Hace un par de semanas Alicia, vecina del madrileño barrio de Chamberí, se tiraba por la ventana justo a la llegada de la comitiva judicial que iba a desahuciarla por no poder pagar el alquiler de su vivienda; esta sería la segunda vez. Tenía 65 años y vivía sola. Cinco meses antes, en junio, Jordi había hecho lo mismo en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat. Era electricista de profesión pero -desde que empezó la crisis- hacía todo tipo de chapuzas; tenía 45 años, estaba casado y el matrimonio tampoco podía afrontar el pago del alquiler. El Ayuntamiento había emitido varios informes sobre la situación de vulnerabilidad de la pareja. Son los últimos pero ni mucho menos los únicos crímenes de un sistema al que solo le preocupa contar billetes, no la vida de las personas. Es lo que llevan años repitiendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que “no son suicidios, son asesinatos”, como nos dice Marga Rivas, una de sus activistas, que recuerda cuánt@s compañer@s han quedado por el camino, y se queja de que eso no importe a los poderes públicos, “que no han hecho nada por intentar cambiar esta dramática realidad, cuando se trata de una cuestión de voluntad política, de mirar por las personas en lugar de mirar para otro lado”.

Un proceso altamente traumático

“La inmensa mayoría de la gente no deja de pagar su casa un buen día porque sí, porque lo decide y punto, sino porque no puede seguir asumiendo ese gasto, porque es eso o comer”, afirma Marga contundente. Es mucha la tensión y el estrés que acumulan esas personas antes y después de tomar la decisión, que se multiplican cuando pende sobre ellas la amenaza de un desalojo forzoso. Como psicóloga lo sabe bien: “es un proceso largo, mantenido en el tiempo, durante el cual se agolpan sentimientos de culpa, de fracaso, de vergüenza, de impotencia, etc, en cuyo transcurso tu salud (física y mental) se va deteriorando, y en el que muchas veces se rompen las relaciones familiares y de amistad, lo que te deja en una situación de vulnerabilidad e inseguridad que lo llena todo. Y a eso hay que añadirle el hecho de que, las más de las veces, te ves solo, sin nadie que te acompañe (a la Plataforma solo llegan el 10% de los casos). Sumándolo todo, es una bomba; por eso hay quien el día del desahucio, uno de los más terribles de su vida, no puede soportarlo más y decide poner fin a una situación altamente traumática”. Y nos explica que no son únicamente los suicidios, que hay también muchas muertes por infarto como consecuencia de la presión a la que se ven sometidos.

Los activistas de la PAH defienden que las familias que pasan por una situación tan dura deberían recibir ayuda psicológica continuada, algo que “en la mayoría de los casos no sucede”. Ell@s sí que la ofrecen (la consideran imprescindible), y no solo a los adultos, porque l@s niñ@s y l@s adolescentes se dan cuenta de lo que pasa y también sufren esa presión, como demuestran estudios como el que han realizado. En “Te quedarás en la oscuridad” se ponen de manifiesto la tristeza y los miedos de los más pequeños de la casa a quedarse en la calle, a que sus padres se separen, a perder sus amigos, a ser excluidos, a que se rían de ellos en el colegio, etc; y se reflejan situaciones como las que suceden en escuelas o institutos que, en lugar de ser un espacio de acogida, se convierten en un entorno hostil. Dicen los expertos que es importante trasladarles cuanto antes la gravedad de la situación para que vayan asimilándola y compartan sus sensaciones.

