“Nos hace sentir mucho más útiles en este mundo sin sentido”

Contentos y emocionados por haber podido compartir tantas risas y alegrías, satisfechos, pero también agotados, física y mentalmente, teniendo claro -eso sí- que en cuanto puedan volverán a compartir su trabajo con aquellos que más lo necesitan. Como acaban de hacer en Líbano, de donde los artistas voluntarios de Payasos Sin Fronteras han vuelto “con el corazón lleno” después de una gira en la que han actuado para casi cuatro mil personas, la mayoría niñ@s refugiados sirios, con un total de quince espectáculos. Hablamos de un país de algo más de cuatro millones de habitantes que es el que acoge más refugiados per cápita del mundo -más de un millón cuatrocientos mil entre sirios y palestinos, según la ONU, casi un millón ochocientos mil, según las autoridades locales- que atraviesa una dura crisis económica, a la que desde hace más de tres meses se suma una crisis social y política sin precedentes, a la espera de que el Parlamento ratifique un nuevo Gobierno que no tiene el apoyo del pueblo, como demuestran las movilizaciones que siguen tomando las calles.

  Protestas contra la corrupción que les obligaron a cancelar la primera actuación que tenían prevista al suspenderse aquel día las clases, aunque rápidamente buscaron una alternativa, porque estaban allí para llevar la risa a la mayor cantidad de gente posible. La mayoría había estado antes en Líbano y Luara Mateu Trías nos ha contado que ahora “todo parece menos estable y, con los tanques en pleno centro de la capital, hay menos sensación de seguridad que entonces”. También encontraron más deteriorados los campos de refugiados y las pocas actuaciones que pudieron hacer en ellos -casi todas fueron en escuelas- les resultaron muy chocantes: en uno había dos palmos de lodo, les costó actuar y acabaron de barro hasta las rodillas porque ni siquiera había palés con los que acondicionar una zona, algo con lo que antes sí contaban las organizaciones que trabajaban allí; en otro tuvieron que actuar en un centro social porque no era posible hacerlo fuera. Luara Mateu nos explica que el grupo salió del país con la sensación de que “no solo la situación no ha mejorado con el paso de los años ni se han encontrado soluciones sino que cada vez hay más gente con las mismas carencias. Nosotros hemos hecho lo que habíamos ido a hacer, pero esas personas necesitan otro tipo de ayuda que no les está llegando”.

  De lo que han hecho allí, de cómo lo han vivido, hemos hablado: de sentimientos, de sensaciones encontradas y de lo gratificantes que son experiencias como esta “que no se pagan con dinero porque nos hacen sentir mucho más necesarios y útiles en este mundo sin sentido en el que estamos, en el que la risa es imprescindible para sobrevivir”.

  Aclara que el espectáculo no solo lo conforman ellos, los payasos, sino también los espectadores, “sin los cuales no somos nada” y, recordando una actuación en la que la meteorología les jugó una mala pasada y acabaron calados hasta los huesos, destaca esta frase escrita en el cuaderno de bitácora de Payasos Sin Fronteras: “Lo que el alma vive en aquel momento, los aplausos de aquellos niños, no se secan tan rápido como el agua ni se olvidan tan rápido como el frío”.

  Ya en casa, acatarrada, nos cuenta que la sensación al regresar es la de que te bajan todas las defensas y nos explica que se necesita un tiempo para adaptarse: “Nosotros llegamos un día y al siguiente tuvimos un bolo; para mí fue tremendo porque es como si estuviese medio grogui y sé que no es solo una cuestión física sino, sobre todo, mental”. Aun así, asegura que todos los que participan en alguna de las expediciones quieren repetir, “porque nunca te has sentido tan realizada como cuando actúas para gente que vive realidades tan difíciles”. Más todavía sabiendo que la risa reduce la sintomatología del estrés postraumático en niñ@s que han sufrido una guerra: hace mucho que ellas y ellos lo sabían -“solo tienes que verles la cara”- pero desde hace un tiempo existe la evidencia científica de que eso es así, constatado por la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

