¿Podemos hacer algo por mi país?

Fue lo que le preguntó una amiga a otra en abril de 2015 al poco de estallar una guerra en la tierra de la primera, de la que la segunda está enamorada, y de esa pregunta acabó naciendo una oenegé española que proporciona ayuda humanitaria a unas diez mil personas al mes, gracias a sus casi cuatro mil colaboradores y socios y a sus tres fundadoras, Faten Al Osimi, Eva Erill y Noèlia Ruiz: Solidarios Sin Fronteras, la única oenegé española con presencia en Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, que a finales de marzo cumplirá cinco años de guerra. Cinco años que dejan cifras que ponen los pelos de punta, más todavía cuando se sabe que son aproximadas y que las reales son incluso peores: en informes encargados por la ONU se calcula que se han superado los doscientos mil muertos y las instituciones yemeníes hablan ya de doscientos cincuenta mil, teniendo además en cuenta que se trata de un país musulmán, en el que los fallecidos se entierran de inmediato, con muchas zonas de difícil acceso, lo que significa que muchas víctimas no se contabilizan ni se contabilizarán nunca. Ocho de cada diez yemeníes carecen de agua, comida y acceso a medicamentos, están viviendo la peor epidemia de cólera de la historia, el dengue les golpea duro y ahora también la fiebre porcina; hay más de tres millones y medio de desplazados internos, cuatro millones de niños sin escolarizar…y podríamos seguir. Para Naciones Unidas estamos ante la mayor hambruna en cien años y ante la mayor emergencia humanitaria del planeta provocada por la acción del hombre. Y a pesar de todo ello apenas vemos, escuchamos o leemos sobre ella en los medios de comunicación. ¿Por qué?

Una guerra silenciada

  Eva Erill asegura contundente que esta es una guerra “silenciada y/o ignorada por intereses políticos y económicos: geoestratégicos -por el Golfo de Adén, a través del paso de Bab al Mandeb, salen a diario en dirección a Occidente cinco millones de barriles de crudo de Arabia Saudí y otros productores del Golfo Pérsico, por eso es importante para ellos hacerse con el control del territorio yemení- y, sobre todo, derivados del comercio de armas”. Está convencida de que el silencio de la inmensa mayoría de los Gobiernos occidentales se debe “al increíble negocio que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y también España, entre otros, están haciendo con la venta de armamento al reino saudí, que lidera la coalición internacional que lucha contra los hutíes en Yemen”.

  Entre 2015 y mediados de 2018, Madrid exportó armas a Riad por valor de más de mil cien millones de euros, datos de Amnistía Internacional: “Por eso no les interesa que se hable del conflicto, que se sepa lo que está causando”. En Solidarios Sin Fronteras tienen claro que esa venta de armas va a continuar con el nuevo Ejecutivo. Se apoyan en varios datos: en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos no se hace ni una sola referencia al comercio de armas ni a la guerra de Yemen, “y eso que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha sido uno de los que más ha denunciado este tema en el Congreso de los Diputados”; barcos de la naviera pública saudí siguen haciendo escala en puertos españoles, la última en Motril la semana pasada; y está además el visado de tránsito que desde comienzos de este año se les exige a los yemeníes que quieran pedir asilo político en un aeropuerto español si su vuelo hace escala aquí, cuando son de las nacionalidades con mayor reconocimiento de protección internacional en España: “El año pasado solicitaron ese asilo en Barajas ciento sesenta y seis ciudadanos de Yemen y parece que hubiese habido una avalancha, siendo la realidad que casi nadie puede salir de allí porque no tienen dinero para pagarles a las mafias. Ahora el Gobierno les impide pedirlo en nuestro país a los pocos que pueden escapar de la guerra”.

