“No quieren verlo y les va a reventar en la cara”

En un vertedero cerca del aeropuerto de la capital del país, a solo unos minutos del centro. Ahí malviven en condiciones infrahumanas más de setecientas personas entre niños -la mayoría- mujeres y ancianos que huyeron de sus casas escapando de la violencia y buscando salvar una vida que pueden perder ahora, como ya está sucediendo. Y está pasando “delante de los ojos de responsables del Gobierno, de las grandes ONGs internacionales y de la propia ONU, sin que nadie haga nada para resolver su dramática situación”. Es lo que denuncia Gilberto Morales, un español que reside en esa misma ciudad, Bamako, capital de Mali, y que se multiplica para ayudarles.

Indiferencia, casi indecencia

De las autoridades, destaca que a pesar de las excusas y de los falsos intentos de explicación, al final “queda claro que hacen la vista gorda y miran para otro lado”, como demuestran las recientes declaraciones del secretario general del Ministerio para la Paz y la Reconciliación tras visitar el asentamiento de Faladie diciendo que no ha visto a nadie que viva mal ni que esté en un basurero. Sí los ve prácticamente a diario Gilberto Morales, que se indigna porque esta misma semana ha muerto una mujer de 58 años que llevaba un año allí y no aguantó más; que no deja de pensar en el pequeño Sekou, hospitalizado con desnutrición severa, que lucha por sobrevivir; que sabe que la gente está muy débil por las condiciones de insalubridad y las enormes carencias con las que tienen que lidiar en su día a día.

No habla mejor de las grandes organizaciones no gubernamentales con presencia en el país, ni de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) “que no hace absolutamente nada más que tomar notas”; asegura que han estado hasta en tres ocasiones en ese lugar y que en la última, hace poco, él se encontraba allí, atendiendo a varios enfermos: “Tuve que decirles que había un niño prematuro que se estaba muriendo para que lo llevasen al hospital. Mi gran sorpresa llegó cuando solo unas horas después me llamaron para avisarme de que no se harían cargo de los gastos médicos del pequeño, que tuvo que estar una semana en una incubadora. Gracias a toda la gente que me apoya económicamente, pude hacerlo yo. Si una organización tan potente como esa no es capaz de ocuparse de un bebé que está a punto de morir ¿qué puede esperarse que haga en este campo de desplazados no reconocido oficialmente como lo que es?”.

Está desbordado, pero él no piensa dejarlos morir

Gilberto Morales explica que cada semana él y su amigo Karl Babin, representante en Mali de la pequeña ONG italiana Bambini nel Deserto, están llevando al hospital a entre seis y doce personas: en su coche alquilado, en taxi o como pueden, haciendo frente a los gastos del traslado, de la hospitalización y del tratamiento, con facturas semanales de 300-400 euros. Cuenta que la mayoría necesitan ser atendidas de enfermedades que en Occidente no tendrían mayor gravedad pero que allí pueden ser mortales, como una niña que tenía las anginas tan inflamadas que moriría al no ser capaz de tragar nada: “Casos como este tenemos muchísimos, la mayor parte, pero hablamos de pagar entre 15 y 20 euros que no tienen por un tratamiento que los cura, y hay que estar ahí para pagarlos”.

Está “desbordado y agotado”, su destino en Bamako termina a finales del próximo mes de enero -como Policía Nacional en la Embajada española- pero no piensa abandonarlos a su suerte. Por eso ha alquilado por seis meses un terreno justo al lado del asentamiento, que le han ayudado a limpiar niños de la calle, para poder instalar allí un pequeño dispensario y también una escuela para dar clase a los pequeños; y ha contratado un equipo médico de tres doctores y una enfermera para que vaya una vez a la semana, “lo que facilitará mucho nuestra labor”. Y va a seguir luchando hasta el final porque alguna de las potentes oenegés que están en el país tome el relevo y empiece a hacer frente -¡por fin!- a la durísima situación que atraviesan a día de hoy más de setecientas personas; o para dejarlo todo listo para que sean las pequeñas organizaciones no gubernamentales que sí le han ofrecido ayuda las que -junto a la de su amigo Karl- se pongan a trabajar sobre el terreno. Para ellas va su agradecimiento más sincero, en especial para la granadina ASMUN – Solidarios por el Mundo, que gestiona las donaciones de quienes colaboran con él; uno de sus miembros ha llegado a Bamako para conocer en primera persona la realidad del campamento de Faladie.

