Acerca de vocesautorizadas

Una periodista que sigue queriendo hacer aquello a lo que nunca renunció: servir de altavoz a toda la gente que, como yo, está dispuesta a luchar para que las cosas cambien para tod@s

“Seis años después, seguimos repitiendo que esas muertes no pueden quedar impunes”

Armand, Blaise, Daouda, Jeannot, Keita, Larios, Luc, Oumarou, Ousmane, Roger Chimie, Samba, Youssouf, Yves y un compañero cuyo nombre se desconoce morían el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí del Tarajal bordeando el dique fronterizo con Marruecos. Por lo menos catorce personas muertas tras utilizar los guardias civiles desplegados en la zona material antidisturbios para tratar de disuadirlas: lanzaron ciento cincuenta y cinco pelotas de goma y cinco botes de humo y dispararon trescientas cincuenta y cinco salvas de fogueo, según una de las organizaciones pro derechos humanos que ejerce la acusación popular, Coordinadora de Barrios (las otras son CEAR, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos, Comité René Cassin y Observatori de Drets Humans). “Cuando te disparan te bloqueas. Te paralizas, no te puedes mover. Te hundes”, contó en su día una de los dos supervivientes que prestaron declaración ante la instructora del caso. Seis años después el periplo judicial continúa, moviéndose hasta el momento entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la Ciudad Autónoma, que ya ordenó reabrirlo en dos ocasiones argumentando que no se había agotado la investigación, llegando incluso a afirmar que se había decretado el archivo “sin realizar el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”.

En septiembre del año pasado, la titular de ese Juzgado número 6 acordaba procesar por los delitos de homicidio imprudente con resultado de muerte y denegación de auxilio a los mandos y agentes de la Guardia Civil investigados, dieciséis en total: en el auto decía que su actuación “pudo contribuir” a las muertes por ahogamiento, que pudo haber “falta de proporcionalidad” y que había indicios de que no socorrieron a las personas que se encontraban en el mar “con riesgo vital”. La Fiscalía pidió de nuevo el archivo y apenas un mes después la misma jueza decretaba el sobreseimiento de la causa por tercera vez: explicaba que lo hacía “exclusivamente” en aplicación de la llamada doctrina Botín que indica que, en casos como este, no puede abrirse juicio oral si no acusan ni el Ministerio Público ni la acusación particular, aunque sí lo haga la popular. Las asociaciones que ejercen esa acusación popular recuerdan que en este caso no hay acusación particular pese a que familiares de seis de las víctimas han tratado varias veces de personarse en la causa, siendo su solicitud rechazada: la primera instructora alegó que no habían aportado los originales de los certificados de nacimiento de los fallecidos sino fotocopias y cuando lo hicieron no recibieron respuesta; el año pasado volvieron a intentarlo pero la nueva jueza determinó que el tema ya se había resuelto en su día. La acusación popular recurrió -también lo hicieron la Fiscalía y las defensas, pidiendo que se entre en el fondo de la cuestión y se deje claro que los investigados no cometieron delito alguno, como ellas sostienen- y se está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie.

Siguen reclamando verdad, justicia y reparación

Estos días Ceuta, Madrid, Jerez, Logroño, Pamplona, Durango o Frankfurt acogen actos en memoria de los por lo menos catorce muertos. Actos convocados y apoyados por numerosos colectivos, entidades y particulares que quieren enviar un mensaje: que van a seguir exigiendo justicia, que no piensan desistir y que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que no haya impunidad”. Así nos lo ha contado Laura Ganado, del equipo organizador de la VII Marcha por la Dignidad que -secundada por alrededor de ciento cincuenta asociaciones- recorrerá este sábado día 8 la Ciudad Autónoma para reclamar una vez más “verdad, justicia y reparación”.

El lema de este año es ‘Frente a vuestros muros creamos puentes’ y ella misma nos lo explica: “Muros físicos, porque se ha estado hablando mucho de las concertinas, de quitarlas del lado ceutí mientras las refuerzan en el lado marroquí; pero también muros mentales, porque se ha multiplicado el discurso de odio, xenófobo y racista. Y puentes porque, como respuesta, no nos cansaremos de tenderlos y de crear lazos de unión con los inmigrantes, dándoles una acogida digna y uniendo nuestras voces en marchas como esta con un objetivo común, que no es otro que defender los Derechos Humanos”. Quieren que el sábado se visibilice en Ceuta que “somos miles las personas que seguimos defendiendo la justicia, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la convivencia, el respeto y la dignidad de quienes tratan de escapar de la miseria y de las guerras”.

