La despenalización de la Eutanasia, una cuenta pendiente en nuestro país en pleno siglo XXI

“Cuando todavía estaba lúcida, mi ama quiso suicidarse, pero mi aita la convenció para que no lo hiciese porque se encontraba en una fase del Alzheimer en la que todavía disfrutaba de la vida y no quería morirse; ella prefería morir en ese momento que llegar a la situación de deterioro a la que llegó y que no la dejasen; pero con la esperanza puesta en que la enfermedad avanzase lentamente y en que entre tanto se aprobase la Ley de regulación de la Eutanasia, optó finalmente por esperar, y ahora nos queda la duda de si debimos haber dejado que se suicidase”. Fue el duro dilema al que se enfrentó en su momento Maribel Tellaetxe, la vecina de Portugalete que en sus últimos meses se convirtió en la cara más visible de la lucha para se reconozca el derecho a tener una muerte digna, contado por su hijo David, para el que no es justo que “la ley te ponga en una tesitura en la te ves obligada a tomar una decisión tan drástica como optar por una muerte voluntaria y prematura cuando todavía quieres vivir o a acabar tus días sufriendo porque ya no quieres vivir, porque vivir sin dignidad no es vivir, pero no puedes acabar con tu vida”. Por eso su familia lleva recogidas más de 300.000 firmas para que se despenalice la eutanasia -y subiendo- y por eso, aunque ahora no son directamente afectados porque su ama ha muerto -hace casi un mes-, van a continuar luchando porque no piensan desaprovechar lo que han logrado hasta ahora y seguirán “haciendo ruido” para que otros no tengan que pasar por lo que han pasado ellos. Es el legado que les dejó, el que nos dejó Maribel un poco a todos.

  Hacía mucho que se habían despedido de ella porque hacía mucho que su ama no era su ama: “No podías tener una conversación con ella, no había feedback, no te reconocía…: era como un vegetal pero peor, porque un vegetal no sufre y ella sí sufría”, explica David Lorente Tellaetxe; de ahí que a la sensación de alivio y de paz que ha supuesto su muerte (primero para ella y luego para sus familiares) se le sumen la rabia y el dolor porque “no ha podido morir como todo ser humano merece, porque no se ha respetado su voluntad y, en pleno siglo XXI, se le ha impuesto una condena amparándose en una ley que atenta contra los derechos humanos”. Porque como decía Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que puso encima de la mesa hace ya un cuarto de siglo el derecho a una muerte digna, “existe el derecho a la vida, no la obligación de vivirla a cualquier precio”; o como afirma el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, “Obligar a las personas a vivir en contra de su voluntad es aprovecharse de su vulnerabilidad cuando no pueden acabar con su vida”. Marín, que coincide plenamente con el hijo de Maribel Tellaetxe en que no tenía ningún sentido obligar a su madre a vivir cuando ella había dejado por escrito en su Documento de Voluntades Anticipadas, firmado en pleno uso de sus facultades mentales, que no quería eso.

Apoyo mayoritario de la sociedad

  Los dos destacan que todas las encuestas realizadas en la última década reflejan un apoyo mayoritario de la sociedad a que se regulen la eutanasia y la muerte asistida -desde el 73% de la del Centro de Investigaciones Sociológicas en 2009 hasta el 84%-85% de las de Metroscopia e Ipsos de los dos últimos años-, concluyen que el hecho de que este asunto “continúe sin resolver en pleno siglo XXI es una cuenta pendiente con los ciudadanos” -en palabras de David Lorente- y critican que los legisladores no hayan estado a la altura de los ciudadanos y que una parte siga sin estarlo.

  ¿Por qué no se ha aprobado todavía una Ley que despenalice la eutanasia si la inmensa mayoría de la ciudadanía está a favor? Treinta y cinco años lleva luchando para lograrlo la Asociación Derecho a Morir Dignamente, para que cada quien pueda decidir su final en libertad y con dignidad, sin tener que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad, y su vicepresidente tiene claro que si la norma no ha salido adelante todavía es “por el tabú de la muerte, porque es un tema que se esconde en lugar de hablar sobre ella, y por el peso del nacionalcatolicismo que vivimos en España, que ha hecho que los grupos de poder influenciados por él lo hayan impedido hasta ahora bajo la máxima de que la muerte voluntaria es pecado en cualquier circunstancia”. Para revertir ese tabú, Fernando Marín apuesta por “promover una cultura de la muerte digna -que es morir de acuerdo a tus preferencias, sin tener necesariamente que adelantar tu muerte pero sí eligiendo en qué circunstancias, cómo y dónde quieres que se produzca-, por tratar de que esté presente en las reuniones familiares y en las conversaciones entre amigos, de que se pueda hablar sin pudor, de que las personas mayores hagan su testamento vital sabiendo que se va a respetar y de que se vuelva algo cotidiano para, de esta manera, conseguir influir en los legisladores y asegurarnos una buena muerte”. Y recuerda lo que le dijo un representante público al que le pidió que se implicase en esto: ‘Morir bien no es un valor social porque si bien es cierto que a la gente le importa todavía no le preocupa lo suficiente, como no se habla del tema hasta que llega el momento y de lo que no se habla no se sabe, no está entre las preocupaciones de los ciudadanos …y hasta que lo esté, no pienso hacer nada’.

  David Lorente Tellaetxe habla de “una minoría fundamentalista católica que se cree con el derecho de imponer sus convicciones a los demás” y afirma que en este momento “son la Iglesia y la derecha las que no están a la altura, ya no del conjunto de la sociedad, sino ni siquiera de sus fieles o de sus votantes: atendiendo a los datos de la encuesta de Metroscopia de 2017, el 89% de los votantes de Ciudadanos y el 66% de los del PP apoyan la eutanasia, igual que el 56% de los católicos practicantes, llegando al 88% entre los no practicantes. Arremete contra el Partido Popular y contra Ciudadanos por bloquear sistemáticamente durante meses en el Congreso la proposición de ley presentada por el PSOE para regular la eutanasia pese a que existía una mayoría parlamentaria a favor, haciendo valer su mayoría en la Mesa de la Cámara; y con la vista puesta en las próximas elecciones generales anima a la gente a que reflexione sobre las consecuencias de meter esa papeleta en la urna “porque ahora mismo la solución está ahí”: cree que si sale de las urnas un Gobierno que no sea un tripartito Cs-PP-VOX, la norma será aprobada en la próxima legislatura tal y como ha prometido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Fernando Marín coincide con él en este punto, pero tiene también la esperanza de que Ciudadanos apoye la proposición de ley que presenten los socialistas aunque del próximo 28 de abril salga una mayoría de derechas.

Nadie está en contra de los cuidados paliativos, pero no son la eutanasia

  Uno y otro responden a quienes sostienen que los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia. Dice David Lorente que “no te devuelven las neuronas ni los recuerdos perdidos, ni la movilidad si eres tetrapléjico, tampoco te permiten recuperar la dignidad y ni siquiera alivian el cien por cien de los dolores de todas las enfermedades”, para añadir acto seguido que “quien quiera aferrarse a la vida a cualquier precio tiene todo el derecho a hacerlo, y lo seguirá teniendo cuando se apruebe una Ley que despenalice la eutanasia”, por eso reclama que “se nos deje, a los que queremos morir sin sufrir, hacerlo a nuestra manera”; aclara que nadie se opone a los cuidados paliativos porque, al margen de que se apoye o no la eutanasia, ¿quién no quiere que alivien su sufrimiento, o por lo menos que exista esa posibilidad?, y recuerda que, incluso en las Comunidades Autónomas que tienen ese derecho garantizado por ley, esos cuidados paliativos no llegan a toda la ciudadanía porque faltan recursos económicos. Lo mismo sostiene el vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que recuerda que son una prestación del Sistema Nacional de Salud incluida en su cartera de servicios como un derecho de todos los españoles y destaca que ellos siempre se han quejado de que el enfoque es equivocado en el sentido de que se confunden los medios con los fines porque “el fin no son los cuidados paliativos, es paliar el sufrimiento y morir bien. Son dos cosas completamente distintas: queremos que nos cuiden de la mejor manera posible pero además decidir hasta cuándo queremos ser cuidados; e incluso algunos enfermos prefieren morir antes de llegar a la fase paliativa”. Igual que David Lorente, repite que no se va a obligar a nadie que no quiera a someterse a la eutanasia poniendo como ejemplo los países en los que es legal (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria) en los que debe ser una decisión personal, libre y reiterada en el tiempo; es una opción a la que puedes acogerte cuando ya no soportas la vida, una opción que se considera la menos mala, siempre de mutuo acuerdo con tu médico y supervisada por facultativos independientes, y completa su argumento aportando datos: explica que en Holanda y Bélgica un tercio de las peticiones son rechazadas la primera vez, otro tercio de los solicitantes muere antes de que se tramite su solicitud porque esperan demasiado para presentarla y el tercio restante recibe el visto bueno, lo que supone entre el 2% y el 4% del total de las muertes registradas en esos dos países.

