Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país; todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de opinión y de expresión; todos tenemos derecho a la educación y al trabajo, y a un nivel de vida adecuado que nos asegure la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria…Siempre sin distinción de raza, color, sexo, idioma, origen -nacional o social-, posición económica o lugar de nacimiento. Es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acaba de cumplir 70 años y que hoy no saldría adelante. No lo digo yo, que también, sino Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España (AI), convencido de que no habría consenso para sacar adelante un texto como ese porque, además de entrar en juego más países -la Declaración la firmaron medio centenar-, “hay Gobiernos que no creen que los Derechos Humanos sean fundamentales, que los niegan y los violan a diario desde su misma esencia”. Y pone ejemplos: la Administración Trump no cree que todos los seres humanos seamos iguales, la de Rodrigo Duterte en Filipinas tampoco, igual que la de Vladimir Putin en Rusia o la de Viktor Orbán en Hungría, no digamos China, donde se viene practicando una dura represión desde hace décadas.“Lo cierto es que cada vez hay menos Gobiernos que defiendan los Derechos Humanos como política, por eso cada vez es más difícil llegar a acuerdos sobre migración, sobre refugiados, sobre cambio climático… Y precisamente lo que necesitamos son Gobiernos que defiendan sin complejos la igualdad, la libertad y la dignidad, que es lo que defiende, en general, la mayor parte de la sociedad civil”; no obstante, que muchos de los Derechos Humanos se pisoteen a diario -dice- no resta trascendencia a lo conseguido siete décadas atrás.

Cuando algo empieza ya no hay marcha atrás

  La esencia de los Derechos Humanos es, para Esteban Beltrán, el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como reza el artículo 1 de su Declaración. “Que nadie es mejor o peor porque tenga un determinado sexo, piense diferente o haya nacido en este o en aquel país”. Considera que eso fue lo revolucionario hace 70 años y lo que marcó un cambio muy importante en la historia de la humanidad. Recuerda que, no siendo vinculante, impulsó todo un corpus legal que ha supuesto grandes avances: 156 países han firmado la Convención contra la Tortura, 142 han abolido la pena de muerte, ha hecho que los códigos penales cambien, ha permitido que numerosos criminales hayan comparecido y comparezcan ante tribunales nacionales e internacionales y que mucha gente haya podido y pueda reclamar sus derechos ante esas mismas cortes (Tribunal Penal Internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos); y, por otra parte, ha contribuido a que surjan un gran número de organismos de defensa de los Derechos Humanos, “que han dejado de ser argumentos morales para convertirse en materia de obligado cumplimiento, y cuando un movimiento así comienza no hay marcha atrás, por eso lo importante es empezar”. De nuevo un ejemplo: el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado en 2013 por apenas un grupo de países y que ya han rubricado 130. “Por supuesto que hay cosas que celebrar, lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer”, afirma, destacando especialmente la necesidad de responder a una parte muy importante de la población a la que se le ha fallado durante todos estos años: las mujeres.

¿Por dónde empezar? Porque “la situación es muy grave”

  Explica el director de AI España que “lamentablemente, hay que empezar por mantener lo que tenemos y no dejar que nos arrebaten el principio de que todos nacemos libres e iguales. No podemos permitir que las políticas de odio al otro (a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales…) impulsen una agenda que niega la igualdad”. Dice el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, que estamos en una situación parecida al auge del fascismo en la década de los 30 del siglo pasado, que culminó en el Holocausto y acabó teniendo como respuesta esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Esteban Beltrán le da la razón: “es muy grave, porque por primera vez hay Gobiernos democráticamente elegidos que niegan los derechos a las mujeres, demonizan a los inmigrantes y a los refugiados tratándolos como delincuentes, etc., y a eso hay que sumarle una desigualdad flagrante -como en la década de 1930- fruto de una crisis económica brutal que ha hecho que el derecho a una educación elemental gratuita esté en riesgo o esté siendo violado, así como que el acceso a una vivienda sea un problema grave incluso en países como España”.

