Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país; todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de opinión y de expresión; todos tenemos derecho a la educación y al trabajo, y a un nivel de vida adecuado que nos asegure la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria…Siempre sin distinción de raza, color, sexo, idioma, origen -nacional o social-, posición económica o lugar de nacimiento. Es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que acaba de cumplir 70 años y que hoy no saldría adelante. No lo digo yo, que también, sino Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España (AI), convencido de que no habría consenso para sacar adelante un texto como ese porque, además de entrar en juego más países -la Declaración la firmaron medio centenar-, “hay Gobiernos que no creen que los Derechos Humanos sean fundamentales, que los niegan y los violan a diario desde su misma esencia”. Y pone ejemplos: la Administración Trump no cree que todos los seres humanos seamos iguales, la de Rodrigo Duterte en Filipinas tampoco, igual que la de Vladimir Putin en Rusia o la de Viktor Orbán en Hungría, no digamos China, donde se viene practicando una dura represión desde hace décadas.“Lo cierto es que cada vez hay menos Gobiernos que defiendan los Derechos Humanos como política, por eso cada vez es más difícil llegar a acuerdos sobre migración, sobre refugiados, sobre cambio climático… Y precisamente lo que necesitamos son Gobiernos que defiendan sin complejos la igualdad, la libertad y la dignidad, que es lo que defiende, en general, la mayor parte de la sociedad civil”; no obstante, que muchos de los Derechos Humanos se pisoteen a diario -dice- no resta trascendencia a lo conseguido siete décadas atrás.

Cuando algo empieza ya no hay marcha atrás

  La esencia de los Derechos Humanos es, para Esteban Beltrán, el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como reza el artículo 1 de su Declaración. “Que nadie es mejor o peor porque tenga un determinado sexo, piense diferente o haya nacido en este o en aquel país”. Considera que eso fue lo revolucionario hace 70 años y lo que marcó un cambio muy importante en la historia de la humanidad. Recuerda que, no siendo vinculante, impulsó todo un corpus legal que ha supuesto grandes avances: 156 países han firmado la Convención contra la Tortura, 142 han abolido la pena de muerte, ha hecho que los códigos penales cambien, ha permitido que numerosos criminales hayan comparecido y comparezcan ante tribunales nacionales e internacionales y que mucha gente haya podido y pueda reclamar sus derechos ante esas mismas cortes (Tribunal Penal Internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos); y, por otra parte, ha contribuido a que surjan un gran número de organismos de defensa de los Derechos Humanos, “que han dejado de ser argumentos morales para convertirse en materia de obligado cumplimiento, y cuando un movimiento así comienza no hay marcha atrás, por eso lo importante es empezar”. De nuevo un ejemplo: el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado en 2013 por apenas un grupo de países y que ya han rubricado 130. “Por supuesto que hay cosas que celebrar, lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer”, afirma, destacando especialmente la necesidad de responder a una parte muy importante de la población a la que se le ha fallado durante todos estos años: las mujeres.

¿Por dónde empezar? Porque “la situación es muy grave”

  Explica el director de AI España que “lamentablemente, hay que empezar por mantener lo que tenemos y no dejar que nos arrebaten el principio de que todos nacemos libres e iguales. No podemos permitir que las políticas de odio al otro (a las mujeres, a los inmigrantes, a los homosexuales…) impulsen una agenda que niega la igualdad”. Dice el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, que estamos en una situación parecida al auge del fascismo en la década de los 30 del siglo pasado, que culminó en el Holocausto y acabó teniendo como respuesta esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Esteban Beltrán le da la razón: “es muy grave, porque por primera vez hay Gobiernos democráticamente elegidos que niegan los derechos a las mujeres, demonizan a los inmigrantes y a los refugiados tratándolos como delincuentes, etc., y a eso hay que sumarle una desigualdad flagrante -como en la década de 1930- fruto de una crisis económica brutal que ha hecho que el derecho a una educación elemental gratuita esté en riesgo o esté siendo violado, así como que el acceso a una vivienda sea un problema grave incluso en países como España”.

  Con este nivel de desigualdad y la proliferación de los discursos del odio, dice, uno no puede evitar recordar al ministro de Propaganda del nazismo -Joseph Goebbels- refiriéndose a judíos o bolcheviques como “infrahumanos”; tampoco la advertencia de uno dos los escritores por excelencia de la época, el austríaco Stefan Zweig -judío-, llamando a tener cuidado porque, a principios de esa década, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir. Afirma, eso sí, que “no estamos hablando de miedo, sino de una batalla de ideas en la que hay que reivindicar lo que hace ya siete décadas se vio como imprescindible (igualdad, libertad y dignidad), pero en la que sobre todo hay que convencer a la gente para que se una y recordarles a esos votantes que en un determinado momento apoyan a partidos que cuestionan los Derechos Humanos que los países en los que se respetan son los que tienen mayor estabilidad social”. Y está convencido de que perderán los que enarbolan la bandera del odio y la división, porque “somos muchos más los que queremos un mundo libre, justo y estable…, y estamos dispuestos a luchar para lograrlo, incluso sabiendo que puede costarnos la vida”.

Los defensores de los Derechos Humanos, más necesarios que nunca.

  Asegura el máximo responsable de AI España que “los Derechos Humanos son demasiado importantes como para dejarlos solo en manos de los Gobiernos y, precisamente porque lamentablemente, en la actualidad, de esa defensa se ocupa más la sociedad civil que las autoridades, los activistas están más en riesgo que nunca, justo cuando son más necesarios que nunca”. (La organización Front Line Defenders contabilizó por lo menos 312 muertos el año pasado). Cuenta Beltrán que son “los ojos y las manos de la población”, porque son los testigos sobre el terreno y los que pelean por conseguir justicia, asegura que “son la confianza y los que se enfrentan al Ejecutivo o a la multinacional” de turno, y explica que están sometidos a un continuo hostigamiento (son víctimas de persecución, secuestros, asesinatos…) porque resultan incómodos, ya que son ellos los que hacen llegar la voz de la sociedad civil de un determinado país a todo el mundo. Amnistía lo ha vivido en múltiples ocasiones en carne propia, en los dos últimos años con la detención, tras ser acusados de terrorismo, del presidente y la directora de la oenegé en Turquía, con investigadores torturados en Ingushetia y en los Territorios Palestinos Ocupados, con las cuentas de su oficina en la India intervenidas por las autoridades, etc.

