el mismo saco: “a nueve millones de personas que no valen nada porque así se ha decidido, sin atender a las especificidades de cada una de ellas”. Y para que les quede claro que no son más que una carga, repetimos hasta la saciedad que las pensiones son un problema cada vez mayor, “obviando con toda la intención que lo que en realidad son es un derecho adquirido”. Sin olvidarnos de la discriminación pura y dura por razón de edad e imagen cuando renegamos de todos los signos naturales de la vejez: se imponen los productos antiarrugas, para tapar las canas, rejuvenecedores… “y eso actúa como una gota china que hace que acabemos rechazando, aunque sea inconscientemente, no solo la vejez sino a quien atraviesa esa etapa de la vida”. Personas a las que, además, tendemos a infantilizar por el mero hecho de que tengan cierto deterioro cognitivo o algo tan común como incontinencia urinaria, lo que no implica que debamos decidir por ellas, aislarlas o esconderlas… ¡Al contrario! “Son muchos factores, a veces invisibles de lo interiorizados que los tenemos, que hacen que infravaloremos a los mayores. Y eso no es nuevo”. Por eso desde Grandes Amigos llaman a cambiar radicalmente la visión que tenemos de los mayores.

Las carencias de las residencias, al desnudo

A la vista está que la emergencia sanitaria ha dejado al desnudo las carencias que tenían muchas residencias de mayores del país, que han quedado completamente desprotegidas. Y en la oenegé apuestan por darle una vuelta al actual modelo en cuanto pase todo esto. Para ellos existe un error de concepto al considerarlas centros sociosanitarios o sanitarios cuando lo que deberían ser son hogares en los que, llegado un determinado momento, algunas personas deciden continuar su proyecto de vida; con los cuidados necesarios pero sin confundirlas con hospitales: “Ese es el camino, un modelo de atención que ponga a la persona en el centro, y para conseguirlo hay que dotarlas de medios suficientes”. José Ángel Palacios nos dice que ya existen ejemplos de cómo deben ser, lo que hace falta es que se multipliquen “para lo que es fundamental contar con la voluntad de los poderes públicos y de la iniciativa privada y con recursos suficientes”. A la espera de que eso suceda, en un momento de homenajes como el actual, considera imprescindible que se haga un reconocimiento a los profesionales que trabajan en estas residencias, “que se están dejando la piel, exponiendo su salud, para atender a la población más vulnerable a esta enfermedad”.

A esa parte de la población que, “siendo la más amenazada por un eventual contagio, está siendo la más perjudicada; justo lo contrario de lo que tendría que suceder”. Por eso esta organización ha sido una de las que ha pedido un pronunciamiento del Defensor del Pueblo y la intervención de la Fiscalía General del Estado. Están convencidos de que si ha tenido que pasar un tiempo para que se tomara en serio la situación ha sido porque en un principio se pensó que la enfermedad solo afectaba a las personas mayores. Así de duro.

Asegura José Ángel Palacios que hay un poso muy asentado desde hace mucho tiempo que nos lleva a considerar la muerte de los mayores un mal menor. Una afirmación para reflexionar, más todavía teniendo en cuenta que si no cambiamos esa visión nosotros también la sufriremos cuando lleguemos a esa edad. “De ahí lo absurdo de la discriminación por razón de edad, que es también tirar piedras contra nuestro propio tejado”.

“Hay mayores muy preocupados, con miedo”

Desde Grandes Amigos lanzan otro aviso partiendo de lo que han constatado en las últimas semanas. Lo hacen tras destacar que, en general, las personas mayores llevan el confinamiento mucho mejor que el resto: explican que muchas sufrieron la guerra o la postguerra y tuvieron que sacarse las castañas del fuego para salir adelante y reconstruir el país, lo que las dotó de una gran fortaleza y les enseñó a relativizar; también es cierto que el aislamiento no es nuevo para algunas que, por problemas de salud o de movilidad, ya antes de este coronavirus prácticamente no salían de casa o directamente no salían. Alertan de que a una parte de ellas les está afectando el continuo bombardeo, veinticuatro horas del día, con mensajes negativos sobre su esperanza de vida: “Hay que pensar en el impacto emocional, afectivo y psicológico que esa sobredosis de información dramática está teniendo en este segmento de la población, la más vulnerable -insiste- porque nos estamos encontrando con mayores realmente preocupados”. Para tratar de contrarrestarlo, la oenegé ha reforzado el contacto telefónico que mantiene ahora con ellas con equipos de voluntarios que las llaman para tranquilizarlas y, sobre todo, para distraerlas hablando de otras cosas que no son el coronavirus. Y lo hace en colaboración con voluntarios del Colegio de Psicólogos de Madrid, que ayudan telefónicamente a quienes atraviesan situaciones anímicas más complejas.

Ya están analizando todas estas derivadas para amortiguar cuanto antes y en la medida de lo posible el golpe psicológico que supondrá para muchos mayores el levantamiento del confinamiento; pensando también en cómo ha podido afectar a su forma física, porque puede que su escasa movilidad se haya reducido a cero. Todo eso tendrán que trabajarlo. Lo que tienen claro es que, una vez se supere la emergencia sanitaria, mantendrán el nuevo proyecto de acompañamiento telefónico, que “ha llegado para quedarse como complemento a las visitas”. Lo mismo esperan que suceda con el renacer del apoyo vecinal y comunitario que ellos vienen impulsando desde hace años. El Covid-19 les ha traído una ola de solidaridad inmensa y están intentando canalizarla para que se mantenga en el tiempo.