  A los que dicen que legalizando la eutanasia se abriría la puerta a ‘peligros’ como el de su posible aplicación a gente mayor cansada de vivir pero no enferma, Fernando Marín les responde que ese es otro debate que habrá que tener después de que se despenalice porque en los países donde es legal es imprescindible que la persona que pide ayuda para morir padezca una dolencia incurable que le provoque un sufrimiento insoportable. Y destaca que en todos ellos se respeta el derecho a la objeción de conciencia de los médicos (para no obligar a nadie a actuar en contra de sus convicciones, “condenándolo a vivir con remordimientos de por vida”, en palabras de David Lorente Tellaetxe), como también se garantiza que ningún facultativo sea condenado a penas de prisión por practicarla. Recordemos el caso del doctor Marcos Ariel Hourmann, el primer y único médico condenado en España por practicar la eutanasia -a una enferma terminal de 82 años, tras la reiterada petición de la paciente y de su hija-, que cuenta en primera persona su historia en la obra “Celebraré mi muerte”, que se representa en el Teatro del Barrio de Madrid. Él, que sigue preguntándose por qué hay que obligar a alguien a vivir cuando no quiere, asegura que provocó la muerte porque cree en la vida, “porque, cuando llegas al punto de no poder hacer nada, el sufrimiento es innecesario”. La Asociación Derecho a Morir Dignamente destaca que un estudio de la OCU de hace casi dos décadas revelaba que uno de cada diez facultativos reconocía que había ayudado a morir a algún paciente.

P.S. El artículo 143 del Código Penal dice que: 1. el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años; 2. se impondrá pena de cárcel de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona; 3. será castigado con pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte; 4. el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

P.S. Podéis encontrar información sobre la eutanasia y resolver dudas en la web de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, https://derechoamorir.org, y tenéis todos los datos sobre el caso de Maribel Tellaetxe en https://sosamatxu.wordpress.com Para firmar su petición para que se despenalicen la eutanasia y el suicidio asistido, entrad en https://change.org/eutanasia

Por qué debemos seguir peleando, ahora más que nunca

Tal día como este 8 de Marzo hace un año cientos de miles de mujeres y de hombres tomamos las calles en toda España en una movilización histórica para exigir la igualdad efectiva entre sexos, y hoy lo volvemos a hacer. Como entonces, se repite la huelga general, aunque los principales sindicatos del país -UGT y CCOO- se resistan a la convocatoria, limitándola -otra vez- a paros parciales. Las distintas Plataformas Feministas y la Comisión 8M (que agrupa a organizaciones de mujeres de todo el territorio) reivindican de nuevo que somos nosotras las que movemos el mundo porque somos las principales cuidadoras de niños, mayores, dependientes y enfermos; porque somos las que asumimos los trabajos peor pagados y menos valorados por la sociedad; porque somos mayoritariamente las compradoras de productos básicos… y porque, si paramos todas, el mundo se para. Se trata, además y sobre todo, de demostrar que somos capaces de frenar este sistema capitalista que sobreexplota y ejerce todo tipo de violencias sobre la mujer y de reclamar un sistema distinto al del actual patriarcado, un sistema basado en la igualdad y en la justicia social.

¿Por qué todavía tenemos que seguir demandando equiparación salarial en el desempeño del mismo trabajo? ¿Por qué debemos continuar luchando para acabar con esa brecha que distintas fuentes cifran en una horquilla de entre el 22% y el 30% que separa lo que nosotras cobramos de media de lo que cobran ellos, y que significa menos cotizaciones y por lo tanto pensiones más bajas? ¿Por qué hay que insistir en la urgencia de derribar ese techo de cristal que mantiene estancado en el 27% el porcentaje de puestos directivos que ocupamos cuando las aulas están llenas de alumnas, el porcentaje de licenciadas es muy superior al de licenciados y buena parte de los mejores expedientes pertenecen a mujeres? ¿Por qué no podemos dejar de exigir que tener hijos, mayores o dependientes a cargo no penalice en nuestra vida laboral y en nuestra jubilación? ¿Por qué debemos repetir bien alto que queremos que se visibilice y se reconozca el valor y la dignidad del trabajo de cuidados a terceros y del trabajo doméstico -que realizamos mayoritariamente- y que se asuma la corresponsabilidad por parte de la otra mitad de la población y del Estado? ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes en la reclamación de que se consideren las violencias machistas una cuestión que atañe a toda la sociedad y no solo a una parte acabando con aquellas que muchas mujeres sufren a diario en la propia sociedad, en el trabajo, en la pareja o por parte de las instituciones? ¿Por qué hay que demandar más que nunca que la justicia deje de cuestionar porque sí la denuncia de muchas víctimas de agresiones y aplique de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas? ¿Por qué debemos seguir gritando que si no hay consentimiento es violación? ¿Por qué tenemos que continuar exigiendo acciones de las Administraciones y del conjunto de la sociedad para parar una sangría que se acerca -atendiendo a cifras oficiales- a las mil asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, y que a buen seguro serán muchas más? ¿Por qué es necesario que volvamos a reclamar nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad? ¿Por qué hay que seguir poniendo el acento en la necesidad de llevar a cabo cambios en el sistema educativo y en la exigencia de más avances en el campo normativo? Todo esto y más tenemos que reclamarlo de nuevo en la calle, y no dejar de hacerlo en nuestro entorno más próximo, porque a pesar de décadas de lucha y de que el 8M de 2018 el feminismo levantó su voz con fuerza, en este último año apenas hemos avanzado en el camino hacia la igualdad.

Tan cierto como que Roma no se construyó en un día lo es que ha pasado ya demasiado tiempo y que no podemos esperar más para que se produzcan cambios de calado, sobre todo cuando en el horizonte reaparece incluso la posibilidad de perder derechos que ha costado mucho conseguir. Nuestro futuro pasa por nosotras y, como apunta el manifiesto de la Comisión 8M para este Día Internacional de la Mujer, “defendemos una forma de convivir y queremos hacerlo unidas y fortaleciendo las alianzas con otros movimientos sociales. Así nos enfrentamos a quienes hacen su política desde la mentira y desde el desprecio a las mujeres”. Si hay partidos que se empeñan en atacar al movimiento feminista -VOX ni siquiera debería serlo- es porque saben que puede conseguir que el cambio definitivo del statu quo se haga realidad más pronto que tarde. Y no olvidemos que esa transformación radical no se materializará sin que los hombres sigan uniéndose a nuestra lucha, porque ellos son casi la mitad del mundo. Tengamos en cuenta que feminista -así lo recoge el diccionario de la Real Academia Española- es toda persona que defiende el feminismo, que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

P.S. Sabiendo que yo no soy protagonista de esta bitácora, que las protagonistas son todas esas voces que habéis podido ‘leer’ y escuchar a lo largo de 25 artículos y las que se les irán sumando, no podía ni quería dejar pasar esta fecha sin pronunciarme sobre la lucha por la igualdad que se viene reivindicando en el mundo cada 8 de Marzo desde 1975, pero que las mujeres protagonizan desde mucho tiempo atrás: una lucha por conseguir derechos de los que disfrutamos con toda naturalidad, como si hubiese sido siempre así, y en la que quizás no lleguemos a ser conscientes de todo lo que tuvieron que sacrificar; hablo del derecho al voto o a la educación, del derecho a ser reconocida como trabajadora, de poder ser titular de una cuenta bancaria o propietaria de un inmueble sin el consentimiento del padre o del marido. El 24 de octubre de ese 1975 se secundó la primera huelga feminista de la historia de la que hay constancia como tal: fue en Islandia. En España lo hicimos 43 años después, lo hacemos este y deberíamos seguir repitiéndolo tantos como haga falta hasta conseguir lo que reclamamos: ni más ni menos que lo que nos corresponde.

“Cuando no es una bomba es la falta de comida o de medicinas, o no tener ropa de abrigo para el invierno: la guerra siria sigue matando 8 años después”

“Cuando no es una bomba es un obús, cuando no es un obús es que no hay alimentos o agua potable, cuando no es que falten alimentos o agua potable es la falta de medicinas, cuando no es la carencia de fármacos es que no tienen ropa de abrigo, ni calzado adecuado, ni con qué calentarse a temperaturas bajo cero, y podríamos seguir. Llueve sobre mojado para una población muy debilitada que lleva ya demasiado tiempo sobreviviendo en zonas en las que ni siquiera hay hospitales o centros de salud porque han sido bombardeados, como también lo han sido las escuelas y sus propias casas”. Este sigue siendo el día a día al que se enfrentan millones de sirios en vísperas del octavo aniversario del estallido de una guerra que no parece tener fin. Es la responsable de Comunicación de ACNUR en España, María Jesús Vega, quien nos acerca esa dura realidad para millones de ciudadanos exhaustos que ven cómo las ignominiosas cifras del conflicto -vergonzosas no solo para los responsables directos sino también para la comunidad internacional- no dejan de aumentar. El número de muertos supera los 250.000 e incluso los dobla, según fuentes que trabajan en el terreno, siendo miles de ellos menores: es el caso de los 30 niños que morían el mes pasado por hipotermia y desnutrición en el noreste del país cuando huían de los combates hacia el campamento de Al-Hol, donde actualmente se concentran más de 25.000 sirios; o como los -por lo menos- ocho pequeños que, por las mismas causas, han perdido la vida en las últimas semanas en el asentamiento improvisado de Rukban, al sureste, donde 40.000 personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.