  Amnistía Internacional exige máxima protección para los activistas, al igual que los expertos de la ONU que han firmado un documento en el que reclaman a todos los Estados que les garanticen que puedan realizar su labor sin abusos, violencia o restricciones: avisan de que no pueden protegerse los Derechos Humanos sin esas voces valientes. En general, en AI se sienten apoyados por la ciudadanía y ponen el acento en que la tendencia mundial es que la gente se organiza, no se resigna y reclama sus derechos, por lo que el tejido social que lucha por los Derechos Humanos es cada vez mayor, dependiendo, claro está, del nivel de represión (ahí están casos como los de Corea del Norte y Arabia Saudí). Ellos, como organización, aseguran que están contentos de ser una herramienta al servicio de la gente para defender esos derechos, de estar presentes en buena parte del mundo, de ser una oenegé incómoda que dice verdades incómodas gracias a una “feroz independencia”, a no contar con ningún tipo de subvención.

España también necesita mejorar

  España y su Gobierno tienen temas pendientes, nos dice Esteban Beltrán. Cuestiones relacionadas con el pasado, entre las que menciona lo sucedido durante la Guerra Civil y el Franquismo, “algo importante para el futuro”, o los abusos policiales en Euskadi, que vienen denunciando desde hace años. Temas relacionados con políticas sociales, con la salud y la vivienda a la cabeza: “con listas de espera interminables, copago farmacéutico -que lleva a que algunos pensionistas deban elegir entre tomar su medicación o comer- y, por supuesto, con el grave problema de los desahucios”. Asuntos relativos a las políticas migratorias, con Pedro Sánchez “actuando como Jekyll & Hyde”: abriendo primero los brazos a los rescatados por el Aquarius y tardando luego más de 10 días en responder a un pesquero español que había socorrido a un grupo de migrantes en problemas en alta mar, o realizando “devoluciones ilegales de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla, que pueden enfrentarse a torturas en Marruecos”. Y también es importante tener presente otros retos como el de la libertad de expresión, que existe pero con una tendencia negativa -dice- con la llamada Ley Mordaza, que la limita y que ha hecho que en los últimos 3 años se hayan impuesto 80 multas diarias por expresarse de forma pacífica, con normas decimonónicas que hablan de injurias a la Corona o de ofensas a los sentimientos religiosos…

  Concluye Esteban Beltrán que “hay margen de mejora”, critica “los incumplimientos por parte del actual Ejecutivo”, pero pone en valor que “se han creado expectativas” y añade un “esperemos que se cumplan”. Recuerda que “la sociedad española es de las que presionan a las autoridades para que respeten los Derechos Humanos”, y anima a seguir haciéndolo -con más fuerza si cabe- destacando que eso “puede marcar la diferencia”.

Hace un par de semanas Alicia, vecina del madrileño barrio de Chamberí, se tiraba por la ventana justo a la llegada de la comitiva judicial que iba a desahuciarla por no poder pagar el alquiler de su vivienda; esta sería la segunda vez. Tenía 65 años y vivía sola. Cinco meses antes, en junio, Jordi había hecho lo mismo en la localidad barcelonesa de Cornellá de Llobregat. Era electricista de profesión pero -desde que empezó la crisis- hacía todo tipo de chapuzas; tenía 45 años, estaba casado y el matrimonio tampoco podía afrontar el pago del alquiler. El Ayuntamiento había emitido varios informes sobre la situación de vulnerabilidad de la pareja. Son los últimos pero ni mucho menos los únicos crímenes de un sistema al que solo le preocupa contar billetes, no la vida de las personas. Es lo que llevan años repitiendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que “no son suicidios, son asesinatos”, como nos dice Marga Rivas, una de sus activistas, que recuerda cuánt@s compañer@s han quedado por el camino, y se queja de que eso no importe a los poderes públicos, “que no han hecho nada por intentar cambiar esta dramática realidad, cuando se trata de una cuestión de voluntad política, de mirar por las personas en lugar de mirar para otro lado”.

Un proceso altamente traumático

“La inmensa mayoría de la gente no deja de pagar su casa un buen día porque sí, porque lo decide y punto, sino porque no puede seguir asumiendo ese gasto, porque es eso o comer”, afirma Marga contundente. Es mucha la tensión y el estrés que acumulan esas personas antes y después de tomar la decisión, que se multiplican cuando pende sobre ellas la amenaza de un desalojo forzoso. Como psicóloga lo sabe bien: “es un proceso largo, mantenido en el tiempo, durante el cual se agolpan sentimientos de culpa, de fracaso, de vergüenza, de impotencia, etc, en cuyo transcurso tu salud (física y mental) se va deteriorando, y en el que muchas veces se rompen las relaciones familiares y de amistad, lo que te deja en una situación de vulnerabilidad e inseguridad que lo llena todo. Y a eso hay que añadirle el hecho de que, las más de las veces, te ves solo, sin nadie que te acompañe (a la Plataforma solo llegan el 10% de los casos). Sumándolo todo, es una bomba; por eso hay quien el día del desahucio, uno de los más terribles de su vida, no puede soportarlo más y decide poner fin a una situación altamente traumática”. Y nos explica que no son únicamente los suicidios, que hay también muchas muertes por infarto como consecuencia de la presión a la que se ven sometidos.

Los activistas de la PAH defienden que las familias que pasan por una situación tan dura deberían recibir ayuda psicológica continuada, algo que “en la mayoría de los casos no sucede”. Ell@s sí que la ofrecen (la consideran imprescindible), y no solo a los adultos, porque l@s niñ@s y l@s adolescentes se dan cuenta de lo que pasa y también sufren esa presión, como demuestran estudios como el que han realizado. En “Te quedarás en la oscuridad” se ponen de manifiesto la tristeza y los miedos de los más pequeños de la casa a quedarse en la calle, a que sus padres se separen, a perder sus amigos, a ser excluidos, a que se rían de ellos en el colegio, etc; y se reflejan situaciones como las que suceden en escuelas o institutos que, en lugar de ser un espacio de acogida, se convierten en un entorno hostil. Dicen los expertos que es importante trasladarles cuanto antes la gravedad de la situación para que vayan asimilándola y compartan sus sensaciones.

Más de 700.000 lanzamientos en una década

Los datos oficiales indican que desde 2009 son más de 700.000 los desalojos forzosos que se han llevado a cabo, y eso sin contabilizar los llamados desahucios invisibles o silenciosos: los que se producen en viviendas ocupadas por familias a las que han echado de sus casas sin ofrecerles alternativa habitacional, familias que -por necesidad- se ven obligadas a ocupar pisos vacíos; y los casos de no renovación de contrato. En los primeros nueve meses de este 2018 -según el Consejo General del Poder Judicial-, se han producido 44.606 lanzamientos, por lo que el año podría acabar en cifras próximas a las de los peores de la crisis; prácticamente dos de cada tres han sido por impago del alquiler. ¿Por qué se han multiplicado este tipo de desalojos? Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca nos cuentan que una de las explicaciones está en el boom del precio de los alquileres, que en los últimos cuatro años ha subido un 43% en ciudades como Barcelona y Mallorca, casi un 40% en Madrid y Valencia o más de un 25% en Las Palmas de Gran Canaria. “Si a eso le sumas los sueldos miserables que cobra parte de la población, pagar el alquiler se vuelve misión imposible”, nos dice Marga Rivas. Están además las viviendas -a veces edificios enteros- con las que se quedan los bancos porque sus dueños no han podido pagarlas, que alquilan a inquilinos y finalmente acaban vendiendo a fondos buitre: estamos ante empresas que incrementan espectacularmente el precio para echar a quienes viven en ellas porque la rentabilidad es muy superior si las utilizan como pisos turísticos, alquilándolas por semanas o por días. Y no solo las entidades financieras venden a fondos buitre: recuerda esta activista el “gravísimo caso” de la venta de 5.000 viviendas sociales en alquiler por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en 2012 y 2013, que se dirime actualmente en los juzgados.

