Los grandes indicadores han dado por cerrada la crisis en España, pero esa mejora no ha llegado a toda la población: más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social (26,6% del total), según el indicador europeo Arope, que incluye hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta media (8.500 euros anuales si hablamos de una persona), con carencia severa de bienes (no pueden calentar su casa, afrontar gastos imprevistos…) y con muy baja intensidad laboral. Arope, Cáritas o Cruz Roja apuntan que entre 3 y 4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa y esa es una realidad que conocen bien los Bancos de Alimentos, de hecho la Federación que los agrupa (FESBAL) tiene muy presentes estos datos, como nos ha demostrado su director de Comunicación, Ángel Franco.

  Hay 55 de estas organizaciones repartidas por todo el país, que el año pasado distribuyeron comida para 1,5 millones de personas, cifra que siguen manejando en este 2018, “lo que demuestra que la crisis no ha pasado”. Nos explica Ángel Franco que una parte de la población ha quedado al margen de esa recuperación, excluida de ella: hablamos de familias con todos o algunos de sus miembros en paro, de familias monoparentales con una mujer al frente, de viudas y jubilados con prestaciones mínimas, de inmigrantes e incluso de “trabajadores pobres” -quienes pese a tener un empleo éste es tan precario que no les permite salir adelante-. “Ellos tienen que seguir recurriendo a las ayudas”, y es ahí donde cobran gran importancia los Bancos de Alimentos (el primero se creó hace 32 años en Barcelona) que, en 2017, distribuyeron casi 152 millones de kilos de comida a través de las más de 8.000 entidades con las que colaboran: oenegés, comedores sociales y parroquias de distinto credo. “No llegamos al cien por cien, pero hacemos todo lo que podemos para intentar paliar -en la medida de lo posible- la difícil situación que atraviesan decenas de miles de familias, aportando nuestro granito de arena”. Tres décadas después, con intensos cambios económicos y sociales, los grupos de riesgo no han variado: niños, mayores y mujeres (en este caso, también inmigrantes). Y eso en una época en la que las aulas están copadas por mujeres, ellas son las que tienen mejores expedientes…Es el resultado de una brecha cuya consecuencia es la precarización de quien se ha de hacer responsable (a todos los niveles, no solo económico) del equilibrio familiar.

Una gran empresa con el 96% del personal voluntario

  Funcionan como una gran compañía, que tendría unos 3.200 trabajadores, en la medida que necesitan organizarse y repartirse tareas, teniendo muy claro qué debe hacer cada uno (solo en Madrid se mueven 80.000 kilos de alimentos a diario). Sin embargo en el capítulo de tesorería, no tienen nada que ver con el mundo empresarial. Lo destinado a salarios es mínimo porque el personal contratado representa apenas el 4%; el resto del personal son, en su inmensa mayoría, jubilados o prejubilados “que aportan sin pedir nada a cambio su tiempo, sus conocimientos, su bagaje profesional y personal y, sobre todo, su entusiasmo”, nos dice Ángel Franco; como él mismo, periodista jubilado. También es mínimo lo que pagan por las instalaciones (almacenes y locales), muchos de ellos cedidos por las Administraciones Públicas, que además subvencionan parte de los gastos administrativos y de funcionamiento. Cuentan con empresas que les hacen llegar ordenadores cuando cambian los suyos, que les donan furgonetas, incluso tienen convenios con constructoras que les realizan reformas y/o ampliaciones, con la banca…

  “Es la responsabilidad social corporativa, hacen un esfuerzo que para ellos también tiene una importante repercusión social. Su colaboración, como la de productores o grandes superficies y, sobre todo, el impagable trabajo de nuestros voluntarios, es lo que nos permite maximizar cada euro que recibimos en comida”.

De dónde proceden los alimentos que distribuyen

  El director de Comunicación de los Bancos de Alimentos nos explica que casi un tercio de la comida que reparten por todo el país les llega de las instituciones europeas y españolas a través del FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a las personas Desfavorecidas), financiado en un 85% por Bruselas y en un 15% por Madrid, canalizado a través del FEGA (el Fondo de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Desde 2014 -y hasta 2020- reciben 45 millones de euros anuales en alimentos no perecederos, que conforman una cesta básica atendiendo a criterios nutritivos, de calidad y de variedad, que el Gobierno compra mediante una licitación pública. En estos momentos se está negociando el siguiente período de ayudas en el que, además de la distribución de comida, se pondrá el acento en medidas orientadas a lograr la inclusión social de los más necesitados. De ahí que FESBAL ya se esté preparando para proporcionar también herramientas que faciliten su inserción laboral.

