“La batalla judicial por los gastos hipotecarios sigue en pie”

Aberrante, una Barbaridad, Bochornosa, un Despropósito impropio de una democracia, Difícil de entender, Escandalosa, Inaudita, Incomprensible, Indignante, un Grave Error, Lamentable, Vergonzosa… Esto y más es lo que han dicho organizaciones de consumidores, sindicatos y políticos de todo signo, así como una gran parte de los ciudadanos, de la decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, o lo que es lo mismo, el principal gasto de constitución de una hipoteca. 21 días y 16 horas de reunión después, por solo 15 votos a 13, el Pleno decidía dejar en papel mojado la sentencia que daba un giro de 180 grados a la jurisprudencia vigente durante las últimas dos décadas: el gravamen lo seguiría pagando el cliente que solicitase el crédito. Ha sido la última decisión del alto tribunal, que -previsiblemente- no tendrá recorrido por el Real Decreto Ley del Gobierno para modificar la norma que regula este tributo dejando claro que a partir de ahora lo pagará la banca. Sin retroactividad, por lo menos hasta que se pronuncie la justicia europea (como ya hizo con las cláusulas suelo con un tirón de orejas a la justicia española), porque el caso podría llegar a Luxemburgo: bien porque lo lleve el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -que abrió el debate con sus recursos ante el alto tribunal y tiene 3 dictámenes a favor y otros tantos en contra-, bien porque lo haga alguno de los jueces que atiende los miles de demandas presentadas.

  ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, celebra que el Ejecutivo “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados contra la decisión del Supremo” y habla de victoria de los consumidores. Avisa, sin embargo, de que la ajustada decisión de los magistrados y la tomada por el Gobierno demuestran que la batalla judicial sigue en pie y apuntan a que acabará en el Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, su portavoz, David Aragonés, nos explica que al margen del tema tributario esto es una cuestión civil, un contrato entre banco y cliente, por lo que queda abierta esa vía civil para reclamar los gastos del crédito, cuya imposición total a los afectados fue declarada nula por el propio Supremo hace tres años, dando lugar a sentencias que reconocen el derecho a recuperar parte -o incluso la totalidad- de lo abonado. Por eso van a seguir adelante con las 83 demandas colectivas que tienen preparadas para reclamar la devolución de esos gastos, entre los que está el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y llaman a los consumidores a sumarse a la plataforma que impulsan pidiéndoles “que no se crean el bulo de la banca y que no permitan que se salga con la suya, porque por lo menos recuperarán una parte de lo que han pagado”. Calculan que estaríamos hablando de cantidades que oscilan entre un mínimo de 600 a 1.500 euros, dependiendo de la hipoteca, que -multiplicado por los seis millones que estarían afectadas- sumarían entre 3.600 y 9.000 millones de euros, que es lo que las entidades se quedarán habiéndolo cobrado indebidamente si no se reclama.

El galimatías del Supremo

  Dice David Aragonés que con un “pírrico” 15-13 no se puede decidir sobre algo que afecta a millones de hipotecados y añade que no se entiende que jueces especializados en otros temas corrijan el criterio doctrinal marcado por tres fallos de jueces especializados en cuestiones tributarias. Considera además que la decisión del Supremo es “inconcebible” porque va contra la propia Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de hace 25 años, en la cual se señala que es el interesado el que debe correr con los gastos. Explica Aragonés que el alto tribunal pretende que se considere que son los clientes los interesados en registrar sus préstamos dándoles así a los bancos el derecho a una ejecución fulminante.

  Precisamente los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que rubricaron la sentencia del pasado 16 de octubre determinaron que, contrariamente a lo que se venía haciendo desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolló esa ley, era la banca la que debía pagar el tributo, entendiendo que es la única interesada en que la hipoteca conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro, porque así se garantiza recuperar la cantidad prestada en caso de impago. El dictamen se hacía público el día 18, y no habían pasado ni veinticuatro horas cuando, en un gesto inédito, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, frenaba sus efectos convocando una reunión del Pleno para este lunes por “la enorme repercusión económica y social” generada. El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, llegó a pedir disculpas a los ciudadanos por la “deficiente gestión” (ADICAE cree que es ahora cuando debería pedirlo, cosa que no ha hecho) negando -eso sí- presiones de los bancos. Las principales entidades argumentaron que se habían limitado a cumplir la ley y el reglamento vigentes, dejando claro que no veían lugar para la retroactividad si se mantenía el nuevo criterio; y avisaron de que, de ser así -como ahora ha decidido el Gobierno- las hipotecas se encarecerían.

  En otro gesto inédito, el Pleno de la Sala Tercera corregía este martes a los jueces de la Sección Segunda decidiendo que fuese el cliente el que siguiese abonando el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Resultó clave el voto del presidente: Díez-Picazo estaba aparentemente alineado con los magistrados que defendían que recayese sobre la banca, pero solo desde el día que se dictó el fallo del mes pasado, sin retroactividad; esa propuesta no tuvo el apoyo de una mayoría y, pudiendo forzar el empate a 14 votos, se decantó por volver a la anterior jurisprudencia. Hay que tener también en cuenta que -por distintas razones- no votaron 3 de los 31 jueces que forman el Pleno. En opinión de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, la decisión judicial demuestra el triunfo de la campaña de intoxicación de las entidades para no pagar, y nos cuenta su portavoz que se acabarán conociendo las llamadas de presión que ha habido. Hablan de “una clara derrota de la justicia, que queda en entredicho”.

  Partidos como Podemos, IU y BNG, así como diversas organizaciones de consumidores, han convocado movilizaciones en toda España para denunciar que “la justicia está al servicio del poder y contra el pueblo”. ADICAE sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar, tanto a través de asambleas como en su plataforma de afectados y en la web hipotecaconderechos.es

Por una nueva Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores

  Afirma David Aragonés que “ha llegado el momento de la política”. Asegura que el Gobierno ha tomado un buen rumbo pero aclara que las Cortes deben completar el camino aprobando “por primera vez” una Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores: no solo en el reparto de los gastos hipotecarios sino también en otros temas fundamentales como el vencimiento anticipado o las cláusulas suelo.

  La ponencia constituida en el Congreso debería aprobar en breve su dictamen en comisión para que después la vote el pleno de la Cámara. Destacan en ADICAE que los grupos parlamentarios se están mostrando sensibles con el tema y esperan que tengan en cuenta gran parte de las alegaciones que han presentado: lo consideran “una oportunidad de oro para que se pongan de acuerdo y nos sitúen al nivel europeo”. De hecho valoran muy positivamente que el Ejecutivo haya asumido al fin una de sus principales reivindicaciones: la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero dada la “ineficacia” del Banco de España y de la CNMV.

  Advierten de que estarán vigilantes, también de lo que puedan hacer los bancos para compensar el desembolso que van a tener que hacer a partir de ahora.

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