“Tenemos que poner el foco en los puteros como cómplices de la trata”

No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del S.XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, donde hallar uno o varios clubes de alterne [la Policía Nacional contabilizaba casi mil setecientos hace seis años] en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas y esclavizadas a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos mientras son violentadas para pagar hasta el billete de ida a su dignidad’. Así de claro lo ha dejado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que confirma la condena de treinta y nueve años de prisión para cada uno de los responsables de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en clubes de alterne de A Coruña, Vigo y Córdoba a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas desde Nigeria mediante engaño. Lo saben bien en APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, donde trabajan los trescientos sesenta y cinco días del año buscando potenciales víctimas para ayudarlas a salir del infierno y atienden en las seis Comunidades Autónomas en las que están presentes a una media diaria de doscientas ochenta mujeres, a las que intentan rescatar haciéndoles ver que otra vida es posible: el año pasado lo consiguieron con mil trescientas. Dice su directora, Rocío Mora, que los datos “espeluznantes” que manejan demuestran que las cifras que se barajan sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son veraces: se calcula que hay en España unas cuarenta y cinco mil mujeres que se prostituyen -cifra que algunas fuentes llegan a multiplicar por dos o incluso por cuatro- siendo hasta un 90% de ellas obligadas a hacerlo; en 2014 el Instituto Nacional de Estadística apuntaba que este negocio -cuya rentabilidad solo es equiparable al tráfico de drogas y armas- movía en España anualmente alrededor de 4.000 millones de euros, equivalentes al 0,35% del PIB, pero fuentes citadas por el Parlamento Europeo en sus informes sostienen que serían casi 23.000 millones de un total de 160.000 a nivel mundial.

  En APRAMP tienen claro que “esta es una realidad de la que hay que hablar y de la que la debemos sentirnos cercanos en lugar de verla con indiferencia, como hacemos en muchas ocasiones, como algo que no va con nosotros cuando no es así. Porque la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es la esclavitud moderna y la estamos consintiendo como sociedad; no creo que haya ningún ciudadano que pueda sentirse orgulloso de que convivamos con la esclavitud cuando estamos repitiendo que fue abolida y la tenemos en nuestras calles, en los polígonos industriales de nuestras ciudades y en miles de pisos particulares”. Por eso reclaman que “empecemos a sumar para que dejen de ser las mafias las que sumen ingentes cantidades de dinero beneficiándose diariamente de una materia prima vulnerable a la que les resulta fácil sacarle el máximo rendimiento”. Su directora recuerda que existen protocolos de actuación que indican que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una posible víctima tiene que informar a la Policía; también puede comunicárselo a organizaciones especializadas como la suya y eso es lo que nos pide, ya no que seamos proactivos como lo son en la Asociación -que lleva más de tres décadas trabajando en este campo- sino que por lo menos actuemos ante la proximidad de posibles víctimas y demos la espalda a la trata, como nos demandan en una campaña que han puesto en marcha en las Redes Sociales. Reclama además que tanto la ciudadanía como todas las instituciones que participan en el proceso de asistencia social, recuperación e investigación dejen de revictimizar a quienes son obligadas a prostituirse, apartando el foco de ellas y poniéndolo sobre el putero”.

“Cómplices y verdugos”

  En este Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebra cada 30 de julio desde 2014, APRAMP reconoce que ha habido muchos avances en los últimos quince años en la lucha contra esta flagrante violación de los Derechos Humanos pero alerta de que todavía queda muchísimo por hacer y llama a centrar la atención en quienes “son verdugos, victimarios o cómplices de que se esté captando a mujeres -en la mayoría de los casos siendo niñas- en sus países de origen y se las esté trasladando a destinos como España”, primer país europeo en demanda de prostitución, tercero del mundo solo por detrás de Tailandia y de Puerto Rico. “Es obvio que se explota sexualmente a mujeres y a menores porque hay demanda, lo que significa que los puteros son pieza clave para la existencia de la trata. Y son conscientes de lo que están haciendo”. Así lo prueba un exhaustivo estudio realizado el año pasado bajo la coordinación de Carmen Meneses, investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas, según el cual más del 70% de los hombres que pagan por tener sexo está convencido de que si una mujer se prostituye es porque la obligan, usando la fuerza o a base de amenazas. Del estudio se deduce que en 2017 alrededor del 20% de los españoles pagaron por tener sexo (según la ONU, más de un tercio lo ha hecho alguna vez).

  Rocío Mora exige que los culpables de esta actividad delictiva -puteros, mafias y proxenetas- sean señalados y que en el caso de los puteros se les sancione administrativamente, convencida de que “el bolsillo es lo que más les puede doler”. Esa es una de las medidas que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez iba a incluir en la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, una norma que figura en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que estaba siendo redactada cuando acabó la anterior Legislatura: prevé penalizar al que pague por tener sexo en cualquier circunstancia y lugar (ahora es perseguido si lo hace en zonas de tránsito público donde pueda haber menores o cuando exista un riesgo para la seguridad vial y, en algunas ciudades, se sanciona la prostitución en la vía pública multando también a las prostitutas), apuesta por perseguir a quienes facilitan pisos donde se ejerza, defiende que la víctima no sea considerada nunca culpable y en consecuencia no sea sancionada, y que la trata se considere violencia de género. La directora de APRAMP explica que tiene “fundadas esperanzas” de que salga adelante y confía en que sea cuanto antes para que exista una coordinación entre todos los actores implicados que permita avanzar con paso más firme en esta lucha y para que todas las acciones que se lleven a cabo “dejen de tener un principio y un final como hasta ahora y quede claro que el objetivo de cualquier Ejecutivo debe ser combatir la trata, hablando con una única voz en todo el país”.