  Alrededor de otro 30% de la comida lo consiguen mediante donaciones de particulares en la Gran Recogida -que se celebra este fin de semana- y en las Operaciones Kilo que organizan de forma periódica los distintos Bancos de Alimentos. El resto lo reciben de la industria (grandes superficies y grandes fabricantes fundamentalmente), bien porque se aproxima la fecha de caducidad de los productos (que no es la fecha de consumo preferente), bien porque no han funcionado o porque han hecho cambios en sus líneas de producción; de la retirada de excedentes (en el caso de las frutas y verduras tienen un convenio con FEGA para poder transformarlos en zumos); y de la restauración. Ángel Franco quiere dejar claro que “nuestro primer objetivo es proporcionar alimentos a quien los necesita y el segundo combatir el desperdicio alimentario”.

  En España se tiran a la basura unos 8 millones de toneladas anuales de comida, casi la mitad en nuestras casas. “Nosotros damos charlas para concienciar en colegios y centros de todo tipo, explicando lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se puede echar una mano: aprendiendo a consumir y, en el caso de que haya excedentes, haciéndonoslos llegar. Y es lo mismo que le transmitimos a la industria de la distribución, con la que colaboramos día a día con muy buenos resultados, o a los productores: tenemos la capacidad necesaria para llevarle a la gente que peor lo está pasando esos alimentos que ellos no quieren porque son feos o porque los precios han caído, así que no tienen por qué destruirlos”. Todos deberíamos implicarnos en esta lucha, sabiendo que la educación de los más pequeños es fundamental, un trabajo de fondo que empieza a dar resultados, que se hacen cada vez más visibles en las campañas que están poniendo en marcha.

“Sé protagonista”, el lema de esta Gran Recogida

  “Sin una correcta alimentación no hay salud, tampoco educación ni cultura, porque la alimentación es la base sobre la que se asientan. La gente lo sabe y el caso de España es un caso de extraordinaria solidaridad”, es lo que nos dice el director de Comunicación de FESBAL, que somos líderes en Europa con 0,65 kilos donado por persona y año, por delante de Portugal y con países como Francia o Italia a mucha distancia. “Cuando hacemos llamamientos como el de este fin de semana (30 de noviembre-1 de diciembre, hasta el 2 de diciembre en Madrid) los ciudadanos siempre responden”.

  El objetivo es recoger entre 21 y 22 millones de kilos de productos, los últimos años lo han conseguido y están convencidos de que este lo volverán a lograr. Para eso también necesitan que haya personas que donen su tiempo: 130.000 voluntarios dispuestos a dedicarles por lo menos 4 horas (“¡qué son 4 horas!”) para animar a la gente que va a hacer la compra estos días a gastar un poco más pensando en aquellos que no tienen recursos. Destaca Ángel Franco que hay empresas cuyos trabajadores acuden a colaborar en grupo, así como institutos y colegios. “lo que demuestra que también las nuevas generaciones están dispuestas a implicarse”. Y su colaboración también es fundamental en la fase de clasificación: después de trasladar todo lo recogido a los locales toca repartirlo en lotes, atendiendo al tipo de alimento y, sobre todo, a la fecha de caducidad. “Se trata de ser lo más ágiles posible para que no se pierda nada, para evitar generar nosotros mismos desperdicios y en eso nos ayuda mucho el programa informático con el que trabajamos, creado especialmente para nosotros”.

Estrictos controles

  El control al que deben someterse es absolutamente exhaustivo -por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- y las autoridades sanitarias obligan a la Federación Española de Bancos de Alimentos a realizar visitas periódicas a las oenegés, a los comedores sociales y parroquias para comprobar que en sus instalaciones tienen lo necesario para preservar la comida que les hacen llegar para que ellos la repartan: tienen voluntarios que se encargan de realizar esa labor de inspección y de trasladarles después los datos.

