“Cuando no es una bomba es un obús, cuando no es un obús es que no hay alimentos o agua potable, cuando no es que falten alimentos o agua potable es la falta de medicinas, cuando no es la carencia de fármacos es que no tienen ropa de abrigo, ni calzado adecuado, ni con qué calentarse a temperaturas bajo cero, y podríamos seguir. Llueve sobre mojado para una población muy debilitada que lleva ya demasiado tiempo sobreviviendo en zonas en las que ni siquiera hay hospitales o centros de salud porque han sido bombardeados, como también lo han sido las escuelas y sus propias casas”. Este sigue siendo el día a día al que se enfrentan millones de sirios en vísperas del octavo aniversario del estallido de una guerra que no parece tener fin. Es la responsable de Comunicación de ACNUR en España, María Jesús Vega, quien nos acerca esa dura realidad para millones de ciudadanos exhaustos que ven cómo las ignominiosas cifras del conflicto -vergonzosas no solo para los responsables directos sino también para la comunidad internacional- no dejan de aumentar. El número de muertos supera los 250.000 e incluso los dobla, según fuentes que trabajan en el terreno, siendo miles de ellos menores: es el caso de los 30 niños que morían el mes pasado por hipotermia y desnutrición en el noreste del país cuando huían de los combates hacia el campamento de Al-Hol, donde actualmente se concentran más de 25.000 sirios; o como los -por lo menos- ocho pequeños que, por las mismas causas, han perdido la vida en las últimas semanas en el asentamiento improvisado de Rukban, al sureste, donde 40.000 personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.

3 millones de sirios sin apenas acceso a ayuda humanitaria

María Jesús Vega describe Rukban como “una franja desértica aislada, situada a unos 300 kilómetros de Damasco, donde las escenas que ves son dantescas, donde apenas hay servicios y donde no existe la atención médica más básica, por lo que las condiciones sanitarias son catastróficas; un lugar en el que los pocos productos que llegan tienen unos precios estratosféricos, prácticamente inalcanzables, que multiplican por cinco los de la capital y donde incluso el pan y el agua hace ya mucho que se han convertido en un lujo que casi nadie se puede permitir”. A principios de este mes de febrero, las Agencias de la ONU y la Media Luna Roja conseguían llevar hasta allí un cargamento de comida, medicinas y equipo médico; mantas térmicas, kits de nutrición y de higiene femenina…, etc.: “y no ha sido nada fácil porque necesitamos el beneplácito de muchos actores”, se queja la portavoz de ACNUR, denunciando que la población civil es utilizada como arma de guerra y que han visto morir gente porque la ayuda humanitaria no ha llegado a tiempo debido a las interminables negociaciones.

Explica que cuando trabajan en países en conflicto, con múltiples actores armados en movimiento, muchas veces es difícil saber a quién dirigirse para obtener los permisos; que otras no les permiten trasladar asistencia que es para ellos fundamental -algo tan simple como gas para cargar estufas o para cocinar- porque quien tiene que autorizarlo considera que sus enemigos pueden usarla para matarlos o para alimentar el conflicto; y que en ocasiones no los autorizan a ir a una determinada área porque se pretende que vayan a otra. “Nosotros nos regimos por los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad -dice- y se nos debería permitir llevar a cabo el mandato que Naciones Unidas y sus miembros nos han encomendado”. Y es que 3 millones de sirios de los 13 millones que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir se encuentran en lugares a los que no pueden acceder con frecuencia ni con todo el material que debieran.

Ocho de cada diez sirios viven por debajo del umbral de la pobreza

La mitad de los que necesitan asistencia humanitaria son menores y, de ellos, 3 millones no saben lo que es vivir en paz porque no han conocido otra situación distinta a la guerra: niños que llevan años viendo a diario verdaderas atrocidades y que han ido perdiendo a miembros de sus familias; niños en muchos casos con malnutrición, que nunca han ido al colegio ni han tenido los correspondientes ciclos de vacunación, menores acostumbrados a jugar en los refugios en los que se protegen de los bombardeos… La responsable de Comunicación de ACNUR recuerda el caso de un refugiado que tuvo que dejar atrás a los suyos y contaba que la primera palabra que su hijo había pronunciado, antes incluso que papá y mamá, había sido “luz”, porque se iba cada dos por tres y a lo largo del año podían disponer de electricidad como máximo un par de meses, sumando los distintos períodos.