El valor del testimonio de las supervivientes para quienes siguen atrapadas

Rocío Mora afirma que eso hará que sean más las mujeres explotadas sexualmente que puedan acceder a los recursos disponibles, se reconozcan como las víctimas que son e incluso den el paso de denunciar; siempre con el objetivo de recuperar su libertad y su dignidad haciendo valer sus derechos. Porque en la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida han podido constatar que si cuentan con recursos, capacidades y oportunidades luchan por otra forma de vida. Por eso consideran fundamental que se les ofrezcan alternativas reales para que puedan romper definitivamente el círculo de vulnerabilidad en el que están atrapadas, aclarando que es la Administración la que tiene que facilitarles esa salida laboral: “Sabiendo que APRAMP es un puente que ayuda y forma a las mujeres rescatadas, tienen que ser las autoridades las que les den el empujón final para que se incorporen al mercado de trabajo”. Destaca que más del sesenta por ciento de las personas que están contratadas en la organización son supervivientes, “mujeres que se juegan la vida a diario para salvar vidas estando en el punto de mira de las mafias”; asegura que eso las haceser más efectivas a la hora de llegar a víctimas que pasan por lo mismo que tuvieron que pasar ellas, que conociendo en primera persona el testimonio de quien ha podido salir ven que hay alternativas reales y que también pueden hacerlo”.

  Pone el acento en la necesidad de redoblar la formación de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que sepan detectar e identificar “a todas esas mujeres y niñas que llegan a España con claros indicadores de estar sufriendo trata”. Y lo hace dejando claro que no solo en países como Nigeria, Rumanía, Brasil, Honduras, Colombia, Venezuela… “también en España cualquiera que atraviese una situación de especial vulnerabilidad puede acabar siendo explotada sexualmente”. Sabiendo todo esto, llama a visibilizar esta realidad porque “o nos unimos tod@s o el país seguirá siendo destino prioritario de mujeres esclavizadas. Es necesario abordar con contundencia a los puteros porque es difícil que las víctimas denuncien y debemos ser la sociedad y las administraciones quienes los señalemos. Es lo que nos falta” y lo que nos hace falta para dar el paso definitivo para que esta forma de esclavitud del S.XXI pase también a ser historia.

P.S. Toda la información para contactar con APRAMP está en la web www.apramp.org, donde explican quiénes son y el trabajo que realizan en áreas que abarcan desde la social a la jurídica, pasando por la sanitaria y la psicológica, por la de formación y la laboral. Podéis encontrarla además en https://m.facebook.com/apramp, en Twitter @APRAMP y en Youtube

“Las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales”

‘Déjate violar, deja que te acosen sexualmente y no denuncies porque no te vamos a creer’. Este es el mensaje que según el exteniente Luis Gonzalo Segura está enviando el Ejército a las mujeres que sufren violencia sexual en sus filas, y lo dice apoyándose en los datos que ha recopilado para escribir su último libro, ‘En la guarida de la bestia’, que se acaba de publicar: asegura que hasta 2015 hay constancia de sesenta y dos denuncias por delitos contra la libertad sexual con el resultado de doce condenas y que solo en los últimos tres años han sido por lo menos noventa las presentadas con una única condena: “Justo cuando las militares empezaban a atreverse a denunciar, la Justicia a la que deben someterse, la militar, reduce de forma importante el número de condenas, algo escalofriante que demuestra que a la mujer no se la cree en el estamento militar, lo que les envía un claro mensaje: que no den el paso porque no les servirá de nada”.

Afirma que lo peor de estos casos no es solo que se produzcan sino las “terribles” consecuencias que han supuesto y suponen para quienes se deciden a acudir a los tribunales, “físicas y psicológicas, porque no olvidemos que además de ser agredidas o acosadas sexualmente son las más de las veces víctimas de la impunidad de sus agresores, del desprecio de sus compañeros y de un acoso laboral feroz para que renuncien, tanto si han obtenido una condena como si no. Pensemos en la mujer que denunció a un superior que no fue condenado a pesar de que la Fiscalía estaba de su lado y al reincorporarse al servicio le impusieron 31 días de arresto por denuncia falsa cuando ningún juez lo sentenció”. Y es que Luis Gonzalo Segura explica que denunciar es visto como una traición, más todavía cuando la denuncia es por violencia sexual.