  Con este nivel de desigualdad y la proliferación de los discursos del odio, dice, uno no puede evitar recordar al ministro de Propaganda del nazismo -Joseph Goebbels- refiriéndose a judíos o bolcheviques como “infrahumanos”; tampoco la advertencia de uno dos los escritores por excelencia de la época, el austríaco Stefan Zweig -judío-, llamando a tener cuidado porque, a principios de esa década, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir. Afirma, eso sí, que “no estamos hablando de miedo, sino de una batalla de ideas en la que hay que reivindicar lo que hace ya siete décadas se vio como imprescindible (igualdad, libertad y dignidad), pero en la que sobre todo hay que convencer a la gente para que se una y recordarles a esos votantes que en un determinado momento apoyan a partidos que cuestionan los Derechos Humanos que los países en los que se respetan son los que tienen mayor estabilidad social”. Y está convencido de que perderán los que enarbolan la bandera del odio y la división, porque “somos muchos más los que queremos un mundo libre, justo y estable…, y estamos dispuestos a luchar para lograrlo, incluso sabiendo que puede costarnos la vida”.

Los defensores de los Derechos Humanos, más necesarios que nunca.

  Asegura el máximo responsable de AI España que “los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de los Gobiernos y, precisamente porque lamentablemente, en la actualidad, de esa defensa se ocupa más la sociedad civil que las autoridades, los activistas están más en riesgo que nunca, justo cuando son más necesarios que nunca”. (La organización Front Line Defenders contabilizó por lo menos 312 muertos el año pasado). Cuenta Beltrán que son “los ojos y las manos de la población”, porque son los testigos sobre el terreno y los que pelean por conseguir justicia, asegura que “son la confianza y los que se enfrentan al Ejecutivo o a la multinacional” de turno, y explica que están sometidos a un continuo hostigamiento (son víctimas de persecución, secuestros, asesinatos…) porque resultan incómodos, ya que son ellos los que hacen llegar la voz de la sociedad civil de un determinado país a todo el mundo. Amnistía lo ha vivido en múltiples ocasiones en carne propia, en los dos últimos años con la detención, tras ser acusados de terrorismo, del presidente y la directora de la oenegé en Turquía, con investigadores torturados en Ingushetia y en los Territorios Palestinos Ocupados, con las cuentas de su oficina en la India intervenidas por las autoridades, etc.

  Amnistía Internacional exige máxima protección para los activistas, al igual que los expertos de la ONU que han firmado un documento en el que reclaman a todos los Estados que les garanticen que puedan realizar su labor sin abusos, violencia o restricciones: avisan de que no pueden protegerse los Derechos Humanos sin esas voces valientes. En general, en AI se sienten apoyados por la ciudadanía y ponen el acento en que la tendencia mundial es que la gente se organiza, no se resigna y reclama sus derechos, por lo que el tejido social que lucha por los Derechos Humanos es cada vez mayor, dependiendo, claro está, del nivel de represión (ahí están casos como los de Corea del Norte y Arabia Saudí). Ellos, como organización, aseguran que están contentos de ser una herramienta al servicio de la gente para defender esos derechos, de estar presentes en buena parte del mundo, de ser una oenegé incómoda que dice verdades incómodas gracias a una “feroz independencia”, a no contar con ningún tipo de subvención.

España también necesita mejorar

  España y su Gobierno tienen temas pendientes, nos dice Esteban Beltrán. Cuestiones relacionadas con el pasado, entre las que menciona lo sucedido durante la Guerra Civil y el Franquismo, “algo importante para el futuro”, o los abusos policiales en Euskadi, que vienen denunciando desde hace años. Temas relacionados con políticas sociales, con la salud y la vivienda a la cabeza: “con listas de espera interminables, copago farmacéutico -que lleva a que algunos pensionistas deban elegir entre tomar su medicación o comer- y, por supuesto, con el grave problema de los desahucios”. Asuntos relativos a las políticas migratorias, con Pedro Sánchez “actuando como Jekyll & Hyde”: abriendo primero los brazos a los rescatados por el Aquarius y tardando luego más de 10 días en responder a un pesquero español que había socorrido a un grupo de migrantes en problemas en alta mar, o realizando “devoluciones ilegales de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, que pueden enfrentarse a torturas en Marruecos”. Y también es importante tener presente otros retos como el de la libertad de expresión, que existe pero con una tendencia negativa -dice- con la llamada Ley Mordaza, que la limita y que ha hecho que en los últimos 3 años se hayan impuesto 80 multas diarias por expresarse de forma pacífica, con normas decimonónicas que hablan de injurias a la Corona o de ofensas a los sentimientos religiosos…

