“Cuando no es una bomba es un obús, cuando no es un obús es que no hay alimentos o agua potable, cuando no es que falten alimentos o agua potable es la falta de medicinas, cuando no es la carencia de fármacos es que no tienen ropa de abrigo, ni calzado adecuado, ni con qué calentarse a temperaturas bajo cero, y podríamos seguir. Llueve sobre mojado para una población muy debilitada que lleva ya demasiado tiempo sobreviviendo en zonas en las que ni siquiera hay hospitales o centros de salud porque han sido bombardeados, como también lo han sido las escuelas y sus propias casas”. Este sigue siendo el día a día al que se enfrentan millones de sirios en vísperas del octavo aniversario del estallido de una guerra que no parece tener fin. Es la responsable de Comunicación de ACNUR en España, María Jesús Vega, quien nos acerca esa dura realidad para millones de ciudadanos exhaustos que ven cómo las ignominiosas cifras del conflicto -vergonzosas no solo para los responsables directos sino también para la comunidad internacional- no dejan de aumentar. El número de muertos supera los 250.000 e incluso los dobla, según fuentes que trabajan en el terreno, siendo miles de ellos menores: es el caso de los 30 niños que morían el mes pasado por hipotermia y desnutrición en el noreste del país cuando huían de los combates hacia el campamento de Al-Hol, donde actualmente se concentran más de 25.000 sirios; o como los -por lo menos- ocho pequeños que, por las mismas causas, han perdido la vida en las últimas semanas en el asentamiento improvisado de Rukban, al sureste, donde 40.000 personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria.

3 millones de sirios sin apenas acceso a ayuda humanitaria

María Jesús Vega describe Rukban como “una franja desértica aislada, situada a unos 300 kilómetros de Damasco, donde las escenas que ves son dantescas, donde apenas hay servicios y donde no existe la atención médica más básica, por lo que las condiciones sanitarias son catastróficas; un lugar en el que los pocos productos que llegan tienen unos precios estratosféricos, prácticamente inalcanzables, que multiplican por cinco los de la capital y donde incluso el pan y el agua hace ya mucho que se han convertido en un lujo que casi nadie se puede permitir”. A principios de este mes de febrero, las Agencias de la ONU y la Media Luna Roja conseguían llevar hasta allí un cargamento de comida, medicinas y equipo médico; mantas térmicas, kits de nutrición y de higiene femenina…, etc.: “y no ha sido nada fácil porque necesitamos el beneplácito de muchos actores”, se queja la portavoz de ACNUR, denunciando que la población civil es utilizada como arma de guerra y que han visto morir gente porque la ayuda humanitaria no ha llegado a tiempo debido a las interminables negociaciones.

Explica que cuando trabajan en países en conflicto, con múltiples actores armados en movimiento, muchas veces es difícil saber a quién dirigirse para obtener los permisos; que otras no les permiten trasladar asistencia que es para ellos fundamental -algo tan simple como gas para cargar estufas o para cocinar- porque quien tiene que autorizarlo considera que sus enemigos pueden usarla para matarlos o para alimentar el conflicto; y que en ocasiones no los autorizan a ir a una determinada área porque se pretende que vayan a otra. “Nosotros nos regimos por los principios de neutralidad, humanidad e imparcialidad -dice- y se nos debería permitir llevar a cabo el mandato que Naciones Unidas y sus miembros nos han encomendado”. Y es que 3 millones de sirios de los 13 millones que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir se encuentran en lugares a los que no pueden acceder con frecuencia ni con todo el material que debieran.

Ocho de cada diez sirios viven por debajo del umbral de la pobreza

La mitad de los que necesitan asistencia humanitaria son menores y, de ellos, 3 millones no saben lo que es vivir en paz porque no han conocido otra situación distinta a la guerra: niños que llevan años viendo a diario verdaderas atrocidades y que han ido perdiendo a miembros de sus familias; niños en muchos casos con malnutrición, que nunca han ido al colegio ni han tenido los correspondientes ciclos de vacunación, menores acostumbrados a jugar en los refugios en los que se protegen de los bombardeos… La responsable de Comunicación de ACNUR recuerda el caso de un refugiado que tuvo que dejar atrás a los suyos y contaba que la primera palabra que su hijo había pronunciado, antes incluso que papá y mamá, había sido “luz”, porque se iba cada dos por tres y a lo largo del año podían disponer de electricidad como máximo un par de meses, sumando los distintos períodos.

Más de 6,5 millones de sirios se han convertido en desplazados forzosos en su propio país y superan los 5,5 millones los que son refugiados, la inmensa mayoría en la región. Son más de 13 millones las personas que necesitan asistencia humanitaria en Siria y la situación no es mucho mejor en Líbano, que acoge un sirio por cada 4 nacionales, donde más del 70% de los refugiados vive por debajo del umbral de la pobreza: “el país ha demostrado una generosidad impresionante abriéndoles las puertas pese a la presión que eso ha supuesto para sus servicios e infraestructuras sanitarias, educativas, laborales…, etc.; pero no se han recibido contribuciones económicas suficientes como para poder dar respuesta a las necesidades básicas de una población acogida que, pasados tantos años, sigue en su territorio”, destaca María Jesús Vega en referencia a la ayuda bilateral y la financiación de las operaciones de la Agencia. Personas que ya estaban destrozadas antes de llegar “por la pérdida de una madre, de un padre o de los dos; de su marido o su mujer; de alguno o varios de sus hijos, por haber asumido la responsabilidad de hacerse cargo de los hijos de su hermana o hermano porque ellos ya no están, por las secuelas de los shocks sufridos, mujeres violadas y sufriendo todo tipo de abusos”; gente que “tiene que pasar toda una carrera de obstáculos para cruzar la frontera y que, por buscar una salida se convierten en víctimas de mafias que hacen negocio con el sufrimiento y la desgracia ajenas”; seres humanos que, en el país de acogida, viven muchas veces un nuevo infierno “porque carecen de un techo bajo el que cobijarse porque no pueden pagar un alquiler; mujeres a las que el casero les exige sexo a cambio de una casa para la familia, que dan a sus hijas menores en matrimonio para que el resto de familiares puedan comer con la dote que reciben a cambio; padres que no escolarizan a los chavales porque tienen que trabajar para ayudarles, o a los que no les queda otra que unirse con el resto del barrio para enviar a la escuela al que consideran más inteligente, que será el responsable de enseñar a los demás usando una puerta como pizarra.

Siria no es todavía un país seguro al que regresar

Asegura la responsable de Comunicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España que si hay algo que tienen claro es el valor inmenso de la educación: “Saben que los hará más libres y que a través de ella adquirirán los conocimientos para reconstruir su país cuando puedan regresar, que es lo que quieren, ellos y la mayoría de refugiados”; y aporta un dato: 9 de cada 10 se quedan en los países más próximos al suyo y no en los más ricos, como muchos creen, esperando volver cuanto antes y colaborar en la reconstrucción.

Pero esa vuelta a casa está todavía lejos. Explica María Jesús Vega que ACNUR no ha puesto en marcha un Plan Integral de Retorno porque el territorio sirio “no es ni mucho menos seguro” y porque es preciso que el regreso sea sostenible en el tiempo y no de ida y vuelta como ha pasado en muchos casos: debe hacerse en colaboración con el país de origen y con los de acogida, hay que asegurarse de que existen los servicios básicos y de que la población pueda regularizar y legalizar su situación (teniendo en cuenta que son miles los que han perdido su documentación o ni siquiera la tienen); las autoridades deben garantizarles que tendrán todos sus derechos como ciudadanos y que no acabarán en la cárcel en cuanto lleguen porque su nombre figura en una lista negra por el mero hecho de haber vivido en una zona controlada por un determinado grupo; es fundamental arreglar cuestiones de propiedad, de acceso a la tierra y, por supuesto, tienen que haber cesado el fuego y los ataques con bombas que siguen destrozando hogares. Aclara que eso no significa que la agencia -que defiende un regreso con carácter estrictamente voluntario- no apoye a aquellos que, a título individual, han querido y/o quieren volver, algo que han hecho unas 125.000 personas en tres años, según los datos que manejan; ni tampoco que no lleve trabajando desde 2017 con otras agencias y ONGs, con todos los Gobiernos y con los propios refugiados en el diseño de ese Plan Integral de Retorno: “otra cosa es cuándo se va a ejecutar”.

“El discurso xenófobo del miedo se apoya en datos falsos”

Aunque han callado las bombas en algunas zonas de Siria, a las partes enfrentadas en este conflicto -que se han saltado incluso las ‘normas de la guerra’- la Agencia de la ONU para los Refugiados lleva años exigiéndoles sin éxito que respeten a la población civil, que respeten los convenios internacionales, que faciliten el acceso de los trabajadores humanitarios a todas las zonas y los respeten también a ellos pero, sobre todo, que dejen de una vez las armas y colaboren en la puesta en marcha de un proceso de pacificación en el que desplazados y refugiados también tengan parte. A la comunidad internacional, en especial a Europa, le reclama que se implique más y se movilice como hizo la sociedad civil en su día, cuando las consecuencias del conflicto llegaron a sus puertas, “aunque la respuesta de los Estados fuese débil y tardía”; recuerda su portavoz en España que, mucho tiempo antes, ellos habían alertado de lo que supondría el conflicto en cuanto a pérdida de vidas humanas, en cuanto a personas forzosamente desplazadas de sus hogares en un país que acabaría destrozado y en cuanto a seguridad, afirmando que “sin duda hoy el mundo es más inseguro y más inestable por permitir que se haya prolongado tanto”.

Afirma que Siria es la constatación de un fracaso colectivo del que debemos aprender para no repetir errores, y dice que eso pasa, en buena medida, porque los países cumplan el Pacto Global de Refugiados firmado a finales del año pasado: “porque asuman que la responsabilidad de proteger a los refugiados es colectiva y tiene que ser más eficiente, y porque apoyen mucho más a los países y comunidades que acogen a un mayor número, que generalmente no son los más ricos”. Está “segura” de que, si se hubiese hecho así en este caso, si se hubiese invertido lo necesario en Líbano, en Jordania, en Irak o en Turquía en su momento, “no se habría producido el desplazamiento de refugiados hacia Europa tan importante que se vio en 2015”, y advierte de que trabajar solo en el ámbito del blindaje y de la seguridad para que estas personas no lleguen al viejo continente no resolverá la situación. Por eso considera imprescindible ese cambio de enfoque a la hora de gestionar otras crisis como esta para que las cifras de desplazamientos forzados, que superan los 68,5 millones de personas -las más altas desde la Segunda Guerra Mundial- no sigan batiendo récords como los que ha venido registrando ACNUR en los cinco últimos años.

A dos meses de unas elecciones generales y a menos de 3 de las europeas, con los partidos xenófobos en alza, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados llaman a no enarbolar el discurso del miedo y del odio, un discurso xenófobo, que -afirman- se apoya a veces en datos falsos: “Terrorismo, Yihadista y Refugiado son tres palabras que muchos usan a propósito en la misma frase para generalizar sobre determinados colectivos y provocar rechazo y desconfianza hacia quienes -no deberíamos olvidarlo- huyen en muchas ocasiones del mismo terrorismo que está detrás de atentados como los de Atocha, París o Alemania que se producen prácticamente a diario en sus países matando a decenas de personas, pero que apenas ocupan espacio en los medios occidentales”. Por eso María Jesús Vega pide que el tema se trate siempre ajustándose a la realidad, no utilizándolo de forma partidista o como arma arrojadiza. Valora la solidaridad que ha demostrado la sociedad española “dando lecciones en temas de voluntariado y acogida” y llama a preservarla como un tesoro que todos debemos cuidar. Su mensaje es directo: trata a esas personas como lo que son, seres humanos, como te gustaría que os tratasen a ti y a los tuyos si estuvieseis en su piel: “Nadie elige convertirse en refugiado y, tristemente, muchos lo son para toda la vida”. Recuerda que más de 17.000 personas han muerto en el Mediterráneo solo en los últimos cuatro años intentando buscar ese refugio en Europa, teniendo tanto derecho a vivir como cualquiera de nosotros. “Gente que, en su huida del hambre, de las guerras y de continuas violaciones de derechos humanos, se ha visto obligada a ponerse en manos de mafias para alcanzar territorios seguros porque no cuenta con vías legales para acceder”. Y destaca que habrían sido muchísimas más de no ser por la “impresionante” labor de distintos equipos de salvamento marítimo, incluidas las ONG a las que ahora se les ponen obstáculos para seguir cumpliendo con un principio que nunca hasta ahora se había puesto en cuestión: el de rescate en el mar.