Los lanzamientos por impago de hipoteca se han reducido de forma notable en buena medida porque hay miles de procedimientos de ejecución hipotecaria cuya tramitación está en suspenso en los tribunales españoles a la espera de que se pronuncie, por enésima vez, la justicia europea, algo que se espera para lo que queda de año o principios del próximo. En septiembre, la Abogacía General de la Unión Europea (el Tribunal de Justicia de la UE sigue su criterio en un 80% de los casos) rechazaba el hecho de que pueda ejecutarse una hipoteca por una cláusula abusiva de vencimiento anticipado, porque es contrario a la directiva comunitaria que protege al consumidor. Desde la PAH alertaban de que esos miles de casos parados podrían reactivarse con la Ley de Crédito Inmobiliario, “impulsada en su día por el banquero Luis de Guindos y a la que el PSOE ha dado continuidad en lugar de elaborar una norma progresista”, pero antes de aprobarse hoy mismo en la Comisión de Economía del Congreso los grupos parlamentarios acordaron que no afectará a los procedimientos judiciales en marcha. Eso sí, la mayoría de los grupos presentes en la ponencia que ha estado trabajando en ella rechazó la dación en pago como forma habitual de resolver los casos de incapacidad de pago sobrevenida, rechazó limitar la responsabilidad patrimonial al importe del bien hipotecado y también otras medidas de protección de los deudores hipotecarios propuestas por la Plataforma, “por lo que las familias seguirán siendo echadas de sus casas y teniendo deudas de por vida”.

Todo -denuncian- como consecuencia de la especulación con un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada: “en España, la vivienda se considera un mero bien de consumo, y eso pese a que tribunales y organismos internacionales llevan años dándonos la razón”.

Naciones Unidas, con la PAH

Viendo que los ciudadanos están desamparados ante la propia justicia española a la hora de defender su derecho a la vivienda, la PAH ha recurrido a la ONU, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en julio de 2017, condenó al Estado por no garantizar una alternativa habitacional a una familia con dos niños pequeños que estuvo diez días durmiendo en un coche tras ser desahuciada. Actualmente está analizando varias docenas de casos más y el pasado mes de agosto le solicitó al Ejecutivo que tomara medidas cautelares en dieciocho, paralizando los lanzamientos. Naciones Unidas asume lo recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que cumplía ayer 70 años, y que -como la Carta Magna española- reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada; muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra ese derecho en nuestro país, sobre todo en el caso de colectivos en riesgo de exclusión social; traslada su inquietud por la falta de un marco normativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para los afectados por desahucios, y lamenta el insuficiente parque de vivienda social, que no llega al 2% frente al 17%-18% de Francia o Alemania. El Comité de la ONU recomienda a España adoptar un protocolo de actuación que asegure una coordinación entre los tribunales y los Servicios Sociales, así como entre los propios Servicios Sociales, “algo que casi nunca sucede -se queja Marga Rivas-, no se cruzan datos y los jueces ni tan siquiera se preocupan por saber si en una casa que se va a desalojar viven niños o personas dependientes”. Cuenta que Euskadi es una de las pocas Comunidades -sino la única- en la que eso sí se hace.

Tras el suicidio de Alicia hace un par de semanas, el Gobierno anunció que va a fomentar esa coordinación con los Servicios Sociales, con la idea de que no pueda llevarse a cabo un lanzamiento hasta que estos intervengan; avanzó además otras medidas como una reforma fiscal para estimular la oferta de vivienda en alquiler y conseguir que se moderen los precios. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca destacan que en 2013 consiguieron llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 1,5 millones de firmas para intentar cambiar la situación, pero recuerdan que finalmente la retiraron porque estaba quedando desvirtuada. Acudieron entonces a los Parlamentos autonómicos, con escaso éxito excepto en el caso del vasco. Este año llegaba a la Cámara Baja su propuesta de Ley Vivienda, y denuncian el “bloqueo fraudulento que está sufriendo por parte del PP y de Ciudadanos, con la prórroga sistemática del plazo de presentación de enmiendas”; en ella defienden cuestiones básicas como la dación en pago retroactiva, la condonación de la deuda, los alquileres a precios asequibles, combatir la pobreza energética o aumentar el parque de vivienda pública. Ponen el acento en que los últimos datos del INE contabilizan casi 3,5 millones de pisos vacíos, el 14% del total, “que están a la espera de la especulación cuando deberían estar a disposición de los ciudadanos que los necesitan”; buena parte de ellos son propiedad de los bancos, por eso piden que se les obligue a cederlos a las Administraciones para que los utilicen como vivienda social o que se les sancione por tenerlos sin uso.

“Seguiremos luchando hasta que haga falta”

Marga Rivas nos cuenta que en la PAH siempre pensaron que, en cuanto se aprobase una nueva normativa de vivienda que protegiese a los consumidores, dejarían de existir. Pero, viendo la Ley de Crédito Inmobiliario que ha salido adelante este martes en comisión para ser votada en unos días en el pleno del Congreso y entrar en vigor a comienzos del año que viene, son pesimistas: creen que van a tener que existir de por vida. Destacan que en una década han parado unos 3.000 desahucios y han realojado a miles de familias, “haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las instituciones”, y su conclusión es clara: “si no existiese la Plataforma habría que inventarla, porque las familias empezamos a respirar cuando llegamos a ella, pues allí encontramos el apoyo que nos niegan los poderes públicos”.

