Lo que hay detrás de una histórica condena a España

Sandra estaba embarazada de casi cuarenta semanas cuando acudió al hospital, pero ni por un momento pensó que iba a dar a luz. Tenía claro que aún no había entrado en la fase de parto pero el personal médico de ese centro hospitalario público decidió inducírselo sometiéndola para ello a una serie de intervenciones para las que no le pidieron consentimiento: le administraron oxitocina para acelerarlo, le practicaron más de diez tactos vaginales, la mayoría injustificados, le realizaron una episiotomía y utilizaron la ventosa para sacar a la bebé, todo sin tenerla en cuenta y sin explicarle nada de lo que estaba sucediendo; ni siquiera cuando se llevaron a la niña, de la que tuvo que estar varios días separada por una infección que conoció a posteriori. Lo recuerda ‘como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje donde todo el mundo hace cosas de forma mecánica y la mujer no hace nada pero sale de allí con un bebé (…), cuando está física y psicológicamente preparada para parir, no para que la paran’. Asegura que se sintió desautorizada y sin autoestima. Era 2011. Presentó una reclamación por vía administrativa y acabó reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado en los tribunales que, uno detrás de otro, fueron tumbando su caso; lejos de tirar la toalla, lo llevó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que hace unos días, nueve años después de comenzar su periplo, dictaba una histórica condena a España: concluye que Sandra -nombre ficticio para salvaguardar su identidad- fue víctima de violencia obstétrica no de una negligencia médica, porque no se trata de un caso individual sino de una cuestión estructural; una cuestión que parte de estereotipos de género sobre la función reproductiva de la mujer, su rol sexual pasivo y su papel en la sociedad, por lo que también es una forma de violencia de género. Y responsabiliza al Estado por no actuar de manera diligente para garantizar sus derechos y los de su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia.

Nos lo explican Paloma Torres López y Lucía Maravillas Martínez Losas, dos de las abogadas que han presentado el caso ante Naciones Unidas junto con Marina Morla González, Teresa Fernández Paredes y Francisca Fernández Guillén, directora jurídica del Observatorio de Violencia Obstétrica, que lo llevó en sus diferentes etapas en España. “Juntas ideamos una estrategia que entonces parecía utópica pero que, al final, ha dado resultado”. Y tanto: no solo es la primera vez que un organismo internacional reconoce en una sentencia la violencia obstétrica como tal sino que, además, la reconoce como una forma de violencia de género.

“Un nuevo estándar de Derechos Humanos”

  Como Sandra, sus letradas destacan que “la mujer está preparada para el parto no para que la paran”. Recuerdan que el personal sanitario tiene el deber de contarle en todo momento lo que está pasando y de pedirle consentimiento. Pero denuncian que precisamente por esos estereotipos de género, tan pronto entra en el hospital pasa a ser un simple recipiente, su cuerpo y lo que ella decida da igual; es más, se considera que por estar en un determinado momento emocional no tiene capacidad decisoria. Y es por eso por lo que el equipo legal incluyó la violencia de género, porque no se trata de una negligencia de determinados profesionales sanitarios o del propio sistema sino de una discriminación por razón de género, porque solo puede afectar a las personas con útero: “A diferencia de otros pacientes, la mujer está ahí única y exclusivamente para parir y lo que importa es el bebé que lleva dentro; ni lo que ella quiera, ni su cuerpo, ni el impacto que pueden suponerle las actuaciones médicas que se lleven a cabo. Eso no importa”. Y este no es un caso aislado: con datos de 2016 del Observatorio de Violencia Obstétrica recogidos de casi dos mil testimonios, en dos tercios de los partos no se respetaron los planes presentados y en la mitad se actuó sin el consentimiento de la madre (inducción, episiotomía, Kristeller…). Más de un tercio de esas mujeres necesitó ayuda psicológica para superar las secuelas o los malos recuerdos de dar a luz.