  Concluye Esteban Beltrán que “hay margen de mejora”, critica “los incumplimientos por parte del actual Ejecutivo”, pero pone en valor que “se han creado expectativas” y añade un “esperemos que se cumplan”. Recuerda que “la sociedad española es de las que presionan a las autoridades para que respeten los Derechos Humanos”, y anima a seguir haciéndolo -con más fuerza si cabe- destacando que eso “puede marcar la diferencia”.

Hace un par de semanas Alicia, vecina del madrileño barrio de Chamberí, se tiraba por la ventana justo a la llegada de la comitiva judicial que iba a desahuciarla por no poder pagar el alquiler de su vivienda; esta sería la segunda vez. Tenía 65 años y vivía sola. Cinco meses antes, en junio, Jordi había hecho lo mismo en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat. Era electricista de profesión pero -desde que empezó la crisis- hacía todo tipo de chapuzas; tenía 45 años, estaba casado y el matrimonio tampoco podía afrontar el pago del alquiler. El Ayuntamiento había emitido varios informes sobre la situación de vulnerabilidad de la pareja. Son los últimos pero ni mucho menos los únicos crímenes de un sistema al que solo le preocupa contar billetes, no la vida de las personas. Es lo que llevan años repitiendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que “no son suicidios, son asesinatos”, como nos dice Marga Rivas, una de sus activistas, que recuerda cuánt@s compañer@s han quedado por el camino, y se queja de que eso no importe a los poderes públicos, “que no han hecho nada por intentar cambiar esta dramática realidad, cuando se trata de una cuestión de voluntad política, de mirar por las personas en lugar de mirar para otro lado”.

Un proceso altamente traumático

“La inmensa mayoría de la gente no deja de pagar su casa un buen día porque sí, porque lo decide y punto, sino porque no puede seguir asumiendo ese gasto, porque es eso o comer”, afirma Marga contundente. Es mucha la tensión y el estrés que acumulan esas personas antes y después de tomar la decisión, que se multiplican cuando pende sobre ellas la amenaza de un desalojo forzoso. Como psicóloga lo sabe bien: “es un proceso largo, mantenido en el tiempo, durante el cual se agolpan sentimientos de culpa, de fracaso, de vergüenza, de impotencia, etc, en cuyo transcurso tu salud (física y mental) se va deteriorando, y en el que muchas veces se rompen las relaciones familiares y de amistad, lo que te deja en una situación de vulnerabilidad e inseguridad que lo llena todo. Y a eso hay que añadirle el hecho de que, las más de las veces, te ves solo, sin nadie que te acompañe (a la Plataforma solo llegan el 10% de los casos). Sumándolo todo, es una bomba; por eso hay quien el día del desahucio, uno de los más terribles de su vida, no puede soportarlo más y decide poner fin a una situación altamente traumática”. Y nos explica que no son únicamente los suicidios, que hay también muchas muertes por infarto como consecuencia de la presión a la que se ven sometidos.

Los activistas de la PAH defienden que las familias que pasan por una situación tan dura deberían recibir ayuda psicológica continuada, algo que “en la mayoría de los casos no sucede”. Ell@s sí que la ofrecen (la consideran imprescindible), y no solo a los adultos, porque l@s niñ@s y l@s adolescentes se dan cuenta de lo que pasa y también sufren esa presión, como demuestran estudios como el que han realizado. En “Te quedarás en la oscuridad” se ponen de manifiesto la tristeza y los miedos de los más pequeños de la casa a quedarse en la calle, a que sus padres se separen, a perder sus amigos, a ser excluidos, a que se rían de ellos en el colegio, etc; y se reflejan situaciones como las que suceden en escuelas o institutos que, en lugar de ser un espacio de acogida, se convierten en un entorno hostil. Dicen los expertos que es importante trasladarles cuanto antes la gravedad de la situación para que vayan asimilándola y compartan sus sensaciones.