“El patrón es siempre el mismo”

Este exteniente del Ejército de Tierra explica que en todos los casos documentados se repite un mismo patrón: “El agresor está en una posición de superioridad jerárquica y la mujer se queja reiteradamente a sus mandos -en ocasiones tiene que hacerlo ante el propio agresor- siendo sus quejas reiteradamente ignoradas; cuando presenta la denuncia, aparecen múltiples obstáculos y una auténtica arquitectura creada para silenciarla y, si logra que se tramite, se topa con una jurisdicción militar que también de forma repetida intenta que se anule o sea archivada; vaya o no adelante el proceso, llega el acoso laboral, que es una especie de castigo por haber dado un paso al frente, gane o pierda la batalla legal; todo para expulsar a la víctima mientras se protege al agresor que en muchos casos es condecorado o ascendido, porque evidentemente la culpable tiene que ser ella”. De hecho cuenta que solo uno de los trece militares condenados -que se sepa- por delitos contra la libertad sexual fue expulsado y lo fue porque agredió a una oficial superior, al aplicársele esa circunstancia agravante, “un auténtico disparate porque si hay una circunstancia agravante es que se agreda o abuse de alguien aprovechando que se está en una situación de poder no a la inversa, lo que demuestra la incapacidad de la Justicia militar para ocuparse de este tipo de delitos. No solo eso: 13 condenas y un único expulsado supone que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales: un capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales, un teniente coronel sentenciado por cuatro, un coronel por una, un teniente condenado por intento de violación…

Y Luis Gonzalo Segura alerta de que los 152 casos documentados “son solo la punta del iceberg porque hay muchos que no acaban en denuncia, muchas mujeres que no se ven con fuerzas para dar el paso o que en un determinado momento desisten”. Destaca que se viene repitiendo que en las FFAA hay en la actualidad unas quince mil mujeres cuando asegura que desde el Real Decreto que les abrió la puerta en 1988 han entrado veintidós mil, lo que significaría que alrededor de siete mil han causado baja por causas distintas a la jubilación, porque acaba de ascender a general una de las que entró en la primera promoción por lo que no les ha dado tiempo de jubilarse. ¿Cómo se explica entonces que una de cada tres ya no esté? Su respuesta a esta pregunta es que, por lo menos en parte, puede deberse a que muchas hayan sufrido agresiones, abusos o acoso sexual: “Podemos estar hablando de varios miles que han abandonado por esa razón. Que haya mujeres que tengan que marcharse para no seguir sufriendo abusos, que las pueda haber que sigan estando sometidas y nadie intente buscar una solución demuestra que este país no es una democracia plena”.

“El principal problema para la mujer en el Ejército, la Justicia militar”

Para el autor de ‘En la guarida de la bestia’ los fichajes y los ascensos de mujeres militares no deben ni pueden pretender utilizarse para no hablar de “un problema tan grave como este, que tiene sus raíces en el machismo que impera en el Ejército”. Dice que lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Defensa es abrir una investigación al respecto -como se hizo en Canadá en 2015 después de que se publicase un ensayo parecido al suyo- pero está convencido de que “desgraciadamente, nunca lo hará” y para él esto es aún más indignante si tenemos en cuenta que estamos hablando de un Gobierno socialista con una mujer al frente de Defensa, lo cual demuestra que “el hecho de que haya un Gobierno de izquierdas o no, o de que haya una ministra o no, no cambia nada, por lo menos en las Fuerzas Armadas”. Y eso que la solución -afirma- es obvia: “Acabar con la Justicia militar, que ya no es que sea un anacronismo heredado del franquismo -que por supuesto que lo es- sino que es una anomalía, por lo que eliminarla o restringirla a tiempos de guerra, a conflictos militares o a delitos de naturaleza exclusivamente militar nos situaría al nivel de lo que hay en buena parte de Europa”.

Defiende que una militar debería poder acudir a la Justicia ordinaria, en la que no están representados los compañeros de quien la ha agredido, y aclara que eso es lo que buscan muchas víctimas que salen de los cuarteles para denunciar, “tener por lo menos una oportunidad que no siempre consiguen porque la Justicia militar lucha con uñas y dientes para quedarse con estos casos”. Y es que asegura que un delito puede tener diferente castigo o no tenerlo dependiendo de si la mujer agredida es militar o no o de si el delito se cometió o no dentro de un cuartel, “lo cual es aberrante y va en contra de la esencia misma del Estado de Derecho”.

¿Por qué el Gobierno no se implica cómo debiera?

Para Luis Gonzalo Segura el hecho de que el PSOE ni siquiera contemple llevar a cabo esta reforma prueba hasta qué punto existe una falta de iniciativa y de interés político que explica “por la falta de interés mediático, porque los políticos solo se mueven cuando ven la posibilidad de sacar réditos electorales y para eso hace falta que el tema tenga repercusión en los medios de masas y que la sociedad se movilice”. Con esa idea escribió un libro con el que pretende que la ciudadanía tome conciencia de la magnitud del problema para que pueda suponer un punto de inflexión “y que la violencia sobre la mujer en el seno del Ejército deje de gozar de esta impunidad y las víctimas encuentren un respaldo institucional y una estructura legal que les ofrezca todas las garantías exigibles de independencia e imparcialidad”; pero no está teniendo el eco que esperaba.

