La suya es una lucha que nació como reacción a las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, que han supuesto ir atrasando la edad de jubilación, aumentar el número de años cotizados necesarios para acceder a ellas, contar con un factor de sostenibilidad por el que cuanto más aumente la esperanza de vida más se recortarán las prestaciones y limitar su revalorización al 0,25% en los años económicamente malos; una lucha que se ha intensificado considerablemente desde principios del año pasado: la Marea Pensionista de Barcelona, la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, la ola de Jubilados de Bilbao o la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, todos repiten el mismo lema en sus movilizaciones “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” y quieren dejarlo bien claro especialmente ahora, a las puertas de las elecciones generales del 28-A. Avisan de que han venido para quedarse, de que no piensan rendirse hasta que los partidos atiendan sus reivindicaciones: con más de 9 millones de personas, son “el mayor ejército del mundo”, en palabras de Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal, y advierten de que están curtidos en mil batallas por lo que han tenido que vivir, porque han tenido que pelear por cada derecho conquistado y porque al frente del movimiento hay gente con experiencia en el mundo del sindicalismo; y lo dicen conscientes de que va para largo y de que no va a ser fácil.

Llaman a toda la sociedad a que se implique, “porque en un momento u otro todos los ciudadanos se van a ver afectados”: aseguran que sienten su apoyo moral pero le piden que se una a sus protestas en la calle para sumar cuantas más voces mejor, y se dirigen sobre todo a los jóvenes, porque es por ellos por quienes -en gran medida- se movilizan. Lo hacen desde la indignación que supone que, después de tantos años de trabajo y sacrificios, “haya jubilados que mueren de frío porque, con pensiones de 380 euros, no pueden poner la calefacción, o que acaban recurriendo a braseros de leña o estufas de carbón o gas con las que aumentan los incendios en el hogar y las llamadas muertes dulces”, que se producen por inhalación de monóxido de carbono al quedarse dormidos; y porque les exaspera que “con prestaciones pírricas, teniendo que pagar una parte de los muchos medicamentos que toman, se vean obligados a elegir entre comprar los fármacos o comer: debería caérseles la cara de vergüenza a esos legisladores que, solo en dietas y viviendo en Madrid, se embolsan casi 900 euros al mes, el doble si residen fuera”, dice Domiciano Sandoval. Exigen pensiones dignas pero lo que los mueve es tener la certeza de que “si nuestros padres vivieron mejor que nuestros abuelos y nosotros vivimos en general mejor que nuestros padres, si no hacemos algo, nuestros hijos ya no van a tener ni siquiera nuestra calidad de vida y no digamos nuestros nietos, que vivirán mucho peor si no logramos que las cosas cambien”. De ahí que los insten a unirse a ellos: “Tienen que entender que, si no actúan ahora, si no actuamos cuanto antes, su vida será infinitamente peor que la nuestra”; y les piden que no permitan que cale en ellos “la mentira que nos están contando (con la ayuda de muchos medios de comunicación) de que el sistema público de pensiones no da para más: si no se puede sostener es porque han legislado en su contra durante años, desde que en 1995 se creó la Comisión del Pacto de Toledo, y porque no les interesa que se mantenga para entregárselo a bancos y aseguradoras”.

“Las 3 mentiras que nos están contando”

Recuerda el portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones esa máxima atribuida al Conde de Romanones de ‘si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión’ (que vendría de aquella cita de Napoleón de ‘si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que no se haga, encárgaselo a un comité’) para afirmar que por eso el Congreso de los Diputados aprobó crear la Comisión del Pacto de Toledo que “en teoría, nació para sacar las pensiones del debate electoral cuando el resultado ha sido justamente el contrario: las pensiones están en el centro de ese debate y sus miembros se han dedicado a ir contra el sistema”. Por eso no les preocupa que, por primera vez en su historia y tras más de dos años de debates, la Comisión haya sido incapaz de consensuar recomendaciones para plantearle al Gobierno; al contrario, se muestran satisfechos de ese fracaso porque los pocos puntos que estaban pactados no incluían sus reivindicaciones.