“Hay que resolver el problema no poner parches. Esto es el infierno”

Están salvando vidas pero aun así se queja de que “lo único que hacemos es parchear, porque la solución al problema que sufre toda esta gente pasa por crear un campo de acogida de desplazados en toda regla el que se pueda invertir, fundamentalmente en agua, para que tengan sus cultivos, crien sus animales y sean en definitiva autosuficientes sin tener que depender de la caridad”; donde lo hacen no pueden vivir porque “es un infierno en el que están continuamente expuestos a contraer todo tipo de enfermedades: los llevamos al hospital pero al volver a este basurero aparecen de nuevo la sarna, el cólera, el paludismo, las infecciones cutáneas, los cortes…”. De ahí que reclame un lugar adecuado en el que instalarlos a ellos y a los que van a seguir llegando porque tiene claro que el conflicto armado va para largo y que la población que allí se refugia seguirá creciendo. Recuerda que la primera vez que estuvo en el campamento, hace ocho meses, había alrededor de doscientos niños y cincuenta mujeres, cifras que se han triplicado desde entonces. No se cansa de repetir que hablamos de una urgencia humanitaria que se está produciendo en plena capital del país, no en una aldea perdida donde podría pasar desapercibida, y censura que los principales organismos internacionales “no hagan nada a pesar de que lo saben”. Les advierte que al final tendrán que afrontar el problema que “les va a reventar en la cara, porque cada vez va a llegar más gente desplazada y porque la que lleva tiempo en el campo se encuentra cada vez en peores condiciones y el riesgo de muerte, como se ha visto, es real”.

Quienes sobreviven a duras penas en Faladie son miembros de la etnia fulani, presente en distintos países de África Occidental y considerado el pueblo nómada más grande del mundo, que en Mali está enfrentada desde hace siglos con los dogón: ganaderos los primeros, agricultores los segundos. Las disputas entre ellos, con machetes de por medio, se agudizaron a principios de esta década con la entrada de los yihadistas por el norte, cuando grupos extremistas de fulani se aliaron con los terroristas islamistas para conseguir así su apoyo en los enfrentamientos con sus eternos enemigos, el Gobierno le dio entonces la espalda a la etnia. Dice Gilberto Morales que “eso explica, en parte, la indiferencia de las autoridades ante la penosa situación de los que malviven en ese terrible lugar”, y le suma la corrupción: “Si no va a sacar tajada del pastel, ningún tipo de beneficio por atender a esta gente, el Ejecutivo no se va a preocupar por ella. Si se implicasen las principales ONGs seguro que estaría en primera línea”. Lleva tiempo denunciándolo y piensa seguir. Él, que no soporta “tanta indecencia”, ya no lo puede dejar.

Hace unos días recibía lo que podía ser una buena noticia: un empresario maliense que lo conoció a través de Facebook se comprometía a enviarle un camión con alimentos y material; también a pagar los medicamentos para que el dispensario eche a andar y los arreglos de terreno alquilado. Hoy reciben el gran envío de ayuda humanitaria. ‘Ya no estáis solos’, cuenta que les aseguró este hombre. Ojalá sea así porque les abriría un nuevo horizonte a esas más de setecientas personas a las que los demás han dejado de lado; a ellas y a las que están por llegar.