3 millones de sirios sin apenas acceso a ayuda humanitaria

María Jesús Vega describe Rukban como “una franja desértica aislada, situada a unos 300 kilómetros de Damasco, donde las escenas que ves son dantescas, donde apenas hay servicios y donde no existe la atención médica más básica, por lo que las condiciones sanitarias son catastróficas; un lugar en el que los pocos productos que llegan tienen unos precios estratosféricos, prácticamente inalcanzables, que multiplican por cinco los de la capital y donde incluso el pan y el agua hace ya mucho que se han convertido en un lujo que casi nadie se puede permitir”. A principios de este mes de febrero, las Agencias de la ONU y la Media Luna Roja conseguían llevar hasta allí un cargamento de comida, medicinas y equipo médico; mantas térmicas, kits de nutrición y de higiene femenina…, etc.: “y no ha sido nada fácil porque necesitamos el beneplácito de muchos actores”, se queja la portavoz de ACNUR, denunciando que la población civil es utilizada como arma de guerra y que han visto morir gente porque la ayuda humanitaria no ha llegado a tiempo debido a las interminables negociaciones.

Explica que cuando trabajan en países en conflicto, con múltiples actores armados en movimiento, muchas veces es difícil saber a quién dirigirse para obtener los permisos; que otras no les permiten trasladar asistencia que es para ellos fundamental -algo tan simple como gas para cargar estufas o para cocinar- porque quien tiene que autorizarlo considera que sus enemigos pueden usarla para matarlos o para alimentar el conflicto; y que en ocasiones no los autorizan a ir a una determinada área porque se pretende que vayan a otra. “Nosotros nos regimos por los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad -dice- y se nos debería permitir llevar a cabo el mandato que Naciones Unidas y sus miembros nos han encomendado”. Y es que 3 millones de sirios de los 13 millones que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir se encuentran en lugares a los que no pueden acceder con frecuencia ni con todo el material que debieran.

Ocho de cada diez sirios viven por debajo del umbral de la pobreza

La mitad de los que necesitan asistencia humanitaria son menores y, de ellos, 3 millones no saben lo que es vivir en paz porque no han conocido otra situación distinta a la guerra: niños que llevan años viendo a diario verdaderas atrocidades y que han ido perdiendo a miembros de sus familias; niños en muchos casos con malnutrición, que nunca han ido al colegio ni han tenido los correspondientes ciclos de vacunación, menores acostumbrados a jugar en los refugios en los que se protegen de los bombardeos… La responsable de Comunicación de ACNUR recuerda el caso de un refugiado que tuvo que dejar atrás a los suyos y contaba que la primera palabra que su hijo había pronunciado, antes incluso que papá y mamá, había sido “luz”, porque se iba cada dos por tres y a lo largo del año podían disponer de electricidad como máximo un par de meses, sumando los distintos períodos.

Más de 6,5 millones de sirios se han convertido en desplazados forzosos en su propio país y superan los 5,5 millones los que son refugiados, la inmensa mayoría en la región. Son más de 13 millones las personas que necesitan asistencia humanitaria en Siria y la situación no es mucho mejor en Líbano, que acoge un sirio por cada 4 nacionales, donde más del 70% de los refugiados vive por debajo del umbral de la pobreza: “el país ha demostrado una generosidad impresionante abriéndoles las puertas pese a la presión que eso ha supuesto para sus servicios e infraestructuras sanitarias, educativas, laborales…, etc.; pero no se han recibido contribuciones económicas suficientes como para poder dar respuesta a las necesidades básicas de una población acogida que, pasados tantos años, sigue en su territorio”, destaca María Jesús Vega en referencia a la ayuda bilateral y la financiación de las operaciones de la Agencia. Personas que ya estaban destrozadas antes de llegar “por la pérdida de una madre, de un padre o de los dos; de su marido o su mujer; de alguno o varios de sus hijos, por haber asumido la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos de su hermana o hermano porque ellos ya no están, por las secuelas de los shocks sufridos, mujeres violadas y sufriendo todo tipo de abusos”; gente que “tiene que pasar toda una carrera de obstáculos para cruzar la frontera y que, por buscar una salida se convierten en víctimas de mafias que hacen negocio con el sufrimiento y la desgracia ajenas”; seres humanos que, en el país de acogida, viven muchas veces un nuevo infierno “porque carecen de un techo bajo el que cobijarse porque no pueden pagar un alquiler; mujeres a las que el casero les exige sexo a cambio de una casa para la familia, que dan a sus hijas menores en matrimonio para que el resto de familiares puedan comer con la dote que reciben a cambio; padres que no escolarizan a los chavales porque tienen que trabajar para ayudarles, o a los que no les queda otra que unirse con el resto del barrio para enviar a la escuela al que consideran más inteligente, que será el responsable de enseñar a los demás usando una puerta como pizarra.

Siria no es todavía un país seguro al que regresar

Asegura la responsable de Comunicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España que si hay algo que tienen claro es el valor inmenso de la educación: “Saben que los hará más libres y que a través de ella adquirirán los conocimientos para reconstruir su país cuando puedan regresar, que es lo que quieren, ellos y la mayoría de refugiados”; y aporta un dato: 9 de cada 10 se quedan en los países más próximos al suyo y no en los más ricos, como muchos creen, esperando volver cuanto antes y colaborar en la reconstrucción.

Pero esa vuelta a casa está todavía lejos. Explica María Jesús Vega que ACNUR no ha puesto en marcha un Plan Integral de Retorno porque el territorio sirio “no es ni mucho menos seguro” y porque es preciso que el regreso sea sostenible en el tiempo y no de ida y vuelta como ha pasado en muchos casos: debe hacerse en colaboración con el país de origen y con los de acogida, hay que asegurarse de que existen los servicios básicos y de que la población pueda regularizar y legalizar su situación (teniendo en cuenta que son miles los que han perdido su documentación o ni siquiera la tienen); las autoridades deben garantizarles que tendrán todos sus derechos como ciudadanos y que no acabarán en la cárcel en cuanto lleguen porque su nombre figura en una lista negra por el mero hecho de haber vivido en una zona controlada por un determinado grupo; es fundamental arreglar cuestiones de propiedad, de acceso a la tierra y, por supuesto, tienen que haber cesado el fuego y los ataques con bombas que siguen destrozando hogares. Aclara que eso no significa que la agencia -que defiende un regreso con carácter estrictamente voluntario- no apoye a aquellos que, a título individual, han querido y/o quieren volver, algo que han hecho unas 125.000 personas en tres años, según los datos que manejan; ni tampoco que no lleve trabajando desde 2017 con otras agencias y ONGs, con todos los Gobiernos y con los propios refugiados en el diseño de ese Plan Integral de Retorno: “otra cosa es cuándo se va a ejecutar”.

“El discurso xenófobo del miedo se apoya en datos falsos”

Aunque han callado las bombas en algunas zonas de Siria, a las partes enfrentadas en este conflicto -que se han saltado incluso las ‘normas de la guerra’- la Agencia de la ONU para los Refugiados lleva años exigiéndoles sin éxito que respeten a la población civil, que respeten los convenios internacionales, que faciliten el acceso de los trabajadores humanitarios a todas las zonas y los respeten también a ellos pero, sobre todo, que dejen de una vez las armas y colaboren en la puesta en marcha de un proceso de pacificación en el que desplazados y refugiados también tengan parte. A la comunidad internacional, en especial a Europa, le reclama que se implique más y se movilice como hizo la sociedad civil en su día, cuando las consecuencias del conflicto llegaron a sus puertas, “aunque la respuesta de los Estados fuese débil y tardía”; recuerda su portavoz en España que, mucho tiempo antes, ellos habían alertado de lo que supondría el conflicto en cuanto a pérdida de vidas humanas, en cuanto a personas forzosamente desplazadas de sus hogares en un país que acabaría destrozado y en cuanto a seguridad, afirmando que “sin duda hoy el mundo es más inseguro y más inestable por permitir que se haya prolongado tanto”.

Afirma que Siria es la constatación de un fracaso colectivo del que debemos aprender para no repetir errores, y dice que eso pasa, en buena medida, porque los países cumplan el Pacto Global de Refugiados firmado a finales del año pasado: “porque asuman que la responsabilidad de proteger a los refugiados es colectiva y tiene que ser más eficiente, y porque apoyen mucho más a los países y comunidades que acogen a un mayor número, que generalmente no son los más ricos”. Está “segura” de que, si se hubiese hecho así en este caso, si se hubiese invertido lo necesario en Líbano, en Jordania, en Irak o en Turquía en su momento, “no se habría producido el desplazamiento de refugiados hacia Europa tan importante que se vio en 2015”, y advierte de que trabajar solo en el ámbito del blindaje y de la seguridad para que estas personas no lleguen al viejo continente no resolverá la situación. Por eso considera imprescindible ese cambio de enfoque a la hora de gestionar otras crisis como esta para que las cifras de desplazamientos forzados, que superan los 68,5 millones de personas -las más altas desde la Segunda Guerra Mundial- no sigan batiendo récords como los que ha venido registrando ACNUR en los cinco últimos años.