P.S. Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, habla de Siria como “la mayor catástrofe humanitaria y de refugiados de nuestros tiempos, una constante causa de sufrimiento para millones de personas que debería obtener el apoyo masivo de todo el mundo”. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados fue establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. En la actualidad cuenta con un equipo de casi 11.000 personas en alrededor de 140 países. Toda la información, en https://www.acnur.org/es-es

P. S. La fotografía que ilustra el post es de niños sirios desplazados internos en las calles de Alepo ©ACNUR/UNHCR/Bassam Diab

Están hartos de que apenas se les escuche ni se les den soluciones: de que desde la Justicia les digan que su caso ha prescrito (con esa pregunta de ¿por qué no ha denunciado antes? que siempre se repite y que tanto daño les hace); de tener que contar una y mil veces durante la instrucción y el juicio todo lo que han sufrido cuando pueden denunciar y lo hacen; de que con los partidos políticos todo sean buenas palabras pero pocas o ninguna de las propuestas se concreten; de que la jerarquía eclesiástica los haya “ofendido, despreciado, humillado, maltratado…, y lo siga haciendo”; y de que incluso, en algunos casos, sus propios vecinos les den la espalda. Hablamos de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia católica en España y de sus familias, que han decidido unirse para tener más fuerza y para que sus reivindicaciones sean un clamor que haga imposible mirar hacia otro lado. Por eso han creado la Asociación Infancia Robada, presidida Juan Cuatrecasas, un padre que lleva 8 años luchando para que su hijo, que sufrió abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei profesor en el colegio Gaztelueta de Leioa, salga adelante. Él, junto con Francisco Javier, quien destapó los abusos sufridos en el Seminario Menor de La Bañeza, y Miguel Ángel Hurtado, una de las víctimas de abusos en el Monasterio de Montserrat, se sitúan al frente de una organización con la que también quieren arropar a otras víctimas y familias para que no se encuentren solas y desamparadas como estuvieron ellos: “Tras cuarenta años de nacionalcatolicismo la sociedad sigue viendo estos casos como tabú y eso tiene que cambiar; para conseguirlo -dice- es necesario facilitar el camino de la denuncia, para que a partir de ahí pueda haber justicia, un reconocimiento público y una reparación moral”.

“La víctima no lo cuenta cuanto quiere sino cuando puede”

Afirman en la organización que es clave la imprescriptibilidad de los delitos -reconocida en Irlanda, Holanda, Canadá, Australia, Argentina, etc- pero en nuestro país, ante las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, considerarían un gran paso elevar de los 18 actuales a 50 años la edad para que empiece a contar el plazo de prescripción. Para la Asociación el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (que la eleva a 30 y que va a quedar paralizado por la convocatoria electoral) no es suficiente al dejar fuera a muchas víctimas: explican que la mayoría de los que han sufrido los abusos siendo niños lo cuentan cuando tienen entre 30 y 50 años y que “no es que no lo cuenten antes porque no quieran sino porque no pueden”, asegura Juan Cuatrecasas, cuyo hijo pudo hacerlo en solo unos años, permitiendo que su tutor fuese juzgado y condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 11 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales (condena recurrida ante el Tribunal Supremo). La pena va en la línea de lo que pedía la acusación particular, lejos de los 3 años solicitados por la Fiscalía: “Es muy triste que un representante del Ministerio Público se ponga del lado del verdugo en lugar de estar con la víctima, cuestionando su relato porque -según él- tardó mucho en denunciar, cuando nos estamos refiriendo a un chico que sufrió los abusos con 12 y 13 años, que tenía 15 la primera vez que lo contó y que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando lo denunció hará ahora cuatro años”. Reitera que “no es tan fácil como sentarse en una silla y ponerse a hablar, sino que cuesta mucho verbalizarlo”.

Destaca el presidente de la Asociación Infancia Robada que sin procedimiento judicial y sentencia condenatoria ni la víctima es reconocida como tal -pese a que el Estatuto de la Víctima del Delito aprobado en 2015 dice lo contrario- ni el pederasta entra en el Registro de Delincuentes Sexuales, lo que le permite seguir manteniendo un estrecho contacto con niños, que son sus principales víctimas potenciales; de ahí que defienda, además, que “elevar la edad a la que empiece a contar el plazo de prescripción es una medida para tratar de impedir casos futuros”. Cree también que, así, instituciones como la Iglesia católica se decidirán a denunciar de inmediato, “porque no es lo mismo indemnizar por 3 casos que por 30 o más”. Demanda que se apoye a los denunciantes durante el proceso en lugar de poner constantemente en cuestión su credibilidad; reclama actuaciones tendentes a reducir el alto riesgo de exclusión educativa, flexibilizando las exigencias para favorecer que sigan con sus estudios -tanto en el instituto como en la universidad- y la necesidad de incluirlas en la educación diferenciada: “Es una aberración que, en lugar de adaptar la ley a las víctimas, tenga que ser al revés”; y pide que se habiliten ayudas económicas porque “las terapias privadas para tratarlos de las secuelas psicológicas que padecen son caras e inexistentes en el ámbito público”. Aclara que no están “pidiendo limosna sino que se les permita competir en igualdad de condiciones”.

“Ni los políticos ni la sociedad están cumpliendo como deberían”

Asegura Juan Cuatrecasas que a los políticos españoles les falta valentía y que están enviando el mensaje de que la Iglesia católica está por encima de la ley. Sabe de lo que habla, porque se han reunido con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y cuenta, sin especificar cuál, que alguno llegó a decirles que lo considera ‘un tema de baja intensidad’: “Nos parece alarmante porque hablamos de niños y adolescentes a los que se les hace daño cuando su personalidad se está formando”. Añade, además, que en cierta parte de los partidos de la derecha existe “una especie de excusa” cuando se habla de la Iglesia católica: “enseguida dicen que no se puede personalizar solo en el clero, que se dan casos en otros muchos ámbitos como el deportivo o incluso en el familiar (lo cual es cierto), pero a nosotros nos ha pasado en ese y por eso nos centramos en él, más si cabe considerando que por los principios de la propia institución debería ser ella la primera en reconocer, respetar y tratar con dignidad a las víctimas; sin embargo muchos de sus miembros hacen justo lo contrario, causándoles un doble daño y haciendo más difícil que aprendan a vivir con lo que han sufrido”.

Preguntado por si esa supuesta ‘baja intensidad’ puede ser producto de la falta de implicación y de movilización de la sociedad, piensa que es posible; y explica que muchas personas que han sufrido abusos sexuales siendo menores optan por no denunciar por las consecuencias que puede acarrear, que en su caso fue ver como el ANPA y la dirección del colegio apoyaban al denunciado y en otros eran incluso los vecinos los que les torcían la cara en un acto de marginación que los posicionaba claramente del lado del agresor. Hay quien le llama padre coraje, pero su sensación en bien distinta: “Solo soy un hombre con un hijo al que le han hecho daño física y psicológicamente, y ha sido él -como las demás víctimas- el que ha demostrado valentía al dar el paso de denunciarlo teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que está pasando”. Está convencido de que, mientras se les siga considerando héroes por denunciar, significará que algo sigue fallando en el sistema y que no estamos en un verdadero Estado de Derecho, “porque cuando alguien sufre un delito lo normal es que lo denuncie, ¿no?”. Por eso insiste en la importancia de lograr que los casos de pederastia dejen de ser tabú. Admite, eso sí, que no es fácil dar un paso que -en su situación como en otras- ha supuesto “muchas trabas, presiones e incluso amenazas”.

Denuncia mala fe por parte de la jerarquía eclesiástica

El presidente de la Asociación Infancia Robada se indigna porque la Iglesia católica -no solo en España- se ha pasado décadas silenciando estos casos (la organización mundial de víctimas ECA Global calcula que por lo menos 100.000 menores han sufrido este tipo de abusos por parte de miles de sacerdotes y/o personas próximas al clero). Para él eso es lo más grave, que no solo se trata -como hay quien sostiene- de que no han sabido afrontar el tema sino que ha habido “mucha mala fe”, y pone ejemplos como el de Miguel Ángel Hurtado, “a quien el abad de Montserrat dio más de 7.000 euros en mano para comprar su silencio”, dinero que acabó devolviendo, y 3 años después decidió editar un libro ensalzando la figura de su abusador “y el de muchos otros niños” llegando a incluir una fotografía de él con su víctima; apunta también el caso del colegio salesiano de Deusto, que “teniendo constancia de denuncias desde 1989 dejo pasar el tiempo sin hacer nada”; como igual de sangrante resulta la inacción de los Obispados que no acuden a la Policía ni a la Fiscalía: “Eso es encubrimiento puro y duro y la Iglesia tiene que cortar de una vez por todas esa forma de actuar que hace tanto daño a las víctimas pero también a la propia comunidad católica; y es desde su jerarquía desde donde deben hacerlo porque las víctimas estamos limpiando su porquería, y mientras no tomen medidas no habrá solución posible”, sentencia, y aclara que eso pasa por dejar de considerar los abusos sexuales una ofensa en contra de la moral, un pecado, y pasar a considerarlos un crimen, que es lo que son”; y no solo por una mera manifestación pública, como viene haciendo últimamente el Papa, sino por cambiar la Ley de Derecho Canónico como le recomendó hace cuatro años el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. “La petición de perdón no es suficiente, hay que poner urgentemente en medidas en marcha, lo demás es vivir en una realidad paralela”.

Critica Juan Cuatrecasas que la jerarquía eclesiástica lleve años “centrada en proteger el supuesto buen nombre de la institución sin darse cuenta de que lo que hacen es hundirse más en el pozo”, y dice que lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para ponerle solución porque “crear una comisión antipederastia coordinada por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado de encubrir al cura abusador de La Bañeza, y en la que está Silverio Nieto, responsable de la no investigación canónica del caso de nuestro hijo -al que llaman el Villarejo de la Iglesia- no es el camino; más bien lo contrario, porque esa comisión ha nacido viciada”. Tampoco son para él buenas señales declaraciones como las del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, saliendo en defensa de varios sacerdotes acusados de abusos que, según él, habían tenido ‘malos momentos’: “Es una clara ofensa a las víctimas, menores atacados con total impunidad, facilitándose la comisión del delito a través del encubrimiento; un delito muy grave teniendo en cuenta que lo cometen adultos que se ganan la confianza de menores de edad aprovechando que son sus profesores, tutores o confesores para luego atacarlos como depredadores; porque actúan como tal, eligiendo a su presa en función del perfil y aislándola de sus compañeros: entonces la tienen en sus manos, desorientada, para poder hacer con ella lo que quieran”. Explica que a su hijo el profesor llegó a sacarlo de clase hasta cuatro o cinco veces por semana por espacio de una hora, desatando los comentarios del resto de alumnos; y es que también sufrió acoso escolar. “Cuando únicamente te preocupas por salvaguardar tu imagen estás prolongando y acentuando el dolor de quienes han sufrido esa violencia”, afirma recordando las recomendaciones de que no contaran lo sucedido, de que no le diesen publicidad…Hicieron justo lo contrario, intentar que lo supiese cuanta más gente mejor contándoselo a los medios de comunicación que se pusieron en contacto con ellos (no al revés): “estábamos siendo atacados y no teníamos ningún apoyo”.

Sobre la primera Cumbre Antipederastia que arranca mañana en Roma

El Papa Francisco reúne en el Vaticano entre mañana 21 de febrero y el domingo 24 a los presidentes de 130 Conferencias Episcopales para abordar la pederastia en la Iglesia en la primera cumbre al respecto (que llega tras años de denuncias e innumerables casos de encubrimiento). El Pontífice asegura que se trata de ‘un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo’, es lo que defiende ahora.

Las víctimas exigieron participar y los organizadores parecen garantizar que estarán presentes. Un grupo de ellas se ha reunido hoy con el comité organizador y han salido decepcionadas tras el encuentro porque -cuentan- no les han dicho ninguna medida concreta que vayan a implementar. La Asociación Infancia Robada tiene claro que cualquier intento de acabar con estos crímenes pasa por darles voz y escucharlas en lugar de intentar acallarlas y por eso reclaman que toda comisión de investigación que se cree las incluya, junto a personas independientes; demanda que se amplíen los plazos de prescripción de la propia Iglesia, que consideran demasiado breves y exigen que lo primero que haga el clero sea acudir a la Fiscalía para que active las pesquisas: “no es lógico que sean ellos mismos, que son parte, los que investiguen”. Pide además que se cambien los protocolos de actuación: “Aún a día de hoy lo primero que debe hacer la persona del Obispado que reciba una denuncia es dudar de la credibilidad de la víctima, porque puede tener intereses económicos, cuando son ellos los que están preocupados por el dinero, porque temen que se conozcan cada vez más casos y se acaben multiplicando las indemnizaciones que deberán pagar; por eso han intentado tapar el escándalo”, un hecho que resulta indecente para Juan Cuatrecasas. Afirma que ese no es su problema, porque el problema de las víctimas y sus familias es intentar seguir adelante, ayudar a otras personas que pasen por la misma situación y tratar de que nadie más tenga que volver a sufrir algo parecido. Hasta dos intentos de suicido, una durísima etapa con episodios de taquicardias, alucinaciones y convulsiones, épocas de pesadillas, ansiedad e intenso nerviosismo…Es lo que ha vivido en la última década su hijo, un chico que siente una desconfianza enorme hacia los demás y al que le cuesta mucho relacionarse, que ha visto como los síntomas asociados al estrés postraumático que padece se han ido suavizando pero que sigue luchando “porque esto es así”. Sus padres se quedan con el mensaje de los médicos que lo tratan: que ha sido muy valiente, que tiene la cabeza bien amueblada y que va a salir adelante porque aprenderá a encajarlo y a vivir con ello, que es de lo que se trata. Pero tienen miedo a que pueda recaer, porque ya ha sucedido varias veces.