Más de 6,5 millones de sirios se han convertido en desplazados forzosos en su propio país y superan los 5,5 millones los que son refugiados, la inmensa mayoría en la región. Son más de 13 millones las personas que necesitan asistencia humanitaria en Siria y la situación no es mucho mejor en Líbano, que acoge un sirio por cada 4 nacionales, donde más del 70% de los refugiados vive por debajo del umbral de la pobreza: “el país ha demostrado una generosidad impresionante abriéndoles las puertas pese a la presión que eso ha supuesto para sus servicios e infraestructuras sanitarias, educativas, laborales…, etc.; pero no se han recibido contribuciones económicas suficientes como para poder dar respuesta a las necesidades básicas de una población acogida que, pasados tantos años, sigue en su territorio”, destaca María Jesús Vega en referencia a la ayuda bilateral y la financiación de las operaciones de la Agencia. Personas que ya estaban destrozadas antes de llegar “por la pérdida de una madre, de un padre o de los dos; de su marido o su mujer; de alguno o varios de sus hijos, por haber asumido la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos de su hermana o hermano porque ellos ya no están, por las secuelas de los shocks sufridos, mujeres violadas y sufriendo todo tipo de abusos”; gente que “tiene que pasar toda una carrera de obstáculos para cruzar la frontera y que, por buscar una salida se convierten en víctimas de mafias que hacen negocio con el sufrimiento y la desgracia ajenas”; seres humanos que, en el país de acogida, viven muchas veces un nuevo infierno “porque carecen de un techo bajo el que cobijarse porque no pueden pagar un alquiler; mujeres a las que el casero les exige sexo a cambio de una casa para la familia, que dan a sus hijas menores en matrimonio para que el resto de familiares puedan comer con la dote que reciben a cambio; padres que no escolarizan a los chavales porque tienen que trabajar para ayudarles, o a los que no les queda otra que unirse con el resto del barrio para enviar a la escuela al que consideran más inteligente, que será el responsable de enseñar a los demás usando una puerta como pizarra.

Siria no es todavía un país seguro al que regresar

Asegura la responsable de Comunicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España que si hay algo que tienen claro es el valor inmenso de la educación: “Saben que los hará más libres y que a través de ella adquirirán los conocimientos para reconstruir su país cuando puedan regresar, que es lo que quieren, ellos y la mayoría de refugiados”; y aporta un dato: 9 de cada 10 se quedan en los países más próximos al suyo y no en los más ricos, como muchos creen, esperando volver cuanto antes y colaborar en la reconstrucción.

Pero esa vuelta a casa está todavía lejos. Explica María Jesús Vega que ACNUR no ha puesto en marcha un Plan Integral de Retorno porque el territorio sirio “no es ni mucho menos seguro” y porque es preciso que el regreso sea sostenible en el tiempo y no de ida y vuelta como ha pasado en muchos casos: debe hacerse en colaboración con el país de origen y con los de acogida, hay que asegurarse de que existen los servicios básicos y de que la población pueda regularizar y legalizar su situación (teniendo en cuenta que son miles los que han perdido su documentación o ni siquiera la tienen); las autoridades deben garantizarles que tendrán todos sus derechos como ciudadanos y que no acabarán en la cárcel en cuanto lleguen porque su nombre figura en una lista negra por el mero hecho de haber vivido en una zona controlada por un determinado grupo; es fundamental arreglar cuestiones de propiedad, de acceso a la tierra y, por supuesto, tienen que haber cesado el fuego y los ataques con bombas que siguen destrozando hogares. Aclara que eso no significa que la agencia -que defiende un regreso con carácter estrictamente voluntario- no apoye a aquellos que, a título individual, han querido y/o quieren volver, algo que han hecho unas 125.000 personas en tres años, según los datos que manejan; ni tampoco que no lleve trabajando desde 2017 con otras agencias y ONGs, con todos los Gobiernos y con los propios refugiados en el diseño de ese Plan Integral de Retorno: “otra cosa es cuándo se va a ejecutar”.

“El discurso xenófobo del miedo se apoya en datos falsos”

Aunque han callado las bombas en algunas zonas de Siria, a las partes enfrentadas en este conflicto -que se han saltado incluso las ‘normas de la guerra’- la Agencia de la ONU para los Refugiados lleva años exigiéndoles sin éxito que respeten a la población civil, que respeten los convenios internacionales, que faciliten el acceso de los trabajadores humanitarios a todas las zonas y los respeten también a ellos pero, sobre todo, que dejen de una vez las armas y colaboren en la puesta en marcha de un proceso de pacificación en el que desplazados y refugiados también tengan parte. A la comunidad internacional, en especial a Europa, le reclama que se implique más y se movilice como hizo la sociedad civil en su día, cuando las consecuencias del conflicto llegaron a sus puertas, “aunque la respuesta de los Estados fuese débil y tardía”; recuerda su portavoz en España que, mucho tiempo antes, ellos habían alertado de lo que supondría el conflicto en cuanto a pérdida de vidas humanas, en cuanto a personas forzosamente desplazadas de sus hogares en un país que acabaría destrozado y en cuanto a seguridad, afirmando que “sin duda hoy el mundo es más inseguro y más inestable por permitir que se haya prolongado tanto”.