Cree que esa falta de repercusión se debe al poder que sigue teniendo a día de hoy el Ejército y al hecho de que “las mujeres militares son mujeres para la derecha y militares para la izquierda, lo que las sitúa en un limbo de indiferencia que tiene consecuencias devastadoras para ellas”. Para él, como debería serlo para tod@s, es intolerable que los delitos de carácter sexual en las FFAA no generen el mismo rechazo social que si la víctima no es militar; siempre partiendo de la máxima de que el funcionamiento lógico de la Justicia no puede depender de que tu caso aparezca o no en los medios de comunicación.

Tengan más o menos eco sus denuncias en esos medios Luis Gonzalo Segura no piensa callarse y de hecho este teniente expulsado tras denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas prepara ya el que será su quinto libro cuando ha publicado el último, que va ya camino de la tercera edición, hace poco más de un mes. También seguirá con la batalla legal para recuperar los galones que, después de cinco años, mira a Europa a falta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional del que nada espera: “Continúo luchando por recuperarlos para volver porque necesitamos voces críticas en las FFAA que se opongan al actual funcionamiento del sistema para que se mejore; es muy preocupante que los críticos y demócratas estemos siendo expulsados”. Confía en que la Justicia europea le dé la razón, pero no antes de otros cinco años con lo que habrán pasado diez desde su expulsión, quince desde que emprendió su batalla por el cambio, “y estar siendo castigado durante todo ese tiempo es en sí mismo una injusticia que nadie va a poder reparar porque el daño ya está hecho”. Aun así no se arrepiente, eso nunca, porque sabía que iba a ser difícil y porque para él lo más importante es hacer lo que cree que hay que hacer, “la íntima satisfacción del deber cumplido”.

“Non pode ser que ás mulleres que denuncian delitos contra a liberdade sexual se lles aplique a presunción da mentira”

Unha rapaza menor de idade denunciaba a pasada fin de semana en Manresa que foi violada en grupo. Desde 2016 cóntanse polo menos cento vinte e cinco casos, segundo o observatorio Feminicidio.net. O ano pasado denunciáronse mil setecentas dúas agresións sexuais -entre catro e cinco cada día- o que supón un aumento do 23% con respecto a 2017 atendendo ós datos do Ministerio do Interior. As e os expertos coinciden en que o feito de que haxa máis denuncias non significa que aumenten as agresión sexuais senón que hai unha maior conciencia social, unha maior sensibilización das mulleres ante a violencia sexual e o machismo na sociedade. Pero tanto os especialistas como os colectivos que traballan coas vítimas aclaran que, malia o incremento, os casos denunciados seguen sendo unha ínfima parte dos que se producen: desde a Fiscalía de Violencia sobre a Muller afirman que entre o 70% e o 80% non se traducen en denuncia. Por que? “Porque non se dan as condicións para que unha muller denuncie, porque algo tan grave como unha agresión ou un abuso sexual, que marca para toda a vida a quen o sofre, non se valora como habería que facelo, máis ben ó contario: trabállase moito en contra de que as denuncias que se presentan vaian adiante poñendo innumerables obstáculos, e logo están a desesperante espera para o xuízo e sentenzas que en moitas ocasións son aberrantes”. Quen así fala é Rosa Fontaíña Pazos, coordinadora e voceira da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, onde levan máis de dúas décadas traballando no acompañamento a mulleres en procesos de violencia.

“No camiño só hai obstáculos”

  Explica que o primeiro é xuntar as forzas necesarias para denunciar. Conseguida no Tribunal Supremo a condena ós seus cinco agresores por violación, non por abuso sexual como sentenzaran dous órganos xudiciais, a vítima de La Manada de Pamplona chamaba a tódalas que pasen polo mesmo a contalo para non deixar que gañen eles: di Rosa Fontaíña que fala así porque ela contou co apoio do movemento feminista e dunha parte importante da sociedade que se botou á rúa para reclamar xustiza, pero asegura que non todas o teñen porque hai moitas manadas e violacións diarias sen a repercusión que tivo a súa. E tira do vivido na asociación, casos de rapazas “que nin sequera chegan a contar na casa que as violaron porque pensan que a súa familia non vai estar ó seu carón, porque cren que lles dirán que é unha vergonza, que non debían andar por aí a esas horas…”. Se xuntan folgos abondos para dar o paso, e poden facelo arroupadas polos seus, aparece entón o medo a non seren cridas por quen tería que acompañalas no duro camino que teñen por diante, “un medo fundado porque no sistema pártese da presunción da mentira, da idea de que as denunciantes menten, poñendo en cuestión todo o que din, cando non se tenta que desistan do seu empeño para tapar o sucedido”.