Lo que hay detrás de una histórica condena a España

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Sandra estaba embarazada de casi cuarenta semanas cuando acudió al hospital, pero ni por un momento pensó que iba a dar a luz. Tenía claro que aún no había entrado en la fase de parto pero el personal médico de ese centro hospitalario público decidió inducírselo sometiéndola para ello a una serie de intervenciones para las que no le pidieron consentimiento: le administraron oxitocina para acelerarlo, le practicaron más de diez tactos vaginales, la mayoría injustificados, le realizaron una episiotomía y utilizaron la ventosa para sacar a la bebé, todo sin tenerla en cuenta y sin explicarle nada de lo que estaba sucediendo; ni siquiera cuando se llevaron a la niña, de la que tuvo que estar varios días separada por una infección que conoció a posteriori. Lo recuerda ‘como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje donde todo el mundo hace cosas de forma mecánica y la mujer no hace nada pero sale de allí con un bebé (…), cuando está física y psicológicamente preparada para parir, no para que la paran’. Asegura que se sintió desautorizada y sin autoestima. Era 2011. Presentó una reclamación por vía administrativa y acabó reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales que, uno detrás de otro, fueron tumbando su caso; lejos de tirar la toalla, lo llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que hace unos días, nueve años después de comenzar su periplo, dictaba una histórica condena a España: concluye que Sandra -nombre ficticio para salvaguardar su identidad- fue víctima de violencia obstétrica no de una negligencia médica, porque no se trata de un caso individual sino de una cuestión estructural; una cuestión que parte de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, su rol sexual pasivo y su papel en la sociedad, por lo que también es una forma de violencia de género. Y responsabiliza al Estado por no actuar de manera diligente para garantizar sus derechos y los de su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia.

Nos lo explican Paloma Torres López y Lucía Maravillas Martínez Losas, dos de las abogadas que han presentado el caso ante Naciones Unidas junto con Marina Morla González, Teresa Fernández Paredes y Francisca Fernández Guillén, directora jurídica del Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo llevó en sus diferentes etapas en España. “Juntas ideamos una estrategia que entonces parecía utópica pero que, al final, ha dado resultado”. Y tanto: no solo es la primera vez que un organismo internacional reconoce en una sentencia la violencia obstétrica como tal sino que, además, la reconoce como una forma de violencia de género.

“Un nuevo estándar de Derechos Humanos”

  Como Sandra, sus letradas destacan que “la mujer está preparada para el parto no para que la paran”. Recuerdan que el personal sanitario tiene el deber de contarle en todo momento lo que está pasando y de pedirle consentimiento. Pero denuncian que precisamente por esos estereotipos de género, tan pronto entra en el hospital pasa a ser un simple recipiente, su cuerpo y lo que ella decida da igual; es más, se considera que por estar en un determinado momento emocional no tiene capacidad decisoria. Y es por eso por lo que el equipo legal incluyó la violencia de género, porque no se trata de una negligencia de determinados profesionales sanitarios o del propio sistema sino de una discriminación por razón de género, porque solo puede afectar a las personas con útero: “A diferencia de otros pacientes, la mujer está ahí única y exclusivamente para parir y lo que importa es el bebé que lleva dentro; ni lo que ella quiera, ni su cuerpo, ni el impacto que pueden suponerle las actuaciones médicas que se lleven a cabo. Eso no importa”. Y este no es un caso aislado: con datos de 2016 del Observatorio de Violencia Obstétrica recogidos de casi dos mil testimonios, en dos tercios de los partos no se respetaron los planes presentados y en la mitad se actuó sin el consentimiento de la madre (inducción, episiotomía, Kristeller…). Más de un tercio de esas mujeres necesitó ayuda psicológica para superar las secuelas o los malos recuerdos de dar a luz.

  Paloma Torres nos cuenta que la resolución de Naciones Unidas va mucho más allá de Sandra y de las otras dos denunciantes que están pendientes de un pronunciamiento, que sus abogadas confían en que vaya en la misma dirección. Y es que este ha sido un litigio estratégico de Derechos Humanos: “Hemos puesto de manifiesto en el ámbito internacional una práctica habitual, sistemática y gracias a eso se ha sentado jurisprudencia que es vinculante no solo para España sino para todos los países que, como el nuestro, han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso significa que se ha generado un nuevo estándar de Derechos Humanos, un cambio que esperamos pueda tener efectos a largo plazo en distintos frentes”. Lo explica ella misma destacando que, por eso, todas -abogadas y denunciantes- están muy satisfechas.

Solo ha habido otra condena del CEDAW a España

  Paloma Torres y Lucía Martínez ponen el acento en el hecho de que España solo había sido condenada hasta ahora en una ocasión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en 2014, por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija de siete años fue asesinada por su expareja cuando la tenía con él a pesar de que ella había reclamado en múltiples ocasiones que le suspendieran el régimen de visitas por las amenazas recibidas. Incluso habiéndole dado Naciones Unidas la razón reconociendo la responsabilidad del Estado tuvo que volver a reclamar en los tribunales españoles para que este cumpliese, hasta que Supremo dictaminó que las recomendaciones del CEDAW son vinculantes y deben ser acatadas y aplicadas para que los derechos y libertades estipulados en los tratados internacionales firmados por nuestro país sean reales y concretos aquí.