Marga se vio obligada a dejar de pagar la hipoteca al quebrar la empresa que tenía su marido como consecuencia de los impagos de los clientes. Perdió la casa pero sigue viviendo en ella con un alquiler social que peleó junto a sus compañ@s de la PAH. Ahora lucha para que ese alquiler sea vitalicio, y sigue y seguirá batallando para ayudar a los que atraviesan situaciones como la suya o peores, dejando una cosa clara: que “si nuestros contratos no hubiesen tenido cláusulas que finalmente los tribunales europeos obligaron a anular por abusivas, la mayoría de nosotros hubiésemos podido seguir pagando”. Hablan en la Plataforma de “estafa hipotecaria” y avisan de que la Ley de Crédito Inmobiliario la va a perpetuar. Por eso en su asamblea estatal del pasado fin de semana acordaron preparar grandes movilizaciones en todo el país para reivindicar el Derecho a la Vivienda; llaman a los movimientos sociales y al conjunto de la ciudadanía a unirse “contra el blanqueo de cláusulas abusivas y contra los intereses especulativos del capital a los que están sometidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”. Inciden, además, en que los perjudicados son siempre los mismos: la parte más debilitada de la población.

  “Tengo 41 años y sé lo que quiero. Soy independiente para hacer las cosas, no necesito que nadie me lleve de la mano”. Lo afirma con determinación Mónica Pastoriza, que trabaja desde los 18 años y tiene claro cómo llevar su vida. Como yo y como muchos otros no entiende que, en pleno siglo XXI, sea posible que una comunidad de vecinos pretendiese exigir autorización paterna para que una vecina de 16 años con Síndrome de Down -como ella- pudiese utilizar el ascensor o la piscina, un caso sucedido en Boadilla del Monte en el que acabaron por dar marcha atrás. Su respuesta al preguntarle no deja lugar a dudas: “me gusta nadar y, si quiero ir a la piscina, voy” -dice- “además uso el ascensor hace muchos años, porque no soy una niña pequeña. Y no solo eso, hago mil cosas a la vez”. Su madre, Elvira Blanco, entre la tristeza y la indignación, está convencida de que esto pasa porque hay gente que no se molesta en conocer a los demás: “cualquiera de nosotros podemos llegar a tener alguna discapacidad, también los que actúan así, por eso no entiendo porqué no nos respetamos todos un poco más y porqué lo ponemos todo tan difícil cuando es tan fácil como convivir: vive y deja vivir”. Es lo que piensa una mujer a la que su hija describe como una luchadora que ha sacado adelante a la familia y gracias a la que ella ha aprendido a luchar. Es madre de dos chicas -Noelia no tiene Síndrome de Down-, y sabe que nadie deja solo en una piscina o en un ascensor a quien no es suficientemente responsable “ni se te ocurre hacerlo con un niño pequeño, por ejemplo”, de ahí que no entienda este tipo de discriminaciones “que solo se explican porque hay quien prejuzga sin tener ni idea”. Y sumamos otra voz, la de Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, que siente pena e indignación al saber que todavía hay quien se plantea cuestiones como esta: “ha pasado suficiente tiempo como para que, por lo menos, la realidad se perciba de un modo distinto a como la refleja el caso de Boadilla. Hemos derribado muchas barreras, pero ante situaciones así te das cuenta de que quedan muchas otras por derribar”.

Mucho camino por recorrer

  Delmiro explica que cuando hablamos de eliminación de barreras parece que siempre nos centramos en las físicas “cuando hay otras bastante más difíciles de eliminar, que son las que tenemos interiorizadas y nos llevan a estigmatizar a determinadas personas contraviniendo su realidad e incluso sus derechos fundamentales”. ¿Cómo se acaba con ellas? Él está convencido de que en la educación está la clave para que desaparezcan actitudes incomprensibles. “Hay que seguir avanzando en ese campo y vamos a hacerlo, porque para recorrer el camino lo primero es empezarlo y nosotros lo empezamos hace tiempo y nos ha costado mucho llegar hasta aquí”. Comparte su visión Elvira Blanco, para quien profesores y familias tienen que enseñar y educar en igualdad: “aunque una persona tenga una discapacidad tiene, a buen seguro, otras capacidades, y todos somos diferentes pero somos individuos y es como tal como deben valorarnos”. Recuerda que ella tuvo que abrirle muchas puertas a Mónica y se queja de que siga habiendo muchas cerradas: “me parece muy triste, dice, que desde que nació haya tenido y tenga que luchar cinco o seis veces más que su hermana para conseguir aquello a lo que tiene el mismo derecho”, y lo pone en el debe de las Administraciones: “si miro cuatro décadas atrás, casi podría decir que los poderes públicos hoy en día están suficientemente implicados, pero tengo que mirar hacia delante y debo decir que se puede hacer más, porque no sabemos a dónde llegarán nuestros hijos si se les dan las herramientas necesarias”. Se niega a conformarse, como Delmiro Prieto, que llama a ser ambiciosos y reclamar cada vez más, aunque la valoración sea, para él, “razonablemente positiva”. Elvira explica que hace 41 años eran inimaginables muchos de los pasos que se han dado, y añade que “no sabemos qué puede pasar en otros 41, por eso es imprescindible abrir puertas para que puedan darse otros tantos, y deben abrirlas las Administraciones”. Cuenta que es agotador batallar a diario por algo que te pertenece, como tener más oportunidades laborales o que exista una inclusión real en todas las facetas de la vida, empezando por la educación.

Inclusión real

  El artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado por la ONU en 2006, dice que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, en el que ellas cuenten con el apoyo necesario para facilitar su formación efectiva. Eso es lo que marca Naciones Unidas pero Delmiro Prieto y Elvira Blanco coinciden en que en España no existe: “nadie puede ser marginado o excluido por ser diferente, todos debemos de tener una respuesta por parte de los poderes públicos y, por lo tanto, la educación pública tiene que estar en condiciones de responder a toda su población en los términos adecuados; a toda”, afirma el presidente de Down Galicia, que añade rotundo que “cuando eso se produzca, podremos hablar de educación inclusiva, algo que ahora no se está dando”. Admite avances en integración, pero no la inclusión que él defiende a capa y espada. Lo mismo defiende Elvira, sin renegar de la educación especial en según qué casos, destacando que fue la que tuvo su hija “porque era la que había cuando la escolaricé” y que a ella le fue bien.