Más de 700.000 lanzamientos en una década

Los datos oficiales indican que desde 2009 son más de 700.000 los desalojos forzosos que se han llevado a cabo, y eso sin contabilizar los llamados desahucios invisibles o silenciosos: los que se producen en viviendas ocupadas por familias a las que han echado de sus casas sin ofrecerles alternativa habitacional, familias que -por necesidad- se ven obligadas a ocupar pisos vacíos; y los casos de no renovación de contrato. En los primeros nueve meses de este 2018 -según el Consejo General del Poder Judicial-, se han producido 44.606 lanzamientos, por lo que el año podría acabar en cifras próximas a las de los peores de la crisis; prácticamente dos de cada tres han sido por impago del alquiler. ¿Por qué se han multiplicado este tipo de desalojos? Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nos cuentan que una de las explicaciones está en el boom del precio de los alquileres, que en los últimos cuatro años ha subido un 43% en ciudades como Barcelona y Mallorca, casi un 40% en Madrid y Valencia o más de un 25% en Las Palmas de Gran Canaria. “Si a eso le sumas los sueldos miserables que cobra parte de la población, pagar el alquiler se vuelve misión imposible”, nos dice Marga Rivas. Están además las viviendas -a veces edificios enteros- con las que se quedan los bancos porque sus dueños no han podido pagarlas, que alquilan a inquilinos y finalmente acaban vendiendo a fondos buitre: estamos ante empresas que incrementan espectacularmente el precio para echar a quienes viven en ellas porque la rentabilidad es muy superior si las utilizan como pisos turísticos, alquilándolas por semanas o por días. Y no solo las entidades financieras venden a fondos buitre: recuerda esta activista el “gravísimo caso” de la venta de 5.000 viviendas sociales en alquiler por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en 2012 y 2013, que se dirime actualmente en los juzgados.

Los lanzamientos por impago de hipoteca se han reducido de forma notable en buena medida porque hay miles de procedimientos de ejecución hipotecaria cuya tramitación está en suspenso en los tribunales españoles a la espera de que se pronuncie, por enésima vez, la justicia europea, algo que se espera para lo que queda de año o principios del próximo. En septiembre, la Abogacía General de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la UE sigue su criterio en un 80% de los casos) rechazaba el hecho de que pueda ejecutarse una hipoteca por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado, porque es contrario a la directiva comunitaria que protege al consumidor. Desde la PAH alertaban de que esos miles de casos parados podrían reactivarse con la Ley de Crédito Inmobiliario, “impulsada en su día por el banquero Luis de Guindos y a la que el PSOE ha dado continuidad en lugar de elaborar una norma progresista”, pero antes de aprobarse hoy mismo en la Comisión de Economía del Congreso los grupos parlamentarios acordaron que no afectará a los procedimientos judiciales en marcha. Eso sí, la mayoría de los grupos presentes en la ponencia que ha estado trabajando en ella rechazó la dación en pago como forma habitual de resolver los casos de incapacidad de pago sobrevenida, rechazó limitar la responsabilidad patrimonial al importe del bien hipotecado y también otras medidas de protección de los deudores hipotecarios propuestas por la Plataforma, “por lo que las familias seguirán siendo echadas de sus casas y teniendo deudas de por vida”.

Todo -denuncian- como consecuencia de la especulación con un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada: “en España, la vivienda se considera un mero bien de consumo, y eso pese a que tribunales y organismos internacionales llevan años dándonos la razón”.

Naciones Unidas, con la PAH

Viendo que los ciudadanos están desamparados ante la propia justicia española a la hora de defender su derecho a la vivienda, la PAH ha recurrido a la ONU, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en julio de 2017, condenó al Estado por no garantizar una alternativa habitacional a una familia con dos niños pequeños que estuvo diez días durmiendo en un coche tras ser desahuciada. Actualmente está analizando varias docenas de casos más y el pasado mes de agosto le solicitó al Ejecutivo que tomara medidas cautelares en dieciocho, paralizando los lanzamientos. Naciones Unidas asume lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que cumplía ayer 70 años, y que -como la Carta Magna española- reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada; muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra ese derecho en nuestro país, sobre todo en el caso de colectivos en riesgo de exclusión social; traslada su inquietud por la falta de un marco normativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para los afectados por desahucios, y lamenta el insuficiente parque de vivienda social, que no llega al 2% frente al 17%-18% de Francia o Alemania. El Comité de la ONU recomienda a España adoptar un protocolo de actuación que asegure una coordinación entre los tribunales y los Servicios Sociales, así como entre los propios Servicios Sociales, “algo que casi nunca sucede -se queja Marga Rivas-, no se cruzan datos y los jueces ni tan siquiera se preocupan por saber si en una casa que se va a desalojar viven niños o personas dependientes”. Cuenta que Euskadi es una de las pocas Comunidades -sino la única- en la que eso sí se hace.