  A coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo ten claro que se a inmensa maioría das vítimas non denuncia é “única e exclusivamente polo que vén despois e pola falta de resultados: porque ó trauma polo ataque sufrido súmanse a perda de autoestima e a impotencia ó vérense sinaladas, porque algo farían para provocar ó agresor ou agresores, e ó teren que facer fronte a preguntas como o porqué de tardaren tanto tempo en denunciar, chegando a experimentar un forte sentimento de culpa”; e porque xa non é só que teñan que repetir o seu relato “unha e un milleiro de veces sabéndose cuestionadas, tendo que revivilo e sentíndose violadas de novo”, senón o tempo que teñen que agardar polo xuízo e pola sentenza definitiva, “que agrava a tortura que padecen; un proceso que as desgasta ata tal punto que pode acabar coa súa vida e no que en moitas ocasións nin sequera se respecta a confidencialidade dos seus datos”. Destaca casos de mulleres que foron violadas con 14 anos e denunciaron con 25 porque non foron quen de facelo antes e critica que leven ata catro ou cinco anos esperando unha resolución xudicial “que nunca chega”.

“O peor é o que vén despois”

  A vítima de La Manada de Pamplona describíu o proceso polo que tivo que pasar como ‘esgotador’, chegando a afirmar que ‘o peor non foi o vivido senón o que veu despois’, e Rosa Fontaíña asegura que son moitas as mulleres que sofren violacións, abusos sexuais ou outro tipo de maltrato que repiten iso mesmo: “Porque ás veces os ataques físicos non son os que máis doen”. Di que “dá a sensación de que se trata de mirar para outro lado e que as vítimas se apañen como poidan, e denuncia que con esa actitude de institucións e administracións pérdese moita xente polo camino”. Quéixase de que mentir dicindo que moitas mulleres denuncian en falso sae gratis, cando as cifras e as estatísticas están aí “e o que fai falta son máis denuncias”. E para conseguir que as haxa non ten ningunha dúbida de que se precisa unha maior implicación da sociedade civil na loita por cambiar as cousas “porque é sabido que a cidadanía vai por diante das leis, que acaban sendo tombadas ou melloradas a forza de presión social”. Valora o pulo que lle está dando a esta batalla o movemento feminista para que dunha vez por todas os poderes públicos respondan como deberían a delitos tan graves pero avisa de que “fai falta máis empuxada social: tamén é necesario que os cidadáns deixen de mirar para outro lado e se impoñan ó machismo; e aí inclúense por suposto os homes, que deben saír á rúa en masa condenar o que está pasando e deben facelo tamén a través dos medios de comunicación; medios de masas que son peza fundamental e que moitas veces fan de cámara de resonancia dese discurso que culpa ás mulleres de todo o que pasa, algo do que deben tomar consciencia para mudalo tanto os seus responsables como quen traballa neles”.

  Os colectivos feministas como a Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo poñen o acento na importancia de formar en perspectiva de xénero a tódolos elos da cadea: desde o persoal sanitario que lle presta unha primeira atención á vítima, pasando polos policías e gardas civís que recollen a súa denuncia, ata os propios xuíces e xuízas que “poden e deben propiciar coas súas resolución cambios sociais para avanzar na igualdade”. Rosa Fontaíña considera “imprescindible que se aplique esa perspectiva de xénero en todo o sistema e urxe a reformar o Código Penal para poñer negro sobre branco que se non hai consentimiento é sempre agresión sexual; as administración deben implicarse moito máis e actuar canto antes e non o están a facer porque esa reforma debería ser xa unha realidade hai tempo e é probable que teñamos que saír de novo á rúa para lembrárllelo; o actual Goberno en funcións comprometeuse hai meses a que estaría lista en breve pero o tempo pasa e non nos fiamos, non confiamos en ninguén porque somos conscientes dos políticos/as que temos e da sociedade machista na que vivimos”. E para mudar iso -conclúe- “a clave está na educación, comezando pola casa”.

P.S. Para saber máis da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo podedes consultar en rededemulleres.blogspot.com, onde atoparedes información de tódalas actividades e do traballo que veñen realizando desde 1998, ademais de teléfonos de contacto e da súa dirección de Facebook.

“Cualquier otra política que, como esta, causase miles de muertos generaría una contestación social insoportable para quienes la aplicasen”

  Casi setecientos migrantes han muerto en lo que va de año mientras trataban de alcanzar las costas europeas, más de cuatrocientos en la ruta del Mediterráneo Central, que se mantiene como una de las más mortíferas del mundo: entre 2014 y 2018 fueron cerca de quince mil las personas que se dejaron la vida en ella, con datos de la Organización Internacional de las Migraciones. En este mismo período han sido unos treinta mil los que han logrado llegar -un 36% menos que en los mismos meses del año anterior- algo más de un tercio de ellos a España. Un número indeterminado permanecen retenidos en Libia, un país donde se violan a diario los Derechos Humanos, que libra además una guerra civil en la que hace unos días morían más de cincuenta migrantes en el bombardeo del centro de detención en el que estaban recluidos en condiciones infrahumanas. Y pese a todo siguen siendo miles los que, aun sabiendo lo que les espera, preparan su huida de conflictos armados, de persecuciones por razón de género, etnia o religión, del hambre… rumbo al viejo continente, previo pago de cantidades astronómicas a las mafias a las que lo único que les preocupa es hacer caja a costa de su desesperación. “Ellos son los principales afectados por las políticas de gestión de flujos migratorios de la Unión Europea, los que sufren violaciones de DD.HH en todas las etapas de su viaje hasta el punto de morir en el intento. Y eso no debemos perderlo nunca de vista”. Lo dice el responsable de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, en un momento en el que la atención mediática se centra en activistas como Carola Rackete, capitana del barco de la organización no gubernamental alemana Sea Watch, o Tommaso Stella, capitán del velero de la italiana Mediterranea, que en los últimos días han llevado a más de ochenta personas al puerto de Lampedusa desafiando al ministro de Interior de Italia y sus leyes siendo conscientes de que pueden enfrentarse a penas de prisión. “El revuelo social y mediático que han generado estos casos nos parece especialmente positivo porque demuestra que existe otro discurso sobre las migraciones en la sociedad europea radicalmente opuesto al que promueve su criminalización y la de quienes los ayudan, el rechazo frontal…; también nos parecen muy valiosos gestos como estos a título individual, pero no nos cansamos de insistir en que el foco debe seguir puesto sobre los migrantes, que son los que arriesgan su vida”. Lo resume perfectamente una frase pronunciada por el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, tras tomar la decisión de retomar los rescates frente a las costas libias: ‘De la cárcel se sale, del fondo del mar no’. Teniendo esto siempre presente, es más necesario que nunca repetir alto y claro que los gobernantes europeos “son responsables directos de decenas de miles de muertes ya en la última década”.