El bloqueo está matando más que las bombas

  Denuncia Eva Erill que los yemeníes no tienen recursos ni mucho menos suficientes para subsistir: cuenta que ya antes de la guerra dependían en un noventa por ciento de productos externos y de la ayuda humanitaria y dice que el conflicto no ha hecho más que empeorar la situación, con el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre al que Arabia Saudí, Estados Unidos y los demás miembros de la coalición internacional llevan sometiendo a la población desde hace ya casi cinco años. Un bloqueo que, “cuando les interesa, levantan durante unas horas para que sus productos puedan entrar en el país, haciendo -de nuevo- negocio”. Lo cuenta ella misma.

  Explica que esa ayuda de Solidarios Sin Fronteras se ha traducido en una importante mejora de las cifras de escolarización en los dos colegios con los que colaboran repartiendo mil doscientos desayunos diarios, cinco días por semana: en el primero que les pidió ayuda pasaron de faltar a clase ciento veinte niñas a estar “a tope“ en solo un par de meses y en el segundo les han pedido este año que hagan dos turnos para poder atender a más niños. Asegura que se trata de un “acto revolucionario” con el que están consiguiendo que a esas niñas no las casen y que a esos niños no los rapten mientras piden en la calle para obligarlos a luchar en el conflicto.

  Faten Al Osimi es la amiga yemení que le preguntó a Eva Erill, enamorada de una tierra que visitó por última vez solo unos meses antes de que estallara la guerra, si podían ayudar a su país. La idea inicial era buscar una pequeña oenegé en España y una contraparte local para ver qué se podía hacer, pero cuando Faten dijo que no confiaba en ninguna de las organizaciones que operaban allí y Eva se dio cuenta de que no había ninguna española se decidieron: “Vamos a crear la ONG en la que nos gustaría ser donantes. Cercana, transparente, en la que cada euro se destine a quienes lo necesitan y en la que la gente sepa a dónde va su dinero. Eso era fundamental para nosotras y es lo que hemos hecho”. ¿Por qué dieron el paso?

  “Éramos una hormiga y aun hoy seguimos siéndolo, pero cada vez tenemos más apoyos”, dice. Saben que no pueden bajar la guardia porque para mantener la ayuda a esas diez mil personas al mes–“¡y ojalá a más!”- necesitan que les salgan las cuentas, que no es fácil. Y en eso siguen, haciendo cuentas todos los días. “Es una decisión de vida” y están decididas a llevarla hasta el final.

P.S. Toda la información sobre Solidarios Sin Fronteras, sus proyectos en Yemen, cómo podéis colaborar para ayudar a los yemeníes (desde de un euro al mes) …la tenéis en su web solidariosinfronteras.org y en sus Redes Sociales.

“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

“No vamos a dejar las calles hasta que veamos hechos. Esto tiene que cambiar porque es de justicia”

Después de ocho meses de interinidad estamos a tres días de que tomen posesión los miembros del primer Gobierno de coalición de la democracia. Un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que en los últimos días del año pasado firmaban el acuerdo programático, que incluye el compromiso de garantizar unas pensiones públicas dignas, actualizarlas por ley conforme al IPC real, subir las mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género y revisar las de viudedad, reformar el Sistema de Seguridad Social o eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización previstos en la Ley23/2013. Pedro Sánchez era investido presidente el pasado martes día 7 tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados en segunda votación y el miércoles 8 a media mañana prometía el cargo en Zarzuela. Casi a la misma hora los pensionistas volvían a manifestarse a las puertas de la Cámara Baja para exigir pensiones públicas dignas y el próximo lunes saldrán de nuevo a la calle en distintos puntos de España. Lo van a seguir haciendo porque no las tienen todas consigo.