P.S. La Asociación Infancia Robada cuenta con psicólogos y abogados para atender consultas. Podéis contactar con ella a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/AllSurvivorspain/

P. S. El post lo ilustra el logo de la Asociación, diseñado por el hijo de Juan Cuatrecasas

Hoy, 6 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica a la que han sido sometidas por lo menos 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo, según las cifras facilitadas por la ONU, y que todavía se practica anualmente -según la Organización Mundial de la Salud- a alrededor de 3 millones de menores de 15 años en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio, en la mayoría de los cuales es endémica. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se cometa una clara violación de los derechos humanos como esta, que, además, contribuye a que se perpetúe una situación de inferioridad de la mujer? Se lo preguntamos a la coordinadora de Comunicación de Plan International, ONG que lleva décadas combatiéndola sobre el terreno, y lo primero que Julia López quiere que quede claro es que parte de tradiciones y creencias muy arraigadas en determinadas comunidades, por lo que la lucha para erradicarla “no es fácil y hay que pensarla a medio-largo plazo; por eso, mientras presionamos para que los Gobiernos aprueben leyes y tratamos de que cambie la idea preconcebida que tienen los miembros de esas comunidades, hay menores a las que se les siguen mutilando sus genitales por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas”.

Las leyes, necesarias pero insuficientes

En cinco de los países en los que se practica -Mali, Somalia, Chad, Liberia y Sudán-, la mutilación genital femenina no está criminalizada; sí está prohibida por ley en el resto, desde hace unos días también en Sierra Leona, donde en diciembre murió una niña de 10 años a la que se la habían practicado. El problema, explica Julia López, es que “es muy difícil que se cumplan esas normas si se mantiene la idea de que estamos ante una costumbre que hace a las niñas más puras, imprescindible en su preparación para el matrimonio y para el parto; del mismo modo, es complicado si no cambia la percepción de la comunidad sobre el papel de la mujer y el concepto que las propias mujeres tienen de sí mismas y de la necesidad de someterse a ella”. Hablamos de una práctica que supone importantes consecuencias físicas (provoca un intenso dolor que puede volverse crónico, graves hemorragias, quistes, infecciones y/o complicaciones durante la menstruación y en el propio parto, en el que puede provocar la muerte del bebé y de la madre) y consecuencias psicológicas de por vida, así como la pérdida del derecho de quien la sufre a gozar de una sexualidad plena y activa.

Dice la responsable de Comunicación de Plan International que las leyes contra la ablación de clítoris sientan precedente y suponen un refuerzo institucional a la labor de las organizaciones no gubernamentales para erradicarla: “Obviamente las autoridades tienen que explicitar que se oponen a ella y deben contar con herramientas para poder luchar para que deje de practicarse, y perseguirla y condenarla cuando se practica”; pero aclara que “lo verdaderamente esencial y efectivo” es la labor que se desarrolla a nivel comunitario: hay que implicar a todos los miembros de la comunidad para que sean conscientes de las graves consecuencias que conlleva para las niñas y para que entiendan que es una violación de su derecho a su integridad, a vivir libres de violencia, a su salud sexual y reproductiva; convencerlos de que no es cierto que si no están mutiladas sean impuras, vayan a volverse locas o no vayan a encontrar marido, porque la mutilación genital femenina “es, hablando claro, una forma de intentar controlar su sexualidad, asentada en una desigual relación de poder entre hombres y mujeres que fomenta la creencia de que quienes no están mutiladas serán incontrolables porque tendrán poder sobre sus derechos sexuales y reproductivos”. Solo cuando existe esa implicación de todos se pone freno a esta práctica, aseguran en la ONG, que ha conseguido que miles de comunidades se hayan declarado por consenso libres de ella: “un trabajo arduo que puede durar hasta dos años pero que tiene garantía de éxito”.

Las mujeres deben ser y son las abanderadas de esta lucha

En Plan International ponen el ejemplo de Mali, uno de los cinco países en los que la ablación de clítoris ni siquiera está prohibida y que tiene una de las tasas de prevalencia más altas (casi el 90% de las menores son mutiladas): cuentan que su presencia allí está dando sus frutos y que son numerosas las comunidades que ya se han declarado libres de esta práctica, “lo que demuestra que la labor de concienciación es fundamental; concienciación a través de un diálogo a todos los niveles”.

Lo primero -explican- es empezar por las propias niñas y adolescentes: “si tu madre, tu abuela, tus hermanas y amigas mayores han pasado por eso y te dicen que es un rito de iniciación a la vida adulta, a ti te parece de lo más normal; muchas veces ni siquiera sabes que puedes negarte y otras eres incapaz de enfrentarte sola a algo que está tan arraigado a tu alrededor”. Tan importante como trabajar con ellas es hacerlo con las mujeres, que en muchos casos son las que deciden que sus hijas pasen por lo que ellas han pasado antes, asumiendo que es lo que les toca por el mero hecho de ser mujer: “Cuando les haces ver que eso no es así y que no hay nada que las obligue, cuando se dan cuenta de que se trata de creencias infundadas o mal asentadas, son las primeras que las rechazan y las combaten”. Hablamos de una experiencia muy dura que no comparten con aquellos que tienen más cerca, mucho menos con los hombres, por lo que ellos no saben por todo lo que han pasado y por lo que todavía pasan sus esposas y sus hijas al sufrir la mutilación genital, “por eso es fundamental que se abran y lo cuenten, que se conviertan en abanderadas de la causa, porque así ellos también se sumarán”, señala Julia López.

“No se las puede enfrentar a ellas solas contra el mundo” -dice-, por eso, además de a los hombres, es necesario implicar a los niños y a los jóvenes, “a los que resulta fácil convencer porque no conciben que algo tan horrible pueda sucederle a alguien que conocen; a los profesores, a los líderes religiosos y comunitarios, y a las mujeres que la practican: “Ellas ejercen un importante rol dentro de la comunidad y, si conseguimos que se paren a pensar en el daño que han causado a tantos cientos de niñas y mujeres, también ellas acaban defendiendo que deje de practicarse la mutilación genital femenina”. Es además fundamental concienciar al personal médico, que es muchas veces el que detecta estos casos, bien en las exploraciones, bien gracias a la relación de confianza creada con la familia, “porque tampoco es algo tan obvio”. Se ha detectado una tendencia creciente a que la lleven a cabo profesionales sanitarios: desde Plan International aclaran que este es uno de los riesgos que se corre cuando únicamente se critica o se persigue porque se realiza en condiciones de insalubridad (en lugares no preparados para ello, con cuchillas oxidadas o reutilizadas para varias menores…), “por eso nuestro rechazo es total: no se trata de cómo, ni dónde, ni quién la practique, sino de que se practique”, sentencian.

También en Europa y en España hay niñas en peligro

Se practica en una treintena de países, la mayoría africanos, y aunque desde España puede parecernos que esta realidad nos queda muy lejos, la propia ONU advierte de que, con los movimientos migratorios, hace tiempo que se ha convertido en un problema global. Cálculos de distintas ONGs apuntan que en España habría 18.000 niñas en riesgo de ser víctimas de mutilación genital aquí o, sobre todo, fuera de nuestras fronteras, aprovechando algún viaje a sus países de origen. El Código Penal recoge la ablación como un delito de lesiones desde 2003, y desde 2015 existe un Protocolo Común de Actuación Sanitaria para detectarla, tratarla y, especialmente, prevenirla. Para Plan International “es muy importante” que los profesionales de la salud, así como el personal docente y todo aquel que esté en contacto con estas niñas y adolescentes, “permanezca alerta para actuar ante cualquier indicio”; valora que las autoridades la hayan considerado un problema que también hay que combatir desde España, “que estén concienciadas e implementen mecanismos de respuesta para proteger a las potenciales víctimas”, y les pide a las Administraciones estatal, autonómicas y locales que no dejen de perseguirla.

Julia López quiere pensar que, en un momento como el actual, en el que se avanza en la sensibilización sobre los derechos de las mujeres, la mutilación genital femenina se ve como lo que es, una clara violación de los derechos humanos; pero reconoce que está extendida esa idea de que no va con nosotros porque pensamos que ocurre a miles de kilómetros y no nos afecta, “cuando realmente no es así porque, hoy en día, este tipo de problemas son globales”. Aplaude los avances que se han producido, pero dice que queda mucho por hacer y poco tiempo para conseguir que se cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en 2015, el número 5, que incluye la erradicación de la mutilación genital femenina para 2030: “Nos quedan 11 años para que no acabe convertido en papel mojado, y para evitarlo es imprescindible que se active la financiación necesaria y que se pongan en marcha medidas definitivas. Ahí está el reto”. La sociedad está implicada, los Gobiernos también deben estarlo.

P.S. La fotografía que ilustra este post corresponde a uno de los proyectos de Plan International en Etiopía. En primer plano aparece Alminesh, de 16 años, presidenta del Club de Chicas contra la Mutilación Genital Femenina –del que forman parte más de 50 jóvenes-, que explica que trabajan con colegios y comunidades religiosas de distintas zonas «para aumentar la concienciación sobre las prácticas dañinas», y que dice que esperan «acabar con estas tradiciones peligrosas en su comunidad a través de la educación».

P.S. El ginecólogo congoleño Denis Mukwege -junto a la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad- fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su lucha contra la violencia sexual. Desde hace dos décadas, en el hospital Panzi, que él mismo fundó en Bukavu, ha tratado a decenas de miles de mujeres violadas por miembros de grupos armados y sometidas a la ablación de clítoris. El propio Mukwege cuenta que decidió especializarse en Obstetricia y Ginecología conmocionado por la mutilación genital de la que eran víctimas las mujeres de su país. Sus primeras palabras al conocer la noticia fueron para decir que aceptaba el galardón por todas esas mujeres y añadir que “esto demuestra que vosotras ya habéis sido reconocidas”.

Tres de cada cuatro muertes en accidente de tráfico en España durante el pasado 2018 se registraron en carreteras convencionales, 877 de un total de 1.180, con datos todavía provisionales del Ministerio de Interior. El 40% se produjeron en salidas de vía y otro 27% en choques frontales, siniestros en los que, según las autoridades, el exceso de velocidad fue determinante. Desde este martes, 29 de enero de 2019, el límite máximo de velocidad se ha reducido en este tipo de vías sin separación física de los dos sentidos de circulación: 90 km/h para los turismos, las motocicletas y los autocares con cinturones de seguridad y 80 km/h para los que carecen de ellos, las furgonetas y los camiones. El Gobierno explica que el principal objetivo de este cambio del artículo 48 del Reglamento General de Circulación es reducir la siniestralidad y situar la tasa de fallecidos por debajo de 37 por millón de habitantes (hace un par de años estaba en 39). También dice que se trata de reducir la diferencia de velocidad entre los vehículos de transporte de viajeros y mercancías y los turismos, esgrimiendo estudios que constatan que los vehículos que circulan a velocidades dispares de la media de la vía -como los camiones con respecto a los coches y las motos- son más susceptibles de provocar un accidente, con una probabilidad hasta 6 veces mayor. Pretende, además, minimizar las consecuencias negativas de un siniestro: destaca que a menos velocidad menor es el impacto y que a más velocidad menor es el campo de visión y mayor la distancia necesaria para que el vehículo se detenga. Finalmente, busca converger con la mayoría de los países de la UE, recordando que Suecia y Holanda -a los que cita como referentes en seguridad vial- incluso tienen límites genéricos inferiores (70 km/h y 80 km/h). Estos son sus argumentos, pero ¿convencen? Sí -en general- a las asociaciones de víctimas, pero no a las de conductores.

  Stop Accidentes aplaude una medida “que no es popular pero que veníamos reclamando desde hace tiempo”, en palabras de su presidenta, Ana Novella, que perdió un hijo atropellado por un vehículo que invadió la acera debido al exceso de velocidad con el que circulaba. “Nuestra valoración es positiva porque es algo que viene de lejos -ya intentó ponerse en práctica 8 años atrás- y por fin se lleva a cabo, con la finalidad de que disminuya la siniestralidad y se salven vidas, no para fastidiar a nadie”. Dice que “está constatado que la velocidad mata” y que esa reducción de 10 kilómetros por hora “te da un mayor ángulo de visión” y “reduce la distancia de frenada”, una combinación que “ayudará a rebajar la cifra de siniestros y el número de víctimas”. La valoración es distinta para Automovilistas Europeos Asociados, cuyo presidente, Mario Arnaldo, aclara que “no estamos de acuerdo con la reducción de los límites genéricos de velocidad en lugar de analizar cada tramo de la red viaria”. Consideran que “se está desviando la atención de las verdaderas causas de los accidentes con muertos en las carreteras convencionales, fomentando la perezosa actuación de la Administración a la hora de investigarlas e intentar atajarlas”. Partiendo de que en este tipo de vías se producen casi 4 de cada 5 siniestros graves, acusan a la Dirección General de Tráfico de crear “un sofisma” y aseguran que no es cierto que la causa principal sea el exceso de velocidad: “Hay estudios científicos financiados por la propia DGT que demuestran solo lo es en un 2% de los casos, y lo que se está haciendo es confundir intencionadamente ‘velocidad excesiva’ con ‘velocidad inadecuada a las circunstancias’, que sería, por ejemplo, circular a 90 km/h con placas de hielo, con lluvia intensa o de noche por una carretera sin pintar”. También es para ellos “falaz” la aseveración de que “a menos velocidad hay menos muertos”: “Los datos de Fomento indican que la velocidad media a la que se circuló por estas vías en 2015 fue de 78,7 km/h y fallecieron 216 personas; al año siguiente, circulando a una media de 75,8 km/h se registró una veintena más de fallecidos”. En la Asociación se hacen la siguiente pregunta: si rebajar los límites genéricos de velocidad va a reducir el número de víctimas, ¿por qué los titulares de estas carreteras no lo han hecho antes? Recuerdan además que “ninguno de los países europeos con ese límite en 90 km/h presenta una tasa de muertos por millón de habitantes más baja que la de España”.

