Una de cada seis personas en el mundo sufre una o varias de la veintena de Enfermedades Tropicales Desatendidas que se conoce hoy en día, aunque de muchas de ellas la mayor parte de nosotros no hayamos oído hablar. Son las enfermedades olvidadas, que afectan a quienes viven fuera del foco de atención de la sociedad, en condiciones de precariedad extrema: en países pobres -buena parte de ellos africanos- con un clima marcado por el intenso calor y la alta humedad, hacinados y sin acceso a agua potable, a una higiene adecuada o a servicios de salud. “Gente que reside allí donde no encuentras a nadie más, por eso de algunas de estas enfermedades se dice que comienzan donde acaban las carreteras y los caminos”, nos cuenta el director general de Anesvad, Iñigo Lasa.

  La ONG, que cumple este 2018 medio siglo dedicada a mejorar la salud y, con ello, la vida de los más desfavorecidos, lleva años trabajando para sacar del olvido a los que padecen algunas de estas dolencias, padeciendo también el estigma y la discriminación que conllevan enfermedades que los desfiguran o les provocan amputaciones y discapacidades que en muchos casos los incapacitan para siempre, perpetuándolos en ciclos de pobreza. Lasa explica que son personas triplemente vulnerables: en sus propias comunidades, como población estigmatizada, en sus países -que dan prioridad a otros problemas sanitarios- y a nivel internacional, por los escasos fondos que se destinan a luchar contra estos males. Por eso Anesvad está centrando sus esfuerzos en combatirlas.

Úlcera de Buruli, Pian, Filariasis linfática y lepra

  En la actualidad, Anesvad trabaja en cuatro países del Golfo de Guinea donde la filariasis linfática (elefantiasis), el pian, la úlcera de Buruli y la lepra son endémicas: Benín, Costa de Marfil, Togo y Ghana. Siempre en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sin abandonar esta lucha, estudia extender el año que viene su labor a Camerún, Nigeria o Senegal, incluyendo además proyectos para combatir la leishmaniasis cutánea y el tracoma, principal dolencia infecciosa causante de la ceguera. Así nos lo ha avanzado su director general.

  La elefantiasis se conoce así porque provoca el crecimiento anormal de determinadas partes del cuerpo, causando discapacidades graves y estigma social. Se calcula que hay más de 120 millones de infectados y que 850 millones de personas en 52 países requieren tratamiento profiláctico a gran escala para detener su propagación (a través de la picadura de mosquitos). Del pian se dice que borra los rostros, es desfigurante y debilitante, y se sabe que ataca sobre todo a menores de 15 años. Se transmite por contacto con la piel de un afectado, es endémica en 13 países y unos 89 millones de personas están en riesgo de contraerlo. La OMS confía en que pueda ser en breve la segunda enfermedad en erradicarse en el mundo después de la viruela, gracias al tratamiento con azitromicina (un antibiótico recetado para la amigdalitis) que ha desarrollado el médico barcelonés Oriol Mitjá, del que ya se ha probado su efectividad. También la úlcera de Buruli puede causar desfiguraciones permanentes y discapacidad. Se desconoce el modo de transmisión, pero se asocia a la presencia de la bacteria causante en aguas sucias y estancadas, y se trata con una combinación de antibióticos. Se han notificado casos en 33 países, pero solo hay datos de un tercio y además son parciales. La lepra es la más conocida de las cuatro, la única conocida para muchos. 3 millones de personas han sufrido amputaciones o ceguera derivadas de ella y se calcula que siguen apareciendo unos 200.000 casos cada año.