Dice Laura Ganado que las políticas migratorias españolas y europeas han estado marcadas en los últimos años por la externalización/subcontratación del control de fronteras, dejando a su suerte a las decenas de miles de personas que se han echado -y seguirán echándose- al mar para sobrevivir. Pero también tiene claro que una parte de la sociedad civil, en la que se incluyen voluntarias y voluntarios -como ella- de numerosas organizaciones, asociaciones y colectivos, así como otros muchos miles de ciudadanos, va a continuar con la lucha para reclamar un cambio radical que permita que esa cifra de la vergüenza que es la de los muertos en el Mediterráneo deje de incrementarse: desde 2014 hasta el 31 de diciembre pasado la Organización Internacional de las Migraciones contabiliza por lo menos 19.164 fallecidos, 1.283 de ellos el año pasado. Y eso sin contar a los desaparecidos cuyas muertes no se han podido ni se podrán nunca verificar: 413 solo en 2019.

“Nos hace sentir mucho más útiles en este mundo sin sentido”

Contentos y emocionados por haber podido compartir tantas risas y alegrías, satisfechos, pero también agotados, física y mentalmente, teniendo claro -eso sí- que en cuanto puedan volverán a compartir su trabajo con aquellos que más lo necesitan. Como acaban de hacer en Líbano, de donde los artistas voluntarios de Payasos Sin Fronteras han vuelto “con el corazón lleno” después de una gira en la que han actuado para casi cuatro mil personas, la mayoría niñ@s refugiados sirios, con un total de quince espectáculos. Hablamos de un país de algo más de cuatro millones de habitantes que es el que acoge más refugiados per cápita del mundo -más de un millón cuatrocientos mil entre sirios y palestinos, según la ONU, casi un millón ochocientos mil, según las autoridades locales- que atraviesa una dura crisis económica, a la que desde hace más de tres meses se suma una crisis social y política sin precedentes, a la espera de que el Parlamento ratifique un nuevo Gobierno que no tiene el apoyo del pueblo, como demuestran las movilizaciones que siguen tomando las calles.

  Protestas contra la corrupción que les obligaron a cancelar la primera actuación que tenían prevista al suspenderse aquel día las clases, aunque rápidamente buscaron una alternativa, porque estaban allí para llevar la risa a la mayor cantidad de gente posible. La mayoría había estado antes en Líbano y Luara Mateu Trías nos ha contado que ahora “todo parece menos estable y, con los tanques en pleno centro de la capital, hay menos sensación de seguridad que entonces”. También encontraron más deteriorados los campos de refugiados y las pocas actuaciones que pudieron hacer en ellos -casi todas fueron en escuelas- les resultaron muy chocantes: en uno había dos palmos de lodo, les costó actuar y acabaron de barro hasta las rodillas porque ni siquiera había palés con los que acondicionar una zona, algo con lo que antes sí contaban las organizaciones que trabajaban allí; en otro tuvieron que actuar en un centro social porque no era posible hacerlo fuera. Luara Mateu nos explica que el grupo salió del país con la sensación de que “no solo la situación no ha mejorado con el paso de los años ni se han encontrado soluciones sino que cada vez hay más gente con las mismas carencias. Nosotros hemos hecho lo que habíamos ido a hacer, pero esas personas necesitan otro tipo de ayuda que no les está llegando”.

  De lo que han hecho allí, de cómo lo han vivido, hemos hablado: de sentimientos, de sensaciones encontradas y de lo gratificantes que son experiencias como esta “que no se pagan con dinero porque nos hacen sentir mucho más necesarios y útiles en este mundo sin sentido en el que estamos, en el que la risa es imprescindible para sobrevivir”.

  Aclara que el espectáculo no solo lo conforman ellos, los payasos, sino también los espectadores, “sin los cuales no somos nada” y, recordando una actuación en la que la meteorología les jugó una mala pasada y acabaron calados hasta los huesos, destaca esta frase escrita en el cuaderno de bitácora de Payasos Sin Fronteras: “Lo que el alma vive en aquel momento, los aplausos de aquellos niños, no se secan tan rápido como el agua ni se olvidan tan rápido como el frío”.

