‘Déjate violar, deja que te acosen sexualmente y no denuncies porque no te vamos a creer’. Este es el mensaje que según el exteniente Luis Gonzalo Segura está enviando el Ejército a las mujeres que sufren violencia sexual en sus filas, y lo dice apoyándose en los datos que ha recopilado para escribir su último libro, ‘En la guarida de la bestia’, que se acaba de publicar: asegura que hasta 2015 hay constancia de sesenta y dos denuncias por delitos contra la libertad sexual con el resultado de doce condenas y que solo en los últimos tres años han sido por lo menos noventa las presentadas con una única condena: “Justo cuando las militares empezaban a atreverse a denunciar, la Justicia a la que deben someterse, la militar, reduce de forma importante el número de condenas, algo escalofriante que demuestra que a la mujer no se la cree en el estamento militar, lo que les envía un claro mensaje: que no den el paso porque no les servirá de nada”.

Afirma que lo peor de estos casos no es solo que se produzcan sino las “terribles” consecuencias que han supuesto y suponen para quienes se deciden a acudir a los tribunales, “físicas y psicológicas, porque no olvidemos que además de ser agredidas o acosadas sexualmente son las más de las veces víctimas de la impunidad de sus agresores, del desprecio de sus compañeros y de un acoso laboral feroz para que renuncien, tanto si han obtenido una condena como si no. Pensemos en la mujer que denunció a un superior que no fue condenado a pesar de que la Fiscalía estaba de su lado y al reincorporarse al servicio le impusieron 31 días de arresto por denuncia falsa cuando ningún juez lo sentenció”. Y es que Luis Gonzalo Segura explica que denunciar es visto como una traición, más todavía cuando la denuncia es por violencia sexual.

“El patrón es siempre el mismo”

Este exteniente del Ejército de Tierra explica que en todos los casos documentados se repite un mismo patrón: “El agresor está en una posición de superioridad jerárquica y la mujer se queja reiteradamente a sus mandos -en ocasiones tiene que hacerlo ante el propio agresor- siendo sus quejas reiteradamente ignoradas; cuando presenta la denuncia, aparecen múltiples obstáculos y una auténtica arquitectura creada para silenciarla y, si logra que se tramite, se topa con una jurisdicción militar que también de forma repetida intenta que se anule o sea archivada; vaya o no adelante el proceso, llega el acoso laboral, que es una especie de castigo por haber dado un paso al frente, gane o pierda la batalla legal; todo para expulsar a la víctima mientras se protege al agresor que en muchos casos es condecorado o ascendido, porque evidentemente la culpable tiene que ser ella”. De hecho cuenta que solo uno de los trece militares condenados -que se sepa- por delitos contra la libertad sexual fue expulsado y lo fue porque agredió a una oficial superior, al aplicársele esa circunstancia agravante, “un auténtico disparate porque si hay una circunstancia agravante es que se agreda o abuse de alguien aprovechando que se está en una situación de poder no a la inversa, lo que demuestra la incapacidad de la Justicia militar para ocuparse de este tipo de delitos. No solo eso: 13 condenas y un único expulsado supone que las Fuerzas Armadas dan cobijo a delincuentes sexuales: un capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales, un teniente coronel sentenciado por cuatro, un coronel por una, un teniente condenado por intento de violación…”

Y Luis Gonzalo Segura alerta de que los 152 casos documentados “son solo la punta del iceberg porque hay muchos que no acaban en denuncia, muchas mujeres que no se ven con fuerzas para dar el paso o que en un determinado momento desisten”. Destaca que se viene repitiendo que en las FFAA hay en la actualidad unas quince mil mujeres cuando asegura que desde el Real Decreto que les abrió la puerta en 1988 han entrado veintidós mil, lo que significaría que alrededor de siete mil han causado baja por causas distintas a la jubilación, porque acaba de ascender a general una de las que entró en la primera promoción por lo que no les ha dado tiempo de jubilarse. ¿Cómo se explica entonces que una de cada tres ya no esté? Su respuesta a esta pregunta es que, por lo menos en parte, puede deberse a que muchas hayan sufrido agresiones, abusos o acoso sexual: “Podemos estar hablando de varios miles que han abandonado por esa razón. Que haya mujeres que tengan que marcharse para no seguir sufriendo abusos, que las pueda haber que sigan estando sometidas y nadie intente buscar una solución demuestra que este país no es una democracia plena”.

“El principal problema para la mujer en el Ejército, la Justicia militar”

Para el autor de ‘En la guarida de la bestia’ los fichajes y los ascensos de mujeres militares no deben ni pueden pretender utilizarse para no hablar de “un problema tan grave como este, que tiene sus raíces en el machismo que impera en el Ejército”. Dice que lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Defensa es abrir una investigación al respecto -como se hizo en Canadá en 2015 después de que se publicase un ensayo parecido al suyo- pero está convencido de que “desgraciadamente, nunca lo hará” y para él esto es aún más indignante si tenemos en cuenta que estamos hablando de un Gobierno socialista con una mujer al frente de Defensa, lo cual demuestra que “el hecho de que haya un Gobierno de izquierdas o no, o de que haya una ministra o no, no cambia nada, por lo menos en las Fuerzas Armadas”. Y eso que la solución -afirma- es obvia: “Acabar con la Justicia militar, que ya no es que sea un anacronismo heredado del franquismo -que por supuesto que lo es- sino que es una anomalía, por lo que eliminarla o restringirla a tiempos de guerra, a conflictos militares o a delitos de naturaleza exclusivamente militar nos situaría al nivel de lo que hay en buena parte de Europa”.

