Dieciséis años ya se han cumplido este mes de abril del asesinato de José Couso en Bagdad, en los primeros días de la invasión estadounidense de Irak que acabó con la caída de Sadam Hussein, y su familia no ceja en el empeño de conseguir ‘justicia, verdad y reparación’, derechos que viene reclamando desde entonces en cada aniversario, en cada acto de homenaje y en cada foro en el que les han dado voz en España y en otros países. ¿Qué es lo que les da fuerza para seguir luchando después de tanto tiempo? “Lo que nos mueve es el deseo de que se haga justicia, porque creemos en ella igual que en la verdad y en la libertad de información, valores que es necesario defender: sin prensa libre no hay democracia y nosotros creemos en la libertad y en la democracia, por lo tanto vamos a mantener la batalla mientras nos quede un soplo de vida”, responde Rafael Permuy López, uno de los tíos del cámara nacido en Ferrol que lo recuerda con orgullo como “un gran periodista, fiel cumplidor de su deber de informar, que fue asesinado en el acto de servicio propio de todo buen reportero que es dar fe de lo que está ocurriendo”, porque eso era lo que hacía en la capital iraquí, como ya había hecho antes en otras zonas de conflicto como Kosovo o Macedonia: “José no estaba en un balcón viendo la guerra, como un día me sugirió un antiguo coronel al que le dije que mi sobrino estaba allí transmitiendo lo que pasaba para que él y todos los demás se enterasen, nos enterásemos, y por esa razón lo mataron”. El día antes del crimen un ataque iraquí mataba al periodista español Julio Anguita Parrado, la prensa española se reunió entonces para ver qué hacer, y quienes lo vivieron destacan que José Couso fue de los que defendió quedarse sosteniendo que tenían que contar la historia completa, pues sin testigos nadie le contaría a la gente la suerte que corría la población iraquí. “Lo asesinaron porque, como el resto de la prensa, era una mirada incómoda”, afirma su tío; pero también lo dejó por escrito en uno de sus autos el juez Pedraz, que hizo todo lo posible para que los responsables fuesen juzgados: ‘Hubo un plan de EEUU para evitar que los numerosos medios de comunicación con enviados especiales en Bagdad informasen sobre las operaciones en curso en la toma de la ciudad’.

El recorrido judicial de un ‘crimen de guerra’

Aquel 8 de abril de 2003 las tropas estadounidenses dispararon contra la sede del canal de televisión Al Jazeera, contra la de Abu Dhabi TV y contra la planta 15 del Hotel Palestine, donde era por todos sabido que se alojaba la prensa internacional, por recomendación del propio Pentágono. Hubo 3 muertos: el jordano Tarek Ayub, en el ataque a la oficina de Al Jazeera, y en el ataque al hotel el cámara ucraniano de Reuters Taras Protsyuk y José Couso que, mientras pudo, repitió que habían sido los americanos. Ellos no lo negaron pero descartaron cualquier responsabilidad penal de sus soldados explicando que actuaron en respuesta a un posible ataque, algo que desmontó el magistrado de la Audiencia Nacional: “El proyectil que mató a mi sobrino fue disparado por un carro de combate desde el que prácticamente se podía ver el blanco de sus ojos”, asegura Permuy, y lo sabe muy bien, ya que fue comandante del Ejército. Y sus palabras cuentan con el aval de Santiago Pedraz que pudo comprobar in situ, ocho años después, que desde el puente sobre el río Tigris -donde el tanque permaneció horas apostado- se veía perfectamente el Palestine, y con el de los peritos que confirmaron que quienes allí estuvieron apuntando al establecimiento durante por lo menos diez minutos, según los informadores en la zona, ‘podían apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en las ventanas y balcones y los objetos que portaban’, como recoge el auto judicial. Que sabían a quién disparaban también lo demuestran las declaraciones de la entonces sargento de Inteligencia Militar Adrienne Kinne quien, tras ver una lista de posibles objetivos militares que incluía el Hotel Palestine, le recordó a su oficial superior que allí había periodistas alojados que pensaban que estaban a salvo; él le respondió que su trabajo era recopilar la información, no analizarla. “El juez pidió que viniese a declarar a España y por conducto no regular, le comunicaron que estaba aterrorizada porque había recibido presiones y graves amenazas”, relata Rafael Permuy.