  Este es uno de los capítulos en los que consideran necesaria una mayor implicación de las Administraciones; otro es el laboral: los sindicatos demandan más ofertas públicas de empleo para personas con capacidades diferentes o que el porcentaje de plazas reservadas para ellos se aproxime a la realidad, y el propio Delmiro pone el acento en que en Galicia no fue hasta el año pasado cuando se celebró el primer concurso-oposición en la historia de la Xunta reservado a personas con discapacidad intelectual. Destaca, sin embargo, el papel de la iniciativa privada para impulsar la inserción laboral, afirmando que fue “una grata sorpresa en su día”. Aún así, las estadísticas señalan que solo el 15% de los que pueden trabajar lo hacen y que, de ellos, solo el 5% lo hace en entornos inclusivos. Unos y otros reconocen que en eso también influye la sobreprotección familiar y ponen en valor el trabajo del movimiento asociativo (lo consideran fundamental), tanto a la hora de ayudar a los progenitores a ir superando esos miedos como a la de animar a los chavales a reivindicar ante ellos su independencia. “A veces los padres no les dejamos que hagan todo lo que son capaces de hacer y podemos, en cierto modo, contribuir a que los demás los vean con un mayor grado de discapacidad del que tienen”, admite Elvira, que aclara que tratarlos como niños pequeños “es lo peor que podemos hacer”. Lo corrobora la propia Mónica afirmando que está “muy orgullosa” de todo lo que ha logrado. Cuenta que ha sufrido discriminación y aprovecha para decirles a aquellos que parecen no querer entenderlo que “somos personas como las demás, cada una con nuestro carácter y nuestras cosas, orgullosas de ser nosotras mismas porque podemos hacer mucho si nos dejan”. Y lo demuestran cada día, con el apoyo de familias y asociaciones, porque la unión hace la fuerza: hace tiempo que salieron del anonimato para hacerse visibles y han logrado dar la vuelta a conceptos trasnochados, aunque aún haya quien se resista a darse por enterado de que los estereotipos son eso, imágenes o ideas que, las más de las veces, distan mucho de la realidad.

P.S. Los tres aplauden que, por fin, las Cortes hayan aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que 100.000 personas con discapacidad intelectual, incapacitadas legalmente, puedan votar (Mónica ejerce su derecho al voto desde que es mayor de edad). Desde Down Galicia, como desde todas asociaciones, defienden que se arbitren mecanismos parciales de protección, rechazando la incapacitación por decreto, que es lo que en muchas ocasiones se hace, “algo injusto porque todos podemos ser útiles en la medida en que no todos servimos para todo”, asegura su presidente.

Los grandes indicadores han dado por cerrada la crisis en España, pero esa mejora no ha llegado a toda la población: más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social (26,6% del total), según el indicador europeo Arope, que incluye hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta media (8.500 euros anuales si hablamos de una persona), con carencia severa de bienes (no pueden calentar su casa, afrontar gastos imprevistos…) y con muy baja intensidad laboral. Arope, Cáritas o Cruz Roja apuntan que entre 3 y 4 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa y esa es una realidad que conocen bien los Bancos de Alimentos, de hecho la Federación que los agrupa (FESBAL) tiene muy presentes estos datos, como nos ha demostrado su director de Comunicación, Ángel Franco.

  Hay 55 de estas organizaciones repartidas por todo el país, que el año pasado distribuyeron comida para 1,5 millones de personas, cifra que siguen manejando en este 2018, “lo que demuestra que la crisis no ha pasado”. Nos explica Ángel Franco que una parte de la población ha quedado al margen de esa recuperación, excluida de ella: hablamos de familias con todos o algunos de sus miembros en paro, de familias monoparentales con una mujer al frente, de viudas y jubilados con prestaciones mínimas, de inmigrantes e incluso de “trabajadores pobres” -quienes pese a tener un empleo éste es tan precario que no les permite salir adelante-. “Ellos tienen que seguir recurriendo a las ayudas”, y es ahí donde cobran gran importancia los Bancos de Alimentos (el primero se creó hace 32 años en Barcelona) que, en 2017, distribuyeron casi 152 millones de kilos de comida a través de las más de 8.000 entidades con las que colaboran: oenegés, comedores sociales y parroquias de distinto credo. “No llegamos al cien por cien, pero hacemos todo lo que podemos para intentar paliar -en la medida de lo posible- la difícil situación que atraviesan decenas de miles de familias, aportando nuestro granito de arena”. Tres décadas después, con intensos cambios económicos y sociales, los grupos de riesgo no han variado: niños, mayores y mujeres (en este caso, también inmigrantes). Y eso en una época en la que las aulas están copadas por mujeres, ellas son las que tienen mejores expedientes…Es el resultado de una brecha cuya consecuencia es la precarización de quien se ha de hacer responsable (a todos los niveles, no solo económico) del equilibrio familiar.

Una gran empresa con el 96% del personal voluntario

  Funcionan como una gran compañía, que tendría unos 3.200 trabajadores, en la medida que necesitan organizarse y repartirse tareas, teniendo muy claro qué debe hacer cada uno (solo en Madrid se mueven 80.000 kilos de alimentos a diario). Sin embargo en el capítulo de tesorería, no tienen nada que ver con el mundo empresarial. Lo destinado a salarios es mínimo porque el personal contratado representa apenas el 4%; el resto del personal son, en su inmensa mayoría, jubilados o prejubilados “que aportan sin pedir nada a cambio su tiempo, sus conocimientos, su bagaje profesional y personal y, sobre todo, su entusiasmo”, nos dice Ángel Franco; como él mismo, periodista jubilado. También es mínimo lo que pagan por las instalaciones (almacenes y locales), muchos de ellos cedidos por las Administraciones Públicas, que además subvencionan parte de los gastos administrativos y de funcionamiento. Cuentan con empresas que les hacen llegar ordenadores cuando cambian los suyos, que les donan furgonetas, incluso tienen convenios con constructoras que les realizan reformas y/o ampliaciones, con la banca…

  “Es la responsabilidad social corporativa, hacen un esfuerzo que para ellos también tiene una importante repercusión social. Su colaboración, como la de productores o grandes superficies y, sobre todo, el impagable trabajo de nuestros voluntarios, es lo que nos permite maximizar cada euro que recibimos en comida”.

De dónde proceden los alimentos que distribuyen

  El director de Comunicación de los Bancos de Alimentos nos explica que casi un tercio de la comida que reparten por todo el país les llega de las instituciones europeas y españolas a través del FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a las personas Desfavorecidas), financiado en un 85% por Bruselas y en un 15% por Madrid, canalizado a través del FEGA (el Fondo de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Desde 2014 -y hasta 2020- reciben 45 millones de euros anuales en alimentos no perecederos, que conforman una cesta básica atendiendo a criterios nutritivos, de calidad y de variedad, que el Gobierno compra mediante una licitación pública. En estos momentos se está negociando el siguiente período de ayudas en el que, además de la distribución de comida, se pondrá el acento en medidas orientadas a lograr la inclusión social de los más necesitados. De ahí que FESBAL ya se esté preparando para proporcionar también herramientas que faciliten su inserción laboral.

  Alrededor de otro 30% de la comida lo consiguen mediante donaciones de particulares en la Gran Recogida -que se celebra este fin de semana- y en las Operaciones Kilo que organizan de forma periódica los distintos Bancos de Alimentos. El resto lo reciben de la industria (grandes superficies y grandes fabricantes fundamentalmente), bien porque se aproxima la fecha de caducidad de los productos (que no es la fecha de consumo preferente), bien porque no han funcionado o porque han hecho cambios en sus líneas de producción; de la retirada de excedentes (en el caso de las frutas y verduras tienen un convenio con FEGA para poder transformarlos en zumos); y de la restauración. Ángel Franco quiere dejar claro que “nuestro primer objetivo es proporcionar alimentos a quien los necesita y el segundo combatir el desperdicio alimentario”.