A dos meses de unas elecciones generales y a menos de 3 de las europeas, con los partidos xenófobos en alza, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados llaman a no enarbolar el discurso del miedo y del odio, un discurso xenófobo, que -afirman- se apoya a veces en datos falsos: “Terrorismo, Yihadista y Refugiado son tres palabras que muchos usan a propósito en la misma frase para generalizar sobre determinados colectivos y provocar rechazo y desconfianza hacia quienes -no deberíamos olvidarlo- huyen en muchas ocasiones del mismo terrorismo que está detrás de atentados como los de Atocha, París o Alemania que se producen prácticamente a diario en sus países matando a decenas de personas, pero que apenas ocupan espacio en los medios occidentales”. Por eso María Jesús Vega pide que el tema se trate siempre ajustándose a la realidad, no utilizándolo de forma partidista o como arma arrojadiza. Valora la solidaridad que ha demostrado la sociedad española “dando lecciones en temas de voluntariado y acogida” y llama a preservarla como un tesoro que todos debemos cuidar. Su mensaje es directo: trata a esas personas como lo que son, seres humanos, como te gustaría que os tratasen a ti y a los tuyos si estuvieseis en su piel: “Nadie elige convertirse en refugiado y, tristemente, muchos lo son para toda la vida”. Recuerda que más de 17.000 personas han muerto en el Mediterráneo solo en los últimos cuatro años intentando buscar ese refugio en Europa, teniendo tanto derecho a vivir como cualquiera de nosotros. “Gente que, en su huida del hambre, de las guerras y de continuas violaciones de derechos humanos, se ha visto obligada a ponerse en manos de mafias para alcanzar territorios seguros porque no cuenta con vías legales para acceder”. Y destaca que habrían sido muchísimas más de no ser por la “impresionante” labor de distintos equipos de salvamento marítimo, incluidas las ONG a las que ahora se les ponen obstáculos para seguir cumpliendo con un principio que nunca hasta ahora se había puesto en cuestión: el de rescate en el mar.

P.S. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, habla de Siria como “la mayor catástrofe humanitaria y de refugiados de nuestros tiempos, una constante causa de sufrimiento para millones de personas que debería obtener el apoyo masivo de todo el mundo”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. En la actualidad cuenta con un equipo de casi 11.000 personas en alrededor de 140 países. Toda la información, en https://www.acnur.org/es-es

P. S. La fotografía que ilustra el post es de niños sirios desplazados internos en las calles de Alepo ©ACNUR/UNHCR/Bassam Diab

“Las víctimas de pederastia estamos limpiando la porquería de la Iglesia, cuando es ella la que debería liderar esa lucha”

Están hartos de que apenas se les escuche ni se les den soluciones: de que desde la Justicia les digan que su caso ha prescrito (con esa pregunta de ¿por qué no ha denunciado antes? que siempre se repite y que tanto daño les hace); de tener que contar una y mil veces durante la instrucción y el juicio todo lo que han sufrido cuando pueden denunciar y lo hacen; de que con los partidos políticos todo sean buenas palabras pero pocas o ninguna de las propuestas se concreten; de que la jerarquía eclesiástica los haya “ofendido, despreciado, humillado, maltratado…, y lo siga haciendo”; y de que incluso, en algunos casos, sus propios vecinos les den la espalda. Hablamos de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia católica en España y de sus familias, que han decidido unirse para tener más fuerza y para que sus reivindicaciones sean un clamor que haga imposible mirar hacia otro lado. Por eso han creado la Asociación Infancia Robada, presidida Juan Cuatrecasas, un padre que lleva 8 años luchando para que su hijo, que sufrió abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa, salga adelante. Él, junto con Francisco Javier, quien destapó los abusos sufridos en el Seminario Menor de La Bañeza, y Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas de abusos en el Monasterio de Montserrat, se sitúan al frente de una organización con la que también quieren arropar a otras víctimas y familias para que no se encuentren solas y desamparadas como estuvieron ellos: “Tras cuarenta años de nacionalcatolicismo la sociedad sigue viendo estos casos como tabú y eso tiene que cambiar; para conseguirlo -dice- es necesario facilitar el camino de la denuncia, para que a partir de ahí pueda haber justicia, un reconocimiento público y una reparación moral”.

“La víctima no lo cuenta cuanto quiere sino cuando puede”

Afirman en la organización que es clave la imprescriptibilidad de los delitos -reconocida en Irlanda, Holanda, Canadá, Australia, Argentina, etc- pero en nuestro país, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, considerarían un gran paso elevar de los 18 actuales a 50 años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Para la Asociación el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (que la eleva a 30 y que va a quedar paralizado por la convocatoria electoral) no es suficiente al dejar fuera a muchas víctimas: explican que la mayoría de los que han sufrido los abusos siendo niños lo cuentan cuando tienen entre 30 y 50 años y que “no es que no lo cuenten antes porque no quieran sino porque no pueden”, asegura Juan Cuatrecasas, cuyo hijo pudo hacerlo en solo unos años, permitiendo que su tutor fuese juzgado y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (condena recurrida ante el Tribunal Supremo). La pena va en la línea de lo que pedía la acusación particular, lejos de los 3 años solicitados por la Fiscalía: “Es muy triste que un representante del Ministerio Público se ponga del lado del verdugo en lugar de estar con la víctima, cuestionando su relato porque -según él- tardó mucho en denunciar, cuando nos estamos refiriendo a un chico que sufrió los abusos con 12 y 13 años, que tenía 15 la primera vez que lo contó y que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando lo denunció hará ahora cuatro años”. Reitera que “no es tan fácil como sentarse en una silla y ponerse a hablar, sino que cuesta mucho verbalizarlo”.

Destaca el presidente de la Asociación Infancia Robada que sin procedimiento judicial y sentencia condenatoria ni la víctima es reconocida como tal -pese a que el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en 2015 dice lo contrario- ni el pederasta entra en el Registro de Delincuentes Sexuales, lo que le permite seguir manteniendo un estrecho contacto con niños, que son sus principales víctimas potenciales; de ahí que defienda, además, que “elevar la edad a la que empiece a contar el plazo de prescripción es una medida para tratar de impedir casos futuros”. Cree también que, así, instituciones como la Iglesia católica se decidirán a denunciar de inmediato, “porque no es lo mismo indemnizar por 3 casos que por 30 o más”. Demanda que se apoye a los denunciantes durante el proceso en lugar de poner constantemente en cuestión su credibilidad; reclama actuaciones tendentes a reducir el alto riesgo de exclusión educativa, flexibilizando las exigencias para favorecer que sigan con sus estudios -tanto en el instituto como en la universidad- y la necesidad de incluirlas en la educación diferenciada: “Es una aberración que, en lugar de adaptar la ley a las víctimas, tenga que ser al revés”; y pide que se habiliten ayudas económicas porque “las terapias privadas para tratarlos de las secuelas psicológicas que padecen son caras e inexistentes en el ámbito público”. Aclara que no están “pidiendo limosna sino que se les permita competir en igualdad de condiciones”.

“Ni los políticos ni la sociedad están cumpliendo como deberían”

Asegura Juan Cuatrecasas que a los políticos españoles les falta valentía y que están enviando el mensaje de que la Iglesia católica está por encima de la ley. Sabe de lo que habla, porque se han reunido con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y cuenta, sin especificar cuál, que alguno llegó a decirles que lo considera ‘un tema de baja intensidad’: “Nos parece alarmante porque hablamos de niños y adolescentes a los que se les hace daño cuando su personalidad se está formando”. Añade, además, que en cierta parte de los partidos de la derecha existe “una especie de excusa” cuando se habla de la Iglesia católica: “enseguida dicen que no se puede personalizar solo en el clero, que se dan casos en otros muchos ámbitos como el deportivo o incluso en el familiar (lo cual es cierto), pero a nosotros nos ha pasado en ese y por eso nos centramos en él, más si cabe considerando que por los principios de la propia institución debería ser ella la primera en reconocer, respetar y tratar con dignidad a las víctimas; sin embargo muchos de sus miembros hacen justo lo contrario, causándoles un doble daño y haciendo más difícil que aprendan a vivir con lo que han sufrido”.

Preguntado por si esa supuesta ‘baja intensidad’ puede ser producto de la falta de implicación y de movilización de la sociedad, piensa que es posible; y explica que muchas personas que han sufrido abusos sexuales siendo menores optan por no denunciar por las consecuencias que puede acarrear, que en su caso fue ver como el ANPA y la dirección del colegio apoyaban al denunciado y en otros eran incluso los vecinos los que les torcían la cara en un acto de marginación que los posicionaba claramente del lado del agresor. Hay quien le llama padre coraje, pero su sensación en bien distinta: “Solo soy un hombre con un hijo al que le han hecho daño física y psicológicamente, y ha sido él -como las demás víctimas- el que ha demostrado valentía al dar el paso de denunciarlo teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando”. Está convencido de que, mientras se les siga considerando héroes por denunciar, significará que algo sigue fallando en el sistema y que no estamos en un verdadero Estado de Derecho, “porque cuando alguien sufre un delito lo normal es que lo denuncie, ¿no?”. Por eso insiste en la importancia de lograr que los casos de pederastia dejen de ser tabú. Admite, eso sí, que no es fácil dar un paso que -en su situación como en otras- ha supuesto “muchas trabas, presiones e incluso amenazas”.

