El Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa y un ecosistema único, ha sido llevado al colapso: por debajo de los tres metros de profundidad, que es la mayor parte de su superficie, no hay oxígeno y por lo tanto tampoco vida. Lo dice tajante Ramón Pagán González, que es ingeniero químico y portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, que avisa de que “no pinta demasiado bien”: explica que ahora mismo no existe ningún científico que sepa con seguridad cómo puede evolucionar la situación; poniéndose en el mejor de los casos -“y esa es la esperanza que tengo”, aclara- quiere creer que este proceso es todavía reversible y la laguna podrá volver a ser un mar vivo, aunque no sabe el tiempo que tardará; aun así dice que la mayoría de los expertos tiene ya asumido que “nunca volverá a ser el que fue, porque habrá víctimas que ya no sean recuperables”.

Crónica de un desequilibrio ecológico largamente anunciado

Explica que se ha llegado a esta crisis por la acción del hombre -con una agricultura intensiva y un desarrollo urbanístico salvaje- y por la inacción y la desidia de los poderes públicos durante décadas, “porque esto viene de lejos”: tira de memoria para contarnos que las primeras denuncias datan de 1980; que en 1987 el Gobierno murciano, del PSOE, aprobó la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor para poner límites a la agricultura intensiva y al crecimiento urbanístico pero que, en 1995, cuando el PP llega al Ejecutivo la incumple, la mete en un cajón y la recurre hasta el Tribunal Constitucional, derogándola finalmente en 2001 con la aprobación de la Ley autonómica del Suelo. Se queja de que la comunidad científica y las asociaciones ambientalistas han denunciado “una y mil veces” que el Mar Menor estaba completamente abandonado a su suerte “pero siempre nos hemos topado con el muro que ha sido la Administración autonómica durante el último cuarto de siglo, que se ha dedicado a mirar para otro lado, acusándonos incluso de ser unos agoreros y de actuar en contra de la economía regional cuando la laguna se nos estaba muriendo. Ahora está agonizante”.

Asegura Ramón Pagán que desde 2010 se viene arrastrando una situación especialmente complicada, siendo los años 2013 y 2014 muy malos, con el Mar Menor dando importantes señales de eutrofización; destaca que en 2016 se superó el límite con la ‘sopa verde’ y dice que entonces las autoridades corrigieron una buena parte de los vertidos que llegaban a él en forma de aguas residuales de la agricultura, sobre todo salmueras de desalinizadoras ilegales: “Se lo tomaron en serio y pudo superarse la crisis, constatándose incluso el año pasado una evidente mejora, aunque la gravedad en el centro de la laguna se mantenía, con el 85% de la flora de los fondos arrasada”. A partir de ahí “probablemente volvió la relajación, y el pasado agosto nos encontramos de nuevo con unas aguas completamente turbias, con los niveles de clorofila disparados… Y fue así como recibimos a la DANA en septiembre, que colmó el vaso, fue el empujón final”. Por eso desde la plataforma Pacto por el Mar Menor critican que el Gobierno regional achacase la posterior muerte masiva de peces que se produjo única y exclusivamente al paso de ese fenómeno meteorológico: “Eso es totalmente falso y ellos mejor que nadie deberían saberlo después de pasar veinticinco años sin hacer nada para frenar la contaminación por nitratos y los pozos ilegales”. También responsabilizan en parte al Gobierno central porque la Confederación Hidrográfica del Segura, que es la que gestiona la extracción del agua y su uso, tampoco ha hecho lo que debía a pesar de los repetidos avisos de científicos y organizaciones ecologistas. Su portavoz afirma que la laguna ha sido “víctima de la prevalencia de los intereses económicos de grandes empresas que han actuado como si esto fuese una ciudad sin ley: los campos están contaminados por nitratos, el acuífero Cuaternario -del que se alimentan todos los pozos- está contaminado y también lo está el Mar Menor, con concentraciones de trece miligramos por litro, más de cien veces superiores a los niveles permitidos. Y a esto no se llega en dos días”.

Dice que es ahora -no cuando se estuvo avisando de lo que podía pasar- cuando la economía de la comarca puede resentirse porque hay mucha gente que vive del turismo en el entorno de este ecosistema único (restauración, hostelería…) y eso “puede venirse abajo si la situación crítica se prolonga; por no hablar de los pescadores, que han sido los primeros afectados porque ya no tienen actividad y no esperan tenerla posiblemente en un año…en el mejor de los casos”.

“Lo primero es hacer que se cumpla la ley”

La semana pasada más de cincuenta y cinco mil personas tomaron las calles de Cartagena en una manifestación histórica para gritar que ‘el Mar Menor no es un contenedor’ y que ‘si no hay soluciones tendrá que haber dimisiones’. Las Administraciones se han apresurado a anunciar medidas y planes, que en su mayor parte no sirven para resolver el problema, cuando para la plataforma la solución “es tan fácil como hacer que se cumpla la ley: las múltiples directivas europeas que regulan la protección de la biodiversidad, el agua y el uso de nitratos, la normativa estatal y la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en su entorno, que entraba en vigor en su mayor parte en febrero pasado, y que fue aprobada -recuerda- con el voto en contra del PP”. Asegura que aplicando la ley unas 9.000 hectáreas de regadío ilegales tendrían que ser revertidas a secano, tendrían que desaparecer cientos de pozos ilegales, habría que regular el uso de fertilizantes… “Primero aplicar la ley y después buscar alternativas a la actividad agrícola y al desarrollo urbanístico descontrolados, además de mejorar la depuración de aguas residuales”.

Pacto por el Mar Menor ha llevado dos casos a los tribunales por delitos contra el medioambiente que siguen abiertos -como el caso Topillo– con funcionarios autonómicos y de la Confederación Hidrográfica del Segura, empresas y agricultores investigados por la degradación de la laguna. Y estudia abrir otro por la Guía de Interpretación de las Medidas Urgentes publicada por la Consejería de Agricultura un mes después de la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes “para supuestamente ayudar a los agricultores a cumplirla y que es, en realidad, una forma de facilitar su incumplimiento”. Volverán a Bruselas, convencidos de que ahora les prestarán más atención… Son tantos los frentes abiertos que no dan abasto y, como no tienen -ni quieren- subvenciones que puedan comprometer su independencia, han iniciado una campaña de crowdfunding para cubrir los gastos imprescindibles. Se alegran de que la Fiscalía Superior de Murcia “se haya decidido a tomar cartas en el asunto”, investigando también conductas de los poderes públicos que podrían haber incidido en la grave situación que atraviesa el Mar Menor, pero se quejan de que hasta ahora “no se haya hecho nada”.

Esperan que la masiva movilización del pasado 30 de octubre haya servido para que las Administraciones, sobre todo la regional, entiendan que los murcianos están “muy preocupados y cabreados”, porque para ellos la laguna es muy querida e importante y el Ejecutivo autonómico ha negado permanentemente que existiese este problema por lo que no ha tratado de buscarle solución. En la plataforma -las 1.200 personas y las más de treinta asociaciones que la integran- tienen claro que van a seguir reclamando soluciones eficaces en origen como llevan haciendo desde que se creó, hace casi cinco años; y continuarán luchando para que esta laguna salada única en Europa “vuelva a ser un mar vivo de aguas limpias, que también pueda seguir siendo disfrutado por la gente y por las generaciones futuras”.