“Hay connivencia institucional, no tengas ninguna duda”

La Fiscalía General del Estado anunciaba hace un par de semanas la apertura de una investigación a la filial española de una empresa ucraniana que ofrece servicios de gestación subrogada. Lo hacía después de que el Ministerio de Justicia comunicase que había puesto en su conocimiento la existencia de indicios de delito en la actividad de determinadas agencias que operan aquí, desde tráfico de menores hasta organización criminal, blanqueo de capitales y/o falsedad documental. Tras el anuncio del Ministerio Público, desde el departamento que dirige en funciones Dolores Delgado insistían en que el proceso que solicitaron va más allá de una única agencia. Colectivos como la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) y No Somos Vasijas, que llevan años reclamándoles a las autoridades que actúen, se alegran por el paso dado pero dicen que no puede limitarse a una filial cuya matriz está siendo ya analizada con lupa en Ucrania, uno de los destinos preferidos para contratar un vientre de alquiler, marcado por la miseria y por la corrupción: “Hay que ir a la raíz del problema y eso tiene que ver con cómo es posible que siendo una práctica prohibida por la legislación española consintamos que haya personas que se estén lucrando con el fomento de la explotación de mujeres en otros países”. Palabras de Ángeles Álvarez, miembro de estas dos plataformas y exdiputada del PSOE, para quien está claro que aunque se realice en territorios donde es legal “el primer contrato que firman quienes alquilan el cuerpo de una mujer para llevar a cabo esta práctica se rubrica en España; pueden llamarlo contrato de información, de asesoramiento o como quieran, pero esos despachos de abogados o agencias de intermediación -que se dan de alta en el Registro Mercantil bajo los epígrafes más variados- lo que tienen montado son negocios a costa de derivar clientes a clínicas que están en esos terceros países”.

“Ya no vale con pronunciarse en contra, las autoridades tienen que actuar”

  Explica Ángeles Álvarez que han detectado tres elementos que fomentan la maternidad subrogada: la presencia de agencias intermediarias en España, la publicidad con la que difunden su actividad y, sobre todo, la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se permite inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos por gestación subrogada, que consideran el “caballo de Troya” contra la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida que prohíbe esta práctica “abriendo la puerta a que se produzca esa explotación de la mujer por parte de ciudadanos españoles en terceros países”. Dan un dato, facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una pregunta parlamentaria, que dicen que lo demuestra sin lugar a dudas: entre 2008 y octubre de 2010 se tramitaron en el Registro Civil del Consulado de España en Los Ángeles 8 solicitudes de inscripción de niños nacidos de vientres de alquiler, siendo todas denegadas; desde que se publicó la instrucción hasta 2017 se inscribieron 406 bebés. Aseguran que esto prueba que la instrucción fomenta la práctica porque la facilita, y eso teniendo un rango inferior a la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que en su artículo 10 dice que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero: “Es un despropósito que lo que es una orden en la que se dan pautas a los funcionarios para que resuelvan cómo actuar esté puenteando a la propia ley, porque si algo es nulo de pleno derecho significa que no tiene reconocimiento oficial y las autoridades se lo están dando a través de ese caballo de Troya, algo contradictorio e intolerable”.

  ¿Cómo se soluciona esto? La RECAV y No Somos Vasijas defienden que a los menores hay que registrarlos, “no podría ser de otro modo, no puedes dejarlos en el limbo”, pero ponen el ejemplo de Alemania que “prácticamente ha acabado con el alquiler de vientres al decidir que los menores nacidos por este método que cruzan la frontera con ciudadanos germanos queden bajo custodia del Estado; no se le permite a quien contrató esta práctica en otro país asumir la patria potestad. Así se le garantizan todos los derechos al niño sin dejar puertas falsas por las que colarse”. Para las dos organizaciones es la mayor sanción posible y la más efectiva. Se quejan de que la ley que prohíbe la gestación por sustitución en España no vaya acompañada de un régimen sancionador para quien la incumple; esa es una de sus principales reivindicaciones, que el alquiler de vientres sea una práctica punible, “porque la norma deja margen para la interpretación”. También demandan que se anule la orden de 2010 y que se prohíba toda actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso a esta práctica en terceros países, multando a las agencias, bufetes, entidades de crédito o financieras y a los profesionales independientes “que promueven algo que es ilegal”. Exigen además cambios en la Ley General de Publicidad para que cualquier “propaganda” al respecto se considere ilícita. Para ellas la pregunta que hay que hacerse es si están las autoridades españolas dispuestas a seguir dejando abierta la puerta de atrás, como sucede ahora, mientras hacen discursos contra el alquiler de vientres: “Les pedimos coherencia, que actúen, porque ya no vale con pronunciarse en contra; si se rechaza hay que llevar a cabo acciones, empezando por aquellas que acaben con los proxenetas reproductivos. Porque sin duda hay connivencia institucional, se habla pero no se actúa, y eso no es admisible”, concluye Ángeles Álvarez.