Más de 700.000 lanzamientos en una década

Los datos oficiales indican que desde 2009 son más de 700.000 los desalojos forzosos que se han llevado a cabo, y eso sin contabilizar los llamados desahucios invisibles o silenciosos: los que se producen en viviendas ocupadas por familias a las que han echado de sus casas sin ofrecerles alternativa habitacional, familias que -por necesidad- se ven obligadas a ocupar pisos vacíos; y los casos de no renovación de contrato. En los primeros nueve meses de este 2018 -según el Consejo General del Poder Judicial-, se han producido 44.606 lanzamientos, por lo que el año podría acabar en cifras próximas a las de los peores de la crisis; prácticamente dos de cada tres han sido por impago del alquiler. ¿Por qué se han multiplicado este tipo de desalojos? Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nos cuentan que una de las explicaciones está en el boom del precio de los alquileres, que en los últimos cuatro años ha subido un 43% en ciudades como Barcelona y Mallorca, casi un 40% en Madrid y Valencia o más de un 25% en Las Palmas de Gran Canaria. “Si a eso le sumas los sueldos miserables que cobra parte de la población, pagar el alquiler se vuelve misión imposible”, nos dice Marga Rivas. Están además las viviendas -a veces edificios enteros- con las que se quedan los bancos porque sus dueños no han podido pagarlas, que alquilan a inquilinos y finalmente acaban vendiendo a fondos buitre: estamos ante empresas que incrementan espectacularmente el precio para echar a quienes viven en ellas porque la rentabilidad es muy superior si las utilizan como pisos turísticos, alquilándolas por semanas o por días. Y no solo las entidades financieras venden a fondos buitre: recuerda esta activista el “gravísimo caso” de la venta de 5.000 viviendas sociales en alquiler por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en 2012 y 2013, que se dirime actualmente en los juzgados.

Los lanzamientos por impago de hipoteca se han reducido de forma notable en buena medida porque hay miles de procedimientos de ejecución hipotecaria cuya tramitación está en suspenso en los tribunales españoles a la espera de que se pronuncie, por enésima vez, la justicia europea, algo que se espera para lo que queda de año o principios del próximo. En septiembre, la Abogacía General de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la UE sigue su criterio en un 80% de los casos) rechazaba el hecho de que pueda ejecutarse una hipoteca por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado, porque es contrario a la directiva comunitaria que protege al consumidor. Desde la PAH alertaban de que esos miles de casos parados podrían reactivarse con la Ley de Crédito Inmobiliario, “impulsada en su día por el banquero Luis de Guindos y a la que el PSOE ha dado continuidad en lugar de elaborar una norma progresista”, pero antes de aprobarse hoy mismo en la Comisión de Economía del Congreso los grupos parlamentarios acordaron que no afectará a los procedimientos judiciales en marcha. Eso sí, la mayoría de los grupos presentes en la ponencia que ha estado trabajando en ella rechazó la dación en pago como forma habitual de resolver los casos de incapacidad de pago sobrevenida, rechazó limitar la responsabilidad patrimonial al importe del bien hipotecado y también otras medidas de protección de los deudores hipotecarios propuestas por la Plataforma, “por lo que las familias seguirán siendo echadas de sus casas y teniendo deudas de por vida”.

Todo -denuncian- como consecuencia de la especulación con un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada: “en España, la vivienda se considera un mero bien de consumo, y eso pese a que tribunales y organismos internacionales llevan años dándonos la razón”.