  “Estamos bastante esperanzados porque se va a conformar un Gobierno progresista y confiamos en que apueste con más fuerza por las políticas sociales”, dice María Ángeles Poveda, portavoz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas y de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que reconoce que ese pacto entre los dos partidos que van a estar en el gabinete recoge parte de sus reivindicaciones: “Nos suena muy bien la música y la letra”, pero acto seguido deja claro que quieren “que todo eso se cumpla, para que empiece a mejorar la vida de la gente, empezando por la de los colectivos más vulnerables como las viudas, las personas dependientes y los jóvenes pensionistas”. Habiendo visto lo sucedido en la investidura, no creen que a socialistas y Unidas Podemos vaya a resultarles fácil que sus compromisos se traduzcan en hechos, por eso dicen que irán valorando la situación y decidiendo los pasos a dar a medida que se vaya desarrollando. Avisan de que, hasta que vean cambios reales, continuarán con las movilizaciones “porque es lo que le ha dado tanta fuerza a este movimiento” y porque -ya lo dice su lema- “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

  Van a mantener la lucha en defensa de los derechos de todos los pensionistas y sobre todo del millón de jóvenes que lo son por enfermedad crónica y/o degenerativa o por accidente que, después de pelearlas con uñas y dientes, tienen prestaciones en general muy bajas que limitan su día a día todavía más que la propia enfermedad, impidiéndoles en muchos casos llevar una vida digna, como ella misma nos ha contado mientras hablábamos de sus demandas.

  Además de las que ha mencionado, sus reivindicaciones incluyen la derogación de las dos reformas de las pensiones -de 2011 y 2013- y de las dos últimas reformas laborales, aprobadas por Gobiernos del PP y del PSOE; reformular la Comisión el Pacto de Toledo, que consideran un “pacto del engaño”, para abrir un diálogo que esté marcado por la transparencia y que incluya la participación del colectivo; que no haya pensiones inferiores a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea y su blindaje en la Constitución; la eliminación efectiva del copago farmacéutico que aseguran que, con las prestaciones que tienen, los hace polvo; que se considere la rehabilitación, tanto física como psicológica, parte de la terapia; terapias multidisciplinares adaptadas a sus necesidades y una ley que proteja al paciente crónico. María Ángeles Poveda explica que también les preocupan mucho las listas de espera de la dependencia: “Hay una cifra que para mí es la cifra de la vergüenza que es la muerte diaria de 80 personas mientras esperan unas ayudas que les habían sido reconocidas por ley (el dato es del Observatorio de la Dependencia); me parece algo inhumano que ningún Gobierno -en funciones o no- se puede permitir”. Asegura que pelean para que se agilicen tanto los pagos como las valoraciones pendientes.

  Y, hasta donde su salud se lo permita, van a continuar peleando por todas y cada una de esas demandas, para que vayan siendo atendidas. Recuerda que la Plataforma de Jóvenes Pensionistas lleva haciéndolo desde septiembre de 2018, cuando se echaron a las calles para dar voz a un millón de personas -el 10% del colectivo de pensionistas- que se sienten excluidas en muchos aspectos de la vida, “por una parte de la sociedad y por las Administraciones”. Porque es de justicia que puedan tener una vida digna. Lo dice su portavoz que, a sus 41 años, vive con 557 euros al mes tras conseguir que los tribunales le concedieran la incapacidad laboral total por la que luchó durante nueve años con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De nuevo invisibilizados, vuelven al armario

“Los poderes públicos no contemplan cómo deberían la vejez en general, mucho menos todavía si hablamos de personas mayores LGTBI: las desexualizan por completo sin tener en cuenta sus afectos y su forma de relacionarse con los demás, lo que han vivido y cómo eso les ha ido llevando a confeccionar núcleos personales y/o familiares muy distintos a los de los demás”. Lo dice Loren González, secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y responsable del informe ‘Mayores LGTBI. Historia, Lucha y Memoria’, que denuncia que las instituciones ni siquiera han pensado en que esas otras realidades existen y menciona dos datos del estudio: solo el 4% de los mayores LGTBI hace uso de recursos públicos sociales que utiliza el 46% de la población mayor; casi la mitad (45%) no revela su condición en el ámbito sociosanitario, por causas como el miedo al rechazo y la vergüenza, con todo lo que puede implicar para ellas y ellos a nivel de salud. ¿Cómo es posible?