“Un negocio de los de mayor proyección de futuro si no se le pone freno”

  “Se trata de un negocio en el que se explota a mujeres para que tengan niños para terceros”; es como lo define, indignándose al escuchar a las “asociaciones de contratantes” diciendo que también ellas han denunciado casos de mala praxis y reclamándole al Gobierno que, si quiere ponerles fin, regule la práctica: “La primera mala praxis es el hecho de que demandes que una tercera persona se ponga a tu disposición para quedarse embarazada y dar a luz a un niño que le será arrebatado de inmediato, porque eso es explotación pura y dura”; lo compara con la prostitución, entendiéndolo como “dos formas distintas de explotación de la mujer (una con fines reproductivos y otra con fines sexuales) por parte de quienes consideran que su cuerpo es un bien colectivo que puede ser de uso público”.

  Las asociaciones feministas afirman que eso atenta contra los derechos de las mujeres en su conjunto al verlas como un simple elemento a disposición de cualquiera que tenga dinero para comprarlo, alquilarlo o hacer un uso temporal de alguna de sus capacidades. Denuncian que la cuestión de fondo es “el machismo puro y duro” que pretende que la mujer desaparezca del proceso de filiación, que quiere que lo único que se tenga en cuenta sea la fecundación, la única fase en la que participa el hombre, eliminando aquellas en las que ella es la protagonista (gestación y parto), convirtiéndola así en una simple vasija sin ningún derecho sobre el bebé que ha gestado y parido: “Desaparece por completo el único ser humano que participa en todo el proceso y solo cuentan los que ponen el dinero que, por cierto, se llevan los intermediarios porque las mujeres -dependiendo del país- solo reciben entre el 10% y el 20%”. En la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres y en No Somos Vasijas llaman a hacer lecturas más allá de la “mera explotación inmediata”, convencidas de que el objetivo último es “legalizar una industria que comercializa con nuestra capacidad reproductiva -y por lo tanto con nuestras vidas- en beneficio de terceras personas. Un negocio que, con una estructura montada alrededor de la reproducción asistida, se aprovecha de las mujeres; un negocio que, sabiendo que cada vez hay más población con problemas de fertilidad y que en España se realizan más de la mitad de las donaciones de óvulos de Europa, tiene una enorme proyección de futuro si no somos capaces de frenarlo”. De hecho, Ángeles Álvarez destaca que clínicas del norte de Europa se están instalando aquí para iniciar todo el proceso de comercialización de óvulos y esperma porque los intereses económicos “son brutales”.

  Ante las críticas de quienes contratan y/o apoyan esta práctica, quienes están en contra afirman que ni el suyo es un discurso de odio ni su intención es estigmatizar a los menores, y denuncian que “son ellos quienes los exponen para intentar lavar su imagen, para tratar de vendernos como algo maravilloso lo que no es más que otra forma de explotar el cuerpo de la mujer”.

“Aquí y ahora debería darnos VERGÜENZA”

