“No parece razonable que casi cuatro millones de personas, cerca del 9% de la población del país -a las que habría que sumar sus familias-, sean excluidas de las políticas públicas y de los derechos que tienen el resto de los españoles pero, lamentablemente, eso está sucediendo cada día, lo que demuestra la dificultad de ser ciudadanas y ciudadanos como los demás…en pleno siglo XXI”. Hablamos de las personas con discapacidad y quién así se pronuncia es Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de ocho mil asociaciones y entidades.

Nos explica que sucede cuando se promueve la esterilización de mujeres discapacitadas, supuestamente para protegerlas de embarazos no deseados, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Y cuando en lugar de garantizarles igualdad en la capacidad jurídica con la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones se permite que sean incapacitados legalmente, en contra de lo exigido por la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o cuando no se garantiza el derecho a la inclusión educativa que marca la propia Convención de la ONU. Lo mismo pasa al mantenerse aún hoy en día en la norma marco de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 49 de la Constitución referido a los derechos del colectivo, el término ‘disminuidos’ para referirse a ellos (el Consejo de Ministros sacó adelante el anteproyecto de reforma que lo modifica tanto desde el punto de vista del lenguaje como del contenido, pero no llegó a aprobarse en las Cortes antes de que acabase la Legislatura). ¡Qué decir cuando tienen dificultades o directamente no pueden ni siquiera salir de su vivienda o realizar determinados trámites porque se incumplen los mandatos legales en materia de accesibilidad universal!; también, por ejemplo, en el caso del transporte ferroviario, que todavía no tienen asegurado al cien por cien. Se les excluye al impedir a niños y jóvenes discapacitados participar en igualdad de condiciones con los demás en campamentos de verano, limitando su derecho a disfrutar de actividades recreativas de esparcimiento… Y podríamos seguir. “Elementos trascendentales, aspectos substanciales y de gran envergadura en el día a día de las personas en los que España, a pesar de haberse dotado de normativa para ello, suspende o necesita mejorar mucho”, según Óscar Moral. Tareas pendientes para el Parlamento y para el futuro Gobierno que deberían estar resueltas hace tiempo -apuntan desde CERMI– a las que hay que sumar la necesidad de impulsar una modificación de la Ley de Subvenciones para que no puedan concederse ayudas públicas a aquellas empresas que no cumplen con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2% para las que tienen más de cincuenta trabajadores, “porque da la sensación de que incumplir sale gratis”. Por no hablar de que para algunas cuestiones básicas la localidad o la Comunidad Autónoma en la que se viva resulta determinante: “Eso no se puede permitir y nos demuestra que nos queda todavía mucho por avanzar”.

Miles de personas sin acceso al servicio de emergencias

Hace solo unos días la Comisión Europea le sacaba los colores a España al abrirle un procedimiento de infracción por la falta de accesibilidad del servicio de emergencias 112 para aquellas personas con discapacidad sensorial, sordas y sordociegas. A la pregunta de si están satisfechos, en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad responden que lo estarían si el teléfono que se puso en marcha hace ya veintidós años fuese plenamente accesible, como vienen reclamándoles desde hace tiempo a las administraciones: “Lo que nos gustaría es que se nos hubiese tomado en serio, porque creo que en ocasiones no ha sido así, y que se hubiesen implementado las medidas necesarias para que el 112 fuese accesible para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso no sucede por la diversidad de protocolos, porque en algunos casos no hay respuesta, porque en otros la que se da no es satisfactoria y porque cuando se cambia de Comunidad Autónoma hay respuestas que no sirven. Y aunque competencialmente es una cuestión que depende de los Ejecutivos autonómicos, el responsable último es el Gobierno central”.

Aplauden el hecho de que Bruselas haya tomado cartas en el asunto y esperan que las autoridades se apliquen para solucionar este tema a la mayor brevedad posible, “porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, lo que significa que lo único que se necesita es voluntad política”. Esperan que lo resuelvan antes de que se produzca un caso fatal y antes de que la Comisión Europea le imponga sanciones a España “que es algo que no queremos”, dice su asesor jurídico. “Lo que queremos es que una herramienta que facilita asistencia en una situación de riesgo personal o colectivo pueda ser utilizada por todos los ciudadanos, puedan o no oír e independientemente de dónde residan. Hay que tener además en cuenta que nos movemos por todo el país -y por el resto de Europa, donde también existe el 112- que viajamos, que nos visitan personas procedentes de otros Estados comunitarios…, y las personas sordas y sordociegas no pueden echar mano en condiciones de igualdad, con seguridad y garantías de un servicio de emergencias que el resto sí tenemos a nuestro alcance, lo cual es muy grave”.

En defensa propia

CERMI recibe cada año entre cuatrocientas y cuatrocientas cincuenta consultas y/o denuncias por vulneración de derechos: la gran mayoría se refieren a temas de accesibilidad universal pero también a cuestiones relativas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, o al acceso al mercado laboral, sobre todo de la mujer; últimamente han registrado un aumento de las que tienen que ver con delitos de odio: destacan que, atendiendo a los datos del Ministerio de Interior, son el colectivo que ha experimentado un mayor incremento en el número de denuncias presentadas y avisan de que “el problema es mucho más grave porque la mayoría de las víctimas no denuncian”.

Óscar Moral nos cuenta que muchos de los casos de discriminación que se producen son fácilmente subsanables por aquellos a quienes corresponde: “Situaciones que entendemos que no son fruto del quebrantamiento de una norma con dolo, con deseo de saltársela, sino por desconocimiento, que podrían resolverse sin necesidad de que el afectado tenga que emprender acciones legales, porque son muy pocos los que pueden llevar a los tribunales vulneraciones de derechos”. Para facilitar la denuncia y agilizar la resolución de estos casos ponen en marcha una nueva aplicación para dispositivos móviles, En defensa propia: explican que ofrece a cualquier persona conocedora o que sufra algún tipo de discriminación información sobre cómo empoderarse para poder denunciarlas, además de darle la posibilidad de hacerlo. “Evidentemente sus principales destinatarias son las personas discapacitadas pero pueden descargarla familiares, amigos y todo aquel que entienda que una determinada situación perjudica o puede perjudicar a alguien con discapacidad”. Así lo señala su asesor jurídico, que insiste en que de lo que se trata es de “que aquellas cuestiones que pueden generarles grandes dificultades en su día a día pero que son fácilmente subsanables puedan solucionarse cuanto antes, pero también de que aquellas de mayor envergadura sean perseguidas y sancionadas cuando sea el caso”. En CERMI dicen que esta app, que sustituye a una primera iniciativa que veía la luz hace siete años, “incluye mejoras técnicas, en el propio diseño y en los contenidos, con más información y una mayor facilidad para interaccionar con ella, al tiempo que amplía el espectro a todas las personas con discapacidad al contar con versión en Lengua de Signos y en lectura fácil”. Porque la defensa activa de derechos es fundamental para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, y sin inclusión lo que hay es discriminación.