“Despertando conciencias”

Hoy, a las 18h, llegan a la madrileña Puerta del Sol y acabarán dejando sus zapatillas delante del Congreso de los Diputados, donde mañana se van a sumar a la movilización para defender unas pensiones públicas, dignas y con garantías de futuro. Hablamos de los pensionistas que han recorrido a pie alrededor de 650 kilómetros unos, desde la localidad gaditana de Rota, y aproximadamente 450 kilómetros otros, desde Bilbao. Dos recorridos con un mismo destino, un propósito común y un mensaje único: “De norte a sur, de este a oeste, las pensiones se defienden cueste lo que cueste”. Hemos hablado con Ángel Guerra, de la Columna Sur -en plena caminata-, y con Javier Martínez, de la Columna Norte -terminada una de las etapas-; ellos nos contaban cómo se gestó la iniciativa.

Han sido más de tres semanas andando: unos, llegados de distintas localidades andaluzas, salían de Rota el 21 de septiembre; otros partían un par de días después de Bilbao. Todos han pasado por incontables pueblos, parándose en más de cuarenta en los que han hablado con los vecinos de la importancia de que “todos estemos en esta lucha porque nos toca a todos”, más a las generaciones que vamos detrás que a la suya propia, insistiéndoles en la necesidad de hacerse ver para conseguir aquello “que nos corresponde”. Más de tres semanas conviviendo, aprendiendo y animándose a diario en las que han recibido el cariño y el apoyo de mucha gente, como nos relataban emocionados: una experiencia con la que han ganado tanto o más de lo que ellos y ellas han dado.

Unos y otros denuncian que “desde los ámbitos político y, principalmente económico, llevan años torpedeando” un sistema que para ellos es modélico a nivel mundial -con las palabras y con hechos que así lo demuestran- y avisan de que se está preparando “una tormenta perfecta” para volver a recortar las pensiones, que ya se han visto mermadas, y acabar privatizando el sistema. Javier Martínez y Ángel Guerra lo tienen claro.

Por eso han recorrido cientos de kilómetros en estas últimas semanas y mañana ellos, ellas y esperan que miles de pensionistas y no pensionistas más estarán en la concentración convocada frente a la Cámara Baja por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Allí van a registrar un documento con sus principales demandas para que, por enésima vez, les lleguen al Gobierno central y a los distintos partidos. Reivindicaciones que no han variado desde que empezaron a tomar la calle hace ya casi dos años, que pasan por blindar las pensiones como derecho fundamental en la Constitución, por revalorizarlas por ley en función del IPC real, por la derogación de las dos últimas reformas laborales y otras tantas de pensiones, y por una prestación mínima que sea hoy igual al SMI, 900 euros, hasta llegar a los 1.084 euros recomendados por la Carta Social Europea; piden también que se eliminen los copagos y que haya suficientes residencias públicas para mayores accesibles y de calidad. A los líderes de los partidos les echan en cara “que no estén dando en este tema el ejemplo de unidad” que han tenido oportunidad de ver en sus compañeros de formación, sin importar las siglas, en muchos de los pueblos por los que han pasado, donde los han alentado en su marcha hacia Madrid. Y les advierten que no piensan parar hasta que se atiendan sus reivindicaciones: aclaran que no es una amenaza ni una exhibición de fuerza sino una demostración de constancia, convencidos como están de que tienen la razón, y cada vez a más gente, de su parte. “Queremos convencer, no imponer, a la ciudadanía y a la clase política”.

Insisten en que su movimiento es apartidista -su lema es “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”– por eso, mirando al próximo 10N, no piden el voto para ningún partido pero sí llaman a las y a los votantes a reflexionar, a echar la vista atrás, para que valoren lo que cada uno ha hecho y no ha hecho por el sistema público de pensiones y voten en consecuencia. Aunque tengan que ir a las urnas “a regañadientes”, aseguran, porque el dinero que se está gastando en esta nueva convocatoria electoral de la que “todos los líderes políticos son responsables” podría destinarse a iniciativas sociales encaminadas a mejorar la vida de mucha gente.