Naciones Unidas, con la PAH

Viendo que los ciudadanos están desamparados ante la propia justicia española a la hora de defender su derecho a la vivienda, la PAH ha recurrido a la ONU, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en julio de 2017, condenó al Estado por no garantizar una alternativa habitacional a una familia con dos niños pequeños que estuvo diez días durmiendo en un coche tras ser desahuciada. Actualmente está analizando varias docenas de casos más y el pasado mes de agosto le solicitó al Ejecutivo que tomara medidas cautelares en dieciocho, paralizando los lanzamientos. Naciones Unidas asume lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que cumplía ayer 70 años, y que -como la Carta Magna española- reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada; muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra ese derecho en nuestro país, sobre todo en el caso de colectivos en riesgo de exclusión social; traslada su inquietud por la falta de un marco normativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para los afectados por desahucios, y lamenta el insuficiente parque de vivienda social, que no llega al 2% frente al 17%-18% de Francia o Alemania. El Comité de la ONU recomienda a España adoptar un protocolo de actuación que asegure una coordinación entre los tribunales y los Servicios Sociales, así como entre los propios Servicios Sociales, “algo que casi nunca sucede -se queja Marga Rivas-, no se cruzan datos y los jueces ni tan siquiera se preocupan por saber si en una casa que se va a desalojar viven niños o personas dependientes”. Cuenta que Euskadi es una de las pocas Comunidades -sino la única- en la que eso sí se hace.

Tras el suicidio de Alicia hace un par de semanas, el Gobierno anunció que va a fomentar esa coordinación con los Servicios Sociales, con la idea de que no pueda llevarse a cabo un lanzamiento hasta que estos intervengan; avanzó además otras medidas como una reforma fiscal para estimular la oferta de vivienda en alquiler y conseguir que se moderen los precios. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca destacan que en 2013 consiguieron llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 1,5 millones de firmas para intentar cambiar la situación, pero recuerdan que finalmente la retiraron porque estaba quedando desvirtuada. Acudieron entonces a los Parlamentos autonómicos, con escaso éxito excepto en el caso del vasco. Este año llegaba a la Cámara Baja su propuesta de Ley Vivienda, y denuncian el “bloqueo fraudulento que está sufriendo por parte del PP y de Ciudadanos, con la prórroga sistemática del plazo de presentación de enmiendas”; en ella defienden cuestiones básicas como la dación en pago retroactiva, la condonación de la deuda, los alquileres a precios asequibles, combatir la pobreza energética o aumentar el parque de vivienda pública. Ponen el acento en que los últimos datos del INE contabilizan casi 3,5 millones de pisos vacíos, el 14% del total, “que están a la espera de la especulación cuando deberían estar a disposición de los ciudadanos que los necesitan”; buena parte de ellos son propiedad de los bancos, por eso piden que se les obligue a cederlos a las Administraciones para que los utilicen como vivienda social o que se les sancione por tenerlos sin uso.

“Seguiremos luchando hasta que haga falta”

Marga Rivas nos cuenta que en la PAH siempre pensaron que, en cuanto se aprobase una nueva normativa de vivienda que protegiese a los consumidores, dejarían de existir. Pero, viendo la Ley de Crédito Inmobiliario que ha salido adelante este martes en comisión para ser votada en unos días en el pleno del Congreso y entrar en vigor a comienzos del año que viene, son pesimistas: creen que van a tener que existir de por vida. Destacan que en una década han parado unos 3.000 desahucios y han realojado a miles de familias, “haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones”, y su conclusión es clara: “si no existiese la Plataforma habría que inventarla, porque las familias empezamos a respirar cuando llegamos a ella, pues allí encontramos el apoyo que nos niegan los poderes públicos”.

Marga se vio obligada a dejar de pagar la hipoteca al quebrar la empresa que tenía su marido como consecuencia de los impagos de los clientes. Perdió la casa pero sigue viviendo en ella con un alquiler social que peleó junto a sus compañ@s de la PAH. Ahora lucha para que ese alquiler sea vitalicio, y sigue y seguirá batallando para ayudar a los que atraviesan situaciones como la suya o peores, dejando una cosa clara: que “si nuestros contratos no hubiesen tenido cláusulas que finalmente los tribunales europeos obligaron a anular por abusivas, la mayoría de nosotros hubiésemos podido seguir pagando”. Hablan en la Plataforma de “estafa hipotecaria” y avisan de que la Ley de Crédito Inmobiliario la va a perpetuar. Por eso en su asamblea estatal del pasado fin de semana acordaron preparar grandes movilizaciones en todo el país para reivindicar el Derecho a la Vivienda; llaman a los movimientos sociales y al conjunto de la ciudadanía a unirse “contra el blanqueo de cláusulas abusivas y contra los intereses especulativos del capital a los que están sometidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. Inciden, además, en que los perjudicados son siempre los mismos: la parte más debilitada de la población.