  En España se tiran a la basura unos 8 millones de toneladas anuales de comida, casi la mitad en nuestras casas. “Nosotros damos charlas para concienciar en colegios y centros de todo tipo, explicando lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se puede echar una mano: aprendiendo a consumir y, en el caso de que haya excedentes, haciéndonoslos llegar. Y es lo mismo que le transmitimos a la industria de la distribución, con la que colaboramos día a día con muy buenos resultados, o a los productores: tenemos la capacidad necesaria para llevarle a la gente que peor lo está pasando esos alimentos que ellos no quieren porque son feos o porque los precios han caído, así que no tienen por qué destruirlos”. Todos deberíamos implicarnos en esta lucha, sabiendo que la educación de los más pequeños es fundamental, un trabajo de fondo que empieza a dar resultados, que se hacen cada vez más visibles en las campañas que están poniendo en marcha.

“Sé protagonista”, el lema de esta Gran Recogida

  “Sin una correcta alimentación no hay salud, tampoco educación ni cultura, porque la alimentación es la base sobre la que se asientan. La gente lo sabe y el caso de España es un caso de extraordinaria solidaridad”, es lo que nos dice el director de Comunicación de FESBAL, que somos líderes en Europa con 0,65 kilos donado por persona y año, por delante de Portugal y con países como Francia o Italia a mucha distancia. “Cuando hacemos llamamientos como el de este fin de semana (30 de noviembre-1 de diciembre, hasta el 2 de diciembre en Madrid) los ciudadanos siempre responden”.

  El objetivo es recoger entre 21 y 22 millones de kilos de productos, los últimos años lo han conseguido y están convencidos de que este lo volverán a lograr. Para eso también necesitan que haya personas que donen su tiempo: 130.000 voluntarios dispuestos a dedicarles por lo menos 4 horas (“¡qué son 4 horas!”) para animar a la gente que va a hacer la compra estos días a gastar un poco más pensando en aquellos que no tienen recursos. Destaca Ángel Franco que hay empresas cuyos trabajadores acuden a colaborar en grupo, así como institutos y colegios. “lo que demuestra que también las nuevas generaciones están dispuestas a implicarse”. Y su colaboración también es fundamental en la fase de clasificación: después de trasladar todo lo recogido a los locales toca repartirlo en lotes, atendiendo al tipo de alimento y, sobre todo, a la fecha de caducidad. “Se trata de ser lo más ágiles posible para que no se pierda nada, para evitar generar nosotros mismos desperdicios y en eso nos ayuda mucho el programa informático con el que trabajamos, creado especialmente para nosotros”.

Estrictos controles

  El control al que deben someterse es absolutamente exhaustivo -por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- y las autoridades sanitarias obligan a la Federación Española de Bancos de Alimentos a realizar visitas periódicas a las oenegés, a los comedores sociales y parroquias para comprobar que en sus instalaciones tienen lo necesario para preservar la comida que les hacen llegar para que ellos la repartan: tienen voluntarios que se encargan de realizar esa labor de inspección y de trasladarles después los datos.

Asegura que tanto las instituciones europeas como las españolas controlan estrictamente las distintas partes de la cadena: desde que los alimentos llegan a los Bancos en perfectas condiciones, hasta que han sido distribuidos en tiempo y forma, y quiénes han sido los beneficiarios. FESBAL se somete además a una auditoría anual y debe cumplir todos los criterios de buenas prácticas de la Fundación Lealtad para mantener el Sello ONG Acreditada que esta institución sin ánimo de lucro concede desde 2001 buscando fomentar la confianza de la sociedad en las organizaciones no gubernamentales. “Máxima transparencia y control para que los que colaboran con nosotros tengan claro que pueden hacerlo con total confianza, porque los escándalos en el sector de la cooperación nos afectan a todos”.

  Dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño -ya sea solo o en común con otros- tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Y la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, añade que la realización de este derecho “no es meramente una promesa que debe cumplirse a través de la caridad: es un derecho de cada mujer, hombre y niño que debe hacerse efectivo a través de acciones apropiadas por parte de gobiernos y actores no estatales”.

 Una de cada seis personas en el mundo sufre una o varias de la veintena de Enfermedades Tropicales Desatendidas que se conoce hoy en día, aunque de muchas de ellas la mayor parte de nosotros no hayamos oído hablar. Son las enfermedades olvidadas, que afectan a quienes viven fuera del foco de atención de la sociedad, en condiciones de precariedad extrema: en países pobres -buena parte de ellos africanos- con un clima marcado por el intenso calor y la alta humedad, hacinados y sin acceso a agua potable, a una higiene adecuada o a servicios de salud. “Gente que reside allí donde no encuentras a nadie más, por eso de algunas de estas enfermedades se dice que comienzan donde acaban las carreteras y los caminos”, nos cuenta el director general de Anesvad, Iñigo Lasa.

  La ONG, que cumple este 2018 medio siglo dedicada a mejorar la salud y, con ello, la vida de los más desfavorecidos, lleva años trabajando para sacar del olvido a los que padecen algunas de estas dolencias, padeciendo también el estigma y la discriminación que conllevan enfermedades que los desfiguran o les provocan amputaciones y discapacidades que en muchos casos los incapacitan para siempre, perpetuándolos en ciclos de pobreza. Lasa explica que son personas triplemente vulnerables: en sus propias comunidades, como población estigmatizada, en sus países -que dan prioridad a otros problemas sanitarios- y a nivel internacional, por los escasos fondos que se destinan a luchar contra estos males. Por eso Anesvad está centrando sus esfuerzos en combatirlas.

Úlcera de Buruli, Pian, Filariasis linfática y lepra

  En la actualidad, Anesvad trabaja en cuatro países del Golfo de Guinea donde la filariasis linfática (elefantiasis), el pian, la úlcera de Buruli y la lepra son endémicas: Benín, Costa de Marfil, Togo y Ghana. Siempre en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sin abandonar esta lucha, estudia extender el año que viene su labor a Camerún, Nigeria o Senegal, incluyendo además proyectos para combatir la leishmaniasis cutánea y el tracoma, principal dolencia infecciosa causante de la ceguera. Así nos lo ha avanzado su director general.