“Las prácticas de los manicomios siguen ahí”

Más de un millón de personas en nuestro país, cuatrocientos cincuenta millones en todo el mundo, tienen trastornos mentales graves y son a diario víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales, de estigma y de discriminación (la primera cifra la da la Confederación Salud Mental España, la segunda la Organización Mundial de la Salud). Ellas, sus familias y el movimiento asociativo en el que se agrupan libran cada día una lucha contra todo en la que tendríamos que estar tod@s “porque también nos afecta y no deberíamos verlo como algo ajeno sino envolvente, implicándonos a fondo, sabiendo que sin salud mental no hay salud”. Habla Nel González Zapico, presidente de la Confederación -en la que se integran más de trescientas asociaciones con más de cuarenta y siete mil socios- que lleva casi treinta y seis años batallando para conseguir que entendamos eso, “que la salud mental debe ser una prioridad, para la ciudadanía y también en la agenda política: porque nos toca a tod@s, porque es una cuestión de Derechos Humanos, porque genera mucho sufrimiento y porque si no actuamos ya el coste humano, emocional y económico -este último de unos cuarenta y cinco mil millones de euros anuales en nuestro país, según la OCDEacabará siendo estratosférico, poniendo incluso en duda que estemos realmente avanzando en nuestra civilización”. La OMS avisa de que una de cada cuatro personas sufriremos algún problema de salud mental a lo largo de nuestra vida y advierte que, en 2030, serán la primera causa de discapacidad en el mundo.

Contenciones mecánicas cero

Nel González asegura que en pleno s.XXI todavía hay desgraciadamente mucha gente que reclama los manicomios, que se cerraron no hace tanto tiempo en un proceso iniciado en 1986 con la reforma de la Ley General de Sanidad pero que ha sido tan lento que concluyó hace nada: “No saben que todos, sin excepción, son lugares de tristísima e infausta memoria”, afirma contundente, denunciando que aunque no existan como tal “hay residencias con nombres rimbombantes o unidades de salud mental en las que hacen exactamente lo mismo: no amarran a la gente con camisas de fuerza pero siguen practicando contenciones mecánicas (atándola a la cama con correas durante horas e incluso días, a veces con consecuencias fatales), continúan sobremedicándola y, en definitiva, cortando su trayectoria vital cuando no hay derecho a encerrar a alguien sin ofrecerle más alternativa de vida y cuando la finalidad principal de todo tratamiento debe ser buscar la recuperación o que la persona consiga la máxima autonomía posible respetando siempre su dignidad”.

Denuncia que se están vulnerando los derechos de quienes tienen un trastorno mental “de una forma estructural, desde el propio sistema, y continuamente” y dice que no entiende que se practiquen contenciones mecánicas “estando demostrado que no son terapéuticas sino todo lo contrario, generan un sufrimiento innecesario y violan flagrantemente los Derechos Humanos”. La propia UE emitía hace unos meses un informe instando a los Estados miembros a erradicar las medidas coercitivas que atentan contra los derechos fundamentales. De ahí que reclame que se tienda a contenciones cero fijando plazos para ello, con registros oficiales que permitan comprobar que esa tendencia se va cumpliendo.

Luchar constantemente contra el estigma

Las personas con problemas de salud mental tienen la misma valía que las demás; no debería ser necesario repetirlo pero hay que hacerlo porque aún hoy tienen que librar una batalla diaria contra el estigma y contra la discriminación “que lleva a muchos a apartarlas de sus vidas en base a planteamientos que convierten en un credo sin estar contrastados: que si no tienen cura, que si no son de fiar, que si son peligrosas…”, sin saber las más de las veces de qué están hablando y cuando a estas alturas deberíamos tener más que claro que hay gente diferente.