Afirma que Siria es la constatación de un fracaso colectivo del que debemos aprender para no repetir errores, y dice que eso pasa, en buena medida, porque los países cumplan el Pacto Global de Refugiados firmado a finales del año pasado: “porque asuman que la responsabilidad de proteger a los refugiados es colectiva y tiene que ser más eficiente, y porque apoyen mucho más a los países y comunidades que acogen a un mayor número, que generalmente no son los más ricos”. Está “segura” de que, si se hubiese hecho así en este caso, si se hubiese invertido lo necesario en Líbano, en Jordania, en Irak o en Turquía en su momento, “no se habría producido el desplazamiento de refugiados hacia Europa tan importante que se vio en 2015”, y advierte de que trabajar solo en el ámbito del blindaje y de la seguridad para que estas personas no lleguen al viejo continente no resolverá la situación. Por eso considera imprescindible ese cambio de enfoque a la hora de gestionar otras crisis como esta para que las cifras de desplazamientos forzados, que superan los 68,5 millones de personas -las más altas desde la Segunda Guerra Mundial- no sigan batiendo récords como los que ha venido registrando ACNUR en los cinco últimos años.

A dos meses de unas elecciones generales y a menos de 3 de las europeas, con los partidos xenófobos en alza, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados llaman a no enarbolar el discurso del miedo y del odio, un discurso xenófobo, que -afirman- se apoya a veces en datos falsos: “Terrorismo, Yihadista y Refugiado son tres palabras que muchos usan a propósito en la misma frase para generalizar sobre determinados colectivos y provocar rechazo y desconfianza hacia quienes -no deberíamos olvidarlo- huyen en muchas ocasiones del mismo terrorismo que está detrás de atentados como los de Atocha, París o Alemania que se producen prácticamente a diario en sus países matando a decenas de personas, pero que apenas ocupan espacio en los medios occidentales”. Por eso María Jesús Vega pide que el tema se trate siempre ajustándose a la realidad, no utilizándolo de forma partidista o como arma arrojadiza. Valora la solidaridad que ha demostrado la sociedad española “dando lecciones en temas de voluntariado y acogida” y llama a preservarla como un tesoro que todos debemos cuidar. Su mensaje es directo: trata a esas personas como lo que son, seres humanos, como te gustaría que os tratasen a ti y a los tuyos si estuvieseis en su piel: “Nadie elige convertirse en refugiado y, tristemente, muchos lo son para toda la vida”. Recuerda que más de 17.000 personas han muerto en el Mediterráneo solo en los últimos cuatro años intentando buscar ese refugio en Europa, teniendo tanto derecho a vivir como cualquiera de nosotros. “Gente que, en su huida del hambre, de las guerras y de continuas violaciones de derechos humanos, se ha visto obligada a ponerse en manos de mafias para alcanzar territorios seguros porque no cuenta con vías legales para acceder”. Y destaca que habrían sido muchísimas más de no ser por la “impresionante” labor de distintos equipos de salvamento marítimo, incluidas las ONG a las que ahora se les ponen obstáculos para seguir cumpliendo con un principio que nunca hasta ahora se había puesto en cuestión: el de rescate en el mar.

P.S. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, habla de Siria como “la mayor catástrofe humanitaria y de refugiados de nuestros tiempos, una constante causa de sufrimiento para millones de personas que debería obtener el apoyo masivo de todo el mundo”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. En la actualidad cuenta con un equipo de casi 11.000 personas en alrededor de 140 países. Toda la información, en https://www.acnur.org/es-es

P. S. La fotografía que ilustra el post es de niños sirios desplazados internos en las calles de Alepo ©ACNUR/UNHCR/Bassam Diab