  Tanto entonces como ahora se peleó duro para que la ONU fuese más allá de la indemnización a la víctima y le recomendase al Estado medidas de carácter general. Y se consiguió. El Comité conmina al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la realidad de la violencia obstétrica en España, de la que solo dan datos las asociaciones que llevan años trabajando para que se reconozca su existencia; también lo llama a “brindarles a los profesionales sanitarios y a los de la judicatura una capacitación adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva” para que dejen de aplicar estereotipos de género, porque la mujer no pierde ni su autonomía ni su capacidad decisoria porque vaya a dar a luz. “El CEDAW deja claro que en los casos de violencia obstétrica el personal sanitario no es el único que le causa daños físicos y psicológicos a la mujer abusando de la medicación y del intervencionismo médico, no pidiéndole consentimiento y no teniéndola en cuenta para nada: también lo hacen los jueces cuando niegan esa violencia resolución tras resolución, cuando determinan que los daños psicológicos alegados por la denunciante son una percepción suya, cuando afirman que está exagerando (hay sentencias que siguen hablando de histeria)… Esos son estereotipos de género que hacen que el daño psicológico sea todavía mayor porque pueden llevar a que la víctima acabe dudando de ella misma y piense si no será cierto que la culpa es suya”. Así lo señala Lucía Maravillas Martínez, aclarando que el hecho de que por fin le hayan dado la razón a Sandra -después de casi una década- no borra de golpe todo lo que ha sufrido, “eso no se lo quita nadie”. Para lo que sí tiene que servir -dice este equipo de abogadas independientes- es para que situaciones como la que vivió ella dejen de repetirse, por eso consideran determinante que se sepa que no son casos aislados.

  Es imprescindible que el Gobierno reconozca la violencia obstétrica como tal y como una forma de violencia de género para reorientar así las políticas públicas: para que respondan a las necesidades de las víctimas pero, sobre todo, para evitar que las mujeres sigan sufriéndola, que es de lo que al final se trata, de prevenir. Lucía Maravillas Martínez Losas y Paloma Torres López recuerdan que desde el Ejecutivo aseguran que trabajan para adaptar la legislación española a las convenciones internacionales que en su día se firmaron, que presentan una concepción mucho más amplia de lo que tiene que considerarse violencia de género; pero también se quejan de que no acaben de “atreverse” a confirmar que tipificarán la violencia obstétrica y que tendrá esa consideración, que es lo que les dice la ONU. Porque si no dan el paso nunca se podrá erradicar. Piensan que van a ser reacios a cumplir las recomendaciones, pero confían en que lo acabarán haciendo cuando se conozcan los dos dictámenes pendientes: “Deberían traducir esta resolución internacional en ley lo antes posible. Al final, tendrán que hacerlo”.

“Una cosa es que tu vida esté en stand-by, otra muy distinta es tenerla parada para siempre”

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Fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva (pérdidas de memoria, falta de concentración…), ansiedad, sensibilidad visual y/o auditiva… y un largo etcétera de síntomas que pueden ser invalidantes y que merman en gran medida la calidad de vida de quien la padece, hasta en un ochenta por ciento. Son síntomas que acompañan a la Sensibilidad Química Múltiple, que con frecuencia cursa con otras enfermedades que los agravan todavía más como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, y que puede derivar en otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Pone tu vida patas arriba, de repente, pudiendo obligar y obligando al confinamiento en casos severos. ¡¡¡Sí, a quedarse en casa, pero no durante unos días o unas semanas: PARA SIEMPRE!!! Se trata de una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a numerosas sustancias químicas en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general: presentes en el aire, en el agua, en los alimentos, en medicamentos, en productos de higiene personal o de limpieza, en colonias, en pinturas, en el asfalto… La lista es interminable. Contarlo es una cosa, pero ¿cómo es vivirlo? Lo sabe bien Vanessa Basurto.

  Solo si tratamos de identificarnos con ellas, de ponernos en su piel, podremos hacernos una idea de lo que supone vivir con Sensibilidad Química Múltiple y actuar en consecuencia: que la mascarilla -esas de las que muchos han hecho acopio estos días sin necesitarlas por puro egoísmo- te acompañe allí donde vas, cada día; que necesites esa mascarilla incluso cuando estás en casa porque tu vecina ha colgado ropa lavada en el balcón y ni siquiera es suficiente con cerrar las ventanas, o porque han fregado las escaleras del edificio en el que resides con lejía; tener que recluirte en una habitación esperando a que tu pareja o tus hijos, que han vuelto de trabajar, del colegio o de dar una vuelta, se laven a fondo para poder compartir con ellos el espacio de tu hogar, para poder abrazarlos; quedarte sin trabajo porque tus jefes o tus compañeros se niegan a llevar a cabo pequeños cambios para que puedas continuar en tu entorno laboral… Son solo algunos ejemplos de lo que sufren las personas con esta patología, a los que hay que sumar el tener que aislarte en casa durante un tiempo porque has sufrido otra crisis y, en los casos más graves, el NO PODER VOLVER A SALIR A LA CALLE.

  Con un poco de empatía podemos acabar descubriendo que hay productos que estamos utilizando que, en realidad, a nosotros tampoco nos sientan bien. Quienes tienen Sensibilidad Química Múltiple lo descubren a la fuerza. Por eso para ellas -la mayoría son mujeres- son muy importantes iniciativas que intentan sensibilizar a la sociedad como el cortometraje ‘Es el progreso, estúpida’, dirigido por Patricia de Luna y estrenado en Madrid hace un par de semanas, del que os hablé en mi anterior post. Vanessa Basurto estuvo en el estreno y se emocionó, hasta el punto de que no podía hablar: “Me afloraron muchos sentimientos por todo lo que he vivido desde que me diagnosticaron. Me sentí plenamente identificada y eso me encantó, porque significa que la gente que no tiene ni idea de esta enfermedad podrá ver un testimonio veraz de lo que es y lo que supone. Ayudará a hacerla visible, a hacernos visibles, y nos ayudará a reclamar nuestros derechos”.

