Están hartos de que apenas se les escuche ni se les den soluciones: de que desde la Justicia les digan que su caso ha prescrito (con esa pregunta de ¿por qué no ha denunciado antes? que siempre se repite y que tanto daño les hace); de tener que contar una y mil veces durante la instrucción y el juicio todo lo que han sufrido cuando pueden denunciar y lo hacen; de que con los partidos políticos todo sean buenas palabras pero pocas o ninguna de las propuestas se concreten; de que la jerarquía eclesiástica los haya “ofendido, despreciado, humillado, maltratado…, y lo siga haciendo”; y de que incluso, en algunos casos, sus propios vecinos les den la espalda. Hablamos de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia católica en España y de sus familias, que han decidido unirse para tener más fuerza y para que sus reivindicaciones sean un clamor que haga imposible mirar hacia otro lado. Por eso han creado la Asociación Infancia Robada, presidida Juan Cuatrecasas, un padre que lleva 8 años luchando para que su hijo, que sufrió abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa, salga adelante. Él, junto con Francisco Javier, quien destapó los abusos sufridos en el Seminario Menor de La Bañeza, y Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas de abusos en el Monasterio de Montserrat, se sitúan al frente de una organización con la que también quieren arropar a otras víctimas y familias para que no se encuentren solas y desamparadas como estuvieron ellos: “Tras cuarenta años de nacionalcatolicismo la sociedad sigue viendo estos casos como tabú y eso tiene que cambiar; para conseguirlo -dice- es necesario facilitar el camino de la denuncia, para que a partir de ahí pueda haber justicia, un reconocimiento público y una reparación moral”.

“La víctima no lo cuenta cuanto quiere sino cuando puede”

Afirman en la organización que es clave la imprescriptibilidad de los delitos -reconocida en Irlanda, Holanda, Canadá, Australia, Argentina, etc- pero en nuestro país, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, considerarían un gran paso elevar de los 18 actuales a 50 años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Para la Asociación el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (que la eleva a 30 y que va a quedar paralizado por la convocatoria electoral) no es suficiente al dejar fuera a muchas víctimas: explican que la mayoría de los que han sufrido los abusos siendo niños lo cuentan cuando tienen entre 30 y 50 años y que “no es que no lo cuenten antes porque no quieran sino porque no pueden”, asegura Juan Cuatrecasas, cuyo hijo pudo hacerlo en solo unos años, permitiendo que su tutor fuese juzgado y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (condena recurrida ante el Tribunal Supremo). La pena va en la línea de lo que pedía la acusación particular, lejos de los 3 años solicitados por la Fiscalía: “Es muy triste que un representante del Ministerio Público se ponga del lado del verdugo en lugar de estar con la víctima, cuestionando su relato porque -según él- tardó mucho en denunciar, cuando nos estamos refiriendo a un chico que sufrió los abusos con 12 y 13 años, que tenía 15 la primera vez que lo contó y que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando lo denunció hará ahora cuatro años”. Reitera que “no es tan fácil como sentarse en una silla y ponerse a hablar, sino que cuesta mucho verbalizarlo”.

Destaca el presidente de la Asociación Infancia Robada que sin procedimiento judicial y sentencia condenatoria ni la víctima es reconocida como tal -pese a que el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en 2015 dice lo contrario- ni el pederasta entra en el Registro de Delincuentes Sexuales, lo que le permite seguir manteniendo un estrecho contacto con niños, que son sus principales víctimas potenciales; de ahí que defienda, además, que “elevar la edad a la que empiece a contar el plazo de prescripción es una medida para tratar de impedir casos futuros”. Cree también que, así, instituciones como la Iglesia católica se decidirán a denunciar de inmediato, “porque no es lo mismo indemnizar por 3 casos que por 30 o más”. Demanda que se apoye a los denunciantes durante el proceso en lugar de poner constantemente en cuestión su credibilidad; reclama actuaciones tendentes a reducir el alto riesgo de exclusión educativa, flexibilizando las exigencias para favorecer que sigan con sus estudios -tanto en el instituto como en la universidad- y la necesidad de incluirlas en la educación diferenciada: “Es una aberración que, en lugar de adaptar la ley a las víctimas, tenga que ser al revés”; y pide que se habiliten ayudas económicas porque “las terapias privadas para tratarlos de las secuelas psicológicas que padecen son caras e inexistentes en el ámbito público”. Aclara que no están “pidiendo limosna sino que se les permita competir en igualdad de condiciones”.