La conservación de la red viaria, clave

  En el acto de retirada de una de las últimas señales de ‘Prohibido ir a más de 100 km/h’, el director general de la DGT, Pere Navarro, animaba a los responsables de estas vías (Ministerio, Diputaciones, Gobiernos autonómicos o Ayuntamientos) a llevar a cabo mejoras y otras actuaciones en su diseño; y el director general de Carreteras, Javier Herrero, afirmaba que ya se están realizando. “No las suficientes”, afirman en Automovilistas Europeos Asociados, convencidos de que la alta siniestralidad en las carreteras convencionales tiene más que ver con el deterioro de su estado de conservación que con la velocidad: “Aquí no valen iniciativas que se lanzan con fuegos de artificio cuando lo que habría que hacer es analizar cada uno de los tramos de la red viaria para determinar en qué medida se debe a la falta de la inversión necesaria durante años”.

  Stop Accidentes coincide en que invertir en conservación es fundamental. Su presidenta recuerda que llevan “mucho tiempo” pidiendo que se solucionen las deficiencias en aquellas vías que no están en buen estado y se queja de que el problema es que las carreteras convencionales dependen de demasiadas Administraciones: “Vas circulando por un tramo que está perfecto y, en escasos kilómetros, te encuentras en otro que está hecho un desastre”, critica Ana Novella que, además de la reducción de los límites de velocidad, reclama que se articulen fórmulas para que cuando se invierta en arreglar una carretera “se arregle toda y no por tramos, en función de quién sea el titular”. En la Organización esperan que esta situación se corrija, como confían también en que “se haga realidad cuanto antes” la reforma del Código Penal que incluye el endurecimiento de las penas por imprudencias al volante o la creación de un nuevo delito por abandono del lugar del siniestro (se está tramitando en el Senado antes de remitirlo de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva). También esperan que se cumpla la previsión del Gobierno y que, a partir del verano, sea obligatorio asistir a clase un determinado número de horas para poder sacar el carnet de conducir, “porque no se aprende lo mismo repitiendo tests de forma sistemática que con las explicaciones que se dan en las autoescuelas”. Esta es una de las medidas incluidas en el borrador del Reglamento de Circulación en el que trabajan la DGT y el Ministerio de Interior, que además recoge un aumento de las multas por exceso de velocidad y cambios en el carnet por puntos, penalizando más el uso del móvil o el llevar niños sin el correspondiente sistema de retención infantil.

  Otra clave para Stop Accidentes es que la educación vial sea una asignatura obligatoria en los centros de enseñanza y que esté presente de forma transversal a lo largo de la vida educativa de los alumnos desde su escolarización, “para inculcarles valores de respeto y civismo, y para que conozcan las consecuencias de no seguir las normas”. Coincide Mario Arnaldo en la importancia de incluir la educación vial en el currículo desde la infancia, defendiendo que la apuesta por la investigación de las causas de los accidentes permitiría llegar a esa conclusión. Para él lo determinante es “investigar, planificar y contar con el presupuesto necesario para implementar medidas que frenen la siniestralidad en el asfalto”.

¿Afán recaudatorio?

  Desde la Dirección General de Tráfico dicen que ahora “lo difícil será hacer que se cumplan los nuevos límites genéricos de velocidad, por lo que van a ser necesarios más radares y más guardias civiles controlando”, en palabras de su máximo responsable. ¿Quiere esto decir que con esta iniciativa se pretende aumentar la recaudación? En Automovilistas Europeos Asociados aclaran que ellos no valoran intenciones, pero añaden que, “no sabiendo si lo que buscan es recaudar más, ese es el resultado que van a obtener”. Aseguran que el límite de 100 km/h está “muy arraigado en los conductores” y explican que, “si se pretende que los hábitos cambien de la mañana a la noche lo que va a pasar es que se van a disparar las multas”; hacen la siguiente reflexión: “Cuando el destinatario de los nuevos límites no percibe que las razones que se dan para imponerlos son creíbles no los va a respetar, por tanto, lo que se consigue no es más seguridad vial sino más recaudación”. Para Ana Novella, hablar de afán recaudatorio “es lo fácil, porque si atiendes a las normas y a los límites no te van a multar; respétalos y el Estado no recaudará, máxime cuando se publicita dónde están los radares; así de sencillo”. Stop Accidentes considera imprescindible que haya más agentes de la Guardia Civil de Tráfico patrullando las carreteras “porque eso hace que los conductores levanten el pie del acelerador, dejen el móvil, o se pongan el cinturón; es triste pero es así” -dice-, porque esas actitudes al volante siguen repitiéndose “y hay que vigilar, no ya por tu vida sino por la de los demás”.

  ¿Estamos suficientemente sensibilizados con una lacra que deja cada año un reguero de más de mil muertos y varios miles de heridos graves? Dice Mario Arnaldo que la Administración es la principal responsable de que se avance en esa sensibilización, “porque es desde ahí desde donde se debe liderar la lucha”. Ana Novella considera que todavía está muy extendida la idea de que “Eso nunca me va a pasar a mí”, lo que hace que no seamos conscientes de los riesgos que implica ponerse al volante sin pensar y sin respetar las normas: “Nueve de cada diez siniestros se producen como resultado de una mala conducción, y detrás de eso no está el vehículo sino la persona que lo lleva”. Reflexiones, todas ellas, a tener muy en cuenta.

P.S. El Real Decreto 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre. Puede consultarse en http://www.boe.es/eli/es/rd/2018/12/28/1514

Sinhogarismo es, según la Fundéu, un neologismo válido que hace referencia a la condición de la persona sin hogar. “Es un fenómeno complejo que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren, por lo menos 31.000 en España y 400.000 en Europa”, según RAIS, que lleva casi 21 años trabajando para que nadie tenga que vivir en la calle, con la convicción de que se puede conseguir: “Nos encantaría poder acabar mañana mismo con el problema y dejar de existir como organización, pero somos conscientes de que no es tan fácil y nos marcamos como meta lograrlo en 2028”, nos cuenta Gema Castilla, su responsable de Comunicación, que asegura que es posible “si se unen voluntad política, eficiencia económica y compromiso social” como ha sucedido en Finlandia. Para ello es fundamental que el sinhogarismo “esté en el centro de la agenda de los políticos, entre sus prioridades, algo que a día de hoy no sucede”, y pone como ejemplo el Plan Estatal de Vivienda, en el que las personas sin hogar no figuran como colectivo preferente, “cuando la solución pasa por ofrecerles una casa”.

Desde RAIS alertan de que “Es necesario poner en marcha políticas públicas encaminadas a erradicarlo, facilitando soluciones reales y efectivas y no parches como las campañas específicas contra el frío que acaban el 23 de marzo: ¿Qué pasa, que ese día deja de haber gente viviendo en la calle? No, porque el sinhogarismo está ahí en todas las estaciones, año tras año”. Tampoco creen en el actual sistema de atención como solución: “no nos conformamos con gestionar situaciones de exclusión social, apostamos por el desarrollo de metodologías innovadoras y por la evaluación del impacto que nuestro trabajo tiene en la vida de las personas”.

¿Cómo acaba alguien viviendo en la calle?

El sinhogarismo no es una cuestión individual, es un problema estructural: en el hecho de que una persona acabe viviendo en la calle tienen más peso la pobreza, el desempleo, la dificultad de acceso a la vivienda y la discriminación, que las decisiones que toma a lo largo de su vida. Si bien es cierto que cada una tiene su propia historia detrás y que la práctica totalidad responde a un patrón: en un período de entre 5 y 7 años, incluso menos, han sufrido varios episodios traumáticos encadenados; la muerte de uno o varios familiares, la pérdida de los ingresos económicos, un desahucio, problemas de salud mental, una separación de pareja, etc. Eso los aboca a vivir en la calle, y eso algo que se mantiene irremediablemente en el tiempo: los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (que son de 2012, “lo que demuestra lo poco que les importa a las autoridades conocer el problema”) indican que casi la mitad lleva más de 3 años en esa situación, con todo lo que ello supone. “Vivir en la calle mata”, las condiciones de vida de las personas sin hogar hacen que su salud física y mental se vea seriamente deteriorada: la tasa de mortalidad es tres veces más alta que la del resto -más todavía si hablamos de mujeres jóvenes-, tienen 30 años menos de esperanza de vida, el 30% sufre enfermedades muy graves y el 31% ha intentado suicidarse.

Con estas cifras y porcentajes en la mano, RAIS considera urgente desarrollar proyectos que garanticen su salud y apuesta por generar espacios específicos para atenderlos: “si tienes cáncer y necesitas quimioterapia, la recuperación resulta imposible si careces de un hogar; tampoco es asumible recibir cuidados paliativos cuando padeces una dolencia crónica. Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros les ofrecemos viviendas en las que puedan ser tratados, en las que superar la convalecencia de una operación o en las que pasar los últimos meses de vida de una forma digna”, explica Gema Castilla, añadiendo que “no tratan de suplir al sistema sanitario, sino hacer de puente entre él y las personas sin hogar”, una labor en la que echan en falta más implicación de las Administraciones. Y es que para la Fundación “es importantísimo que se garantice el derecho a la salud, también a la salud mental, un capítulo en el que en España todavía queda mucho camino por recorrer”.

Hay que abordar este fenómeno con ánimo de acabar con él

“El sinhogarismo en España se está gestionando pero no se trabaja para que desaparezca; los poderes públicos optan por poner parches o incluso tratan de taparlo, olvidando que la principal diferencia entre una persona que duerme en la calle y una que no lo hace es que esta última tiene un hogar”, por eso en RAIS defienden los albergues como soluciones de emergencia para situaciones que lo son, pero destacan que no pueden eternizarse en el tiempo como una salida “porque no lo son”: y es que, después de tantos años, “ha quedado demostrado que no han servido para erradicar este fenómeno”.

¿Por qué muchas personas sin hogar dicen no a los establecimientos colectivos? Nos explican que tres de cada cuatro plazas en albergues están orientadas a estancias temporales, en la mayor parte de los casos de apenas unos días; que estas personas cuentan con un sitio propio en la calle y que, cuando se vean obligadas a volver, probablemente lo habrán perdido. Destacan que no se les permite llevar todas sus pertenencias, mucho menos las mantas y los cartones que usan para combatir el frío; que no pueden entrar con sus mascotas, esos “amigos” que les ayudan a sobrellevar la parte más dura de la vida al raso: la soledad; que tampoco se les permite dormir en pareja, si la tienen; y que si padecen alguna adicción, derivada en muchas ocasiones de la dura situación que atraviesan, no pueden hacer uso de estos establecimientos; además, los usuarios denuncian que la violencia y los robos se multiplican. “No se les están facilitando las alternativas adecuadas, afirma, porque cuando les ofreces una vivienda -individual o compartida- nunca dicen no”. Lo han comprobado con sus programas Hábitat o Housing Led, en los que el 85% de los participantes mantiene su casa. Housing Led es un programa de casa compartida temporalmente dirigido a gente más autónoma que tiene algunos ingresos, que no ha tenido por qué pasar mucho tiempo en la calle, y que está en el último paso para ser plenamente autosuficiente. Pero de lo que están “especialmente orgullosos” es de haber puesto en marcha Hábitat, basado en la metodología Housing First, que está funcionando en Finlandia y en EE.UU., donde empezó: se les facilita una vivienda individual y apoyo personal en función de sus necesidades -gracias a un equipo que hace de enlace entre los beneficiarios del programa, los servicios sociales y sanitarios, la comunidad- y se implanta con una vocación normalizadora para que creen vínculos allí donde residen y puedan tener una vida más inclusiva. RAIS es la primera organización que lo pone en marcha en España y espera que cunda el ejemplo.