Asegura que tanto las instituciones europeas como las españolas controlan estrictamente las distintas partes de la cadena: desde que los alimentos llegan a los Bancos en perfectas condiciones, hasta que han sido distribuidos en tiempo y forma, y quiénes han sido los beneficiarios. FESBAL se somete además a una auditoría anual y debe cumplir todos los criterios de buenas prácticas de la Fundación Lealtad para mantener el Sello ONG Acreditada que esta institución sin ánimo de lucro concede desde 2001 buscando fomentar la confianza de la sociedad en las organizaciones no gubernamentales. “Máxima transparencia y control para que los que colaboran con nosotros tengan claro que pueden hacerlo con total confianza, porque los escándalos en el sector de la cooperación nos afectan a todos”.

  Dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño -ya sea solo o en común con otros- tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Y la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, añade que la realización de este derecho “no es meramente una promesa que debe cumplirse a través de la caridad: es un derecho de cada mujer, hombre y niño que debe hacerse efectivo a través de acciones apropiadas por parte de gobiernos y actores no estatales”.

 Una de cada seis personas en el mundo sufre una o varias de la veintena de Enfermedades Tropicales Desatendidas que se conoce hoy en día, aunque de muchas de ellas la mayor parte de nosotros no hayamos oído hablar. Son las enfermedades olvidadas, que afectan a quienes viven fuera del foco de atención de la sociedad, en condiciones de precariedad extrema: en países pobres -buena parte de ellos africanos- con un clima marcado por el intenso calor y la alta humedad, hacinados y sin acceso a agua potable, a una higiene adecuada o a servicios de salud. “Gente que reside allí donde no encuentras a nadie más, por eso de algunas de estas enfermedades se dice que comienzan donde acaban las carreteras y los caminos”, nos cuenta el director general de Anesvad, Iñigo Lasa.

  La ONG, que cumple este 2018 medio siglo dedicada a mejorar la salud y, con ello, la vida de los más desfavorecidos, lleva años trabajando para sacar del olvido a los que padecen algunas de estas dolencias, padeciendo también el estigma y la discriminación que conllevan enfermedades que los desfiguran o les provocan amputaciones y discapacidades que en muchos casos los incapacitan para siempre, perpetuándolos en ciclos de pobreza. Lasa explica que son personas triplemente vulnerables: en sus propias comunidades, como población estigmatizada, en sus países -que dan prioridad a otros problemas sanitarios- y a nivel internacional, por los escasos fondos que se destinan a luchar contra estos males. Por eso Anesvad está centrando sus esfuerzos en combatirlas.

Úlcera de Buruli, Pian, Filariasis linfática y lepra

  En la actualidad, Anesvad trabaja en cuatro países del Golfo de Guinea donde la filariasis linfática (elefantiasis), el pian, la úlcera de Buruli y la lepra son endémicas: Benín, Costa de Marfil, Togo y Ghana. Siempre en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sin abandonar esta lucha, estudia extender el año que viene su labor a Camerún, Nigeria o Senegal, incluyendo además proyectos para combatir la leishmaniasis cutánea y el tracoma, principal dolencia infecciosa causante de la ceguera. Así nos lo ha avanzado su director general.

  La elefantiasis se conoce así porque provoca el crecimiento anormal de determinadas partes del cuerpo, causando discapacidades graves y estigma social. Se calcula que hay más de 120 millones de infectados y que 850 millones de personas en 52 países requieren tratamiento profiláctico a gran escala para detener su propagación (a través de la picadura de mosquitos). Del pian se dice que borra los rostros, es desfigurante y debilitante, y se sabe que ataca sobre todo a menores de 15 años. Se transmite por contacto con la piel de un afectado, es endémica en 13 países y unos 89 millones de personas están en riesgo de contraerlo. La OMS confía en que pueda ser en breve la segunda enfermedad en erradicarse en el mundo después de la viruela, gracias al tratamiento con azitromicina (un antibiótico recetado para la amigdalitis) que ha desarrollado el médico barcelonés Oriol Mitjá, del que ya se ha probado su efectividad. También la úlcera de Buruli puede causar desfiguraciones permanentes y discapacidad. Se desconoce el modo de transmisión, pero se asocia a la presencia de la bacteria causante en aguas sucias y estancadas, y se trata con una combinación de antibióticos. Se han notificado casos en 33 países, pero solo hay datos de un tercio y además son parciales. La lepra es la más conocida de las cuatro, la única conocida para muchos. 3 millones de personas han sufrido amputaciones o ceguera derivadas de ella y se calcula que siguen apareciendo unos 200.000 casos cada año.