Denuncia mala fe por parte de la jerarquía eclesiástica

El presidente de la Asociación Infancia Robada se indigna porque la Iglesia católica -no solo en España- se ha pasado décadas silenciando estos casos (la organización mundial de víctimas ECA Global calcula que por lo menos 100.000 menores han sufrido este tipo de abusos por parte de miles de sacerdotes y/o personas próximas al clero). Para él eso es lo más grave, que no solo se trata -como hay quien sostiene- de que no han sabido afrontar el tema sino que ha habido “mucha mala fe”, y pone ejemplos como el de Miguel Ángel Hurtado, “a quien el abad de Montserrat dio más de 7.000 euros en mano para comprar su silencio”, dinero que acabó devolviendo, y 3 años después decidió editar un libro ensalzando la figura de su abusador “y el de muchos otros niños” llegando a incluir una fotografía de él con su víctima; apunta también el caso del colegio salesiano de Deusto, que “teniendo constancia de denuncias desde 1989 dejo pasar el tiempo sin hacer nada”; como igual de sangrante resulta la inacción de los Obispados que no acuden a la Policía ni a la Fiscalía: “Eso es encubrimiento puro y duro y la Iglesia tiene que cortar de una vez por todas esa forma de actuar que hace tanto daño a las víctimas pero también a la propia comunidad católica; y es desde su jerarquía desde donde deben hacerlo porque las víctimas estamos limpiando su porquería, y mientras no tomen medidas no habrá solución posible”, sentencia, y aclara que eso pasa por dejar de considerar los abusos sexuales una ofensa en contra de la moral, un pecado, y pasar a considerarlos un crimen, que es lo que son”; y no solo por una mera manifestación pública, como viene haciendo últimamente el Papa, sino por cambiar la Ley de Derecho Canónico como le recomendó hace cuatro años el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “La petición de perdón no es suficiente, hay que poner urgentemente en medidas en marcha, lo demás es vivir en una realidad paralela”.

Critica Juan Cuatrecasas que la jerarquía eclesiástica lleve años “centrada en proteger el supuesto buen nombre de la institución sin darse cuenta de que lo que hacen es hundirse más en el pozo”, y dice que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para ponerle solución porque “crear una comisión antipederastia coordinada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado de encubrir al cura abusador de La Bañeza, y en la que está Silverio Nieto, responsable de la no investigación canónica del caso de nuestro hijo -al que llaman el Villarejo de la Iglesia- no es el camino; más bien lo contrario, porque esa comisión ha nacido viciada”. Tampoco son para él buenas señales declaraciones como las del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, saliendo en defensa de varios sacerdotes acusados de abusos que, según él, habían tenido ‘malos momentos’: “Es una clara ofensa a las víctimas, menores atacados con total impunidad, facilitándose la comisión del delito a través del encubrimiento; un delito muy grave teniendo en cuenta que lo cometen adultos que se ganan la confianza de menores de edad aprovechando que son sus profesores, tutores o confesores para luego atacarlos como depredadores; porque actúan como tal, eligiendo a su presa en función del perfil y aislándola de sus compañeros: entonces la tienen en sus manos, desorientada, para poder hacer con ella lo que quieran”. Explica que a su hijo el profesor llegó a sacarlo de clase hasta cuatro o cinco veces por semana por espacio de una hora, desatando los comentarios del resto de alumnos; y es que también sufrió acoso escolar. “Cuando únicamente te preocupas por salvaguardar tu imagen estás prolongando y acentuando el dolor de quienes han sufrido esa violencia”, afirma recordando las recomendaciones de que no contaran lo sucedido, de que no le diesen publicidad…Hicieron justo lo contrario, intentar que lo supiese cuanta más gente mejor contándoselo a los medios de comunicación que se pusieron en contacto con ellos (no al revés): “estábamos siendo atacados y no teníamos ningún apoyo”.

Sobre la primera Cumbre Antipederastia que arranca mañana en Roma

El Papa Francisco reúne en el Vaticano entre mañana 21 de febrero y el domingo 24 a los presidentes de 130 Conferencias Episcopales para abordar la pederastia en la Iglesia en la primera cumbre al respecto (que llega tras años de denuncias e innumerables casos de encubrimiento). El Pontífice asegura que se trata de ‘un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo’, es lo que defiende ahora.

Las víctimas exigieron participar y los organizadores parecen garantizar que estarán presentes. Un grupo de ellas se ha reunido hoy con el comité organizador y han salido decepcionadas tras el encuentro porque -cuentan- no les han dicho ninguna medida concreta que vayan a implementar. La Asociación Infancia Robada tiene claro que cualquier intento de acabar con estos crímenes pasa por darles voz y escucharlas en lugar de intentar acallarlas y por eso reclaman que toda comisión de investigación que se cree las incluya, junto a personas independientes; demanda que se amplíen los plazos de prescripción de la propia Iglesia, que consideran demasiado breves y exigen que lo primero que haga el clero sea acudir a la Fiscalía para que active las pesquisas: “no es lógico que sean ellos mismos, que son parte, los que investiguen”. Pide además que se cambien los protocolos de actuación: “Aún a día de hoy lo primero que debe hacer la persona del Obispado que reciba una denuncia es dudar de la credibilidad de la víctima, porque puede tener intereses económicos, cuando son ellos los que están preocupados por el dinero, porque temen que se conozcan cada vez más casos y se acaben multiplicando las indemnizaciones que deberán pagar; por eso han intentado tapar el escándalo”, un hecho que resulta indecente para Juan Cuatrecasas. Afirma que ese no es su problema, porque el problema de las víctimas y sus familias es intentar seguir adelante, ayudar a otras personas que pasen por la misma situación y tratar de que nadie más tenga que volver a sufrir algo parecido. Hasta dos intentos de suicido, una durísima etapa con episodios de taquicardias, alucinaciones y convulsiones, épocas de pesadillas, ansiedad e intenso nerviosismo…Es lo que ha vivido en la última década su hijo, un chico que siente una desconfianza enorme hacia los demás y al que le cuesta mucho relacionarse, que ha visto como los síntomas asociados al estrés postraumático que padece se han ido suavizando pero que sigue luchando “porque esto es así”. Sus padres se quedan con el mensaje de los médicos que lo tratan: que ha sido muy valiente, que tiene la cabeza bien amueblada y que va a salir adelante porque aprenderá a encajarlo y a vivir con ello, que es de lo que se trata. Pero tienen miedo a que pueda recaer, porque ya ha sucedido varias veces.

P.S. La Asociación Infancia Robada cuenta con psicólogos y abogados para atender consultas. Podéis contactar con ella a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/AllSurvivorspain/

P. S. El post lo ilustra el logo de la Asociación, diseñado por el hijo de Juan Cuatrecasas

“Queda una década para cumplir la meta de erradicar la mutilación genital femenina y 3 millones de niñas siguen sufriéndola cada año”

Hoy, 6 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas por lo menos 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, según las cifras facilitadas por la ONU, y que todavía se practica anualmente -según la Organización Mundial de la Salud- a alrededor de 3 millones de menores de 15 años en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio, en la mayoría de los cuales es endémica. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se cometa una clara violación de los derechos humanos como esta, que, además, contribuye a que se perpetúe una situación de inferioridad de la mujer? Se lo preguntamos a la coordinadora de Comunicación de Plan International, ONG que lleva décadas combatiéndola sobre el terreno, y lo primero que Julia López quiere que quede claro es que parte de tradiciones y creencias muy arraigadas en determinadas comunidades, por lo que la lucha para erradicarla “no es fácil y hay que pensarla a medio-largo plazo; por eso, mientras presionamos para que los Gobiernos aprueben leyes y tratamos de que cambie la idea preconcebida que tienen los miembros de esas comunidades, hay menores a las que se les siguen mutilando sus genitales por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas”.

Las leyes, necesarias pero insuficientes

En cinco de los países en los que se practica -Mali, Somalia, Chad, Liberia y Sudán-, la mutilación genital femenina no está criminalizada; sí está prohibida por ley en el resto, desde hace unos días también en Sierra Leona, donde en diciembre murió una niña de 10 años a la que se la habían practicado. El problema, explica Julia López, es que “es muy difícil que se cumplan esas normas si se mantiene la idea de que estamos ante una costumbre que hace a las niñas más puras, imprescindible en su preparación para el matrimonio y para el parto; del mismo modo, es complicado si no cambia la percepción de la comunidad sobre el papel de la mujer y el concepto que las propias mujeres tienen de sí mismas y de la necesidad de someterse a ella”. Hablamos de una práctica que supone importantes consecuencias físicas (provoca un intenso dolor que puede volverse crónico, graves hemorragias, quistes, infecciones y/o complicaciones durante la menstruación y en el propio parto, en el que puede provocar la muerte del bebé y de la madre) y consecuencias psicológicas de por vida, así como la pérdida del derecho de quien la sufre a gozar de una sexualidad plena y activa.

