La Fiscalía General del Estado anunciaba hace un par de semanas la apertura de una investigación a la filial española de una empresa ucraniana que ofrece servicios de gestación subrogada. Lo hacía después de que el Ministerio de Justicia comunicase que había puesto en su conocimiento la existencia de indicios de delito en la actividad de determinadas agencias que operan aquí, desde tráfico de menores hasta organización criminal, blanqueo de capitales y/o falsedad documental. Tras el anuncio del Ministerio Público, desde el departamento que dirige en funciones Dolores Delgado insistían en que el proceso que solicitaron va más allá de una única agencia. Colectivos como la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y No Somos Vasijas, que llevan años reclamándoles a las autoridades que actúen, se alegran por el paso dado pero dicen que no puede limitarse a una filial cuya matriz está siendo ya analizada con lupa en Ucrania, uno de los destinos preferidos para contratar un vientre de alquiler, marcado por la miseria y por la corrupción: “Hay que ir a la raíz del problema y eso tiene que ver con cómo es posible que siendo una práctica prohibida por la legislación española consintamos que haya personas que se estén lucrando con el fomento de la explotación de mujeres en otros países”. Palabras de Ángeles Álvarez, miembro de estas dos plataformas y exdiputada del PSOE, para quien está claro que aunque se realice en territorios donde es legal “el primer contrato que firman quienes alquilan el cuerpo de una mujer para llevar a cabo esta práctica se rubrica en España; pueden llamarlo contrato de información, de asesoramiento o como quieran, pero esos despachos de abogados o agencias de intermediación -que se dan de alta en el Registro Mercantil bajo los epígrafes más variados- lo que tienen montado son negocios a costa de derivar clientes a clínicas que están en esos terceros países”.

“Ya no vale con pronunciarse en contra, las autoridades tienen que actuar”

  Explica Ángeles Álvarez que han detectado tres elementos que fomentan la maternidad subrogada: la presencia de agencias intermediarias en España, la publicidad con la que difunden su actividad y, sobre todo, la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se permite inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos por gestación subrogada, que consideran el “caballo de Troya” contra la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida que prohíbe esta práctica “abriendo la puerta a que se produzca esa explotación de la mujer por parte de ciudadanos españoles en terceros países”. Dan un dato, facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una pregunta parlamentaria, que dicen que lo demuestra sin lugar a dudas: entre 2008 y octubre de 2010 se tramitaron en el Registro Civil del Consulado de España en Los Ángeles 8 solicitudes de inscripción de niños nacidos de vientres de alquiler, siendo todas denegadas; desde que se publicó la instrucción hasta 2017 se inscribieron 406 bebés. Aseguran que esto prueba que la instrucción fomenta la práctica porque la facilita, y eso teniendo un rango inferior a la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que en su artículo 10 dice que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero: “Es un despropósito que lo que es una orden en la que se dan pautas a los funcionarios para que resuelvan cómo actuar esté puenteando a la propia ley, porque si algo es nulo de pleno derecho significa que no tiene reconocimiento oficial y las autoridades se lo están dando a través de ese caballo de Troya, algo contradictorio e intolerable”.

  ¿Cómo se soluciona esto? La RECAV y No Somos Vasijas defienden que a los menores hay que registrarlos, “no podría ser de otro modo, no puedes dejarlos en el limbo”, pero ponen el ejemplo de Alemania que “prácticamente ha acabado con el alquiler de vientres al decidir que los menores nacidos por este método que cruzan la frontera con ciudadanos germanos queden bajo custodia del Estado; no se le permite a quien contrató esta práctica en otro país asumir la patria potestad. Así se le garantizan todos los derechos al niño sin dejar puertas falsas por las que colarse”. Para las dos organizaciones es la mayor sanción posible y la más efectiva. Se quejan de que la ley que prohíbe la gestación por sustitución en España no vaya acompañada de un régimen sancionador para quien la incumple; esa es una de sus principales reivindicaciones, que el alquiler de vientres sea una práctica punible, “porque la norma deja margen para la interpretación”. También demandan que se anule la orden de 2010 y que se prohíba toda actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso a esta práctica en terceros países, multando a las agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y a los profesionales independientes “que promueven algo que es ilegal”. Exigen además cambios en la Ley General de Publicidad para que cualquier “propaganda” al respecto se considere ilícita. Para ellas la pregunta que hay que hacerse es si están las autoridades españolas dispuestas a seguir dejando abierta la puerta de atrás, como sucede ahora, mientras hacen discursos contra el alquiler de vientres: “Les pedimos coherencia, que actúen, porque ya no vale con pronunciarse en contra; si se rechaza hay que llevar a cabo acciones, empezando por aquellas que acaben con los proxenetas reproductivos. Porque sin duda hay connivencia institucional, se habla pero no se actúa, y eso no es admisible”, concluye Ángeles Álvarez.

“Un negocio de los de mayor proyección de futuro si no se le pone freno”

  “Se trata de un negocio en el que se explota a mujeres para que tengan niños para terceros”; es como lo define, indignándose al escuchar a las “asociaciones de contratantes” diciendo que también ellas han denunciado casos de mala praxis y reclamándole al Gobierno que, si quiere ponerles fin, regule la práctica: “La primera mala praxis es el hecho de que demandes que una tercera persona se ponga a tu disposición para quedarse embarazada y dar a luz a un niño que le será arrebatado de inmediato, porque eso es explotación pura y dura”; lo compara con la prostitución, entendiéndolo como “dos formas distintas de explotación de la mujer (una con fines reproductivos y otra con fines sexuales) por parte de quienes consideran que su cuerpo es un bien colectivo que puede ser de uso público”.

  Las asociaciones feministas afirman que eso atenta contra los derechos de las mujeres en su conjunto al verlas como un simple elemento a disposición de cualquiera que tenga dinero para comprarlo, alquilarlo o hacer un uso temporal de alguna de sus capacidades. Denuncian que la cuestión de fondo es “el machismo puro y duro” que pretende que la mujer desaparezca del proceso de filiación, que quiere que lo único que se tenga en cuenta sea la fecundación, la única fase en la que participa el hombre, eliminando aquellas en las que ella es la protagonista (gestación y parto), convirtiéndola así en una simple vasija sin ningún derecho sobre el bebé que ha gestado y parido: “Desaparece por completo el único ser humano que participa en todo el proceso y solo cuentan los que ponen el dinero que, por cierto, se llevan los intermediarios porque las mujeres -dependiendo del país- solo reciben entre el 10% y el 20%”. En la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres y en No Somos Vasijas llaman a hacer lecturas más allá de la “mera explotación inmediata”, convencidas de que el objetivo último es “legalizar una industria que comercializa con nuestra capacidad reproductiva -y por lo tanto con nuestras vidas- en beneficio de terceras personas. Un negocio que, con una estructura montada alrededor de la reproducción asistida, se aprovecha de las mujeres; un negocio que, sabiendo que cada vez hay más población con problemas de fertilidad y que en España se realizan más de la mitad de las donaciones de óvulos de Europa, tiene una enorme proyección de futuro si no somos capaces de frenarlo”. De hecho, Ángeles Álvarez destaca que clínicas del norte de Europa se están instalando aquí para iniciar todo el proceso de comercialización de óvulos y esperma porque los intereses económicos “son brutales”.

  Ante las críticas de quienes contratan y/o apoyan esta práctica, quienes están en contra afirman que ni el suyo es un discurso de odio ni su intención es estigmatizar a los menores, y denuncian que “son ellos quienes los exponen para intentar lavar su imagen, para tratar de vendernos como algo maravilloso lo que no es más que otra forma de explotar el cuerpo de la mujer”.