  Ya en casa, acatarrada, nos cuenta que la sensación al regresar es la de que te bajan todas las defensas y nos explica que se necesita un tiempo para adaptarse: “Nosotros llegamos un día y al siguiente tuvimos un bolo; para mí fue tremendo porque es como si estuviese medio grogui y sé que no es solo una cuestión física sino, sobre todo, mental”. Aun así, asegura que todos los que participan en alguna de las expediciones quieren repetir, “porque nunca te has sentido tan realizada como cuando actúas para gente que vive realidades tan difíciles”. Más todavía sabiendo que la risa reduce la sintomatología del estrés postraumático en niñ@s que han sufrido una guerra: hace mucho que ellas y ellos lo sabían -“solo tienes que verles la cara”- pero desde hace un tiempo existe la evidencia científica de que eso es así, constatado por la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

  Luara Mateu será una de las que participe en la próxima expedición, a Etiopía, el mes que viene. A Líbano ha ido con su padre, Tortell Poltrona, con quien para ella es mágico trabajar “porque en el lenguaje de payaso se crean unas sinergias que, después, puedes extrapolar a tu vida personal”, aunque también reconoce que ese vínculo familiar “hace que sea más duro vivir situaciones que, a veces, te superan”. Se queda con lo positivo y dice que aprenden mucho el uno del otro: “Él, que es gato viejo, siempre tiene cosas que enseñarme, pero también yo lo sorprendo con una visión más fresca al ir sin armadura cuando él va más que concienciado de no crear vínculos”. De familia de payasos, está orgullosa de pertenecer a un mundo, el del circo, en el que no se trata de competir sino de luchar por un objetivo común: hacer reír. En Líbano, en Etiopía, en Burkina Faso, En Ucrania, en Colombia…y también, ¡claro!, aquí en España.

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  P.S. Con Luara Mateu y Tortell Poltrona, en Líbano han estado Diana Pla, Marina Benites y Dani Foncubierta, además del fotógrafo Àlex Carmona, autor de las fotografías que ilustran el post. Toda la información sobre Payasos Sin Fronteras, sus proyectos, cómo podéis colaborar…, la tenéis en su web www.clowns.org

¿Podemos hacer algo por mi país?

Fue lo que le preguntó una amiga a otra en abril de 2015 al poco de estallar una guerra en la tierra de la primera, de la que la segunda está enamorada, y de esa pregunta acabó naciendo una oenegé española que proporciona ayuda humanitaria a unas diez mil personas al mes, gracias a sus casi cuatro mil colaboradores y socios y a sus tres fundadoras, Faten Al Osimi, Eva Erill y Noèlia Ruiz: Solidarios Sin Fronteras, la única oenegé española con presencia en Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, que a finales de marzo cumplirá cinco años de guerra. Cinco años que dejan cifras que ponen los pelos de punta, más todavía cuando se sabe que son aproximadas y que las reales son incluso peores: en informes encargados por la ONU se calcula que se han superado los doscientos mil muertos y las instituciones yemeníes hablan ya de doscientos cincuenta mil, teniendo además en cuenta que se trata de un país musulmán, en el que los fallecidos se entierran de inmediato, con muchas zonas de difícil acceso, lo que significa que muchas víctimas no se contabilizan ni se contabilizarán nunca. Ocho de cada diez yemeníes carecen de agua, comida y acceso a medicamentos, están viviendo la peor epidemia de cólera de la historia, el dengue les golpea duro y ahora también la fiebre porcina; hay más de tres millones y medio de desplazados internos, cuatro millones de niños sin escolarizar…y podríamos seguir. Para Naciones Unidas estamos ante la mayor hambruna en cien años y ante la mayor emergencia humanitaria del planeta provocada por la acción del hombre. Y a pesar de todo ello apenas vemos, escuchamos o leemos sobre ella en los medios de comunicación. ¿Por qué?