  La elefantiasis se conoce así porque provoca el crecimiento anormal de determinadas partes del cuerpo, causando discapacidades graves y estigma social. Se calcula que hay más de 120 millones de infectados y que 850 millones de personas en 52 países requieren tratamiento profiláctico a gran escala para detener su propagación (a través de la picadura de mosquitos). Del pian se dice que borra los rostros, es desfigurante y debilitante, y se sabe que ataca sobre todo a menores de 15 años. Se transmite por contacto con la piel de un afectado, es endémica en 13 países y unos 89 millones de personas están en riesgo de contraerlo. La OMS confía en que pueda ser en breve la segunda enfermedad en erradicarse en el mundo después de la viruela, gracias al tratamiento con azitromicina (un antibiótico recetado para la amigdalitis) que ha desarrollado el médico barcelonés Oriol Mitjá, del que ya se ha probado su efectividad. También la úlcera de Buruli puede causar desfiguraciones permanentes y discapacidad. Se desconoce el modo de transmisión, pero se asocia a la presencia de la bacteria causante en aguas sucias y estancadas, y se trata con una combinación de antibióticos. Se han notificado casos en 33 países, pero solo hay datos de un tercio y además son parciales. La lepra es la más conocida de las cuatro, la única conocida para muchos. 3 millones de personas han sufrido amputaciones o ceguera derivadas de ella y se calcula que siguen apareciendo unos 200.000 casos cada año.

De la mano de autoridades y profesionales sanitarios locales

  La detección a tiempo y el tratamiento son fundamentales y Anesvad trabaja para garantizar el acceso a la atención médica, de forma que quien contraiga estas dolencias pueda obtener un diagnóstico temprano y recibir la medicación necesaria para curarse lo antes posible, evitando lesiones que le dejen huella de por vida. Pero también es clave la prevención, por eso sus equipos promueven hábitos saludables trabajando en la alimentación, así como en la higiene o el saneamiento; y lo hacen apostando por fortalecer las estructuras sanitarias nacionales: estableciendo una relación directa con los Gobiernos (incorporándolos como titulares de esa obligación) y con los centros sanitarios regionales o de distrito (haciendo partícipes a los titulares de derechos, a las comunidades), yendo de la mano con ellos, visitando regularmente los proyectos (cada 2/3 meses) y estando muy pendientes de los resultados de las auditorías que deben pasar. Esta oenegé no tiene, como otras, presencia permanente sobre el terreno. Asegura Iñigo Lasa, que acumula años de experiencia en el sector, que ese el gran reto de la cooperación internacional en África: trabajar codo con codo con las autoridades nacionales, que son las primeras que deben responsabilizarse.

  Dice que el continente africano es el gran desconocido: admite que se sabe poco -o casi nada- de la situación sanitaria en muchos países, y que además la sociedad del llamado “primer mundo” apenas conoce las Enfermedades Tropicales Desatendidas que lo azotan y cómo afectan a quienes las padecen, a quienes les rodean y al conjunto de la población nacional. Por eso se marcan como uno de los retos para 2019 ser capaces de acercarlas más a la sociedad española para lograr así una mayor sensibilización sobre los efectos que provoca un grupo de dolencias que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo.

Recuperando la confianza

  “Si Anesvad ha llegado a cumplir medio siglo de vida es principalmente porque cuenta con un apoyo social muy importante que hace posible que pueda seguir realizando su trabajo”, asegura su director general. En la actualidad cuenta con más de 60.000 socios: son menos de la mitad de los que tenía hace una década, pero la cifra ha ido “in crescendo” en los últimos años. En 2007, su entonces presidente y dos directivos eran detenidos -y más tarde serían condenados- por apropiación indebida. Desde entonces han redoblado los controles e Iñigo Lasa, que ha trabajado en media docena de ONGs, afirma que el nivel de exigencia en transparencia es de lo más alto, incluyendo no solo la publicación anual de las cuentas sino también los resultados de las auditorías externas, los salarios, etc. Explica que van incluso más allá de lo que exigen los certificados de transparencia que acreditan su labor: el de la Coordinadora de ONGD-España, el de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el del Gobierno vasco, y destaca el papel del Patronato que lleva el timón desde hace 5 años, comandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi Garbiñe Biurrun, y del que forman parte otras personalidades de la judicatura, la cooperación, la gestión pública y la innovación social.

  El director general de Anesvad está convencido de que han recuperado la credibilidad, razón por la cual está aumentando el número de socios, pero tiene claro que no pueden bajar la guardia. Y no solo ellos. Asegura que todo el sector de la cooperación, salpicado este año por escándalos como el de Oxfam, debe mejorar, especialmente en lo que se refiere a mostrarle a la gente lo que su presencia supone para los países en los que trabaja y para sus habitantes. “La evaluación de proyectos para que los ciudadanos conozcan los resultados de nuestra labor nos da más credibilidad y en ese apartado todavía hay mucho margen de mejora”, dice. En su opinión es importante seguir avanzando en transparencia financiera y en deontología, pero él pone el acento en la necesidad de demostrar que son útiles: “cuando seamos capaces de hacer llegar a la gente el cambio que, con nuestras actuaciones, se produce allí donde estamos presentes, tanto en salud como en seguridad alimentaria o en educación, daremos un importante salto cualitativo para ser más valorados por la sociedad”, concluye. Habría que añadir que también es responsabilidad de quien contribuye a esta u otras organizaciones sin ánimo de lucro exigirles un grado de información y transparencia que responda a su confianza.

P.S. Anesvad entregaba hace quince días sus III Premios a la Cooperación y la Solidaridad. Afworo fue galardonada en la categoría de “Emprender” por su proyecto de mejora de la atención clínica a las víctimas de la mutilación femenina mediante la capacitación y el empoderamiento de las matronas y las parteras tradicionales en Liberia. En la categoría de “Innovación”, la reconocida fue Ojos del Mundo, que trabaja en Mozambique para reducir los problemas oculares  en las comunidades rurales y facilitar el acceso de la mujer a los tratamientos, y que ha impulsado un taller de óptica gestionado por una asociación local de mujeres. Por su “Perseverancia” fue premiada Matres Mundi, asociación de profesionales de la salud materno-infantil que promueve una maternidad digna y segura en la zona con mayores tasas de mortalidad materna del mundo, el África Subsahariana. El Premio Honorífico lo recogía la misionera de Ourense Julia Aguiar por sus 56 años dedicados a cuidar la salud de los más vulnerables; casi cuatro décadas lleva en Benín, donde cada año son tratados en el macrocentro sanitario del que es responsable -en el que consulta y opera- más de 10.000 pacientes. Explica el director general de Anesvad que esta última era una deuda pendiente con quien lleva tantas décadas de trabajo con los que más sufren, y que además ha logrado importantes avances en el tratamiento de la úlcera de Buruli. Ella dice que “cuando se está sobre el terreno y el enfermo es una persona pobre, da la sensación de que todas las enfermedades son olvidadas”.