Se enfrentan a nuevos armarios, violencias y discriminaciones

  El informe de la Federación pone de manifiesto que la mitad de los entrevistados fue totalmente visible en su entorno social más próximo -familia y amigos- entre los 31 y los 50 años y que casi cuatro de cada diez lo fueron también en el trabajo y en lo relativo a su participación social. Pero revela que eso cambió para muchos a partir de esa edad: solo uno de cada cuatro siguió siendo visible en su entorno familiar y laboral, el 28% si atendemos a su participación social y menos de uno de cada tres con sus amigos. Loren González explica que esto se debe fundamentalmente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: “Hablamos de personas que vivieron su infancia y/o juventud en el franquismo y en los años posteriores, algunas expulsadas de su hogar por su expresión de género, que tuvieron muy difícil el acceso al mundo laboral -sobre todo en el caso de las trans-, que sufrieron discriminación durante mucho tiempo -y aun hoy- por parte de la sociedad… que, en muchos casos, al irse haciendo mayores no han conseguido crear ese núcleo familiar y social que en general sí  tienen los heterosexuales o que lo han tenido y lo han perdido porque sus allegados han fallecido”. Esa falta de apoyos, sumada al sentimiento de soledad, a la edad, a las carencias de salud, a los miedos…hace que se vuelvan inseguras, se retraigan y regresen al armario.

  De hecho, casi siete de cada diez están convencidas de que tienen más dificultades como mayores por ser LGTBI, lo que también ayudaría a explicar ese paso atrás. Cuenta el responsable de la FELGTB que para muchas de ellas se trata de revivir malos recuerdos y temores porque no podemos olvidar que, “sin ser comparable lo que se vive ahora con lo vivido durante el franquismo y en los años siguientes, la sociedad sigue siendo intolerante. La homofobia, la bifobia y la transfobia son al final como una lluvia fina que te va empapando hasta que cuando llegas a cierta edad se convierte en un tsunami de discriminación”. Asegura que a muchas personas les resulta imposible quitarse ese estigma que tienen interiorizado de que son mala gente.

Las políticas públicas no los contemplan

  La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales denuncia que los servicios de atención sociosanitaria no los tienen en cuenta. Explica su secretario de Organización que cuando se hacen estudios sobre la población mayor no recogen la orientación ni la identidad sexual, lo que implica “desexualizar por completo a los mayores LGTBI, como si no viviesen su sexualidad de ninguna manera cuando ha sido un hecho fundamental en sus vidas porque los ha marcado en gran medida”. Dice que tendrían que incluirse para ayudar así a responder a sus necesidades específicas al respecto. Y se queja de falta de formación de los profesionales, que no tienen herramientas suficientes para saber cómo abordar la realidad del colectivo, añadiendo que “también los habrá que tengan actitudes discriminatorias, porque la LGTBIfobia está presente en todos los ámbitos, pero no disponemos de datos porque a los mayores les cuesta mucho denunciar”. Cuenta que es una de las cosas que les ha quedado clara con este estudio, y con otros anteriores, reconociendo que les ha resultado más que difícil encontrar gente que quisiese participar: solo lo han hecho 145 personas.

  Otro capítulo es el de la convivencia en las residencias de mayores, que pueden no ser un espacio seguro para ellos a nivel individual y que, cuando van en pareja, Loren González afirma que eso tampoco se suele respetar. Recuerda que hace poco una de las organizaciones que forman parte de la FELGTB dio una charla en una residencia y cuando parte de los que habían acudido supieron que era para hablar de la realidad de los mayores LGTBI se marcharon muy enfadados diciendo que ‘no iban a escuchar cosas de maricones’. Todo esto ayuda a entender por qué apenas el 4% hace uso de los recursos sociosanitarios que están a disposición de la tercera edad, un porcentaje que va ligado a la ocultación de la orientación y la identidad sexual en este ámbito, donde el 45% no la revela, ni siquiera a su médico de cabecera: “La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran les impide contárselo, necesitan que se les transmita confianza para poder abrirse y eso en muchas ocasiones no sucede por falta de formación adecuada en materia de diversidad sexual y de género”. Alerta de que, sin conocer su realidad, las intervenciones que se hagan no se serán las adecuadas y pide no olvidar que casi uno de cada tres mayores tiene síntomas de depresión y/o ansiedad; tampoco los datos de infectados por el VIH.