Una guerra silenciada

  Eva Erill asegura contundente que esta es una guerra “silenciada y/o ignorada por intereses políticos y económicos: geoestratégicos -por el Golfo de Adén, a través del paso de Bab al Mandeb, salen a diario en dirección a Occidente cinco millones de barriles de crudo de Arabia Saudí y otros productores del Golfo Pérsico, por eso es importante para ellos hacerse con el control del territorio yemení- y, sobre todo, derivados del comercio de armas”. Está convencida de que el silencio de la inmensa mayoría de los Gobiernos occidentales se debe “al increíble negocio que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y también España, entre otros, están haciendo con la venta de armamento al reino saudí, que lidera la coalición internacional que lucha contra los hutíes en Yemen”.

  Entre 2015 y mediados de 2018, Madrid exportó armas a Riad por valor de más de mil cien millones de euros, datos de Amnistía Internacional: “Por eso no les interesa que se hable del conflicto, que se sepa lo que está causando”. En Solidarios Sin Fronteras tienen claro que esa venta de armas va a continuar con el nuevo Ejecutivo. Se apoyan en varios datos: en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos no se hace ni una sola referencia al comercio de armas ni a la guerra de Yemen, “y eso que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha sido uno de los que más ha denunciado este tema en el Congreso de los Diputados”; barcos de la naviera pública saudí siguen haciendo escala en puertos españoles, la última en Motril la semana pasada; y está además el visado de tránsito que desde comienzos de este año se les exige a los yemeníes que quieran pedir asilo político en un aeropuerto español si su vuelo hace escala aquí, cuando son de las nacionalidades con mayor reconocimiento de protección internacional en España: “El año pasado solicitaron ese asilo en Barajas ciento sesenta y seis ciudadanos de Yemen y parece que hubiese habido una avalancha, siendo la realidad que casi nadie puede salir de allí porque no tienen dinero para pagarles a las mafias. Ahora el Gobierno les impide pedirlo en nuestro país a los pocos que pueden escapar de la guerra”.

El bloqueo está matando más que las bombas

  Denuncia Eva Erill que los yemeníes no tienen recursos ni mucho menos suficientes para subsistir: cuenta que ya antes de la guerra dependían en un noventa por ciento de productos externos y de la ayuda humanitaria y dice que el conflicto no ha hecho más que empeorar la situación, con el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre al que Arabia Saudí, Estados Unidos y los demás miembros de la coalición internacional llevan sometiendo a la población desde hace ya casi cinco años. Un bloqueo que, “cuando les interesa, levantan durante unas horas para que sus productos puedan entrar en el país, haciendo -de nuevo- negocio”. Lo cuenta ella misma.

  Explica que esa ayuda de Solidarios Sin Fronteras se ha traducido en una importante mejora de las cifras de escolarización en los dos colegios con los que colaboran repartiendo mil doscientos desayunos diarios, cinco días por semana: en el primero que les pidió ayuda pasaron de faltar a clase ciento veinte niñas a estar “a tope“ en solo un par de meses y en el segundo les han pedido este año que hagan dos turnos para poder atender a más niños. Asegura que se trata de un “acto revolucionario” con el que están consiguiendo que a esas niñas no las casen y que a esos niños no los rapten mientras piden en la calle para obligarlos a luchar en el conflicto.

  Faten Al Osimi es la amiga yemení que le preguntó a Eva Erill, enamorada de una tierra que visitó por última vez solo unos meses antes de que estallara la guerra, si podían ayudar a su país. La idea inicial era buscar una pequeña oenegé en España y una contraparte local para ver qué se podía hacer, pero cuando Faten dijo que no confiaba en ninguna de las organizaciones que operaban allí y Eva se dio cuenta de que no había ninguna española se decidieron: “Vamos a crear la ONG en la que nos gustaría ser donantes. Cercana, transparente, en la que cada euro se destine a quienes lo necesitan y en la que la gente sepa a dónde va su dinero. Eso era fundamental para nosotras y es lo que hemos hecho”. ¿Por qué dieron el paso?

  “Éramos una hormiga y aun hoy seguimos siéndolo, pero cada vez tenemos más apoyos”, dice. Saben que no pueden bajar la guardia porque para mantener la ayuda a esas diez mil personas al mes–“¡y ojalá a más!”- necesitan que les salgan las cuentas, que no es fácil. Y en eso siguen, haciendo cuentas todos los días. “Es una decisión de vida” y están decididas a llevarla hasta el final.

P.S. Toda la información sobre Solidarios Sin Fronteras, sus proyectos en Yemen, cómo podéis colaborar para ayudar a los yemeníes (desde de un euro al mes) …la tenéis en su web solidariosinfronteras.org y en sus Redes Sociales.