‘Si aquello a lo que llaman infierno existiese no creo que fuese muy diferente de este lugar en el que faltan el espacio, la comida, la higiene y el saneamiento mínimos, la ayuda sanitaria y las oportunidades pero sobran las disputas, amenazas, violaciones, llantos y racismo (…) En Moria non hay lugar para el descanso’. Es lo que escribía hace unos días sobre el campo de refugiados en el que pueden estar hacinadas hasta siete mil personas, muy por encima del doble de su capacidad, Margarita Moreno Toledo, estudiante de Medicina en Albacete recién llegada de la isla griega de Lesbos. Estuvo allí como voluntaria por segundo año consecutivo y le dolió mucho comprobar que en doce meses la situación no había mejorado ni un ápice: “Es horrible, horrible; y es incomprensible y vergonzoso que Europa esté permitiendo que seres humanos estén en unas condiciones tan lamentables en su propio territorio; lamentables hasta el punto de que hayan tenido que levantarse carpas y tiendas fuera del recinto porque dentro era ya imposible o incluso de que haya refugiados que prefieran malvivir en el monte antes que estar en Moria”. Así de duro y así de real, a sólo unas horas de España en avión: “Aunque ya prácticamente no se hable de ello en los medios de comunicación un día tras otro, todos y cada uno, siguen arribando a Lesbos embarcaciones precarias de todo tipo repletas de mujeres, de niños, de mayores y de jóvenes en busca de una mínima oportunidad que les permita tener un futuro. Llegan en condiciones deplorables y sin ninguna pertenencia, porque las mafias a las que han tenido que pagar miles de euros por un viaje al que quizás no sobrevivan aprovechan el espacio que hay en los botes para meter a todos los que pueden, encajados como animales entre docenas o cientos de otros seres humanos en su misma situación, y tan pronto pisan Moria se encuentran con una realidad casi peor que aquella de la que tratan de huir y que parece perseguirles”. Una realidad -nos cuenta- en la que sus problemas de salud se minusvaloran porque son refugiados, en la que muchas veces las raciones de comida que reciben no cubren ni siquiera sus necesidades nutricionales básicas y en la que hay quienes prefieren hacerse sus necesidades encima antes que ir a uno de los pocos baños del campo, por el peligro que eso puede suponer.

“Una muerte en vida”

Duele, entristece, acongoja, angustia… son verbos que Margarita Moreno utiliza para relatar lo que se siente al mirar a la cara a cada una de esas personas de las que hablamos como colectivo -refugiadas- pero que tienen su propia historia detrás, sus proyectos, sus ilusiones, sus familias… “exactamente igual que nosotros pero con una gran diferencia, que ellas están atrapadas, en un stand-by permanente, sin poder avanzar, viendo cómo su vida se atasca porque ni siquiera han tenido la entrevista en la que se jugarán todo su futuro puesto que del resultado va a depender que sean aceptados como solicitantes de asilo”. Lo compara con el tribunal de una oposición ante el que “en lugar de jugarte una plaza de nada te estás jugando tener una mínima oportunidad de vivir; y es vergonzoso que quien los entrevista tenga esa vida en sus manos al final de un proceso interminable y lento, muy lento, que les hace perder años de su existencia -se están dando citas a cinco años vista-, que hace en definitiva que estén perdiendo la vida o que la estén viviendo en condiciones que no permiten darle ese nombre: “Moria era antes una cárcel, ahora lo llaman campo de refugiados cuando se parece más a un campo de concentración donde lo que encuentras son personas muertas en vida”.

Esta estudiante de Medicina que ha estado en dos ocasiones en la isla griega como voluntaria del proyecto de la ONG Acción Directa Sierra Norte para proporcionar comida digna, saludable y completa a unos cuatrocientos refugiados del campo no entiende cómo puede haber quienes promueven el discurso del odio hacia los y las que huyen de la guerra, de ser niños soldado, de ser violadas o perseguidas por ir al colegio por el simple hecho de ser mujeres, de ser mutiladas, torturadas… Cree, y no es la única, que si pasasen solo unas horas en Moria cambiaría su forma de pensar y de sentir porque “en Lesbos duele mirar directamente a los ojos de la gente, duele conocer de primera mano sus historias personales de sufrimiento y darte cuenta de que podrías ser tú la que estuviese en su piel”. Historias como la de Alí, que estudió Ingeniería en Pakistán y cruzó el Mediterráneo para luchar por conseguir sus anhelos poniendo sus ganas de trabajar por encima de todo, “como me sucede a mí con la Medicina -dice Margarita-, y que permanece allí estancado mientras yo paso de curso cada año. Ser consciente de eso te ayuda a sacarte la venda de los ojos y a relativizarlo todo, te lleva a mirar más allá de tu ombligo”. Le gustaría que aquellos que lanzan soflamas contra los migrantes y refugiados instando a quienes los apoyan a llevárselos a casa pisasen Moria para conocer cada caso: el de esa mujer que ha quedado embarazada después de ser violada; el de ese chaval que va descalzo porque ni zapatos tiene que hace que te veas cuando tenías su misma edad y disfrutabas de una infancia que nada tiene que ver con la que él está teniendo; o el de ese anciano que te lleva a pensar en tus abuelos en el pueblo, felices en la última etapa de su vida, mientras él ha pagado miles de euros arriesgándola por una oportunidad que podría quedarse en nada. “Por eso digo que si estuviesen ya no un día sino solo unas horas allí quizás entenderían de qué estamos hablando”.