  Asegura que los mayores LGTBI son una asignatura pendiente, también para las propias asociaciones que luchan por sus derechos.

Sus demandas

  Para cambiar esta realidad, la Federación considera fundamental que se incluya la diversidad LGTBI en las políticas públicas relacionadas con la vejez: revisando los protocolos y/o reglamentos; reflejándola en la oferta de recursos de atención para los mayores de modo que sientan que la prestación del servicio se realiza bajo el concepto de ‘espacio seguro’; así como formando y sensibilizando a los profesionales sociosanitarios.

  También reclama que se implemente en todo el país el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de trato asociada al VIH porque estamos ante un colectivo que ha sido víctima de la pandemia del SIDA de forma atroz. Y demanda que se apruebe de una vez en el Congreso de los Diputados la Ley de Igualdad LGTBI, para blindar sus derechos en todas las Comunidades Autónomas puesto que las hay que ni siquiera tienen legislación al respecto y en algunas en las que sí existe hay una ofensiva de la ultraderecha para intentar recortarla. “Tenemos una deuda enorme con nuestros mayores en general, también con los mayores LGTBI. Esperemos que se siga avanzando y no se retroceda en derechos y libertades”, dice Loren González, que avisa de que la FELGTB seguirá actuando como dique de contención todo el tiempo que pueda.

El testimonio de Pedro Antonio Beguería

  Hemos analizado los resultados del informe ‘Mayores LGTBI: Historia, Memoria y Lucha’ que, como todos, tiene dos caras: la de las personas que pasados los 50 vuelven al armario, de las que hemos estado hablando, y la de aquellas que superada esa barrera siguen siendo tan visibles como lo fueron hasta entonces. Este último es el caso de Pedro Antonio Beguería, arquitecto jubilado aragonés, y él mismo nos ha dejado claro que no tiene ni la menor intención de retraerse, además de hablarnos de cómo ve la irrupción de la ultraderecha.

“Consumiendo estamos votando”

Decepcionante. Es el adjetivo que más se ha repetido entre los participantes, y entre buena parte de la población, a la hora de valorar los resultados de la Cumbre del Clima más larga de la historia, la COP25, celebrada del 2 al 15 de este mes en Madrid. También en lo que se refiere a la demanda de que se aborde la crisis climática garantizando la justicia comercial, porque desigualdad y crisis climática están intrínsecamente relacionadas -igual que las soluciones- y los pequeños agricultores del planeta -alrededor de ochocientos millones- tienen que estar en el centro de las negociaciones para mitigarla y adaptarse. Esa es la reclamación que llevó a la cita el Movimiento Mundial de Comercio Justo, que habla de “acuerdo de mínimos” y de “patada para adelante”, posponiendo las decisiones críticas, como mínimo, hasta la COP26 de Glasgow. Juan José Martínez, presidente de la sección europea, lamenta que los Gobiernos no hayan hecho ni una sola alusión a las formas de producir, comercializar o consumir que los comprometa a algo concreto, “ni tan siquiera un intento de incluirlas”.

De lo que sí están contentos es de la resonancia que han tenido los temas relativos al cambio climático en general y las propuestas que ellos han defendido, así como del interés de la gente “que era la parte que nos tocaba”. Ahora de lo que se trata es de seguir insistiendo para que el mensaje llegue a las esferas de decisión, a los Ejecutivos, “y estos sean sensibles a lo que una proporción cada vez mayor de ciudadanos demandamos”. El mensaje de que hay un modelo agrícola y comercial basado en plantaciones a pequeña escala, más respetuosas y compatibles con el plantea y que benefician a una mayor cantidad de familias campesinas, frente al que se está primando, que genera efectos negativos en el medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero, por el agotamiento de los suelos y de los acuíferos, por la tala de la biodiversidad -en zonas como la selva amazónica-, con la ocupación de cada vez menos mano de obra, en condiciones en muchos casos lamentables.

