Por fin el Aita Mari y su tripulación han llegado a su ‘destino forzoso’ -las islas griegas de Lesbos y Quíos-, pues su pretensión inicial era, y sigue siendo, la de ayudar a salvar vidas en el Mediterráneo Central, en la teórica área de búsqueda y rescate de Libia, un país más centrado en el caos de una guerra que parece no tener fin que en socorrer a quien está en apuros. De un tiempo a esta parte ha quedado claro que ni a la UE ni a los Estados miembros les interesa permitir que haya observadores independientes en esa zona “por mucho que ahora, que estamos a las puertas de los comicios de mayo, lancen mensajes de ‘Europa acoge’ o ‘Europa refugio’: yo invito a los publicistas que idean esas campañas a que vayan a las islas del Egeo para conocer de primera mano las condiciones en las que malviven las 15.000 personas que esperan allí a que se resuelvan sus solicitudes de asilo y para que comprueben in situ cómo se les está citando para 2023 para realizar la entrevista”, relata Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG propietaria del barco. Traslada la invitación a los publicistas porque tiene claro que quienes pagan esas campañas, los partidos y sus dirigentes, “conocen la situación al detalle; como también saben cuántas embarcaciones se hacen a la mar cargadas de migrantes que buscan salvar la vida, el número de personas que se quedan por el camino y las penurias que sufren los que están retenidos en los campos libios de detención ilegal”.

La ayuda ya ha sido descargada

Después de una travesía marítima de 6 días, los tripulantes del Aita Mari descargaban entre ayer y hoy la ayuda humanitaria que han llevado a Lesbos y a Quíos, donde trabajan sobre el terreno desde hace más de 3 años: material médico básico -vendas, antisépticos, permetrina para combatir los piojos y la sarna- absolutamente necesario porque empieza a escasear, ya que el programa del Gobierno heleno para la acogida de refugiados se ha agotado y el próximo está tramitándose todavía; también complementos alimenticios para los más pequeños, y productos higiénicos como pañales o compresas para los que allí hay una demanda constante; con ellos llevaron además un cargamento de ropa nueva que les entregaron en Palma de Mallorca, su última parada obligada antes de partir rumbo al Egeo. Así nos lo cuenta Íñigo Mijangos.

Esperan recibir lo antes posible la autorización de las autoridades griegas para que su buque pueda operar como barco-hospital, porque está dotado con el equipamiento necesario para serlo: explica que en los campos de refugiados de la zona llevan tiempo prestando cuidados de Atención Primaria, centrándose en la salud bucodental “de la que no se ocupa nadie”; lo hacen con la colaboración de dentistas locales pero eso les supone un alto coste y, lo más importante, casi no tienen voluntarios de la zona para ocuparse de esa labor “por la intimidación de la comunidad a quienes ayudan a los refugiados en una isla en la que el rechazo a los migrantes es prácticamente total, la solidaridad apenas se deja ver y los que la practican están sometidos a una continua presión”. Lo sabe bien el presidente de SMH porque, como el resto de voluntarios de la ONG, lo ha experimentado desde el primer día: “La criminalización que sufrimos aquí nos parece un chiste comparada con la que tenemos que padecer en Quíos, donde a mí me han hecho de todo”.

“Ha habido una intervención política para retrasar nuestra partida”

Criminalización, sí, que vienen sufriendo por parte de las autoridades europeas las organizaciones humanitarias que han realizado o pretenden realizar rescates en el Mediterráneo de los que se deberían ocupar sus servicios de salvamento: “pero ya hemos llegado a un punto en el que no solo se nos considera criminales por actos que según ellas sostienen contribuyen a generar un efecto llamada cuando no es así -asegura Íñigo Mijangos-, sino que nos criminalizan por la actividad que ellas creen que pretendemos llevar a cabo, e intentan explicarte que ‘como vas a hacer algo distinto a lo que estás diciendo te bloquean preventivamente’. Es una criminalización en base a algo que ellas sospechan no sé por qué porque nosotros en ningún momento les hemos dado pie para que crean que vamos a cometer un acto de desobediencia civil”, y aclara que nunca han desobedecido ninguna de las órdenes que han recibido desde que trabajan en Grecia, aún cuando reconoce que ha habido ocasiones en las que no les gustaban las que estaban dando. Por eso no entiende que ahora la Administración española presuponga que van a hacer algo distinto a lo que han declarado en los documentos viendo que les sería imposible rescatar vidas, como era su intención.