“Supongo que nadie que pisa Lesbos puede irse del todo de allí”

Habla de la patria de Safo pero sabe que la reflexión puede ser válida para muchos otros sitios en los que hay gente sufriendo lo indecible, porque una vez has conocido esas historias tan tremendas te penetran de tal forma que pasan a formar parte de ti: “Es inevitable no acordarse cada dos por tres de la situación en la que están, de ese dolor, de lo que te han contado y de lo que has podido ver con tus propios ojos. Piensas que mientras tú estás rodeada de comodidades, mientras tú con tu DNI español puedes moverte a tu antojo ellos, por haber nacido en un lugar determinado, por su punto de partida, siguen atrapados y angustiados a la espera de esa ansiada oportunidad para poder demostrar lo que valen”. Han pasado diez días desde su vuelta a casa y explica que cuesta encajar cada cosa en su sitio, llevará tiempo: “Es un choque de realidad brutal que tenemos aquí al lado, pero me doy cuenta de que a mi alrededor muchos lo ignoran, bien porque nunca se han parado a pensar en ello o porque no es agradable y es más fácil obviarlo. Tod@s deberíamos ser conscientes de que esto está sucediendo no lejos de nuestros hogares, de que a la vuelta de la esquina estas personas necesitan ayuda porque ya no es que su realidad no mejore sino que empeora”.

Le dan mucha rabia la inacción de los Gobiernos europeos, la falta de solidaridad y de empatía, la indiferencia ante las muertes de miles de personas que podían haberse evitado, las políticas de externalización del control de fronteras dejándolo en manos de países en desintegración como Libia y las de cierre de puertos, el mantra que repite la extrema derecha de que ONGs como Proactiva Open Arms, Médicos Sin Fronteras o SOS Mediterranée son cómplices de las mafias por rescatar migrantes en peligro de muerte: “O los dejas morir o eres cómplice de los traficantes de personas. ¿Cómo puede pensar alguien así?” Urge a los Estados a que cambien esas políticas que están matando seres humanos y se queja de que “no están haciendo nada por evitarlo, ni por acoger a los que sobreviven, mucho menos por ofrecerles esa oportunidad para asegurarse un futuro”. Esa respuesta que no están dando supone para ella una tremenda injusticia: “No entiendo que nos avergoncemos del Holocausto pero no de lo que está pasando aquí y ahora; seguro que nos causará una profunda vergüenza cuando, dentro de unos años, lo leamos en los libros de Historia pero eso -VERGÜENZA- es lo que tendría que estar dándonos a tod@s en este presente”.

P.S. La fotografía que ilustra el artículo la ha quitado Margarita Moreno Toledo en Lesbos y el dibujo que incluye lo ha hecho uno de los muchos niños que ha conocido allí.

“La soledad es una. Nosotros somos más”

El hecho de que nadie se percate de la muerte de una persona, de que ni sus familiares, ni sus amigos, tampoco sus vecinos, la echen en falta hasta que el olor nauseabundo que sale de su domicilio lo impregna todo, o hasta transcurrido un tiempo impensable, dice mucho de nosotros… como personas y como sociedad, que vamos a lo nuestro, que no nos preocupamos por los demás; también de las administraciones, que no hacen lo suficiente para ayudar o atender a una parte de la ciudadanía o no responden como deberían a sus necesidades. Porque no se trata de casos aislados sino de un patrón que se repite semana tras semana a lo largo y ancho del país, sobre todo en entornos urbanos; en la España rural que aún resiste a la despoblación la gente mira por aquellos que tiene cerca. Más de dos millones de personas mayores viven solas en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, siendo prácticamente tres de cada cuatro mujeres, y el 59%, atendiendo a las cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, siente soledad: no es una opción que haya elegido, no le ha quedado otra. Y esto sucede con una población en la que uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años y sabiendo que antes de medio siglo se calcula que serán ya uno de cada tres, sin perder de vista que estamos en el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Las muertes de mayores que, sin haberlo querido así, viven solos “son la punta del iceberg” de una realidad que tod@s debemos afrontar y que tod@s deberíamos intentar cambiar porque no va a desaparecer, más bien al contrario. Hay que actuar y hay que hacerlo cuanto antes, por no decir que ya tendríamos que haberlo hecho. Organizaciones como Grandes Amigos llevan dieciséis años en ello.

Envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de sus derechos

Esta ONG proporciona compañía, afecto y amistad a esos mayores que sienten soledad no deseada y a los propios voluntarios, porque es algo recíproco con lo que las dos partes salen ganando, con el intercambio de conocimientos, de experiencias, de historias vividas… Explican que sus objetivos son mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores, permitirles envejecer con dignidad y disfrutando plenamente de todos sus derechos, promover su participación en el día a día de su entorno, barrio y ciudad y, por supuesto, derribar los estereotipos de edad y defender su valía trasladando una visión empoderada y realista de quienes siguen teniendo mucho que aportar para que la sociedad continúe enriqueciéndose con su contribución: “Somos una herramienta de participación ciudadana en la que todos ganamos porque sirve para mejorar la vida de los mayores, para dignificar el envejecimiento y para construir entre todos una sociedad más inclusiva, siendo además una forma saludable y enriquecedora de prevenir nuestra propia soledad y de aprender a mirar el envejecimiento como una etapa de continuidad en el proyecto de vida personal, no como el declive”, aseguran. Una labor fundamental la de ayudarles a combatir esa soledad impuesta/obligada teniendo en cuenta que los especialistas advierten que es un factor de riesgo para la pérdida de autoestima, la depresión, el deterioro cognitivo, la demencia, los problemas de movilidad, la debilitación del sistema inmunológico, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares e incluso la mortalidad temprana.

Grandes Amigos está presente en siete localidades de tres Comunidades Autónomas (Galicia, Madrid y Euskadi) en las que acompaña a más de ochocientos cincuenta mayores. Cuenta con más de novecientas personas voluntarias y con trescientos cuarenta voluntarios corporativos de empresas, y tiene más de mil quinientos socios y donantes. Su máxima es que la soledad no deseada “no se arregla pagando a alguien para que te haga compañía sino con amistad voluntaria, recíproca y sin contraprestaciones” y ahí entran ell@s en juego: la persona voluntaria queda por lo menos un par de horas a la semana con el mayor que está solo para charlar, para pasear, para realizar visitas culturales o talleres, para participar en meriendas en el barrio, en fiestas…, también durante las vacaciones de verano, porque la sensación de soledad aumenta en verano. Por eso han puesto en marcha -hasta principios del mes que viene- una campaña con la que apelan a la colaboración para poder llevar unos días de vacaciones a unos cincuenta mayores, para que conozcan y convivan con otros mayores y voluntarios. Como Tecla, su protagonista, que a sus 82 años y siendo una gran luchadora “tiene la maleta preparada para hacer realidad su sueño a la espera de que tú la ayudes a conseguirlo”.

Grandes Vecinos o la importancia de las redes vecinales

Otro de sus proyectos destacados es Grandes Vecinos, en el que participan casi un tercio de los mayores que están en Grandes Amigos: redes formadas por tres o cuatro vecinos de la persona mayor que empieza a sentirse sola de manera que cada uno de ellos está pendiente, queda con ella para compartir distintas actividades en el barrio, quedando también en grupo con otras redes vecinales del vecindario: “Recuperando las relaciones vecinales prevenimos situaciones de soledad o aislamiento social y promovemos la contribución de esos mayores a la vida del barrio, al tiempo que fomentamos los encuentros intergeneracionales y el apoyo mutuo. Conseguimos beneficios para todos, no solo para los mayores, porque esas relaciones también hacen crecer y enriquecen a las personas voluntarias además de ayudarles a aprender a gestionar la soledad por la que todos pasaremos en algún momento”.