“Los Gobiernos tienen que dar pasos ya”

Dice Juan José Martínez que “si contaminar sale gratis, el modelo de agricultura extensiva juega con mucha más ventaja, y es ahí donde nos vendría muy bien un pronunciamiento claro por parte de las autoridades”. Explica que si en un acuerdo comercial entre bloques -de la UE con Mercosur o de la UE con países africanos- imponen aranceles a aquellos productos procedentes del modelo dañino con el medio ambiente pero no a los que proceden del modelo más sostenible, estarán sumándose a la defensa del planeta y de quienes son más vulnerables y sufren con más dureza los efectos de una crisis climática que no han provocado. No hacerlo “significa darle oportunidades, apostar por un modelo insostenible que antepone el lucro al bienestar de las personas y del planeta, agravando aun más la crisis”. No le consta que la Unión Europea tenga algún acuerdo comercial con países en desarrollo que siga esta filosofía y asegura que hacerlo supondría contar con políticas públicas verdaderamente orientadas a fomentar la agricultura sostenible y ecológica.

Afirma que lo mismo sucedería si aprobasen normativas que obligasen a las grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, a demostrar que su cadena de aprovisionamiento no está generando efectos negativos para las personas ni para el entorno. ¿Y por qué no primar a aquellas que den pasos que demuestren un mayor compromiso? -se pregunta el presidente de la sección europea de la Organización Mundial de Comercio Justo-, al tiempo que destaca que las grandes compañías saber leer perfectamente las preferencias de los consumidores y las oportunidades de mercado: “De hecho, las hay que van incorporando prácticas mucho más sostenibles no porque sean oenegés sino porque están viendo que existe una mayor sensibilización con este tema y eso las lleva a reaccionar”.

“Son los consumidores los que priman uno u otro modelo”

Recuerda que en democracia votamos cada cierto tiempo para elegir a nuestros representantes y nos pide que seamos conscientes de que “lo que hacemos continuamente es consumir, y consumiendo estamos votando, estamos haciendo que prime un modelo de producción y comercialización u otro.

Sabe que es necesario que el mensaje llegue al mayor número de consumidores posible, para que se den cuenta de que nuestras formas de producir, comercializar y consumir tienen que ser más sostenibles y más justas para las personas. Para él es evidente la opción que deberíamos elegir, pero es consciente de que al final los consumidores deciden en función de la información tienen, por eso asegura que el movimiento mundial de Comercio Justo está dispuesto a redoblar sus esfuerzos para que entendamos todo lo que implica. Su experiencia le ha permitido constatar que cuando lo conocen, ven lo que supone y tienen los productos al alcance de la mano, optan por ellos: “Porque además de todo lo que hay detrás son buenos, de calidad y, aunque más caros, el precio no asusta”. Aclara en cualquier caso que si cuestan más es porque se les paga a los productores mucho más de lo que ganarían comercializándolos en el mercado convencional: “Y no pensamos cambiar eso, porque nuestra razón de ser es que puedan vivir dignamente de su trabajo y porque nosotros sí les pagamos para que su actividad no cause efectos tan negativos en el medio ambiente”.

Cree que en el caso de la ciudadanía es ese desconocimiento el que puede estar haciendo que se decante por un modelo económico insostenible medioambiental y socialmente. En el caso de los Gobiernos -dice- no es excusa.

P.S. El vídeo ha sido realizado por la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).