  Paloma Torres nos cuenta que la resolución de Naciones Unidas va mucho más allá de Sandra y de las otras dos denunciantes que están pendientes de un pronunciamiento, que sus abogadas confían en que vaya en la misma dirección. Y es que este ha sido un litigio estratégico de Derechos Humanos: “Hemos puesto de manifiesto en el ámbito internacional una práctica habitual, sistemática y gracias a eso se ha sentado jurisprudencia que es vinculante no solo para España sino para todos los países que, como el nuestro, han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso significa que se ha generado un nuevo estándar de Derechos Humanos, un cambio que esperamos pueda tener efectos a largo plazo en distintos frentes”. Lo explica ella misma destacando que, por eso, todas -abogadas y denunciantes- están muy satisfechas.

Solo ha habido otra condena del CEDAW a España

  Paloma Torres y Lucía Martínez ponen el acento en el hecho de que España solo había sido condenada hasta ahora en una ocasión por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: en 2014, por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija de siete años fue asesinada por su expareja cuando la tenía con él a pesar de que ella había reclamado en múltiples ocasiones que le suspendieran el régimen de visitas por las amenazas recibidas. Incluso habiéndole dado Naciones Unidas la razón reconociendo la responsabilidad del Estado tuvo que volver a reclamar en los tribunales españoles para que este cumpliese, hasta que Supremo dictaminó que las recomendaciones del CEDAW son vinculantes y deben ser acatadas y aplicadas para que los derechos y libertades estipulados en los tratados internacionales firmados por nuestro país sean reales y concretos aquí.

  Tanto entonces como ahora se peleó duro para que la ONU fuese más allá de la indemnización a la víctima y le recomendase al Estado medidas de carácter general. Y se consiguió. El Comité conmina al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer la realidad de la violencia obstétrica en España, de la que solo dan datos las asociaciones que llevan años trabajando para que se reconozca su existencia; también lo llama a “brindarles a los profesionales sanitarios y a los de la judicatura una capacitación adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva” para que dejen de aplicar estereotipos de género, porque la mujer no pierde ni su autonomía ni su capacidad decisoria porque vaya a dar a luz. “El CEDAW deja claro que en los casos de violencia obstétrica el personal sanitario no es el único que le causa daños físicos y psicológicos a la mujer abusando de la medicación y del intervencionismo médico, no pidiéndole consentimiento y no teniéndola en cuenta para nada: también lo hacen los jueces cuando niegan esa violencia resolución tras resolución, cuando determinan que los daños psicológicos alegados por la denunciante son una percepción suya, cuando afirman que está exagerando (hay sentencias que siguen hablando de histeria)… Esos son estereotipos de género que hacen que el daño psicológico sea todavía mayor porque pueden llevar a que la víctima acabe dudando de ella misma y piense si no será cierto que la culpa es suya”. Así lo señala Lucía Maravillas Martínez, aclarando que el hecho de que por fin le hayan dado la razón a Sandra -después de casi una década- no borra de golpe todo lo que ha sufrido, “eso no se lo quita nadie”. Para lo que sí tiene que servir -dice este equipo de abogadas independientes- es para que situaciones como la que vivió ella dejen de repetirse, por eso consideran determinante que se sepa que no son casos aislados.

  Es imprescindible que el Gobierno reconozca la violencia obstétrica como tal y como una forma de violencia de género para reorientar así las políticas públicas: para que respondan a las necesidades de las víctimas pero, sobre todo, para evitar que las mujeres sigan sufriéndola, que es de lo que al final se trata, de prevenir. Lucía Maravillas Martínez Losas y Paloma Torres López recuerdan que desde el Ejecutivo aseguran que trabajan para adaptar la legislación española a las convenciones internacionales que en su día se firmaron, que presentan una concepción mucho más amplia de lo que tiene que considerarse violencia de género; pero también se quejan de que no acaben de “atreverse” a confirmar que tipificarán la violencia obstétrica y que tendrá esa consideración, que es lo que les dice la ONU. Porque si no dan el paso nunca se podrá erradicar. Piensan que van a ser reacios a cumplir las recomendaciones, pero confían en que lo acabarán haciendo cuando se conozcan los dos dictámenes pendientes: “Deberían traducir esta resolución internacional en ley lo antes posible. Al final, tendrán que hacerlo”.