Están hartos de que apenas se les escuche ni se les den soluciones: de que desde la Justicia les digan que su caso ha prescrito (con esa pregunta de ¿por qué no ha denunciado antes? que siempre se repite y que tanto daño les hace); de tener que contar una y mil veces durante la instrucción y el juicio todo lo que han sufrido cuando pueden denunciar y lo hacen; de que con los partidos políticos todo sean buenas palabras pero pocas o ninguna de las propuestas se concreten; de que la jerarquía eclesiástica los haya “ofendido, despreciado, humillado, maltratado…, y lo siga haciendo”; y de que incluso, en algunos casos, sus propios vecinos les den la espalda. Hablamos de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia católica en España y de sus familias, que han decidido unirse para tener más fuerza y para que sus reivindicaciones sean un clamor que haga imposible mirar hacia otro lado. Por eso han creado la Asociación Infancia Robada, presidida Juan Cuatrecasas, un padre que lleva 8 años luchando para que su hijo, que sufrió abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa, salga adelante. Él, junto con Francisco Javier, quien destapó los abusos sufridos en el Seminario Menor de La Bañeza, y Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas de abusos en el Monasterio de Montserrat, se sitúan al frente de una organización con la que también quieren arropar a otras víctimas y familias para que no se encuentren solas y desamparadas como estuvieron ellos: “Tras cuarenta años de nacionalcatolicismo la sociedad sigue viendo estos casos como tabú y eso tiene que cambiar; para conseguirlo -dice- es necesario facilitar el camino de la denuncia, para que a partir de ahí pueda haber justicia, un reconocimiento público y una reparación moral”.

“La víctima no lo cuenta cuanto quiere sino cuando puede”

Afirman en la organización que es clave la imprescriptibilidad de los delitos -reconocida en Irlanda, Holanda, Canadá, Australia, Argentina, etc- pero en nuestro país, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, considerarían un gran paso elevar de los 18 actuales a 50 años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Para la Asociación el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (que la eleva a 30 y que va a quedar paralizado por la convocatoria electoral) no es suficiente al dejar fuera a muchas víctimas: explican que la mayoría de los que han sufrido los abusos siendo niños lo cuentan cuando tienen entre 30 y 50 años y que “no es que no lo cuenten antes porque no quieran sino porque no pueden”, asegura Juan Cuatrecasas, cuyo hijo pudo hacerlo en solo unos años, permitiendo que su tutor fuese juzgado y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (condena recurrida ante el Tribunal Supremo). La pena va en la línea de lo que pedía la acusación particular, lejos de los 3 años solicitados por la Fiscalía: “Es muy triste que un representante del Ministerio Público se ponga del lado del verdugo en lugar de estar con la víctima, cuestionando su relato porque -según él- tardó mucho en denunciar, cuando nos estamos refiriendo a un chico que sufrió los abusos con 12 y 13 años, que tenía 15 la primera vez que lo contó y que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando lo denunció hará ahora cuatro años”. Reitera que “no es tan fácil como sentarse en una silla y ponerse a hablar, sino que cuesta mucho verbalizarlo”.

Destaca el presidente de la Asociación Infancia Robada que sin procedimiento judicial y sentencia condenatoria ni la víctima es reconocida como tal -pese a que el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en 2015 dice lo contrario- ni el pederasta entra en el Registro de Delincuentes Sexuales, lo que le permite seguir manteniendo un estrecho contacto con niños, que son sus principales víctimas potenciales; de ahí que defienda, además, que “elevar la edad a la que empiece a contar el plazo de prescripción es una medida para tratar de impedir casos futuros”. Cree también que, así, instituciones como la Iglesia católica se decidirán a denunciar de inmediato, “porque no es lo mismo indemnizar por 3 casos que por 30 o más”. Demanda que se apoye a los denunciantes durante el proceso en lugar de poner constantemente en cuestión su credibilidad; reclama actuaciones tendentes a reducir el alto riesgo de exclusión educativa, flexibilizando las exigencias para favorecer que sigan con sus estudios -tanto en el instituto como en la universidad- y la necesidad de incluirlas en la educación diferenciada: “Es una aberración que, en lugar de adaptar la ley a las víctimas, tenga que ser al revés”; y pide que se habiliten ayudas económicas porque “las terapias privadas para tratarlos de las secuelas psicológicas que padecen son caras e inexistentes en el ámbito público”. Aclara que no están “pidiendo limosna sino que se les permita competir en igualdad de condiciones”.