Defiende que una militar debería poder acudir a la Justicia ordinaria, en la que no están representados los compañeros de quien la ha agredido, y aclara que eso es lo que buscan muchas víctimas que salen de los cuarteles para denunciar, “tener por lo menos una oportunidad que no siempre consiguen porque la Justicia militar lucha con uñas y dientes para quedarse con estos casos”. Y es que asegura que un delito puede tener diferente castigo o no tenerlo dependiendo de si la mujer agredida es militar o no o de si el delito se cometió o no dentro de un cuartel, “lo cual es aberrante y va en contra de la esencia misma del Estado de Derecho”.

¿Por qué el Gobierno no se implica cómo debiera?

Para Luis Gonzalo Segura el hecho de que el PSOE ni siquiera contemple llevar a cabo esta reforma prueba hasta qué punto existe una falta de iniciativa y de interés político que explica “por la falta de interés mediático, porque los políticos solo se mueven cuando ven la posibilidad de sacar réditos electorales y para eso hace falta que el tema tenga repercusión en los medios de masas y que la sociedad se movilice”. Con esa idea escribió un libro con el que pretende que la ciudadanía tome conciencia de la magnitud del problema para que pueda suponer un punto de inflexión “y que la violencia sobre la mujer en el seno del Ejército deje de gozar de esta impunidad y las víctimas encuentren un respaldo institucional y una estructura legal que les ofrezca todas las garantías exigibles de independencia e imparcialidad”; pero no está teniendo el eco que esperaba.

Cree que esa falta de repercusión se debe al poder que sigue teniendo a día de hoy el Ejército y al hecho de que “las mujeres militares son mujeres para la derecha y militares para la izquierda, lo que las sitúa en un limbo de indiferencia que tiene consecuencias devastadoras para ellas”. Para él, como debería serlo para tod@s, es intolerable que los delitos de carácter sexual en las FFAA no generen el mismo rechazo social que si la víctima no es militar; siempre partiendo de la máxima de que el funcionamiento lógico de la Justicia no puede depender de que tu caso aparezca o no en los medios de comunicación.

Tengan más o menos eco sus denuncias en esos medios Luis Gonzalo Segura no piensa callarse y de hecho este teniente expulsado tras denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas prepara ya el que será su quinto libro cuando ha publicado el último, que va ya camino de la tercera edición, hace poco más de un mes. También seguirá con la batalla legal para recuperar los galones que, después de cinco años, mira a Europa a falta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional del que nada espera: “Continúo luchando por recuperarlos para volver porque necesitamos voces críticas en las FFAA que se opongan al actual funcionamiento del sistema para que se mejore; es muy preocupante que los críticos y demócratas estemos siendo expulsados”. Confía en que la Justicia europea le dé la razón, pero no antes de otros cinco años con lo que habrán pasado diez desde su expulsión, quince desde que emprendió su batalla por el cambio, “y estar siendo castigado durante todo ese tiempo es en sí mismo una injusticia que nadie va a poder reparar porque el daño ya está hecho”. Aun así no se arrepiente, eso nunca, porque sabía que iba a ser difícil y porque para él lo más importante es hacer lo que cree que hay que hacer, “la íntima satisfacción del deber cumplido”.

Unha rapaza menor de idade denunciaba a pasada fin de semana en Manresa que foi violada en grupo. Desde 2016 cóntanse polo menos cento vinte e cinco casos, segundo o observatorio Feminicidio.net. O ano pasado denunciáronse mil setecentas dúas agresións sexuais -entre catro e cinco cada día- o que supón un aumento do 23% con respecto a 2017 atendendo ós datos do Ministerio do Interior. As e os expertos coinciden en que o feito de que haxa máis denuncias non significa que aumenten as agresión sexuais senón que hai unha maior conciencia social, unha maior sensibilización das mulleres ante a violencia sexual e o machismo na sociedade. Pero tanto os especialistas como os colectivos que traballan coas vítimas aclaran que, malia o incremento, os casos denunciados seguen sendo unha ínfima parte dos que se producen: desde a Fiscalía de Violencia sobre a Muller afirman que entre o 70% e o 80% non se traducen en denuncia. Por que? “Porque non se dan as condicións para que unha muller denuncie, porque algo tan grave como unha agresión ou un abuso sexual, que marca para toda a vida a quen o sofre, non se valora como habería que facelo, máis ben ó contario: trabállase moito en contra de que as denuncias que se presentan vaian adiante poñendo innumerables obstáculos, e logo están a desesperante espera para o xuízo e sentenzas que en moitas ocasións son aberrantes”. Quen así fala é Rosa Fontaíña Pazos, coordinadora e voceira da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, onde levan máis de dúas décadas traballando no acompañamento a mulleres en procesos de violencia.

“No camiño só hai obstáculos”

  Explica que o primeiro é xuntar as forzas necesarias para denunciar. Conseguida no Tribunal Supremo a condena ós seus cinco agresores por violación, non por abuso sexual como sentenzaran dous órganos xudiciais, a vítima de La Manada de Pamplona chamaba a tódalas que pasen polo mesmo a contalo para non deixar que gañen eles: di Rosa Fontaíña que fala así porque ela contou co apoio do movemento feminista e dunha parte importante da sociedade que se botou á rúa para reclamar xustiza, pero asegura que non todas o teñen porque hai moitas manadas e violacións diarias sen a repercusión que tivo a súa. E tira do vivido na asociación, casos de rapazas “que nin sequera chegan a contar na casa que as violaron porque pensan que a súa familia non vai estar ó seu carón, porque cren que lles dirán que é unha vergonza, que non debían andar por aí a esas horas…”. Se xuntan folgos abondos para dar o paso, e poden facelo arroupadas polos seus, aparece entón o medo a non seren cridas por quen tería que acompañalas no duro camino que teñen por diante, “un medo fundado porque no sistema pártese da presunción da mentira, da idea de que as denunciantes menten, poñendo en cuestión todo o que din, cando non se tenta que desistan do seu empeño para tapar o sucedido”.