“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

“No vamos a dejar las calles hasta que veamos hechos. Esto tiene que cambiar porque es de justicia”

Después de ocho meses de interinidad estamos a tres días de que tomen posesión los miembros del primer Gobierno de coalición de la democracia. Un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que en los últimos días del año pasado firmaban el acuerdo programático, que incluye el compromiso de garantizar unas pensiones públicas dignas, actualizarlas por ley conforme al IPC real, subir las mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género y revisar las de viudedad, reformar el Sistema de Seguridad Social o eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización previstos en la Ley23/2013. Pedro Sánchez era investido presidente el pasado martes día 7 tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados en segunda votación y el miércoles 8 a media mañana prometía el cargo en Zarzuela. Casi a la misma hora los pensionistas volvían a manifestarse a las puertas de la Cámara Baja para exigir pensiones públicas dignas y el próximo lunes saldrán de nuevo a la calle en distintos puntos de España. Lo van a seguir haciendo porque no las tienen todas consigo.

  “Estamos bastante esperanzados porque se va a conformar un Gobierno progresista y confiamos en que apueste con más fuerza por las políticas sociales”, dice María Ángeles Poveda, portavoz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas y de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que reconoce que ese pacto entre los dos partidos que van a estar en el gabinete recoge parte de sus reivindicaciones: “Nos suena muy bien la música y la letra”, pero acto seguido deja claro que quieren “que todo eso se cumpla, para que empiece a mejorar la vida de la gente, empezando por la de los colectivos más vulnerables como las viudas, las personas dependientes y los jóvenes pensionistas”. Habiendo visto lo sucedido en la investidura, no creen que a socialistas y Unidas Podemos vaya a resultarles fácil que sus compromisos se traduzcan en hechos, por eso dicen que irán valorando la situación y decidiendo los pasos a dar a medida que se vaya desarrollando. Avisan de que, hasta que vean cambios reales, continuarán con las movilizaciones “porque es lo que le ha dado tanta fuerza a este movimiento” y porque -ya lo dice su lema- “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

  Van a mantener la lucha en defensa de los derechos de todos los pensionistas y sobre todo del millón de jóvenes que lo son por enfermedad crónica y/o degenerativa o por accidente que, después de pelearlas con uñas y dientes, tienen prestaciones en general muy bajas que limitan su día a día todavía más que la propia enfermedad, impidiéndoles en muchos casos llevar una vida digna, como ella misma nos ha contado mientras hablábamos de sus demandas.

  Además de las que ha mencionado, sus reivindicaciones incluyen la derogación de las dos reformas de las pensiones -de 2011 y 2013- y de las dos últimas reformas laborales, aprobadas por Gobiernos del PP y del PSOE; reformular la Comisión el Pacto de Toledo, que consideran un “pacto del engaño”, para abrir un diálogo que esté marcado por la transparencia y que incluya la participación del colectivo; que no haya pensiones inferiores a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea y su blindaje en la Constitución; la eliminación efectiva del copago farmacéutico que aseguran que, con las prestaciones que tienen, los hace polvo; que se considere la rehabilitación, tanto física como psicológica, parte de la terapia; terapias multidisciplinares adaptadas a sus necesidades y una ley que proteja al paciente crónico. María Ángeles Poveda explica que también les preocupan mucho las listas de espera de la dependencia: “Hay una cifra que para mí es la cifra de la vergüenza que es la muerte diaria de 80 personas mientras esperan unas ayudas que les habían sido reconocidas por ley (el dato es del Observatorio de la Dependencia); me parece algo inhumano que ningún Gobierno -en funciones o no- se puede permitir”. Asegura que pelean para que se agilicen tanto los pagos como las valoraciones pendientes.

