“Seis años después, seguimos repitiendo que esas muertes no pueden quedar impunes”

Armand, Blaise, Daouda, Jeannot, Keita, Larios, Luc, Oumarou, Ousmane, Roger Chimie, Samba, Youssouf, Yves y un compañero cuyo nombre se desconoce morían el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí del Tarajal bordeando el dique fronterizo con Marruecos. Por lo menos catorce personas muertas tras utilizar los guardias civiles desplegados en la zona material antidisturbios para tratar de disuadirlas: lanzaron ciento cincuenta y cinco pelotas de goma y cinco botes de humo y dispararon trescientas cincuenta y cinco salvas de fogueo, según una de las organizaciones pro derechos humanos que ejerce la acusación popular, Coordinadora de Barrios (las otras son CEAR, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos, Comité René Cassin y Observatori de Drets Humans). “Cuando te disparan te bloqueas. Te paralizas, no te puedes mover. Te hundes”, contó en su día una de los dos supervivientes que prestaron declaración ante la instructora del caso. Seis años después el periplo judicial continúa, moviéndose hasta el momento entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la Ciudad Autónoma, que ya ordenó reabrirlo en dos ocasiones argumentando que no se había agotado la investigación, llegando incluso a afirmar que se había decretado el archivo “sin realizar el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”.

En septiembre del año pasado, la titular de ese Juzgado número 6 acordaba procesar por los delitos de homicidio imprudente con resultado de muerte y denegación de auxilio a los mandos y agentes de la Guardia Civil investigados, dieciséis en total: en el auto decía que su actuación “pudo contribuir” a las muertes por ahogamiento, que pudo haber “falta de proporcionalidad” y que había indicios de que no socorrieron a las personas que se encontraban en el mar “con riesgo vital”. La Fiscalía pidió de nuevo el archivo y apenas un mes después la misma jueza decretaba el sobreseimiento de la causa por tercera vez: explicaba que lo hacía “exclusivamente” en aplicación de la llamada doctrina Botín que indica que, en casos como este, no puede abrirse juicio oral si no acusan ni el Ministerio Público ni la acusación particular, aunque sí lo haga la popular. Las asociaciones que ejercen esa acusación popular recuerdan que en este caso no hay acusación particular pese a que familiares de seis de las víctimas han tratado varias veces de personarse en la causa, siendo su solicitud rechazada: la primera instructora alegó que no habían aportado los originales de los certificados de nacimiento de los fallecidos sino fotocopias y cuando lo hicieron no recibieron respuesta; el año pasado volvieron a intentarlo pero la nueva jueza determinó que el tema ya se había resuelto en su día. La acusación popular recurrió -también lo hicieron la Fiscalía y las defensas, pidiendo que se entre en el fondo de la cuestión y se deje claro que los investigados no cometieron delito alguno, como ellas sostienen- y se está a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie.

Siguen reclamando verdad, justicia y reparación

Estos días Ceuta, Madrid, Jerez, Logroño, Pamplona, Durango o Frankfurt acogen actos en memoria de los por lo menos catorce muertos. Actos convocados y apoyados por numerosos colectivos, entidades y particulares que quieren enviar un mensaje: que van a seguir exigiendo justicia, que no piensan desistir y que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que no haya impunidad”. Así nos lo ha contado Laura Ganado, del equipo organizador de la VII Marcha por la Dignidad que -secundada por alrededor de ciento cincuenta asociaciones- recorrerá este sábado día 8 la Ciudad Autónoma para reclamar una vez más “verdad, justicia y reparación”.

El lema de este año es ‘Frente a vuestros muros creamos puentes’ y ella misma nos lo explica: “Muros físicos, porque se ha estado hablando mucho de las concertinas, de quitarlas del lado ceutí mientras las refuerzan en el lado marroquí; pero también muros mentales, porque se ha multiplicado el discurso de odio, xenófobo y racista. Y puentes porque, como respuesta, no nos cansaremos de tenderlos y de crear lazos de unión con los inmigrantes, dándoles una acogida digna y uniendo nuestras voces en marchas como esta con un objetivo común, que no es otro que defender los Derechos Humanos”. Quieren que el sábado se visibilice en Ceuta que “somos miles las personas que seguimos defendiendo la justicia, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la convivencia, el respeto y la dignidad de quienes tratan de escapar de la miseria y de las guerras”.

Dice Laura Ganado que las políticas migratorias españolas y europeas han estado marcadas en los últimos años por la externalización/subcontratación del control de fronteras, dejando a su suerte a las decenas de miles de personas que se han echado -y seguirán echándose- al mar para sobrevivir. Pero también tiene claro que una parte de la sociedad civil, en la que se incluyen voluntarias y voluntarios -como ella- de numerosas organizaciones, asociaciones y colectivos, así como otros muchos miles de ciudadanos, va a continuar con la lucha para reclamar un cambio radical que permita que esa cifra de la vergüenza que es la de los muertos en el Mediterráneo deje de incrementarse: desde 2014 hasta el 31 de diciembre pasado la Organización Internacional de las Migraciones contabiliza por lo menos 19.164 fallecidos, 1.283 de ellos el año pasado. Y eso sin contar a los desaparecidos cuyas muertes no se han podido ni se podrán nunca verificar: 413 solo en 2019.