El número de personas que viven solas va en aumento y cuando no es algo buscado, se convierte en un fenómeno que puede acabar afectando a la calidad de vida, a la dignidad e incluso a la salud de los mayores, “muchos de los cuales envejecen sin quererlo sin lazos familiares, de amistad o de vecindad, que les permitan mantener un contacto frecuente con alguien próximo, lo que hace que se multipliquen las posibilidades de que sientan esa soledad no deseada que los lleva al aislamiento y a sufrir y morir solos pudiendo pasar semanas, meses e incluso años hasta que alguien se dé cuenta. Como Amanda, una mujer de 83 años cuyo cadáver fue encontrado hace unos meses momificado en su casa del distrito madrileño de Salamanca, o como María Amparo, cuyo cuerpo se localizaba también momificado en 2018 en su vivienda del barrio valenciano del Cabanyal. Personas que, alertan los expertos, acaban muriendo de soledad.

Por eso urge una mayor implicación de las administraciones, de la sociedad y de los ciudadanos y ciudadanas que la conformamos: “Prevenir la soledad y paliar sus efectos es un reto de tod@s y cada un@ de nosotr@s que, con pequeñas acciones individuales, podemos cambiar la vida de los mayores que viven en nuestro entorno”, dicen en Grandes Amigos. Podemos y tenemos que cambiar el futuro.

P.S. En www.grandesamigos.org tenéis toda la información sobre quiénes son, qué hacen y cómo colaborar con Grandes Amigos. También los encontraréis en Facebook y Twitter.

“La sociedad no puede permitirse excluir a una parte de la población y está sucediendo a diario”

“No parece razonable que casi cuatro millones de personas, cerca del 9% de la población del país -a las que habría que sumar sus familias-, sean excluidas de las políticas públicas y de los derechos que tienen el resto de los españoles pero, lamentablemente, eso está sucediendo cada día, lo que demuestra la dificultad de ser ciudadanas y ciudadanos como los demás…en pleno siglo XXI”. Hablamos de las personas con discapacidad y quién así se pronuncia es Óscar Moral Ortega, asesor jurídico de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a más de ocho mil asociaciones y entidades.

Nos explica que sucede cuando se promueve la esterilización de mujeres discapacitadas, supuestamente para protegerlas de embarazos no deseados, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Y cuando en lugar de garantizarles igualdad en la capacidad jurídica con la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones se permite que sean incapacitados legalmente, en contra de lo exigido por la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o cuando no se garantiza el derecho a la inclusión educativa que marca la propia Convención de la ONU. Lo mismo pasa al mantenerse aún hoy en día en la norma marco de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 49 de la Constitución referido a los derechos del colectivo, el término ‘disminuidos’ para referirse a ellos (el Consejo de Ministros sacó adelante el anteproyecto de reforma que lo modifica tanto desde el punto de vista del lenguaje como del contenido, pero no llegó a aprobarse en las Cortes antes de que acabase la Legislatura). ¡Qué decir cuando tienen dificultades o directamente no pueden ni siquiera salir de su vivienda o realizar determinados trámites porque se incumplen los mandatos legales en materia de accesibilidad universal!; también, por ejemplo, en el caso del transporte ferroviario, que todavía no tienen asegurado al cien por cien. Se les excluye al impedir a niños y jóvenes discapacitados participar en igualdad de condiciones con los demás en campamentos de verano, limitando su derecho a disfrutar de actividades recreativas de esparcimiento… Y podríamos seguir. “Elementos trascendentales, aspectos substanciales y de gran envergadura en el día a día de las personas en los que España, a pesar de haberse dotado de normativa para ello, suspende o necesita mejorar mucho”, según Óscar Moral. Tareas pendientes para el Parlamento y para el futuro Gobierno que deberían estar resueltas hace tiempo -apuntan desde CERMI– a las que hay que sumar la necesidad de impulsar una modificación de la Ley de Subvenciones para que no puedan concederse ayudas públicas a aquellas empresas que no cumplen con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2% para las que tienen más de cincuenta trabajadores, “porque da la sensación de que incumplir sale gratis”. Por no hablar de que para algunas cuestiones básicas la localidad o la Comunidad Autónoma en la que se viva resulta determinante: “Eso no se puede permitir y nos demuestra que nos queda todavía mucho por avanzar”.