P.S. La fotografía que ilustra el post es de Fairtrade International

Una cuestión de dignidad

En la semana en la que conmemoramos el septuagésimo primer aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha clausurado en Madrid la cuarta edición de su Festival de Cine y Derechos Humanos, hermanado con el que se lleva celebrando desde hace dieciséis años en Barcelona, que ha podido salir adelante a pesar de no contar con ayudas ni apoyos institucionales -a pocas semanas de empezar ni siquiera tenían dónde proyectar las películas- por el tesón de sus organizadores, que han puesto el dinero de su propio bolsillo: por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de quienes los defienden arriesgando incluso la vida; por su compromiso con la promoción del diálogo y la reflexión, creando espacios para el encuentro; por su compromiso con el público comprometido y con los realizadores que apuestan por poner encima de la mesa temáticas a las que el cine comercial apenas presta atención cuando el cine es una potente herramienta para construir un mundo mejor, más digno, que tenga por banderas la tolerancia, la cultura de la paz y el desarrollo económico sostenible; por su compromiso con la industria, con la ciudad y con el país. Son palabras de su responsable de Comunicación, Oscar Vázquez Vela, que nos ha contado cómo empezó este viaje que emprendió con el director de la muestra, Toni Navarro, que también dirige el certamen de la ciudad condal.

   Quieren que desde Madrid se distribuya al mundo este cine independiente de alto contenido social que ya han llevado a una treintena de países, porque la suya es también una apuesta por la cooperación internacional.

  Para que esta edición viese la luz han corrido una carrera de obstáculos que están muy satisfechos de haber ganado: por los derechos humanos, por la gente y por los directores. Se han proyectado cincuenta películas, les habría gustado que hubiesen sido más, y cuatro se han llevado los premios del jurado. El de mejor cortometraje de ficción ha sido para ‘Zapatos de tacón cubano’, dirigido por Julio Mas Alcaraz, que cuenta la historia de dos adolescentes que, viviendo en un ambiente agresivo, machista y homófobo, deben llevar una doble vida para ocultar su relación y su pasión por bailar flamenco. Como mejor cortometraje documental ha sido reconocido ‘Armonías para después de la guerra’, de Pablo Tosco y Miguel Roth, que demuestra cómo la música ayuda a exorcizar la guerra con artistas que, gracias a la solidaridad, vuelven a tocar instrumentos cuyas melodías sustituyen el ruido lacerante de la violencia en el Kurdistán sirio. El galardón al mejor largometraje español ha sido para ‘Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’, de Nata Moreno, que nos acerca a la historia personal del polifacético violinista libanés de ascendencia armenia a quien tanto ayudó la música que ahora lleva por todo el mundo cuando tuvo que huir de la guerra siendo solo un chaval. Dos trabajos, los últimos, “en los que se pone en valor el arte como herramienta para visibilizar pueblos a los que no se les da voz, para reivindicar una cultura de paz”, destaca el responsable de Comunicación del Festival. Y el mejor largometraje para los miembros del jurado ha sido ‘The Cut’, dirigido por Ernest Sorrentino y María Andrés, que aborda a partir de distintas historias la lacra de la mutilación genital femenina a la que siguen siendo sometidas cada año dos millones de niñas.

 Treinta y siete cortos y trece largos en total en los que se tratan desde la situación de los migrantes y los refugiados hasta graves violaciones de los derechos de la mujer, el empoderamiento de los indígenas, el acoso escolar o la discapacidad, con especial protagonismo para la preservación del medio ambiente habida cuenta de la celebración estos días en Madrid de la Cumbre del Clima COP25: la cita la inauguraba el documental ‘Tras las huellas del pasado’, dirigido por Javier Calvo con guion y edición de docentes e investigadores de Aragón, que nos acerca a los mecanismos para analizar la evolución del cambio climático más allá del último siglo; y la clausura ha corrido a cargo de ‘El precio del progreso’, de Víctor Luengo, que llama a reflexionar sobre el actual modelo de producción de la industria alimentaria y su impacto en la salud y el medio ambiente.

  Es para ellos una cuestión de dignidad, un deber, celebrar el Festival de Cine y Derechos Humanos de Madrid y nos dice Oscar Vázquez que no piensan renunciar a él.

P.S. El premio especial del Festival en esta cuarta edición ha sido para la plataforma Niñ@s de la Polio y Síndrome Post Polio, en reconocimiento a una lucha de décadas para que se les reconozcan sus derechos.