  “Tengo 41 años y sé lo que quiero. Soy independiente para hacer las cosas, no necesito que nadie me lleve de la mano”. Lo afirma con determinación Mónica Pastoriza, que trabaja desde los 18 años y tiene claro cómo llevar su vida. Como yo y como muchos otros no entiende que, en pleno siglo XXI, sea posible que una comunidad de vecinos pretendiese exigir autorización paterna para que una vecina de 16 años con Síndrome de Down -como ella- pudiese utilizar el ascensor o la piscina, un caso sucedido en Boadilla del Monte en el que acabaron por dar marcha atrás. Su respuesta al preguntarle no deja lugar a dudas: “me gusta nadar y, si quiero ir a la piscina, voy” -dice- “además uso el ascensor hace muchos años, porque no soy una niña pequeña. Y no solo eso, hago mil cosas a la vez”. Su madre, Elvira Blanco, entre la tristeza y la indignación, está convencida de que esto pasa porque hay gente que no se molesta en conocer a los demás: “cualquiera de nosotros podemos llegar a tener alguna discapacidad, también los que actúan así, por eso no entiendo porqué no nos respetamos todos un poco más y porqué lo ponemos todo tan difícil cuando es tan fácil como convivir: vive y deja vivir”. Es lo que piensa una mujer a la que su hija describe como una luchadora que ha sacado adelante a la familia y gracias a la que ella ha aprendido a luchar. Es madre de dos chicas -Noelia no tiene Síndrome de Down-, y sabe que nadie deja solo en una piscina o en un ascensor a quien no es suficientemente responsable “ni se te ocurre hacerlo con un niño pequeño, por ejemplo”, de ahí que no entienda este tipo de discriminaciones “que solo se explican porque hay quien prejuzga sin tener ni idea”. Y sumamos otra voz, la de Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, que siente pena e indignación al saber que todavía hay quien se plantea cuestiones como esta: “ha pasado suficiente tiempo como para que, por lo menos, la realidad se perciba de un modo distinto a como la refleja el caso de Boadilla. Hemos derribado muchas barreras, pero ante situaciones así te das cuenta de que quedan muchas otras por derribar”.

Mucho camino por recorrer

  Delmiro explica que cuando hablamos de eliminación de barreras parece que siempre nos centramos en las físicas “cuando hay otras bastante más difíciles de eliminar, que son las que tenemos interiorizadas y nos llevan a estigmatizar a determinadas personas contraviniendo su realidad e incluso sus derechos fundamentales”. ¿Cómo se acaba con ellas? Él está convencido de que en la educación está la clave para que desaparezcan actitudes incomprensibles. “Hay que seguir avanzando en ese campo y vamos a hacerlo, porque para recorrer el camino lo primero es empezarlo y nosotros lo empezamos hace tiempo y nos ha costado mucho llegar hasta aquí”. Comparte su visión Elvira Blanco, para quien profesores y familias tienen que enseñar y educar en igualdad: “aunque una persona tenga una discapacidad tiene, a buen seguro, otras capacidades, y todos somos diferentes pero somos individuos y es como tal como deben valorarnos”. Recuerda que ella tuvo que abrirle muchas puertas a Mónica y se queja de que siga habiendo muchas cerradas: “me parece muy triste, dice, que desde que nació haya tenido y tenga que luchar cinco o seis veces más que su hermana para conseguir aquello a lo que tiene el mismo derecho”, y lo pone en el debe de las Administraciones: “si miro cuatro décadas atrás, casi podría decir que los poderes públicos hoy en día están suficientemente implicados, pero tengo que mirar hacia delante y debo decir que se puede hacer más, porque no sabemos a dónde llegarán nuestros hijos si se les dan las herramientas necesarias”. Se niega a conformarse, como Delmiro Prieto, que llama a ser ambiciosos y reclamar cada vez más, aunque la valoración sea, para él, “razonablemente positiva”. Elvira explica que hace 41 años eran inimaginables muchos de los pasos que se han dado, y añade que “no sabemos qué puede pasar en otros 41, por eso es imprescindible abrir puertas para que puedan darse otros tantos, y deben abrirlas las Administraciones”. Cuenta que es agotador batallar a diario por algo que te pertenece, como tener más oportunidades laborales o que exista una inclusión real en todas las facetas de la vida, empezando por la educación.