  Luara Mateu será una de las que participe en la próxima expedición, a Etiopía, el mes que viene. A Líbano ha ido con su padre, Tortell Poltrona, con quien para ella es mágico trabajar “porque en el lenguaje de payaso se crean unas sinergias que, después, puedes extrapolar a tu vida personal”, aunque también reconoce que ese vínculo familiar “hace que sea más duro vivir situaciones que, a veces, te superan”. Se queda con lo positivo y dice que aprenden mucho el uno del otro: “Él, que es gato viejo, siempre tiene cosas que enseñarme, pero también yo lo sorprendo con una visión más fresca al ir sin armadura cuando él va más que concienciado de no crear vínculos”. De familia de payasos, está orgullosa de pertenecer a un mundo, el del circo, en el que no se trata de competir sino de luchar por un objetivo común: hacer reír. En Líbano, en Etiopía, en Burkina Faso, En Ucrania, en Colombia…y también, ¡claro!, aquí en España.

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  P.S. Con Luara Mateu y Tortell Poltrona, en Líbano han estado Diana Pla, Marina Benites y Dani Foncubierta, además del fotógrafo Àlex Carmona, autor de las fotografías que ilustran el post. Toda la información sobre Payasos Sin Fronteras, sus proyectos, cómo podéis colaborar…, la tenéis en su web www.clowns.org

¿Podemos hacer algo por mi país?

Fue lo que le preguntó una amiga a otra en abril de 2015 al poco de estallar una guerra en la tierra de la primera, de la que la segunda está enamorada, y de esa pregunta acabó naciendo una oenegé española que proporciona ayuda humanitaria a unas diez mil personas al mes, gracias a sus casi cuatro mil colaboradores y socios y a sus tres fundadoras, Faten Al Osimi, Eva Erill y Noèlia Ruiz: Solidarios Sin Fronteras, la única oenegé española con presencia en Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, que a finales de marzo cumplirá cinco años de guerra. Cinco años que dejan cifras que ponen los pelos de punta, más todavía cuando se sabe que son aproximadas y que las reales son incluso peores: en informes encargados por la ONU se calcula que se han superado los doscientos mil muertos y las instituciones yemeníes hablan ya de doscientos cincuenta mil, teniendo además en cuenta que se trata de un país musulmán, en el que los fallecidos se entierran de inmediato, con muchas zonas de difícil acceso, lo que significa que muchas víctimas no se contabilizan ni se contabilizarán nunca. Ocho de cada diez yemeníes carecen de agua, comida y acceso a medicamentos, están viviendo la peor epidemia de cólera de la historia, el dengue les golpea duro y ahora también la fiebre porcina; hay más de tres millones y medio de desplazados internos, cuatro millones de niños sin escolarizar…y podríamos seguir. Para Naciones Unidas estamos ante la mayor hambruna en cien años y ante la mayor emergencia humanitaria del planeta provocada por la acción del hombre. Y a pesar de todo ello apenas vemos, escuchamos o leemos sobre ella en los medios de comunicación. ¿Por qué?

Una guerra silenciada

  Eva Erill asegura contundente que esta es una guerra “silenciada y/o ignorada por intereses políticos y económicos: geoestratégicos -por el Golfo de Adén, a través del paso de Bab al Mandeb, salen a diario en dirección a Occidente cinco millones de barriles de crudo de Arabia Saudí y otros productores del Golfo Pérsico, por eso es importante para ellos hacerse con el control del territorio yemení- y, sobre todo, derivados del comercio de armas”. Está convencida de que el silencio de la inmensa mayoría de los Gobiernos occidentales se debe “al increíble negocio que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y también España, entre otros, están haciendo con la venta de armamento al reino saudí, que lidera la coalición internacional que lucha contra los hutíes en Yemen”.

  Entre 2015 y mediados de 2018, Madrid exportó armas a Riad por valor de más de mil cien millones de euros, datos de Amnistía Internacional: “Por eso no les interesa que se hable del conflicto, que se sepa lo que está causando”. En Solidarios Sin Fronteras tienen claro que esa venta de armas va a continuar con el nuevo Ejecutivo. Se apoyan en varios datos: en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos no se hace ni una sola referencia al comercio de armas ni a la guerra de Yemen, “y eso que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha sido uno de los que más ha denunciado este tema en el Congreso de los Diputados”; barcos de la naviera pública saudí siguen haciendo escala en puertos españoles, la última en Motril la semana pasada; y está además el visado de tránsito que desde comienzos de este año se les exige a los yemeníes que quieran pedir asilo político en un aeropuerto español si su vuelo hace escala aquí, cuando son de las nacionalidades con mayor reconocimiento de protección internacional en España: “El año pasado solicitaron ese asilo en Barajas ciento sesenta y seis ciudadanos de Yemen y parece que hubiese habido una avalancha, siendo la realidad que casi nadie puede salir de allí porque no tienen dinero para pagarles a las mafias. Ahora el Gobierno les impide pedirlo en nuestro país a los pocos que pueden escapar de la guerra”.