  Y, hasta donde su salud se lo permita, van a continuar peleando por todas y cada una de esas demandas, para que vayan siendo atendidas. Recuerda que la Plataforma de Jóvenes Pensionistas lleva haciéndolo desde septiembre de 2018, cuando se echaron a las calles para dar voz a un millón de personas -el 10% del colectivo de pensionistas- que se sienten excluidas en muchos aspectos de la vida, “por una parte de la sociedad y por las Administraciones”. Porque es de justicia que puedan tener una vida digna. Lo dice su portavoz que, a sus 41 años, vive con 557 euros al mes tras conseguir que los tribunales le concedieran la incapacidad laboral total por la que luchó durante nueve años con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De nuevo invisibilizados, vuelven al armario

“Los poderes públicos no contemplan cómo deberían la vejez en general, mucho menos todavía si hablamos de personas mayores LGTBI: las desexualizan por completo sin tener en cuenta sus afectos y su forma de relacionarse con los demás, lo que han vivido y cómo eso les ha ido llevando a confeccionar núcleos personales y/o familiares muy distintos a los de los demás”. Lo dice Loren González, secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y responsable del informe ‘Mayores LGTBI. Historia, Lucha y Memoria’, que denuncia que las instituciones ni siquiera han pensado en que esas otras realidades existen y menciona dos datos del estudio: solo el 4% de los mayores LGTBI hace uso de recursos públicos sociales que utiliza el 46% de la población mayor; casi la mitad (45%) no revela su condición en el ámbito sociosanitario, por causas como el miedo al rechazo y la vergüenza, con todo lo que puede implicar para ellas y ellos a nivel de salud. ¿Cómo es posible?

Se enfrentan a nuevos armarios, violencias y discriminaciones

  El informe de la Federación pone de manifiesto que la mitad de los entrevistados fue totalmente visible en su entorno social más próximo -familia y amigos- entre los 31 y los 50 años y que casi cuatro de cada diez lo fueron también en el trabajo y en lo relativo a su participación social. Pero revela que eso cambió para muchos a partir de esa edad: solo uno de cada cuatro siguió siendo visible en su entorno familiar y laboral, el 28% si atendemos a su participación social y menos de uno de cada tres con sus amigos. Loren González explica que esto se debe fundamentalmente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: “Hablamos de personas que vivieron su infancia y/o juventud en el franquismo y en los años posteriores, algunas expulsadas de su hogar por su expresión de género, que tuvieron muy difícil el acceso al mundo laboral -sobre todo en el caso de las trans-, que sufrieron discriminación durante mucho tiempo -y aun hoy- por parte de la sociedad… que, en muchos casos, al irse haciendo mayores no han conseguido crear ese núcleo familiar y social que en general sí  tienen los heterosexuales o que lo han tenido y lo han perdido porque sus allegados han fallecido”. Esa falta de apoyos, sumada al sentimiento de soledad, a la edad, a las carencias de salud, a los miedos…hace que se vuelvan inseguras, se retraigan y regresen al armario.

  De hecho, casi siete de cada diez están convencidas de que tienen más dificultades como mayores por ser LGTBI, lo que también ayudaría a explicar ese paso atrás. Cuenta el responsable de la FELGTB que para muchas de ellas se trata de revivir malos recuerdos y temores porque no podemos olvidar que, “sin ser comparable lo que se vive ahora con lo vivido durante el franquismo y en los años siguientes, la sociedad sigue siendo intolerante. La homofobia, la bifobia y la transfobia son al final como una lluvia fina que te va empapando hasta que cuando llegas a cierta edad se convierte en un tsunami de discriminación”. Asegura que a muchas personas les resulta imposible quitarse ese estigma que tienen interiorizado de que son mala gente.

Las políticas públicas no los contemplan

  La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales denuncia que los servicios de atención sociosanitaria no los tienen en cuenta. Explica su secretario de Organización que cuando se hacen estudios sobre la población mayor no recogen la orientación ni la identidad sexual, lo que implica “desexualizar por completo a los mayores LGTBI, como si no viviesen su sexualidad de ninguna manera cuando ha sido un hecho fundamental en sus vidas porque los ha marcado en gran medida”. Dice que tendrían que incluirse para ayudar así a responder a sus necesidades específicas al respecto. Y se queja de falta de formación de los profesionales, que no tienen herramientas suficientes para saber cómo abordar la realidad del colectivo, añadiendo que “también los habrá que tengan actitudes discriminatorias, porque la LGTBIfobia está presente en todos los ámbitos, pero no disponemos de datos porque a los mayores les cuesta mucho denunciar”. Cuenta que es una de las cosas que les ha quedado clara con este estudio, y con otros anteriores, reconociendo que les ha resultado más que difícil encontrar gente que quisiese participar: solo lo han hecho 145 personas.