De la mano de autoridades y profesionales sanitarios locales

  La detección a tiempo y el tratamiento son fundamentales y Anesvad trabaja para garantizar el acceso a la atención médica, de forma que quien contraiga estas dolencias pueda obtener un diagnóstico temprano y recibir la medicación necesaria para curarse lo antes posible, evitando lesiones que le dejen huella de por vida. Pero también es clave la prevención, por eso sus equipos promueven hábitos saludables trabajando en la alimentación, así como en la higiene o el saneamiento; y lo hacen apostando por fortalecer las estructuras sanitarias nacionales: estableciendo una relación directa con los Gobiernos (incorporándolos como titulares de esa obligación) y con los centros sanitarios regionales o de distrito (haciendo partícipes a los titulares de derechos, a las comunidades), yendo de la mano con ellos, visitando regularmente los proyectos (cada 2/3 meses) y estando muy pendientes de los resultados de las auditorías que deben pasar. Esta oenegé no tiene, como otras, presencia permanente sobre el terreno. Asegura Iñigo Lasa, que acumula años de experiencia en el sector, que ese el gran reto de la cooperación internacional en África: trabajar codo con codo con las autoridades nacionales, que son las primeras que deben responsabilizarse.

  Dice que el continente africano es el gran desconocido: admite que se sabe poco -o casi nada- de la situación sanitaria en muchos países, y que además la sociedad del llamado “primer mundo” apenas conoce las Enfermedades Tropicales Desatendidas que lo azotan y cómo afectan a quienes las padecen, a quienes les rodean y al conjunto de la población nacional. Por eso se marcan como uno de los retos para 2019 ser capaces de acercarlas más a la sociedad española para lograr así una mayor sensibilización sobre los efectos que provoca un grupo de dolencias que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo.

Recuperando la confianza

  “Si Anesvad ha llegado a cumplir medio siglo de vida es principalmente porque cuenta con un apoyo social muy importante que hace posible que pueda seguir realizando su trabajo”, asegura su director general. En la actualidad cuenta con más de 60.000 socios: son menos de la mitad de los que tenía hace una década, pero la cifra ha ido “in crescendo” en los últimos años. En 2007, su entonces presidente y dos directivos eran detenidos -y más tarde serían condenados- por apropiación indebida. Desde entonces han redoblado los controles e Iñigo Lasa, que ha trabajado en media docena de ONGs, afirma que el nivel de exigencia en transparencia es de lo más alto, incluyendo no solo la publicación anual de las cuentas sino también los resultados de las auditorías externas, los salarios, etc. Explica que van incluso más allá de lo que exigen los certificados de transparencia que acreditan su labor: el de la Coordinadora de ONGD-España, el de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el del Gobierno vasco, y destaca el papel del Patronato que lleva el timón desde hace 5 años, comandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi Garbiñe Biurrun, y del que forman parte otras personalidades de la judicatura, la cooperación, la gestión pública y la innovación social.

  El director general de Anesvad está convencido de que han recuperado la credibilidad, razón por la cual está aumentando el número de socios, pero tiene claro que no pueden bajar la guardia. Y no solo ellos. Asegura que todo el sector de la cooperación, salpicado este año por escándalos como el de Oxfam, debe mejorar, especialmente en lo que se refiere a mostrarle a la gente lo que su presencia supone para los países en los que trabaja y para sus habitantes. “La evaluación de proyectos para que los ciudadanos conozcan los resultados de nuestra labor nos da más credibilidad y en ese apartado todavía hay mucho margen de mejora”, dice. En su opinión es importante seguir avanzando en transparencia financiera y en deontología, pero él pone el acento en la necesidad de demostrar que son útiles: “cuando seamos capaces de hacer llegar a la gente el cambio que, con nuestras actuaciones, se produce allí donde estamos presentes, tanto en salud como en seguridad alimentaria o en educación, daremos un importante salto cualitativo para ser más valorados por la sociedad”, concluye. Habría que añadir que también es responsabilidad de quien contribuye a esta u otras organizaciones sin ánimo de lucro exigirles un grado de información y transparencia que responda a su confianza.