  A coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo ten claro que se a inmensa maioría das vítimas non denuncia é “única e exclusivamente polo que vén despois e pola falta de resultados: porque ó trauma polo ataque sufrido súmanse a perda de autoestima e a impotencia ó vérense sinaladas, porque algo farían para provocar ó agresor ou agresores, e ó teren que facer fronte a preguntas como o porqué de tardaren tanto tempo en denunciar, chegando a experimentar un forte sentimento de culpa”; e porque xa non é só que teñan que repetir o seu relato “unha e un milleiro de veces sabéndose cuestionadas, tendo que revivilo e sentíndose violadas de novo”, senón o tempo que teñen que agardar polo xuízo e pola sentenza definitiva, “que agrava a tortura que padecen; un proceso que as desgasta ata tal punto que pode acabar coa súa vida e no que en moitas ocasións nin sequera se respecta a confidencialidade dos seus datos”. Destaca casos de mulleres que foron violadas con 14 anos e denunciaron con 25 porque non foron quen de facelo antes e critica que leven ata catro ou cinco anos esperando unha resolución xudicial “que nunca chega”.

“O peor é o que vén despois”

  A vítima de La Manada de Pamplona describíu o proceso polo que tivo que pasar como ‘esgotador’, chegando a afirmar que ‘o peor non foi o vivido senón o que veu despois’, e Rosa Fontaíña asegura que son moitas as mulleres que sofren violacións, abusos sexuais ou outro tipo de maltrato que repiten iso mesmo: “Porque ás veces os ataques físicos non son os que máis doen”. Di que “dá a sensación de que se trata de mirar para outro lado e que as vítimas se apañen como poidan, e denuncia que con esa actitude de institucións e administracións pérdese moita xente polo camino”. Quéixase de que mentir dicindo que moitas mulleres denuncian en falso sae gratis, cando as cifras e as estatísticas están aí “e o que fai falta son máis denuncias”. E para conseguir que as haxa non ten ningunha dúbida de que se precisa unha maior implicación da sociedade civil na loita por cambiar as cousas “porque é sabido que a cidadanía vai por diante das leis, que acaban sendo tombadas ou melloradas a forza de presión social”. Valora o pulo que lle está dando a esta batalla o movemento feminista para que dunha vez por todas os poderes públicos respondan como deberían a delitos tan graves pero avisa de que “fai falta máis empuxada social: tamén é necesario que os cidadáns deixen de mirar para outro lado e se impoñan ó machismo; e aí inclúense por suposto os homes, que deben saír á rúa en masa condenar o que está pasando e deben facelo tamén a través dos medios de comunicación; medios de masas que son peza fundamental e que moitas veces fan de cámara de resonancia dese discurso que culpa ás mulleres de todo o que pasa, algo do que deben tomar consciencia para mudalo tanto os seus responsables como quen traballa neles”.

  Os colectivos feministas como a Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo poñen o acento na importancia de formar en perspectiva de xénero a tódolos elos da cadea: desde o persoal sanitario que lle presta unha primeira atención á vítima, pasando polos policías e gardas civís que recollen a súa denuncia, ata os propios xuíces e xuízas que “poden e deben propiciar coas súas resolución cambios sociais para avanzar na igualdade”. Rosa Fontaíña considera “imprescindible que se aplique esa perspectiva de xénero en todo o sistema e urxe a reformar o Código Penal para poñer negro sobre branco que se non hai consentimiento é sempre agresión sexual; as administración deben implicarse moito máis e actuar canto antes e non o están a facer porque esa reforma debería ser xa unha realidade hai tempo e é probable que teñamos que saír de novo á rúa para lembrárllelo; o actual Goberno en funcións comprometeuse hai meses a que estaría lista en breve pero o tempo pasa e non nos fiamos, non confiamos en ninguén porque somos conscientes dos políticos/as que temos e da sociedade machista na que vivimos”. E para mudar iso -conclúe- “a clave está na educación, comezando pola casa”.

P.S. Para saber máis da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo podedes consultar en rededemulleres.blogspot.com, onde atoparedes información de tódalas actividades e do traballo que veñen realizando desde 1998, ademais de teléfonos de contacto e da súa dirección de Facebook.

  Casi setecientos migrantes han muerto en lo que va de año mientras trataban de alcanzar las costas europeas, más de cuatrocientos en la ruta del Mediterráneo Central, que se mantiene como una de las más mortíferas del mundo: entre 2014 y 2018 fueron cerca de quince mil las personas que se dejaron la vida en ella, con datos de la Organización Internacional de las Migraciones. En este mismo período han sido unos treinta mil los que han logrado llegar -un 36% menos que en los mismos meses del año anterior- algo más de un tercio de ellos a España. Un número indeterminado permanecen retenidos en Libia, un país donde se violan a diario los Derechos Humanos, que libra además una guerra civil en la que hace unos días morían más de cincuenta migrantes en el bombardeo del centro de detención en el que estaban recluidos en condiciones infrahumanas. Y pese a todo siguen siendo miles los que, aun sabiendo lo que les espera, preparan su huida de conflictos armados, de persecuciones por razón de género, etnia o religión, del hambre… rumbo al viejo continente, previo pago de cantidades astronómicas a las mafias a las que lo único que les preocupa es hacer caja a costa de su desesperación. “Ellos son los principales afectados por las políticas de gestión de flujos migratorios de la Unión Europea, los que sufren violaciones de DD.HH en todas las etapas de su viaje hasta el punto de morir en el intento. Y eso no debemos perderlo nunca de vista”. Lo dice el responsable de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Carlos Arce, en un momento en el que la atención mediática se centra en activistas como Carola Rackete, capitana del barco de la organización no gubernamental alemana Sea Watch, o Tommaso Stella, capitán del velero de la italiana Mediterranea, que en los últimos días han llevado a más de ochenta personas al puerto de Lampedusa desafiando al ministro de Interior de Italia y sus leyes siendo conscientes de que pueden enfrentarse a penas de prisión. “El revuelo social y mediático que han generado estos casos nos parece especialmente positivo porque demuestra que existe otro discurso sobre las migraciones en la sociedad europea radicalmente opuesto al que promueve su criminalización y la de quienes los ayudan, el rechazo frontal…; también nos parecen muy valiosos gestos como estos a título individual, pero no nos cansamos de insistir en que el foco debe seguir puesto sobre los migrantes, que son los que arriesgan su vida”. Lo resume perfectamente una frase pronunciada por el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, tras tomar la decisión de retomar los rescates frente a las costas libias: ‘De la cárcel se sale, del fondo del mar no’. Teniendo esto siempre presente, es más necesario que nunca repetir alto y claro que los gobernantes europeos “son responsables directos de decenas de miles de muertes ya en la última década”.