Denuncia que desde finales de octubre de 2018 hasta la semana pasada todo fueron obstáculos por parte del Gobierno para impedirles dirigirse al Mediterráneo Central y el presidente de Salvamento Marítimo Humanitario añade que “probablemente también le molesta que estemos en el Egeo porque, aunque la situación allí es menos sangrante, metemos en dedo en la llaga”, pero apunta que “no le ha quedado más remedio que aceptar” por la presión de la sociedad civil. Recuerda que todo empezó con el retraso en la expedición de los certificados de navegabilidad del barco, al que siguieron problemas en las inspecciones en teoría rutinarias; después la Capitanía Marítima de Pasaia les negó el despacho para partir alegando que no cumplían los requisitos para transportar a mucha gente -pensando en los rescates-; así las cosas, y para agilizar la partida, en febrero decidían cambiar su labor de socorro por la de ayuda sanitaria y el mes pasado partían hacia A Coruña; hace un par de semanas pusieron rumbo a Lisboa y el Gobierno portugués los autorizó a salir con destino a Quíos y Lesbos; cuando se encontraban en el Estrecho de Gibraltar, la Autoridad Marítima española los obligaba a dirigirse al puerto de Palma de Mallorca para darles un nuevo despacho “cuando ya disponíamos de esa autorización”. Íñigo Mijangos afirma que el despacho que se les dio “es una joya, con más de la mitad de la documentación llena de avisos y advertencias de lo que puede pasarnos si la incumplimos, con sanciones que pueden llegar a los novecientos mil euros”.

En su opinión, ha quedado patente que ha habido una intervención política para retrasarlo todo: “Cada uno que se retrate en este periplo de la vergüenza, con un esfuerzo permanente de las autoridades por frenar el Aita Mari bajo la premisa de que nosotros a lo que vamos es a causar problemas, cuando lo que pretendemos es resolverlos”. Y le parece cuando menos curioso que se les criminalice a ellos que no tienen ningún proceso abierto en los tribunales “cuando la Administración sí que lo tiene”.

“No nos rendimos, queremos poder realizar labores de salvamento”

Hablando con él no quedan dudas de que su intención “sigue siendo la de poder trabajar sin ninguna restricción, no solo quedarnos en el Egeo, porque entendemos que la negativa a darnos la autorización responde a una decisión política tomada escudándose en unos supuestos argumentos técnicos que no se sostienen”. Por eso la han recurrido por vía administrativa y también por vía judicial, al entender que se están conculcando derechos fundamentales, y estudian denunciar el último episodio de parada obligada en Palma cuando “teníamos todos los papeles en regla. Es como si cada vez que sales de casa tienes que firmar antes una declaración jurada garantizando que no vas a delinquir”. Íñigo Mijangos destaca además como “surrealista” lo que vivieron en Mallorca, teniendo que trasladar la ayuda humanitaria que habían recogido en tierra en lancha a unas tres millas de la costa, donde habían tenido que fondear porque en el puerto comercial “español y pagado con los impuestos de los españoles” no podía entrar “un barco de bandera española” ya que estaba allí atracado el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, “militar y extranjero”, con unos 6.000 efectivos a bordo.

Están dispuestos a luchar lo que haga falta para conseguir su objetivo de poder prestar ayuda en la zona más mortífera del Mediterráneo Central, en la que desde principios de enero y hasta mediados de este mes de abril se contabilizaron por los menos 250 muertes, y saben que para eso son fundamentales los voluntarios que sostienen sus misiones: médic@s, enfermer@s y otros profesionales sanitarios; personal de logística, tripulación para el barco y rescatadores para cuando les sea posible llevar a cabo los trabajos de socorro; y “como por cada persona que trabaja sobre el terreno se necesitan cinco aquí” -aclara-, también personal administrativ@ y gente para recaudar fondos, ocuparse de la gestión de eventos y centrarse en esa labor de sensibilización tan importante para ellos como la asistencial; y, por eso, porque tod@s somos necesari@s, abren los brazos “a cualquiera que tenga algo que aportar”. No quiere olvidarse de los socios, sin los cuales sería imposible alcanzar los entre 700.000 y 800.000 euros anuales que necesitan para mantener el proyecto, que cubren gracias a la aportación que reciben del Gobierno vasco y, sobre todo, de donaciones particulares, de pequeños ayuntamientos y también de empresas: “Es un esfuerzo muy grande que hay que sostener en el tiempo y todo ayuda; ya sabes eso que dicen de que un grano no hace granero pero ayuda al compañero”, concluye el presidente de Salvamento Marítimo Internacional.

P.S. Todo lo que queráis saber de Salvamento Marítimo Humanitario lo tenéis en la web https://www.smh.eus, en la que también os indican los pasos para colaborar con la organización, como voluntari@s o como soci@s.

P.S. En este 23 de abril, Día del Libro, aprovecho para dejaros una interesante propuesta: “Libya Close up”, una visión de la guerra civil libia construida a partir de 84 imágenes de Ricardo García Vilanova, que cubrió durante medio año el conflicto, complementada por textos del periodista Félix Flores. Una obra publicada para que el fotoperiodista freelance, que estuvo secuestrado por los rebeldes en Siria con el también informador Javier Espinosa, pudiese cubrir los gastos a los que no pudo hacer frente durante sus 194 días de cautiverio.