Dolo Eventual, sin olvidar la responsabilidad de la sociedad civil

  Porque “cuando uno es consciente de que sus acciones van a conllevar un resultado de forma prácticamente segura sino segura, aunque defienda que el objetivo principal de las mismas no es ese resultado, la responsabilidad de las consecuencias es directa porque las asume como si fueran queridas”, explica Carlos Arce, que es doctor en Derecho; es lo que se llama dolo eventual: “Decenas de miles de muertos después, damos por demostrado que las políticas comunitarias de control de fronteras están suponiendo un enorme coste, tanto en vidas humanas como en violación de DD.HH; si los ciudadanos sabemos que esto es así, entendemos que los responsables políticos de la UE y de los Estados miembros no pueden desconocer que las políticas que están aplicando llevan sine qua non a los trágicos resultados que llevamos años viendo, lo que implica que se les debe considerar responsables directos de los mismos”.

  Desde la APDHA vienen denunciando desde hace tiempo la externalización del control de fronteras que ha llevado a cabo la Unión Europea, encargándoselo -previo pago- a países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos… que no son seguros para los migrantes porque no garantizan el más mínimo respecto a los Derechos Humanos; destacan que no son solo Italia y Malta  “quienes tomaron y toman decisiones contrarias a los principios básicos de respeto a las leyes internacionales y comunitarias” sino también Hungría, Austria, Polonia, Dinamarca, Francia, España…. Se quejan de que hayan decidido seguir por ese camino en lugar de apostar por soluciones que están ahí, empezando por mejorar la situación en los países de los que escapan los migrantes, estableciendo con ellos relaciones económicas, comerciales y políticas justas para que existan unas condiciones de vida que no los acaben expulsando, pero también teniendo claro que hay que asumir que las migraciones tienen su propia lógica interna natural: “Las personas van de un sitio donde hay peores condiciones de vida a otro donde son mejores, lo que significa que la idea que se nos ha intentado vender desde el inicio de la crisis económica de un flujo migratorio incontrolado dirigiéndose a países del sur de Europa como España e Italia -muy castigados por esa crisis- no se corresponde con la realidad; y no se corresponde porque aquí han venido flujos migratorios internacionales cuando la situación económica generaba una importante demanda de mano de obra en determinados sectores que (con todos los peros y los casos de explotación laboral que muchas veces se daban) permitía tener una vida mejor; al deteriorarse la situación, los flujos migratorios han pasado a ser de salida, la gente se ha ido motu proprio a sus países de origen o a otros con mejores perspectivas”.

  Dice Carlos Arce que la decisión que tiene que tomar la Unión Europea es si quiere que esa lógica natural se canalice por vías legales y seguras que no causen más dolor y más muerte o si persiste en la actual gestión, con el altísimo coste que implica. Y ahí es determinante la presión social. No se olvida este doctor en Derecho de ese porcentaje de la ciudadanía -española y europea- que es también en parte responsable de la situación: “Ya sea por omisión, por no darle a esta crisis migratoria la relevancia que tiene cuando hablamos de mil sesenta y cuatro muertos el año pasado mientras intentaban llegar a las costas españolas, porque con cualquier política que provocase este número de muertes al año se generaría una contestación social insoportable para el responsable político de turno; o bien por acción, porque a la hora de votar hay quienes están comprando ese discurso xenófobo, alarmista y criminalizador de las migraciones -no solo de la extrema derecha sino ahora también de formaciones políticas tradicionales e incluso de determinados medios de comunicación- avalando así políticas que vulneran los DD.HH”.