Porque la calle no es lugar para vivir

En Vigo, en Zaragoza, en Algeciras y en Santa Cruz de Tenerife: cinco personas sin hogar murieron en España entre el 28 de octubre y el 24 de noviembre pasados, las dos últimas el mismo fin de semana en la localidad insular, y por lo menos uno de esos casos se investiga como muerte violenta. Cada seis días muere una persona sin hogar en nuestro país, donde hay más de treinta mil: ocho mil de ellas viviendo y durmiendo a diario en la calle, lo de dormir es un decir; el resto acude a albergues con plazas temporales. Se calcula que en la Unión Europea hay cuatrocientos mil ciudadanos en esta situación pero, como en el caso español, se trata de una estimación porque no hay datos suficientes ni actualizados para saber exactamente cuántos son. Probablemente sean incluso más. Personas, cada una con su historia, que por circunstancias de la vida dejan de tener un techo bajo el que cobijarse. Pero el sinhogarismo no es una cuestión individual sino un problema estructural porque en el hecho de que alguien acabe viviendo en la calle tienen más peso la pobreza, el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda y la discriminación que las decisiones que haya tomado. Lo dicen en HOGAR SÍ (Fundación RAIS) y saben de lo que hablan porque llevan más de dos décadas trabajando para conseguir que nadie viva en la calle, con la convicción de que es posible.

Casi la mitad de quienes sufren sinhogarismo lleva más de tres años en esa situación. Tres de cada diez tienen enfermedades graves, su esperanza de vida es treinta años inferior a la del resto y su tasa de mortalidad, tres veces más alta, más todavía si se trata de mujeres y jóvenes: “porque vivir en la calle es incompatible con garantizar el derecho a la salud”. Cuarenta y siete de cada cien han sufrido delitos de odio y la inmensa mayoría no lo han denunciado porque no confían en el sistema -algunas agresiones han acabado en muerte-; treinta y uno de cada cien han intentado suicidarse: “porque vivir en la calle mata”. Más de la mitad de las personas sin hogar está buscando trabajo, muchas de ellas desde hace varios años, y una pequeña parte lo tiene pero con un salario tan bajo que no le permite acceder a una vivienda. Es la radiografía de un fenómeno complejo “que tiene su raíz en la desigualdad económica, en la exclusión social, en la falta de acceso a derechos básicos y en la invisibilidad de quienes lo sufren”. Datos, porcentajes que representan a personas, que en HOGAR SÍ reconocen que son alarmantes y asustan. Con Fran Lores, responsable de Comunicación, hemos hablado de la realidad que conforman.

La Noche Sin Hogar

Desde HOGAR SÍ no se cansan de denunciar que los poderes públicos han optado por ponerle parches a esta realidad, incluso por intentar taparla, en lugar de afrontar el problema y tratar de buscar soluciones sabiendo que la principal diferencia entre quien vive en la calle y quien no es que uno de ellos tiene un hogar. Para cambiar su forma de actuar, para lograr una mayor implicación -y no solo suya sino de tod@s- a la hora de acabar con el sinhogarismo, para ponerlo en el centro del debate, para que quienes lo sufren dejen de ser invisibles… en definitiva, para darles voz, Madrid se suma este 7 de diciembre a otras cuarenta y nueve ciudades de medio mundo -desde Nueva York o Londres hasta Brisbane, pasando por Manila, Nueva Delhi o Santiago de Chile- en la celebración de The World’s Big Sleep Out, una experiencia inédita que en España se conoce como La Noche Sin Hogar: será en Matadero, donde la música, el teatro, la reflexión y la solidaridad se darán cita en nombre del sinhogarismo; donde quienes así lo decidan pasarán después la madrugada a la intemperie como pasan todas las del año ocho mil personas en España. La ONU calcula que en el mundo son más de cien millones los que no tienen acceso a ningún tipo de vivienda.

Un evento mundial que busca cambiar la realidad del sinhogarismo. Porque podemos conseguir que nadie viva en la calle. En HOGAR SÍ lo tienen claro.

P.S. Tenéis toda la información sobre La Noche Sin Hogar en la web de HOGAR SÍ https://hogarsi.org