Hasta en tres ocasiones procesó el magistrado a los tres militares que dieron la orden de disparar, la transmitieron y efectuaron el disparo -el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson-, llegando a imputar a dos oficiales superiores como supuestos ejecutores de esa táctica para silenciar a la prensa; la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, archivó en dos ocasiones el caso como ‘un acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado’, pero el Tribunal Supremo ordenó reabrirlo otras tantas veces hasta que, en 2014, el PP aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se reformó la jurisdicción universal, “lo que vino muy bien a los intereses económicos de España al aplacar a las autoridades chinas, muy molestas por la imputación de varios dirigentes por el genocidio del Tíbet”, apunta el tío del cámara de Telecinco. Santiago Pedraz se negó a archivar el caso al entender que los tratados internacionales firmados por España obligan a perseguir a los criminales de guerra allí donde estén, y la Audiencia Nacional le permitió seguir investigando hasta que se pronunció el Tribunal Supremo, dejando claro que los magistrados españoles solo tienen competencia para investigar y enjuiciar delitos cometidos en el extranjero si el procedimiento se dirige contra un ciudadano español o contra un extranjero residente habitual en España. La familia Couso Permuy se queja de que los convenios internacionales ratificados por el Estado, el derecho internacional, “son ahora papel mojado, y eso es muy triste y duro para nosotros”; añade Rafael Permuy López que “hay un principio jurídico fundamental con respecto a la entrega de nacionales a otros países que dice que ‘o juzgas o entregas’, y en el caso de José ni se juzgó a los presuntos asesinos en su país ni se los entregó a España; no hubo colaboración con la justicia española” a pesar de que existe un convenio de asistencia jurídica mutua: “EEUU no se somete al derecho internacional humanitario, al derecho de la guerra, quiere la impunidad para sus tropas y se ha demostrado lo que yo le dije en su día al entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy: que somos sus súbditos no sus aliados, que cumplimos sus deseos y mandatos”. Es más, recuerda haberle dicho que estaba convencido de que si hubiese sido él el oficial que hubiese dado la orden de matar a un informador estadounidense, su cabeza estaría en bandeja de plata en la mesa del Despacho Oval de la Casa Blanca.

Hace cuatro años, el juez Pedraz se veía obligado a proponer el cierre del caso y así lo señalaba en su auto: a pesar de que ‘existen suficientes indicios racionales contra los tres militares procesados, este crimen de guerra va a quedar impune’. Los familiares recurrieron al Supremo, que confirmó el sobreseimiento en 2016; acudieron entonces al Tribunal Constitucional por indicios de inconstitucionalidad en la reforma de la jurisdicción universal, al no haber una tutela efectiva y no ser todos iguales ante la ley y al ignorar la Convención de Ginebra, que en su artículo 146 apunta: ‘los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones consideradas graves y hacerlas comparecer ante sus tribunales sea cual fuere su nacionalidad’. Llevan dos años esperando su decisión y repiten que “La esperanza es lo último que pierde”, argumentando que “el hecho de que no se le haga justicia a un ciudadano español dejando un crimen impune echa por tierra la reforma de la justicia universal”, por eso consideran posible que el Constitucional “se decida a defender” los derechos fundamentales de un nacional. En caso contrario, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Todos los partidos se comprometieron a revisar la reforma”

La familia Couso Permuy no tiene dudas de que si se ha llegado a esta situación es por intereses económico-comerciales y por falta de voluntad política: afirman que los papeles que filtró en su día Wikileaks (de nuevo de actualidad por la “preocupante” detención de su fundador, Julian Assange) les dieron la razón al demostrar que los Gobiernos españoles -de un color o de otro- no solo les dieron la espalda, no exigiendo a EEUU una investigación independiente y no condenando el asesinato de José, “sino que maniobraron para impedir que se hiciera justicia, y eso dice muy poco de ellos”. Rafael Permuy tiene dos frases clavadas que no olvida: la pronunciada por la entonces ministra de Exteriores -Ana Palacio- afirmando que el asesinato del informador ferrolano no tenía entidad, y la que pronunció la que en aquel momento era vicepresidenta -María Teresa Fernández de la Vega- asegurando que los intereses de Estado estaban por encima del crimen.

Con la vista puesta en el futuro, les recuerda a los partidos políticos que en las reuniones que mantuvieron con los grupos parlamentarios a finales del año pasado todos, también el PP, se comprometieron a desbloquear la revisión de la reforma de la justicia universal (ERC presentó en 2016 una proposición de ley en ese sentido pero no hubo avances a lo largo de la Legislatura, ya finalizada): “Tenemos esperanzas pero somos realistas porque cuando las formaciones que prometen lo que es de justicia llegan al Ejecutivo, los principios políticos quedan eclipsados por todo tipo de intereses”. Eso sí, el verbo rendirse no aparece en su vocabulario, llevan dieciséis años luchando y van a continuar haciéndolo hasta lograr ‘justicia, verdad y reparación’: “A José lo asesinaron por mostrarnos la realidad de aquella invasión ilegal -el Consejo de Seguridad de la ONU nunca autorizó el uso de la fuerza en Irak-; su objetivo en aquel momento era apagar la información y la prensa libre y por eso nuestro deber es también seguir reivindicando esa libertad de información”.

Para eso se creó el Premio José Couso, que conceden el Club de Prensa de Ferrol y el Colexio de Xornalistas de Galicia, que en esta décimo quinta edición ha recaído en el colectivo DefendeAGalega, trabajadoras y trabajadores de la Corporación Radio e Televisión de Galicia que reivindican unos medios públicos libres de manipulación y realmente independientes, “símbolo de una pelea pacífica y tenaz que desborda los límites de la televisión y la radio públicas y que ha involucrado no solo a toda la profesión sino al conjunto de la sociedad gallega’, según se recoge en el acta de concesión del galardón. Esta semana cumplen 50 Venres Negros de protestas, y precisamente es el próximo viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuando se les hace entrega del galardón. “Un merecido reconocimiento”, en palabras de Rafael Permuy que, como veterano periodista que es, no se cansa de repetir que “Tenemos que velar por la libertad de información y porque el nombre de José sea abanderado en esto”, como ya lo era antes de que lo asesinasen en su forma de informar y de entender su profesión.