El bloqueo está matando más que las bombas

  Denuncia Eva Erill que los yemeníes no tienen recursos ni mucho menos suficientes para subsistir: cuenta que ya antes de la guerra dependían en un noventa por ciento de productos externos y de la ayuda humanitaria y dice que el conflicto no ha hecho más que empeorar la situación, con el bloqueo marítimo, aéreo y terrestre al que Arabia Saudí, Estados Unidos y los demás miembros de la coalición internacional llevan sometiendo a la población desde hace ya casi cinco años. Un bloqueo que, “cuando les interesa, levantan durante unas horas para que sus productos puedan entrar en el país, haciendo -de nuevo- negocio”. Lo cuenta ella misma.

  Explica que esa ayuda de Solidarios Sin Fronteras se ha traducido en una importante mejora de las cifras de escolarización en los dos colegios con los que colaboran repartiendo mil doscientos desayunos diarios, cinco días por semana: en el primero que les pidió ayuda pasaron de faltar a clase ciento veinte niñas a estar “a tope“ en solo un par de meses y en el segundo les han pedido este año que hagan dos turnos para poder atender a más niños. Asegura que se trata de un “acto revolucionario” con el que están consiguiendo que a esas niñas no las casen y que a esos niños no los rapten mientras piden en la calle para obligarlos a luchar en el conflicto.

  Faten Al Osimi es la amiga yemení que le preguntó a Eva Erill, enamorada de una tierra que visitó por última vez solo unos meses antes de que estallara la guerra, si podían ayudar a su país. La idea inicial era buscar una pequeña oenegé en España y una contraparte local para ver qué se podía hacer, pero cuando Faten dijo que no confiaba en ninguna de las organizaciones que operaban allí y Eva se dio cuenta de que no había ninguna española se decidieron: “Vamos a crear la ONG en la que nos gustaría ser donantes. Cercana, transparente, en la que cada euro se destine a quienes lo necesitan y en la que la gente sepa a dónde va su dinero. Eso era fundamental para nosotras y es lo que hemos hecho”. ¿Por qué dieron el paso?

  “Éramos una hormiga y aun hoy seguimos siéndolo, pero cada vez tenemos más apoyos”, dice. Saben que no pueden bajar la guardia porque para mantener la ayuda a esas diez mil personas al mes–“¡y ojalá a más!”- necesitan que les salgan las cuentas, que no es fácil. Y en eso siguen, haciendo cuentas todos los días. “Es una decisión de vida” y están decididas a llevarla hasta el final.

P.S. Toda la información sobre Solidarios Sin Fronteras, sus proyectos en Yemen, cómo podéis colaborar para ayudar a los yemeníes (desde de un euro al mes) …la tenéis en su web solidariosinfronteras.org y en sus Redes Sociales.

“Que tenga la valentía de enfrentarse a quienes especulan con un derecho fundamental”

Laura y sus tres hijos van a poder seguir viviendo en su piso de Madrid, igual que Gustavo, Fanny y los suyos; también Sidi se quedará en su casa de Barcelona, como Emilio o Rafael y su familia; y lo mismo harán Rabia y los suyos en Granollers. Sus desahucios estaban fijados para estos días y los movimientos sociales vinculados a la vivienda tienen claro que ha sido su presión la que ha logrado pararlos. Estos y muchos más. Pero otros muchos continúan adelante, como el de Pilar y Salva, una pareja de septuagenarios de Arganda; el de Lili, que reside en Parla; o el de Ángela, su marido y sus hijos, vecinos de Barcelona. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explica que los va a echar de su casa el Banco Santander, destacando que “a diario” ven casos que desmienten las recientes declaraciones de la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, que decía en un programa de televisión que ‘los bancos no han desahuciado a nadie desde 2012, fecha en la que nos comprometimos a no desahuciar a nadie de su primera vivienda’. Juanjo Ramón, uno de sus portavoces, afirma con rotundidad que “la banca sigue desahuciando” e indignado, como sus compañer@s, denuncia lo que considera “todo un blanqueo de imagen”.

  Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, indican que se mantendría una tendencia a la baja en el número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias: 2.526 entre julio y septiembre, “pero eso teniendo en cuenta que en agosto se paraliza la actividad en los juzgados”. Y Juanjo Ramón asegura que si no se están llevando a cabo más es por la moratoria en vigor desde 2012, que los mantiene en stand-by para aquellas familias vulnerables que cumplen una serie de requisitos; avisa, de hecho, de que esa moratoria termina el próximo mes de mayo y dice que si no se extiende “habrá un boom de alrededor de 60.000 desahucios que están ahora mismo en la nevera”. Por eso urge al nuevo Gobierno a ampliarla: en el tiempo pero también en lo que se refiere a los requisitos que se deben cumplir, para que puedan acogerse a ella más afectados “porque tal y como la planteó el Ejecutivo del PP solo ha podido hacerlo el 1% del total y únicamente por no ser capaz de afrontar la hipoteca no por el impago del alquiler”, algo que para la Plataforma es prioritario incluir sabiendo que estos últimos representan ya el 70% de los lanzamientos. Alerta además de que la mayoría de esas viviendas ya no está en manos de los bancos que ejecutaron los procedimientos sino en las de los fondos buitre a los que se las han vendido que, está convencido, “intentarán no responsabilizarse de nuevas prórrogas”. En todo caso, cuenta que la responsable continúa siendo la entidad financiera y se pone como ejemplo: “Estoy en proceso de ejecución hipotecaria. Empecé en su momento con Catalunya Caixa, que fue absorbida por el BBVA, que acabó vendiendo las que llaman hipotecas tóxicas a Blackstone, pero a mí la demanda judicial me viene a nombre del BBVA, que es el que me sigue demandando”.

  ¿Por qué sigue habiendo desahucios? No lo duda ni un instante.

Medidas de choque ya

  Extender la moratoria de desahucios es una de las reclamaciones que figuran en el plan de choque que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le presentó a Pedro Sánchez el pasado verano y que ha vuelto a registrar en el Congreso para refrescarles la memoria a los partidos que conforman el nuevo Gobierno: piden que se cumplan los tratados de la ONU para que no haya un desahucio sin alternativa habitacional; la suspensión temporal de los lanzamientos hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada; la dación en pago retroactiva; la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue en situación de vulnerabilidad o la regulación y limitación de los precios del alquiler (sin dejarlo a voluntad de los Ayuntamientos, como pactaron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático que firmaron a finales del año pasado). Les recuerdan que parte de las demandas ya estaban en la ILP que la propia Plataforma promovió en su día, reuniendo casi un millón y medio de firmas, y que el Congreso de los Diputados acordó tramitar en 2013 -“pero que, con la mayoría parlamentaria del PP acabó convertida en un decreto que se ha demostrado ineficaz”- y en la Ley de Vivienda impulsada también por ella a favor de cuya toma en consideración se pronunciaron las dos formaciones en septiembre de 2018. Les recuerdan además que en su día se comprometieron a extender a todo el Estado la Ley catalana 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética si llegaban a gobernar, por eso ahora les exigen que cumplan. No se fían “ni un pelo”, menos aun después de que se haya anunciado una nueva ley de vivienda desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos.

  Desde la PAH quieren que el Gobierno ponga en marcha medidas de choque concretas en sus primeros cien días y un calendario claro para ir activando el resto a lo largo de la Legislatura. El mes que viene su lucha cumple once años y esperan que este sea el año del Derecho a la Vivienda. Destacan que desde 2008 son ya más de un millón los desahucios que se han practicado y denuncian que la emergencia todavía continúa, con uno cada doce minutos. Por eso piensan continuar con las movilizaciones, defendiendo los derechos de los afectados y visibilizando una problemática que sigue provocando decenas de miles de dramas.