En la Fundación también ponen el acento en que la vida de las personas sin hogar está muy marcada por el paro de larga duración, siendo el empleo una de las herramientas que les puede permitir ser autónomos: “no les garantiza que vayan a salir del sinhogarismo, porque los salarios precarios obligan a muchos a seguir en la calle a pesar de trabajar, pero sí aumenta sus posibilidades de superarlo”. Y esa es otra de sus líneas de actuación: ayudarles a reincorporarse o a entrar en el mercado laboral proporcionándoles la formación necesaria o actualizando la que ya tienen; echándoles una mano en cuestiones tan elementales como elaborar un currículum y enviarlo, facilitándoles una dirección y un teléfono en los que puedan contactar con ellos, etc. Porque, víctimas de la precarización y la pobreza, se han vuelto invisibles, para los suyos y para la propia sociedad. Se quejan en RAIS de que en España siempre ha existido “una visión muy asistencialista y caritativa, cuando el problema va mucho más allá de proporcionarle a las personas sin hogar una manta, un lugar donde dormir unas noches, o de darle un par de euros”, y advierten a los poderes públicos de que mantener a una persona en la calle “es mucho más caro que ofrecerle una vivienda, el doble o incluso el triple en algunas ciudades”. Por eso les exigen “un cambio de perspectiva y que centren los esfuerzos donde deberían hacerlo”.

Luchar contra la aporofobia

El 47% de las personas que vive en la calle ha sido víctima de delitos de odio: insultos, vejaciones, agresiones físicas, violencia sexual, etc., y, en ocasiones, acaban siendo asesinados. Casi 9 de cada 10 agresiones no se denuncian y en casi el 70% de los casos los testigos no hacen nada, “algo que como sociedad debería dolernos”, sentencia Gema Castilla. Relata que no denuncian porque han perdido la confianza en el sistema, porque piensan que su palabra no vale nada y que no los van a creer: “llegan a cosificarse a ellos mismos y a verse como parte del mobiliario urbano” y, en parte, tampoco dan el paso por miedo a que el agresor vuelva para rematarlos. Cuentan en RAIS que la gente los ve como potenciales agresores cuando la mayoría de las veces son las víctimas y piden ahondar en el trabajo de sensibilización de la ciudadanía, recordando que “un porcentaje muy alto de las agresiones las protagonizan jóvenes que están de fiesta”; demandan que se reforme el Código Penal para que se considere la aporofobia (el miedo al pobre y desamparado por el mero hecho de serlo, que degenera en odio) una agravante y así se incrementen las penas. Recuerdan que el Senado dio luz verde hace unos meses por unanimidad a la toma en consideración de una proposición de ley de Unidos Podemos en esa dirección que ahora se tramita en el Congreso, y reclaman además una Ley Integral contra los Delitos de Odio que tenga en cuenta al colectivo de personas sin hogar.

“Es un trabajo de toda la sociedad en el que, por supuesto, hay que incluir a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben transmitir la confianza necesaria a quien vive en la calle para que no dude en acudir a ellos cuando los necesite”. RAIS lidera el Observatorio HATEnto de delitos de odio contra las personas sin hogar y ha creado una oficina virtual para que víctimas y testigos denuncien, para visibilizar el problema. La Fundación pone también énfasis en la importancia del lenguaje que se usa “porque en el imaginario colectivo no figura persona sin hogar sino vagabundo, indigente o mendigo, a pesar de que el porcentaje de mendicidad es muy bajo. Son etiquetas que no solo no describen su realidad sino que los culpabilizan de su situación y les quitan la dignidad que todo el mundo merece”, y llama a hacer fuerza en el lenguaje hablando de sinhogarismo para dejar claro que “es un problema estructural, no individual”.

En RAIS saben que el recorrido que les queda por delante es todavía largo y que ellos solos no pueden recorrerlo, “porque acabar con este fenómeno es un esfuerzo colectivo”; de ahí que, agradeciendo el apoyo de todos los que colaboran con ellos, hagan una llamada a que se les unan cada vez más. Dicen que en 20 años su trabajo ha cambiado porque han ido logrando avances, pero consideran “una muy mala noticia” que dos décadas después haya gente que ha empezado con la Fundación y sigue teniendo vínculos con ella. Una aclaración: a quienes les preguntan si con el estallido de la crisis atienden a más personas sin hogar les responden que “la gente que vive en la calle ya estaba en crisis antes de la crisis”.

P.S. Puedes firmar ahora su petición para conseguir que nadie viva en la calle en www.raisfundacion.org/encerrados, porque por lo menos 31.000 personas viven en España “encerradas en la calle por la indiferencia, la desigualdad y el odio”.

La fotografía es de ©Jordi Vidal, y en ella aparece, la segunda por la izquierda, Macarena, que vivió más de 20 años en la calle, acompañada de una amiga y de dos compañeras de RAIS.

La risa es una de las mejores medicinas, sino la mejor: genera hormonas que contribuyen al bienestar físico, tiene efectos terapéuticos sobre la salud mental, es un analgésico natural, ayuda a la recuperación de los pacientes, en opinión de algunos especialistas fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades…, y ahora se ha constatado que su acción disminuye la sintomatología del estrés postraumático en niños que han vivido un conflicto bélico, no solo ayudándoles a mejorar su estado de ánimo sino también su comportamiento social. Es la conclusión a la que ha llegado la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona tras evaluar el impacto de uno de los proyectos de Payasos Sin Fronteras, una ONG que lleva un cuarto de siglo haciendo reír a pequeños -y también a mayores- que atraviesan situaciones extremadamente difíciles. Nos cuenta su gerente, Carlos Requena, que “queríamos poder dar respuesta científica a una pregunta que hemos estado arrastrando todos estos años, porque había gente que nos decía: Muy bien, vais allí, hacéis reír a la gente un rato, ¿y después qué?”. Dice que ellos siempre han tenido claro que su labor resulta muy útil desde el punto de vista emocional y psicológico: “siempre lo hemos sabido porque hemos vivido situaciones sorprendentes mucho tiempo después de haber estado en un lugar”. Y pone un par de ejemplos: en uno de sus viajes a la antigua Yugoslavia (donde empezó todo) se encontraron con una mujer que guardaba el confeti de uno de los espectáculos que había visto siendo niña; y en la presentación en la sede del FMI de Clowns Without Borders USA, una funcionaria del organismo contó que todos en su familia recordaban -todavía ahora- cada uno de los años durante los cuales Payasos Sin Fronteras había visitado los campos de refugiados de la ex Yugoslavia en los que habían estado: “Que se acuerden de ti dos décadas después, emociona; nos quedamos patitiesos”, confiesa.

Explica que ahora eso que ellos -y quienes los apoyan- ya sabían se ha visto corroborado por expertos, por eso asegura que están viviendo el segundo momento más importante de su historia después de la fundación, porque por fin tienen la evidencia científica con la que seguir luchando pacíficamente por “tratar de conquistar también los corazones de la gente más racional y más fría, que lo mira todo con estudios en la mano”. Esperan que esto les sirva para sumar adeptos a su causa. Dicen que han comprobado que su medicina tiene efectos sobre los niños, pero están convencidos de que sucede lo mismo en el caso de los adultos, “porque las emociones positivas son muy útiles para todos los que viven situaciones de este tipo tengan la edad que tengan; se refleja en sus caras cuando ven reír a los más pequeños y cuando ellos mismos se ríen”. Y es que “los niños son la prioridad, el pretexto -si tú quieres-, porque, con ellos como centro, trabajamos para todos los que están a su alrededor”. De hecho, apuestan por dirigirse a las familias buscando multiplicar el impacto de su labor.

Payasos Sin Fronteras son sus más de mil artistas

Mucha gente pensará que es fácil hacer reír, aunque a mí me parece sumamente difícil, pero ¿diríais que es fácil sacar una sonrisa a quién ha tenido que dejarlo todo atrás por la guerra, a quién ha tenido que huir para salvar la vida o a quién lo ha perdido todo por una catástrofe natural? Pues eso es lo que llevan haciendo los artistas que han formado o forman parte de Payasos Sin Fronteras desde hace ya casi 26 años, alrededor de 250 en la actualidad, más de mil a lo largo de todo este tiempo. Y, pese a lo que pueda parecer desde fuera, la respuesta es que, “no siendo fácil, porque hablamos de situaciones muy duras, resulta muy gratificante; en ocasiones, incluso más que hacer funciones en teatros o salas en España o en cualquier otro país europeo”. Explica Carlos Requena que aquí los niños “son, en general, más distantes y están aburridos con tantas posibilidades de ocio como tienen a su alcance, por lo que cuesta mucho conseguir que se metan en el espectáculo”. Cuenta que el panorama ha cambiado algo en la última década con la crisis, “una crisis que parece que tiene intención de quedarse”, y es que la ONG también tiene proyectos en España, en el ámbito de la exclusión social. “Aun así -asegura- la inmensa mayoría de los chavales sigue teniendo muchísimas más opciones que, por ejemplo, los que viven en la Franja de Gaza, donde la actividad recreativa es inexistente y donde ver un payaso es algo alucinante; lo pasan genial, se vuelven locos y eso es algo maravilloso para los artistas”.

Artistas “de una gran calidad humana -destaca- que están deseando participar en nuestras giras, hasta el punto de que en la oficina tenemos muchos problemas para organizarlo y lograr que todos estén contentos porque, por desgracia, nuestros recursos son limitados”. Son profesionales que colaboran como voluntarios y que no solo no cobran nada por su trabajo sino que además pagan. Desde hace unos años, para compensar la bajada de las ayudas por la crisis, decidieron en asamblea que cada uno pondría, a modo de aportación, el 25% del coste logístico de los proyectos en los que participa; “se dan ellos mismos e incluso contribuyen con dinero para poder seguir realizando el mayor número de viajes posible y llegar así a cuantas más personas mejor”.

“Hay que saber gestionar la energía”

Afirman en Payasos Sin Fronteras que los niños y los adultos que atraviesan situaciones tan críticas como las que han visto en la ONG valoran enormemente que los tengan presentes, que haya quien se acuerde de ellos y se desplace hasta donde están para regalarles un espectáculo con el que hacerles reír. Cuenta el gerente que los artistas van con las pilas cargadas a tope, porque lo que hacen es “traspasar esa energía positiva que ellos tienen a quienes ven la función”. Explica que, precisamente por eso, no pueden permanecer demasiado tiempo en la zona, expuestos a situaciones tan crueles, “porque se quedarían sin esa energía, el contexto se los comería y no serían capaces de hacer reír”. Estar poco tiempo allí -dice- les permite volcarse y dar todo lo que tienen dentro; “cuando la energía empieza a consumirse es el momento de volver a España”. Y regresan “muy tocados por lo que han visto; eso sí, nada comparable con lo que viven los expatriados de las organizaciones no gubernamentales”.

Muchas veces les han preguntado porqué no forman a gente local como artistas, para que sigan realizando su labor cuando ellos se van, y la respuesta que dan está relacionada con todo lo anterior: “sería imposible, porque al vivir un día a día tan tremendamente duro carecen de la energía positiva necesaria para darle al público lo que espera o lo que necesita, que son funciones frescas y alegres”.

Gracias a l@s soci@s y colaborador@s

Carlos Requena tiene claro que si han llegado hasta aquí -además de por el compromiso de los artistas- es gracias a todas esas personas que los han apoyado y los siguen apoyando de forma prácticamente incondicional. Reconoce que también ellos han notado los efectos de la crisis -ya lo apuntábamos antes- pero destaca que, a pesar de todo, han mantenido gran parte de los socios y donantes, y se lo agradece “de corazón”; también a los que se han visto obligados a priorizar y han tenido que retirarles su aportación “aunque no su apoyo, un respaldo que seguimos notando”, asegura.

Los socios son un pilar fundamental, pero también reciben aportaciones de empresas, de entidades, y de Administraciones Públicas, y sostiene que el no depender de una única fuente de financiación les ha permitido -y les permite- mitigar el golpe de la crisis. Se queja de que los poderes públicos “desaparecieron del mapa durante varios años” y cree que “algunos no volverán a aparecer en escena”. En este sentido, valora la implicación del Ayuntamiento de Barcelona, “el que se ha mantenido más fiel”, y dice que “del resto no se salva nadie”. A la espera de ver lo que pasa con el actual Gobierno, critica sobre todo al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero también a la Generalitat de Catalunya, si bien admite que “parece que últimamente se está despertando”. Entiende que ahora las prioridades son otras, pero afirma que “se debe seguir apostando por la cooperación y por la ayuda humanitaria: porque es de justicia, y porque es imprescindible tanto para evitar crisis como la migratoria que estamos viviendo como para garantizar la estabilidad a nivel internacional”.

Cómo empezó todo y dónde están

Están a punto de cumplir 26 años -“que se dice pronto”- y no se cansan de repetir que todo empezó en plena Guerra de los Balcanes, gracias a los chavales de un colegio de Sarriá (Barcelona) que, junto con otras escuelas de distintos países -una de ellas de Croacia-, pensaron que a través de la risa podían ayudar a los niños que estaban siendo azotados por el conflicto y se les ocurrió trasladarle la propuesta a Tortell Poltrona, un conocido payaso muy vinculado con el barrio que recogió el guante sin pensarlo dos veces: “ni corto ni perezoso, se lanzó a intentar hacer realidad esa expedición”. Así fue cómo surgió la primera gira y, al poco tiempo, Payasos Sin Fronteras.