Dolo Eventual, sin olvidar la responsabilidad de la sociedad civil

  Porque “cuando uno es consciente de que sus acciones van a conllevar un resultado de forma prácticamente segura sino segura, aunque defienda que el objetivo principal de las mismas no es ese resultado, la responsabilidad de las consecuencias es directa porque las asume como si fueran queridas”, explica Carlos Arce, que es doctor en Derecho; es lo que se llama dolo eventual: “Decenas de miles de muertos después, damos por demostrado que las políticas comunitarias de control de fronteras están suponiendo un enorme coste, tanto en vidas humanas como en violación de DD.HH; si los ciudadanos sabemos que esto es así, entendemos que los responsables políticos de la UE y de los Estados miembros no pueden desconocer que las políticas que están aplicando llevan sine qua non a los trágicos resultados que llevamos años viendo, lo que implica que se les debe considerar responsables directos de los mismos”.

  Desde la APDHA vienen denunciando desde hace tiempo la externalización del control de fronteras que ha llevado a cabo la Unión Europea, encargándoselo -previo pago- a países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos… que no son seguros para los migrantes porque no garantizan el más mínimo respecto a los Derechos Humanos; destacan que no son solo Italia y Malta  “quienes tomaron y toman decisiones contrarias a los principios básicos de respeto a las leyes internacionales y comunitarias” sino también Hungría, Austria, Polonia, Dinamarca, Francia, España…. Se quejan de que hayan decidido seguir por ese camino en lugar de apostar por soluciones que están ahí, empezando por mejorar la situación en los países de los que escapan los migrantes, estableciendo con ellos relaciones económicas, comerciales y políticas justas para que existan unas condiciones de vida que no los acaben expulsando, pero también teniendo claro que hay que asumir que las migraciones tienen su propia lógica interna natural: “Las personas van de un sitio donde hay peores condiciones de vida a otro donde son mejores, lo que significa que la idea que se nos ha intentado vender desde el inicio de la crisis económica de un flujo migratorio incontrolado dirigiéndose a países del sur de Europa como España e Italia -muy castigados por esa crisis- no se corresponde con la realidad; y no se corresponde porque aquí han venido flujos migratorios internacionales cuando la situación económica generaba una importante demanda de mano de obra en determinados sectores que (con todos los peros y los casos de explotación laboral que muchas veces se daban) permitía tener una vida mejor; al deteriorarse la situación, los flujos migratorios han pasado a ser de salida, la gente se ha ido motu proprio a sus países de origen o a otros con mejores perspectivas”.

  Dice Carlos Arce que la decisión que tiene que tomar la Unión Europea es si quiere que esa lógica natural se canalice por vías legales y seguras que no causen más dolor y más muerte o si persiste en la actual gestión, con el altísimo coste que implica. Y ahí es determinante la presión social. No se olvida este doctor en Derecho de ese porcentaje de la ciudadanía -española y europea- que es también en parte responsable de la situación: “Ya sea por omisión, por no darle a esta crisis migratoria la relevancia que tiene cuando hablamos de mil sesenta y cuatro muertos el año pasado mientras intentaban llegar a las costas españolas, porque con cualquier política que provocase este número de muertes al año se generaría una contestación social insoportable para el responsable político de turno; o bien por acción, porque a la hora de votar hay quienes están comprando ese discurso xenófobo, alarmista y criminalizador de las migraciones -no solo de la extrema derecha sino ahora también de formaciones políticas tradicionales e incluso de determinados medios de comunicación- avalando así políticas que vulneran los DD.HH”.

El giro en la política migratoria de Pedro Sánchez

  A la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no le ha sorprendido el giro de 180 grados en la política migratoria de Pedro Sánchez, que se estrenó abriendo los puertos españoles a los más de seiscientos socorridos por el Aquarius y continuó comprometiéndose a quitar las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla para acabar manteniéndolas –“a la espera de que Marruecos tenga listas las de la valla que ha levantado después de recibir fondos europeos”- y advirtiendo a organizaciones no gubernamentales como Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario que les impondrá multas de hasta 900.000 euros si realizan rescates en la zona SAR de un país sin que medie petición de ayuda de su Gobierno: “No nos ha defraudado porque tampoco esperábamos mucho de él teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha demostrado que apenas existen diferencias entre las políticas migratorias del PP y del PSOE”. Ponen el acento en los cambios en la política de Salvamento Marítimo, con la creación del Mando único Operativo que ostenta el general de división de la Guardia Civil Félix Blázquez: destacan que este era un servicio único a nivel europeo porque era íntegramente civil -ahora los propios trabajadores denuncian su militarización- “con un nivel de eficacia y de éxito a la hora de salvar vidas reconocido no solo a nivel español sino internacional; desgraciadamente en los últimos meses ha habido un viraje político en el que se ha obligado a sus profesionales a abandonar la prioridad del rescate y ponerse al servicio del control de fronteras y la lucha contra las mafias, lo que ya está traduciéndose en un aumento del número de muertes en la frontera sur”.