Ese estigma fruto de la no aceptación del entorno que las acompaña muy a su pesar hace que en muchos casos incluso renuncien a que se reconozca oficialmente la discapacidad que pueden tener con lo que eso significa: “No solicitan ese reconocimiento porque seguramente si lo hacen y lo comunican cuando tratan de entrar en el mercado laboral, o teniendo ya su trabajo, quedarán automáticamente al margen”, explica el presidente de la Confederación Salud Mental España, que recuerda que un empleo es fundamental para vivir y alcanzar esa autonomía que tiene una importante función terapéutica para ellas”. Las cifras hablan por sí solas: más del 85% de quienes sufren un trastorno mental grave no tiene trabajo y un 67% no se lo ha contado a sus jefes. La conclusión: nos queda mucho para acabar con el estigma y para eso es clave promover la tolerancia, el respeto y la aceptación de la diversidad, como vienen haciendo ellos desde hace más de tres décadas. Porque ese estigma puede llevarte incluso a querer acabar con tu vida y, en demasiadas ocasiones, a hacerlo.

Doscientos intentos de suicidio cada día

Y eso solo en España, donde las últimas cifras del INE apuntan que 3.679 personas pusieron fin a su vida en 2017: “Una tragedia inconmensurable que es ya el primer problema de salud pública en Occidente”, donde la OMS contabiliza más de 800.000 suicidios anuales.

“Sabiendo que doscientas personas intentan quitarse la vida cada día y que diez de ellas lo consiguen, tendría que estar más que claro que hay que actuar, porque el suicidio se puede prevenir”. Censuran que el colapso y los escasos recursos que tienen los servicios de salud mental, la falta de visibilidad del problema y la ausencia de un plan de prevención que impulse la labor de los profesionales de Atención Primaria son obstáculos para poder reducir estas cifras. En la Confederación están convencidos de que hay que empezar por el ámbito educativo, implantando en todos los centros de España una asignatura de habilidades emocionales para que “desde niños sepamos que la vida no es siempre color de rosa y que pueden llegar la frustración, el fracaso, la enfermedad…y contemos con las herramientas necesarias para poder gestionarlo”.

También defienden que hay que eliminar tabús a todos los niveles para que desaparezca “la negrura” que rodea el tema. Para eso consideran muy importante el papel que deberían jugar los medios de comunicación “porque sin su apoyo para que se hable con claridad del suicidio y para concienciar a la ciudadanía seguiremos cubriéndonos de hipocresía y haciendo como que hacemos las cosas bien sin que sea así”. Destacan que la propia Organización Mundial de la Salud dice que si se trata de forma adecuada, huyendo por supuesto de sensacionalismos, el efecto llamada no existe. Pero aclara su presidente que “no basta con eso, porque la atención a estos problemas requiere que sean tratados como una cuestión de Estado”: tienen que existir recursos para escuchar, orientar y acompañar a las personas que han intentado acabar con su vida y a sus familias, “es imprescindible facilitarles los apoyos que necesitan para salir adelante”. Para ellos es muy importante la puesta en marcha de una línea telefónica de carácter público, gratuita y accesible a tod@s, con atención las 24 horas en todo el territorio, atendida por profesionales y con un número fácil de recordar, como el 016 contra la violencia machista, con la dotación económica precisa.

Todo esto enmarcado en una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental: el Gobierno en funciones tiene el compromiso de presentársela a las Comunidades Autónomas antes de que acabe el año, pero con el adelanto electoral no está claro que vaya a ser así. La Confederación Salud Mental forma parte del Comité Técnico y asegura que pueden esperar unos meses más para que sea impecable “porque bajo ningún concepto podemos permitirnos el lujo de que una estrategia pública rebaje los estándares de los Derechos Humanos y eso pasa, entre otros puntos destacados, por reducir las contenciones mecánicas a cero”. Avisan de que, si no se cumple el cien por cien del mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España firmó en du día, se desmarcarán de lo que se apruebe.

P.S. Siguiendo lo propuesto por la Federación Mundial la Confederación Salud Mental España dedica el Día Mundial de la Salud Mental, mañana 10 de octubre, a la prevención del suicidio con el lema ‘Conect@ con la Vida’: quieren destacar así la importancia de que todas las instituciones y personas implicadas trabajen en esa prevención y la necesidad de contar con recursos y apoyos suficientes que permitan una atención adecuada a quienes intentan quitarse la vida. Y han puesto en marcha una campaña para que tod@s nos sumemos a ese mensaje de conectar con la vida con el gesto del abrazo como elemento clave, para viralizarlo como símbolo de vida: nos animan a fotografiarnos dándonos un abrazo con alguien y a subir esas instantáneas a nuestras redes sociales con la etiqueta #ConectaConLaVida. Podéis encontrar toda la información sobre la campaña, sobre la Confederación y todas sus actividades en la web www.consaludmental.org y en sus redes sociales.