  Muchas afectadas han tenido que esperar hasta una década para ponerle nombre a lo que les pasaba, siendo derivadas a Psiquiatría cuando tenían claro que lo suyo era un problema físico, como nos explicaba Vanessa. Por eso reclaman a las autoridades que formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento, que extiendan a todos los hospitales del país y a todos los niveles de la atención sanitaria el protocolo puesto en marcha hace un par de años en los de Comunidades como la madrileña para atender a estas pacientes cuando llegan a Urgencias: priorizarlas y mantenerlas en un espacio saludable para ellas mientras esperan. También les demandan que creen Unidades de Referencia, que financien la investigación necesaria para conseguir tratamientos adecuados y que la Seguridad Social asuma los que ya están dando buenos resultados, que los hay, como demuestra su propia experiencia: asegura que gracias a esos tratamientos y a la empatía de sus compañeros ha podido reincorporarse a la vida laboral. Les piden además que se reconozca la enfermedad como incapacitante, facilitando así el reconocimiento de la incapacidad laboral sin tener que pelearla en los tribunales. Y, sobre todo, consideran imprescindible que la Organización Mundial de la Salud reconozca oficialmente la Sensibilidad Química Múltiple como una enfermedad: a pesar de que puede afectar a entre el 4-5% de la población, no le dedica un epígrafe específico en su clasificación internacional, incluyéndola en el grupo de las alergias no específicas. Desde la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Eletrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple avanzan que redoblarán los esfuerzos para tratar de conseguirlo, uniéndose a otras asociaciones europeas para tener más fuerza y hacer más presión. En España, hace solo seis años que es reconocida como enfermedad, pero quienes la sufren hace mucho más tiempo que saben que están enfermas.

‘Es el progreso, estúpida’

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Progreso viene del latín progressus, que es la ‘acción de ir hacia adelante’. Así lo recoge la Real Academia Española, que añade otra acepción de esta palabra: ‘avance, adelanto, perfeccionamiento’. Perfeccionar es ‘mejorar’, luego tiene que ser bueno para todos… ¿o no? Esa es la reflexión que nos anima a hacer el cortometraje “Es el progreso, estúpida”, estrenado hace una semana en Madrid como inicio de un viaje que lo llevará por distintos puntos de España, también a festivales de cine. Un trabajo con el que se quiere dar visibilidad, concienciar a la sociedad -a todos-, sobre una dura enfermedad desconocida para muchos, la Sensibilidad Química Múltiple, buscando que empaticemos con quienes la padecen. Nos lo cuenta su directora, Patricia de Luna, que lo resume así: “Se trata de crear conciencia a nivel de vecindario: si una de tus vecinas (la enfermedad afecta sobre todo a mujeres) tiene un problema tan importante como este y tú intentas comprenderla, es probable que ella lo lleve mejor; y tú también puedes sentirte mejor”. Habla, además, de la gente que tiene miedo a aquellos que son diferentes y de la que, en lugar de cerrarse en banda, les tiende la mano.

La Sensibilidad Química Múltiple

Es una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a sustancias químicas presentes en el aire -como las emanaciones de los motores diésel y gasolina o el humo de las fábricas-, en el agua -aditivos-, en alimentos -edulcorantes, colorantes artificiales-, en medicamentos, productos de higiene personal, cosméticos, perfumes, pinturas…, casi siempre en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general. Una patología con síntomas de lo más variado -fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva…- que pueden ser invalidantes y reducir hasta en un ochenta por ciento la calidad de vida de quien la sufre, pudiendo obligar al confinamiento en casos severos, lo que implica un aislamiento del entorno social, laboral e incluso familiar. Con frecuencia cursa con enfermedades que pueden agravar esos síntomas como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia e incrementa el riesgo de desarrollar otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Los especialistas calculan que puede afectar a entorno al cuatro/cinco por ciento de la población. En España no fue oficialmente reconocida hasta 2014 y hace solo un par de años que existe un protocolo para que los hospitales sepan cómo tratar a los afectados. La Organización Mundial de la Salud todavía la incluye en el grupo de alergias no específicas.

Asociaciones de pacientes como la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad -que está detrás de “Es el progreso, estúpida”- luchan desde hace años para que sea reconocida a nivel mundial y, en el caso de España, para que las autoridades formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento -en muchas ocasiones se sigue derivando a las afectadas directamente a psiquiatría-, para que inviertan en investigación y para que aborden los problemas laborales a los que estas personas se enfrentan.

Una cuestión de empatía

El diagnóstico puede tardar hasta una década, viviendo durante todo ese tiempo lo que les sucede sin poder ponerle nombre y teniendo que lidiar con la incomprensión de muchas de las personas que las rodean. Esa es la tesitura en la que nos coloca el cortometraje: la de tener cerca a alguien que sufre esta patología y necesita de nuestra empatía, que pongamos de nuestra parte para echarle una mano en lugar de verla como un bicho raro. Cuenta en apenas catorce minutos un momento en la vida de una afectada que entra en crisis por la dolencia y deja su vida y su familia para irse al campo, donde tiene como vecinos a unos abuelos a los que intenta explicarles lo que le pasa, para que entiendan que cambiando pequeñas cosas pueden ayudarla y al mismo tiempo mejorar su propia vida. “Porque a veces no te encuentras bien físicamente sin saber el motivo y resulta que lo que hay detrás de ese malestar es algo que estás utilizando en tu vida cotidiana”. Lo dice Patricia de Luna, que destaca cómo uno de los personajes -la abuela- pone en tela de juicio la veracidad de la enfermedad de la protagonista: “Así funciona la sociedad, siempre hay quien no cree al otro, más todavía en este caso en el que estamos hablando del progreso, que tiene que ser bueno para todos. Pero es posible que en realidad no lo sea, que parte de ese progreso no te siente bien a ti tampoco. Y ahí están las personas con sensibilidades químicas múltiples, que son como centinelas de la vida que nos alertan de peligros para la salud derivados de cierto tipo de progreso que quizás no sea tan bueno”.