Son muchos los proyectos que tienen, centrados en Oriente Próximo, donde trabajan con los refugiados de Siria e Irak en Líbano, el norte de Jordania y el Kurdistán iraquí; siguen trabajando en América, sobre todo en Colombia con los desplazados internos; en África: en Etiopía, que acoge a muchos refugiados de países vecinos en guerra como Sudán, Eritrea o Somalia, y en Costa de Marfil, Burkina Faso o Angola; y en Ucrania, con los desplazados por el conflicto del Donbass. Prestan también su ayuda en España, como consecuencia de las secuelas de una situación de empobrecimiento progresivo que parece no tener fin, fundamentalmente en Barcelona y Madrid, “porque pensamos que la crisis no ha terminado, ni mucho menos”. Aclara Carlos Requena que trabajan allí donde pueden pero que, como no tienen recursos infinitos, deben priorizar y priorizan en los países que acogen un mayor número de refugiados.

Hoy en día hay organizaciones hermanas de Payasos Sin Fronteras en EE.UU, Canadá, Sudáfrica, Suecia, etc., y cada una de ellas viaja a distintas zonas, cubriendo así casi todos los lugares con mayor población refugiada y con más desplazados internos a causa de conflictos armados o catástrofes naturales. No se quejan, pero saben que con más capacidad económica podrían hacer más giras y llegar a más niños y niñas y a más familias allí donde ya están; por eso aprovechan las fechas en las que nos encontramos para hacerles su petición a SS.MM los Reyes Magos de Oriente: “Que podamos aumentar nuestra presencia en los países en los que ya tenemos proyectos, para redoblar así el alcance de nuestro impacto”. ¡Ojalá lo consigan!

P. S. La fotografía que ilustra el post es de ©Kim Manresa PSF

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país; todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de opinión y de expresión; todos tenemos derecho a la educación y al trabajo, y a un nivel de vida adecuado que nos asegure la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria…Siempre sin distinción de raza, color, sexo, idioma, origen -nacional o social-, posición económica o lugar de nacimiento. Es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acaba de cumplir 70 años y que hoy no saldría adelante. No lo digo yo, que también, sino Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España (AI), convencido de que no habría consenso para sacar adelante un texto como ese porque, además de entrar en juego más países -la Declaración la firmaron medio centenar-, “hay Gobiernos que no creen que los Derechos Humanos sean fundamentales, que los niegan y los violan a diario desde su misma esencia”. Y pone ejemplos: la Administración Trump no cree que todos los seres humanos seamos iguales, la de Rodrigo Duterte en Filipinas tampoco, igual que la de Vladimir Putin en Rusia o la de Viktor Orbán en Hungría, no digamos China, donde se viene practicando una dura represión desde hace décadas.“Lo cierto es que cada vez hay menos Gobiernos que defiendan los Derechos Humanos como política, por eso cada vez es más difícil llegar a acuerdos sobre migración, sobre refugiados, sobre cambio climático… Y precisamente lo que necesitamos son Gobiernos que defiendan sin complejos la igualdad, la libertad y la dignidad, que es lo que defiende, en general, la mayor parte de la sociedad civil”; no obstante, que muchos de los Derechos Humanos se pisoteen a diario -dice- no resta trascendencia a lo conseguido siete décadas atrás.

Cuando algo empieza ya no hay marcha atrás

  La esencia de los Derechos Humanos es, para Esteban Beltrán, el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como reza el artículo 1 de su Declaración. “Que nadie es mejor o peor porque tenga un determinado sexo, piense diferente o haya nacido en este o en aquel país”. Considera que eso fue lo revolucionario hace 70 años y lo que marcó un cambio muy importante en la historia de la humanidad. Recuerda que, no siendo vinculante, impulsó todo un corpus legal que ha supuesto grandes avances: 156 países han firmado la Convención contra la Tortura, 142 han abolido la pena de muerte, ha hecho que los códigos penales cambien, ha permitido que numerosos criminales hayan comparecido y comparezcan ante tribunales nacionales e internacionales y que mucha gente haya podido y pueda reclamar sus derechos ante esas mismas cortes (Tribunal Penal Internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos); y, por otra parte, ha contribuido a que surjan un gran número de organismos de defensa de los Derechos Humanos, “que han dejado de ser argumentos morales para convertirse en materia de obligado cumplimiento, y cuando un movimiento así comienza no hay marcha atrás, por eso lo importante es empezar”. De nuevo un ejemplo: el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado en 2013 por apenas un grupo de países y que ya han rubricado 130. “Por supuesto que hay cosas que celebrar, lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer”, afirma, destacando especialmente la necesidad de responder a una parte muy importante de la población a la que se le ha fallado durante todos estos años: las mujeres.

¿Por dónde empezar? Porque “la situación es muy grave”

  Explica el director de AI España que “lamentablemente, hay que empezar por mantener lo que tenemos y no dejar que nos arrebaten el principio de que todos nacemos libres e iguales. No podemos permitir que las políticas de odio al otro (a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales…) impulsen una agenda que niega la igualdad”. Dice el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, que estamos en una situación parecida al auge del fascismo en la década de los 30 del siglo pasado, que culminó en el Holocausto y acabó teniendo como respuesta esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Esteban Beltrán le da la razón: “es muy grave, porque por primera vez hay Gobiernos democráticamente elegidos que niegan los derechos a las mujeres, demonizan a los inmigrantes y a los refugiados tratándolos como delincuentes, etc., y a eso hay que sumarle una desigualdad flagrante -como en la década de 1930- fruto de una crisis económica brutal que ha hecho que el derecho a una educación elemental gratuita esté en riesgo o esté siendo violado, así como que el acceso a una vivienda sea un problema grave incluso en países como España”.

  Con este nivel de desigualdad y la proliferación de los discursos del odio, dice, uno no puede evitar recordar al ministro de Propaganda del nazismo -Joseph Goebbels- refiriéndose a judíos o bolcheviques como “infrahumanos”; tampoco la advertencia de uno dos los escritores por excelencia de la época, el austríaco Stefan Zweig -judío-, llamando a tener cuidado porque, a principios de esa década, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir. Afirma, eso sí, que “no estamos hablando de miedo, sino de una batalla de ideas en la que hay que reivindicar lo que hace ya siete décadas se vio como imprescindible (igualdad, libertad y dignidad), pero en la que sobre todo hay que convencer a la gente para que se una y recordarles a esos votantes que en un determinado momento apoyan a partidos que cuestionan los Derechos Humanos que los países en los que se respetan son los que tienen mayor estabilidad social”. Y está convencido de que perderán los que enarbolan la bandera del odio y la división, porque “somos muchos más los que queremos un mundo libre, justo y estable…, y estamos dispuestos a luchar para lograrlo, incluso sabiendo que puede costarnos la vida”.

Los defensores de los Derechos Humanos, más necesarios que nunca.

  Asegura el máximo responsable de AI España que “los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de los Gobiernos y, precisamente porque lamentablemente, en la actualidad, de esa defensa se ocupa más la sociedad civil que las autoridades, los activistas están más en riesgo que nunca, justo cuando son más necesarios que nunca”. (La organización Front Line Defenders contabilizó por lo menos 312 muertos el año pasado). Cuenta Beltrán que son “los ojos y las manos de la población”, porque son los testigos sobre el terreno y los que pelean por conseguir justicia, asegura que “son la confianza y los que se enfrentan al Ejecutivo o a la multinacional” de turno, y explica que están sometidos a un continuo hostigamiento (son víctimas de persecución, secuestros, asesinatos…) porque resultan incómodos, ya que son ellos los que hacen llegar la voz de la sociedad civil de un determinado país a todo el mundo. Amnistía lo ha vivido en múltiples ocasiones en carne propia, en los dos últimos años con la detención, tras ser acusados de terrorismo, del presidente y la directora de la oenegé en Turquía, con investigadores torturados en Ingushetia y en los Territorios Palestinos Ocupados, con las cuentas de su oficina en la India intervenidas por las autoridades, etc.

  Amnistía Internacional exige máxima protección para los activistas, al igual que los expertos de la ONU que han firmado un documento en el que reclaman a todos los Estados que les garanticen que puedan realizar su labor sin abusos, violencia o restricciones: avisan de que no pueden protegerse los Derechos Humanos sin esas voces valientes. En general, en AI se sienten apoyados por la ciudadanía y ponen el acento en que la tendencia mundial es que la gente se organiza, no se resigna y reclama sus derechos, por lo que el tejido social que lucha por los Derechos Humanos es cada vez mayor, dependiendo, claro está, del nivel de represión (ahí están casos como los de Corea del Norte y Arabia Saudí). Ellos, como organización, aseguran que están contentos de ser una herramienta al servicio de la gente para defender esos derechos, de estar presentes en buena parte del mundo, de ser una oenegé incómoda que dice verdades incómodas gracias a una “feroz independencia”, a no contar con ningún tipo de subvención.

España también necesita mejorar

  España y su Gobierno tienen temas pendientes, nos dice Esteban Beltrán. Cuestiones relacionadas con el pasado, entre las que menciona lo sucedido durante la Guerra Civil y el Franquismo, “algo importante para el futuro”, o los abusos policiales en Euskadi, que vienen denunciando desde hace años. Temas relacionados con políticas sociales, con la salud y la vivienda a la cabeza: “con listas de espera interminables, copago farmacéutico -que lleva a que algunos pensionistas deban elegir entre tomar su medicación o comer- y, por supuesto, con el grave problema de los desahucios”. Asuntos relativos a las políticas migratorias, con Pedro Sánchez “actuando como Jekyll & Hyde”: abriendo primero los brazos a los rescatados por el Aquarius y tardando luego más de 10 días en responder a un pesquero español que había socorrido a un grupo de migrantes en problemas en alta mar, o realizando “devoluciones ilegales de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, que pueden enfrentarse a torturas en Marruecos”. Y también es importante tener presente otros retos como el de la libertad de expresión, que existe pero con una tendencia negativa -dice- con la llamada Ley Mordaza, que la limita y que ha hecho que en los últimos 3 años se hayan impuesto 80 multas diarias por expresarse de forma pacífica, con normas decimonónicas que hablan de injurias a la Corona o de ofensas a los sentimientos religiosos…

  Concluye Esteban Beltrán que “hay margen de mejora”, critica “los incumplimientos por parte del actual Ejecutivo”, pero pone en valor que “se han creado expectativas” y añade un “esperemos que se cumplan”. Recuerda que “la sociedad española es de las que presionan a las autoridades para que respeten los Derechos Humanos”, y anima a seguir haciéndolo -con más fuerza si cabe- destacando que eso “puede marcar la diferencia”.

Hace un par de semanas Alicia, vecina del madrileño barrio de Chamberí, se tiraba por la ventana justo a la llegada de la comitiva judicial que iba a desahuciarla por no poder pagar el alquiler de su vivienda; esta sería la segunda vez. Tenía 65 años y vivía sola. Cinco meses antes, en junio, Jordi había hecho lo mismo en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat. Era electricista de profesión pero -desde que empezó la crisis- hacía todo tipo de chapuzas; tenía 45 años, estaba casado y el matrimonio tampoco podía afrontar el pago del alquiler. El Ayuntamiento había emitido varios informes sobre la situación de vulnerabilidad de la pareja. Son los últimos pero ni mucho menos los únicos crímenes de un sistema al que solo le preocupa contar billetes, no la vida de las personas. Es lo que llevan años repitiendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que “no son suicidios, son asesinatos”, como nos dice Marga Rivas, una de sus activistas, que recuerda cuánt@s compañer@s han quedado por el camino, y se queja de que eso no importe a los poderes públicos, “que no han hecho nada por intentar cambiar esta dramática realidad, cuando se trata de una cuestión de voluntad política, de mirar por las personas en lugar de mirar para otro lado”.

Un proceso altamente traumático

“La inmensa mayoría de la gente no deja de pagar su casa un buen día porque sí, porque lo decide y punto, sino porque no puede seguir asumiendo ese gasto, porque es eso o comer”, afirma Marga contundente. Es mucha la tensión y el estrés que acumulan esas personas antes y después de tomar la decisión, que se multiplican cuando pende sobre ellas la amenaza de un desalojo forzoso. Como psicóloga lo sabe bien: “es un proceso largo, mantenido en el tiempo, durante el cual se agolpan sentimientos de culpa, de fracaso, de vergüenza, de impotencia, etc, en cuyo transcurso tu salud (física y mental) se va deteriorando, y en el que muchas veces se rompen las relaciones familiares y de amistad, lo que te deja en una situación de vulnerabilidad e inseguridad que lo llena todo. Y a eso hay que añadirle el hecho de que, las más de las veces, te ves solo, sin nadie que te acompañe (a la Plataforma solo llegan el 10% de los casos). Sumándolo todo, es una bomba; por eso hay quien el día del desahucio, uno de los más terribles de su vida, no puede soportarlo más y decide poner fin a una situación altamente traumática”. Y nos explica que no son únicamente los suicidios, que hay también muchas muertes por infarto como consecuencia de la presión a la que se ven sometidos.