“Ni los políticos ni la sociedad están cumpliendo como deberían”

Asegura Juan Cuatrecasas que a los políticos españoles les falta valentía y que están enviando el mensaje de que la Iglesia católica está por encima de la ley. Sabe de lo que habla, porque se han reunido con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y cuenta, sin especificar cuál, que alguno llegó a decirles que lo considera ‘un tema de baja intensidad’: “Nos parece alarmante porque hablamos de niños y adolescentes a los que se les hace daño cuando su personalidad se está formando”. Añade, además, que en cierta parte de los partidos de la derecha existe “una especie de excusa” cuando se habla de la Iglesia católica: “enseguida dicen que no se puede personalizar solo en el clero, que se dan casos en otros muchos ámbitos como el deportivo o incluso en el familiar (lo cual es cierto), pero a nosotros nos ha pasado en ese y por eso nos centramos en él, más si cabe considerando que por los principios de la propia institución debería ser ella la primera en reconocer, respetar y tratar con dignidad a las víctimas; sin embargo muchos de sus miembros hacen justo lo contrario, causándoles un doble daño y haciendo más difícil que aprendan a vivir con lo que han sufrido”.

Preguntado por si esa supuesta ‘baja intensidad’ puede ser producto de la falta de implicación y de movilización de la sociedad, piensa que es posible; y explica que muchas personas que han sufrido abusos sexuales siendo menores optan por no denunciar por las consecuencias que puede acarrear, que en su caso fue ver como el ANPA y la dirección del colegio apoyaban al denunciado y en otros eran incluso los vecinos los que les torcían la cara en un acto de marginación que los posicionaba claramente del lado del agresor. Hay quien le llama padre coraje, pero su sensación en bien distinta: “Solo soy un hombre con un hijo al que le han hecho daño física y psicológicamente, y ha sido él -como las demás víctimas- el que ha demostrado valentía al dar el paso de denunciarlo teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando”. Está convencido de que, mientras se les siga considerando héroes por denunciar, significará que algo sigue fallando en el sistema y que no estamos en un verdadero Estado de Derecho, “porque cuando alguien sufre un delito lo normal es que lo denuncie, ¿no?”. Por eso insiste en la importancia de lograr que los casos de pederastia dejen de ser tabú. Admite, eso sí, que no es fácil dar un paso que -en su situación como en otras- ha supuesto “muchas trabas, presiones e incluso amenazas”.

Denuncia mala fe por parte de la jerarquía eclesiástica

El presidente de la Asociación Infancia Robada se indigna porque la Iglesia católica -no solo en España- se ha pasado décadas silenciando estos casos (la organización mundial de víctimas ECA Global calcula que por lo menos 100.000 menores han sufrido este tipo de abusos por parte de miles de sacerdotes y/o personas próximas al clero). Para él eso es lo más grave, que no solo se trata -como hay quien sostiene- de que no han sabido afrontar el tema sino que ha habido “mucha mala fe”, y pone ejemplos como el de Miguel Ángel Hurtado, “a quien el abad de Montserrat dio más de 7.000 euros en mano para comprar su silencio”, dinero que acabó devolviendo, y 3 años después decidió editar un libro ensalzando la figura de su abusador “y el de muchos otros niños” llegando a incluir una fotografía de él con su víctima; apunta también el caso del colegio salesiano de Deusto, que “teniendo constancia de denuncias desde 1989 dejo pasar el tiempo sin hacer nada”; como igual de sangrante resulta la inacción de los Obispados que no acuden a la Policía ni a la Fiscalía: “Eso es encubrimiento puro y duro y la Iglesia tiene que cortar de una vez por todas esa forma de actuar que hace tanto daño a las víctimas pero también a la propia comunidad católica; y es desde su jerarquía desde donde deben hacerlo porque las víctimas estamos limpiando su porquería, y mientras no tomen medidas no habrá solución posible”, sentencia, y aclara que eso pasa por dejar de considerar los abusos sexuales una ofensa en contra de la moral, un pecado, y pasar a considerarlos un crimen, que es lo que son”; y no solo por una mera manifestación pública, como viene haciendo últimamente el Papa, sino por cambiar la Ley de Derecho Canónico como le recomendó hace cuatro años el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “La petición de perdón no es suficiente, hay que poner urgentemente en medidas en marcha, lo demás es vivir en una realidad paralela”.