“Ni los políticos ni la sociedad están cumpliendo como deberían”

Asegura Juan Cuatrecasas que a los políticos españoles les falta valentía y que están enviando el mensaje de que la Iglesia católica está por encima de la ley. Sabe de lo que habla, porque se han reunido con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y cuenta, sin especificar cuál, que alguno llegó a decirles que lo considera ‘un tema de baja intensidad’: “Nos parece alarmante porque hablamos de niños y adolescentes a los que se les hace daño cuando su personalidad se está formando”. Añade, además, que en cierta parte de los partidos de la derecha existe “una especie de excusa” cuando se habla de la Iglesia católica: “enseguida dicen que no se puede personalizar solo en el clero, que se dan casos en otros muchos ámbitos como el deportivo o incluso en el familiar (lo cual es cierto), pero a nosotros nos ha pasado en ese y por eso nos centramos en él, más si cabe considerando que por los principios de la propia institución debería ser ella la primera en reconocer, respetar y tratar con dignidad a las víctimas; sin embargo muchos de sus miembros hacen justo lo contrario, causándoles un doble daño y haciendo más difícil que aprendan a vivir con lo que han sufrido”.

Preguntado por si esa supuesta ‘baja intensidad’ puede ser producto de la falta de implicación y de movilización de la sociedad, piensa que es posible; y explica que muchas personas que han sufrido abusos sexuales siendo menores optan por no denunciar por las consecuencias que puede acarrear, que en su caso fue ver como el ANPA y la dirección del colegio apoyaban al denunciado y en otros eran incluso los vecinos los que les torcían la cara en un acto de marginación que los posicionaba claramente del lado del agresor. Hay quien le llama padre coraje, pero su sensación en bien distinta: “Solo soy un hombre con un hijo al que le han hecho daño física y psicológicamente, y ha sido él -como las demás víctimas- el que ha demostrado valentía al dar el paso de denunciarlo teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando”. Está convencido de que, mientras se les siga considerando héroes por denunciar, significará que algo sigue fallando en el sistema y que no estamos en un verdadero Estado de Derecho, “porque cuando alguien sufre un delito lo normal es que lo denuncie, ¿no?”. Por eso insiste en la importancia de lograr que los casos de pederastia dejen de ser tabú. Admite, eso sí, que no es fácil dar un paso que -en su situación como en otras- ha supuesto “muchas trabas, presiones e incluso amenazas”.

Denuncia mala fe por parte de la jerarquía eclesiástica

El presidente de la Asociación Infancia Robada se indigna porque la Iglesia católica -no solo en España- se ha pasado décadas silenciando estos casos (la organización mundial de víctimas ECA Global calcula que por lo menos 100.000 menores han sufrido este tipo de abusos por parte de miles de sacerdotes y/o personas próximas al clero). Para él eso es lo más grave, que no solo se trata -como hay quien sostiene- de que no han sabido afrontar el tema sino que ha habido “mucha mala fe”, y pone ejemplos como el de Miguel Ángel Hurtado, “a quien el abad de Montserrat dio más de 7.000 euros en mano para comprar su silencio”, dinero que acabó devolviendo, y 3 años después decidió editar un libro ensalzando la figura de su abusador “y el de muchos otros niños” llegando a incluir una fotografía de él con su víctima; apunta también el caso del colegio salesiano de Deusto, que “teniendo constancia de denuncias desde 1989 dejo pasar el tiempo sin hacer nada”; como igual de sangrante resulta la inacción de los Obispados que no acuden a la Policía ni a la Fiscalía: “Eso es encubrimiento puro y duro y la Iglesia tiene que cortar de una vez por todas esa forma de actuar que hace tanto daño a las víctimas pero también a la propia comunidad católica; y es desde su jerarquía desde donde deben hacerlo porque las víctimas estamos limpiando su porquería, y mientras no tomen medidas no habrá solución posible”, sentencia, y aclara que eso pasa por dejar de considerar los abusos sexuales una ofensa en contra de la moral, un pecado, y pasar a considerarlos un crimen, que es lo que son”; y no solo por una mera manifestación pública, como viene haciendo últimamente el Papa, sino por cambiar la Ley de Derecho Canónico como le recomendó hace cuatro años el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “La petición de perdón no es suficiente, hay que poner urgentemente en medidas en marcha, lo demás es vivir en una realidad paralela”.