El giro en la política migratoria de Pedro Sánchez

  A la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no le ha sorprendido el giro de 180 grados en la política migratoria de Pedro Sánchez, que se estrenó abriendo los puertos españoles a los más de seiscientos socorridos por el Aquarius y continuó comprometiéndose a quitar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla para acabar manteniéndolas –“a la espera de que Marruecos tenga listas las de la valla que ha levantado después de recibir fondos europeos”- y advirtiendo a organizaciones no gubernamentales como Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario que les impondrá multas de hasta 900.000 euros si realizan rescates en la zona SAR de un país sin que medie petición de ayuda de su Gobierno: “No nos ha defraudado porque tampoco esperábamos mucho de él teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha demostrado que apenas existen diferencias entre las políticas migratorias del PP y del PSOE”. Ponen el acento en los cambios en la política de Salvamento Marítimo, con la creación del Mando único Operativo que ostenta el general de división de la Guardia Civil Félix Blázquez: destacan que este era un servicio único a nivel europeo porque era íntegramente civil -ahora los propios trabajadores denuncian su militarización- “con un nivel de eficacia y de éxito a la hora de salvar vidas reconocido no solo a nivel español sino internacional; desgraciadamente en los últimos meses ha habido un viraje político en el que se ha obligado a sus profesionales a abandonar la prioridad del rescate y ponerse al servicio del control de fronteras y la lucha contra las mafias, lo que ya está traduciéndose en un aumento del número de muertes en la frontera sur”.

  Desde la APDHA llaman al Gobierno a tener esto en cuenta, como también exigen a las distintas administraciones públicas que cumplan con los menores extranjeros no acompañados: “en primer lugar y por encima de todo deben considerarlos niños, como dicen las normas internacionales, con independencia de su nacionalidad o de su situación administrativa, y tienen que tomar las decisiones que les afecten teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Mientras no lo hagan así, las políticas de protección seguirán sin ser efectivas y la imagen que la sociedad tiene de ellos continuará deteriorándose”. Y hacen extensivas las críticas al sistema de acogida en general, llegando a preguntarse si existe realmente un sistema de acogida en España, “donde se imponen dos lógicas: la de la seguridad -control de fronteras, lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo- y la economicista de medir las migraciones en función de su aportación al mercado laboral y al sistema de pensiones; atendiendo a esto, tanto la idea de acogida en sí como sus principios básicos brillan por su ausencia”. Y se explican: no están diciendo que no haya que valorar estos factores sino que lo prioritario es no olvidar nunca que hablamos de seres humanos.

“Somos pacientes no clientes”

“Somos pacientes no clientes, por eso reclamamos que los medicamentos tengan un precio justo. Entendemos que la industria farmacéutica realiza un importante trabajo en el ámbito de la salud pública que debe reconocerse, pero cuando sus actuaciones persiguen la obtención de un lucro excesivo en lugar de la protección del derecho a la salud, reconocido como fundamental por la OMS y por la Constitución, estamos hablando de hacer negocio con un derecho y esa puerta hay que cerrarla lo antes posible”. Quien así habla es Damián Caballero, portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Medicamentos a un precio justo” que registraban la semana pasada en el Congreso diecisiete organizaciones entre las que se incluyen la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Salud por Derecho, la Federación de Asociaciones Medicusmundi, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Fundación Civio, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Denuncian “los desorbitados beneficios” de laboratorios y empresas y se quejan de “falta de voluntad política para enfrentarse a ellos”. Ponen ejemplos como el de los tratamientos innovadores para la Hepatitis C: destacan que la farmacéutica que produce el sofosbuvir llegó a cobrarle a España setecientas veces más de lo que según un estudio realizado en su día por la Universidad de Liverpool costaría producirlo (60.000 euros por paciente frente a 85 euros) y recuerdan que el Ministerio de Sanidad ha pagado una media de 21.500 euros por tratamiento, “lo que hace un total de dos mil ciento cincuenta millones desembolsados frente a los treinta millones que habría costado recurriendo a genéricos”. Caballero apunta que “ese -el tema de las patentes- es el quid de la cuestión, la punta del iceberg”, y es ahí a donde pretenden llegar en última instancia con ayuda de organizaciones de otros países del continente para hacer así más presión a nivel europeo. Pero como una casa no puede empezarse por el tejado, la ILP que han registrado recoge tres puntos fundamentales con los que buscan abrir, en la Cámara Baja pero sobre todo en la sociedad, un debate que consideran valioso e imprescindible.

“Está en juego nuestro Sistema Nacional de Salud”

Quieren que la ciudadanía entienda “que la sanidad pública no podrá soportar mucho más tiempo la presión a la que está sometida, en buena medida, por los desorbitados precios de los fármacos que marcan los laboratorios para saciar el voraz apetito de los fondos de inversión que muchas veces tienen detrás porque se han dado cuenta de que pueden conseguir importantes beneficios haciendo negocio en este nicho de mercado, que es como ellos lo ven”. Damián Caballero asegura que “eso está llevando a un deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que ese deterioro se está utilizando para abocar a la gente a contratar seguros privados con los que seguir haciendo negocio”.