La directora y guionista tiene claro que eso debería llevarnos a replantearnos ciertas cosas: “A veces es tan fácil como dejar de usar determinados productos de limpieza o de higiene personal que pueden ser tóxicos. Al final es cuestión de empatía y si nos ayudamos un poco unos a otros puede irnos un poco mejor…a todos”. También a quienes no tenemos esta patología. Escuchad a Patricia de Luna.

‘Es el progreso, estúpida’

Querían un título transgresor que llamase la atención sobre una enfermedad que no llama la atención y echaron la vista atrás casi tres décadas para recuperar, adaptar y hacer suya una frase que dio la vuelta al mundo: ‘Es la economía, estúpido’. La acuñó uno de los asesores de Bill Clinton en la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 1992, fue el eslogan no oficial que los analistas consideran decisivo para su triunfo sobre George H. W. Bush que, impulsado por lo hecho en política exterior, era el favorito para volver a ganar las elecciones. Fue entonces cuando surgió la figura del estratega James Carville para señalar que la forma de contrarrestar esa ventaja era centrarse en temas que afectasen a la vida diaria de los ciudadanos, como la economía: ‘Es la economía, estúpido’.

De ahí el equipo del cortometraje pasó a ‘Es el progreso, estúpida’ para, tirando de ironía, intentar que la sociedad entienda -que todos entendamos- que en el progreso no vale todo, que tiene que haber límites éticos porque no a todo el mundo le sienta bien. Quizás tampoco a ti, que no padeces esta patología. Una cosa es contarlo, otra muy distinta sufrirlo cada día.

P. S. En el Facebook de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad https://m.facebook.com/ConfederacionNacionaldeFMySFC/?locale2=es_ES han abierto un grupo público en el que se facilitará toda la información sobre localidades y fechas para poder ver el cortometraje.

P. S. La directora del corto, Patricia de Luna, está ya metida en el guión de su próximo trabajo, ‘Las piedras de Luna’, un largometraje de ficción con algo de autobiográfico dedicado a su hija. También tiene en marcha un proyecto de cine itinerante, ‘La Barraca de cine’, para levar a las zonas más despobladas de España esas películas que no entran en los circuitos comerciales. Es además actriz, guionista y produtora. https://m.facebook.com/bocanegraproducciones/

El TC no tiene por qué declararlas constitucionales. Y además los socios del Gobierno tienen un compromiso

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A la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y de ver qué hace el Ejecutivo de coalición, la reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la frontera con Marruecos sigue dando mucho que hablar; también la lectura que hizo de la misma el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: Fernando Grande-Marlaska dijo que el dictamen deja claro que la violencia que ejercen los migrantes limita sus derechos fundamentales y que España cuenta con mecanismos suficientes para asistir en frontera a los solicitantes de protección internacional. El responsable de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, Doctor en Derecho, no entiende “cómo es posible que un magistrado como él diga una barbaridad así”, asegurando que en un Estado de derecho los derechos fundamentales solo pueden limitarse caso por caso y por sentencia judicial: “De hecho el Estado de derecho se revela como esencial en situaciones conflictivas garantizando para resolverlas vías respetuosas con los derechos fundamentales. Esa es su razón de ser, por lo que si se suprime ese papel garantista lo estamos vaciando de contenido”. José Palazón, fundador de Melilla, considera “gravísimas” y muy significativas las declaraciones del titular de Interior, “sobre todo teniendo en cuenta que la violencia ejercida por España y Marruecos en las expulsiones es tremenda”. Recuerda que saltar la valla es una infracción administrativa, no penal, y que en nuestro país también existe la presunción de inocencia para los migrantes. Sobre la existencia de vías legales para entrar en España a través de la frontera sur, uno y otro coinciden en que eso solo es cierto sobre el papel no en la práctica. Ellos mismos lo cuentan.


El giro copernicano del Tribunal de Estrasburgo

Tanto en la APDHA como en PRODEIN Melilla -igual que en el resto de oenegés y en organismos de la propia ONU- destacan la sorpresa que ha supuesto el giro de ciento ochenta grados que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su línea jurisprudencial al respecto: el propio TEDH condenó en primera instancia a España por este caso en el que ahora atiende el recurso y los argumentos de la Abogacía del Estado, fijando incluso indemnizaciones de cinco mil euros para cada uno de los dos demandantes -un nacional de Mali y otro de Costa de Marfil- que fueron expulsados de inmediato de territorio español en agosto de 2014 tras saltar la valla de Melilla ‘como parte de un gran grupo’ de personas. Carlos Arce afirma que “frente al discurso de criminalización de las migraciones, que sostiene que estamos sufriendo una avalancha y que hacen falta medios extraordinarios para combatirla, Estrasburgo se había erigido hasta ahora en una rara avis institucional poniendo siempre por delante los derechos humanos y la dignidad de las personas. Era un contrapeso clave y este volantazo, en especial lo rudimentario y más que discutible de su argumentación, supone la pérdida de un valioso instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los migrantes”. En una línea similar, José Palazón dice que “nos han quitado una institución imprescindible” y va más allá al denunciar que el TEDH “deja de ser una referencia en materia de derechos humanos para convertirse en un tribunal de los derechos de Gobiernos y corporaciones fascistas. Ha demostrado que le da miedo defender los derechos humanos y que se deja influir políticamente”.

La Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes ha reaccionado a la sentencia del tribunal europeo repitiendo que las devoluciones en caliente son contrarias al derecho internacional, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) -que participó en el proceso como tercera parte- ha puesto el acento en que la Convención de Ginebra de 1951 establece que no se debe penalizar a quien huye de un país en el que es o teme ser perseguido por haber entrado en otro de forma irregular. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía explican que el principio de no devolución -recogido en el artículo 33 de esa Convención- está pensado específicamente para aquellas personas que entran irregularmente en un Estado: “Si como determina ahora el TEDH el hecho de hacerlo permite expulsar a esa persona sin que ni tan siquiera pueda hablar con un abogado, sin saber si puede ser solicitante de asilo, eso significa que el principio de no devolución no sirve para nada”. Es más, aseguran que si como da a entender Estrasburgo aquella persona que realice un acto ilegal sabiéndolo tiene que soportar todo lo que le pueda pasar “podría decirse que se podría eliminar el derecho penitenciario porque no tendría razón de ser”.

Como la práctica totalidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, alertan de que con este dictamen se facilita el camino para endurecer todavía más el control de fronteras en Europa. Hay pendientes en el TEDH otras dos demandas contra España por las devoluciones en caliente: la APDHA ve complicado que el tribunal de Estrasburgo vaya a dar “otro volantazo en sentido contrario después de haber dado este”; PRODEIN Melilla piensa que la sentencia dictada hace unos días “condicionará en gran parte lo que pueda pasar con esos dos casos” pero recuerda que en ellos se ponen encima de la mesma otros elementos además de la propia expulsión, como la violencia que se usó contra los inmigrantes, y pide esperar a ver qué pasa.

¿Y en España?

Estamos pendientes de conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2015 por distintos partidos, incluidos PSOE e IU, y por el Parlamento de Catalunya contra determinados artículos de la llamada ‘ley mordaza’ como su disposición final primera que permite las devoluciones en caliente. El responsable de Migracións de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere que quede claro que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga ni mucho menos a declararlas constitucionales: “Lo que hace Estrasburgo es fijar unos estándares mínimos de protección en materia de derechos fundamentales que vinculan a los Estados miembros del Consejo de Europa pero nada impide que en el ordenamiento jurídico de esos Estados se establezcan estándares superiores. Hay unos mínimos que hay que cumplir pero por encima el límite es el cielo”. Desde PRODEIN Melilla dicen que, “si atendemos a lo dispuesto en varias leyes, España tiene unos estándares de protección superiores, es más garantista” pero aclaran que “eso es así solo en la teoría, porque en la práctica se han estado realizando devoluciones en caliente desde hace veinte años, aunque el Gobierno de turno lo negara cuando eran ilegales”.

Nos cuenta José Palazón que espera que el Ejecutivo de coalición adecúe la práctica a la teoría existente desde hace décadas y elimine de inmediato esas expulsiones, como se comprometieron a hacer los partidos que lo conforman, convencido de que, de lo contrario, “pagarán las consecuencias a medio plazo, porque la gente que les votó espera que cumplan”. Carlos Arce no confía demasiado en que lo haga teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE en gestión de fronteras y la trayectoria personal de Fernando Grande-Marlaska que, hasta ahora, se ha limitado a repetir que su prioridad es derogar la llamada ‘ley mordaza’ y consensuar otra Ley de Seguridad Ciudadana: “No creemos que vaya a prohibir esta práctica a no ser que la sustituya por otra que lo deje todo prácticamente igual”. Los dos critican el anuncio de Interior de que se incrementará un treinta por ciento la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla dentro del plan para sustituir las concertinas por elementos que doten a la frontera de una mayor seguridad pero que no sean cruentos, en palabras del ministro: “Es hipócrita insistir en que desaparecen cuando unos metros más allá, en el lado de Marruecos, se ha levantado un muro de concertinas de tres metros -previo pago a Rabat por parte de la UE de ciento cuarenta millones de euros-, que en Melilla está ya construido desde 2016. Otra gran mentira”, dice José Palazón, que denuncia que lo más cruento para los inmigrantes que tratan de entrar en España por esa frontera sur es el ejército marroquí “que usa la violencia de una forma bestial”. Tanto él como Carlos Arce también denuncian que con una valla más alta cualquier caída puede tener consecuencias más brutales todavía. Porque saben que los inmigrantes van a seguir intentando saltarla a no ser que la posibilidad de pedir asilo en puestos fronterizos, Embajadas o consulados sea real. Por el momento, dista mucho de serlo.