Tras el suicidio de Alicia hace un par de semanas, el Gobierno anunció que va a fomentar esa coordinación con los Servicios Sociales, con la idea de que no pueda llevarse a cabo un lanzamiento hasta que estos intervengan; avanzó además otras medidas como una reforma fiscal para estimular la oferta de vivienda en alquiler y conseguir que se moderen los precios. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca destacan que en 2013 consiguieron llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 1,5 millones de firmas para intentar cambiar la situación, pero recuerdan que finalmente la retiraron porque estaba quedando desvirtuada. Acudieron entonces a los Parlamentos autonómicos, con escaso éxito excepto en el caso del vasco. Este año llegaba a la Cámara Baja su propuesta de Ley Vivienda, y denuncian el “bloqueo fraudulento que está sufriendo por parte del PP y de Ciudadanos, con la prórroga sistemática del plazo de presentación de enmiendas”; en ella defienden cuestiones básicas como la dación en pago retroactiva, la condonación de la deuda, los alquileres a precios asequibles, combatir la pobreza energética o aumentar el parque de vivienda pública. Ponen el acento en que los últimos datos del INE contabilizan casi 3,5 millones de pisos vacíos, el 14% del total, “que están a la espera de la especulación cuando deberían estar a disposición de los ciudadanos que los necesitan”; buena parte de ellos son propiedad de los bancos, por eso piden que se les obligue a cederlos a las Administraciones para que los utilicen como vivienda social o que se les sancione por tenerlos sin uso.

“Seguiremos luchando hasta que haga falta”

Marga Rivas nos cuenta que en la PAH siempre pensaron que, en cuanto se aprobase una nueva normativa de vivienda que protegiese a los consumidores, dejarían de existir. Pero, viendo la Ley de Crédito Inmobiliario que ha salido adelante este martes en comisión para ser votada en unos días en el pleno del Congreso y entrar en vigor a comienzos del año que viene, son pesimistas: creen que van a tener que existir de por vida. Destacan que en una década han parado unos 3.000 desahucios y han realojado a miles de familias, “haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones”, y su conclusión es clara: “si no existiese la Plataforma habría que inventarla, porque las familias empezamos a respirar cuando llegamos a ella, pues allí encontramos el apoyo que nos niegan los poderes públicos”.

Marga se vio obligada a dejar de pagar la hipoteca al quebrar la empresa que tenía su marido como consecuencia de los impagos de los clientes. Perdió la casa pero sigue viviendo en ella con un alquiler social que peleó junto a sus compañ@s de la PAH. Ahora lucha para que ese alquiler sea vitalicio, y sigue y seguirá batallando para ayudar a los que atraviesan situaciones como la suya o peores, dejando una cosa clara: que “si nuestros contratos no hubiesen tenido cláusulas que finalmente los tribunales europeos obligaron a anular por abusivas, la mayoría de nosotros hubiésemos podido seguir pagando”. Hablan en la Plataforma de “estafa hipotecaria” y avisan de que la Ley de Crédito Inmobiliario la va a perpetuar. Por eso en su asamblea estatal del pasado fin de semana acordaron preparar grandes movilizaciones en todo el país para reivindicar el Derecho a la Vivienda; llaman a los movimientos sociales y al conjunto de la ciudadanía a unirse “contra el blanqueo de cláusulas abusivas y contra los intereses especulativos del capital a los que están sometidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. Inciden, además, en que los perjudicados son siempre los mismos: la parte más debilitada de la población.