De la mano de autoridades y profesionales sanitarios locales

  La detección a tiempo y el tratamiento son fundamentales y Anesvad trabaja para garantizar el acceso a la atención médica, de forma que quien contraiga estas dolencias pueda obtener un diagnóstico temprano y recibir la medicación necesaria para curarse lo antes posible, evitando lesiones que le dejen huella de por vida. Pero también es clave la prevención, por eso sus equipos promueven hábitos saludables trabajando en la alimentación, así como en la higiene o el saneamiento; y lo hacen apostando por fortalecer las estructuras sanitarias nacionales: estableciendo una relación directa con los Gobiernos (incorporándolos como titulares de esa obligación) y con los centros sanitarios regionales o de distrito (haciendo partícipes a los titulares de derechos, a las comunidades), yendo de la mano con ellos, visitando regularmente los proyectos (cada 2/3 meses) y estando muy pendientes de los resultados de las auditorías que deben pasar. Esta oenegé no tiene, como otras, presencia permanente sobre el terreno. Asegura Iñigo Lasa, que acumula años de experiencia en el sector, que ese el gran reto de la cooperación internacional en África: trabajar codo con codo con las autoridades nacionales, que son las primeras que deben responsabilizarse.

  Dice que el continente africano es el gran desconocido: admite que se sabe poco -o casi nada- de la situación sanitaria en muchos países, y que además la sociedad del llamado “primer mundo” apenas conoce las Enfermedades Tropicales Desatendidas que lo azotan y cómo afectan a quienes las padecen, a quienes les rodean y al conjunto de la población nacional. Por eso se marcan como uno de los retos para 2019 ser capaces de acercarlas más a la sociedad española para lograr así una mayor sensibilización sobre los efectos que provoca un grupo de dolencias que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo.

Recuperando la confianza

  “Si Anesvad ha llegado a cumplir medio siglo de vida es principalmente porque cuenta con un apoyo social muy importante que hace posible que pueda seguir realizando su trabajo”, asegura su director general. En la actualidad cuenta con más de 60.000 socios: son menos de la mitad de los que tenía hace una década, pero la cifra ha ido “in crescendo” en los últimos años. En 2007, su entonces presidente y dos directivos eran detenidos -y más tarde serían condenados- por apropiación indebida. Desde entonces han redoblado los controles e Iñigo Lasa, que ha trabajado en media docena de ONGs, afirma que el nivel de exigencia en transparencia es de lo más alto, incluyendo no solo la publicación anual de las cuentas sino también los resultados de las auditorías externas, los salarios, etc. Explica que van incluso más allá de lo que exigen los certificados de transparencia que acreditan su labor: el de la Coordinadora de ONGD-España, el de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el del Gobierno vasco, y destaca el papel del Patronato que lleva el timón desde hace 5 años, comandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi Garbiñe Biurrun, y del que forman parte otras personalidades de la judicatura, la cooperación, la gestión pública y la innovación social.

  El director general de Anesvad está convencido de que han recuperado la credibilidad, razón por la cual está aumentando el número de socios, pero tiene claro que no pueden bajar la guardia. Y no solo ellos. Asegura que todo el sector de la cooperación, salpicado este año por escándalos como el de Oxfam, debe mejorar, especialmente en lo que se refiere a mostrarle a la gente lo que su presencia supone para los países en los que trabaja y para sus habitantes. “La evaluación de proyectos para que los ciudadanos conozcan los resultados de nuestra labor nos da más credibilidad y en ese apartado todavía hay mucho margen de mejora”, dice. En su opinión es importante seguir avanzando en transparencia financiera y en deontología, pero él pone el acento en la necesidad de demostrar que son útiles: “cuando seamos capaces de hacer llegar a la gente el cambio que, con nuestras actuaciones, se produce allí donde estamos presentes, tanto en salud como en seguridad alimentaria o en educación, daremos un importante salto cualitativo para ser más valorados por la sociedad”, concluye. Habría que añadir que también es responsabilidad de quien contribuye a esta u otras organizaciones sin ánimo de lucro exigirles un grado de información y transparencia que responda a su confianza.