“Vamos al 10N avalados por una trayectoria de dos décadas”

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A falta de conocer el número exacto de avales que siguen recogiendo para poder presentarse a las próximas elecciones generales y de que los organismos competentes los validen, en Teruel Existe ya preparan las candidaturas al Congreso y al Senado -con personas representativas de toda la provincia, de distintas edades y diversos ámbitos- porque saben que han superado ampliamente los alrededor de 1.100 necesarios: “La respuesta ha sido muy buena, con mucha gente mayor pero también con mucha gente muy joven firmando, y lo que es más importante, que nos cuenta que está muy ilusionada y en muchos casos nos dice que no tenía pensado ir a votar y que ahora sí lo hará”. Habla Manolo Gimeno, uno de los portavoces de esta plataforma ciudadana que, “harta de que no se atiendan sus reivindicaciones”, ha decidido dar un paso que nunca antes había querido dar, siendo sus miembros conscientes de las dificultades y de que están complicándose la vida pero muy seguros de lo que han empezado “porque se trata de luchar por el futuro de una provincia olvidada por el Estado y porque lo que reclamamos es de justicia y no tenemos por qué mendigarlo”. Sin estar aún constituida la agrupación de electores con la que irán a las urnas y sin conocerse los nombres de las y los candidatos, “parece que algunos políticos ya se han puesto un poco nerviosos”.

“Es nuestro derecho”

Destaca Manolo Gimeno que Teruel Existe “es un símbolo, patrimonio de la provincia, un espíritu al que distintas personas que somos totalmente prescindibles ponemos voz porque lo importante son el movimiento y sus demandas”. Quizás por eso en cuestión de días se ha visto que hay partidos que los miran “con recelo, viéndolos como competidores”. Ahí están las palabras del presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, diciendo que la dinámica del colectivo ‘solo conduce a una fuente inagotable de lágrimas y, en el peor de los casos, a la deshidratación y a la nada” e incluso yendo más allá. En el colectivo no entienden la falta de respeto cuando ellos siempre han respetado a todo el mundo, cuando son un movimiento ciudadano transversal, apartidista y sin adscripción ideológica, y cuando llevan veinte años poniendo encima de la mesa de dirigentes de distintas formaciones sus reclamaciones, que son las de su provincia. Es más, dejan claro a los políticos que si dan este paso es porque están cansados de escuchar buenas palabras, de que les hagan promesas e incluso las publiquen en el Boletín Oficial del Estado para después no llevarlas adelante, así lo denuncian: “Si ni tan siquiera cumplimos lo que publicamos en el BOE estamos resquebrajando la arquitectura del Estado, los ciudadanos dejamos de creer y podemos acabar dando alas a los extremos, como está sucediendo”. Y les recuerdan el “penoso espectáculo” que han dado tras la última convocatoria electoral “anteponiendo sus intereses partidistas al interés público y olvidando que la política es el arte del consenso”.

Insiste Manolo Gimeno en que no querían entrar en política, entonces ¿por qué lo van a hacer? Explican que últimamente han sentido con más intensidad los ánimos de la sociedad turolense para presentarse a los comicios y defender desde las instituciones en las que se toman las decisiones “las mismas reivindicaciones que les hemos presentado a los últimos cuatro presidentes del Gobierno y que hemos llevado al Parlamento Europeo y a cada una de nuestras movilizaciones”; pero cuentan que hubo una “gota que colmó el vaso”, el 3 de septiembre el BOE publicó la licitación de la redacción del estudio informativo del tramo Bilbao-Santander del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, “una infraestructura clave para Teruel”, algo que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla había puesto como condición para que el único diputado de su partido (PRC) en el Congreso apoyase a Pedro Sánchez en la investidura, mientras en el tramo Zaragoza-Sagunto no se han producido avances: “fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que un solo parlamentario había conseguido más en unos meses que nosotros en dos décadas”. Reitera que son ciudadanos preocupados porque no se hayan tomado en serio las necesidades de su provincia y el importantísimo problema que no solo les afecta a ellos sino a esa mitad del país que conforma la España Vaciada.