  Otro capítulo es el de la convivencia en las residencias de mayores, que pueden no ser un espacio seguro para ellos a nivel individual y que, cuando van en pareja, Loren González afirma que eso tampoco se suele respetar. Recuerda que hace poco una de las organizaciones que forman parte de la FELGTB dio una charla en una residencia y cuando parte de los que habían acudido supieron que era para hablar de la realidad de los mayores LGTBI se marcharon muy enfadados diciendo que ‘no iban a escuchar cosas de maricones’. Todo esto ayuda a entender por qué apenas el 4% hace uso de los recursos sociosanitarios que están a disposición de la tercera edad, un porcentaje que va ligado a la ocultación de la orientación y la identidad sexual en este ámbito, donde el 45% no la revela, ni siquiera a su médico de cabecera: “La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran les impide contárselo, necesitan que se les transmita confianza para poder abrirse y eso en muchas ocasiones no sucede por falta de formación adecuada en materia de diversidad sexual y de género”. Alerta de que, sin conocer su realidad, las intervenciones que se hagan no se serán las adecuadas y pide no olvidar que casi uno de cada tres mayores tiene síntomas de depresión y/o ansiedad; tampoco los datos de infectados por el VIH.

  Asegura que los mayores LGTBI son una asignatura pendiente, también para las propias asociaciones que luchan por sus derechos.

Sus demandas

  Para cambiar esta realidad, la Federación considera fundamental que se incluya la diversidad LGTBI en las políticas públicas relacionadas con la vejez: revisando los protocolos y/o reglamentos; reflejándola en la oferta de recursos de atención para los mayores de modo que sientan que la prestación del servicio se realiza bajo el concepto de ‘espacio seguro’; así como formando y sensibilizando a los profesionales sociosanitarios.

  También reclama que se implemente en todo el país el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de trato asociada al VIH porque estamos ante un colectivo que ha sido víctima de la pandemia del SIDA de forma atroz. Y demanda que se apruebe de una vez en el Congreso de los Diputados la Ley de Igualdad LGTBI, para blindar sus derechos en todas las Comunidades Autónomas puesto que las hay que ni siquiera tienen legislación al respecto y en algunas en las que sí existe hay una ofensiva de la ultraderecha para intentar recortarla. “Tenemos una deuda enorme con nuestros mayores en general, también con los mayores LGTBI. Esperemos que se siga avanzando y no se retroceda en derechos y libertades”, dice Loren González, que avisa de que la FELGTB seguirá actuando como dique de contención todo el tiempo que pueda.

El testimonio de Pedro Antonio Beguería

  Hemos analizado los resultados del informe ‘Mayores LGTBI: Historia, Memoria y Lucha’ que, como todos, tiene dos caras: la de las personas que pasados los 50 vuelven al armario, de las que hemos estado hablando, y la de aquellas que superada esa barrera siguen siendo tan visibles como lo fueron hasta entonces. Este último es el caso de Pedro Antonio Beguería, arquitecto jubilado aragonés, y él mismo nos ha dejado claro que no tiene ni la menor intención de retraerse, además de hablarnos de cómo ve la irrupción de la ultraderecha.

“Consumiendo estamos votando”

Decepcionante. Es el adjetivo que más se ha repetido entre los participantes, y entre buena parte de la población, a la hora de valorar los resultados de la Cumbre del Clima más larga de la historia, la COP25, celebrada del 2 al 15 de este mes en Madrid. También en lo que se refiere a la demanda de que se aborde la crisis climática garantizando la justicia comercial, porque desigualdad y crisis climática están intrínsecamente relacionadas -igual que las soluciones- y los pequeños agricultores del planeta -alrededor de ochocientos millones- tienen que estar en el centro de las negociaciones para mitigarla y adaptarse. Esa es la reclamación que llevó a la cita el Movimiento Mundial de Comercio Justo, que habla de “acuerdo de mínimos” y de “patada para adelante”, posponiendo las decisiones críticas, como mínimo, hasta la COP26 de Glasgow. Juan José Martínez, presidente de la sección europea, lamenta que los Gobiernos no hayan hecho ni una sola alusión a las formas de producir, comercializar o consumir que los comprometa a algo concreto, “ni tan siquiera un intento de incluirlas”.