P.S. Anesvad entregaba hace quince días sus III Premios a la Cooperación y la Solidaridad. Afworo fue galardonada en la categoría de “Emprender” por su proyecto de mejora de la atención clínica a las víctimas de la mutilación femenina mediante la capacitación y el empoderamiento de las matronas y las parteras tradicionales en Liberia. En la categoría de “Innovación”, la reconocida fue Ojos del Mundo, que trabaja en Mozambique para reducir los problemas oculares  en las comunidades rurales y facilitar el acceso de la mujer a los tratamientos, y que ha impulsado un taller de óptica gestionado por una asociación local de mujeres. Por su “Perseverancia” fue premiada Matres Mundi, asociación de profesionales de la salud materno-infantil que promueve una maternidad digna y segura en la zona con mayores tasas de mortalidad materna del mundo, el África Subsahariana. El Premio Honorífico lo recogía la misionera de Ourense Julia Aguiar por sus 56 años dedicados a cuidar la salud de los más vulnerables; casi cuatro décadas lleva en Benín, donde cada año son tratados en el macrocentro sanitario del que es responsable -en el que consulta y opera- más de 10.000 pacientes. Explica el director general de Anesvad que esta última era una deuda pendiente con quien lleva tantas décadas de trabajo con los que más sufren, y que además ha logrado importantes avances en el tratamiento de la úlcera de Buruli. Ella dice que “cuando se está sobre el terreno y el enfermo es una persona pobre, da la sensación de que todas las enfermedades son olvidadas”.

Aberrante, una Barbaridad, Bochornosa, un Despropósito impropio de una democracia, Difícil de entender, Escandalosa, Inaudita, Incomprensible, Indignante, un Grave Error, Lamentable, Vergonzosa… Esto y más es lo que han dicho organizaciones de consumidores, sindicatos y políticos de todo signo, así como una gran parte de los ciudadanos, de la decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, o lo que es lo mismo, el principal gasto de constitución de una hipoteca. 21 días y 16 horas de reunión después, por solo 15 votos a 13, el Pleno decidía dejar en papel mojado la sentencia que daba un giro de 180 grados a la jurisprudencia vigente durante las últimas dos décadas: el gravamen lo seguiría pagando el cliente que solicitase el crédito. Ha sido la última decisión del alto tribunal, que -previsiblemente- no tendrá recorrido por el Real Decreto Ley del Gobierno para modificar la norma que regula este tributo dejando claro que a partir de ahora lo pagará la banca. Sin retroactividad, por lo menos hasta que se pronuncie la justicia europea (como ya hizo con las cláusulas suelo con un tirón de orejas a la justicia española), porque el caso podría llegar a Luxemburgo: bien porque lo lleve el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -que abrió el debate con sus recursos ante el alto tribunal y tiene 3 dictámenes a favor y otros tantos en contra-, bien porque lo haga alguno de los jueces que atiende los miles de demandas presentadas.

  ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, celebra que el Ejecutivo “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados contra la decisión del Supremo” y habla de victoria de los consumidores. Avisa, sin embargo, de que la ajustada decisión de los magistrados y la tomada por el Gobierno demuestran que la batalla judicial sigue en pie y apuntan a que acabará en el Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, su portavoz, David Aragonés, nos explica que al margen del tema tributario esto es una cuestión civil, un contrato entre banco y cliente, por lo que queda abierta esa vía civil para reclamar los gastos del crédito, cuya imposición total a los afectados fue declarada nula por el propio Supremo hace tres años, dando lugar a sentencias que reconocen el derecho a recuperar parte -o incluso la totalidad- de lo abonado. Por eso van a seguir adelante con las 83 demandas colectivas que tienen preparadas para reclamar la devolución de esos gastos, entre los que está el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y llaman a los consumidores a sumarse a la plataforma que impulsan pidiéndoles “que no se crean el bulo de la banca y que no permitan que se salga con la suya, porque por lo menos recuperarán una parte de lo que han pagado”. Calculan que estaríamos hablando de cantidades que oscilan entre un mínimo de 600 a 1.500 euros, dependiendo de la hipoteca, que -multiplicado por los seis millones que estarían afectadas- sumarían entre 3.600 y 9.000 millones de euros, que es lo que las entidades se quedarán habiéndolo cobrado indebidamente si no se reclama.