Critica Juan Cuatrecasas que la jerarquía eclesiástica lleve años “centrada en proteger el supuesto buen nombre de la institución sin darse cuenta de que lo que hacen es hundirse más en el pozo”, y dice que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para ponerle solución porque “crear una comisión antipederastia coordinada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado de encubrir al cura abusador de La Bañeza, y en la que está Silverio Nieto, responsable de la no investigación canónica del caso de nuestro hijo -al que llaman el Villarejo de la Iglesia- no es el camino; más bien lo contrario, porque esa comisión ha nacido viciada”. Tampoco son para él buenas señales declaraciones como las del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, saliendo en defensa de varios sacerdotes acusados de abusos que, según él, habían tenido ‘malos momentos’: “Es una clara ofensa a las víctimas, menores atacados con total impunidad, facilitándose la comisión del delito a través del encubrimiento; un delito muy grave teniendo en cuenta que lo cometen adultos que se ganan la confianza de menores de edad aprovechando que son sus profesores, tutores o confesores para luego atacarlos como depredadores; porque actúan como tal, eligiendo a su presa en función del perfil y aislándola de sus compañeros: entonces la tienen en sus manos, desorientada, para poder hacer con ella lo que quieran”. Explica que a su hijo el profesor llegó a sacarlo de clase hasta cuatro o cinco veces por semana por espacio de una hora, desatando los comentarios del resto de alumnos; y es que también sufrió acoso escolar. “Cuando únicamente te preocupas por salvaguardar tu imagen estás prolongando y acentuando el dolor de quienes han sufrido esa violencia”, afirma recordando las recomendaciones de que no contaran lo sucedido, de que no le diesen publicidad…Hicieron justo lo contrario, intentar que lo supiese cuanta más gente mejor contándoselo a los medios de comunicación que se pusieron en contacto con ellos (no al revés): “estábamos siendo atacados y no teníamos ningún apoyo”.

Sobre la primera Cumbre Antipederastia que arranca mañana en Roma

El Papa Francisco reúne en el Vaticano entre mañana 21 de febrero y el domingo 24 a los presidentes de 130 Conferencias Episcopales para abordar la pederastia en la Iglesia en la primera cumbre al respecto (que llega tras años de denuncias e innumerables casos de encubrimiento). El Pontífice asegura que se trata de ‘un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo’, es lo que defiende ahora.

Las víctimas exigieron participar y los organizadores parecen garantizar que estarán presentes. Un grupo de ellas se ha reunido hoy con el comité organizador y han salido decepcionadas tras el encuentro porque -cuentan- no les han dicho ninguna medida concreta que vayan a implementar. La Asociación Infancia Robada tiene claro que cualquier intento de acabar con estos crímenes pasa por darles voz y escucharlas en lugar de intentar acallarlas y por eso reclaman que toda comisión de investigación que se cree las incluya, junto a personas independientes; demanda que se amplíen los plazos de prescripción de la propia Iglesia, que consideran demasiado breves y exigen que lo primero que haga el clero sea acudir a la Fiscalía para que active las pesquisas: “no es lógico que sean ellos mismos, que son parte, los que investiguen”. Pide además que se cambien los protocolos de actuación: “Aún a día de hoy lo primero que debe hacer la persona del Obispado que reciba una denuncia es dudar de la credibilidad de la víctima, porque puede tener intereses económicos, cuando son ellos los que están preocupados por el dinero, porque temen que se conozcan cada vez más casos y se acaben multiplicando las indemnizaciones que deberán pagar; por eso han intentado tapar el escándalo”, un hecho que resulta indecente para Juan Cuatrecasas. Afirma que ese no es su problema, porque el problema de las víctimas y sus familias es intentar seguir adelante, ayudar a otras personas que pasen por la misma situación y tratar de que nadie más tenga que volver a sufrir algo parecido. Hasta dos intentos de suicido, una durísima etapa con episodios de taquicardias, alucinaciones y convulsiones, épocas de pesadillas, ansiedad e intenso nerviosismo…Es lo que ha vivido en la última década su hijo, un chico que siente una desconfianza enorme hacia los demás y al que le cuesta mucho relacionarse, que ha visto como los síntomas asociados al estrés postraumático que padece se han ido suavizando pero que sigue luchando “porque esto es así”. Sus padres se quedan con el mensaje de los médicos que lo tratan: que ha sido muy valiente, que tiene la cabeza bien amueblada y que va a salir adelante porque aprenderá a encajarlo y a vivir con ello, que es de lo que se trata. Pero tienen miedo a que pueda recaer, porque ya ha sucedido varias veces.

P.S. La Asociación Infancia Robada cuenta con psicólogos y abogados para atender consultas. Podéis contactar con ella a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/AllSurvivorspain/

P. S. El post lo ilustra el logo de la Asociación, diseñado por el hijo de Juan Cuatrecasas

Hoy, 6 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas por lo menos 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, según las cifras facilitadas por la ONU, y que todavía se practica anualmente -según la Organización Mundial de la Salud- a alrededor de 3 millones de menores de 15 años en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio, en la mayoría de los cuales es endémica. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se cometa una clara violación de los derechos humanos como esta, que, además, contribuye a que se perpetúe una situación de inferioridad de la mujer? Se lo preguntamos a la coordinadora de Comunicación de Plan International, ONG que lleva décadas combatiéndola sobre el terreno, y lo primero que Julia López quiere que quede claro es que parte de tradiciones y creencias muy arraigadas en determinadas comunidades, por lo que la lucha para erradicarla “no es fácil y hay que pensarla a medio-largo plazo; por eso, mientras presionamos para que los Gobiernos aprueben leyes y tratamos de que cambie la idea preconcebida que tienen los miembros de esas comunidades, hay menores a las que se les siguen mutilando sus genitales por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas”.