Dice la responsable de Comunicación de Plan International que las leyes contra la ablación de clítoris sientan precedente y suponen un refuerzo institucional a la labor de las organizaciones no gubernamentales para erradicarla: “Obviamente las autoridades tienen que explicitar que se oponen a ella y deben contar con herramientas para poder luchar para que deje de practicarse, y perseguirla y condenarla cuando se practica”; pero aclara que “lo verdaderamente esencial y efectivo” es la labor que se desarrolla a nivel comunitario: hay que implicar a todos los miembros de la comunidad para que sean conscientes de las graves consecuencias que conlleva para las niñas y para que entiendan que es una violación de su derecho a su integridad, a vivir libres de violencia, a su salud sexual y reproductiva; convencerlos de que no es cierto que si no están mutiladas sean impuras, vayan a volverse locas o no vayan a encontrar marido, porque la mutilación genital femenina “es, hablando claro, una forma de intentar controlar su sexualidad, asentada en una desigual relación de poder entre hombres y mujeres que fomenta la creencia de que quienes no están mutiladas serán incontrolables porque tendrán poder sobre sus derechos sexuales y reproductivos”. Solo cuando existe esa implicación de todos se pone freno a esta práctica, aseguran en la ONG, que ha conseguido que miles de comunidades se hayan declarado por consenso libres de ella: “un trabajo arduo que puede durar hasta dos años pero que tiene garantía de éxito”.

Las mujeres deben ser y son las abanderadas de esta lucha

En Plan International ponen el ejemplo de Mali, uno de los cinco países en los que la ablación de clítoris ni siquiera está prohibida y que tiene una de las tasas de prevalencia más altas (casi el 90% de las menores son mutiladas): cuentan que su presencia allí está dando sus frutos y que son numerosas las comunidades que ya se han declarado libres de esta práctica, “lo que demuestra que la labor de concienciación es fundamental; concienciación a través de un diálogo a todos los niveles”.

Lo primero -explican- es empezar por las propias niñas y adolescentes: “si tu madre, tu abuela, tus hermanas y amigas mayores han pasado por eso y te dicen que es un rito de iniciación a la vida adulta, a ti te parece de lo más normal; muchas veces ni siquiera sabes que puedes negarte y otras eres incapaz de enfrentarte sola a algo que está tan arraigado a tu alrededor”. Tan importante como trabajar con ellas es hacerlo con las mujeres, que en muchos casos son las que deciden que sus hijas pasen por lo que ellas han pasado antes, asumiendo que es lo que les toca por el mero hecho de ser mujer: “Cuando les haces ver que eso no es así y que no hay nada que las obligue, cuando se dan cuenta de que se trata de creencias infundadas o mal asentadas, son las primeras que las rechazan y las combaten”. Hablamos de una experiencia muy dura que no comparten con aquellos que tienen más cerca, mucho menos con los hombres, por lo que ellos no saben por todo lo que han pasado y por lo que todavía pasan sus esposas y sus hijas al sufrir la mutilación genital, “por eso es fundamental que se abran y lo cuenten, que se conviertan en abanderadas de la causa, porque así ellos también se sumarán”, señala Julia López.

“No se las puede enfrentar a ellas solas contra el mundo” -dice-, por eso, además de a los hombres, es necesario implicar a los niños y a los jóvenes, “a los que resulta fácil convencer porque no conciben que algo tan horrible pueda sucederle a alguien que conocen; a los profesores, a los líderes religiosos y comunitarios, y a las mujeres que la practican: “Ellas ejercen un importante rol dentro de la comunidad y, si conseguimos que se paren a pensar en el daño que han causado a tantos cientos de niñas y mujeres, también ellas acaban defendiendo que deje de practicarse la mutilación genital femenina”. Es además fundamental concienciar al personal médico, que es muchas veces el que detecta estos casos, bien en las exploraciones, bien gracias a la relación de confianza creada con la familia, “porque tampoco es algo tan obvio”. Se ha detectado una tendencia creciente a que la lleven a cabo profesionales sanitarios: desde Plan International aclaran que este es uno de los riesgos que se corre cuando únicamente se critica o se persigue porque se realiza en condiciones de insalubridad (en lugares no preparados para ello, con cuchillas oxidadas o reutilizadas para varias menores…), “por eso nuestro rechazo es total: no se trata de cómo, ni dónde, ni quién la practique, sino de que se practique”, sentencian.

También en Europa y en España hay niñas en peligro

Se practica en una treintena de países, la mayoría africanos, y aunque desde España puede parecernos que esta realidad nos queda muy lejos, la propia ONU advierte de que, con los movimientos migratorios, hace tiempo que se ha convertido en un problema global. Cálculos de distintas ONGs apuntan que en España habría 18.000 niñas en riesgo de ser víctimas de mutilación genital aquí o, sobre todo, fuera de nuestras fronteras, aprovechando algún viaje a sus países de origen. El Código Penal recoge la ablación como un delito de lesiones desde 2003, y desde 2015 existe un Protocolo Común de Actuación Sanitaria para detectarla, tratarla y, especialmente, prevenirla. Para Plan International “es muy importante” que los profesionales de la salud, así como el personal docente y todo aquel que esté en contacto con estas niñas y adolescentes, “permanezca alerta para actuar ante cualquier indicio”; valora que las autoridades la hayan considerado un problema que también hay que combatir desde España, “que estén concienciadas e implementen mecanismos de respuesta para proteger a las potenciales víctimas”, y les pide a las Administraciones estatal, autonómicas y locales que no dejen de perseguirla.

Julia López quiere pensar que, en un momento como el actual, en el que se avanza en la sensibilización sobre los derechos de las mujeres, la mutilación genital femenina se ve como lo que es, una clara violación de los derechos humanos; pero reconoce que está extendida esa idea de que no va con nosotros porque pensamos que ocurre a miles de kilómetros y no nos afecta, “cuando realmente no es así porque, hoy en día, este tipo de problemas son globales”. Aplaude los avances que se han producido, pero dice que queda mucho por hacer y poco tiempo para conseguir que se cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en 2015, el número 5, que incluye la erradicación de la mutilación genital femenina para 2030: “Nos quedan 11 años para que no acabe convertido en papel mojado, y para evitarlo es imprescindible que se active la financiación necesaria y que se pongan en marcha medidas definitivas. Ahí está el reto”. La sociedad está implicada, los Gobiernos también deben estarlo.

P.S. La fotografía que ilustra este post corresponde a uno de los proyectos de Plan International en Etiopía. En primer plano aparece Alminesh, de 16 años, presidenta del Club de Chicas contra la Mutilación Genital Femenina –del que forman parte más de 50 jóvenes-, que explica que trabajan con colegios y comunidades religiosas de distintas zonas “para aumentar la concienciación sobre las prácticas dañinas”, y que dice que esperan “acabar con estas tradiciones peligrosas en su comunidad a través de la educación”.

P.S. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege -junto a la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad- fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su lucha contra la violencia sexual. Desde hace dos décadas, en el hospital Panzi, que él mismo fundó en Bukavu, ha tratado a decenas de miles de mujeres violadas por miembros de grupos armados y sometidas a la ablación de clítoris. El propio Mukwege cuenta que decidió especializarse en Obstetricia y Ginecología conmocionado por la mutilación genital de la que eran víctimas las mujeres de su país. Sus primeras palabras al conocer la noticia fueron para decir que aceptaba el galardón por todas esas mujeres y añadir que “esto demuestra que vosotras ya habéis sido reconocidas”.

¿Habrá menos víctimas en el asfalto con los nuevos límites de velocidad?

Tres de cada cuatro muertes en accidente de tráfico en España durante el pasado 2018 se registraron en carreteras convencionales, 877 de un total de 1.180, con datos todavía provisionales del Ministerio de Interior. El 40% se produjeron en salidas de vía y otro 27% en choques frontales, siniestros en los que, según las autoridades, el exceso de velocidad fue determinante. Desde este martes, 29 de enero de 2019, el límite máximo de velocidad se ha reducido en este tipo de vías sin separación física de los dos sentidos de circulación: 90 km/h para los turismos, las motocicletas y los autocares con cinturones de seguridad y 80 km/h para los que carecen de ellos, las furgonetas y los camiones. El Gobierno explica que el principal objetivo de este cambio del artículo 48 del Reglamento General de Circulación es reducir la siniestralidad y situar la tasa de fallecidos por debajo de 37 por millón de habitantes (hace un par de años estaba en 39). También dice que se trata de reducir la diferencia de velocidad entre los vehículos de transporte de viajeros y mercancías y los turismos, esgrimiendo estudios que constatan que los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía -como los camiones con respecto a los coches y las motos- son más susceptibles de provocar un accidente, con una probabilidad hasta 6 veces mayor. Pretende, además, minimizar las consecuencias negativas de un siniestro: destaca que a menos velocidad menor es el impacto y que a más velocidad menor es el campo de visión y mayor la distancia necesaria para que el vehículo se detenga. Finalmente, busca converger con la mayoría de los países de la UE, recordando que Suecia y Holanda -a los que cita como referentes en seguridad vial- incluso tienen límites genéricos inferiores (70 km/h y 80 km/h). Estos son sus argumentos, pero ¿convencen? Sí -en general- a las asociaciones de víctimas, pero no a las de conductores.