“Una cosa es que tu vida esté en stand-by, otra muy distinta es tenerla parada para siempre”

Fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva (pérdidas de memoria, falta de concentración…), ansiedad, sensibilidad visual y/o auditiva… y un largo etcétera de síntomas que pueden ser invalidantes y que merman en gran medida la calidad de vida de quien la padece, hasta en un ochenta por ciento. Son síntomas que acompañan a la Sensibilidad Química Múltiple, que con frecuencia cursa con otras enfermedades que los agravan todavía más como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, y que puede derivar en otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Pone tu vida patas arriba, de repente, pudiendo obligar y obligando al confinamiento en casos severos. ¡¡¡Sí, a quedarse en casa, pero no durante unos días o unas semanas: PARA SIEMPRE!!! Se trata de una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a numerosas sustancias químicas en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general: presentes en el aire, en el agua, en los alimentos, en medicamentos, en productos de higiene personal o de limpieza, en colonias, en pinturas, en el asfalto… La lista es interminable. Contarlo es una cosa, pero ¿cómo es vivirlo? Lo sabe bien Vanessa Basurto.

  Solo si tratamos de identificarnos con ellas, de ponernos en su piel, podremos hacernos una idea de lo que supone vivir con Sensibilidad Química Múltiple y actuar en consecuencia: que la mascarilla -esas de las que muchos han hecho acopio estos días sin necesitarlas por puro egoísmo- te acompañe allí donde vas, cada día; que necesites esa mascarilla incluso cuando estás en casa porque tu vecina ha colgado ropa lavada en el balcón y ni siquiera es suficiente con cerrar las ventanas, o porque han fregado las escaleras del edificio en el que resides con lejía; tener que recluirte en una habitación esperando a que tu pareja o tus hijos, que han vuelto de trabajar, del colegio o de dar una vuelta, se laven a fondo para poder compartir con ellos el espacio de tu hogar, para poder abrazarlos; quedarte sin trabajo porque tus jefes o tus compañeros se niegan a llevar a cabo pequeños cambios para que puedas continuar en tu entorno laboral… Son solo algunos ejemplos de lo que sufren las personas con esta patología, a los que hay que sumar el tener que aislarte en casa durante un tiempo porque has sufrido otra crisis y, en los casos más graves, el NO PODER VOLVER A SALIR A LA CALLE.

  Con un poco de empatía podemos acabar descubriendo que hay productos que estamos utilizando que, en realidad, a nosotros tampoco nos sientan bien. Quienes tienen Sensibilidad Química Múltiple lo descubren a la fuerza. Por eso para ellas -la mayoría son mujeres- son muy importantes iniciativas que intentan sensibilizar a la sociedad como el cortometraje ‘Es el progreso, estúpida’, dirigido por Patricia de Luna y estrenado en Madrid hace un par de semanas, del que os hablé en mi anterior post. Vanessa Basurto estuvo en el estreno y se emocionó, hasta el punto de que no podía hablar: “Me afloraron muchos sentimientos por todo lo que he vivido desde que me diagnosticaron. Me sentí plenamente identificada y eso me encantó, porque significa que la gente que no tiene ni idea de esta enfermedad podrá ver un testimonio veraz de lo que es y lo que supone. Ayudará a hacerla visible, a hacernos visibles, y nos ayudará a reclamar nuestros derechos”.