P. S. La fotografía que acompaña al post en las Redes Sociales es de Antonio Sempere.

“Cada día que se demora su tramitación es un día más que hay gente que sigue sufriendo”

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“Porque ya va tarde: han pasado dos décadas largas desde que Ramón Sampedro pidió la eutanasia en los tribunales y le fue denegada (fue el primer español en hacerlo)”. Es lo que responde Danel Aser Lorente Tellaetxe cuando le preguntamos por la posibilidad de que España se convierta en este 2020 en el sexto país del mundo en tener una ley de muerte digna tras ser admitida a trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados la propuesta impulsada por el PSOE. Todos sabemos cómo acabó aquella historia y cómo acabaron muchas otras y él lo ha sufrido muy de cerca: es uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, que moría a los setenta y cinco años después de pasar los trece últimos enferma de alzhéimer; en su documento de voluntades anticipadas había dejado claro que no quería seguir viviendo cuando ya no tuviese autonomía, ni capacidad de amar, ni reconociese a los suyos, pero su voluntad no se respetó. Su familia empezó entonces una lucha para conseguir la despenalización de la eutanasia y que ella y muchas otras personas “pudiesen morir con dignidad, porque la vida es un derecho y no una obligación”, y la lucha continuó tras su muerte. A punto de cumplirse un año de ese fallecimiento sus familiares confían en que -como dice el dicho- a la tercera vaya la vencida, la norma se apruebe definitivamente y entre en vigor cuanto antes: en 2018 y 2019 ya se había aprobado su toma en consideración en las Cortes, pero las dos últimas convocatorias electorales impidieron que siguiese adelante. Dice que esta es la ocasión en la que más esperanzados están; aun así, confiesa que no las tienen todas con ellos.

Nadie va a acabar con la vida de nadie

El Congreso dio luz verde a la tramitación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia de los socialistas por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, siendo los que se opusieron parlamentarios del PP, de VOX, de UPN y de Foro Asturias. Danel Aser Lorente Tellaetxe se muestra muy crítico con las intervenciones de dos de los diputados en ese debate: el popular José Ignacio Echániz, que llegó a hablar de ‘solución final’, y Lourdes Méndez, de la formación de ultraderecha, que sostuvo que se convertirá al Estado en una ‘máquina de matar’. Los tilda de “irresponsables e inhumanos” y los acusa de mentir, quejándose además de que “sus únicos argumentos están basados en las creencias y en la fe, en la religión católica, cuando -en teoría- vivimos en un Estado aconfesional”. Así nos lo ha contado.

Tanto el PP como VOX proponen una ley de cuidados paliativos, que los populares vetaron en varias ocasiones cuando la presentó el PSOE. Argumentan en el Partido Popular que ‘entre el dolor y la eutanasia están los cuidados paliativos’, pero el hijo de Maribel Tellaetxe afirma que son necesidades diferentes para momentos diferentes de la vida: considera que los cuidados paliativos son “absolutamente necesarios y deberían estar armonizados en todo el territorio español”, cuenta que su madre los recibió en sus últimos meses y que, de alguna manera, mitigaron su dolor físico; pero aclara que estos cuidados no le van a devolver a una persona enferma de alzhéimer sus recuerdos, su capacidad de amar y su autonomía, ni su movilidad a una persona tetrapléjica. “Yo tendré que poder decidir si quiero vivir toda la vida postrado en una cama o sin recuerdos o si no quiero hacerlo; está muy bien que haya quien decida que sí, pero también quien diga que no”. Recuerda que el instinto de supervivencia es innato en el ser humano y se pregunta cuándo desaparece, para añadir que “mucho tienes que estar sufriendo para decidir que ya no quieres seguir adelante con la vida”.

‘La Promesa’

‘La Promesa’ es el documental que el propio Danel Lorente Tellaetxe rodó para que la gente viese y entendiese cómo era un día en los últimos meses de la vida de su ama, desde que la levantaban hasta que ayudaban a meterla en la cama; la pieza más dura con la que se ha comprometido en sus dos décadas en el mundo del cine. Nos explica que la familia dio el paso de hacer públicos su mayor intimidad y su máximo dolor única y exclusivamente con un carácter reivindicativo, partiendo de la base de que una imagen vale más que mil palabras.

Ha sido seleccionado para participar en numerosos festivales y premiado en lugares que jamás hubiesen imaginado, como en Utah (EE.UU), donde fue elegido mejor documental extranjero en el Festival Internacional de Documentales, o en el de la ciudad china de Guangzhou, donde quedó tercero entre los más de tres mil setecientos presentados. Su conclusión es que “la historia de amatxu es la de millones de amatxus en todo el mundo y que las enfermedades, el respeto a las voluntades individuales y el cariño no entienden de fronteras, ni de clases sociales, ni de razas, tampoco de religiones; no entienden”. Eso sí, destaca que el premio que más están recibiendo es el del público, que es el que más le emociona “porque, al final, cuentas una historia para llegar a un público”; y han sido muchos los espectadores que le han demostrado personalmente que su historia les ha llegado, haciendo cola una vez finalizada la proyección para hablar con él, darle ánimos e incluso darle las gracias. Asegura que “eso es lo único gratificante que ha salido de este documental, saber que está ayudando a mucha más gente de la que esperábamos”. Un documental que, como siempre repite, “nunca se debió rodar en un Estado social y democrático de derecho; jamás se habría tenido que rodar si en España se respetasen los derechos humanos y las libertades individuales”.