El galimatías del Supremo

  Dice David Aragonés que con un “pírrico” 15-13 no se puede decidir sobre algo que afecta a millones de hipotecados y añade que no se entiende que jueces especializados en otros temas corrijan el criterio doctrinal marcado por tres fallos de jueces especializados en cuestiones tributarias. Considera además que la decisión del Supremo es “inconcebible” porque va contra la propia Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de hace 25 años, en la cual se señala que es el interesado el que debe correr con los gastos. Explica Aragonés que el alto tribunal pretende que se considere que son los clientes los interesados en registrar sus préstamos dándoles así a los bancos el derecho a una ejecución fulminante.

  Precisamente los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que rubricaron la sentencia del pasado 16 de octubre determinaron que, contrariamente a lo que se venía haciendo desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolló esa ley, era la banca la que debía pagar el tributo, entendiendo que es la única interesada en que la hipoteca conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro, porque así se garantiza recuperar la cantidad prestada en caso de impago. El dictamen se hacía público el día 18, y no habían pasado ni veinticuatro horas cuando, en un gesto inédito, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, frenaba sus efectos convocando una reunión del Pleno para este lunes por “la enorme repercusión económica y social” generada. El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, llegó a pedir disculpas a los ciudadanos por la “deficiente gestión” (ADICAE cree que es ahora cuando debería pedirlo, cosa que no ha hecho) negando -eso sí- presiones de los bancos. Las principales entidades argumentaron que se habían limitado a cumplir la ley y el reglamento vigentes, dejando claro que no veían lugar para la retroactividad si se mantenía el nuevo criterio; y avisaron de que, de ser así -como ahora ha decidido el Gobierno- las hipotecas se encarecerían.

  En otro gesto inédito, el Pleno de la Sala Tercera corregía este martes a los jueces de la Sección Segunda decidiendo que fuese el cliente el que siguiese abonando el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Resultó clave el voto del presidente: Díez-Picazo estaba aparentemente alineado con los magistrados que defendían que recayese sobre la banca, pero solo desde el día que se dictó el fallo del mes pasado, sin retroactividad; esa propuesta no tuvo el apoyo de una mayoría y, pudiendo forzar el empate a 14 votos, se decantó por volver a la anterior jurisprudencia. Hay que tener también en cuenta que -por distintas razones- no votaron 3 de los 31 jueces que forman el Pleno. En opinión de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, la decisión judicial demuestra el triunfo de la campaña de intoxicación de las entidades para no pagar, y nos cuenta su portavoz que se acabarán conociendo las llamadas de presión que ha habido. Hablan de “una clara derrota de la justicia, que queda en entredicho”.

  Partidos como Podemos, IU y BNG, así como diversas organizaciones de consumidores, han convocado movilizaciones en toda España para denunciar que “la justicia está al servicio del poder y contra el pueblo”. ADICAE sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar, tanto a través de asambleas como en su plataforma de afectados y en la web hipotecaconderechos.es

Por una nueva Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores

  Afirma David Aragonés que “ha llegado el momento de la política”. Asegura que el Gobierno ha tomado un buen rumbo pero aclara que las Cortes deben completar el camino aprobando “por primera vez” una Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores: no solo en el reparto de los gastos hipotecarios sino también en otros temas fundamentales como el vencimiento anticipado o las cláusulas suelo.

  La ponencia constituida en el Congreso debería aprobar en breve su dictamen en comisión para que después la vote el pleno de la Cámara. Destacan en ADICAE que los grupos parlamentarios se están mostrando sensibles con el tema y esperan que tengan en cuenta gran parte de las alegaciones que han presentado: lo consideran “una oportunidad de oro para que se pongan de acuerdo y nos sitúen al nivel europeo”. De hecho valoran muy positivamente que el Ejecutivo haya asumido al fin una de sus principales reivindicaciones: la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero dada la “ineficacia” del Banco de España y de la CNMV.

  Advierten de que estarán vigilantes, también de lo que puedan hacer los bancos para compensar el desembolso que van a tener que hacer a partir de ahora.