Inclusión real

  El artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la ONU en 2006, dice que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, en el que ellas cuenten con el apoyo necesario para facilitar su formación efectiva. Eso es lo que marca Naciones Unidas pero Delmiro Prieto y Elvira Blanco coinciden en que en España no existe: “nadie puede ser marginado o excluido por ser diferente, todos debemos de tener una respuesta por parte de los poderes públicos y, por lo tanto, la educación pública tiene que estar en condiciones de responder a toda su población en los términos adecuados; a toda”, afirma el presidente de Down Galicia, que añade rotundo que “cuando eso se produzca, podremos hablar de educación inclusiva, algo que ahora no se está dando”. Admite avances en integración, pero no la inclusión que él defiende a capa y espada. Lo mismo defiende Elvira, sin renegar de la educación especial en según qué casos, destacando que fue la que tuvo su hija “porque era la que había cuando la escolaricé” y que a ella le fue bien.

  Este es uno de los capítulos en los que consideran necesaria una mayor implicación de las Administraciones; otro es el laboral: los sindicatos demandan más ofertas públicas de empleo para personas con capacidades diferentes o que el porcentaje de plazas reservadas para ellos se aproxime a la realidad, y el propio Delmiro pone el acento en que en Galicia no fue hasta el año pasado cuando se celebró el primer concurso-oposición en la historia de la Xunta reservado a personas con discapacidad intelectual. Destaca, sin embargo, el papel de la iniciativa privada para impulsar la inserción laboral, afirmando que fue “una grata sorpresa en su día”. Aún así, las estadísticas señalan que solo el 15% de los que pueden trabajar lo hacen y que, de ellos, solo el 5% lo hace en entornos inclusivos. Unos y otros reconocen que en eso también influye la sobreprotección familiar y ponen en valor el trabajo del movimiento asociativo (lo consideran fundamental), tanto a la hora de ayudar a los progenitores a ir superando esos miedos como a la de animar a los chavales a reivindicar ante ellos su independencia. “A veces los padres no les dejamos que hagan todo lo que son capaces de hacer y podemos, en cierto modo, contribuir a que los demás los vean con un mayor grado de discapacidad del que tienen”, admite Elvira, que aclara que tratarlos como niños pequeños “es lo peor que podemos hacer”. Lo corrobora la propia Mónica afirmando que está “muy orgullosa” de todo lo que ha logrado. Cuenta que ha sufrido discriminación y aprovecha para decirles a aquellos que parecen no querer entenderlo que “somos personas como las demás, cada una con nuestro carácter y nuestras cosas, orgullosas de ser nosotras mismas porque podemos hacer mucho si nos dejan”. Y lo demuestran cada día, con el apoyo de familias y asociaciones, porque la unión hace la fuerza: hace tiempo que salieron del anonimato para hacerse visibles y han logrado dar la vuelta a conceptos trasnochados, aunque aún haya quien se resista a darse por enterado de que los estereotipos son eso, imágenes o ideas que, las más de las veces, distan mucho de la realidad.

P.S. Los tres aplauden que, por fin, las Cortes hayan aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que 100.000 personas con discapacidad intelectual, incapacitadas legalmente, puedan votar (Mónica ejerce su derecho al voto desde que es mayor de edad). Desde Down Galicia, como desde todas asociaciones, defienden que se arbitren mecanismos parciales de protección, rechazando la incapacitación por decreto, que es lo que en muchas ocasiones se hace, “algo injusto porque todos podemos ser útiles en la medida en que no todos servimos para todo”, asegura su presidente.