Miles de personas sin acceso al servicio de emergencias

Hace solo unos días la Comisión Europea le sacaba los colores a España al abrirle un procedimiento de infracción por la falta de accesibilidad del servicio de emergencias 112 para aquellas personas con discapacidad sensorial, sordas y sordociegas. A la pregunta de si están satisfechos, en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad responden que lo estarían si el teléfono que se puso en marcha hace ya veintidós años fuese plenamente accesible, como vienen reclamándoles desde hace tiempo a las administraciones: “Lo que nos gustaría es que se nos hubiese tomado en serio, porque creo que en ocasiones no ha sido así, y que se hubiesen implementado las medidas necesarias para que el 112 fuese accesible para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso no sucede por la diversidad de protocolos, porque en algunos casos no hay respuesta, porque en otros la que se da no es satisfactoria y porque cuando se cambia de Comunidad Autónoma hay respuestas que no sirven. Y aunque competencialmente es una cuestión que depende de los Ejecutivos autonómicos, el responsable último es el Gobierno central”.

Aplauden el hecho de que Bruselas haya tomado cartas en el asunto y esperan que las autoridades se apliquen para solucionar este tema a la mayor brevedad posible, “porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, lo que significa que lo único que se necesita es voluntad política”. Esperan que lo resuelvan antes de que se produzca un caso fatal y antes de que la Comisión Europea le imponga sanciones a España “que es algo que no queremos”, dice su asesor jurídico. “Lo que queremos es que una herramienta que facilita asistencia en una situación de riesgo personal o colectivo pueda ser utilizada por todos los ciudadanos, puedan o no oír e independientemente de dónde residan. Hay que tener además en cuenta que nos movemos por todo el país -y por el resto de Europa, donde también existe el 112- que viajamos, que nos visitan personas procedentes de otros Estados comunitarios…, y las personas sordas y sordociegas no pueden echar mano en condiciones de igualdad, con seguridad y garantías de un servicio de emergencias que el resto sí tenemos a nuestro alcance, lo cual es muy grave”.

En defensa propia

CERMI recibe cada año entre cuatrocientas y cuatrocientas cincuenta consultas y/o denuncias por vulneración de derechos: la gran mayoría se refieren a temas de accesibilidad universal pero también a cuestiones relativas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, o al acceso al mercado laboral, sobre todo de la mujer; últimamente han registrado un aumento de las que tienen que ver con delitos de odio: destacan que, atendiendo a los datos del Ministerio de Interior, son el colectivo que ha experimentado un mayor incremento en el número de denuncias presentadas y avisan de que “el problema es mucho más grave porque la mayoría de las víctimas no denuncian”.

Óscar Moral nos cuenta que muchos de los casos de discriminación que se producen son fácilmente subsanables por aquellos a quienes corresponde: “Situaciones que entendemos que no son fruto del quebrantamiento de una norma con dolo, con deseo de saltársela, sino por desconocimiento, que podrían resolverse sin necesidad de que el afectado tenga que emprender acciones legales, porque son muy pocos los que pueden llevar a los tribunales vulneraciones de derechos”. Para facilitar la denuncia y agilizar la resolución de estos casos ponen en marcha una nueva aplicación para dispositivos móviles, En defensa propia: explican que ofrece a cualquier persona conocedora o que sufra algún tipo de discriminación información sobre cómo empoderarse para poder denunciarlas, además de darle la posibilidad de hacerlo. “Evidentemente sus principales destinatarias son las personas discapacitadas pero pueden descargarla familiares, amigos y todo aquel que entienda que una determinada situación perjudica o puede perjudicar a alguien con discapacidad”. Así lo señala su asesor jurídico, que insiste en que de lo que se trata es de “que aquellas cuestiones que pueden generarles grandes dificultades en su día a día pero que son fácilmente subsanables puedan solucionarse cuanto antes, pero también de que aquellas de mayor envergadura sean perseguidas y sancionadas cuando sea el caso”. En CERMI dicen que esta app, que sustituye a una primera iniciativa que veía la luz hace siete años, “incluye mejoras técnicas, en el propio diseño y en los contenidos, con más información y una mayor facilidad para interaccionar con ella, al tiempo que amplía el espectro a todas las personas con discapacidad al contar con versión en Lengua de Signos y en lectura fácil”. Porque la defensa activa de derechos es fundamental para la plena inclusión social de las personas con discapacidad, y sin inclusión lo que hay es discriminación.