  Minusválidos. Quen de nós non o é? Por que non pensar que, se cadra, parte da responsabilidade desas chamadas “minusvalías” témola os que non somos quen de poñernos no seu lugar, de tentalo cando menos? Cada un de nós, os chamados “válidos” ou “máis válidos” para a sociedade, podémonos ver nesoutro lado do espello en calquera momento e, inexorablemente, se o tempo segue o seu decorrer natural: persoa maior e limitacións de mobilidade adoitan ir da man, e o caso é que ninguén repara niso ata que chega o momento.

  Esas son as limitacións coas que se topou Ana Balboa hai case catro décadas, cando era só unha pícara. Desde entón camiña pola vida nunha cadeira de rodas, como tantos e tantas que -ben por enfermidade coma ela, ben por accidente- vense un día na mesma situación. E, se xa nunca é doado, menos aínda sendo unha nena. Ela sacou folgos de onde non sabía que os tiña para espremer cada minuto e licenciouse en Bioloxía pola USC, indo e vindo a diario en coche desde A Estrada, onde viviu cos pais ata non hai moito, facendo ás veces catro viaxes, co esforzo engadido que iso supón a nivel físico. Á licenciatura sumoulle estudos de auxiliar administrativa e agora preside AMICO, a Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca, que é membro de COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade.

Barreiras arquitectónicas

  Se o día a día é unha verdadeira carreira de obstáculos nunha cidade, nas vilas a situación complícase aínda máis á hora dos desprazamentos polo que non só a cadeira de rodas senón tamén o coche acaban por converterse nunha prolongación dun mesmo, facéndose imprescindible para todo… “Grazas ó apoio dos teus, senón sería imposible”. Recoñecendo que algo se avanzou no campo da accesibilidade para as persoas con mobilidade reducida, nunha ou noutras as barreiras arquitectónicas seguen formando parte da paisaxe: desde as subidas ás beirarrúas ou o propio firme das rúas, ata os caixeiros dos bancos, pasando pola maioría dos locais e mesmo polos edificios públicos. Cómpre destacar as difcultades para o uso do transporte público urbano, porque dos taxis, mellor nin falar: non hai moitos adaptados e son máis caros, polo tempo que se tarda en prepararse para saír, algo polo que se penaliza ós usuarios. Os que dispoñen de vehículo propio adaptado, atópanse co problema dos estacionamentos: son poucos e as máis das veces están ocupados por quen non ten un mínimo de consideración; atopar un aparcadoiro con ascensor e con prazas reservadas para persoas con discapacidade é tan difícil como atopar unha agulla nunha palleira!

  Por se iso non abondase, hai que contar coa lei de Murphy que o pon todo aínda máis difícil. E, si, iso pasoulle a Ana en xaneiro deste ano, cando se lle estragou a cadeira de rodas eléctrica coa que se manexa. Cunha pensión non contributiva de invalidez non se pode nin pensar en mercala. A súa facilitáronlla as autoridades sanitarias, que eran as que debían decidir sobre o posible arranxo, algo que non fixeron; presentou a correspondente queixa, tamén ante a Valedora do Pobo, pero non lle quedou outra que agardar, e así segue porque para recibir unha nova teñen que pasar catro anos que, no seu caso, fanse neste mes de outubro. Por iso quere crer que o seu illamento forzoso case total (mesmo ten que pensar dúas veces o de desprazarse ó centro de saúde) debería estar chegando á súa fin. “Cunha cadeira manual o esforzo é titánico a medida que vas sumando anos”: unha, porque xa a tod@s nos custa máis e outra, porque a musculatura se vai atrofiando pola falta de movemento. E é que moitos non poden pagar o fisioterapeuta que precisarían a diario (ela vai unha vez por semana). É certo que hai achegas das Administracións pero quedan curtas, e aí é onde se pon de relevo o labor de asociacións como AMICO e de confederacións como COGAMI que, con todo, segue sen chegar a todos. Algo parecido pode dicirse do complemento para poder contar cunha persoa de apoio para realizar as tarefas máis esenciais (aínda non 200 euros mensuais para aqueles que teñen un grao de discapacidade igual ou superior ó 75%) ou do programa de apoio no fogar: “axudan pero non abondan”.