  Stop Accidentes aplaude una medida “que no es popular pero que veníamos reclamando desde hace tiempo”, en palabras de su presidenta, Ana Novella, que perdió un hijo atropellado por un vehículo que invadió la acera debido al exceso de velocidad con el que circulaba. “Nuestra valoración es positiva porque es algo que viene de lejos -ya intentó ponerse en práctica 8 años atrás- y por fin se lleva a cabo, con la finalidad de que disminuya la siniestralidad y se salven vidas, no para fastidiar a nadie”. Dice que “está constatado que la velocidad mata” y que esa reducción de 10 kilómetros por hora “te da un mayor ángulo de visión” y “reduce la distancia de frenada”, una combinación que “ayudará a rebajar la cifra de siniestros y el número de víctimas”. La valoración es distinta para Automovilistas Europeos Asociados, cuyo presidente, Mario Arnaldo, aclara que “no estamos de acuerdo con la reducción de los límites genéricos de velocidad en lugar de analizar cada tramo de la red viaria”. Consideran que “se está desviando la atención de las verdaderas causas de los accidentes con muertos en las carreteras convencionales, fomentando la perezosa actuación de la Administración a la hora de investigarlas e intentar atajarlas”. Partiendo de que en este tipo de vías se producen casi 4 de cada 5 siniestros graves, acusan a la Dirección General de Tráfico de crear “un sofisma” y aseguran que no es cierto que la causa principal sea el exceso de velocidad: “Hay estudios científicos financiados por la propia DGT que demuestran solo lo es en un 2% de los casos, y lo que se está haciendo es confundir intencionadamente ‘velocidad excesiva’ con ‘velocidad inadecuada a las circunstancias’, que sería, por ejemplo, circular a 90 km/h con placas de hielo, con lluvia intensa o de noche por una carretera sin pintar”. También es para ellos “falaz” la aseveración de que “a menos velocidad hay menos muertos”: “Los datos de Fomento indican que la velocidad media a la que se circuló por estas vías en 2015 fue de 78,7 km/h y fallecieron 216 personas; al año siguiente, circulando a una media de 75,8 km/h se registró una veintena más de fallecidos”. En la Asociación se hacen la siguiente pregunta: si rebajar los límites genéricos de velocidad va a reducir el número de víctimas, ¿por qué los titulares de estas carreteras no lo han hecho antes? Recuerdan además que “ninguno de los países europeos con ese límite en 90 km/h presenta una tasa de muertos por millón de habitantes más baja que la de España”.

La conservación de la red viaria, clave

  En el acto de retirada de una de las últimas señales de ‘Prohibido ir a más de 100 km/h’, el director general de la DGT, Pere Navarro, animaba a los responsables de estas vías (Ministerio, Diputaciones, Gobiernos autonómicos o Ayuntamientos) a llevar a cabo mejoras y otras actuaciones en su diseño; y el director general de Carreteras, Javier Herrero, afirmaba que ya se están realizando. “No las suficientes”, afirman en Automovilistas Europeos Asociados, convencidos de que la alta siniestralidad en las carreteras convencionales tiene más que ver con el deterioro de su estado de conservación que con la velocidad: “Aquí no valen iniciativas que se lanzan con fuegos de artificio cuando lo que habría que hacer es analizar cada uno de los tramos de la red viaria para determinar en qué medida se debe a la falta de la inversión necesaria durante años”.

  Stop Accidentes coincide en que invertir en conservación es fundamental. Su presidenta recuerda que llevan “mucho tiempo” pidiendo que se solucionen las deficiencias en aquellas vías que no están en buen estado y se queja de que el problema es que las carreteras convencionales dependen de demasiadas Administraciones: “Vas circulando por un tramo que está perfecto y, en escasos kilómetros, te encuentras en otro que está hecho un desastre”, critica Ana Novella que, además de la reducción de los límites de velocidad, reclama que se articulen fórmulas para que cuando se invierta en arreglar una carretera “se arregle toda y no por tramos, en función de quién sea el titular”. En la Organización esperan que esta situación se corrija, como confían también en que “se haga realidad cuanto antes” la reforma del Código Penal que incluye el endurecimiento de las penas por imprudencias al volante o la creación de un nuevo delito por abandono del lugar del siniestro (se está tramitando en el Senado antes de remitirlo de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva). También esperan que se cumpla la previsión del Gobierno y que, a partir del verano, sea obligatorio asistir a clase un determinado número de horas para poder sacar el carnet de conducir, “porque no se aprende lo mismo repitiendo tests de forma sistemática que con las explicaciones que se dan en las autoescuelas”. Esta es una de las medidas incluidas en el borrador del Reglamento de Circulación en el que trabajan la DGT y el Ministerio de Interior, que además recoge un aumento de las multas por exceso de velocidad y cambios en el carnet por puntos, penalizando más el uso del móvil o el llevar niños sin el correspondiente sistema de retención infantil.

  Otra clave para Stop Accidentes es que la educación vial sea una asignatura obligatoria en los centros de enseñanza y que esté presente de forma transversal a lo largo de la vida educativa de los alumnos desde su escolarización, “para inculcarles valores de respeto y civismo, y para que conozcan las consecuencias de no seguir las normas”. Coincide Mario Arnaldo en la importancia de incluir la educación vial en el currículo desde la infancia, defendiendo que la apuesta por la investigación de las causas de los accidentes permitiría llegar a esa conclusión. Para él lo determinante es “investigar, planificar y contar con el presupuesto necesario para implementar medidas que frenen la siniestralidad en el asfalto”.

¿Afán recaudatorio?

  Desde la Dirección General de Tráfico dicen que ahora “lo difícil será hacer que se cumplan los nuevos límites genéricos de velocidad, por lo que van a ser necesarios más radares y más guardias civiles controlando”, en palabras de su máximo responsable. ¿Quiere esto decir que con esta iniciativa se pretende aumentar la recaudación? En Automovilistas Europeos Asociados aclaran que ellos no valoran intenciones, pero añaden que, “no sabiendo si lo que buscan es recaudar más, ese es el resultado que van a obtener”. Aseguran que el límite de 100 km/h está “muy arraigado en los conductores” y explican que, “si se pretende que los hábitos cambien de la mañana a la noche lo que va a pasar es que se van a disparar las multas”; hacen la siguiente reflexión: “Cuando el destinatario de los nuevos límites no percibe que las razones que se dan para imponerlos son creíbles no los va a respetar, por tanto, lo que se consigue no es más seguridad vial sino más recaudación”. Para Ana Novella, hablar de afán recaudatorio “es lo fácil, porque si atiendes a las normas y a los límites no te van a multar; respétalos y el Estado no recaudará, máxime cuando se publicita dónde están los radares; así de sencillo”. Stop Accidentes considera imprescindible que haya más agentes de la Guardia Civil de Tráfico patrullando las carreteras “porque eso hace que los conductores levanten el pie del acelerador, dejen el móvil, o se pongan el cinturón; es triste pero es así” -dice-, porque esas actitudes al volante siguen repitiéndose “y hay que vigilar, no ya por tu vida sino por la de los demás”.

  ¿Estamos suficientemente sensibilizados con una lacra que deja cada año un reguero de más de mil muertos y varios miles de heridos graves? Dice Mario Arnaldo que la Administración es la principal responsable de que se avance en esa sensibilización, “porque es desde ahí desde donde se debe liderar la lucha”. Ana Novella considera que todavía está muy extendida la idea de que “Eso nunca me va a pasar a mí”, lo que hace que no seamos conscientes de los riesgos que implica ponerse al volante sin pensar y sin respetar las normas: “Nueve de cada diez siniestros se producen como resultado de una mala conducción, y detrás de eso no está el vehículo sino la persona que lo lleva”. Reflexiones, todas ellas, a tener muy en cuenta.

P.S. El Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre. Puede consultarse en http://www.boe.es/eli/es/rd/2018/12/28/1514

“El sinhogarismo es una realidad todo el año, no solo en invierno, y podemos acabar con él”

Sinhogarismo es, según la Fundéu, un neologismo válido que hace referencia a la condición de la persona sin hogar. “Es un fenómeno complejo que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren, por lo menos 31.000 en España y 400.000 en Europa”, según RAIS, que lleva casi 21 años trabajando para que nadie tenga que vivir en la calle, con la convicción de que se puede conseguir: “Nos encantaría poder acabar mañana mismo con el problema y dejar de existir como organización, pero somos conscientes de que no es tan fácil y nos marcamos como meta lograrlo en 2028”, nos cuenta Gema Castilla, su responsable de Comunicación, que asegura que es posible “si se unen voluntad política, eficiencia económica y compromiso social” como ha sucedido en Finlandia. Para ello es fundamental que el sinhogarismo “esté en el centro de la agenda de los políticos, entre sus prioridades, algo que a día de hoy no sucede”, y pone como ejemplo el Plan Estatal de Vivienda, en el que las personas sin hogar no figuran como colectivo preferente, “cuando la solución pasa por ofrecerles una casa”.

Desde RAIS alertan de que “Es necesario poner en marcha políticas públicas encaminadas a erradicarlo, facilitando soluciones reales y efectivas y no parches como las campañas específicas contra el frío que acaban el 23 de marzo: ¿Qué pasa, que ese día deja de haber gente viviendo en la calle? No, porque el sinhogarismo está ahí en todas las estaciones, año tras año”. Tampoco creen en el actual sistema de atención como solución: “no nos conformamos con gestionar situaciones de exclusión social, apostamos por el desarrollo de metodologías innovadoras y por la evaluación del impacto que nuestro trabajo tiene en la vida de las personas”.

¿Cómo acaba alguien viviendo en la calle?