P.S. Anesvad entregaba hace quince días sus III Premios a la Cooperación y la Solidaridad. Afworo fue galardonada en la categoría de “Emprender” por su proyecto de mejora de la atención clínica a las víctimas de la mutilación femenina mediante la capacitación y el empoderamiento de las matronas y las parteras tradicionales en Liberia. En la categoría de “Innovación”, la reconocida fue Ojos del Mundo, que trabaja en Mozambique para reducir los problemas oculares  en las comunidades rurales y facilitar el acceso de la mujer a los tratamientos, y que ha impulsado un taller de óptica gestionado por una asociación local de mujeres. Por su “Perseverancia” fue premiada Matres Mundi, asociación de profesionales de la salud materno-infantil que promueve una maternidad digna y segura en la zona con mayores tasas de mortalidad materna del mundo, el África Subsahariana. El Premio Honorífico lo recogía la misionera de Ourense Julia Aguiar por sus 56 años dedicados a cuidar la salud de los más vulnerables; casi cuatro décadas lleva en Benín, donde cada año son tratados en el macrocentro sanitario del que es responsable -en el que consulta y opera- más de 10.000 pacientes. Explica el director general de Anesvad que esta última era una deuda pendiente con quien lleva tantas décadas de trabajo con los que más sufren, y que además ha logrado importantes avances en el tratamiento de la úlcera de Buruli. Ella dice que “cuando se está sobre el terreno y el enfermo es una persona pobre, da la sensación de que todas las enfermedades son olvidadas”.

Aberrante, una Barbaridad, Bochornosa, un Despropósito impropio de una democracia, Difícil de entender, Escandalosa, Inaudita, Incomprensible, Indignante, un Grave Error, Lamentable, Vergonzosa… Esto y más es lo que han dicho organizaciones de consumidores, sindicatos y políticos de todo signo, así como una gran parte de los ciudadanos, de la decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, o lo que es lo mismo, el principal gasto de constitución de una hipoteca. 21 días y 16 horas de reunión después, por solo 15 votos a 13, el Pleno decidía dejar en papel mojado la sentencia que daba un giro de 180 grados a la jurisprudencia vigente durante las últimas dos décadas: el gravamen lo seguiría pagando el cliente que solicitase el crédito. Ha sido la última decisión del alto tribunal, que -previsiblemente- no tendrá recorrido por el Real Decreto Ley del Gobierno para modificar la norma que regula este tributo dejando claro que a partir de ahora lo pagará la banca. Sin retroactividad, por lo menos hasta que se pronuncie la justicia europea (como ya hizo con las cláusulas suelo con un tirón de orejas a la justicia española), porque el caso podría llegar a Luxemburgo: bien porque lo lleve el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -que abrió el debate con sus recursos ante el alto tribunal y tiene 3 dictámenes a favor y otros tantos en contra-, bien porque lo haga alguno de los jueces que atiende los miles de demandas presentadas.

  ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, celebra que el Ejecutivo “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados contra la decisión del Supremo” y habla de victoria de los consumidores. Avisa, sin embargo, de que la ajustada decisión de los magistrados y la tomada por el Gobierno demuestran que la batalla judicial sigue en pie y apuntan a que acabará en el Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, su portavoz, David Aragonés, nos explica que al margen del tema tributario esto es una cuestión civil, un contrato entre banco y cliente, por lo que queda abierta esa vía civil para reclamar los gastos del crédito, cuya imposición total a los afectados fue declarada nula por el propio Supremo hace tres años, dando lugar a sentencias que reconocen el derecho a recuperar parte -o incluso la totalidad- de lo abonado. Por eso van a seguir adelante con las 83 demandas colectivas que tienen preparadas para reclamar la devolución de esos gastos, entre los que está el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y llaman a los consumidores a sumarse a la plataforma que impulsan pidiéndoles “que no se crean el bulo de la banca y que no permitan que se salga con la suya, porque por lo menos recuperarán una parte de lo que han pagado”. Calculan que estaríamos hablando de cantidades que oscilan entre un mínimo de 600 a 1.500 euros, dependiendo de la hipoteca, que -multiplicado por los seis millones que estarían afectadas- sumarían entre 3.600 y 9.000 millones de euros, que es lo que las entidades se quedarán habiéndolo cobrado indebidamente si no se reclama.