Máis barreiras

  As barreiras arquitectónicas non son as únicas a superar, están tamén as laborais. Con máis de 3.200.000 parados rexistrados nos servizos públicos de emprego, atopar traballo custa moito, sobre todo se és muller, máis aínda se tes unha discapacidade como a de Ana Balboa, “a tripla discriminación”. Di ela que o sector público debería telos máis presentes e que, ó privado, é practicamente imposible acceder, ata o punto de non chegar a facer nin sequera a entrevista porque o lugar non é accesible ou por preguntar por teléfono se o é. Hai incentivos públicos para a contratación pero -explica- quen contrata bota contas do que lle vai custar adaptar o posto e esvaécese entón calquera posibilidade que poidas ter. “Nin se preocupan por coñecer as túas capacidades, sobre todo canto maior é o grao de discapacidade”.

  E aí veñen as barreiras mentais, “a falta de implicación dos que toman as decisións, que van dando pasos ben pequenos, avanzando moi lentos e, case sempre, con atraso sobre o comprometido”. Falta de implicación á que se une o escaso labor de sensibilización, un oco que organizacións como COGAMI e asociación como AMICO tentan cubrir, sendo os propios políticos os primeiros a sensibilizar a través de iniciativas como “Ponte no meu lugar”, realizada hai uns días na capital galega co gallo da Semana Europea da Mobilidade, para que sintan en primeira persoa o que supón percorrer un pequeno treito en cadeira de rodas. Consideran imprescindible que os cidadáns tomen conciencia do complicado que é o seu día a día, que se identifiquen con eles para ter así máis forza para pelexar polas súas reivindicacións, por dereitos fundamentais recollidos na Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, un tratado internacional asumido por España. Tentar mudar as cousas é a meta pero “o desgaste físico e mental é bestial”, aínda co movemento asociativo facéndolles de altofalante para que se escoite a súa voz. Pero “aí seguimos e seguiremos loitando -di Ana- porque non se pode abandonar”.

  Angustia al recibir el aviso de que hay una embarcación en apuros o un naufragio, porque es gente en peligro que puede morir y, de hecho, muere (a alguna no la localizaron y, días después, aparecieron los cadáveres). Una mezcla de satisfacción y frustración cuando salvan vidas: satisfacción porque les están ofreciendo la posibilidad de salir adelante en un lugar en el que sentirse seguros es más fácil que en sus lugares de origen, y frustración porque la tragedia se repite y porque las trabas han ido aumentando hasta el punto de que ya es prácticamente imposible atender las peticiones de socorro. Y una enorme rabia al ver que los gobiernos europeos, para no tener testigos que sigan contando al mundo la cruda realidad, están dispuestos a dejar que mueran miles de personas. Rabia que se multiplica con la carta blanca y las devoluciones ilegales a Libia, un país que no respeta los derechos humanos como han constatado organismos internacionales como la ONU o Amnistía. Es lo que sienten voluntarios como Guillermo Cañardo, coordinador médico y jefe de misión de Proactiva Open Arms, que habla de crimen contra la humanidad aceptado por Europa.

  Y sabe bien lo que dice porque en sus más de veinte misiones en el Mediterráneo en casi tres años ha escuchado cientos de veces la misma denuncia de mercados de esclavos, de violaciones, de abusos sexuales, de torturas y otras atrocidades contadas por quienes las han sufrido, a las que se suma un número indeterminado de asesinatos. Historias de seres humanos que -solo por ser tratados como tal- responden con infinita gratitud, porque, como nosotros, lo único que buscan es tener la oportunidad de estudiar o trabajar, aspirar ellos y sus familias a una vida digna, y vivirla sin hacerlo pensando cada minuto que los pueden matar. Recuerda su sorpresa cuando, después de un rescate nocturno muy complicado, uno de los auxiliados le dio las gracias en perfecto español, para luego contarle que en su país era profesor universitario de lengua castellana; la misma que se llevó cuando rescataron a aquella chica que había trabajado para una compañía aérea y que sabía ocho idiomas.