Los activistas de la PAH defienden que las familias que pasan por una situación tan dura deberían recibir ayuda psicológica continuada, algo que “en la mayoría de los casos no sucede”. Ell@s sí que la ofrecen (la consideran imprescindible), y no solo a los adultos, porque l@s niñ@s y l@s adolescentes se dan cuenta de lo que pasa y también sufren esa presión, como demuestran estudios como el que han realizado. En “Te quedarás en la oscuridad” se ponen de manifiesto la tristeza y los miedos de los más pequeños de la casa a quedarse en la calle, a que sus padres se separen, a perder sus amigos, a ser excluidos, a que se rían de ellos en el colegio, etc; y se reflejan situaciones como las que suceden en escuelas o institutos que, en lugar de ser un espacio de acogida, se convierten en un entorno hostil. Dicen los expertos que es importante trasladarles cuanto antes la gravedad de la situación para que vayan asimilándola y compartan sus sensaciones.

Más de 700.000 lanzamientos en una década

Los datos oficiales indican que desde 2009 son más de 700.000 los desalojos forzosos que se han llevado a cabo, y eso sin contabilizar los llamados desahucios invisibles o silenciosos: los que se producen en viviendas ocupadas por familias a las que han echado de sus casas sin ofrecerles alternativa habitacional, familias que -por necesidad- se ven obligadas a ocupar pisos vacíos; y los casos de no renovación de contrato. En los primeros nueve meses de este 2018 -según el Consejo General del Poder Judicial-, se han producido 44.606 lanzamientos, por lo que el año podría acabar en cifras próximas a las de los peores de la crisis; prácticamente dos de cada tres han sido por impago del alquiler. ¿Por qué se han multiplicado este tipo de desalojos? Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nos cuentan que una de las explicaciones está en el boom del precio de los alquileres, que en los últimos cuatro años ha subido un 43% en ciudades como Barcelona y Mallorca, casi un 40% en Madrid y Valencia o más de un 25% en Las Palmas de Gran Canaria. “Si a eso le sumas los sueldos miserables que cobra parte de la población, pagar el alquiler se vuelve misión imposible”, nos dice Marga Rivas. Están además las viviendas -a veces edificios enteros- con las que se quedan los bancos porque sus dueños no han podido pagarlas, que alquilan a inquilinos y finalmente acaban vendiendo a fondos buitre: estamos ante empresas que incrementan espectacularmente el precio para echar a quienes viven en ellas porque la rentabilidad es muy superior si las utilizan como pisos turísticos, alquilándolas por semanas o por días. Y no solo las entidades financieras venden a fondos buitre: recuerda esta activista el “gravísimo caso” de la venta de 5.000 viviendas sociales en alquiler por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en 2012 y 2013, que se dirime actualmente en los juzgados.

Los lanzamientos por impago de hipoteca se han reducido de forma notable en buena medida porque hay miles de procedimientos de ejecución hipotecaria cuya tramitación está en suspenso en los tribunales españoles a la espera de que se pronuncie, por enésima vez, la justicia europea, algo que se espera para lo que queda de año o principios del próximo. En septiembre, la Abogacía General de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la UE sigue su criterio en un 80% de los casos) rechazaba el hecho de que pueda ejecutarse una hipoteca por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado, porque es contrario a la directiva comunitaria que protege al consumidor. Desde la PAH alertaban de que esos miles de casos parados podrían reactivarse con la Ley de Crédito Inmobiliario, “impulsada en su día por el banquero Luis de Guindos y a la que el PSOE ha dado continuidad en lugar de elaborar una norma progresista”, pero antes de aprobarse hoy mismo en la Comisión de Economía del Congreso los grupos parlamentarios acordaron que no afectará a los procedimientos judiciales en marcha. Eso sí, la mayoría de los grupos presentes en la ponencia que ha estado trabajando en ella rechazó la dación en pago como forma habitual de resolver los casos de incapacidad de pago sobrevenida, rechazó limitar la responsabilidad patrimonial al importe del bien hipotecado y también otras medidas de protección de los deudores hipotecarios propuestas por la Plataforma, “por lo que las familias seguirán siendo echadas de sus casas y teniendo deudas de por vida”.

Todo -denuncian- como consecuencia de la especulación con un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada: “en España, la vivienda se considera un mero bien de consumo, y eso pese a que tribunales y organismos internacionales llevan años dándonos la razón”.

Naciones Unidas, con la PAH

Viendo que los ciudadanos están desamparados ante la propia justicia española a la hora de defender su derecho a la vivienda, la PAH ha recurrido a la ONU, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en julio de 2017, condenó al Estado por no garantizar una alternativa habitacional a una familia con dos niños pequeños que estuvo diez días durmiendo en un coche tras ser desahuciada. Actualmente está analizando varias docenas de casos más y el pasado mes de agosto le solicitó al Ejecutivo que tomara medidas cautelares en dieciocho, paralizando los lanzamientos. Naciones Unidas asume lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que cumplía ayer 70 años, y que -como la Carta Magna española- reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada; muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra ese derecho en nuestro país, sobre todo en el caso de colectivos en riesgo de exclusión social; traslada su inquietud por la falta de un marco normativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para los afectados por desahucios, y lamenta el insuficiente parque de vivienda social, que no llega al 2% frente al 17%-18% de Francia o Alemania. El Comité de la ONU recomienda a España adoptar un protocolo de actuación que asegure una coordinación entre los tribunales y los Servicios Sociales, así como entre los propios Servicios Sociales, “algo que casi nunca sucede -se queja Marga Rivas-, no se cruzan datos y los jueces ni tan siquiera se preocupan por saber si en una casa que se va a desalojar viven niños o personas dependientes”. Cuenta que Euskadi es una de las pocas Comunidades -sino la única- en la que eso sí se hace.

Tras el suicidio de Alicia hace un par de semanas, el Gobierno anunció que va a fomentar esa coordinación con los Servicios Sociales, con la idea de que no pueda llevarse a cabo un lanzamiento hasta que estos intervengan; avanzó además otras medidas como una reforma fiscal para estimular la oferta de vivienda en alquiler y conseguir que se moderen los precios. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca destacan que en 2013 consiguieron llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 1,5 millones de firmas para intentar cambiar la situación, pero recuerdan que finalmente la retiraron porque estaba quedando desvirtuada. Acudieron entonces a los Parlamentos autonómicos, con escaso éxito excepto en el caso del vasco. Este año llegaba a la Cámara Baja su propuesta de Ley Vivienda, y denuncian el “bloqueo fraudulento que está sufriendo por parte del PP y de Ciudadanos, con la prórroga sistemática del plazo de presentación de enmiendas”; en ella defienden cuestiones básicas como la dación en pago retroactiva, la condonación de la deuda, los alquileres a precios asequibles, combatir la pobreza energética o aumentar el parque de vivienda pública. Ponen el acento en que los últimos datos del INE contabilizan casi 3,5 millones de pisos vacíos, el 14% del total, “que están a la espera de la especulación cuando deberían estar a disposición de los ciudadanos que los necesitan”; buena parte de ellos son propiedad de los bancos, por eso piden que se les obligue a cederlos a las Administraciones para que los utilicen como vivienda social o que se les sancione por tenerlos sin uso.

“Seguiremos luchando hasta que haga falta”

Marga Rivas nos cuenta que en la PAH siempre pensaron que, en cuanto se aprobase una nueva normativa de vivienda que protegiese a los consumidores, dejarían de existir. Pero, viendo la Ley de Crédito Inmobiliario que ha salido adelante este martes en comisión para ser votada en unos días en el pleno del Congreso y entrar en vigor a comienzos del año que viene, son pesimistas: creen que van a tener que existir de por vida. Destacan que en una década han parado unos 3.000 desahucios y han realojado a miles de familias, “haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones”, y su conclusión es clara: “si no existiese la Plataforma habría que inventarla, porque las familias empezamos a respirar cuando llegamos a ella, pues allí encontramos el apoyo que nos niegan los poderes públicos”.

Marga se vio obligada a dejar de pagar la hipoteca al quebrar la empresa que tenía su marido como consecuencia de los impagos de los clientes. Perdió la casa pero sigue viviendo en ella con un alquiler social que peleó junto a sus compañ@s de la PAH. Ahora lucha para que ese alquiler sea vitalicio, y sigue y seguirá batallando para ayudar a los que atraviesan situaciones como la suya o peores, dejando una cosa clara: que “si nuestros contratos no hubiesen tenido cláusulas que finalmente los tribunales europeos obligaron a anular por abusivas, la mayoría de nosotros hubiésemos podido seguir pagando”. Hablan en la Plataforma de “estafa hipotecaria” y avisan de que la Ley de Crédito Inmobiliario la va a perpetuar. Por eso en su asamblea estatal del pasado fin de semana acordaron preparar grandes movilizaciones en todo el país para reivindicar el Derecho a la Vivienda; llaman a los movimientos sociales y al conjunto de la ciudadanía a unirse “contra el blanqueo de cláusulas abusivas y contra los intereses especulativos del capital a los que están sometidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. Inciden, además, en que los perjudicados son siempre los mismos: la parte más debilitada de la población.

  “Tengo 41 años y sé lo que quiero. Soy independiente para hacer las cosas, no necesito que nadie me lleve de la mano”. Lo afirma con determinación Mónica Pastoriza, que trabaja desde los 18 años y tiene claro cómo llevar su vida. Como yo y como muchos otros no entiende que, en pleno siglo XXI, sea posible que una comunidad de vecinos pretendiese exigir autorización paterna para que una vecina de 16 años con Síndrome de Down -como ella- pudiese utilizar el ascensor o la piscina, un caso sucedido en Boadilla del Monte en el que acabaron por dar marcha atrás. Su respuesta al preguntarle no deja lugar a dudas: “me gusta nadar y, si quiero ir a la piscina, voy” -dice- “además uso el ascensor hace muchos años, porque no soy una niña pequeña. Y no solo eso, hago mil cosas a la vez”. Su madre, Elvira Blanco, entre la tristeza y la indignación, está convencida de que esto pasa porque hay gente que no se molesta en conocer a los demás: “cualquiera de nosotros podemos llegar a tener alguna discapacidad, también los que actúan así, por eso no entiendo porqué no nos respetamos todos un poco más y porqué lo ponemos todo tan difícil cuando es tan fácil como convivir: vive y deja vivir”. Es lo que piensa una mujer a la que su hija describe como una luchadora que ha sacado adelante a la familia y gracias a la que ella ha aprendido a luchar. Es madre de dos chicas -Noelia no tiene Síndrome de Down-, y sabe que nadie deja solo en una piscina o en un ascensor a quien no es suficientemente responsable “ni se te ocurre hacerlo con un niño pequeño, por ejemplo”, de ahí que no entienda este tipo de discriminaciones “que solo se explican porque hay quien prejuzga sin tener ni idea”. Y sumamos otra voz, la de Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, que siente pena e indignación al saber que todavía hay quien se plantea cuestiones como esta: “ha pasado suficiente tiempo como para que, por lo menos, la realidad se perciba de un modo distinto a como la refleja el caso de Boadilla. Hemos derribado muchas barreras, pero ante situaciones así te das cuenta de que quedan muchas otras por derribar”.

Mucho camino por recorrer

  Delmiro explica que cuando hablamos de eliminación de barreras parece que siempre nos centramos en las físicas “cuando hay otras bastante más difíciles de eliminar, que son las que tenemos interiorizadas y nos llevan a estigmatizar a determinadas personas contraviniendo su realidad e incluso sus derechos fundamentales”. ¿Cómo se acaba con ellas? Él está convencido de que en la educación está la clave para que desaparezcan actitudes incomprensibles. “Hay que seguir avanzando en ese campo y vamos a hacerlo, porque para recorrer el camino lo primero es empezarlo y nosotros lo empezamos hace tiempo y nos ha costado mucho llegar hasta aquí”. Comparte su visión Elvira Blanco, para quien profesores y familias tienen que enseñar y educar en igualdad: “aunque una persona tenga una discapacidad tiene, a buen seguro, otras capacidades, y todos somos diferentes pero somos individuos y es como tal como deben valorarnos”. Recuerda que ella tuvo que abrirle muchas puertas a Mónica y se queja de que siga habiendo muchas cerradas: “me parece muy triste, dice, que desde que nació haya tenido y tenga que luchar cinco o seis veces más que su hermana para conseguir aquello a lo que tiene el mismo derecho”, y lo pone en el debe de las Administraciones: “si miro cuatro décadas atrás, casi podría decir que los poderes públicos hoy en día están suficientemente implicados, pero tengo que mirar hacia delante y debo decir que se puede hacer más, porque no sabemos a dónde llegarán nuestros hijos si se les dan las herramientas necesarias”. Se niega a conformarse, como Delmiro Prieto, que llama a ser ambiciosos y reclamar cada vez más, aunque la valoración sea, para él, “razonablemente positiva”. Elvira explica que hace 41 años eran inimaginables muchos de los pasos que se han dado, y añade que “no sabemos qué puede pasar en otros 41, por eso es imprescindible abrir puertas para que puedan darse otros tantos, y deben abrirlas las Administraciones”. Cuenta que es agotador batallar a diario por algo que te pertenece, como tener más oportunidades laborales o que exista una inclusión real en todas las facetas de la vida, empezando por la educación.