El galimatías del Supremo

  Dice David Aragonés que con un “pírrico” 15-13 no se puede decidir sobre algo que afecta a millones de hipotecados y añade que no se entiende que jueces especializados en otros temas corrijan el criterio doctrinal marcado por tres fallos de jueces especializados en cuestiones tributarias. Considera además que la decisión del Supremo es “inconcebible” porque va contra la propia Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de hace 25 años, en la cual se señala que es el interesado el que debe correr con los gastos. Explica Aragonés que el alto tribunal pretende que se considere que son los clientes los interesados en registrar sus préstamos dándoles así a los bancos el derecho a una ejecución fulminante.

  Precisamente los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que rubricaron la sentencia del pasado 16 de octubre determinaron que, contrariamente a lo que se venía haciendo desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolló esa ley, era la banca la que debía pagar el tributo, entendiendo que es la única interesada en que la hipoteca conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro, porque así se garantiza recuperar la cantidad prestada en caso de impago. El dictamen se hacía público el día 18, y no habían pasado ni veinticuatro horas cuando, en un gesto inédito, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, frenaba sus efectos convocando una reunión del Pleno para este lunes por “la enorme repercusión económica y social” generada. El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, llegó a pedir disculpas a los ciudadanos por la “deficiente gestión” (ADICAE cree que es ahora cuando debería pedirlo, cosa que no ha hecho) negando -eso sí- presiones de los bancos. Las principales entidades argumentaron que se habían limitado a cumplir la ley y el reglamento vigentes, dejando claro que no veían lugar para la retroactividad si se mantenía el nuevo criterio; y avisaron de que, de ser así -como ahora ha decidido el Gobierno- las hipotecas se encarecerían.

  En otro gesto inédito, el Pleno de la Sala Tercera corregía este martes a los jueces de la Sección Segunda decidiendo que fuese el cliente el que siguiese abonando el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Resultó clave el voto del presidente: Díez-Picazo estaba aparentemente alineado con los magistrados que defendían que recayese sobre la banca, pero solo desde el día que se dictó el fallo del mes pasado, sin retroactividad; esa propuesta no tuvo el apoyo de una mayoría y, pudiendo forzar el empate a 14 votos, se decantó por volver a la anterior jurisprudencia. Hay que tener también en cuenta que -por distintas razones- no votaron 3 de los 31 jueces que forman el Pleno. En opinión de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, la decisión judicial demuestra el triunfo de la campaña de intoxicación de las entidades para no pagar, y nos cuenta su portavoz que se acabarán conociendo las llamadas de presión que ha habido. Hablan de “una clara derrota de la justicia, que queda en entredicho”.

  Partidos como Podemos, IU y BNG, así como diversas organizaciones de consumidores, han convocado movilizaciones en toda España para denunciar que “la justicia está al servicio del poder y contra el pueblo”. ADICAE sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar, tanto a través de asambleas como en su plataforma de afectados y en la web hipotecaconderechos.es

Por una nueva Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores

  Afirma David Aragonés que “ha llegado el momento de la política”. Asegura que el Gobierno ha tomado un buen rumbo pero aclara que las Cortes deben completar el camino aprobando “por primera vez” una Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores: no solo en el reparto de los gastos hipotecarios sino también en otros temas fundamentales como el vencimiento anticipado o las cláusulas suelo.

  La ponencia constituida en el Congreso debería aprobar en breve su dictamen en comisión para que después la vote el pleno de la Cámara. Destacan en ADICAE que los grupos parlamentarios se están mostrando sensibles con el tema y esperan que tengan en cuenta gran parte de las alegaciones que han presentado: lo consideran “una oportunidad de oro para que se pongan de acuerdo y nos sitúen al nivel europeo”. De hecho valoran muy positivamente que el Ejecutivo haya asumido al fin una de sus principales reivindicaciones: la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero dada la “ineficacia” del Banco de España y de la CNMV.

  Advierten de que estarán vigilantes, también de lo que puedan hacer los bancos para compensar el desembolso que van a tener que hacer a partir de ahora.