  Desde la APDHA llaman al Gobierno a tener esto en cuenta, como también exigen a las distintas administraciones públicas que cumplan con los menores extranjeros no acompañados: “en primer lugar y por encima de todo deben considerarlos niños, como dicen las normas internacionales, con independencia de su nacionalidad o de su situación administrativa, y tienen que tomar las decisiones que les afecten teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Mientras no lo hagan así, las políticas de protección seguirán sin ser efectivas y la imagen que la sociedad tiene de ellos continuará deteriorándose”. Y hacen extensivas las críticas al sistema de acogida en general, llegando a preguntarse si existe realmente un sistema de acogida en España, “donde se imponen dos lógicas: la de la seguridad -control de fronteras, lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo- y la economicista de medir las migraciones en función de su aportación al mercado laboral y al sistema de pensiones; atendiendo a esto, tanto la idea de acogida en sí como sus principios básicos brillan por su ausencia”. Y se explican: no están diciendo que no haya que valorar estos factores sino que lo prioritario es no olvidar nunca que hablamos de seres humanos.

Las mujeres desplazadas y l@s activistas que luchan por sus derechos tendrían que ser referentes bien visibles, pero en lugar de eso son asesinadas, secuestradas, vejadas, discriminadas, despreciadas, silenciadas o acosadas judicialmente como está sucediendo por ejemplo en la Unión Europea con quienes salvan vidas en el Mediterráneo: “Si la solidaridad no solo es silenciada sino que está perseguida penalmente, ¿dónde estamos? Estamos en el infierno”, pregunta y responde con contundencia Rubén Sánchez, uno de los portavoces de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, una iniciativa ciudadana integrada por cerca de sesenta colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, artísticos, sindicales, políticos…y por personas solidarias que colaboran individualmente con este proyecto que promueve la participación y la implicación para tratar de cambiar la realidad que viven más de setenta millones de personas desplazadas forzosas, de las que aproximadamente la mitad mujeres, acercando su cruel día a día y sus testimonios a la opinión pública, poniéndonos en antecedentes para que podamos exigir a los gobernantes que actúen. Explica que tratan de que se sepa lo que está pasando, de acercarnos toda la información y todos los datos de una manera rigurosa para que saquemos nuestras propias conclusiones, convencidos de que la unión hace la fuerza y de que cuantos más seamos, cuantos más datos tengamos, cuantas más circunstancias conozcamos “se podrá conseguir una reacción mucho más humana y solidaria de la que están teniendo Gobiernos como los europeos, que son además los que provocan lo que está sucediendo aplicando una política migratoria que mata, y no solo en el Mediterráneo, porque no sabemos cuántas muertes se producen en el camino para llegar al mar; y esto se debe a la acción de unos políticos que nosotros hemos elegido para que nos representen, por eso necesitamos toda la información para saber a quién votamos”.

Ese es el espíritu de Acampa, que pretende tejer una red de información e intercambio de ideas e iniciativas para buscar, de forma colectiva, avances en la defensa de los Derechos Humanos y -en concreto- del Derecho a Refugio, “que se transgrede en demasiadas ocasiones cuando quien busca acogerse a él procede de un país pobre -que ha tenido que abandonar huyendo de la guerra, de la persecución y de maltratos de todo tipo- porque se le cierran las puertas que sí se abren para otros”. Desde el Movimiento denuncian que la política migratoria europea “está causando un sufrimiento innecesario a cientos de miles de desplazad@s que se juegan la vida por arribar al viejo continente cuando podrían trasladarse a territorio comunitario en cuestión de horas si existiese un sistema de visados humanitarios, algo que reclamó la Eurocámara a finales del año pasado; en lugar de eso, cientos de personas se ven obligadas cada día a cruzar África realizando un trayecto incierto que pueden tardar en recorrer hasta tres años para llegar a una costa donde las alternativas son o subir a una precaria embarcación a ver si la suerte está de su lado y logran llegar a la otra orilla o saltar una valla con concertinas que pueden resultar mortales para ser expulsadas las más de las veces en el mismo día”. Unos riesgos que, tanto en Europa como en el resto del mundo, se multiplican por mil cuando hablamos de refugiadas, cuando las que huyen son mujeres y niñas.

Cuando los riesgos se multiplican por mil

La dureza añadida a cualquier proceso migratorio por cuestión de género ha sido la razón por la cual la tercera edición de Acampa pola paz e o dereito a refuxio, que empieza en A Coruña hoy jueves 20 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado y que hasta el sábado incluirá debates, charlas, exposiciones fotográficas, proyección de documentales y numerosas actividades paralelas, gira entorno a ELLAS, entorno a las más de treinta y dos millones de personas que han tenido que escapar de sus lugares de origen única y exclusivamente por ser mujeres “porque carecen de los derechos más básicos, porque son asesinadas, secuestradas o violadas; porque las obligan a casarse siendo niñas o les practican la ablación de clítoris, además de sufrir -como millones de hombres- persecución por razones políticas, religiosas y/o de etnia, de pasar hambre o de ser víctimas de conflictos armados”. Emprenden así un trayecto “de nuevo doblemente duro y difícil por ser mujeres”, exponiéndose a ser agredidas sexualmente o a convertirse en víctimas de redes de trata de personas que pueden obligarlas a prostituirse en el camino o en el lugar de destino, tanto ellas como sus hijas. Asegura Rubén Sánchez que el drama que sufren las migrantes “es inimaginable y queda tapado cuando se habla de los refugiados en términos genéricos”, de ahí que para el Movimiento sea importante ponerlo en primer plano; también “para que deje de ser invisible como pretenden autoridades como las europeas, responsables de su sufrimiento por no facilitarles un visado que les permitiría entrar a territorio comunitario en condiciones dignas y ‘obligarlas’ a realizar un trayecto doblemente infernal que las marcará para el resto de su vida… si es que consiguen sobrevivir”.