“No es cambiar de hoja de ruta, es dar un paso más buscando avanzar”

El programa electoral ya lo tienen, veinte años de reclamaciones para combatir el aislamiento de Teruel, “el cerco de una provincia que, estando en el centro de los cuatro grandes polos de desarrollo de España ve cómo las grandes infraestructuras pasan de largo”: hemos hablado del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, son la única capital de provincia que carece de comunicación ferroviaria con Madrid y le suman la A40 programada hace un cuarto de siglo y que lleva nueve años bloqueada o la A68 que no acaba de arrancar. “El desarrollo va ligado a las infraestructuras, sin ellas no lo hay”, aseguran desde el colectivo, repitiendo que se ceñirán, como han hecho hasta ahora, “a aquello que se les ha prometido a los turolenses, teniendo en cuenta que buena parte está publicado en el Boletín Oficial del Estado”.

También incluirán todas las demandas plasmadas en el documento elaborado por las plataformas de la España Vaciada pidiendo el Pacto de Estado para frenar y revertir la despoblación y avanzar en la cohesión territorial, económica y social del país. Un programa que explica por qué han decidido presentarse a unos comicios generales, “porque las políticas regionales y locales tienen una determinada capacidad pero no la de impulsar las grandes infraestructuras que necesitamos; hacen falta políticas de Estado y esas deciden en las Cortes”.

“Sí se puede”

Afirman que si no creyesen que pueden conseguir representación parlamentaria nunca se habrían decidido: “No somos políticos, sabemos que es difícil y que hay riesgos, pero merece la pena intentarlo porque son tu pueblo y tu gente”, dice Manolo Gimeno, aclarando que si logran esa representación seguirán funcionando como movimiento igual que hasta ahora, convocando o sumándose a las movilizaciones que sean necesarias -como han hecho en más de cuarenta ocasiones-, y realizando acciones como las más de doscientas cuarenta que llevan a día de hoy; aseguran, de hecho, que esta es “una acción más, quizás la más importante hasta el momento pero que no va a condicionar nuestra actividad”.

Mañana se unirán al paro de cinco minutos convocado a las 12h por más de ciento veinte colectivos de 23 provincias con el lema “Yo paro por mi pueblo. Por nuestro futuro. Ser pocos no resta derechos”, para dejar constancia de que la movilización que reunió a cien mil personas el pasado 31de marzo en Madrid no fue un hecho aislado, que siguen ahí y que van a continuar reclamando ese Pacto de Estado por la España Vaciada: “Somos una de las más de ciento veinte plataformas que lo apoyan, no queremos protagonismo para que nadie pueda decir que pretendemos aprovecharnos del tirón”, pero aclaran que este paro se gestó mucho antes de que se convocaran las elecciones del 10N, cuando pensaban que a estas alturas estarían elaborándose unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para hacerse oír de nuevo “para que sepan que estamos ahí y seguimos adelante”.

En las próximas semanas en Teruel Existe van a trabajar más duro de lo que lo han venido haciendo para estar en las Cortes y piensan que, si lo logran, podrían ser el espejo en el que se miren otras plataformas: “Si atravesamos esas puertas que están tapiadas podrían animarse a dar el paso. Sabemos que nos están mirando”. Fuerzas no les faltan para abrir el camino representando a la segunda provincia menos poblada de España, con 134.572 habitantes según los últimos datos del INE, tras perder doce mil en menos de una década, con una densidad media de 9 por kilómetro cuadrado… un desierto demográfico pero con un gran potencial si pudiese competir en igualdad de condiciones.