Critica Juan Cuatrecasas que la jerarquía eclesiástica lleve años “centrada en proteger el supuesto buen nombre de la institución sin darse cuenta de que lo que hacen es hundirse más en el pozo”, y dice que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para ponerle solución porque “crear una comisión antipederastia coordinada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado de encubrir al cura abusador de La Bañeza, y en la que está Silverio Nieto, responsable de la no investigación canónica del caso de nuestro hijo -al que llaman el Villarejo de la Iglesia- no es el camino; más bien lo contrario, porque esa comisión ha nacido viciada”. Tampoco son para él buenas señales declaraciones como las del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, saliendo en defensa de varios sacerdotes acusados de abusos que, según él, habían tenido ‘malos momentos’: “Es una clara ofensa a las víctimas, menores atacados con total impunidad, facilitándose la comisión del delito a través del encubrimiento; un delito muy grave teniendo en cuenta que lo cometen adultos que se ganan la confianza de menores de edad aprovechando que son sus profesores, tutores o confesores para luego atacarlos como depredadores; porque actúan como tal, eligiendo a su presa en función del perfil y aislándola de sus compañeros: entonces la tienen en sus manos, desorientada, para poder hacer con ella lo que quieran”. Explica que a su hijo el profesor llegó a sacarlo de clase hasta cuatro o cinco veces por semana por espacio de una hora, desatando los comentarios del resto de alumnos; y es que también sufrió acoso escolar. “Cuando únicamente te preocupas por salvaguardar tu imagen estás prolongando y acentuando el dolor de quienes han sufrido esa violencia”, afirma recordando las recomendaciones de que no contaran lo sucedido, de que no le diesen publicidad…Hicieron justo lo contrario, intentar que lo supiese cuanta más gente mejor contándoselo a los medios de comunicación que se pusieron en contacto con ellos (no al revés): “estábamos siendo atacados y no teníamos ningún apoyo”.

Sobre la primera Cumbre Antipederastia que arranca mañana en Roma

El Papa Francisco reúne en el Vaticano entre mañana 21 de febrero y el domingo 24 a los presidentes de 130 Conferencias Episcopales para abordar la pederastia en la Iglesia en la primera cumbre al respecto (que llega tras años de denuncias e innumerables casos de encubrimiento). El Pontífice asegura que se trata de ‘un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo’, es lo que defiende ahora.

Las víctimas exigieron participar y los organizadores parecen garantizar que estarán presentes. Un grupo de ellas se ha reunido hoy con el comité organizador y han salido decepcionadas tras el encuentro porque -cuentan- no les han dicho ninguna medida concreta que vayan a implementar. La Asociación Infancia Robada tiene claro que cualquier intento de acabar con estos crímenes pasa por darles voz y escucharlas en lugar de intentar acallarlas y por eso reclaman que toda comisión de investigación que se cree las incluya, junto a personas independientes; demanda que se amplíen los plazos de prescripción de la propia Iglesia, que consideran demasiado breves y exigen que lo primero que haga el clero sea acudir a la Fiscalía para que active las pesquisas: “no es lógico que sean ellos mismos, que son parte, los que investiguen”. Pide además que se cambien los protocolos de actuación: “Aún a día de hoy lo primero que debe hacer la persona del Obispado que reciba una denuncia es dudar de la credibilidad de la víctima, porque puede tener intereses económicos, cuando son ellos los que están preocupados por el dinero, porque temen que se conozcan cada vez más casos y se acaben multiplicando las indemnizaciones que deberán pagar; por eso han intentado tapar el escándalo”, un hecho que resulta indecente para Juan Cuatrecasas. Afirma que ese no es su problema, porque el problema de las víctimas y sus familias es intentar seguir adelante, ayudar a otras personas que pasen por la misma situación y tratar de que nadie más tenga que volver a sufrir algo parecido. Hasta dos intentos de suicido, una durísima etapa con episodios de taquicardias, alucinaciones y convulsiones, épocas de pesadillas, ansiedad e intenso nerviosismo…Es lo que ha vivido en la última década su hijo, un chico que siente una desconfianza enorme hacia los demás y al que le cuesta mucho relacionarse, que ha visto como los síntomas asociados al estrés postraumático que padece se han ido suavizando pero que sigue luchando “porque esto es así”. Sus padres se quedan con el mensaje de los médicos que lo tratan: que ha sido muy valiente, que tiene la cabeza bien amueblada y que va a salir adelante porque aprenderá a encajarlo y a vivir con ello, que es de lo que se trata. Pero tienen miedo a que pueda recaer, porque ya ha sucedido varias veces.

P.S. La Asociación Infancia Robada cuenta con psicólogos y abogados para atender consultas. Podéis contactar con ella a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/AllSurvivorspain/

P. S. El post lo ilustra el logo de la Asociación, diseñado por el hijo de Juan Cuatrecasas