Aberrante, una Barbaridad, Bochornosa, un Despropósito impropio de una democracia, Difícil de entender, Escandalosa, Inaudita, Incomprensible, Indignante, un Grave Error, Lamentable, Vergonzosa… Esto y más es lo que han dicho organizaciones de consumidores, sindicatos y políticos de todo signo, así como una gran parte de los ciudadanos, de la decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, o lo que es lo mismo, el principal gasto de constitución de una hipoteca. 21 días y 16 horas de reunión después, por solo 15 votos a 13, el Pleno decidía dejar en papel mojado la sentencia que daba un giro de 180 grados a la jurisprudencia vigente durante las últimas dos décadas: el gravamen lo seguiría pagando el cliente que solicitase el crédito. Ha sido la última decisión del alto tribunal, que -previsiblemente- no tendrá recorrido por el Real Decreto Ley del Gobierno para modificar la norma que regula este tributo dejando claro que a partir de ahora lo pagará la banca. Sin retroactividad, por lo menos hasta que se pronuncie la justicia europea (como ya hizo con las cláusulas suelo con un tirón de orejas a la justicia española), porque el caso podría llegar a Luxemburgo: bien porque lo lleve el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -que abrió el debate con sus recursos ante el alto tribunal y tiene 3 dictámenes a favor y otros tantos en contra-, bien porque lo haga alguno de los jueces que atiende los miles de demandas presentadas.

  ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, celebra que el Ejecutivo “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados contra la decisión del Supremo” y habla de victoria de los consumidores. Avisa, sin embargo, de que la ajustada decisión de los magistrados y la tomada por el Gobierno demuestran que la batalla judicial sigue en pie y apuntan a que acabará en el Tribunal de Justicia de la UE. En cualquier caso, su portavoz, David Aragonés, nos explica que al margen del tema tributario esto es una cuestión civil, un contrato entre banco y cliente, por lo que queda abierta esa vía civil para reclamar los gastos del crédito, cuya imposición total a los afectados fue declarada nula por el propio Supremo hace tres años, dando lugar a sentencias que reconocen el derecho a recuperar parte -o incluso la totalidad- de lo abonado. Por eso van a seguir adelante con las 83 demandas colectivas que tienen preparadas para reclamar la devolución de esos gastos, entre los que está el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, y llaman a los consumidores a sumarse a la plataforma que impulsan pidiéndoles “que no se crean el bulo de la banca y que no permitan que se salga con la suya, porque por lo menos recuperarán una parte de lo que han pagado”. Calculan que estaríamos hablando de cantidades que oscilan entre un mínimo de 600 a 1.500 euros, dependiendo de la hipoteca, que -multiplicado por los seis millones que estarían afectadas- sumarían entre 3.600 y 9.000 millones de euros, que es lo que las entidades se quedarán habiéndolo cobrado indebidamente si no se reclama.

El galimatías del Supremo

  Dice David Aragonés que con un “pírrico” 15-13 no se puede decidir sobre algo que afecta a millones de hipotecados y añade que no se entiende que jueces especializados en otros temas corrijan el criterio doctrinal marcado por tres fallos de jueces especializados en cuestiones tributarias. Considera además que la decisión del Supremo es “inconcebible” porque va contra la propia Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de hace 25 años, en la cual se señala que es el interesado el que debe correr con los gastos. Explica Aragonés que el alto tribunal pretende que se considere que son los clientes los interesados en registrar sus préstamos dándoles así a los bancos el derecho a una ejecución fulminante.

  Precisamente los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que rubricaron la sentencia del pasado 16 de octubre determinaron que, contrariamente a lo que se venía haciendo desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolló esa ley, era la banca la que debía pagar el tributo, entendiendo que es la única interesada en que la hipoteca conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro, porque así se garantiza recuperar la cantidad prestada en caso de impago. El dictamen se hacía público el día 18, y no habían pasado ni veinticuatro horas cuando, en un gesto inédito, el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, frenaba sus efectos convocando una reunión del Pleno para este lunes por “la enorme repercusión económica y social” generada. El propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, llegó a pedir disculpas a los ciudadanos por la “deficiente gestión” (ADICAE cree que es ahora cuando debería pedirlo, cosa que no ha hecho) negando -eso sí- presiones de los bancos. Las principales entidades argumentaron que se habían limitado a cumplir la ley y el reglamento vigentes, dejando claro que no veían lugar para la retroactividad si se mantenía el nuevo criterio; y avisaron de que, de ser así -como ahora ha decidido el Gobierno- las hipotecas se encarecerían.

  En otro gesto inédito, el Pleno de la Sala Tercera corregía este martes a los jueces de la Sección Segunda decidiendo que fuese el cliente el que siguiese abonando el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Resultó clave el voto del presidente: Díez-Picazo estaba aparentemente alineado con los magistrados que defendían que recayese sobre la banca, pero solo desde el día que se dictó el fallo del mes pasado, sin retroactividad; esa propuesta no tuvo el apoyo de una mayoría y, pudiendo forzar el empate a 14 votos, se decantó por volver a la anterior jurisprudencia. Hay que tener también en cuenta que -por distintas razones- no votaron 3 de los 31 jueces que forman el Pleno. En opinión de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, la decisión judicial demuestra el triunfo de la campaña de intoxicación de las entidades para no pagar, y nos cuenta su portavoz que se acabarán conociendo las llamadas de presión que ha habido. Hablan de “una clara derrota de la justicia, que queda en entredicho”.

  Partidos como Podemos, IU y BNG, así como diversas organizaciones de consumidores, han convocado movilizaciones en toda España para denunciar que “la justicia está al servicio del poder y contra el pueblo”. ADICAE sigue organizando la reacción de los millones de hipotecados que quieren reclamar, tanto a través de asambleas como en su plataforma de afectados y en la web hipotecaconderechos.es

Por una nueva Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores

  Afirma David Aragonés que “ha llegado el momento de la política”. Asegura que el Gobierno ha tomado un buen rumbo pero aclara que las Cortes deben completar el camino aprobando “por primera vez” una Ley Hipotecaria que defienda a los consumidores: no solo en el reparto de los gastos hipotecarios sino también en otros temas fundamentales como el vencimiento anticipado o las cláusulas suelo.

  La ponencia constituida en el Congreso debería aprobar en breve su dictamen en comisión para que después la vote el pleno de la Cámara. Destacan en ADICAE que los grupos parlamentarios se están mostrando sensibles con el tema y esperan que tengan en cuenta gran parte de las alegaciones que han presentado: lo consideran “una oportunidad de oro para que se pongan de acuerdo y nos sitúen al nivel europeo”. De hecho valoran muy positivamente que el Ejecutivo haya asumido al fin una de sus principales reivindicaciones: la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero dada la “ineficacia” del Banco de España y de la CNMV.

  Advierten de que estarán vigilantes, también de lo que puedan hacer los bancos para compensar el desembolso que van a tener que hacer a partir de ahora.