  Muchas afectadas han tenido que esperar hasta una década para ponerle nombre a lo que les pasaba, siendo derivadas a Psiquiatría cuando tenían claro que lo suyo era un problema físico, como nos explicaba Vanessa. Por eso reclaman a las autoridades que formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento, que extiendan a todos los hospitales del país y a todos los niveles de la atención sanitaria el protocolo puesto en marcha hace un par de años en los de Comunidades como la madrileña para atender a estas pacientes cuando llegan a Urgencias: priorizarlas y mantenerlas en un espacio saludable para ellas mientras esperan. También les demandan que creen Unidades de Referencia, que financien la investigación necesaria para conseguir tratamientos adecuados y que la Seguridad Social asuma los que ya están dando buenos resultados, que los hay, como demuestra su propia experiencia: asegura que gracias a esos tratamientos y a la empatía de sus compañeros ha podido reincorporarse a la vida laboral. Les piden además que se reconozca la enfermedad como incapacitante, facilitando así el reconocimiento de la incapacidad laboral sin tener que pelearla en los tribunales. Y, sobre todo, consideran imprescindible que la Organización Mundial de la Salud reconozca oficialmente la Sensibilidad Química Múltiple como una enfermedad: a pesar de que puede afectar a entre el 4-5% de la población, no le dedica un epígrafe específico en su clasificación internacional, incluyéndola en el grupo de las alergias no específicas. Desde la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Eletrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple avanzan que redoblarán los esfuerzos para tratar de conseguirlo, uniéndose a otras asociaciones europeas para tener más fuerza y hacer más presión. En España, hace solo seis años que es reconocida como enfermedad, pero quienes la sufren hace mucho más tiempo que saben que están enfermas.

‘Es el progreso, estúpida’

Progreso viene del latín progressus, que es la ‘acción de ir hacia adelante’. Así lo recoge la Real Academia Española, que añade otra acepción de esta palabra: ‘avance, adelanto, perfeccionamiento’. Perfeccionar es ‘mejorar’, luego tiene que ser bueno para todos… ¿o no? Esa es la reflexión que nos anima a hacer el cortometraje “Es el progreso, estúpida”, estrenado hace una semana en Madrid como inicio de un viaje que lo llevará por distintos puntos de España, también a festivales de cine. Un trabajo con el que se quiere dar visibilidad, concienciar a la sociedad -a todos-, sobre una dura enfermedad desconocida para muchos, la Sensibilidad Química Múltiple, buscando que empaticemos con quienes la padecen. Nos lo cuenta su directora, Patricia de Luna, que lo resume así: “Se trata de crear conciencia a nivel de vecindario: si una de tus vecinas (la enfermedad afecta sobre todo a mujeres) tiene un problema tan importante como este y tú intentas comprenderla, es probable que ella lo lleve mejor; y tú también puedes sentirte mejor”. Habla, además, de la gente que tiene miedo a aquellos que son diferentes y de la que, en lugar de cerrarse en banda, les tiende la mano.

La Sensibilidad Química Múltiple

Es una patología de carácter crónico y multisistémico que se desencadena a partir de la exposición a sustancias químicas presentes en el aire -como las emanaciones de los motores diésel y gasolina o el humo de las fábricas-, en el agua -aditivos-, en alimentos -edulcorantes, colorantes artificiales-, en medicamentos, productos de higiene personal, cosméticos, perfumes, pinturas…, casi siempre en concentraciones que no se consideran tóxicas para la población en general. Una patología con síntomas de lo más variado -fatiga extrema, dolor muscular, problemas respiratorios, gastrointestinales y/o dermatológicos, afectación cognitiva…- que pueden ser invalidantes y reducir hasta en un ochenta por ciento la calidad de vida de quien la sufre, pudiendo obligar al confinamiento en casos severos, lo que implica un aislamiento del entorno social, laboral e incluso familiar. Con frecuencia cursa con enfermedades que pueden agravar esos síntomas como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia e incrementa el riesgo de desarrollar otras como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple. Los especialistas calculan que puede afectar a entorno al cuatro/cinco por ciento de la población. En España no fue oficialmente reconocida hasta 2014 y hace solo un par de años que existe un protocolo para que los hospitales sepan cómo tratar a los afectados. La Organización Mundial de la Salud todavía la incluye en el grupo de alergias no específicas.

Asociaciones de pacientes como la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad -que está detrás de “Es el progreso, estúpida”- luchan desde hace años para que sea reconocida a nivel mundial y, en el caso de España, para que las autoridades formen a los facultativos para su correcto diagnóstico y seguimiento -en muchas ocasiones se sigue derivando a las afectadas directamente a psiquiatría-, para que inviertan en investigación y para que aborden los problemas laborales a los que estas personas se enfrentan.