Y la situación no mejora para muchas de las mujeres que lo logran, que se ven sitiadas en campos de refugiados “que se parecen demasiado a los campos de concentración, donde hay quien lleva ya cuatro años esperando una respuesta a su solicitud de asilo en unas condiciones de nuevo más penosas y vulnerables que ellos”, con el riesgo de ser sometidas a violencia sexual y con los Gobiernos poniendo incluso trabas a que las organizaciones humanitarias les entreguen material de higiene básico como pueden ser las compresas. Tampoco aquellas que llegan a un lugar en teoría seguro tienen garantías de que no volverán a ser víctimas de explotación sexual, de violaciones y/o de xenofobia, “y tienen que enfrentarse a una sociedad polarizada con una opinión pública manipulada por la desinformación o por la falta de información veraz, con los socios europeos externalizando la política de fronteras a Libia, Turquía, Marruecos… para situar a las y a los desplazados fuera de nuestro campo de visión con la intención de ocultar lo que sucede, para lo que cuentan con el apoyo de muchos de los grandes medios de comunicación. ¿Cuánt@s migrantes se han quedado por el camino en su periplo por Europa? -se pregunta Rubén Sánchez-, ¿cuántos campos de refugiados que no son reconocidos como tal hay en los países del centro del continente?, ¿qué se sabe del maltrato de los propios Gobiernos a estas personas?”. Y explica que “eso es lo que pretendemos contrarrestar desde Acampa, el apagón informativo, y lo hacemos acercándole a la gente testimonios y experiencias de quienes lo han vivido y lo han sufrido; queremos que todo eso trascienda y se conozca su dura y triste realidad”.

Influir en la política migratoria europea

Son algo más de tres años los que los colectivos e individuos que conforman este Movimiento llevan trabajando para tratar de influir en esa política migratoria europea que mata gente a diario; de hecho, su portavoz nos recuerda que están trabajando para que se reconozca el derecho de asilo por cambio climático teniendo en cuenta que los expertos de organizaciones internacionales como la ONU avisan de que, si no se le pone freno, en las próximas décadas al menos doscientos cincuenta millones de personas se verán forzadas a desplazarse y buscar refugio. Ya han trasladado su demanda a los grupos del Parlamento de Galicia para que aprueben una iniciativa instando al Gobierno español a que lo reconozca, y nos cuenta Rubén Sánchez que están a la espera de reunirse con los distintos grupos del Congreso recientemente constituidos para hacer lo propio con la idea de avanzar a partir de ahí hasta el Parlamento Europeo -sin descartar poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular a nivel comunitario- y hasta la ONU: “Buscamos sensibilizar no solo a los coruñeses y al resto de gallegos y españoles sino lograr que la ciudadanía presione a los dirigentes a nivel europeo y mundial. Nuestra batalla es la de la opinión pública, la del sentido común, porque sabemos que cuando la gran mayoría de la población se indigne y exija a los políticos que pongan fin a este drama, tendremos ganada la guerra a los intereses espurios”.

P.S. En Acampa A Coruña 2019 podréis acercaros a trabajos de reconocidos fotoperiodistas como Anna Surinyach, Lorena Ros, Olmo Calvo o Santi Palacios que documentan la cruda realidad de las mujeres desplazadas; podréis conocer de primera mano la lucha de activistas como Céline Bardet, una de las juristas con más experiencia en crímenes de guerra, Maya Al-Rahabi, voz del movimiento feminista Mujeres Sirias, Jineth Bedoya, impulsora de la campaña contra la violencia sexual No es hora de callar, o Caddy Adzuba, firme defensora de los derechos de la mujer en la RD Congo; asistir a la proyección de documentales de mujeres llamadas a cambiar su mundo… Tenéis toda la información sobre esta edición y sobre lo que es y lo que hace Acampa en la web www.coruna.redeacampa.org

P.S. La instantánea que ilustra el post es de ©Judith Prat/ Boko Haram, unha guerra contra elas.

“Que aflore lo aquí enterrado, que ni los sucesos que tuvieron lugar ni las personas que los padecieron queden en el olvido y que la historia vaya llegando a las nuevas generaciones para que no se pierda, porque la memoria o es colectiva o no es”; esos son los principales objetivos de la asociación Txinparta, un colectivo que lleva tres décadas implicado en recuperar la memoria de los represaliados en el Fuerte San Cristóbal, situado en las inmediaciones de Pamplona, en lo alto del monte Ezkaba. Parte fundamental de su labor, como nos cuenta uno de sus miembros, Koldo Pla Larramendi, historiador y profesor jubilado, es la transmisión generacional “para que Ezkaba nunca vuelva a ser sinónimo de silencio como lo fue durante décadas”. Con él hacemos historia.