Inclusión real

  El artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la ONU en 2006, dice que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, en el que ellas cuenten con el apoyo necesario para facilitar su formación efectiva. Eso es lo que marca Naciones Unidas pero Delmiro Prieto y Elvira Blanco coinciden en que en España no existe: “nadie puede ser marginado o excluido por ser diferente, todos debemos de tener una respuesta por parte de los poderes públicos y, por lo tanto, la educación pública tiene que estar en condiciones de responder a toda su población en los términos adecuados; a toda”, afirma el presidente de Down Galicia, que añade rotundo que “cuando eso se produzca, podremos hablar de educación inclusiva, algo que ahora no se está dando”. Admite avances en integración, pero no la inclusión que él defiende a capa y espada. Lo mismo defiende Elvira, sin renegar de la educación especial en según qué casos, destacando que fue la que tuvo su hija “porque era la que había cuando la escolaricé” y que a ella le fue bien.

  Este es uno de los capítulos en los que consideran necesaria una mayor implicación de las Administraciones; otro es el laboral: los sindicatos demandan más ofertas públicas de empleo para personas con capacidades diferentes o que el porcentaje de plazas reservadas para ellos se aproxime a la realidad, y el propio Delmiro pone el acento en que en Galicia no fue hasta el año pasado cuando se celebró el primer concurso-oposición en la historia de la Xunta reservado a personas con discapacidad intelectual. Destaca, sin embargo, el papel de la iniciativa privada para impulsar la inserción laboral, afirmando que fue “una grata sorpresa en su día”. Aún así, las estadísticas señalan que solo el 15% de los que pueden trabajar lo hacen y que, de ellos, solo el 5% lo hace en entornos inclusivos. Unos y otros reconocen que en eso también influye la sobreprotección familiar y ponen en valor el trabajo del movimiento asociativo (lo consideran fundamental), tanto a la hora de ayudar a los progenitores a ir superando esos miedos como a la de animar a los chavales a reivindicar ante ellos su independencia. “A veces los padres no les dejamos que hagan todo lo que son capaces de hacer y podemos, en cierto modo, contribuir a que los demás los vean con un mayor grado de discapacidad del que tienen”, admite Elvira, que aclara que tratarlos como niños pequeños “es lo peor que podemos hacer”. Lo corrobora la propia Mónica afirmando que está “muy orgullosa” de todo lo que ha logrado. Cuenta que ha sufrido discriminación y aprovecha para decirles a aquellos que parecen no querer entenderlo que “somos personas como las demás, cada una con nuestro carácter y nuestras cosas, orgullosas de ser nosotras mismas porque podemos hacer mucho si nos dejan”. Y lo demuestran cada día, con el apoyo de familias y asociaciones, porque la unión hace la fuerza: hace tiempo que salieron del anonimato para hacerse visibles y han logrado dar la vuelta a conceptos trasnochados, aunque aún haya quien se resista a darse por enterado de que los estereotipos son eso, imágenes o ideas que, las más de las veces, distan mucho de la realidad.

P.S. Los tres aplauden que, por fin, las Cortes hayan aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que 100.000 personas con discapacidad intelectual, incapacitadas legalmente, puedan votar (Mónica ejerce su derecho al voto desde que es mayor de edad). Desde Down Galicia, como desde todas asociaciones, defienden que se arbitren mecanismos parciales de protección, rechazando la incapacitación por decreto, que es lo que en muchas ocasiones se hace, “algo injusto porque todos podemos ser útiles en la medida en que no todos servimos para todo”, asegura su presidente.

Los grandes indicadores han dado por cerrada la crisis en España, pero esa mejora no ha llegado a toda la población: más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social (26,6% del total), según el indicador europeo Arope, que incluye hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta media (8.500 euros anuales si hablamos de una persona), con carencia severa de bienes (no pueden calentar su casa, afrontar gastos imprevistos…) y con muy baja intensidad laboral. Arope, Cáritas o Cruz Roja apuntan que entre 3 y 4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa y esa es una realidad que conocen bien los Bancos de Alimentos, de hecho la Federación que los agrupa (FESBAL) tiene muy presentes estos datos, como nos ha demostrado su director de Comunicación, Ángel Franco.

  Hay 55 de estas organizaciones repartidas por todo el país, que el año pasado distribuyeron comida para 1,5 millones de personas, cifra que siguen manejando en este 2018, “lo que demuestra que la crisis no ha pasado”. Nos explica Ángel Franco que una parte de la población ha quedado al margen de esa recuperación, excluida de ella: hablamos de familias con todos o algunos de sus miembros en paro, de familias monoparentales con una mujer al frente, de viudas y jubilados con prestaciones mínimas, de inmigrantes e incluso de “trabajadores pobres” -quienes pese a tener un empleo éste es tan precario que no les permite salir adelante-. “Ellos tienen que seguir recurriendo a las ayudas”, y es ahí donde cobran gran importancia los Bancos de Alimentos (el primero se creó hace 32 años en Barcelona) que, en 2017, distribuyeron casi 152 millones de kilos de comida a través de las más de 8.000 entidades con las que colaboran: oenegés, comedores sociales y parroquias de distinto credo. “No llegamos al cien por cien, pero hacemos todo lo que podemos para intentar paliar -en la medida de lo posible- la difícil situación que atraviesan decenas de miles de familias, aportando nuestro granito de arena”. Tres décadas después, con intensos cambios económicos y sociales, los grupos de riesgo no han variado: niños, mayores y mujeres (en este caso, también inmigrantes). Y eso en una época en la que las aulas están copadas por mujeres, ellas son las que tienen mejores expedientes…Es el resultado de una brecha cuya consecuencia es la precarización de quien se ha de hacer responsable (a todos los niveles, no solo económico) del equilibrio familiar.

Una gran empresa con el 96% del personal voluntario

  Funcionan como una gran compañía, que tendría unos 3.200 trabajadores, en la medida que necesitan organizarse y repartirse tareas, teniendo muy claro qué debe hacer cada uno (solo en Madrid se mueven 80.000 kilos de alimentos a diario). Sin embargo en el capítulo de tesorería, no tienen nada que ver con el mundo empresarial. Lo destinado a salarios es mínimo porque el personal contratado representa apenas el 4%; el resto del personal son, en su inmensa mayoría, jubilados o prejubilados “que aportan sin pedir nada a cambio su tiempo, sus conocimientos, su bagaje profesional y personal y, sobre todo, su entusiasmo”, nos dice Ángel Franco; como él mismo, periodista jubilado. También es mínimo lo que pagan por las instalaciones (almacenes y locales), muchos de ellos cedidos por las Administraciones Públicas, que además subvencionan parte de los gastos administrativos y de funcionamiento. Cuentan con empresas que les hacen llegar ordenadores cuando cambian los suyos, que les donan furgonetas, incluso tienen convenios con constructoras que les realizan reformas y/o ampliaciones, con la banca…

  “Es la responsabilidad social corporativa, hacen un esfuerzo que para ellos también tiene una importante repercusión social. Su colaboración, como la de productores o grandes superficies y, sobre todo, el impagable trabajo de nuestros voluntarios, es lo que nos permite maximizar cada euro que recibimos en comida”.

De dónde proceden los alimentos que distribuyen

  El director de Comunicación de los Bancos de Alimentos nos explica que casi un tercio de la comida que reparten por todo el país les llega de las instituciones europeas y españolas a través del FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a las personas Desfavorecidas), financiado en un 85% por Bruselas y en un 15% por Madrid, canalizado a través del FEGA (el Fondo de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Desde 2014 -y hasta 2020- reciben 45 millones de euros anuales en alimentos no perecederos, que conforman una cesta básica atendiendo a criterios nutritivos, de calidad y de variedad, que el Gobierno compra mediante una licitación pública. En estos momentos se está negociando el siguiente período de ayudas en el que, además de la distribución de comida, se pondrá el acento en medidas orientadas a lograr la inclusión social de los más necesitados. De ahí que FESBAL ya se esté preparando para proporcionar también herramientas que faciliten su inserción laboral.

  Alrededor de otro 30% de la comida lo consiguen mediante donaciones de particulares en la Gran Recogida -que se celebra este fin de semana- y en las Operaciones Kilo que organizan de forma periódica los distintos Bancos de Alimentos. El resto lo reciben de la industria (grandes superficies y grandes fabricantes fundamentalmente), bien porque se aproxima la fecha de caducidad de los productos (que no es la fecha de consumo preferente), bien porque no han funcionado o porque han hecho cambios en sus líneas de producción; de la retirada de excedentes (en el caso de las frutas y verduras tienen un convenio con FEGA para poder transformarlos en zumos); y de la restauración. Ángel Franco quiere dejar claro que “nuestro primer objetivo es proporcionar alimentos a quien los necesita y el segundo combatir el desperdicio alimentario”.

  En España se tiran a la basura unos 8 millones de toneladas anuales de comida, casi la mitad en nuestras casas. “Nosotros damos charlas para concienciar en colegios y centros de todo tipo, explicando lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se puede echar una mano: aprendiendo a consumir y, en el caso de que haya excedentes, haciéndonoslos llegar. Y es lo mismo que le transmitimos a la industria de la distribución, con la que colaboramos día a día con muy buenos resultados, o a los productores: tenemos la capacidad necesaria para llevarle a la gente que peor lo está pasando esos alimentos que ellos no quieren porque son feos o porque los precios han caído, así que no tienen por qué destruirlos”. Todos deberíamos implicarnos en esta lucha, sabiendo que la educación de los más pequeños es fundamental, un trabajo de fondo que empieza a dar resultados, que se hacen cada vez más visibles en las campañas que están poniendo en marcha.

“Sé protagonista”, el lema de esta Gran Recogida

  “Sin una correcta alimentación no hay salud, tampoco educación ni cultura, porque la alimentación es la base sobre la que se asientan. La gente lo sabe y el caso de España es un caso de extraordinaria solidaridad”, es lo que nos dice el director de Comunicación de FESBAL, que somos líderes en Europa con 0,65 kilos donado por persona y año, por delante de Portugal y con países como Francia o Italia a mucha distancia. “Cuando hacemos llamamientos como el de este fin de semana (30 de noviembre-1 de diciembre, hasta el 2 de diciembre en Madrid) los ciudadanos siempre responden”.

  El objetivo es recoger entre 21 y 22 millones de kilos de productos, los últimos años lo han conseguido y están convencidos de que este lo volverán a lograr. Para eso también necesitan que haya personas que donen su tiempo: 130.000 voluntarios dispuestos a dedicarles por lo menos 4 horas (“¡qué son 4 horas!”) para animar a la gente que va a hacer la compra estos días a gastar un poco más pensando en aquellos que no tienen recursos. Destaca Ángel Franco que hay empresas cuyos trabajadores acuden a colaborar en grupo, así como institutos y colegios. “lo que demuestra que también las nuevas generaciones están dispuestas a implicarse”. Y su colaboración también es fundamental en la fase de clasificación: después de trasladar todo lo recogido a los locales toca repartirlo en lotes, atendiendo al tipo de alimento y, sobre todo, a la fecha de caducidad. “Se trata de ser lo más ágiles posible para que no se pierda nada, para evitar generar nosotros mismos desperdicios y en eso nos ayuda mucho el programa informático con el que trabajamos, creado especialmente para nosotros”.

Estrictos controles

  El control al que deben someterse es absolutamente exhaustivo -por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- y las autoridades sanitarias obligan a la Federación Española de Bancos de Alimentos a realizar visitas periódicas a las oenegés, a los comedores sociales y parroquias para comprobar que en sus instalaciones tienen lo necesario para preservar la comida que les hacen llegar para que ellos la repartan: tienen voluntarios que se encargan de realizar esa labor de inspección y de trasladarles después los datos.

Asegura que tanto las instituciones europeas como las españolas controlan estrictamente las distintas partes de la cadena: desde que los alimentos llegan a los Bancos en perfectas condiciones, hasta que han sido distribuidos en tiempo y forma, y quiénes han sido los beneficiarios. FESBAL se somete además a una auditoría anual y debe cumplir todos los criterios de buenas prácticas de la Fundación Lealtad para mantener el Sello ONG Acreditada que esta institución sin ánimo de lucro concede desde 2001 buscando fomentar la confianza de la sociedad en las organizaciones no gubernamentales. “Máxima transparencia y control para que los que colaboran con nosotros tengan claro que pueden hacerlo con total confianza, porque los escándalos en el sector de la cooperación nos afectan a todos”.

  Dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño -ya sea solo o en común con otros- tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Y la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, añade que la realización de este derecho “no es meramente una promesa que debe cumplirse a través de la caridad: es un derecho de cada mujer, hombre y niño que debe hacerse efectivo a través de acciones apropiadas por parte de gobiernos y actores no estatales”.