De lo que sí están contentos es de la resonancia que han tenido los temas relativos al cambio climático en general y las propuestas que ellos han defendido, así como del interés de la gente “que era la parte que nos tocaba”. Ahora de lo que se trata es de seguir insistiendo para que el mensaje llegue a las esferas de decisión, a los Ejecutivos, “y estos sean sensibles a lo que una proporción cada vez mayor de ciudadanos demandamos”. El mensaje de que hay un modelo agrícola y comercial basado en plantaciones a pequeña escala, más respetuosas y compatibles con el plantea y que benefician a una mayor cantidad de familias campesinas, frente al que se está primando, que genera efectos negativos en el medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero, por el agotamiento de los suelos y de los acuíferos, por la tala de la biodiversidad -en zonas como la selva amazónica-, con la ocupación de cada vez menos mano de obra, en condiciones en muchos casos lamentables.

“Los Gobiernos tienen que dar pasos ya”

Dice Juan José Martínez que “si contaminar sale gratis, el modelo de agricultura extensiva juega con mucha más ventaja, y es ahí donde nos vendría muy bien un pronunciamiento claro por parte de las autoridades”. Explica que si en un acuerdo comercial entre bloques -de la UE con Mercosur o de la UE con países africanos- imponen aranceles a aquellos productos procedentes del modelo dañino con el medio ambiente pero no a los que proceden del modelo más sostenible, estarán sumándose a la defensa del planeta y de quienes son más vulnerables y sufren con más dureza los efectos de una crisis climática que no han provocado. No hacerlo “significa darle oportunidades, apostar por un modelo insostenible que antepone el lucro al bienestar de las personas y del planeta, agravando aun más la crisis”. No le consta que la Unión Europea tenga algún acuerdo comercial con países en desarrollo que siga esta filosofía y asegura que hacerlo supondría contar con políticas públicas verdaderamente orientadas a fomentar la agricultura sostenible y ecológica.

Afirma que lo mismo sucedería si aprobasen normativas que obligasen a las grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, a demostrar que su cadena de aprovisionamiento no está generando efectos negativos para las personas ni para el entorno. ¿Y por qué no primar a aquellas que den pasos que demuestren un mayor compromiso? -se pregunta el presidente de la sección europea de la Organización Mundial de Comercio Justo-, al tiempo que destaca que las grandes compañías saber leer perfectamente las preferencias de los consumidores y las oportunidades de mercado: “De hecho, las hay que van incorporando prácticas mucho más sostenibles no porque sean oenegés sino porque están viendo que existe una mayor sensibilización con este tema y eso las lleva a reaccionar”.

“Son los consumidores los que priman uno u otro modelo”

Recuerda que en democracia votamos cada cierto tiempo para elegir a nuestros representantes y nos pide que seamos conscientes de que “lo que hacemos continuamente es consumir, y consumiendo estamos votando, estamos haciendo que prime un modelo de producción y comercialización u otro.

Sabe que es necesario que el mensaje llegue al mayor número de consumidores posible, para que se den cuenta de que nuestras formas de producir, comercializar y consumir tienen que ser más sostenibles y más justas para las personas. Para él es evidente la opción que deberíamos elegir, pero es consciente de que al final los consumidores deciden en función de la información tienen, por eso asegura que el movimiento mundial de Comercio Justo está dispuesto a redoblar sus esfuerzos para que entendamos todo lo que implica. Su experiencia le ha permitido constatar que cuando lo conocen, ven lo que supone y tienen los productos al alcance de la mano, optan por ellos: “Porque además de todo lo que hay detrás son buenos, de calidad y, aunque más caros, el precio no asusta”. Aclara en cualquier caso que si cuestan más es porque se les paga a los productores mucho más de lo que ganarían comercializándolos en el mercado convencional: “Y no pensamos cambiar eso, porque nuestra razón de ser es que puedan vivir dignamente de su trabajo y porque nosotros sí les pagamos para que su actividad no cause efectos tan negativos en el medio ambiente”.

Cree que en el caso de la ciudadanía es ese desconocimiento el que puede estar haciendo que se decante por un modelo económico insostenible medioambiental y socialmente. En el caso de los Gobiernos -dice- no es excusa.

P.S. El vídeo ha sido realizado por la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).

P.S. La fotografía que ilustra el post es de Fairtrade International