Se cumplen 81 años de la mayor fuga carcelaria de Europa

Tal día como hoy, 22 de mayo, de 1938 los casi dos mil quinientos presos encarcelados en el Fuerte San Cristóbal -que comenzó a levantarse en la época de Alfonso XII para defender la capital navarra, pero que quedó obsoleto al prolongarse cuarenta años su construcción con la llegada de la aviación de guerra- protagonizaban la fuga carcelaria más numerosa en la historia europea, “desconocida incluso hoy en día no solo para muchos españoles sino para una parte de los propios vecinos de Pamplona”: Con solo medio centenar de reclusos al tanto del plan y sin ningún apoyo del exterior, aprovechando la dispersión de los guardianes a la hora de la cena los prisioneros toman el penal en cuestión de minutos e inician la huida; la mayoría optan por volver a entrar tal como han salido porque no tienen ni idea de cómo llegar a Francia –la meta, la libertad situada a apenas 50 kilómetros-, y porque uno de los guardias se ha escabullido y ha dado la voz de alarma, pero por lo menos setecientos noventa y cinco escapan -algunos descalzos- aunque gran parte de ellos son detenidos en las primeras horas “en una cacería en la que participaron guardias civiles, soldados, requetés, falangistas y vecinos de los pueblos próximos, porque fueron a por ellos como si fuesen conejos”; en el juicio serían condenados a diecisiete años de cárcel que deberían sumar a sus respectivas penas. Doscientos seis de los que escapan son asesinados en el propio monte Ezkaba y en los valles circundantes en su camino hacia la frontera -incluido el considerado cerebro de la operación, Leopoldo Picó, fusilado en cuanto dan con él y cuya muerte ha quedado recogida en documentos oficiales como ‘extrajudicial’; otros catorce hombres son condenados a muerte al ser considerados también organizadores: los fusilan el 8 de agosto de ese mismo año detrás de la Ciudadela, en Pamplona.

Solo tres reclusos -hay quien habla de un cuarto, pero no ha podido ser identificado- llegaron a territorio francés: Jovino Fernández González, albañil y militante de la CNT de la localidad leonesa de Toreno, que lo consiguió con la ayuda de un pastor navarro tras doce días de penurias; Valentín Lorenzo Bajo, jornalero y secretario de la UGT en el pueblo salmantino de Villar del Ciervo, y José Marinero Sanz, jornalero segoviano que participó en la resistencia al golpe militar del 36, lo lograron después de 9 días gracias a un par de adolescentes que les indicaron el camino: “Por lo menos ellos dos regresaron al poco tiempo a España para seguir luchando en defensa de la República y, tras la derrota, cruzaron de nuevo a Francia camino de un exilio del que ya no regresarían.

“Un campo de concentración con condiciones extremas”

Cuenta Koldo Pla que en el juicio al que fueron sometidos los fugados -así consta en las declaraciones que han sido recuperadas- ellos mismos explicaron que lo habían hecho “porque los estaban matando de hambre y preferían morir intentado salvar la vida”. El fiscal del caso atiende a esa denuncia, abre una investigación y constata que, en efecto, se trata de un caso de corrupción: los administradores del penal estaban quedándose con buena parte del dinero destinado a la comida y a las medicinas de los prisioneros y el director acabaría siendo destituido: “Lo tuvieron que reconocer como un caso evidente de corrupción a pesar de tratarse de una institución de la Dictadura y de que se destapó a raíz de una multitudinaria fuga de un penal militar de máxima seguridad, aislado y en la que los presos no contaron con ayuda exterior, lo cual debió de ser vergonzoso para Ella, razón por la cual el régimen intentó taparlo, ocultándolo durante décadas”.

Recuerda este historiador y profesor jubilado que el Fuerte San Cristóbal fue una de las prisiones más duras del Franquismo, sino la que más: una construcción en lo alto de un monte de 895 metros pensada para albergar a unos ochocientos militares y en la que “malvivían” hacinados dos mil quinientos reclusos en condiciones infrahumanas, muchos de ellos en dependencias que no estaban preparadas para ser habitadas, llenas de humedad e incluso de agua, sin camastros ni tan siquiera colchones para dormir, con solo dos mantas, una para echarse en ella y la otra para echar por encima; unas instalaciones tomadas por la suciedad, donde los propios presos cuentan que antes de lavar la ropa tenían que quitarle uno a uno los piojos que la cubrían o sacar la capa de chinches que flotaban en el agua; si a eso le añadimos el hambre que pasaban (un día llegaron a contar en el potaje sesenta garbanzos para cuarenta hombres) y las palizas continuas…, no resulta difícil de entender que las enfermedades camparan a sus anchas y que cada día se contasen muertos; hay que sumarle además el hecho de que el médico de la cárcel apenas atendía a los enfermos “hasta el punto de que un preso, Francisco Lamas, un médico gallego, fue reconocido como el médico real porque era el que realmente trataba a sus compañeros”. Destaca Pla Larramendi que durante la Guerra Civil sobre todo hasta la fuga, “las condiciones eran durísimas, y aunque técnicamente no podemos llamarle campo de exterminio sí fue un campo de concentración de los peores que hubo en España, si no el peor”.

San Cristóbal, un campo de muerte

En los once años que funcionó como penal -desde 1934 a 1945- murieron más del 10% de los siete mil prisioneros que cumplieron condena entre sus inmensos muros de piedra: desde el golpe militar perdieron la vida más de 700 de los alrededor de 6.200 internos que hubo allí, cifra que “puede ser más alta todavía porque parte de los registros se han perdido y porque es imposible saber con exactitud cuántos ‘presos gubernativos’ entraron en el Fuerte en los días y en las semanas posteriores al alzamiento militar, pues no ha quedado constancia documental de su encierro ni de su muerte: personas recluidas por sus ideas sin ser sometidas a ningún juicio que, tal como entraban salían y eran asesinadas a unos metros de las puertas del penal por falangistas o carlistas de su mismo pueblo, avisados de la liberación; se calcula que así murieron más de 200 hombres cuyos restos mortales permanecen en el monte Ezkaba: ellos, “los más invisibles”, han ocupado un lugar especial en el homenaje que les ha rendido estos días Txinparta a todos los que estuvieron presos en el Fuerte.