Las leyes, necesarias pero insuficientes

En cinco de los países en los que se practica -Mali, Somalia, Chad, Liberia y Sudán-, la mutilación genital femenina no está criminalizada; sí está prohibida por ley en el resto, desde hace unos días también en Sierra Leona, donde en diciembre murió una niña de 10 años a la que se la habían practicado. El problema, explica Julia López, es que “es muy difícil que se cumplan esas normas si se mantiene la idea de que estamos ante una costumbre que hace a las niñas más puras, imprescindible en su preparación para el matrimonio y para el parto; del mismo modo, es complicado si no cambia la percepción de la comunidad sobre el papel de la mujer y el concepto que las propias mujeres tienen de sí mismas y de la necesidad de someterse a ella”. Hablamos de una práctica que supone importantes consecuencias físicas (provoca un intenso dolor que puede volverse crónico, graves hemorragias, quistes, infecciones y/o complicaciones durante la menstruación y en el propio parto, en el que puede provocar la muerte del bebé y de la madre) y consecuencias psicológicas de por vida, así como la pérdida del derecho de quien la sufre a gozar de una sexualidad plena y activa.

Dice la responsable de Comunicación de Plan International que las leyes contra la ablación de clítoris sientan precedente y suponen un refuerzo institucional a la labor de las organizaciones no gubernamentales para erradicarla: “Obviamente las autoridades tienen que explicitar que se oponen a ella y deben contar con herramientas para poder luchar para que deje de practicarse, y perseguirla y condenarla cuando se practica”; pero aclara que “lo verdaderamente esencial y efectivo” es la labor que se desarrolla a nivel comunitario: hay que implicar a todos los miembros de la comunidad para que sean conscientes de las graves consecuencias que conlleva para las niñas y para que entiendan que es una violación de su derecho a su integridad, a vivir libres de violencia, a su salud sexual y reproductiva; convencerlos de que no es cierto que si no están mutiladas sean impuras, vayan a volverse locas o no vayan a encontrar marido, porque la mutilación genital femenina “es, hablando claro, una forma de intentar controlar su sexualidad, asentada en una desigual relación de poder entre hombres y mujeres que fomenta la creencia de que quienes no están mutiladas serán incontrolables porque tendrán poder sobre sus derechos sexuales y reproductivos”. Solo cuando existe esa implicación de todos se pone freno a esta práctica, aseguran en la ONG, que ha conseguido que miles de comunidades se hayan declarado por consenso libres de ella: “un trabajo arduo que puede durar hasta dos años pero que tiene garantía de éxito”.

Las mujeres deben ser y son las abanderadas de esta lucha

En Plan International ponen el ejemplo de Mali, uno de los cinco países en los que la ablación de clítoris ni siquiera está prohibida y que tiene una de las tasas de prevalencia más altas (casi el 90% de las menores son mutiladas): cuentan que su presencia allí está dando sus frutos y que son numerosas las comunidades que ya se han declarado libres de esta práctica, “lo que demuestra que la labor de concienciación es fundamental; concienciación a través de un diálogo a todos los niveles”.

Lo primero -explican- es empezar por las propias niñas y adolescentes: “si tu madre, tu abuela, tus hermanas y amigas mayores han pasado por eso y te dicen que es un rito de iniciación a la vida adulta, a ti te parece de lo más normal; muchas veces ni siquiera sabes que puedes negarte y otras eres incapaz de enfrentarte sola a algo que está tan arraigado a tu alrededor”. Tan importante como trabajar con ellas es hacerlo con las mujeres, que en muchos casos son las que deciden que sus hijas pasen por lo que ellas han pasado antes, asumiendo que es lo que les toca por el mero hecho de ser mujer: “Cuando les haces ver que eso no es así y que no hay nada que las obligue, cuando se dan cuenta de que se trata de creencias infundadas o mal asentadas, son las primeras que las rechazan y las combaten”. Hablamos de una experiencia muy dura que no comparten con aquellos que tienen más cerca, mucho menos con los hombres, por lo que ellos no saben por todo lo que han pasado y por lo que todavía pasan sus esposas y sus hijas al sufrir la mutilación genital, “por eso es fundamental que se abran y lo cuenten, que se conviertan en abanderadas de la causa, porque así ellos también se sumarán”, señala Julia López.