“No vamos a dejar las calles hasta que veamos hechos. Esto tiene que cambiar porque es de justicia”

Después de ocho meses de interinidad estamos a tres días de que tomen posesión los miembros del primer Gobierno de coalición de la democracia. Un Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que en los últimos días del año pasado firmaban el acuerdo programático, que incluye el compromiso de garantizar unas pensiones públicas dignas, actualizarlas por ley conforme al IPC real, subir las mínimas y las no contributivas, impulsar la reducción de la brecha de género y revisar las de viudedad, reformar el Sistema de Seguridad Social o eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización previstos en la Ley23/2013. Pedro Sánchez era investido presidente el pasado martes día 7 tras obtener la confianza del Congreso de los Diputados en segunda votación y el miércoles 8 a media mañana prometía el cargo en Zarzuela. Casi a la misma hora los pensionistas volvían a manifestarse a las puertas de la Cámara Baja para exigir pensiones públicas dignas y el próximo lunes saldrán de nuevo a la calle en distintos puntos de España. Lo van a seguir haciendo porque no las tienen todas consigo.

  “Estamos bastante esperanzados porque se va a conformar un Gobierno progresista y confiamos en que apueste con más fuerza por las políticas sociales”, dice María Ángeles Poveda, portavoz de la Plataforma de Jóvenes Pensionistas y de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, que reconoce que ese pacto entre los dos partidos que van a estar en el gabinete recoge parte de sus reivindicaciones: “Nos suena muy bien la música y la letra”, pero acto seguido deja claro que quieren “que todo eso se cumpla, para que empiece a mejorar la vida de la gente, empezando por la de los colectivos más vulnerables como las viudas, las personas dependientes y los jóvenes pensionistas”. Habiendo visto lo sucedido en la investidura, no creen que a socialistas y Unidas Podemos vaya a resultarles fácil que sus compromisos se traduzcan en hechos, por eso dicen que irán valorando la situación y decidiendo los pasos a dar a medida que se vaya desarrollando. Avisan de que, hasta que vean cambios reales, continuarán con las movilizaciones “porque es lo que le ha dado tanta fuerza a este movimiento” y porque -ya lo dice su lema- “Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”.

  Van a mantener la lucha en defensa de los derechos de todos los pensionistas y sobre todo del millón de jóvenes que lo son por enfermedad crónica y/o degenerativa o por accidente que, después de pelearlas con uñas y dientes, tienen prestaciones en general muy bajas que limitan su día a día todavía más que la propia enfermedad, impidiéndoles en muchos casos llevar una vida digna, como ella misma nos ha contado mientras hablábamos de sus demandas.

  Además de las que ha mencionado, sus reivindicaciones incluyen la derogación de las dos reformas de las pensiones -de 2011 y 2013- y de las dos últimas reformas laborales, aprobadas por Gobiernos del PP y del PSOE; reformular la Comisión el Pacto de Toledo, que consideran un “pacto del engaño”, para abrir un diálogo que esté marcado por la transparencia y que incluya la participación del colectivo; que no haya pensiones inferiores a los 1.084 euros que fija la Carta Social Europea y su blindaje en la Constitución; la eliminación efectiva del copago farmacéutico que aseguran que, con las prestaciones que tienen, los hace polvo; que se considere la rehabilitación, tanto física como psicológica, parte de la terapia; terapias multidisciplinares adaptadas a sus necesidades y una ley que proteja al paciente crónico. María Ángeles Poveda explica que también les preocupan mucho las listas de espera de la dependencia: “Hay una cifra que para mí es la cifra de la vergüenza que es la muerte diaria de 80 personas mientras esperan unas ayudas que les habían sido reconocidas por ley (el dato es del Observatorio de la Dependencia); me parece algo inhumano que ningún Gobierno -en funciones o no- se puede permitir”. Asegura que pelean para que se agilicen tanto los pagos como las valoraciones pendientes.

  Y, hasta donde su salud se lo permita, van a continuar peleando por todas y cada una de esas demandas, para que vayan siendo atendidas. Recuerda que la Plataforma de Jóvenes Pensionistas lleva haciéndolo desde septiembre de 2018, cuando se echaron a las calles para dar voz a un millón de personas -el 10% del colectivo de pensionistas- que se sienten excluidas en muchos aspectos de la vida, “por una parte de la sociedad y por las Administraciones”. Porque es de justicia que puedan tener una vida digna. Lo dice su portavoz que, a sus 41 años, vive con 557 euros al mes tras conseguir que los tribunales le concedieran la incapacidad laboral total por la que luchó durante nueve años con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.