Relata Koldo Pla que a los que iban muriendo en el día a día, por las palizas o por enfermedad, los enterraban en los cementerios de los pueblos de los alrededores hasta que las autoridades protestaron por que no les quedaba sitio para enterrar a sus propios muertos: hay 203 registrados e identificados, todos con su correspondiente placa común en cada camposanto, cuya colocación “significó romper el silencio y que en esas localidades se empezase a hablar de lo sucedido en voz alta, y eso pasó hace solo una década”; fue entonces cuando se decidió que San Cristóbal tuviese un cementerio, en una de las laderas del monte; allí fueron sepultados 131 reclusos, todos fallecidos cuando el Fuerte era ya sanatorio penitenciario para tuberculosos trasladados desde todos los puntos del país: se conoce como el ‘Cementerio de las Botellas’ porque se les enterraba con una botella que contenía todos sus datos colocada entre las piernas, varias de las cuales se han recuperado. A todos ellos hay que sumarles los 206 asesinados durante la fuga -además de los 14 fusilados después del juicio- que están dispersos en fosas comunes en distintos puntos de los valles de norte de Navarra sin que se sepa el lugar exacto ni quiénes están en cada fosa: algunas se han localizado gracias a las indicaciones de los vecinos y se han podido exhumar -que no identificar, solo hay dos identificados- unos cincuenta cuerpos (existe un banco de ADN para que las familias que perdieron a alguien en la fuga faciliten muestras con la idea de poder ir poniéndoles nombre a todos).

“Las instituciones tienen que ponerse de acuerdo para conservar el Fuerte”

En Txinparta destacan que el Fuerte San Cristóbal es Bien de Interés Cultural desde 2001 y que depende del Ministerio de Defensa; de hecho, hasta finales de la década de los 80 hubo allí una dotación del Ejército. Recuerda Koldo Pla que en plena Dictadura, siendo niño -él vivía en un pueblo próximo- entró varias veces en el recinto “porque los soldados te dejaban pasar hasta un punto, incluso calentarte con el fuego, pero entonces no teníamos ni idea de qué había sido aquello”. La Asociación comenzó a acercarse a lo sucedido en Ezkaba hace algo más de treinta años cuando en la escuela de Ansoáin, a raíz de un trabajo de clase, alguien mencionó la fuga. En 1988 realizaron el primer homenaje a los muertos en la huida -y, por extensión, al conjunto de presos del penal-, en el que consiguieron reunir a una veintena de prisioneros que la habían vivido en primera persona y han seguido haciéndolos hasta la actualidad.

Este y otros colectivos denuncian que el estado del Fuerte es de “completo abandono, y que existe el riesgo de que se produzcan daños irreparables como la pérdida de los grafitis que hicieron los propios presos y que aún se conservan, pues varios han sido ya blanco de actos vandálicos. Defienden un trabajo conjunto para que la Unesco lo declare ‘Lugar de Memoria’ y que, como tal, pase al ámbito de las instituciones civiles; que se recupere como se ha hecho con los campos nazis y se convierta en centro de interpretación para que las futuras generaciones conozcan la historia para que nada de esto vuelva a ocurrir. Valoran la puesta en marcha en los últimos años, por parte del Gobierno de Navarra, del programa ‘Escuelas con Memoria’, gracias al cual una serie de centros se han implicado en la recuperación de la memoria histórica con actividades que incluyen visitas al Fuerte San Cristóbal en el monte Ezkaba -con guías entre los que se cuenta el propio Koldo Pla- o a las fosas de las que se van exhumando cuerpos.

Este profesor jubilado e historiador se queja de que las instituciones “no han tenido nunca mayor interés en recuperar el Fuerte” y de que Defensa, “que a principios de este siglo llegó a considerarlo ‘bien transferible’ lo considere ahora ‘no transferible’, limitando el margen de maniobra de cara al futuro; dice que el Ministerio se está limitando a realizar un mantenimiento básico con un acondicionamiento mínimo realizado hace unos años para que se pudiese visitar, y trabajos de limpieza de la maleza, poco más”, y destaca que se necesitan inversiones importantes para conservar esta parte de la historia; por eso considera “fundamental que haya una actuación decidida por parte del Estado, que el Gobierno central inicie los trámites para que San Cristóbal pase a la sociedad civil y se consiga la financiación necesaria para no perderlo todo. El PP no ha tenido ninguna voluntad de hacerlo, veremos el PSOE, que poco o nada ha hecho por actualizar los pasos dados por José Luis Zapatero con una Ley de Memoria Histórica que quedó coja”. Pero el hecho cierto es que urge actuar y por eso, a la espera de lo que pueda suceder, reclaman un convenio entre las autoridades navarras y el Ministerio para llevar a cabo actuaciones imprescindibles. Txinparta y sus miembros -que han recibido amenazas por parte de falangistas- van a seguir demandándolo y trabajando para que la memoria perdure.

P.S. Para saber más sobre la mayor fuga carcelaria de Europa, y sobre las actividades de Txinparta, puede consultarse el Facebook de la asociación, https://m.facebook.com/TxinpartaFuerteSanCristobalRMC. Destacan además los libros ‘La fuga de San Cristóbal 1938’, de Félix Sierra, y ‘Fuerte de San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas’, del mismo autor y de Iñaki Alforja, responsable del documental ‘EZKABA. La gran fuga de las cárceles franquistas’.