“No se las puede enfrentar a ellas solas contra el mundo” -dice-, por eso, además de a los hombres, es necesario implicar a los niños y a los jóvenes, “a los que resulta fácil convencer porque no conciben que algo tan horrible pueda sucederle a alguien que conocen; a los profesores, a los líderes religiosos y comunitarios, y a las mujeres que la practican: “Ellas ejercen un importante rol dentro de la comunidad y, si conseguimos que se paren a pensar en el daño que han causado a tantos cientos de niñas y mujeres, también ellas acaban defendiendo que deje de practicarse la mutilación genital femenina”. Es además fundamental concienciar al personal médico, que es muchas veces el que detecta estos casos, bien en las exploraciones, bien gracias a la relación de confianza creada con la familia, “porque tampoco es algo tan obvio”. Se ha detectado una tendencia creciente a que la lleven a cabo profesionales sanitarios: desde Plan International aclaran que este es uno de los riesgos que se corre cuando únicamente se critica o se persigue porque se realiza en condiciones de insalubridad (en lugares no preparados para ello, con cuchillas oxidadas o reutilizadas para varias menores…), “por eso nuestro rechazo es total: no se trata de cómo, ni dónde, ni quién la practique, sino de que se practique”, sentencian.

También en Europa y en España hay niñas en peligro

Se practica en una treintena de países, la mayoría africanos, y aunque desde España puede parecernos que esta realidad nos queda muy lejos, la propia ONU advierte de que, con los movimientos migratorios, hace tiempo que se ha convertido en un problema global. Cálculos de distintas ONGs apuntan que en España habría 18.000 niñas en riesgo de ser víctimas de mutilación genital aquí o, sobre todo, fuera de nuestras fronteras, aprovechando algún viaje a sus países de origen. El Código Penal recoge la ablación como un delito de lesiones desde 2003, y desde 2015 existe un Protocolo Común de Actuación Sanitaria para detectarla, tratarla y, especialmente, prevenirla. Para Plan International “es muy importante” que los profesionales de la salud, así como el personal docente y todo aquel que esté en contacto con estas niñas y adolescentes, “permanezca alerta para actuar ante cualquier indicio”; valora que las autoridades la hayan considerado un problema que también hay que combatir desde España, “que estén concienciadas e implementen mecanismos de respuesta para proteger a las potenciales víctimas”, y les pide a las Administraciones estatal, autonómicas y locales que no dejen de perseguirla.

Julia López quiere pensar que, en un momento como el actual, en el que se avanza en la sensibilización sobre los derechos de las mujeres, la mutilación genital femenina se ve como lo que es, una clara violación de los derechos humanos; pero reconoce que está extendida esa idea de que no va con nosotros porque pensamos que ocurre a miles de kilómetros y no nos afecta, “cuando realmente no es así porque, hoy en día, este tipo de problemas son globales”. Aplaude los avances que se han producido, pero dice que queda mucho por hacer y poco tiempo para conseguir que se cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en 2015, el número 5, que incluye la erradicación de la mutilación genital femenina para 2030: “Nos quedan 11 años para que no acabe convertido en papel mojado, y para evitarlo es imprescindible que se active la financiación necesaria y que se pongan en marcha medidas definitivas. Ahí está el reto”. La sociedad está implicada, los Gobiernos también deben estarlo.

P.S. La fotografía que ilustra este post corresponde a uno de los proyectos de Plan International en Etiopía. En primer plano aparece Alminesh, de 16 años, presidenta del Club de Chicas contra la Mutilación Genital Femenina –del que forman parte más de 50 jóvenes-, que explica que trabajan con colegios y comunidades religiosas de distintas zonas «para aumentar la concienciación sobre las prácticas dañinas», y que dice que esperan «acabar con estas tradiciones peligrosas en su comunidad a través de la educación».

P.S. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege -junto a la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad- fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su lucha contra la violencia sexual. Desde hace dos décadas, en el hospital Panzi, que él mismo fundó en Bukavu, ha tratado a decenas de miles de mujeres violadas por miembros de grupos armados y sometidas a la ablación de clítoris. El propio Mukwege cuenta que decidió especializarse en Obstetricia y Ginecología conmocionado por la mutilación genital de la que eran víctimas las mujeres de su país. Sus primeras palabras al conocer la noticia fueron para decir que aceptaba el galardón por todas esas mujeres y añadir que “esto demuestra que vosotras ya habéis sido reconocidas”.