Dicen los promotores de esta ILP que muchos ciudadanos no son conscientes de la gravedad de la situación porque cuando piden cita con su médico de cabecera, este los atiende y les receta lo que puedan necesitar; pero los llaman a reflexionar sobre los días que tienen que esperar para ser atendidos, sobre el copago por determinados medicamentos, sobre el hecho de que se haya rebajado la cartera de servicios y haya menos recursos humanos y técnicos, sobre las listas de espera para los especialistas y para operarse…: “Todo esto se explica, en parte, por la necesidad de compensar el sobrecoste que se le paga a la industria farmacéutica y llegará un momento en que, si no se le pone freno, el sistema no pueda soportarlo más”, alertan. Por eso exigen que se cambien las reglas del juego para que las administraciones tengan margen de maniobra para fijar un precio justo para los medicamentos.

¿Cómo debería determinarse ese precio justo? Para ellos es fundamental que, a la hora de negociar, la industria ponga encima de la mesa toda la información y todas las facturas de los costes de investigación, de los ensayos clínicos, de la fabricación… y que sobre esa base se aplique “el porcentaje lógico de beneficio industrial con el que trabaja la Administración, de entre el 5% y el 12%”. Según el portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, en esa negociación la industria no solo hace que pese el Producto Interior Bruto del país (a mayor PIB, tarifas más altas) sino que sobre todo hace valer el ahorro que un determinado fármaco puede suponerle al sistema sanitario (si evita un trasplante, si reduce el tiempo de baja médica…), de manera que cuánto más ahorro implique más hay que pagar por él: “No puede hacerse así porque eso significa, en la práctica, que la industria decida las tarifas; pensemos sino ¿cuál tendría que ser el sueldo de un médico o de un bombero, que salvan vidas? o ¿cuánto debería costar una botella de agua en determinadas circunstancias en las que puede marcar la diferencia entre vivir o morir?”.

“El grueso de la investigación, a cargo del sector público”

Los impulsores de la ILP “Medicamentos a un precio justo” también reclaman que se cree un fondo independiente, controlado directamente por el Ministerio de Sanidad, para investigar y garantizar la formación continua de los profesionales: “Así se romperá ese cordón umbilical que existe entre algunos médicos del SNS y los laboratorios que los subvencionan pagándoles la asistencia a cursos, a congresos…para que actúen en cierto modo como agentes comerciales (subvenciones que también llegan a asociaciones de pacientes con el mismo objetivo)”. Con datos de la patronal, en 2018 los facultativos recibieron quinientos noventa y siete millones de euros por estos conceptos (un 20% más que cuatro años antes): la industria dice que la mitad de ese dinero se invirtió en Investigación y Desarrollo y Damián Caballero está convencido de que también repercute esta cifra en el precio de los fármacos, llevando a que encarezcan todavía más. El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, añade además que el coste de desarrollar nuevos fármacos ronda los dos mil quinientos millones de euros de media (diez veces menos, según Médicos Sin Fronteras) lo que implica que algunos tengan precios tan altos, pero destaca que hay millones de pacientes con enfermedades importantes que se tratan con otros que cuestan entre cincuenta y sesenta euros al año. Caballero afirma que esos fármacos más baratos lo son después de haber estado sometidos a dos décadas de precios mucho más altos, por la patente, y defiende que el dinero para desarrollar nuevos tratamientos debe salir del Estado: “así se evitaría el sobrecoste de los medicamentos, porque no es de recibo que cada vez haya menos presupuesto para investigar -teniendo como tenemos grandes profesionales en el sector público- mientras se permite que las farmacéuticas hagan que pese y mucho en el precio lo que ellas han invertido; y se evitaría también que determinados profesionales estén sometidos al dictado de la industria”. La propia ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, cuando era Alta Comisionada del Gobierno para la Pobreza Infantil decía que los nuevos fármacos ‘tienen una alta financiación pública por lo que, teóricamente, son bien público’; explican los impulsores de la ILP que “la investigación básica que permite descubrir moléculas para esos medicamentos se financia con dinero público, lo que significa que la Administración ayuda a desarrollarlos para acabar pagando por ellos cantidades arbitrarias y desorbitadas”. Teniendo claro que eso debe cambiar, aplauden que los laboratorios quieran investigar pero insisten en que a la hora de fijar los precios de los fármacos que el sistema decida asumir tendrán que poner encima de la mesa todas las facturas; y exigen que todo el proceso se lleve a cabo con la máxima transparencia: que se sepa quiénes participan en la negociación y qué cargos ocupan, así como que se hagan públicas las actas de las reuniones para que no queden dudas de cómo se ha llegado al precio final.

Confían en que la Mesa del Congreso admita a trámite su Iniciativa Legislativa Popular y en que lo haga cuanto antes para poder poner en marcha la recogida de las 500.000 firmas que necesitan para que sea debatida en la Cámara Baja: “Sería vergonzoso que no lo hiciese sabiendo que se trata de un mecanismo que recoge la Constitución para que los ciudadanos hagamos oír nuestra voz ante el Poder Legislativo proponiéndole normas que consideramos necesarias”. Esperan recibir luz verde de los grupos parlamentarios, porque si alguno se la niega “estará demostrando de parte de quién está, y ya es hora de que se retraten a sí mismos”. Después, será momento de reunirse con ellos para recabar apoyos y tratar de introducir -vía enmiendas- cuestiones también importantes para mejorar su propuesta que han decido dejar para esa segunda fase “porque entendíamos que no se podía esperar más para abrir este debate”.