P. S. La imagen que acompaña al post en las Redes Sociales corresponde a un fotograma del documental ‘La Promesa’.

Ayudar haciendo lo que te apasiona

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“Si se quiere se puede”. Esta es una frase que, seguro, muchos de nosotros habremos escuchado y/o pronunciado en más de una ocasión, pero quizás no con la convicción de Guillermo Martínez, un ingeniero de 24 años a quien un viaje a Kenia en 2017 para desconectar de la universidad le sirvió para darse cuenta de que con las aficiones con las que pasaba buena parte de su tiempo podía mejorar la vida de gente que no lo tenía tan fácil como él. Y a ello se puso. Disfrutaba con el diseño y la impresión 3D y, partiendo de prototipos de acceso libre a los que realizó distintas modificaciones, fabricó sus primeras trésdesis, brazos impresos en tres dimensiones que mejorarían el día a día de algunas de las personas que iba a conocer en esa visita a Kabarnet, en el valle del Rift, a través de Bamba Project, una asociación que trabaja fundamentalmente con niños y jóvenes sin recursos. Así nació la oenegé Ayúdame 3D: “Quería que lo que sabía y me gustaba hacer sirviera para algo, revertirlo de alguna manera a la sociedad. Y eso está al alcance de cualquiera, solo tienes que coger aquello que te apasiona hacer y con lo que puedes ayudar a alguien que lo necesita pero que no puede o no podría pagarlo y ofrecerlo desinteresadamente mientras disfrutas haciéndolo”. Puede parecer difícil pero asegura que no lo es, todo lo contrario; dice que “simplemente hay que encontrar el momento o que el momento te encuentre a ti. A mí me ocurrió con 22 años y puede suceder cuando menos te lo esperas”.

Un proyecto que no deja de crecer

Echando la vista atrás, recordando que estuvo más de un año trabajando él solo en el proyecto, le parece casi una locura, pero cuenta que el apoyo recibido desde el principio, tanto en forma de aportaciones económicas como de informaciones compartidas en las Redes Sociales, era “impresionante”. Y dice que lo fue todavía más cuando decidió abrir una convocatoria para quienes tuvieran una impresora 3D y quisiesen colaborar: “Fue increíble la cantidad de gente que se anotó”. No han pasado ni tres años desde entonces y el equipo de Ayúdame 3D lo forman ya cuatro personas, a las que se suman más de cincuenta helpers3d, voluntarios en impresión en tres dimensiones, que han hecho posible que la oenegé entregase el año pasado completamente gratis ciento cincuenta trésdesis en casi cuarenta países, cifra que espera superar en este 2020: gracias a las alianzas estratégicas que mantiene con entidades sociales de distintos territorios a cuyos responsables forma para encontrar potenciales beneficiarios de las prótesis que diseña y fabrica; gracias a los premios que recibe, a las subvenciones, al patrocinio de empresas y a las aportaciones -mensuales o puntuales- de particulares, así como a la venta de productos solidarios que está poniendo en marcha. Todo esto le permite seguir adelante y llegar a casi cualquier parte del mundo. “De una u otra forma, si se quiere se puede colaborar”, afirma tajante.

Este ingeniero que antes diseñaba juguetes pone especialmente en valor el trabajo de los voluntarios, “que hacen esto en su tiempo libre, dándolo todo para que personas sin recursos a las que les faltan uno o los dos brazos puedan tener sus trésdesis”. Le parece “alucinante” pensar que este proyecto pionero se ha convertido en lo que hoy es “porque confiamos en que habría gente dispuesta a usar sus impresoras 3D para algo más que hacer objetos decorativos. Y al final te das cuenta de que estás gestionando una acción de voluntariado novedosa, un voluntariado tecnológico que mejora la vida de la gente”. Nos explica que tratan de adaptar la oferta -el número de helpers3d– a la demanda -el número de prótesis que fabrican- para que todos puedan aportar su granito de arena y no haya nadie que quiera colaborar que esté de brazos cruzados, por eso tienen cerrada de momento la convocatoria para nuevos voluntarios. Eso sí, aclara rápidamente que “todo aquel que esté interesado puede cubrir el formulario que hay en la web para irse poniendo a la cola”.

Dando un paso más

En Ayúdame 3D están a punto de dar un salto, de abrir un nuevo camino de futuro: estos días viajan a Kenia para llevar a Bamba Project impresoras 3D y durante un mes formarán a personas de la zona para que ellas mismas puedan fabricar trésdesis para quien las necesite. “Se trata de que se autogestionen, pudiendo incluso crear alguna empresa basada en la impresión en tres dimensiones”, nos dice tras asegurarnos que ven mucho potencial en la alianza que tienen: “Nosotros contamos con la tecnología y ellos con una ubicación que les permite localizar a mucha gente que puede beneficiarse de nuestras prótesis para brazos. Ahora queremos enseñarles a usar esa tecnología para que puedan ampliar su radio de acción”.

A la espera de ver cómo funciona, su idea es ir haciendo lo mismo con otras asociaciones con las que colaboran en distintos puntos del planeta. Para mejorar así la calidad de vida de todos los que participan en el proyecto, sobre todo de quienes no pueden pagar los 30.000 euros que cuestan las prótesis que hay en el mercado, que distan mucho de las que ellos diseñan y fabrican, como nos cuenta el propio Guillermo Martínez.

Esta oenegé nació para ayudar a los que peor lo tienen y quienes forman parte de ella saben lo importante que es que todos entendamos que “eso es algo demasiado fácil como para no hacerlo”, en especial los más jóvenes. Por eso dan charlas en universidades y en colegios, para que los niños desarrollen cuanto antes esa mentalidad social: “Me habría gustado que me hubiesen dado charlas como estas cuando era pequeño, por eso lo hacemos: elaboramos programas sencillos de diseño e impresión en tres dimensiones para que los chavales puedan fabricar una mano y después montamos una especie de mercadillo solidario para que esas manos lleguen a quien las necesita. Así se dan cuenta de lo sencillo que es ayudar, utilizando las nuevas tecnologías o valiéndote de otras muchas cosas que te guste hacer. Siempre le puedes dar una vuelta a aquello que te apasiona y con lo que te entretienes para ayudar a los demás”. Ayúdame 3D demuestra que si se quiere se puede.

P.S. Tenéis toda la información sobre Ayúdame3D –lo que hacen, cómo podéis colaborar…- en su página web, https://ayudame3d.org