Una cuestión de empatía

El diagnóstico puede tardar hasta una década, viviendo durante todo ese tiempo lo que les sucede sin poder ponerle nombre y teniendo que lidiar con la incomprensión de muchas de las personas que las rodean. Esa es la tesitura en la que nos coloca el cortometraje: la de tener cerca a alguien que sufre esta patología y necesita de nuestra empatía, que pongamos de nuestra parte para echarle una mano en lugar de verla como un bicho raro. Cuenta en apenas catorce minutos un momento en la vida de una afectada que entra en crisis por la dolencia y deja su vida y su familia para irse al campo, donde tiene como vecinos a unos abuelos a los que intenta explicarles lo que le pasa, para que entiendan que cambiando pequeñas cosas pueden ayudarla y al mismo tiempo mejorar su propia vida. “Porque a veces no te encuentras bien físicamente sin saber el motivo y resulta que lo que hay detrás de ese malestar es algo que estás utilizando en tu vida cotidiana”. Lo dice Patricia de Luna, que destaca cómo uno de los personajes -la abuela- pone en tela de juicio la veracidad de la enfermedad de la protagonista: “Así funciona la sociedad, siempre hay quien no cree al otro, más todavía en este caso en el que estamos hablando del progreso, que tiene que ser bueno para todos. Pero es posible que en realidad no lo sea, que parte de ese progreso no te siente bien a ti tampoco. Y ahí están las personas con sensibilidades químicas múltiples, que son como centinelas de la vida que nos alertan de peligros para la salud derivados de cierto tipo de progreso que quizás no sea tan bueno”.

La directora y guionista tiene claro que eso debería llevarnos a replantearnos ciertas cosas: “A veces es tan fácil como dejar de usar determinados productos de limpieza o de higiene personal que pueden ser tóxicos. Al final es cuestión de empatía y si nos ayudamos un poco unos a otros puede irnos un poco mejor…a todos”. También a quienes no tenemos esta patología. Escuchad a Patricia de Luna.

‘Es el progreso, estúpida’

Querían un título transgresor que llamase la atención sobre una enfermedad que no llama la atención y echaron la vista atrás casi tres décadas para recuperar, adaptar y hacer suya una frase que dio la vuelta al mundo: ‘Es la economía, estúpido’. La acuñó uno de los asesores de Bill Clinton en la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 1992, fue el eslogan no oficial que los analistas consideran decisivo para su triunfo sobre George H. W. Bush que, impulsado por lo hecho en política exterior, era el favorito para volver a ganar las elecciones. Fue entonces cuando surgió la figura del estratega James Carville para señalar que la forma de contrarrestar esa ventaja era centrarse en temas que afectasen a la vida diaria de los ciudadanos, como la economía: ‘Es la economía, estúpido’.

De ahí el equipo del cortometraje pasó a ‘Es el progreso, estúpida’ para, tirando de ironía, intentar que la sociedad entienda -que todos entendamos- que en el progreso no vale todo, que tiene que haber límites éticos porque no a todo el mundo le sienta bien. Quizás tampoco a ti, que no padeces esta patología. Una cosa es contarlo, otra muy distinta sufrirlo cada día.

P. S. En el Facebook de la Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad https://m.facebook.com/ConfederacionNacionaldeFMySFC/?locale2=es_ES han abierto un grupo público en el que se facilitará toda la información sobre localidades y fechas para poder ver el cortometraje.

P. S. La directora del corto, Patricia de Luna, está ya metida en el guión de su próximo trabajo, ‘Las piedras de Luna’, un largometraje de ficción con algo de autobiográfico dedicado a su hija. También tiene en marcha un proyecto de cine itinerante, ‘La Barraca de cine’, para levar a las zonas más despobladas de España esas películas que no entran en los circuitos comerciales. Es además actriz, guionista y produtora. https://m.facebook.com/bocanegraproducciones/