Afirma Domiciano Sandoval que “llevan tiempo contándonos tres mentiras, repitiéndolas como un mantra gracias al altavoz de buena parte de los medios de comunicación tradicionales, convencidos de que a fuerza de reiterarlas se convertirán en verdades”. El primer engaño es que se necesitan más trabajadores cotizando, la ratio es de 2 afiliados por pensionista, en el límite de lo que se considera imprescindible para mantener el sistema: “hablan de falta de trabajadores pero no quieren ni oír hablar de productividad, que es el quid de la cuestión cuando caminamos hacia un mercado laboral con cada vez menos trabajadores pero más productivos”; y pone como ejemplo el sector agrario, explicando que en las décadas de 1960/1970 trabajaban en él entre el 25% y el 40% de los ocupados mientras que ahora lo hace solo el 4-5% “y ha aumentado la producción”. El segundo engaño es -dice- que las prestaciones son muy generosas en España porque la tasa de sustitución (el porcentaje del último salario percibido que supone la pensión de jubilación) se sitúa de media alrededor del 80% cuando la media de la UE está algo por debajo del 60%, según datos de la OCDE, que alerta de que en el caso español podría bajar hasta 30 puntos porcentuales en unos cuarenta años: “eso es cierto, pero también lo es que los salarios medios en países como Alemania, Francia o Italia están muy por encima del español, por lo que no es lo mismo el 60% de 2.400 o de 2.700 euros que el 80% de 1.600”. Y la tercera mentira es que “no se cansan de insistir en que el sistema público de pensiones tiene déficit cuando estas prestaciones vienen pagándose desde hace años única y exclusivamente con lo que se ingresa por las cotizaciones a la Seguridad Social -últimamente con préstamos del Estado para abonar las pagas extra- pero ¿qué ingresos tienen las Fuerzas Armadas o la Casa Real? Ninguno, por lo que en realidad todo lo que se destina a estos capítulos vía Presupuestos Generales del Estado es déficit”. Y añade otro argumento que dan economistas como Fernando de Miguel, que defiende que la llamada generación del baby boom sí financió sus pensiones futuras: asegura que el sistema generó un superávit acumulado de 843.000 millones de euros en el período 1977/2017, sobre todo coincidiendo con su entrada en el mercado laboral; recuerda que parte de ese dinero se usó para financiar los Presupuestos Generales del Estado y considera lógico reclamar ahora que sean esos mismos presupuestos los que aporten al sistema público de pensiones, que tendrá que soportar la mayor presión con la jubilación de esa generación del baby boom entre los años 2023 y 2045.

Los más de 9 millones de pensionistas tienen que tener voz en el debate

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público destacan que el artículo 50 de la Constitución señala que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, y que el artículo 128 apunta que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Su conclusión es clara: “las pensiones son un derecho que se debe garantizar y ha de ser la sociedad la que arbitre los mecanismos”. Por eso reclaman una reforma completa del sistema en el marco de un debate con luz y taquígrafos.

Sus demandas pasan por fijar una pensión mínima de 1.084 euros porque la Carta Social Europea dice que en Europa no se puede vivir dignamente con menos; aplauden la reciente subida del SMI un 22% y consideran asumible que las pensiones más bajas se incrementen en esa misma línea en dos o tres veces. Exigen que se vincule legalmente la revalorización de las pensiones al IPC para que no dependa del Gobierno de turno. Piden el ‘destope’ total de las pensiones máximas, que permitiría ingresar en el sistema entre 4.500 y 8.000 millones de euros anuales, según las fuentes consultadas. Reclaman que, en caso de necesidad o déficit del sistema, se recurra a los Presupuestos Generales del Estado y que gastos como el mantenimiento de los edificios de la Seguridad Social o los sueldos de sus funcionarios corran a cargo de esos presupuestos en lugar de cubrirse con las cotizaciones, afirmando que “así se van más de tres mil millones de euros”. Defienden el hecho de que acabar con las subvenciones a los planes privados de pensiones -“que la mayor parte de los trabajadores no se pueden permitir”- supondría contar con “por lo menos otros mil millones de euros al año” para abonar las prestaciones. Quieren que se controlen de una vez por todas las horas extraordinarias por las que en muchos casos no se cotiza, y consideran “imprescindible” una reforma fiscal en condiciones, ya que España tiene casi siete puntos porcentuales menos de imposición fiscal que la media de la Eurozona. “Eso por no hablar de los miles de millones que dejan de ingresar las arcas públicas como consecuencia de la economía sumergida”, unos setenta mil según los últimos datos de Funcas. Ponen, además, el acento en que el gasto derivado pensiones contributivas representa algo menos del 11% del PIB frente al casi 14% de Francia o el 16% de Italia.

Dejan claro que en el organismo o la mesa de negociación que se abra después de las elecciones generales del mes que viene, sea cual sea, tiene que estar presente la voz de los más de 9 millones de pensionistas, y que los debates deben llevarse a cabo con la máxima transparencia “lejos del oscurantismo que ha marcado los de la Comisión del Pacto de Toledo”; así lo denuncia Domiciano Sandoval, que asegura que “esto tiene que cambiar de forma radical”. Y lanzan un aviso a navegantes “somos viejos pero no tontos y tenemos toda la fuerza del mundo: aquí estamos y aquí seguiremos defendiendo lo que nos corresponde, a nosotros y a las generaciones futuras». Mañana mismo hay convocada una concentración frente al Congreso de los Diputados, se mantienen las movilizaciones de los lunes en distintas ciudades y ya hay previstas protestas en todo el país los sábados 13 abril y 11 de mayo. En todas ellas gritan y gritarán bien alto para que se escuche que “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

P.S. Para estar al día de todo lo relacionado con la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones podéis seguirla en Facebook (facebook.com.coespe) y en Twitter (@pensionazo_no)

P.S. Reflexiones como la de Fernando de Miguel sobre el superávit del sistema las tenéis en la web https://economistasfrentealacrisis.com, una iniciativa impulsada por un grupo de profesionales de distintas disciplinas -no solo economistas- que buscan ‘elaborar propuestas que contribuyan al progreso social recuperando para la sociedad los conocimientos alcanzados por el avance de las ciencias sociales, en particular por la economía entendida en todo su alcance multidisciplinar’.