A veces, te ves superado

  Confiesa Guillermo que a veces te ves superado por la situación, y cuenta -aún sobrepasado- el día que estuvieron solos durante horas (los demás barcos de auxilio habían llevado gente a puerto) para ayudar a 3.000 migrantes que esperaban el rescate en embarcaciones más que precarias; presas del nerviosismo, doscientos cayeron al agua y ellos -con el Astral repleto- les tiraron todo lo que tenían a mano, hasta garrafas de combustible vacías, para que se mantuviesen a flote: haces lo que puedes con lo que tienes y lo haces lo mejor que puedes, dice. Hubo muertos, pero habrían sido muchos más sin ellos. Están orgullosos porque han auxiliado a casi 60.000 personas y lo han hecho a pesar del boicot de muchos países y a la actuación de los mal llamados guardacostas libios. Explica que al principio cobraban de los traficantes por dejar que los barcos de migrantes partiesen, pero que –AK47 en mano- incluso llegaron a ayudar a las ONG´s en algún operativo de socorro; hasta que empezaron a cobrar de la UE y del nuevo Ejecutivo italiano por evitar que esas barcazas llegasen a territorio comunitario: dejándolas zarpar -eso sí- para interceptarlas en alta mar, quizás para cobrar por partida doble. Relata este médico aficionado a la navegación que les dispararon y que intentaron secuestrarlos porque eran los ojos que veían lo que pasaba y las voces que lo contaban.

  Desde Proactiva Open Arms reiteran que Italia y la Unión Europea han diseñado una estrategia para eliminar a los incómodos voluntarios, que completa el cierre de fronteras. La retirada del pabellón al Aquarius, de SOS Mediterranée y MSF, por parte de Panamá ha sido el último capítulo. Una vergüenza, clama Guillermo Cañardo, que no ve un cambio de rumbo a corto plazo, a no ser una mayor radicalización por el avance de la ultraderecha. Pero está convencido de que el flujo migratorio es imposible de parar, y espera que Europa acabe por decidirse a actuar en los países de origen: la única solución, que él tiene claro todavía no han intentado porque los intereses económicos mandan sobre los humanitarios y prima el ansia de seguir expoliando África. Del Gobierno español valora los gestos aunque tampoco confía en que vaya a desmarcarse de sus socios.

Incluso amenazas de muerte

  Ve a una parte de la sociedad española implicada y concienciada con lo que está pasando, destaca que si existen es gracias a ellos, a su apoyo económico y también moral; es consciente de que hay otra parte totalmente en contra y, sobre todo, un alto porcentaje de anestesiados, que lo ven como algo muy lejano que no les interesa, por eso defiende el trabajo de concienciación que hacen contando lo que han vivido en todo foro al que puedan llegar. Hay muchos que aplauden y reconocen su labor, pero también hay quien los acosa y hostiga, incluso con amenazas de muerte, acusándolos no solo de ser traficantes de seres humanos -como las autoridades italianas- sino señalándolos incluso como piezas de un plan para islamizar o invadir Europa. Él está muy tranquilo por haber podido ayudar a minimizar esta enorme tragedia.

  La ONG cambia ahora de escenario: prevé que a partir de la próxima semana el Open Arms esté ya operando en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, colaborando con Salvamento Marítimo en una zona en la que presión migratoria se ha multiplicado en los últimos meses, lejos todavía de las cifras del Mediterráneo Central. Pero el Astral -su velero- partirá de nuevo en un par de días rumbo a Libia para seguir denunciando lo que sucede en la ruta marítima más letal, en la que no quedan testigos, e intentar actuar en la medida de sus posibilidades. Y no van a dejar la lucha. Guillermo intentará descansar dos o tres meses para volver con más fuerzas, porque el desgaste emocional es brutal. Lo explica quien se ofreció como voluntario después de ver en televisión imágenes de un operativo de socorro en Lesbos y está enganchado a salvar vidas. Tiene claro que, mientras haya héroes dispuestos a arriesgar la suya para poder vivirla con dignidad, habrá gente como él para tratar de que lo logren. Y se quita el sombrero ante esos cientos de miles de valientes porque él -asegura- no sobreviviría a la travesía.