El sinhogarismo no es una cuestión individual, es un problema estructural: en el hecho de que una persona acabe viviendo en la calle tienen más peso la pobreza, el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda y la discriminación, que las decisiones que toma a lo largo de su vida. Si bien es cierto que cada una tiene su propia historia detrás y que la práctica totalidad responde a un patrón: en un período de entre 5 y 7 años, incluso menos, han sufrido varios episodios traumáticos encadenados; la muerte de uno o varios familiares, la pérdida de los ingresos económicos, un desahucio, problemas de salud mental, una separación de pareja, etc. Eso los aboca a vivir en la calle, y eso algo que se mantiene irremediablemente en el tiempo: los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (que son de 2012, “lo que demuestra lo poco que les importa a las autoridades conocer el problema”) indican que casi la mitad lleva más de 3 años en esa situación, con todo lo que ello supone. “Vivir en la calle mata”, las condiciones de vida de las personas sin hogar hacen que su salud física y mental se vea seriamente deteriorada: la tasa de mortalidad es tres veces más alta que la del resto -más todavía si hablamos de mujeres jóvenes-, tienen 30 años menos de esperanza de vida, el 30% sufre enfermedades muy graves y el 31% ha intentado suicidarse.

Con estas cifras y porcentajes en la mano, RAIS considera urgente desarrollar proyectos que garanticen su salud y apuesta por generar espacios específicos para atenderlos: “si tienes cáncer y necesitas quimioterapia, la recuperación resulta imposible si careces de un hogar; tampoco es asumible recibir cuidados paliativos cuando padeces una dolencia crónica. Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros les ofrecemos viviendas en las que puedan ser tratados, en las que superar la convalecencia de una operación o en las que pasar los últimos meses de vida de una forma digna”, explica Gema Castilla, añadiendo que “no tratan de suplir al sistema sanitario, sino hacer de puente entre él y las personas sin hogar”, una labor en la que echan en falta más implicación de las Administraciones. Y es que para la Fundación “es importantísimo que se garantice el derecho a la salud, también a la salud mental, un capítulo en el que en España todavía queda mucho camino por recorrer”.

Hay que abordar este fenómeno con ánimo de acabar con él

“El sinhogarismo en España se está gestionando pero no se trabaja para que desaparezca; los poderes públicos optan por poner parches o incluso tratan de taparlo, olvidando que la principal diferencia entre una persona que duerme en la calle y una que no lo hace es que esta última tiene un hogar”, por eso en RAIS defienden los albergues como soluciones de emergencia para situaciones que lo son, pero destacan que no pueden eternizarse en el tiempo como una salida “porque no lo son”: y es que, después de tantos años, “ha quedado demostrado que no han servido para erradicar este fenómeno”.

¿Por qué muchas personas sin hogar dicen no a los establecimientos colectivos? Nos explican que tres de cada cuatro plazas en albergues están orientadas a estancias temporales, en la mayor parte de los casos de apenas unos días; que estas personas cuentan con un sitio propio en la calle y que, cuando se vean obligadas a volver, probablemente lo habrán perdido. Destacan que no se les permite llevar todas sus pertenencias, mucho menos las mantas y los cartones que usan para combatir el frío; que no pueden entrar con sus mascotas, esos “amigos” que les ayudan a sobrellevar la parte más dura de la vida al raso: la soledad; que tampoco se les permite dormir en pareja, si la tienen; y que si padecen alguna adicción, derivada en muchas ocasiones de la dura situación que atraviesan, no pueden hacer uso de estos establecimientos; además, los usuarios denuncian que la violencia y los robos se multiplican. “No se les están facilitando las alternativas adecuadas, afirma, porque cuando les ofreces una vivienda -individual o compartida- nunca dicen no”. Lo han comprobado con sus programas Hábitat o Housing Led, en los que el 85% de los participantes mantiene su casa. Housing Led es un programa de casa compartida temporalmente dirigido a gente más autónoma que tiene algunos ingresos, que no ha tenido por qué pasar mucho tiempo en la calle, y que está en el último paso para ser plenamente autosuficiente. Pero de lo que están “especialmente orgullosos” es de haber puesto en marcha Hábitat, basado en la metodología Housing First, que está funcionando en Finlandia y en EE.UU., donde empezó: se les facilita una vivienda individual y apoyo personal en función de sus necesidades -gracias a un equipo que hace de enlace entre los beneficiarios del programa, los servicios sociales y sanitarios, la comunidad- y se implanta con una vocación normalizadora para que creen vínculos allí donde residen y puedan tener una vida más inclusiva. RAIS es la primera organización que lo pone en marcha en España y espera que cunda el ejemplo.

En la Fundación también ponen el acento en que la vida de las personas sin hogar está muy marcada por el paro de larga duración, siendo el empleo una de las herramientas que les puede permitir ser autónomos: “no les garantiza que vayan a salir del sinhogarismo, porque los salarios precarios obligan a muchos a seguir en la calle a pesar de trabajar, pero sí aumenta sus posibilidades de superarlo”. Y esa es otra de sus líneas de actuación: ayudarles a reincorporarse o a entrar en el mercado laboral proporcionándoles la formación necesaria o actualizando la que ya tienen; echándoles una mano en cuestiones tan elementales como elaborar un currículum y enviarlo, facilitándoles una dirección y un teléfono en los que puedan contactar con ellos, etc. Porque, víctimas de la precarización y la pobreza, se han vuelto invisibles, para los suyos y para la propia sociedad. Se quejan en RAIS de que en España siempre ha existido “una visión muy asistencialista y caritativa, cuando el problema va mucho más allá de proporcionarle a las personas sin hogar una manta, un lugar donde dormir unas noches, o de darle un par de euros”, y advierten a los poderes públicos de que mantener a una persona en la calle “es mucho más caro que ofrecerle una vivienda, el doble o incluso el triple en algunas ciudades”. Por eso les exigen “un cambio de perspectiva y que centren los esfuerzos donde deberían hacerlo”.

Luchar contra la aporofobia

El 47% de las personas que vive en la calle ha sido víctima de delitos de odio: insultos, vejaciones, agresiones físicas, violencia sexual, etc., y, en ocasiones, acaban siendo asesinados. Casi 9 de cada 10 agresiones no se denuncian y en casi el 70% de los casos los testigos no hacen nada, “algo que como sociedad debería dolernos”, sentencia Gema Castilla. Relata que no denuncian porque han perdido la confianza en el sistema, porque piensan que su palabra no vale nada y que no los van a creer: “llegan a cosificarse a ellos mismos y a verse como parte del mobiliario urbano” y, en parte, tampoco dan el paso por miedo a que el agresor vuelva para rematarlos. Cuentan en RAIS que la gente los ve como potenciales agresores cuando la mayoría de las veces son las víctimas y piden ahondar en el trabajo de sensibilización de la ciudadanía, recordando que “un porcentaje muy alto de las agresiones las protagonizan jóvenes que están de fiesta”; demandan que se reforme el Código Penal para que se considere la aporofobia (el miedo al pobre y desamparado por el mero hecho de serlo, que degenera en odio) una agravante y así se incrementen las penas. Recuerdan que el Senado dio luz verde hace unos meses por unanimidad a la toma en consideración de una proposición de ley de Unidos Podemos en esa dirección que ahora se tramita en el Congreso, y reclaman además una Ley Integral contra los Delitos de Odio que tenga en cuenta al colectivo de personas sin hogar.

“Es un trabajo de toda la sociedad en el que, por supuesto, hay que incluir a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben transmitir la confianza necesaria a quien vive en la calle para que no dude en acudir a ellos cuando los necesite”. RAIS lidera el Observatorio HATEnto de delitos de odio contra las personas sin hogar y ha creado una oficina virtual para que víctimas y testigos denuncien, para visibilizar el problema. La Fundación pone también énfasis en la importancia del lenguaje que se usa “porque en el imaginario colectivo no figura persona sin hogar sino vagabundo, indigente o mendigo, a pesar de que el porcentaje de mendicidad es muy bajo. Son etiquetas que no solo no describen su realidad sino que los culpabilizan de su situación y les quitan la dignidad que todo el mundo merece”, y llama a hacer fuerza en el lenguaje hablando de sinhogarismo para dejar claro que “es un problema estructural, no individual”.

En RAIS saben que el recorrido que les queda por delante es todavía largo y que ellos solos no pueden recorrerlo, “porque acabar con este fenómeno es un esfuerzo colectivo”; de ahí que, agradeciendo el apoyo de todos los que colaboran con ellos, hagan una llamada a que se les unan cada vez más. Dicen que en 20 años su trabajo ha cambiado porque han ido logrando avances, pero consideran “una muy mala noticia” que dos décadas después haya gente que ha empezado con la Fundación y sigue teniendo vínculos con ella. Una aclaración: a quienes les preguntan si con el estallido de la crisis atienden a más personas sin hogar les responden que “la gente que vive en la calle ya estaba en crisis antes de la crisis”.

P.S. Puedes firmar ahora su petición para conseguir que nadie viva en la calle en www.raisfundacion.org/encerrados, porque por lo menos 31.000 personas viven en España “encerradas en la calle por la indiferencia, la desigualdad y el odio”.

La fotografía es de ©Jordi Vidal, y en ella aparece, la segunda por la izquierda, Macarena, que vivió más de 20 años en la calle, acompañada de una amiga y de dos compañeras de RAIS.