Europa tiene que entender que al Mar Menor casi no le queda tiempo

No será este año. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no va a enviar a lo largo de este 2020 una misión a Murcia para que compruebe in situ el agravamiento del deterioro sufrido por el Mar Menor en los últimos tiempos y la situación de emergencia en la que se encuentra. Los eurodiputados que la conforman han cerrado su agenda para los próximos meses y en ella no figura este ecosistema único que ha sido llevado al colapso. Y eso pese a que estamos hablando de la laguna salada más grande del continente. De ahí el sabor agridulce que ha dejado en la plataforma Pacto por el Mar Menor su paso por las instituciones comunitarias hace alrededor de quince días buscando que se impliquen más en la resolución de una crisis que roza el ecocidio si es que no lo es ya; una visita en la que también participaron representantes de otros colectivos. Nos lo ha contado el abogado Eduardo Salazar, experto en Derecho Ambiental, que se queja de la falta de una respuesta eficaz por parte de Bruselas ante el reiterado incumplimiento de la normativa europea que ha dado como resultado la degradación profunda del ecosistema. Recuerda que fue en 2016 cuando la plataforma -junto con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción, la Cofradía de Pescadores de San Pedro y la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y comarca- llevó el caso ante la Comisión de Peticiones del Europarlamento pidiéndole que se protegiese la laguna. Un año después le expusieron la situación -que ha ido a peor- y empezó entonces un “tormentoso periplo” en el que aseguran que Bruselas se ha limitado a solicitar explicaciones a las administraciones central, regional y municipales, que le comunicaron que tomarían medidas. “Y eso ha sido todo”. El mes pasado volvían a comparecer ante esa misma Comisión de Peticiones para informar del agravamiento del desastre y lo que les dijeron fue que pedirían de nuevo información a las autoridades competentes y que estudiarían el envío a la zona de esa misión, que en Pacto por el Mar Menor no tienen duda de que los llevará a concluir la veracidad de las denuncias presentadas, con las correspondientes consecuencias para los gobiernos implicados “por no haber cumplido con sus responsabilidades”. Pero esa misión no va a llegar a Murcia este año y el tiempo se agota, como nos explica el propio Eduardo Salazar.

“Todo lo que ha sucedido en los últimos tres años se podría haber evitado si las distintas autoridades competentes de nuestro país y la Comisión Europea hubiesen abordado el problema, que es lo que tenían que haber hecho”. Así de simple, dice este abogado ambientalista que denuncia que, en lugar de actuar para salvar la laguna, las administraciones han dado una clara muestra de descoordinación y en lo que se han volcado es en atacarse unas a otras con eso de ‘y tú más’. Asegura que siente vergüenza ajena por el espectáculo que están dando.

“Nos vemos de nuevo en Bruselas”

Apenas unas horas después de su paso por las instituciones europeas, que además de la intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento incluyó reuniones en las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Agricultura y con diferentes eurodiputados, en Pacto por el Mar Menor se preguntaban si ¡por fin habrá llegado el momento de cambiar la historia de destrucción de la laguna!, si se verán pronto los resultados o si, por el contrario, tendrán que volver a Bruselas. Preguntas que Eduardo Salazar responde afirmando que se ven regresando a la capital comunitaria. De hecho nos ha avanzado que están pensando enviar allí durante unos meses a un representante permanente para que haga lobby, para que repita hasta la saciedad despacho a despacho, entre los parlamentarios europeos -y no solo entre ellos-, el mensaje de que hay que actuar ya porque la situación que vive la laguna es crítica: “Tenemos que conseguir que el mayor número posible de eurodiputados se preocupe por lo que está pasando en Murcia para que así obligue a Europa a implicarse en la defensa de este ecosistema único. Hay que seguir haciendo presión porque es la única forma de que se tomen medidas y en eso estamos, rearmándonos para redoblarla y lograr resultados”.

Dice que en la plataforma prefieren ser ingenuos antes que pesimistas, por eso insistirán lo que sea preciso hasta que la Comisión Europea haga su trabajo, que no es otro que el de garantizar que se cumplen las normativas comunitarias decidiendo para ello todas las actuaciones que estén a su alcance. Ya es hora de que deje de hacer dejación de funciones, más todavía teniendo en cuenta que el actual equipo al frente -que tomaba posesión en diciembre pasado- se comprometía a situar la protección del medioambiente en el centro de sus políticas. Está en juego el futuro del Mar Menor.